Archives for 11 October 2020 | Ecuador en línea

Caso Singue: Fiscalía concluye con la presentación de su prueba testimonial.


El fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, concluyó con la presentación de su prueba testimonial en contra de quince procesados por su presunta participación en el delito de peculado, en la adjudicación del contrato de exploración y explotación del campo petrolero Singue.

IMG-20201015-WA0023

Durante el cuarto día de audiencia, tres peritos informaron al Tribunal sobre sus respectivos análisis en la presente investigación.
El primero, un experto en negociación petrolera, concluyó que la tarifa de 33,5 dólares por barril producido, establecido en el contrato para exploración y explotación del campo Singue, no cuenta con la razonabilidad técnica para haber sido fijada en la negociación.
Posteriormente, un perito auditor, que analizó los balances presentados por el procesado Andrés D., de la empresa Gente Holdings PTE. Ltda. –la cual se constituyó con acciones de Gente Oil Global y Gente Oil Ecuador–, concluyó que el cedente de operaciones petroleras no justificó solvencia financiera, debido a que no cuenta con documentos de respaldo ni cumple con el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Finalmente, una perito de contratación pública precisó las inconsistencias en el formulario 4 de la oferta y determinó que la misma no cumplió con la experiencia solicitada para la adjudicación, por lo que debió ser descalificada. Sin embargo, se inobservaron estas inconsistencias y al ser la única oferta se prosiguió con el proceso de negociación y adjudicación del campo Singue.
El Tribunal de la Corte Nacional, luego de suspender la diligencia, dispuso su reinstalación para el día de mañana, 16 de octubre, a las 10:00, para la presentación de la prueba documental por parte de Fiscalía.

Fiscalía procesa a 8 detenidos por estafa a través de redes sociales-

Una presunta estructura delictiva –dedicada a estafar por redes sociales con la venta ficticia de artículos electrónicos– fue procesada por el delito de estafa, tras ser detenida en operativos liderados por Fiscalía en Guayaquil y Esmeraldas, la madrugada de este miércoles 14 de octubre. Fiscalia-procesa-a-detenidos-por-estafa
El fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Fernando Bonoso, en la audiencia de formulación de cargos de esta madrugada, en la Unidad Judicial Valdivia, presentó como elementos de convicción: las versiones de las víctimas (entre ellas, seis policías en servicio activo), documentos bancarios y transacciones efectuadas vía electrónica, talonarios presuntamente falsos, pertenecientes a una compañía de entrega a domicilio; depósitos efectuados a entidades bancarias de los perjudicados, análisis y correlación telefónica de los procesados con las víctimas, identificación y seguimiento a los investigados, y las órdenes de allanamientos ejecutados con las capturas de las conversaciones de los celulares a través de redes sociales, en las que se hacían pasar por personas policial, suplantando sus identidades.
Según Fiscalía, existirían más de treinta personas perjudicadas, que habrían pagado por la adquisición de artículos electrónicos, entre estos, celulares, tablets, computadoras y otros dispositivos, entre 150 y 400 dólares. Su campo de acción circunscribía las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas.
Su modo operandi consistía en contactar, a través de páginas electrónicas, a las personas interesadas en la compra de dispositivos electrónicos. Les pedían dinero por un determinado artefacto y les hacían depositar valores en cuentas bancarias, para, supuestamente, luego entregar el bien. Aparentemente utilizaban facturas y hojas de ruta con membretes de compañías que prestan servicio de puerta a puerta.
Además se hacían pasar como miembros de la Policía Nacional, presentando credenciales originales de policías, a quienes se las pedían para “completar su entrega personalizada del producto” y no despertar sospechas de los potenciales clientes.
El juez de Garantías Penales, Ubaldo Macías, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Daniel Alejandro R. N., Omar Rafael M. P., Erica Lourdes Q. C., Paúl Ignacio V. P., Darwin David Q. C. y Miguel Ángel Ch. S.; mientras que para Sirene Elizabeth Q. R. y Adriana Olivia M. P. emitió medidas alternativas a la prisión, como prohibición de salida del país y presentación semanal ante la autoridad de su provincia, ya que presentaron certificados médicos por embarazo y presunta afectación cardíaca, respectivamente.
Dato jurídico
Fiscalía inició este proceso penal con base en el artículo 186, incisos primero y segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de estafa con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Proyecto de cooperación entre Naciones Unidas y la Función Electoral inició su primera fase.

En el marco del proyecto de cooperación internacional Apoyo al ciclo electoral en Ecuador, que busca el fortalecimiento institucional del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), para el periodo 2020-2022, este 15 de octubre, la presidenta Diana Atamaint y el consejero José Cabrera participaron de una reunión con Matilde Mordt, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y Fernando Pachano, responsable del Área de Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Social, para definir detalles acerca de la labor que Xabier Meilán, asesor técnico, realizará a lo largo de los próximos meses.

pnud

Como parte de las actividades planificadas, que se ejecutarán con énfasis en las Elecciones Generales 2021, Meilán empezó el pasado 14 de octubre, con una ronda de reuniones con las coordinaciones técnicas del CNE, en las que se establecieron las líneas de apoyo en temas relacionados al manejo de resultados electorales, divulgación de material informativo sobre las reformas al Código de la Democracia, y lineamientos de comunicación sobre equidad de género y manejo de medios digitales durante los comicios.
A lo largo de los próximos meses, el asesor técnico supervisará la ejecución del proyecto, de manera que este alcance los resultados acordados por la Función Electoral y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y que se ejecuta en alianza con la Unión Europea y la embajada de Suiza, con base en un cronograma establecido y un medidor de estándares.
Meilán es profesor del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universitat de Girona y ha trabajado como consultor electoral para la Comisión Europea, Naciones Unidas, IDEA Internacional y IFES. Tiene un doctorado por el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Periodismo por la Escuela de Periodismo UAM/ El País y la University of North Carolina at Chapel Hill.

CNE capacitará sobre promoción electoral a medios de comunicación y empresas de vallas

Del 15 al 26 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE), capacitará a representantes de los medios de comunicación (radio, televisión, prensa, digitales) y empresas de vallas publicitarias, en el registro y calificación de proveedores de publicidad electoral, de cara a las Elecciones Generales 2021.

capacitacion_a_medios

Las jornadas de capacitación se realizarán a través de medios telemáticos. El objetivo de esta preparación es que los representantes de los medios de comunicación y empresas de vallas publicitarias puedan ejecutar los procedimientos a realizar en el ámbito de la promoción electoral y garantizar el correcto manejo y uso del Sistema Informático de Promoción Electoral.
Los participantes de la capacitación conocerán a profundidad el reglamento de Promoción Electoral y analizarán temas como la representación del flujo del registro y calificación de proveedores; los requisitos para medios de comunicación o empresas de vallas publicitarias; el manejo del sistema de prueba de registro de proveedores; la normativa procedimiento de gestión de órdenes de publicidad y pago; los requisitos para el pago de órdenes de publicidad y pautaje; el manejo del sistema de prueba de gestión de órdenes de publicidad y pago.
Cabe resaltar la importancia de la capacitación permanente conforme se establecen nuevas normativas y nuevas tecnologías de apoyo para el registro y calificación de proveedores y gestión de órdenes de publicidad y pautaje.

Cuenta de Twitter del CPCCS fue bloqueada.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) informa que, a las 12:45 de este jueves 15 de octubre, en su cuenta institucional de Twitter apareció un mensaje indicando que se encuentra bloqueada.

twitter1

El equipo se encuentra realizando la respectiva investigación y ha enviado a Twitter la alerta y solicitud de reactivación de la cuenta.
El CPCCS mantiene su cuenta como un canal informativo del accionar institucional sobre su gestión y ha sido una herramienta de comunicación fundamental en esta temporada de pandemia.
Se utilizarán otros medios digitales y redes sociales para mantener informada a la ciudadanía. Por el momento puede encontrar la información oficial del CPCCS en 
https://www.facebook.com/ParticipaEcuador y en nuestro sitio web www.cpccs.gob.ec

José Serrano Salgado es el nuevo presidente de la Comisión de Justicia.

De conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en la sesión 117, en modalidad virtual, con nueve votos afirmativos, eligió como su nuevo presidente al asambleísta nacional José Serrano Salgado, en reemplazo de Ximena Peña Pacheco, acogiendo la moción de la parlamentaria Rosa Orellana.

50491832638_5a9cbba7d0_c

Además, la mesa principalizo a Carlos Ortega Álvarez, representante de los migrantes ecuatorianos de la circunscripción por Estados Unidos de Norte América y Canadá.

Mejorar la calidad de vida de la gente.

José Serrano, tras agradecer a los comisionados, anunció que el trabajo, en lo que queda del período, se orientará a procesar todos los temas de legislación y fiscalización, con el propósito de contribuir a mejorar la condiciones de vida de los ciudadanos.
Llamó a unificar esfuerzos para superar el estado de crisis en materia de salud, social, económica y polltica que afecta al país, al igual que la corrupción. Incluso, se refirió a la persecución política que se registra en varias instancias.
Gestión productiva
Entre tanto, Carlos Ortega reconoció que la Comisión de Justicia es una de las más productivas de la Asamblea, por lo que se comprometió a consolidar la tarea, a través del tratamiento de proyectos en beneficio del pueblo, a fin de responder a los mandantes.
La mesa está integrada por José Serrano, presidente; Kharla Chávez, vicepresidenta; Henry Cucalón, Esteban Torres, Lourdes Cuesta, Elio Peña, Rodrigo Collaguazo, Rosa Orellana, Héctor Muñoz, Franklin Samaniego, Karla Cadena y Carlos Ortega.

Fiscalización inicia substanciación de juicio político contra Ministra de Gobierno.

Una vez calificada la solicitud de juicio político presentada por los legisladores María de Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez, contra María Paula Romo Rodríguez, ministra de Gobierno, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley, la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, notificará a las partes con el inicio del plazo de 15 días para la presentación de las pruebas de cargo y de descargo, respectivamente.

50494531656_b174db157d_c

El organismo aprobó, también, el cronograma de trabajo para recibir las comparecencias que sean solicitadas por los interpelantes, por la ministra de Gobierno y las que requieran los miembros de la Comisión, con la flexibilidad necesaria para que el titular de la mesa, Elio Peña, convoque las sesiones necesarias, entre el 17 y el 31 de octubre.
De esta manera, quedó planteada para el lunes, 19 de octubre, la comparecencia de los solicitantes del juicio político: María de Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez, quienes expondrán los argumentos que sustenten sus afirmaciones para demostrar el incumplimiento de funciones de la ministra María Paula Romo, durante el Paro Nacional ocurrido entre el 3 y el 14 de octubre de 2019, que evidenció una falta de mantenimiento del orden público, vulneración de los derechos humanos y pérdida de confianza en la autoridad.
Para el sábado 31 de octubre está fijada la comparecencia de María Paula Romo, ministra de Gobierno, quien ejercerá su derecho a la legítima defensa y presentará las pruebas de descargo que considere pertinentes.
Dentro de los restantes 11 días, el presidente Elio Peña programará las comparecencias y presentación de testimonios que soliciten las partes, así como por los legisladores que conforman el organismo fiscalizador.
Entre el 1 y el 5 de noviembre, la mesa valorará las pruebas que hayan sido aportadas al proceso, a fin de elaborar el informe que remitirá a la Presidencia de la Asamblea.
Cabe recordar que la solicitud, auspiciada por los asambleístas Cuesta, Naranjo y Gómez, cuenta con el respaldo de 47 firmas, de igual número de legisladores y tiene como causal el incumplimiento de funciones de la ministra Romo.
Los interpelantes fundamentan su acusación en la responsabilidad de la funcionaria como titular del entre rector de la Seguridad Pública, de conformidad con lo dispuesto tanto en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, cuanto en el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
Pedido de la Ministra.
Los miembros de la Comisión de Fiscalización rechazaron el pedido de la ministra de Gobierno María Paula Romo, en el sentido que su comparecencia y la de sus interpelantes sea presencial. Elio Peña, titular del organismo, anunció que responderá dicha comunicación de manera contundente, a la cual calificó como una actuación desafortunada de la Secretaria de Estado. “Haremos respetar la independencia de funciones del Estado”, enfatizó.

Caso Singue: concluye tercer día de audiencia por presunto peculado

Se cumplió el tercer día de audiencia de juicio en contra de quince personas, presuntamente responsables del delito de peculado. Durante esta jornada, el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, pidió la comparecencia de seis personas, quienes rindieron su testimonio ante el Tribunal.

IMG-20201014-WA0068

En las primeras horas del día, dos de los testigos afirmaron que, al momento de la negociación para la explotación de Singue, existía el conocimiento de que las reservas eran mayores a los 2 millones de barriles, que fueron utilizados para definir la tarifa por barril producido, lo que corroboraría la teoría del caso presentada por Fiscalía.
El primero, un ingeniero geólogo, con amplia experiencia en la materia, estableció la existencia de petróleo en el sitio, con aproximadamente 70 millones de barriles explotables. Además, un exfuncionario de la Secretaría de Hidrocarburos, señaló que un informe de la empresa Geotech determinaba la existencia de una reserva de 4 millones de barriles en el campo Singue.
A ellos se sumaron los testimonios de funcionarios de la Contraloría General del Estado, que participaron en el levantamiento del Informe con Indicios con Responsabilidad Penal, en cuyas conclusiones se establece que la empresa que obtuvo la adjudicación no cumplía con los requisitos para la explotación del campo petrolero en cuestión: no cumplió con el formulario 4, en el que se debían detallar las inversiones en el campo petrolero entre 2006 y 2010, ni con el formulario 11, en el que debían constar costos, gastos y utilidad razonable.
Los incumplimientos de estos requisitos debieron descalificar la oferta presentada; sin embargo, esto fue inobservado.
Al final de la jornada, la perita que realizó un análisis contable-financiero del contrato de exploración y explotación del campo Singue, en sus conclusiones, señaló que –con base en la experticia realizada– se puede determinar un presunto perjuicio económico de 28’479.889 dólares en marcha para el Ecuador.
El Tribunal, integrado por los jueces Iván León, Javier de la Cadena y José Layedra, suspendió la audiencia y dispuso su reinstalación para el jueves 15 de octubre de 2020, a las 09:00.

CNE basó en 5 ejes estratégicos su gestión en el 2019

El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó este 14 de octubre en Quito su informe de rendición de cuentas correspondiente al año 2019. En el evento, que se realizó con todas las medidas de bioseguridad en el auditorio "Matilde Hidalgo" de la institución, la presidenta del órgano electoral, Diana Atamaint, ratificó su compromiso con la transparencia y reiteró que la voluntad popular que se exprese en las urnas en los comicios generales de 2021 será absolutamente respetada.

rendicion_de_ceuntas

"La democracia rinde cuentas todos los día a los ciudadanos, a los partidos y movimientos políticos y a la sociedad civil" destacó la titular del CNE al tiempo que explicó cada uno de los cinco ejes de trabajo que se desarrollaron el año pasado: gestión electoral, reformas al Código de la Democracia, lucha contra la corrupción, gestión presupuestaria, y fortalecimiento de la democracia.
En la gestión electoral recordó que el CNE conformó una Comisión Técnica Académica por la Transparencia del Sistema Informático para las Elecciones Seccionales 2019, para dar seguimiento a su correcto funcionamiento. Asimismo, destacó que en esos comicios, el CNE gestionó la visita de 151 observadores internacionales pertenecientes a 21 países y 1 510 observadores nacionales acreditados.
Diana Atamaint señaló que las reformas al Código de la Democracia constituyen el paraguas institucional que se aplicará en las elecciones del próximo año. Resaltó los incentivos institucionales que esta ley otorga para la participación política de las mujeres y los jóvenes. Dijo que de manera progresiva, las mujeres deberán encabezar el 50% de las listas nacionales a todas las dignidades, y éstas se integrarán con al menos el 25% de jóvenes.
La lucha contra la corrupción, dijo, es la piedra angular de la institución. Recordó que solicitó a la Contraloría General del Estado (CGE) la realización de 6 de los 14 exámenes especiales que la CGE ha realizado dentro de una auditoría integral de la gestión electoral.
Diana Atamaint recordó que en 2019, el CNE ejecutó el 98,18% del presupuesto ordinario de la institución y el 99% del destinado a las Elecciones Seccionales de ese mismo año.
Como una demostración de una gestión de "puertas abiertas" profundamente vinculada con la sociedad, la titular del CNE, destacó que se han suscrito diferentes convenios con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales con las que se han intercambiado criterios que han permitido fortalecer la democracia.
Finalmente, reiteró que el CNE tiene un compromiso con el Ecuador. "Quiero decirle al país, al país que amo, que la voluntad del pueblo será absolutamente respetada. Vamos a defender el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano y a respetarlo, tal cual se manifieste en las urnas", concluyó.

Comisión recomendará el inicio de juicio político contra Presidente del Directorio de la CFN

La Comisión de Régimen Económico rechazó categóricamente la inobservancia de Roberto Dunn Suárez, presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), de comparecer para informar sobre los avances del proceso de la supuesta venta del Banco del Pacífico, razón por la cual, con 11 votos, recomendará el inicio de un proceso de juicio político en su contra, por ser sujeto de control político.

juicio_2

La moción planteada por la legisladora Lira Villalba también establece que la Comisión de Régimen Económico, en un plazo de tres días, remitirá un informe al Pleno de la Asamblea Nacional, por el incumplimiento de Dunn, por no entregar información del proceso de evaluación, valoración, desinversión y venta o “monetización” del Banco del Pacífico.
La parlamentaria sustentó su pedido en lo que establece el artículo 2 de la resolución del Pleno del Legislativo, aprobada el 27 de agosto de 2020, por el cual dispone a la Comisión dar seguimiento a la eventual venta del Banco del Pacífico e informar periódicamente al Pleno para que tome las acciones que correspondan en el marco de lo que determina el ordenamiento jurídico nacional. Además, la Comisión enviará un pronunciamiento público al país de rechazo a la actitud y ocultamiento de información por parte del funcionario.
En la sesión, se dio lectura de un oficio enviado por el presidente del Directorio de la CFN, en el cual señala que no asistirá a la sesión convocada por la Comisión de Régimen Económico, en virtud de que la información tiene carácter de sigilo y reserva y al ser declarada pública, estaría incurriendo en una violación a lo que determina los artículos 354 y 355 del Libro I del Código Orgánico Monetario y Financiero, por tanto, sujeto a la sanción y responsabilidad penal respectiva.
Los comisionados recordaron que el 16 de septiembre, Eduardo González, gerente de la CFN, en sesión de la Comisión, manifestó que la información que van a entregar es reservada. Esto motivó a que el presidente de la Comisión de Régimen Económico, Franco Romero, remita oficio a la Coordinación de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional para que se pronuncie sobre cómo llevar a cabo las sesiones de control político a la supuesta venta del Banco del Pacífico.
Asesoría Jurídica, en respuesta, citó la decisión del Pleno de desclasificar la información del proceso de evaluación, valoración, desinversión y venta o “monetización” del Banco del Pacífico, por tanto, recomienda que las sesiones no sean reservadas y sean difundidas por los canales establecidos en el Sistema de Información Legislativa (SIL), a través de los medios institucionales de radio, televisión y el portal web oficial de la Asamblea Nacional.
Igualmente, sugiere a la Comisión de Régimen Económico centrarse única y exclusivamente en los puntos relativos a lo desclasificado por el máximo órgano de decisión de la Entidad Legislativa.
Los parlamentarios Lira Villalba, Ana Belén Marín, Franco Romero Laoiza y Esteban Melo, mostraron su indignación ante la postura de Roberto Dunn y aclararon que los datos que tiene que entregar no tienen nada que ver con el sigilo bancario (cliente y empresa), sino están relacionados con el valor de venta de esta institución financiera que es manejada por el Estado y cómo avanza el proceso.
Los parlamentarios exigieron respeto para la Comisión y la institucionalidad de la Asamblea Nacional. En este marco, se aprobó la resolución planteada por la legisladora Lira Villalba y aprobada por la mesa legislativa con 11 votos a favor.

Comisión aprobó informe de investigación en la obtención de carnés de discapacidad.

Luego de más de 3 horas de análisis de las conclusiones y recomendaciones, la Comisión del Derecho a la Salud aprobó, con 10 votos a favor, el Informe no vinculante de la investigación dispuesta por el Pleno de la Asamblea Nacional, en sesión de 14 de julio del 2020, para fiscalizar la obtención de carnés de discapacidad.

salud_107

Los asambleístas concluyeron que, de la revisión a los expedientes de usuarios del Sistema Informático en Línea (SIL) y de personas con discapacidad, se identificaron hallazgos como: funcionarios no acreditados y sin perfil para ser calificador de la discapacidad; ausencia de documentos que respalden la calificación; porcentajes asignados no guardan relación con lo expuesto en los exámenes complementarios y certificados médicos; emisión de carnés durante la emergencia sanitaria, pese a que el proceso se encontraba suspendido.
Además, profesionales calificadores en ámbitos que no son de su competencia, registran a personas con discapacidad; certificado médico para calificaciones de varias personas; se detecta que varios campos en el sistema registran la misma información de los datos de filiación.
Igualmente, datos reveladores de procedimientos inusuales en los que 22 profesionales del Ministerio de Salud Pública, en su período laboral emitieron 29 708 carnés, de los cuales 3000 carnés corresponden al período de pandemia; 1650 están en proceso de notificación, 1140 carnés en proceso de anulación si el ciudadano no efectúa los descargos correspondientes y 210 carnés emitidos fraudulentamente.
El Ministerio de Salud Pública incumplió sus atribuciones y responsabilidades como ente rector del Sistema Nacional de Salud al no garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, velar por el cumplimiento y sancionar cualquier incumplimiento a la normativa interna, así como los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato degradante y discriminatorio, conforme lo establece el artículo 48, numeral 7 de la Constitución de la Republica.
El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades no demostró a la Comisión haber exigido al Ministerio de Salud Pública que adopte las medidas correctivas inmediatas para mejorar el proceso de obtención de carnés de discapacidad y tampoco demostró el seguimiento a la implementación de la política pública sobre el nuevo proceso de calificación, en función de la herramienta sustitutiva del Baremo Español, ni acciones puntuales durante la emergencia.
El escándalo de la emisión de carnés tomó peso cuando fueron involucrados ciertos asambleístas y, en dos casos, sus cónyuges. Más allá de esa cifra, en el Consejo de la Judicatura existen carnés de discapacidad asignados a: 703 servidores, de los cuales 104 son jueces, 42 agentes fiscales y 19 notarios, sobre los cuales no se ha escuchado ningún pronunciamiento, ni de parte del Ministerio de Salud Pública, ni de la Fiscalía General del Estado.
En este sentido, recomiendan, entre otros aspectos, exhortar al Pleno de la Asamblea Nacional, proceda al enjuiciamiento político del ministro y exministra de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos y Catalina Andramuño, respectivamente; así como del presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, Xavier Torres Correa, por incumplimiento de expresas disposiciones constitucionales, de la Ley Orgánica de Discapacidades; y, de los instrumentos internacionales de derechos humanos, en su orden.
Solicita al Ministerio de Salud Pública un reporte actualizado del seguimiento a las denuncias que presentó en la Fiscalía General del Estado, respecto a los 22 funcionarios que emitieron 29 708 carnés, de los cuales 2454 presentaron irregularidades y se remita de carácter obligatorio a la Comisión del Derecho a la Salud.
Requiere a la Defensoría Pública y a la Defensoría del Pueblo que asuman la reivindicación de los daños generados a las personas con discapacidad ante la execrable denuncia de emisión de carnés en el periodo de la pandemia.
Una vez que se cuente con los resultados de las auditorías al proceso de entrega de carnés de discapacidad, se proceda con la anulación de tales documentos y se notifique al Registro Civil, Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, para que ejecuten las acciones en el campo de sus competencias.
Sin perjuicio de las acciones que realizan la Contraloría y Fiscalía, la Comisión, en base a la documentación remitida por el Ministerio de Salud Pública, sobre la detección de irregularidades en la obtención del carné de discapacidad del asambleísta Fabricio Villamar Jácome que, según los reportes del Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se benefició de descuentos en el pago de tributos y con la importación de un vehículo, recomienda al Pleno de la Asamblea, conforme una comisión multipartidista para que determine las irregularidades en las que hubiere incurrido el mencionado asambleísta.
Finalmente, el informe solicita exigir al Ministerio de Salud Pública que efectúe los procesos de recalificación debidamente solicitados por los asambleístas Israel Cruz Proaño y Ramón Terán Salcedo, quienes han remitido de manera formal y voluntaria el formulario previsto por esa cartera de Estado.
RSA/cz

Asamblea censuró y destituyó a Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 124 votos afirmativos, censuró la actuación de Christian Cruz Larrea, quien incurrió en incumplimiento de funciones otorgadas por la Constitución y la Ley; en consecuencia, ordenó su inmediata destitución del cargo de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República. Se registraron, además, cinco abstenciones.

foto_31

Derecho a la defensa
Christian Cruz hizo uso de su legítimo derecho a la defensa y, durante tres horas, aproximadamente, incluida la réplica, defendió su gestión como titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pues, dijo, las causales invocadas para su enjuiciamiento (obtención del carné de discapacidad, uso de documentos presuntamente falsos y obtención de licencia tipo “E”) son extemporáneas ya que se trata de hechos que sucedieron antes de ser elegido miembro del Cpccs.
Cruz defendió la validez legal de su carné de discapacidad, así como de su licencia, al reiterar que el haber obtenido dichas credenciales no constituye causal de juicio político. Así mismo, en torno a la presunta arrogación de funciones, al haber emitido dos reglamentos de carácter administrativo, justificó su actuación con normas emitidas por la Contraloría General del Estado que, según él, le facultan para hacerlo.
“He venido para defender la verdad y la justicia, soy un ser humano que anhela un futuro mejor para todos los ecuatorianos”, subrayó.
Interpelantes
Henry Kronfle, en su calidad de interpelante, aseguró que jamás se ha puesto en entredicho la legalidad del carné de discapacidad, ni la validez de su licencia, sino si realmente existe el 81 % de discapacidad visual y auditiva, porque si existe tal porcentaje de discapacidad, no debería tener una licencia tipo “E” y si tiene capacidad para conducir vehículos autorizados con esa licencia, se deduce que no tiene la referida discapacidad.
Kronfle enfatizó que la probidad notoria no es una condición temporal, es un atributo permanente que debe mantener un funcionario público, más aún quien está al frente de una institución tan importante para la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. Desestimó las amenazas del interpelado, de acudir a instancias judiciales nacionales e internacionales para defenderse, en caso que el juicio político llegue a su censura y destitución.
Entre tanto, Noralma Zambrano aseveró que se configuró la causal de incumplimiento de funciones con la arrogación de una facultad que está reservada para el Pleno del Cpccs, como es el caso de la emisión de reglamentos para el desarrollo de las actividades de este organismo. El 10 de octubre de 2019, Christian Cruz dictó dos reglamentos, uno relacionado el parque automotor y otro que versa sobre el cálculo y pago de viáticos, los mismos que estuvieron vigentes por 55 días, hasta que él mismo los dejó sin efecto.
Añadió que lo único que se ha observado en el discurso del señor Cruz es que está plagado de falacias, invocando en su defensa, por ejemplo, normas que no tienen nada que ver con sus atribuciones, que no son otras que las previstas en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
En el debate participaron los legisladores Elio Peña, presidente del Comisión de Fiscalización; José Serrano; Mercedes Serrano; Marcelo Simbaña; Dennis Marín; Fernando Flores; Rodrigo Collaguazo; Henry Cucalón; Franklin Samaniego; Esteban Melo; Absalón Campoverde; y, Jaime Olivo, quienes coincidieron en que Christian Cruz cometió varias acciones que demuestran su falta de ética, por ejemplo, al utilizar su carné de discapacidad para beneficiarse de exoneraciones tributarias. Así mismo, se atribuyó facultades que no le correspondían, al estar reservadas al Pleno del cuerpo colegiado que preside.
Conforme la moción aprobada, el expediente del juicio político será remitido a la Fiscalía General del Estado, a fin de que inicie la respectiva investigación penal sobre las actuaciones de Cruz, así como a la Contraloría y otras instancias públicas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, analicen las acciones desarrolladas por el citado funcionario.

Caso Singue: Fiscalía continúa con la presentación de su prueba.

Hasta el cierre del segundo día de audiencia de juicio, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha presentado en total cinco testigos, cuatro de ellos durante esta jornada. El Tribunal, conformado por los jueces Iván León, Javier de la Cadena y José Layedra, dispuso la suspensión de la diligencia y señaló su reinstalación para mañana a las 09:00.

222222222222222222

Entre los convocados ante el Tribunal se incluyeron dos peritos que efectuaron la materialización de la información y análisis de metadatos de un archivo, que hace referencia a la evaluación del proceso de calificación para la adjudicación del campo Singue.
Además, rindieron su testimonio dos de los miembros del equipo de la Contraloría General del Estado que elaboró el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IIRP): un experto en el tema petrolero y la directora de Auditoría de Sectores Estratégicos de la entidad de control, quienes aportaron con sus conocimientos para determinar las irregularidades en el proceso de licitación.
En sus conclusiones, este informe señala que no debía realizarse la adjudicación, pues la empresa no cumplía con las bases para la contratación planteadas en el proceso de licitación y no contaba con la experiencia necesaria en campos petroleros.
Los funcionarios de Contraloría sostuvieron que el Estado se vio perjudicado, ya que en la negociación se fijó un precio de 33,5 dólares por barril producido, cifra a la que se llegó al no tomar en cuenta el total de las reservas probadas del hidrocarburo, debido a que, al ser un campo joven, en Singue se podría explotar el 100% o más de las reservas.
Fiscalía investiga un presunto delito de peculado, cometido en 2012, cuando la Secretaría de Hidrocarburos y el consorcio DGC –conformado por Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y la firma Gente Oil Development– suscribieron un contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de este campo petrolero.
Las presuntas irregularidades en la adjudicación (inobservancia en la normativa legal) por parte de los funcionarios públicos y el cálculo de la tarifa habrían provocado un perjuicio económico de más de 28 millones de dólares.

Presidenta del CNE: “Una candidatura está en firme cuando se hayan resuelto todos los recursos electorales”.

17 binomios presidenciales presentaron su solicitud de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE); de esa cifra, 2 se encuentran en firme: movimiento Democracia Sí, lista, 20, y partido Izquierda Democrática, lista12. Así lo informó este 13 de octubre la presidenta Diana Atamaint, quien explicó que, por otro lado, los binomios de la alianza Unión por la Esperanza (Unes), listas 1-5, y el de la Alianza CREO 21 – PSC 6, fueron apelados ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por lo que se espera la sentencia correspondiente.

FOTO_2_OCTUBRE_13

La autoridad electoral explicó que a cuatro fórmulas presidenciales se les otorgó el plazo de 48 horas para que subsanen los incumplimientos hallados. Estas corresponden a los movimientos Libertad es Pueblo, Unión Ecuatoriana, Alianza PAIS y al partido SUMA. En cambio, los 6 binomios de los movimientos Pachakutik, Amigo y Ecuatoriano Unido, así como de los partidos Avanza, Sociedad Patriótica y de la alianza electoral Honestidad (Partido Socialista Ecuatoriano y movimiento Concertación), fueron calificados y se espera que, transcurrido el plazo de tres días para apelaciones, el TCE certifique si existen recursos o no en su contra.
En lo que respecta a las listas pluripersonales nacionales para el Legislativo, se receptaron un total de 18 solicitudes. En cambio, asciende a 315 el número de solicitudes realizadas ante el órgano electoral para inscribir candidatos provinciales para la Asamblea Nacional y a 179 las listas para asambleístas por las circunscripciones de Guayas, Manabí y Pichincha.

NOTA_13_OCTUBRE

Según indicó la presidenta Atamaint, 38 listas para asambleístas por el exterior y 17 de parlamentarios andinos, tramitaron su inscripción. En total, son 548 las solicitudes recibidas a escala nacional, aunque la presidenta aclaró que esa cifra es preliminar, pues hubo trámites que se quedaron registrados en el sistema y que cumplieron con el último paso, por lo que serán las Juntas Provinciales Electorales las que evalúen su aceptación o rechazo.
Sobre el proceso de calificación de una candidatura, la titular del CNE aclaró que se deberá negar su participación si esta incurre en alguno de los casos previstos en el artículo 96 del Código de la Democracia, entre los que destacan haber recibido una sentencia condenatoria y que esta se encuentre ejecutoriada, que adeude pensiones alimenticias, entre otros.

CNE inscribe a binomios presidenciales de Pachakutik y Avanza y concede plazo de dos días para subsanar a organizaciones políticas que incumplieron requisitos

Este lunes 12 de octubre, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió aceptar la inscripción del binomio del Movimiento Pachakutik, lista 18, conformado por Yaku Pérez y Virna Cedeño, para presidente y vicepresidenta de la república. También fue calificada la candidatura presidencial de Isidro Romero Carbo y Sofía Merino, por el Partido Avanza, lista 8.

pleno_lunes_12

Las autoridades electorales también conocieron informes acerca de las solicitudes de inscripción de cuatro listas pluripersonales para la Asamblea Nacional. En ese sentido, resolvieron negar la inscripción de las candidaturas del Movimiento Ecuatoriano Unido, lista 4; del partido Avanza, lista 8; del Partido Fuerza Ec, lista 10; y del Movimiento Alianza PAIS, lista 25. Conforme lo dispone el Código de la Democracia, las organizaciones políticas tendrán el plazo de dos días, luego de la notificación, para subsanar los errores e incumplimientos evidenciados.
En lo que concierne a la inscripción de candidaturas para parlamentarios andinos, se negó la inscripción de siete listas: del Movimiento Ecuatoriano Unido, lista 4; del Partido Avanza, lista 8; del Movimiento Pachakutik, lista 18; del Movimiento Unión Ecuatoriana, lista 19; del Movimiento Construye, lista 25; del movimiento Alianza PAIS, lista 35; y de la alianza electoral Honestidad, listas 17-51, conformada por el Partido Socialista Ecuatoriano y el Movimiento Concertación. Las organizaciones políticas contarán también con el plazo de dos días para subsanar los incumplimientos hallados por el CNE.
Además, el Pleno del CNE aceptó la objeción de Santiago Díaz Asque, procurador de la alianza Unión por la Esperanza (Unes), listas 1-5, en contra de candidatos a asambleístas nacionales del Partido SUMA, lista 23. Al respecto, el cuerpo colegiado negó la inscripción de la lista pluripersonal y concedió el plazo de dos días para que la organización política designe los reemplazos de los candidatos objetados.

Investigación para fiscalizar la obtención de carnés de discapacidad en etapa final.

La Comisión del Derecho a la Salud, que preside William Garzón, se reunirá este miércoles 14 de octubre, a las 15h00, a fin de analizar y aprobar el Informe no vinculante de la investigación dispuesta en la resolución No. RL-2019-2021-071, aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, en sesión de 14 de julio del 2020, para fiscalizar la obtención de carnés de discapacidad.

salud_106

La decisión se tomó en el marco de las denuncias públicas sobre la supuesta entrega irregular de carnés de discapacidad y en el procedimiento de contratación en establecimientos de salud.
En la parte procedimental, la Comisión recibió al Presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades y al Ministro de Salud Pública, como principales responsables del seguimiento y vigilancia al correcto funcionamiento del Subsistema Nacional para la Calificación de la Discapacidad; además, a la Autoridad Nacional Competente en Materia Tributaria, para que informe sobre el control y fiscalización de los beneficios establecidos en la Ley Orgánica de Discapacidades y su respectivo Reglamento.
Asimismo, a la Máxima Autoridad Aduanera, para conocer sobre la autorización de la importación de vehículos ortopédicos y/o adaptados, para uso exclusivo de las personas con discapacidad; al Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, para que informe sobre el registro nacional de personas con discapacidad, con deficiencia y condición discapacitante; al Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el tema de incremento de solicitudes de jubilación por discapacidad entre los años 2018 y 2019.
Además, se receptaron los testimonios de personas que encontraron dificultades para obtener el carné de discapacidad, tanto de forma personal, cuanto a favor de parientes directos, pese a contar con toda la documentación requerida por la autoridad respectiva.

Asambleístas analizarán prima para el financiamiento de las décimas remuneraciones.

La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social sesionará este miércoles 14 de octubre, a las 10h00, con el propósito de abordar temas de las primas para financiar las décimas remuneraciones; pensiones vitalicias a expresidentes de la República; y, vulneración de derechos a trabajadores de la industria láctea.

trabajadores_35

Primeramente, recibirá a Carlos Luis Tamayo, director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess), quien explicará el alcance de la Resolución No. CD.609 expedida el 16 de septiembre de 2020, en la cual define la prima para el financiamiento de la décima tercera y cuarta remuneraciones, y auxilio de funerales. Esto, debido a que la institución dejó de percibir el aporte del 2.76 % que realizaban los pensionistas y del seguro de desempleo.
Seguidamente, revisará y analizará el articulado del proyecto de Ley Reformatoria a La Ley Orgánica del Servicio Público sobre el Régimen de Pensiones de Ex Presidentes y Ex Vicepresidentes de la República.
En el documento borrador, se fija una pensión vitalicia mensual equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la remuneración vigente, a favor de las y los señores ex presidentes y ex vicepresidentes de la República, que sean elegidos constitucionalmente por votación popular y se hayan posesionado en el cargo.
Por último, recibirán en comisión general al señor Ángel Sánchez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, quien explicará sobre la posible vulneración de derechos laborales y sociales a los trabajadores de la Empresa de Productos Lácteos.

Caso de personas desaparecidas durante la pandemia se analizaría en Fiscalización.

Recogiendo la preocupación de la comunidad ecuatoriana, el tema de personas desaparecidas en el país, especialmente durante la pandemia del Covid-19, entraría, en las próximas semanas, para análisis de la Comisión de Fiscalización, por iniciativa del legislador Absalón Campoverde Robles, expresidente de la Comisión Ocasional que abordó la temática.

50418705926_8ffbd1a40c_c

El representante de la provincia de Zamora Chinchipe, vocal de la mesa de Fiscalización, en primer lugar, anunció que diálogará con las principales autoridades del Ministerio de Gobierno y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), a fin de obtener, de fuente directa, una infomación sobre la cifras exactas de desapariciones (edades, circunstancias y motivos, etc). 
Aplicación de la Ley  
Debido a que este tipo de aspectos son muy sensibles, delicados y dolorosos, se require saber, además, cómo está el proceso de aplicación de la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, publicada en el Registro Oficial en enero de 2020, misma que se aprobó en noviembre de 2019 por parte de la Asamblea y resolvió el veto parcial en diciembre, precisó.
Reglamento
Llamó al Ejecutivo a concretar la aprobación del correspondiente Reglamento, que permita la plena vigencia y aplicación de la normativa, tomando en cuenta que se ofreció que estaría listo en junio del presente año, pero todavía no se hace realidad, sostuvo.
Prevención y capacitación
Destacó que la prevención es el eje central de la Ley, que implica que el Ministerio de Educación, Policía Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), desarrollen programas y charlas en escuelas, colegios e incluso universidades, con el objetivo de poner en alerta a niños, jóvenes y adolescentes para que no se conviertan en presa fácil de la delincuencia.
Mencionó la capacitación permanente que se debe garantizar a las personas de los diferentes ministerios e instituciones que tienen que ver con el tema de desaparecidos, ya sea Fiscalía, ministerios de Gobierno y de Salud, ECU911, medicina forense, Registro Civil, entre otros. También, habló de la apertura de oficinas especializadas de las fiscalías en las 24 provincias del país.
Seguimiento
Finalmente, Absalón Campoverde manifestó que la Asamblea Nacional podrá continuar con el seguimiento de los casos de desaparecidos a través de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, que se estableció en el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

8ª Conferencia de INTERPOL y Europol sobre Ciberdelincuencia: “Media humanidad está en peligro”

El 6 de octubre de 2020 tuvo lugar la 8ª edición de la Conferencia de INTERPOL y Europol sobre Ciberdelincuencia, celebrada por primera vez de forma virtual. Más de 400 especialistas en esta materia procedentes de las fuerzas del orden, el sector privado, las organizaciones internacionales, los equipos de respuesta a emergencias informáticas y el mundo académico se conectaron a este evento en línea para participar en una serie de debates sobre las nuevas amenazas, tendencias y estrategias en materia de ciberdelincuencia.

ciberdeli

Los últimos hallazgos de INTERPOL y Europol han puesto en evidencia que los ciberdelincuentes de todo el mundo han logrado capitalizar la pandemia mundial de COVID-19 y convertir esta crisis sanitaria en una oportunidad.
Asimismo, la pandemia ha acelerado la transformación digital y ha aumentado nuestra dependencia de la conexión a Internet y las herramientas digitales. La rápida evolución del panorama cibernético mundial exige de manera cada vez más imperiosa una colaboración más estrecha entre las fuerzas del orden y los sectores público y privado, a fin de hacer frente a la naturaleza cambiante de la ciberdelincuencia.
La combinación de las bases de datos nacionales es esencial
Jürgen Stock, Secretario General de INTERPOL, declaró que “en un mundo en el que más de 4 500 millones de personas están conectadas, más de la mitad de la humanidad corre el peligro de caer víctima de la ciberdelincuencia en cualquier momento”.
El jefe de INTERPOL añadió que “la información es el elemento clave que nos une y nos hace más fuertes en la lucha contra la ciberdelincuencia. Así, la combinación a escala mundial de las bases de datos nacionales sobre esta materia es fundamental, e INTERPOL está idealmente posicionada para dirigir esta labor en colaboración con sus países miembros y sus socios”.
Pero en la conferencia no solo se analizó retrospectivamente el año 2020, sino que también se abordaron las dificultades que se avecinan y se invitó a las fuerzas del orden, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales a adoptar en su día a día un enfoque ágil y proactivo en materia de ciberseguridad.
Este evento se celebró un día después de que Europol publicara la edición de 2020 de la
Evaluación de la amenaza que plantea la delincuencia organizada en Internet, y tras el lanzamiento por INTERPOL de la campaña para concienciar sobre el hecho de que los delitos en línea son delitos reales (hashtag #OnlineCrimeIsRealCrime), articulada en torno a seis ciberamenazas mundiales, que van desde el phishing hasta el ransomware.
Catherine de Bolle, Directora Ejecutiva de Europol, declaró lo siguiente: “Aunque las circunstancias de este año han obligado a organizar una conferencia más breve, y en modalidad virtual, la importancia de este evento no ha cambiado. Si acaso, los acontecimientos de este año han servido para recordarnos una aleccionadora moraleja: las alianzas sólidas son esenciales para combatir la ciberdelincuencia. Solo podemos responder a este tipo de retos actuando de un modo ágil y proactivo, bien por medio de alianzas entre entidades públicas, bien mediante la cooperación con el sector privado. Se trata de aunar nuestras fortalezas en pro del interés común de construir un ciberespacio más seguro y mejor protegido”.

La gobernanza del riesgo de desastres

El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de este año se trata de gobernanza. La buena gobernanza del riesgo de desastres se puede medir en las vidas salvadas, la reducción del número de personas afectadas por los desastres y la reducción de las pérdidas económicas. La COVID-19 y la emergencia climática nos advierten de la necesidad de implementar una visión a largo plazo, con instituciones que planifiquen, que sean competentes y empoderadas, y que actúen en función de evidencia científica a favor del bien común.

gobernanza si

Esto requiere contar con estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres a finales de año, como acordaron los Estados Miembros de las Naciones Unidas cuando adoptaron el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres en 2015. Necesitamos estrategias que tengan en cuenta no solo los hechos puntuales, como las inundaciones y las tormentas, sino también las que respondan al riesgo sistémico generado por las enfermedades zoonóticas, las crisis climáticas y la degradación ambiental.
Unas buenas estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres deben ser multisectoriales, que incluyan políticas en áreas como el uso de la tierra, los códigos de construcción, la salud pública, la educación, la agricultura, la protección del medio ambiente, la energía, los recursos hídricos, la reducción de la pobreza y la adaptación al cambio climático.
Es el momento de mejorar nuestra táctica si queremos dejar un planeta más resiliente a las generaciones futuras. Si quieres seguir el día en las redes sociales, puedes usar las etiquetas: #TodoEsGobernanza #DIRRD

Biodiversidad gestionará pedido de juicio político contra Ministro de Salud Pública.

La Comisión de Biodiversidad iniciará las gestiones para proceder al juicio político contra el Ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, por incumplimiento en la entrega de información sobre las acciones emprendidas en la Amazonía por la pandemia, más aún cuando se asignó 7 millones 250 mil dólares provenientes del Fondo Común, para este fin. Los parlamentarios tomaron esta postura en razón de que es la segunda ocasión que el titular de Salud no acude al llamado de control político.

salud juicio

El asambleísta Henry Moreno, quien propuso la comparecencia del Ministro de Salud y mocionó el pedido de juicio político, indicó que es deber primordial de un funcionario de Estado, asistir y comparecer a la Asamblea Nacional para atender los requerimientos, en este caso, de la Comisión de Biodiversidad, sobre un tema de vital importancia para toda la sociedad y específicamente para la Amazonía.
En este marco, con 7 votos, los parlamentarios rechazaron la actitud del ministro de Salud al no asistir de manera reiterada a las comparecencias establecidas por la Comisión de Biodiversidad, razón por la cual el organismo legislativo iniciará el proceso de juicio político.
En esta reunión de trabajo, el funcionario debía responder sobre las acciones emprendidas para cumplir con lo que determina la Ley de Apoyo Humanitario, respecto de la estabilidad de los trabajadores de salud; establecer el estado de los concursos públicos para nombramientos definitivos a los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria de la Red Integral Pública de Salud; así como los sobreprecios detectados en la compra de fundas para cadáveres en el Hospital Puyo de la provincia de Pastaza.
Así mismo, las razones técnicas de la desvinculación de los servidores de la salud en la provincia de Pastaza y el resto del país y el correspondiente plan para mantener una adecuada atención de salud acorde a las condiciones que demanda la pandemia por el Covid-19 y otras enfermedades; la falta de pago de las remuneraciones y derechos laborales de profesionales y trabajadores del sector de la salud; el estado del proceso precontractual y contractual y la entrega-recepción del Hospital General Puyo.
Comparecencia Ministro Ambiente
En otro orden, la Comisión de Biodiversidad, con 9 votos, resolvió convocar para la próxima semana al ministro de Ambiente y Agua, Paulo Proaño, a fin de fiscalizar el proceso de estudios de factibilidad, socialización, licencia ambiental del relleno sanitario que pretende desarrollar el Municipio de La Concordia en el sector Santa Martha 2 y Agromache.
En la sesión se dio a conocer el oficio dirigido al presidente de la Comisión, Alberto Zambrano, por parte de los habitantes de los dos sectores en mención, quienes manifiestan que existen irregularidades y errores que inician desde la selección del lugar. Se señala que en la comunidad nacen y circunvalan esteros (riachuelos) importantes que permiten que 96 familias se abastezcan directamente del agua y el mayor temor es que esta sea contaminada.
Además, cuestionan la decisión de realizar un relleno sanitario en el sector, porque existen fincas de palma africana, ganadería, cacao, pimienta, maracuyá, plátano, cítricos, una granja avícola e incluso una extractora de aceite certificada como orgánica. Según los ciudadanos, muchos productores tienen excelentes proyectos de reforestación, zonas de conservación y manejan cultivos 100 % orgánicos certificados.
Pedido de información
A fin de ejercer el control político sobre los montos adeudados correspondientes al periodo enero - agosto de 2020, por concepto de las asignaciones del Fondo de Desarrollo Sostenible de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, a los municipios de la región oriental, la Comisión de Biodiversidad enviará un oficio al ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, a fin de que envíe información sobre este particular.
Cabe indicar que en carta dirigida a los miembros de la Comisión, Andrés Bonilla, presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga), precisa que no es constitucional ni legal que se quiera rebajar los valores que corresponden a los barriles comercializados y utilizados para consumo interno ya que la ley determina que son beneficiarios del 4 % del precio de venta por cada barril de petróleo que se extraiga en la Amazonía y que se comercialice en los mercados interno y externo; es decir, la ley prevé que se asigne los valores por el precio de venta, más no únicamente de lo que se venda al exterior.
Bonilla recuerda que dichos valores, una vez comercializados, deben ser transferidos de forma directa por el Banco Central a quienes son beneficiarios.

Más de 10 sectores darán observaciones al Código de Protección Integral de Niños y Adolescentes.

Las Comisión que atiende temas y normas de la Niñez y Adolescencia se reúnirá de manera virtual con más de 10 sectores que defienden los derechos de este grupo de atención prioritaria para dar sus observaciones al Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna).

10 sectores

La presidenta de la mesa ocasional, Encarnación Duchi, indicó que este martes 13 de octubre, a las 08h00, de manera virtual, los parlamentarios escucharán la propuesta de Patricia Castillo Briceño, coordinadora del Nodo Manabí de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas (Remci).
Luego, intervendrán representantes del Consejo Cantonal de Protección de Derechos Cuenca; de la Asociación de Padres Representantes y Autogestores con Discapacidad (Apracod), de la Federación Ecuatoriana Pro Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias (Fepapdem) delegados de personas con discapacidad con dignidad, Trascender- Kaleidos; del Centro de Etnografía Interdisciplinaria; de la Universidad de Cuenca, del Centro Huiracocha Tutivén; del  Departamento de Género y Niñez de la prefectura del Azuay; y, Ruth Clavijo por la psicología de la Universidad de Cuenca.
Por último, los comisionados conocerán las observaciones presentadas por la Comisión Académica para la Primera Infancia en el Ecuador, por tanto, recibirán a Rossana Viteri, directora de Plan Internacional Ecuador, a Janet Cruz, directora ChildFund International y Sara Oviedo, directora de la Fundación Quitu – Raymi.

Fiscalización priorizará pedidos de juicios políticos que lleguen a la Comisión.

La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por el legislador Elio Peña, analizó los procesos de fiscalización que se encuentran abiertos en la mesa y definió una agenda priorizada para su tratamiento.

50463888836_7216152cff_c

Entre los temas pendientes están: la situación del sistema educativo debido a la crisis sanitaria (regulación y control del cobro de pensiones en centros educativos); la comparecencia periódica de la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, para que informe sobre los avances del actual proceso electoral; los procesos de fiscalización a la actividad minera; la aplicación de la Ley Orgánica de Planificación de la Circunscripción Territorial Amazónica y los perjudicados del cierre de Cooperativas de Ahorro y Crédito.
En este último punto, el asambleísta Dennis Marín indicó que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no se ha pronunciado por el cierre de más de 341 cooperativas, con esto indicó se han visto miles de familias perjudicadas. Pidió que se retome con fuerza este proceso de fiscalización.  
De su parte, el parlamentario Marcelo Simbaña indicó que un tema sensible es el educativo, en ese marco, propuso dar seguimiento a la Ley de Apoyo Humanitario sobre la disminución de pensiones tanto en educación básica, bachillerato y superior. Así también, habló de la importancia que tiene para cientos de familias el cierre de cooperativas a escala nacional.
Simbaña consideró que entre los temas que se deberían incorporar en la Comisión, para su análisis, son los acuerdos y convenios que el Gobierno firmó con diversos sectores sociales, tras la crisis de octubre de 2019. Además, pidió que se fiscalice que pasará con la focalización de combustibles. Otro tema trascendental, según indicó, es que la mesa legislativa se pronuncie respecto a los casos de corrupción que se han dado al interior de la Asamblea Nacional con procesos que se han iniciado en la justicia ordinaria.
Mientras que el asambleísta Esteban Melo sostuvo que es necesario que la Comisión priorice los juicios políticos que lleguen a la mesa. Solicitó que se insista en que una vez que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) los califique, de forma inmediata, pasen a la Comisión para ser tratados. El titular de la Comisión, Elio Peña, resaltó que ya existe una resolución sobre este tema.
Así también, el legislador Melo pidió que se investigue la falta de entrega de recursos (2017, 2018 y 2019) por parte del Gobierno Nacional a los becarios, a escala nacional e internacional.  A este pedido se sumó el asambleísta José Serrano, quien incluso pidió que se reciba en comisión general a los perjudicados.
Ante estos pronunciamientos, el legislador Simbaña indicó que la Comisión de Educación ya llevó adelante el trámite y se ha solventado el tema, resta recibir el detalle de cuánto que se ha pagado y hacer seguimiento. Indicó que se debe solicitar al Ministerio de Economía Finanzas el respaldo de los pagos. El asambleísta Jaime Olivo insistió en que la Secretaría del ramo explique de forma detallada cuánto falta por cubrir a los becarios.
Juicio Político
El parlamentario José Serrano rechazó la acción de protección planteada por el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Christian Cruz. Mañana, el Pleno de la Asamblea Nacional procesará el juicio político en su contra.
“Es inadmisible que en un acto de cobardía presente una acción de protección para evadir no solo su responsabilidad política y penal, entorno al mal uso y fraude que ha cometido al obtener ese carné de discapacidad y cometer una serie de ilícitos más”, remarcó. Al mismo tiempo señaló que la Comisión de Fiscalización ha actuado de manera diligente y ha cumplido el debido proceso en este caso.
El legislador pidió la comparecencia de la presidenta del Consejo de la Judicatura, y de los miembros de este, con el fin de denunciar la intención de dejar en la impunidad estas irregularidades.
El presidente de la mesa, Elio Peña, señaló que una acción de protección busca precautelar los derechos de una persona cuando estos han sido vulnerados, pero no puede ser utilizada como pretexto para abonar a la impunidad, el compromiso es seguir trabajando por el bien del país, señaló. Una vez que todos los puntos del orden el día fueron tratados la sesión fue suspendida.

El Programa Mundial de Alimentos gana el Premio Nobel de la Paz 2020

La agencia humanitaria más grande del mundo y del sistema de la ONU fue reconocida  “por sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, por su contribución a la mejora de las condiciones de paz en las zonas afectadas por conflictos y por su actuación como elemento impulsor en la prevención del uso del hambre como arma de guerra y de conflicto”, dijo Berit Reiss-Andersen, presidenta del Comité Noruego del Premio Nobel.

image1170x530cropped-1

El Secretario General de la ONU, António Guterres (segundo de derecha a izquierda), y el director ejecutivo del PMA David Beasley, sirven alimentos en la zona de recepción de refugiados en el campamento Imvepi.
El hambre es inadmisible en un mundo de abundancia
El Secretario General de la ONU mostró su satisfacción por la concesión del premio al PMA ya que se encarga de proporcionar asistencia humanitaria “en la primera línea de la inseguridad alimentaria”.
António Guterres recordó que en “un mundo de abundancia, es inconcebible que cientos de millones de personas se acuesten cada noche con hambre” y recalcó que a esa cifra hay que añadirle a la gente que se encuentra “en el abismo de la hambruna debido a la pandemia de COVID-19”.
“Las mujeres y los hombres del PMA se enfrentan a grandes peligro y distancias para proporcionar sustento vital a los afectados por los conflictos, a las personas que sufren a causa de las catástrofes, a los niños y a las familias que no saben cuál será su próxima comida”, resaltó.
El titular de la ONU destacó que las operaciones del PMA están por encima de la esfera política y que el motor de sus operaciones son las necesidades humanitarias.
Al mismo tiempo recordó que subsiste gracias a las aportaciones voluntarias de los Estados miembros de las Naciones Unidas y a las donaciones del público en general.
“Esa solidaridad es precisamente la que se necesita ahora para hacer frente no sólo a la pandemia, sino a otras crisis globales de nuestro tiempo.  Sabemos que amenazas actuales como el cambio climático empeorarán aún más la situación de escasez de alimentos”. 
Para concluir su mensaje, Guterres felicitó al director ejecutivo del PMA, David Beasley, y a todo el personal del
Programa Mundial de Alimentos, por promover a diario los valores de las Naciones Unidas cuando la Organización celebra este año su 75º aniversario.
PMA: La recompensa de alimentar a cien millones de hambrientos
El director ejecutivo del PMA, David Beasley, afirmó que la concesión del premio representa “un reconocimiento humilde y conmovedor” de la labor de su personal que arriesga a diario sus vidas para llevar alimentos y asistencia a cerca de 100 millones de niños, mujeres y hombres que padecen hambre en todo el mundo.
Beasley dijo que los 690 millones de personas que a diario padecen hambre en el mundo tienen derecho a vivir en paz y a no sufrir ese flagelo.
Añadió que, con la concesión del galardón por parte del Comité del Premio Nobel, se quiso dirigir la atención mundial hacia esas personas y hacia las devastadoras consecuencias de los conflictos.
“Las crisis climáticas y las presiones económicas han agravado aún más su difícil situación. Y ahora, una pandemia con su impacto brutal en las economías y comunidades está llevando a millones de personas más al borde de la inanición”, dijo.
El máximo responsable del PMA recordó que su organización trabaja codo a codo con los gobiernos, las organizaciones y socios del sector privado, “cuya pasión por ayudar a los hambrientos y vulnerables es igual a la nuestra”.
“Sin ellos no podríamos ayudar a nadie. Somos un organismo operativo y 
el trabajo diario de nuestro personal se rige por nuestros valores fundamentales de integridad, humanidad e inclusión.
image1170x530cropped
António Guterres presenció en Sudán del Sur el año 2014 una entrega de alimentos vía aérea por parte del PMA , cuando era jefe de la agencia de la ONU para los refugiados, el ACNUR.
La ONU y el Premio Nobel de la Paz: Una larga lista de encuentros
Tras este reconocimiento, el Programa Mundial de Alimentos se une a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), las fuerzas para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), los ex Secretarios Generales Dag Hammarskjöld y Kofi Annan, y el ex Secretario General Adjunto Ralph Bunche; y la propia Organización como laureados con el Premio Nobel de la Paz.

Se aprueba inscripción de asambleístas nacionales de la alianza Honestidad y binomio de Alianza País tienen 2 días para subsanar requisitos

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), se reinstaló este 11 de octubre, en sesión permanente para conocer los informes sobre las solicitud de inscripción del binomio de Alianza País, asambleístas nacionales de la alianza Honestidad 17-51 y de las dignidades a parlamentarios andinos de tres organizaciones políticas: Suma, alianza Unión por la Esperanza e Izquierda Democrática, para su participación en los comicios generales de 2021.

NOTA_2_PLENO_DOMINO_11

En este, contexto el cuerpo colegiado aprobó la solicitud de inscripción de la lista de asambleístas nacionales por la alianza Honestidad 17-51 conformada por el partido Socialista y el movimiento Concertación, una vez que se verificó el cumplimiento de los requisitos
Asimismo, con base en los informes jurídicos y a lo establecido en el Código de la Democracia, el pleno del CNE resolvió conceder el plazo de dos días, para que el binomio del movimiento Político Alianza País, Patria Altiva y Soberana , lista 35, conformada por Ximena Peña y Patricio Barriga, subsane el incumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 95 y 97 del Código de la Democracia.
También, en relación a las candidaturas para parlamentarios andinos, por el Partido político Sociedad Unida Más Acción (SUMA), lista 23, negó la solicitud de inscripción y aprobó otorgar el plazo de dos días para que subsane lo dispuesto en el artículo 95 inciso último, de la Ley Electoral.
El cuerpo colegiado, también resolvió conceder a la alianza 1-5, Unión por la Esperanza conformada por el Movimiento Centro Democrático, lista 1; y, el Movimiento político Fuerza Compromiso Social, a la dignidad al parlamento andino, el plazo de dos días para que subsane los requisitos, establecido en el artículo97, numeral 4, del Código de la Democracia.
De igual forma, al Partido Izquierda Democrática se le concedió el plazo de dos días para que pueda subsanar los requisitos dispuestos en el artículo 7 del Código de la Democracia para las candidaturas al parlamento andino y resuelve negar la solicitud de inscripción.

CNE aprueba inscripción de la primera empresa para que realice pronósticos electorales

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Sesión Ordinaria de 11 de octubre, aprobó la inscripción de Centroinvest Cia. Ltda. como la primera empresa jurídica para la realización de pronósticos electorales para las Elecciones Generales, que se realizarán el 7 de febrero de 2021, por cumplir con los requisitos legales y reglamentarios establecidos.

pLENO_DOMINGO_11

Esta decisión, se ampara en el artículo 206 del Código de la Democracia, que determina que las empresas que realicen pronósticos electorales, para ejercer su actividad, deberán inscribirse y registrarse previamente en el CNE y sujetarse a las normas que este expida. Asimismo, la normativa señala que el incumplimiento de este requisito impedirá́ su participación pública en los procesos electorales.
El órgano electoral realizó la verificación y validación del cumplimiento de los requisitos, como: formulario de inscripción, documentos que justifiquen que la persona tiene formación y/o experiencia en áreas de investigación social, mercadeo político, opinión pública, o, afines; y, el listado de profesionales que trabajará con el personal de encuestadores, acompañado de la documentación que acredite su experiencia y formación académica en las áreas de investigación social, mercadeo u opinión pública, entre otros.
Asimismo, el artículo 4 del Reglamento sobre personas naturales o jurídicas que realicen pronósticos electorales, señala que las empresas que deseen realizar esta actividad deberán presentar una solicitud de inscripción, hasta treinta (30) días plazo antes del día de la elección, en la Secretaria General del CNE y en las secretarias de las delegaciones provinciales.
De igual forma la normativa, artículo 13, establece que los resultados de las encuestas y pronósticos electorales podrán ser publicados por los medios de comunicación hasta diez (10) días antes del día de los comicios.

Pleno procesará juicio político contra el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Por disposición del titular del Legislativo, César Litardo Caicedo, el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará el próximo martes, 13 de octubre, a las 11h30, con el propósito de tratar el Juicio Político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Christian Cruz Larrea, propuesto por el asambleísta Henry Kronfle.

image_-_2020-09-16t200938.583

Trámite
Luego del proceso de análisis y valoración de las pruebas de cargo y descargo durante la sustanciación del juicio político en contra de Christian Cruz, los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional determinaron, con 10 votos a favor, que el titular del Cpccs incurrió en presunta obtención irregular del carné de discapacidad; presentación de supuestos documentos falsos para Concurso de Oposición y Méritos para la Integración del Cpccs e indebida arrogación de funciones.
Carné de discapacidad
Sobre la presunta obtención irregular del carné de discapacidad y la presentación de supuestos documentos falsos para el concurso de oposición y méritos para la integración del Cpccs, la mesa legislativa concluyó que, si bien son temas anteriores a su gestión como presidente de esta entidad, demuestran la falta de probidad de Christian Cruz para el desempeño de sus funciones.
Lo mismo ocurre con el tema de la licencia tipo “E”, porque le correspondía, en función de su nivel de discapacidad, obtener la licencia tipo “F”, con el uso de los dispositivos de ayuda visual y auditiva, de conformidad con la ley.
Arrogación de funciones
De acuerdo con el informe de la Comisión, el presidente del Cpccs sí expidió el Reglamento para la Administración, Utilización, Mantenimiento y Control del Parque Automotor; así como, el Reglamento Interno para Autorización, Cálculo, Pago y Liquidación de Viáticos y Movilizaciones de los Servidores y Trabajadores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando esta era una función del Pleno de la institución.
En tal sentido, Cruz, al arrogarse funciones y competencias que le corresponden al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, incumplió con lo que dispone el artículo 82 de la Constitución de la República.

MEDIDAS ECONÓMICAS ESTÁN LISTAS: CRÉDITO, REGULACIÓN A LA BANCA Y PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

En un encuentro con medios de comunicación de Imbabura, el presidenciable Andrés Arauz aseguró que no le temblará la mano para cobrar los impuestos que ciertos grupos le deben al país, así como, protegerá la industria nacional, fomentará la colocación de crédito a tasas mucho más bajas que las vigentes, se revisarán las comisiones por servicios bancarios, se evitarán descuentos indebidos de las cuentas de la clase media ecuatoriana.

121257202_162654565535254_6566869533497900135_o121300876_162654525535258_314668210465463986_o

“Estas regulaciones están listas y se aplicarán a partir del 24 mayo de 2021”, dijo. Concretamente, con la entrega de crédito se beneficiarán sectores como: PYMES, mujeres, pueblos y nacionalidades, jóvenes emprendedores, la zona del campo y las Finanzas Populares: “son mil millones de dólares con financiamiento del Banco Central”.

La recuperación también contempla poner dinero en el bolsillo de la gente a través de medios tecnológicos para que circule más rápido y genere más actividad económica en la sociedad.

Captura de Pantalla 2020-10-11 a la(s) 14.15.45

La industria textil de Imbabura y del país será rescatada, “tenemos una industria pujante, fuerte que se ha visto afectada por un bobo aperturismo que permite la libre importación, sin aranceles y sin acceso a la compra pública”, todo esto vamos a corregir para retomar la actividad industrial”, recalcó.

La Ciudad del Conocimiento Yachay será retomada y repotenciada “es el camino hacia el desarrollo científico, tecnológico, de innovación para salir de una economía primaria, hacia una basada en el conocimiento, ese proyecto generará oportunidades para todos los jóvenes del país”.

INTERPOL nos recuerda que la ciberdelincuencia es un delito real (#OnlineCrimeIsReal).

SINGAPUR – Si bien la mayoría de nosotros nos precavemos de los delitos tangibles del mundo “real”, no siempre mantenemos la misma cautela ante los delitos virtuales del mundo digital.

crimenes interpol

Los delitos de allanamiento de morada con miras a cometer otro delito o los de lesiones son hechos tangibles. Por el contrario, la ciberdelincuencia, que entraña numerosos peligros ocultos en línea, es prácticamente imperceptible, lo que nos lleva a subestimar la magnitud de sus estragos o el riesgo de convertirnos en víctimas, aun cuando sus consecuencias pueden ser tan demoledoras como las de los delitos tangibles.
Asimismo, las cibervíctimas no siempre son conscientes de que deben denunciar estos delitos a la policía del mismo modo que lo harían si, por ejemplo, sufren un robo en casa, ya que en realidad no son testigos del robo ni han visto quién es el culpable.

La ciberdelincuencia es un delito real
INTERPOL ha lanzado hoy una nueva campaña de sensibilización de la ciudadanía, con la que, por medio del hashtag #OnlineCrimeIsRealCrime, pretende enviar el mensaje de que la ciberdelincuencia es un delito real y debe tratarse con la misma gravedad que cualquier otro tipo de delito.
El objetivo de esta campaña es informar a los ciudadanos de cuáles son las principales ciberamenazas y cómo identificarlas, así como ofrecerles consejos generales de ciberseguridad para minimizar el riesgo de convertirse en víctimas.
Durante las próximas seis semanas se difundirán en los canales de medios sociales de INTERPOL publicaciones, materiales gráficos y vídeos con los mensajes clave de la campaña. Cada una de estas semanas estará dedicada a uno de los temas de ciberdelincuencia siguientes, identificados como las principales amenazas a escala mundial.

  • Phishing;

  • ransomware;

  • extorsión sexual;

  • cryptojacking (extracción de criptomonedas);

  • estafas BEC (estafas a empresas por e-mail mediante suplantación de identidad);

  • delitos en línea contra menores.

En esta campaña se impartirán asimismo consejos generales sobre ciberhigiene, con orientaciones prácticas y sencillas para protegernos a nosotros y a nuestros dispositivos y cuentas en línea frente a los ciberdelincuentes.
Y concluye: “Sin embargo, puede que el mensaje más importante de todos sea que los ciberdelitos son delitos reales, con lo que si usted es víctima de alguno de ellos, debe denunciarlo de inmediato a la policía, al igual que lo haría con cualquier otro delito”.
La campaña de sensibilización se está llevando a cabo en el marco del proyecto de INTERPOL de desarrollo de capacidades Cyber Americas II, y se nutre de la experiencia transmitida por el Programa de Ciberdelincuencia de INTERPOL. Este proyecto comenzó en 2018 y está financiado por el Gobierno de Canadá. Su objetivo es mejorar las capacidades de 35 países beneficiarios de América Latina y el Caribe en materia de lucha contra la ciberdelincuencia, y con este fin se organizan cursos especializados dirigidos a las fuerzas del orden y se ponen en marcha iniciativas de prevención.
Los organismos encargados de la aplicación de la ley de la región de las Américas y de todo el mundo, y las principales empresas de ciberseguridad difundirán los mensajes de la campaña con el
hashtag #OnlineCrimeIsReal, para que tengan el mayor eco posible en todos los rincones del planeta.

Está en HechosEcuador, medio de comunicación digital. Usted acepta nuestras cookies si continúa utilizando nuestro sitio web. SOBRE NUESTRAS POLITICAS