Al amparo del artículo 120, numeral 13, en concordancia con el  99 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea Nacional, en la sesión del Pleno 678, resolvió conceder amnistía a favor de 20 dirigentes de la comunidad San Pedro, de la provincia de Cañar, en el caso de aplicación de justicia indígena.
Para tal efecto, acogió el informe favorable preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, aprobado el 8 de julio de 2020. La respectiva moción la presentó el legislador José Serrano, y contó con 112 votos afirmativos para su aprobación.
En el documento,  se declara que la decisión adoptada reafirma la vigencia del Estado pluricultural e intercultural y la garantía de las comunidades y pueblos indígenas al ejercicio de sus derechos colectivos. Además que, resuelto el tema, no podrán ejercerse acciones penales por hechos investigados en los procesos motivo de esta amnistía.
En estas causas iniciadas se extingue la pena impuesta y se dispone el archivo de los procesos penales; así como, la inmediata excarcelación en caso de las personas privadas de la libertad, la revocatoria de órdenes de captura y, la extinción de cualquier medida cautelar real o personal y pena alternativa a la prisión.
La amnistía favorece a: Luis Eduardo Calle Calle, Manuel María Calle Calle, María Asenciona Tamay Murudumbay, Digna María Sarmiento Chuqui, Luis Manuel Morocho Sanango, José Sarmiento Jiménez, Sergio Roberto Paucar Huerta, Galo Alejandro Mateus Rodríguez, María Aurora Romero Romero, Manuel Jesús Romero Romero, Blanca Teresa Tenezaca Romero, María Josefina Sotamba Padilla, María Alegría Tenelema Romero, Luis Eduardo Calle Espinoza, Héctor Patricio Tamay Tamay, Luis Rigoberto Chimborazo Sarmiento, Zoila María Espinoza Campoverde, María Baleriana Tenezaca Romero, Víctor Aurelio Espinoza Espinoza y Ángel Belisario Calle Calle.
Ponente
José Serrano, integrante de la mesa y ponente del informe, expuso que la Asamblea Nacional tiene plena facultad constitucional para conceder amnistías por delitos políticos y conexos, lo que incluso está consagrado en el ordenamiento juridico internacional como una herramienta para la pacificación social y la justicia.
Hoy, “el Parlamento tiene la oportunidad de corregir imperfecciones del sistema judicial y marcar el camino de reparación histórica ante la vulneración de derechos cometidos contra miembros de pueblos discriminados por años”, dijo.
Argumentó que los miembros de la comunidad de San Pedro de Cañar fueron acusados de cometer delitos comunes como secuestro, secuestro extorsivo y daño a bien ajeno, en claro desconocimiento del pluralismo jurídico y del mantdato del Art.  171 de la Constitución que dispone que las comunidades y pueblos ejercerán funciones jurisdicionales, con base sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial.
Esta figura está también debidamente reconocida en la Declaración de Naciones Unidas, la Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este será un mensaje de reafirmación de respeto a la plurinacionalidad, interculturalidad, derechos humanos, pluralismo jurídico, a las costumbres, derechos colectivos y prácticas ancestrales, enfatizó.  
Debate
En el debate, que duró más de cuatro horas y en el que intervinieron 13 legisladores, se hizo mención a la legitimidad constitucional de la aplicación de la justicia indígena, que se practica antes de la creación del propio estado ecuatoriano, como parte de sus derechos colectivos.
Los parlamentarios objetaron la criminalización de autoridades de San Pedro, quienes fueron sentenciadas y privadas de la libertad de manera injusta, tras expresar la preocupación por la alerta de la Relatoría de Naciones Unidas sobre este caso. Resaltaron que el gobierno comunitario, a través de la justicia indígena, defiende los intereses de la población, hace respetar la palabra, garantiza la armonía y paz.
Insistieron que no se puede criminalizar una forma de vida, cosmovisión y organización social, por lo que la amnistía será un acto de justicia para defensores populares y un símbolo de reconciliación, reparación, reinvidicación de derechos y de unidad nacional, considerando que muchos de los dirigentes indígenas cañaris se encuentran en condición vulnerable. Finalmente, se habló de dar paso al tratamiento y aprobación urgente de la ley que regularía la aplicación de la justicia indígena. 
Testimonio de peticionarios
Previamente, la Legislatura recibió, entre otros actores, a tres dirigentes de San Pedro, peticionarios de amnistía: Sergio Paucar, María Tamay y José Sarmiento, quienes señalaron que su único pecado fue aplicar justicia indígena, respecto a graves problemas de coyoterismo, pandillas, abigeato y litigios de tierras.
Argumentos de expertos
Krúpscaya Ugarte, experta en derechos humanos; y, Raquel Yrigoyen, del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, coincidieron que el ejercicio de la justicia indígena es un derecho constitucional e internacional y los estados tienen la obligación de tutelarlos. Es inaceptable la criminalización y la privación de libertad, señalaron.
Aquiles Hervas, antropólogo; Álvaro Román, abogado en libre ejercicio; Raúl Llasag, estudioso del pluralismo jurídico; y, Verónica Yuquilema, investigadora, manifestaron que el caso de los dirigentes de San Pedro evidencia actitudes de discriminación, racismo, en el contexto de las actuales relaciones de poder.
Respaldo de organizaciones sociales
La solicitud de amnistía la presentó la Fundación Regional de Asesoría Jurídica en Derechos Humanos (Inredh), la cual recibió el apoyo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie); Consejo de Administración del pueblo Kichwa Saraguro, del cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe; del Alcalde de Cañar; la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris; Confederación del Pueblo Kichwa (Ecuarunari); Comuna Cuniburo, Cangahua, de Cayambe; Alianza por los Derechos Humanos; Movimiento Indígena y Campesino de Tungurahua (MIT); de las organizaciones de América de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
MG/cz