Archives for 12 July 2020 | Ecuador en línea

María Alejandra Muñoz designada Vicepresidenta de la República del Ecuador por la Asamblea Nacional

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La Asamblea Nacional designó a María Alejandra Muñoz como Vicepresidenta de la República.
Quito.- En la sesión virtual 677, el pleno de la Asamblea Nacional designó con 75 votos a María Alejandra Muñoz Seminario como Vicepresidenta Constitucional de la República para el periodo que resta del Gobierno liderado por el presidente Lenín Moreno.
Muñoz fue electa de una terna conformada por el secretario General de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán y la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
La segunda mandataria es guayaquileña, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UEES, abogada con especialización en Derecho Empresarial y Tributario y máster en Prevención de Violencia contra la Mujer y Políticas de Inclusión.
Cuenta con dos certificaciones: del Programa de Entorno Económico y Político Global, Gestión de Riesgos, Manejo de Crisis Institucionales y Prácticas Antisoborno de la Universidad de Cambridge, Londres, y del Programa de Liderazgo y manejo de cambio del IESE Business School, Miami.
Desde septiembre de 2018 se desempeñó como Directora  del  Servicio  Nacional  de  Aduanas  del Ecuador.
Tiene amplia experiencia en las áreas de asuntos regulatorios y públicos, manejo de riesgos, administración de crisis institucionales, cumplimiento de políticas anticorrupción, desarrollo de cultura ética y de transparencia y la implementación de políticas de inclusión y no discriminación.
Además, ha ejercido la docencia en la cátedra de Derecho Administrativo en la UEES.
María Alejandra Muñoz es la tercera mujer en ocupar el cargo y es la Vicepresidente del Ecuador número 51. Su designación se da luego de la renuncia de Otto Sonnenholzner, el 07 de julio de 2020.

Presidenta del CNE garantiza enfoque de género en reglamentación electoral para comicios generales del 2021

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La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, informó este viernes 17 de julio que 9 reglamentos al Código de la Democracia están en trámite de aprobación y se sumarán a los 10 que ya están en vigencia para los comicios presidenciales y parlamentarios de 2021. Explicó que entre las 9 normativas pendientes y las que ya están aprobadas, al menos 7 tienen relación directa con la equidad de género.
Así lo señaló durante una reunión en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, donde ratificó su total compromiso con la participación política de las mujeres y destacó que estos reglamentos no son el resultado de un trabajo aislado o unilateral del CNE, sino que responden a la voluntad política del órgano electoral para concretar una amplia convocatoria a las organizaciones internacionales, de la sociedad civil y colectivos de mujeres que han aportado en sus contenidos.
Entre los reglamentos que tienen relación directa con la equidad de género, están: Alianzas Electorales; Democracia Interna; Inscripción y calificación de candidaturas; Debates entre candidatos; Control de propaganda y publicidad electoral; Asignación del Fondo Partidario Permanente; Inscripción de organizaciones políticas y registro de directivas; y Mesas de atención preferente.
Diana Atamaint aclaró que la disposición del Reglamento de Democracia Interna que establece que la aceptación de una candidatura se realice de manera personal ante un delegado del CNE ya estaba vigente desde el año 2012 y fue puesta a consideración del Consejo Consultivo de las Organizaciones Políticas, que no emitió ninguna observación al respecto.
La presidenta del CNE invitó a todas las organizaciones internacionales y de la sociedad civil a establecer veedurías ciudadanas del proceso electoral en temas de género. Destacó las reformas al Código de la Democracia relacionadas con la tipificación y sanción de la violencia política contra las mujeres, así como el porcentaje mínimo que deben ocupar como cabezas de lista en las próximas elecciones que será del 15%.
Diana Atamaint reiteró su agradecimiento a ONU-Mujeres, Participación Ciudadana, la Red de Mujeres Políticas del Ecuador, Grupo FARO, la plataforma Convergencia-Esquel, el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y la fundación Haciendo Ecuador, entre otras.
Gracias a la gestión de la presidenta del CNE y de la Comisión de Justicia de la Asamblea en las próximas semanas se realizará un taller sobre el enfoque de género en los reglamentos al Código de la Democracia que se están debatiendo.

Asamblea Nacional designa a María Alejandra Muñoz como Vicepresidenta de la República

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El Pleno de la Asamblea Nacional, con 75 votos afirmativos, designó a María Alejandra Muñoz como Vicepresidenta de la República del Ecuador, en reemplazo de Otto Sonnenholzner, quien renunció a su cargo, el pasado 7 de julio.
La moción para la designación de Muñoz, quien figuraba como la tercera de la terna enviada por el presidente de la República, Lenín Moreno, al Legislativo, fue presentada por la asambleísta Marcia Arregui, quien durante su intervención destacó la trayectoria profesional, preparación académica y el servicio a la comunidad de la candidata.
Posesión
La segunda mandataria será posicionada en los próximos días, una vez que deje el cargo de Directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
El artículo 230 numeral 1 de la Norma Constitucional señala que en el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la ley, el desempeñar más de un cargo público simultáneamente; por tal motivo, la funcionaria deberá ser cesada de funciones por remoción de su cargo para ocupar el nuevo.
Perfil
María Alejandra Muñoz Seminario se desempeña desde 2018 como directora Nacional del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). Es licenciada en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, abogada de los Tribunales y Juzgados con especialización en Derecho Empresarial y Tributario. Además, es máster en Prevención de Violencia contra la Mujer y Políticas de inclusión por la Universidad Salamanca de España.
Posee una certificación del programa de Entorno Económico y Global, Gestión de Riesgos, manejo de Crisis Institucionales y prácticas antisoborno por la Facultad de Justicia de la Universidad de Cambridge en Londres; también, una certificación del programa de Liderazgo y manejo del IESE Business School de Miami, Estados Unidos.
Durante 19 años, ha ejercido la profesión con experiencia, principalmente, en las áreas de derecho público, empresarial, tributario y derechos humanos. En el ámbito privado, ha sido consultora, investigadora y directora Ejecutiva de áreas sobre asuntos regulatorios y ética con énfasis en aplicación de políticas de inclusión de la mujer.
Otras mociones
Antes de escuchar las tres mociones, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, indicó que el proceso para elegir al Vicepresidente de la República se realizará apegado a la Constitución, y ratificó que la Asamblea es garante de la democracia.
Acto seguido tomó la palabra el legislador Rubén Bustamante, quien tras reconocer la trayectoria política, preparación y confianza del presidente de la República, Lenín Moreno, a María Paula Romo mocionó que sea ella quien ocupe la Vicepresidencia de la República, sin embargo, no obtuvo los votos necesarios, hubo 36 afirmativos, 87 negativos, un blanco y 11 abstenciones.
La asambleísta Noralma Zambrano mocionó la candidatura de Juan Sebastián Roldán. Durante su intervención hizo referencia a la eficacia, eficiencia y objetividad con la que ha desarrollado las tareas encomendadas en la función pública. La votación en esta ocasión fue: 12 afirmativos, 88 negativos y 35 abstenciones.
Resolución
El Pleno de la Asamblea Nacional, antes analizar la terna para elegir al Vicepresidente de la República, aprobó, con 131 votos, una resolución presentada por la asambleísta Verónica Guevara para que el Pleno conozca y resuelva el informe elaborado por la Comisión Multipartidista en torno a las investigaciones al exasambleísta Daniel Mendoza por presuntos actos de corrupción.
SV/cz

Más de 32.000 dosis de droga salen del mercado de consumo en Chone

Ultima Hora


El Comandante de la Policía Nacional del Ecuador en el Distrito Chone- Flavio Alfaro, TCRNL. Andrés Erazo, informa que se realizó varias intervenciones junto a la Fiscalía, en inmuebles de la ciudadela Camilo Giler y Santa Fe 2.000 en Chone, el día hoy en horas de la madrugada.

Luego de los trabajos de inteligencia se judicializaron órdenes de allanamiento a través del eje investigativo policial, en varios inmuebles. El resultado final fue la detención de 4 personas y el levantamiento de 32 kilos de marihuana, un arma de fuego tipo carabina calibre 16, teléfonos celulares y otros elementos de convicción sobre el presunto delito de tenencia y expendio se sustancias sustancias sujetas a fiscalización.

Los aprehendidos responden a los nombres de:

• PEDRO DANIEL R. M. de 39 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, NO registra detenciones.
• YAIRA JOHANA V. R, de 26 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, NO registra detenciones.
• JESUS INGERVRETH C. P. de nacionalidad venezolana, NO registra detenciones.
• ROGER ANTONIO V. L. de 34 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, NO registra antecedentes.

En los allanamientos participaron la Policia Judicial, Criminalística, el grupo Antidrogas con Canes Policiales, los patrulleros del Servicio Preventivo y el Escuadrón del Grupo Motorizado del Distrito Chone. Además, 4 Fiscales dieron acompañamiento y avalizaron los procedimientos tomados por los ejes investigativo y preventivo de la Policía Nacional en el cantón Chone.

Las 32.000 dosis fuera del mercado de consumo representan una respuesta de seguridad ciudadana por parte de la Policía Nacional, a la necesidad de bienestar de la juventud y perjuicio a las economías ilegales.

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El TCRNL. Andrés Erazo mencionó que entre la propuesta policial para combatir el problema del microtráfico está la rehabilitación de los consumidores y su inserción al mercado productivo, por lo cual ha requerido al GAD de Chone incorporar a esta población en los proyectos productivos de huertos familiares y a quienes están en el espacio público sin una actividad, para lograr que sean
considerados. Más de 40 ciudadanos se han inscrito como potenciales candidatos. Todos los esfuerzos institucionales deben enfocarse con combatir este flagelo social, enfatizó.

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En Chone preñan a las vacas con inseminación artificial

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Es la mañana del jueves. El astro rey aparecía junto al cálido viento sobre la finca Los Naranjos, en Las Playitas de San Antonio, donde su principal, Franklin Saltos, miraba atento hacia su ternero de tres meses, que era operado por María José Rojas, veterinaria del GAD Chone, para quitarle un bulto pequeño cerca del ombligo. 
Y no sólo de este servicio municipal está satisfecho este ganadero. "Dos de mis vacas ya cuentan con el mecanismo de inseminación artificial y se encuentran en plena preñez. En sí, está llevándose a cabo una acción muy positiva", enfatizó don Franklin, como es conocido en la zona y quien toda su vida la ha dedicado a la ganadería. 
Justamente Rojas explicó que la inseminación artificial consiste en colocar pajuelas, con un semen seleccionado, en el útero de las vacas. Se realiza con el fin de lograr un mejoramiento genético en un hato ganadero. 
Así, mientras la veterinaria corregía esta hernia umbilical que exponía parte del intestino del ternero, dos vacas recibían el chequeo ginecológico por parte de técnicos de la dirección municipal de Desarrollo Económico y Turismo. 
Se trataba de diagnosticar preñez temprana y problemas reproductivos, mediante ecografías realizadas por el técnico Iván Viteri, y poder ejecutar acciones de inseminación artificial en estas reproductoras.
De esta manera, la municipalidad asiste al sector ganadero de Chone, con inseminación, chequeo ginecológico y cirugías.
Don Franklin resalta que los técnicos municipales le hayan aportado más conocimientos, pero al mismo tiempo ellos también han aprendido de su experiencia práctica, de lo que se siente satisfecho en llevar adelante.

La pandemia de COVID-19 puede significar décadas de retraso en el desarrollo sostenible

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El Secretario General de las Naciones Unidas afirmó este martes que la crisis generada por la pandemia de COVID-19 está teniendo efectos devastadores debido a las fallas pasadas y presentes del mundo en materia de desarrollo. “Hoy no voy a decirles que todo está bien. (…) Necesitamos ser honestos”, reclamó a los participantes en el segmento ministerial del Foro Político de Alto Nivel que revisa los avances hacia las metas de la Agenda 2030.
António Guterres consideró que los países todavía 
no están tomando en serio los Objetivos de Desarrollo Sostenible y citó, por ejemplo, la falta de solidaridad y de cooperación internacional efectiva.
Señaló que el año pasado el mundo enfrentaba ya grandes retos entre los que destacaban “los 
niveles inaceptables de pobreza, el avance del cambio climático, la persistente desigualdad de género y el déficit de financiamiento al desarrollo”.
A estos flagelos se suma hoy el desafío masivo global que plantea la pandemia del coronavirus, agregó.
Guterres recordó que la pérdida de 400 millones de empleos en el segundo trimestre de 2020 se traducen en 
la mayor caída de los ingresos per cápita desde 1870 y se refirió a los 265 millones de personas que sufrirían inseguridad alimentaria para fin de año, cifra que duplica a la población afectada por ese lastre antes de la crisis.
“En un momento en el que necesitamos desesperadamente ir hacia adelante, el COVID-19 
nos puede atrasar años, incluso décadas, dejando a los países con retos fiscales masivos y crecientes. La crisis nos aleja aún más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, recalcó.
Estar a la altura
No obstante el actual escenario, aseveró que se puede cambiar el rumbo y tomar la dirección adecuada si se invierte en salud, resiliencia, educación, protección social y servicios básicos como agua potable y saneamiento.
El Secretario General también se dijo alentado por la respuesta a la crisis de los gobiernos, los socios internacionales, el sistema de las Naciones Unidas y los trabajadores sanitarios de todo el mundo, así como de los actores comunitarios que se han movilizado para atender a los necesitados.
Destacó igualmente las voces de los jóvenes, el 
activismo de la sociedad civil y el poder de innovación y adaptación de los empresarios.
Según Guterres, la sacudida que la crisis está dando al mundo puede ser una oportunidad para 
instaurar un multilateralismo incluyente y efectivo, además de dar pie a que se rompa con los enfoques y prejuicios del pasado.
En este sentido, abogó una vez más por la implementación de un 
paquete de rescate equivalente a un mínimo del 10% del Producto Interno Bruto mundial.
“Es esencial contar con mecanismos de solidaridad para garantizar que el mundo en desarrollo se beneficie, y esto incluye que haya niveles adecuados de 
condonación de deuda. (…) Tenemos que estar a la altura de la situación”, enfatizó el líder de la ONU.
Década de recuperación
El presidente de la Asamblea General, por su parte, se dirigió a los participantes del cónclave virtual para subrayar que “la humanidad no puede sobrevivir las múltiples crisis que afronta si no trabaja en conjunto y con respeto a todos los pueblos y toda la vida del planeta”.
Tijjani Muhammad-Bande sostuvo que la década planeada para impulsar el desarrollo se convirtió en un decenio de recuperación.
La Asamblea General proclamó en septiembre del año pasado la Década de Acción para el Desarrollo Sostenible con la intención de 
acelerar los planes encaminados al cumplimiento de las metas de desarrollo en vista de la falta de avances tangibles en muchos países.
En opinión de Muhammad-Bande, los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben ser el corazón de las estrategias gubernamentales para proteger a las comunidades de futuros cheques por medio de la 
construcción de estructuras económicas y sociales resilientes.
Agregó que la comunidad internacional debe 
reconstruir mejor y aumentar sus ambiciones de crear el futuro que el mundo desea.
Entre los oradores del Foro estuvieron la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, la presidenta del Consejo Económico y Social, Mona Juul, y representantes de la juventud.

Fiscalía demostró que Fernando A. causó un perjuicio económico al Estado por más de 200.000 dólares

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En el segundo día de audiencia de juzgamiento contra el exsecretario nacional de Comunicación, Fernando A., los exsubsecretarios Pablo Y. y Galo P., y el gerente general de la productora Gota Azul, Carlos B., la Fiscalía General del Estado terminó con la presentación de los elementos probatorios.
Seis pruebas periciales, cinco testimoniales y cincuenta y tres documentales expuso el fiscal general del Estado subrogante, Dr. Wilson Toainga, ante el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, mismas que demostrarían la participación de los procesados como coautores del delito de peculado, que causó un perjuicio económico al Estado ecuatoriano de 201.000 dólares más IVA.
En estos dos días de audiencia rindieron su testimonio peritos en finanzas, informática, contratación pública y de audio y video. Mientras que como testigos constan auditores de la Contraloría General del Estado y exfuncionarios de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom).
En relación a la prueba documental, se expusieron copias certificadas de acciones de personal, contratos, memorandos, informes de labores, entre otros.
Fernando A., Pablo Y. y Galo P. son procesados por Fiscalía porque contrataron a Víctor Hugo E. como técnico audiovisual del enlace ciudadano, sin que cumpliera los requisitos para el cargo.
Fiscalía demostró que Víctor Hugo E. tenía una relación laboral con el Estado; sin embargo, también entregaba los productos comunicacionales a Carlos B., de quien recibía disposiciones, situación que conocían los funcionarios públicos procesados.
Además, se probó que Carlos B. suscribió un contrato con la Secom por 189.000 dólares (más IVA) y que –para cumplirlo– presentó el trabajo de Víctor Hugo E. Es decir, Carlos B. utilizó un trabajador remunerado por el Estado para su beneficio.
El Tribunal suspendió la audiencia a las 17:00 y dispuso que se reinstale el viernes 17 de julio (mañana), a las 08:30.

Foro sobre derecho de alimentos en el nuevo Código de Niñez captó más de 520 participantes

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Con la presencia de más de 520 participantes, a través de medios digitales, se cumplió este jueves, 16 de julio, el Foro sobre “Derecho a alimentos en el marco del nuevo Código Orgánico para la Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes”, organizado por la Asamblea Nacional, a través de la Comisión Ocasional de Niñez; Pacto Niñez y Adolescencia; Colectivo Compromiso por la Niñez y Adolescencia; y, la Coalición contra el Abuso Sexual a la Niñez (Cocasen).
En la apertura de este encuentro, María Encarnación Duchi, presidenta de la referida Comisión Ocasional, destacó la importancia de este tipo de debates sobre temas de trascendencia, en este caso el Régimen de Protección Económica, como se denomina a esta temática de alimentos en el nuevo Código, que fuera tramitado por el Pleno de la Asamblea, en primer debate.
Explicó que este cambio de denominación obedece a que la pensión alimenticia, así conocida en la actual legislación, no solo cumple con esta finalidad, sino representa la responsabilidad de los progenitores de atender las necesidades básicas de los alimentados, incluidos los aspectos de salud, educación, entre otros.
Agradeció el aporte de las organizaciones de defensa de derechos de la niñez y adolescencia en el desarrollo de estos talleres, a fin de profundizar el análisis del Código de la Niñez y Adolescencia.
De su lado, Patricia Salazar, delegada del Ministerio de Inclusión Económica y Social, tras sustentar la importancia de la atención a la niñez y adolescencia, dijo que comparte la propuesta en el sentido de que la pensión de protección económica se mantenga hasta que el beneficiario cumpla 24 años, siempre que justifique que se encuentra cursando estudios en cualquier nivel de educación.
En legislación comparada, Salazar citó los casos de Argentina, Colombia y Costa Rica, donde el límite es los 18 años y puede extenderse hasta los 25, por motivos de estudios, así como en Perú y Chile, países en los cuales se puede ampliar hasta los 28 años, por la misma razón.
Mientras, Shuberth Pinzón, jurista con experiencia en derecho civil, consideró viable el establecer los 24 años como límite para el pago de las pensiones alimenticias, tomando en cuenta que hasta esa edad el adulto ya ha alcanzado la formación universitaria que le habilita para ejercer una profesión o una actividad remunerada.
De su lado, Sebastián Guzmán, vicepresidente del Consejo Cantonal de Derechos de Cuenca, se mostró partidario del cambio del capítulo de pensiones alimenticias por el Régimen de Protección Económica de Niños, Niñas y Adolescentes, por cuanto este rubro atiende otras necesidades de los niños y jóvenes, como educación, salud y recreación, aspectos fundamentales de la formación de este sector de atención prioritaria.
Finalmente, Ricardo Morales, coordinador de la Defensa Pública, dijo que es necesario debatir este tema, en tanto el derecho de alimentación como está concebido permite que se atiendan sus necesidades básicas, incluida la educación, pero tratándose de una carrera de tercer nivel, debería haber algunos requisitos, por ejemplo, que el beneficiario demuestre que está debidamente matriculado, que asiste a clases y su récord académico, por cuanto es importante también que el joven aprenda a buscar su propio sustento.
EG/cz

Por segunda ocasión, presidenta del Consejo Electoral acudirá a Comisión de Justicia

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En el marco del proceso de seguimiento a la implementación de las últimas reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia), la Comisión de Justicia recibirá, por segunda ocasión, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. En la reunión participarán las redes de Mujeres Políticas y Líderes.
La sesión 101, en modalidad virtual, se cumplirá este viernes 17 de julio de 2020, a las 09h00, en la cual la autoridad explicará los avances en la expedición de reglamentos que permitan aplicar dichos cambios en los comicios generales de 2021, en especial, aquellos que contemplen temas de género.
Según el cronograma, el sufragio en nuestro país se relizaría el 7 de febrero de 2021, en que se elegirá al presidente y vicepresidente de la República, a los asambleístas y a los representantes al Parlamento Andino para el período 2021 – 2025.
El 3 de diciembre de 2019, el Parlmento ecuatoriano aprobó un conjunto de nuevas reglas para los comicios generales del próximo año. El tratamiento definitivo concluyó el 22 de enero de 2020 cuando se resolvió el veto parcial del Ejecutivo.
Reglamentación
En las reformas, se dispuso al CNE, entre otros aspectos, reglamentar y verificar el proceso de democratización interna de las organizaciones y movimientos políticos; la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública; la inclusión de jóvenes en las candidaturas a elecciones pluripersonales en una cuota no inferior al 25 %  en cada lista a inscribirse; la incorporación de ciudadanos pertenecientes a las nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio.
MG/cz

¿Conoces las inmunoglobulinas y su importancia? Tips alimenticios para elevar tus defensas y estar protegido contra las enfermedades

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A partir de la emergencia sanitaria, nuestra salud es más vulnerable y todos estamos expuestos a mayores riesgos. Este es el momento para conocer más sobre nuestro sistema inmunológico, y en especial, cómo la alimentación nos ayudaría a prevenir las enfermedades.
¿Conoces las inmunoglobulinas y su importancia? Conocidas también como anticuerpos, las inmunoglobulinas son proteínas generadas por nuestro organismo. Su importancia radica en su capacidad para detectar a los patógenos o agentes infecciosos que podrían provocar enfermedades, facilitando que estos sean reconocidos y eliminados por las células del sistema inmunológico. Su función de vigilancia y rastreo las convierte en un “pequeño ejército” que circula por todo nuestro cuerpo, para prevenir que los agentes infecciosos puedan afectar nuestra salud.
La deficiencia de inmunoglobulinas reduce nuestra capacidad de respuesta ante un virus, provocando que seamos más propensos a enfermarnos. La producción de inmunoglobulinas no se puede incrementar en nuestro organismo, pero si es posible fortalecer la capacidad de respuesta de nuestro sistema inmunológico, principalmente a través de la alimentación. Para una dieta equilibrada es clave la selección correcta de alimentos, siendo necesario conocer más sobre sus propiedades.
Podemos ayudar a nuestro sistema a generar inmunomoduladores, sustancias que modifican las defensas de nuestro organismo, al consumir proteínas y vitaminas, a través del consumo de almendras, avena, brócoli, maní, champiñones, naranjas, arándanos, frutos secos, carnes rojas y blancas, hortalizas y cereales. No obstante, una alternativa aún más eficiente son los alimentos funcionales. Los suplementos biotecnológicos logran maximizar las propiedades naturales de los alimentos de origen natural a través de alta tecnología; de esta forma, las vitaminas y minerales son aprovechados al máximo, generando efectos positivos en la salud y reduciendo el riesgo de padecer enfermedades.
A medida que envejecemos, nuestro sistema inmunológico también siente el paso de los años. Por esta razón, es vital combinar una dieta equilibrada con ejercicio, pero también es importante complementar los cuidados de nuestro organismo con suplementos alimenticios que nos ayuden a incrementar nuestras defensas. Los suplementos alimenticios pueden ser de gran ayuda en los primeros años, para garantizar un desarrollo adecuado de los niños, y en la vejez, para prevenir el padecimiento de enfermedades. Durante la juventud y adultez, los suplementos alimenticios son un gran complemento para mantener un sistema inmune fuerte y saludable.
Para fortalecer las inmunoglobulinas y maximizar nuestra capacidad de respuesta durante el periodo frágil de la emergencia sanitaria, los “súper alimentos” son especialmente recomendados porque incentivan la producción de inmunomoduladores.
En el país, Laboratorios Fakulti® es uno de los centros especializados en la investigación, creación y desarrollo de suplementos biotecnológicos, a través de procesos diseñados para maximizar la asimilación de las propiedades naturales de plantas y frutas de origen local. La marca distribuye desde hace dos años el suplemento biotecnológico Defense® producto diseñado para subir las defensas del organismo, elaborado con guanábana y calostro bovino microencapsulado.
El calostro bovino, o la leche que producen las vacas posterior al parto, es una sustancia con propiedades nutricionales extraordinarias y alta concentración de anticuerpos. Suministra factores de crecimiento e inmunidad y aporta una combinación ideal de vitaminas y minerales que aseguran la salud, la vitalidad y el desarrollo.

La guanábana, por su parte, es una fruta con estupendas propiedades para el sistema inmunológico; su alto contenido de proteínas y vitaminas ha demostrado gran efectividad en tratamiento para varias patologías incluyendo el cáncer. Además, la guanábana es rica en fibra, con beneficios para la flora intestinal, recomendada para quienes padecen de estreñimientos, al tiempo que ayuda a eliminar toxinas y previene el envejecimiento de los órganos y la piel.
Aparte de llevar una alimentación que asegure el suministro de componentes necesarios para elevar nuestras defensas, la actividad física es un complemento importante. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda realizar actividades como el ciclismo, la natación o trotar, así como minimizar el estrés y procurar un descanso adecuado. Además, es esencial mantener horarios regulares de alimentación y desarrollar una actitud positiva, pues estos factores influyen en nuestra salud y el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico.
Acerca de Fakulti® Laboratorios 
 
Fakulti® es un laboratorio especializado en la investigación, creación y desarrollo los mejores productos biotecnológicos con calidad de exportación, elaborados bajo los más altos estándares de calidad y certificaciones internacionales (BPM, FDA, HACCP), para el máximo rendimiento y cuidado de la salud. Fakulti® Laboratorios, utiliza tecnología de punta con materia prima ecuatoriana, excepcional por sus condiciones geográficas y climáticas, que se somete a controles de calidad estandarizados y bajo las más estrictas normas de buenas prácticas de manufactura. 


Vías y puentes unen comunidades del sur manabita

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El prefecto Leonardo Orlando entregó a los ciudadanos dos puentes e inspeccionó obras en dos vías


La zona rural del sur de Manabí mejora su conectividad con la inversión del Gobierno de Manabí que favorece a decenas de comunidades.
La administración del prefecto Leonardo Orlando devolvió la esperanza a habitantes de la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo que por muchos años soportaron el mal estado de un puente.
La Prefectura invirtió más de 19 mil dólares en la reparación del viaducto de 13 metros sobre el Río Vaca, facilitando la conectividad de ese cantón con Paján y Olmedo.
El pasado martes el prefecto Orlando visitó la zona y se reunió con representantes y habitantes de parroquias como Campozano, Alejo Lascano, Cascol, Guale que también se benefician con la obra.
“Este puente será, transitoriamente, el que le dé solución para el paso hacia varios cantones y decenas de comunidades. Es un paso más en ese gran proyecto del Eje de Integración Vial sur de Manabí”, expresó Orlando.
Otra obra entregada en el sur manabita fue la intervención en un puente metálico de 22 metros en la parroquia Campozano del cantón Paján. Localidades como Guinea, San Andrés, La Cascada de Santa Cruz, La Filadelfia, y otras son beneficiadas con una inversión de más de 104 mil dólares.




Unos 102 mil dólares se invierten en el mantenimiento en la vía de 2,5 kilómetros que une a la comunidad Mata de Plátano de la parroquia Alejo Lascano (Paján) con el sector de La Canoa.
En el sector de la parroquia Guale, con una inversión de aproximadamente 49 mil dólares, también se realizan trabajos viales en la ruta entre La Mesada y San Agustín.
“Nuestro compromiso es con la gente más sencilla, con nuestra gente del campo. Vamos a atender progresivamente con justicia y equidad a cada rincón de Manabí”, dijo el prefecto Orlando en estos recorridos por la obra pública que tiene el Gobierno de Manabí en la zona sur.

No vacunar a los niños durante la pandemia de COVID es cambiar una crisis de salud por otra

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Hay una disminución alarmante en el número de niños en el mundo que reciben vacunas esenciales debido a las disrupciones causadas por la pandemia de COVID-19, advirtieron el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  y la Organización Mundial de la Salud este miércoles.
Además, las interrupciones en el suministro de vacunas amenazan con revertir el progreso para hacer llegar una amplia gama de inmunizaciones a los más pequeños y adolescentes que ya de por sí ya se ha visto obstaculizada en la pasada década.
Los últimos datos sobre estimaciones de cobertura de vacunas de las agencias para 2019 muestran que mejoras como la expansión de la vacuna contra el VPH a 106 países y una mayor protección para los niños contra más enfermedades 
están en peligro de decaer.
Por ejemplo, números preliminares para los primeros cuatro meses de 2020 apuntan a una caída sustancial en el número de niños que completan tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina. Se trata de la primera vez en 28 años que el mundo podría ver una reducción en la cobertura de esa inmunización.
"Las vacunas 
son una de las herramientas más poderosas en la historia de la salud pública, y ahora se inmuniza a más niños que nunca", recordó el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.
Tedros advirtió que el sufrimiento y la muerte de los niños que no tienen acceso a las vacunas de rutina podrían ser mucho mayores que el COVID-19.
“Pero no tiene por qué ser así. Las vacunas se pueden entregar de manera segura incluso durante la pandemia, y estamos pidiendo a los países que garanticen que estos programas esenciales para salvar vidas continúen”, aseguró.

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Paulina, 10, recibe una vacuna en distribuida por UNICEF en Venezuela
Datos de interrupciones por el COVID-19
Debido a la pandemia, al menos 30 campañas de vacunación contra el sarampión han sido canceladas o corren el riesgo de ser canceladas, lo que podría provocar nuevos brotes en 2020 y los años siguientes.
Según una nueva encuesta de 
UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y la organización Gavi, realizada en colaboración con los Centros para el Control de Enfermedades de los EE. UU., el Instituto de Vacunas Sabin y la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, tres cuartos de los 82 países que respondieron informaron interrupciones en sus programas de inmunización a partir de mayo de 2020 relacionadas con COVID-19.
Las razones de los servicios interrumpidos varían. Incluso cuando se ofrecen servicios, las personas no pueden acceder a ellos debido a la renuencia a salir de casa, las interrupciones del transporte, las dificultades económicas, las restricciones de movimiento o el miedo a exponerse a personas con coronavirus. Muchos trabajadores de la salud tampoco están disponibles debido a restricciones en los viajes o la redistribución a las tareas de respuesta de COVID, así como la falta de equipo de protección.
"El COVID-19 ha convertido la vacunación de rutina previa 
en un desafío desalentador. Debemos evitar un mayor deterioro en la cobertura de las vacunas y reanudar urgentemente los programas de vacunación antes de que las vidas de los niños se vean amenazadas por otras enfermedades. No podemos cambiar una crisis de salud por otra", afirmó la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.

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Un bebé de 6 meses recibe una vacuna en un centro de salud comunitario en Beijing, China.
La tasa de cobertura global se estanca
El progreso en la cobertura de inmunización de por sí se estancó antes del impacto de COVID-19, al 85% para las vacunas de la difteria y el sarampión. La probabilidad de que un niño nacido hoy esté completamente vacunado con todas las vacunas recomendadas a nivel mundial para cuando llegue a la edad de 5 años es inferior al 20%.
En 2019, casi 
14 millones de niños no tuvieron acceso a vacunas que salvan vidas, la mayoría en África. Dos tercios de ellos se concentran en 10 países de ingresos medios y bajos: Angola, Brasil, República Democrática del Congo, Etiopía, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán y Filipinas. Los niños en los países de ingresos medios representan una parte cada vez mayor de la carga.

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Una niña es vacunada en una clínica de Ucrania.
Progresos y desafíos, por país y región
Ha habido algún progreso. La cobertura regional para la tercera dosis de la difteria en el sur de Asia ha aumentado en un 12% en los últimos 10 años, especialmente en India, Nepal y Pakistán.
Sin embargo, ese progreso ganado con tanto esfuerzo podría deshacerse con las interrupciones relacionadas con COVID-19. Los países que habían registrado un progreso significativo, como Etiopía y Pakistán, ahora también corren el riesgo de retroceder si los servicios de inmunización no se restablecen tan pronto como sea posible.
La situación 
es especialmente preocupante para América Latina y el Caribe, donde la cobertura históricamente alta se ha reducido en la última década. En Brasil, Bolivia, Haití y Venezuela, la cobertura de inmunización se desplomó al menos en un 14% desde 2010. Estos países ahora también se enfrentan a interrupciones moderadas a severas relacionadas con COVID19.

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Una niña recibe una vacuna contra el sarampión en la República Democrática del Congo
Ayuda de las agencias de la ONU
UNICEF y la Organización Mundial de l Salud están apoyando a los países en sus esfuerzos por reinventar la inmunización y reconstruir mejor a través de:

  • la restauración de servicios para que los países puedan brindar servicios de inmunización de rutina de manera segura durante la pandemia de COVID-19, adhiriéndose a las recomendaciones de higiene y distanciamiento físico y proporcionando equipo de protección a los trabajadores de la salud

  • la ayuda a los trabajadores de la salud a comunicarse activamente con los cuidadores para explicar cómo se han reconfigurado los servicios para garantizar la seguridad;

  • la rectificación de brechas de cobertura e inmunidad

  • la expansión de los servicios de rutina para llegar a las comunidades perdidas, donde viven algunos de los niños más vulnerables.

  • Fuente NOTICIAS ONU

Fiscalía presenta pruebas en audiencia de juicio contra ex Secretario Nacional de Comunicación y 3 personas más

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En el mezanine de la Corte Nacional de Justicia, se desarrolla la audiencia de juzgamiento en contra de Fernando A., exsecretario nacional de Comunicación; Pablo Y., exsubsecretario nacional de Comunicación; Galo P., exsubsecretario de Medios Institucionales; y, Carlos B., gerente general de la productora Gota Azul; por su presunta participación en el delito de peculado.
En la audiencia participa el fiscal general del Estado subrogante, Dr. Wilson Toainga, quien –en su alegato inicial– mencionó que el hecho investigado se suscitó de mayo a diciembre de 2014, en la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), institución pública que en esa fecha era dirigida por Fernando A., quien junto a Pablo Y. y Galo P. contrataron a Víctor Hugo E., como técnico audiovisual del enlace ciudadano, sin que este cumpliera con los requisitos para el cargo.
Según Fiscalía, Víctor Hugo E. tenía una relación laboral con el Estado, pero en los informes de actividades que enviaba, constaba que también entregaba productos comunicacionales a Carlos B., de quien recibía disposiciones. Este hecho era conocido y aprobado por los funcionarios públicos antes mencionados, quienes disponían el pago de sus haberes.
Asimismo, Carlos B. habría suscrito un contrato con la Secom por 189.000 dólares más IVA, pero –para cumplirlo– presentó el trabajo de Víctor Hugo E. Es decir, de acuerdo con Fiscalía, Carlos B. utilizó un trabajador remunerado por el Estado para su beneficio y la Secom pagó dos veces por los mismos productos.
En este primer día de audiencia, Fiscalía presentó el testimonio de dos peritos y cuatro testigos, entre ellos dos auditores de la Contraloría General del Estado y una exfuncionaria de la Secom, quien manifestó que Pablo Y. dispuso la contratación de Víctor Hugo E.
El Tribunal –conformado por los jueces Iván León, Daniella Camacho e Iván Saquicela– suspendió la audiencia a las 17:20 y dispuso su reinstalación para mañana, 16 de julio, a las 08:30.

Comisión de Trabajadores revisó tema de desvinculaciones en empresas públicas

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Los decretos ejecutivos para el cierre y la reestructuración de las empresas públicas, como medida para enfrentar la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria, originó incertidumbre en los trabajadores, sobre todo, en los grupos vulnerables. La Comisión Laboral, que preside Karina Arteaga Muñoz, junto a afectados y directivos de las entidades, analizó los procesos de cierre. Actuará de manera inmediata para el necesario cumplimiento de los derechos de los trabajadores.
En representación de los trabajadores de Ferrocarriles del Ecuador, Marcelo Tapia, pidió la intervención del ente legislativo, para que no se vulneren los derechos de los funcionarios de las empresas públicas que están en proceso de liquidación. A su criterio, el Decreto Ejecutivo que dispone la liquidación de la empresa, es inconstitucional, por lo que presentaron una demanda ante la Corte Constitucional. Dijo que lucharán hasta las últimas consecuencias y exigirán de forma pacífica el pronunciamiento a su favor.
De Ecuador Estratégico, el gerente subrogante, Jorge Ortiz, aseguró que están garantizado los derechos de los servidores que pertenecen a los grupos de atención prioritaria. Señaló que todos registran una vigencia contractual hasta el 31 de diciembre de 2020 y subrayó que pese a la fase de optimización ejecutada, han decidido no ejecutar desvinculaciones del personal del grupo prioritario durante la transición de la empresa, mientras no se establezcan las alternativas, procedimientos y rubros a considerar para el efecto.
Además, que están haciendo los acercamientos necesarios con el Ministerio de Transporte para que estas personas sean ubicadas en dicha entidad; y, con la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco) para tener los direccionamientos necesarios y actuar respecto de los grupos prioritarios.
El gerente de Flopec, Jaime de Jesús Condoy, sostuvo que la empresa reconocerá y pagará todos los derechos pendientes y la bonificación e indemnización que según el caso les corresponde a los servidores desvinculados. Informó que fueron separados 35 servidores públicos, 15 de ellos, con contrato ocasional y 20 de nombramiento. Además, reconoció que se cometió un error con tres servidoras en período de lactancia y una persona con enfermedad catastrófica; al detectarlo, se dejó sin efecto.
Según la asambleísta Rina Campain, de los 35 servidores despedidos de Flopec, el 63 % son de Esmeraldas y 18 personas con nombramiento permanente, pese a lo cual se mantiene personal con contrato ocasional, con sueldos altos y bono de residencia.
Contrato colectivo
El secretario general del Sindicato del Comité Trabajadores de la Empresa de Explosivos, (Explocen), Freddy Caiza, reseñó la situación de los trabajadores y la negociación del contrato colectivo. Tras solicitar ayuda ante vulneración de derechos, afirmó que la planta de Explocen se encuentra en custodia policial y los dirigentes son vigilados.
Sobre este hecho, Angélica Porras, su representante legal, aseguró que el Ministerio de Trabajo no brinda garantías para la huelga. Dijo que durante ocho años han planteado el contrato colectivo, pero hasta la fecha no se los atiende, a su vez invitó a los asambleístas a verificar la situación en que se desarrolla la huelga de los trabajadores. De igual forma, Juan Carlos Robalino, vocal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuestionó el envío de personal militar a las instalaciones de Explocen.
Marcela Holguín dijo que ante el conflicto de los trabajadores, requirió información a las autoridades competentes, pero no dan respuestas. Reiteró que hay vulneración de los derechos desde hace mucho tiempo. Vicente Taiano propuso conformar una subcomisión de tres legisladores para que en el plazo de una semana tener un informe sobre la situación de estos trabajadores.
Medios públicos
En otra comparecencia, Edison Toro, de la Empresa de Medios Públicos, enfatizó que se respetarán los derechos de los trabajadores y reconocerán las indemnizaciones a las que tienen derecho por ley. Informó que los 60 días de plazo para la preliquidación se cumplirán el fin de semana, período en el que se hizo un diagnóstico de la situación de activos y pasivos para preparar la liquidación de la empresa.
Explicó que tienen un total de 618 trabajadores y para la desvinculación habrá dos fases. Admitió que 152 funcionarios que fueron desvinculados desde 2007 aún no han recibido sus liquidaciones.
Resolución
Tras la moción del asambleísta Vicente Taiano, la Comisión resolvió solicitar a la Empresa Pública Flopec remita la documentación referente a la ejecución presupuestaria de personal sobre las desvinculaciones hechas, desde enero de 2020 hasta la presente fecha, y se envíe dicha información para el control por parte de la Contraloría General del Estado.
Además, conformará una Subcomisión a fin de verificar in situ la situación laboral de los trabajadores de Flopec y Explocen C.A. y en un plazo máximo de dos semanas, se remita a la Comisión, el respectivo informe; e, insistirá en la comparecencia de los titulares de las empresas Ferrocarriles del Ecuador; Tame; Siembra; Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento; Correos del Ecuador; y, Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA).
RSA/cz

Comisión analizó la utilización del carné para personas con discapacidad en la importación de vehículos

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Junto a la autoridad del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), la Comisión del Derecho a la Salud, que preside William Garzón, analizó la denuncia sobre la importación de vehículos, utilizando el carné para personas con discapacidad.
La directora del Senae, María Alejandra Muñoz, detalló tres puntos: el proceso de importación para las personas con discapacidad; los datos de las importaciones 2018 -2019; y, el control aduanero. Informó que a inicios de 2019 se implementó un proceso electrónico previo, para facilitar el trámite y que las personas con discapacidad puedan consultar el porcentaje de su exoneración.
Explicó que para valorar los vehículos usados y autorizar la importación por parte de personas con discapacidad se cruza información con aduanas internacionales para evitar irregularidades. Para acceder a este beneficio se debe demostrar que tiene un carné de discapacidad emitido por la autoridad rectora; y, contar con una factura o comprobante de compra venta que no supere los 60 salarios básicos unificados.
La funcionaria reveló que desde el año 2019 se han importado 6069 vehículos, de ellos, el 91 % son nuevos, el 9% usados y de este porcentaje el 5% son de alta gama. Sostuvo que a finales del 2019 reportó al Ministerio de Salud Pública la tendencia de crecimiento de la importación de vehículos para personas con discapacidad.
Mencionó, que se han realizado 193 auditorías posteriores a la importación de vehículos para personas con discapacidad y se ordenó el reembarque de 113 vehículos. Además, que el Senae remite trimestralmente la información a las autoridades de control de tránsito y al SRI para el registro de la prohibición de vender el vehículo por cuatro años. Por último, dijo que realizan una auditoría a la importación de vehículos libres de impuestos para personas con discapacidad.
De su lado, Stalin Basante*s*, veedor del proceso de carnetización de personas con discapacidad, mostró su indignación por los actos fraudulentos, -que según dijo- viene desde hace mucho tiempo, pero no se ha dado soluciones estructurales, al tiempo de informar que en 2014 capacitaron, de manera virtual, durante 4 días, a 800 profesionales  calificadores.
A su criterio, la entrega irregular del carné de discapacidad ha ocasionado la reducción de las plazas de trabajo para este grupo de personas y advirtió que en esta entrega irregular se han cometido varios delitos como evasión tributaria, falsificación de documentos, utilización de documentos alterados y estafa.
El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, quien estuvo invitado para que explique las medidas y motivos del otorgamiento del carné de discapacidad a varios asambleístas, familiares de asambleístas, jueces y otros personajes que fungen como autoridades del Estado, se excusó aduciendo que a la misma hora estaría participando del gabinete ampliado.
Criterios de asambleístas
Los legisladores reiteraron su rechazo en la entrega de carnés de forma irregular y manifestaron que no permitirán que se afecte los derechos de las personas con discapacidad. Ángel Sinmaleza expresó que el Estado tiene la obligación de proteger a las personas con discapacidad y que lo ocurrido con los carnés no puede perjudicar los derechos. Solicitó a la Senae el listado de las personas que desde el 2013 importaron vehículos con el carné.
A la asambleísta Marcela Holguín  le llama la atención que "hace un año la SENAE haya emitido la primera alerta sobre el incremento en la importación de vehículos con carné de discapacidad, pero el Ministerio de Salud no haya corregido. William Garzón reiteró que tras la resolución del Pleno de esta víspera, la Comisión iniciará una profunda investigación, de las denuncias de entrega irregular de carnés de discapacidad.
RSA/cz

Este viernes, Asamblea designará Vicepresidente de la República

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Mediante convocatoria a la sesión del Pleno 677, en modalidad virtual, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, citó a los legisladores, este viernes 17 de julio, a las 17h40, para designar al Vicepresidente de la República, luego de recibir la terna enviada por el Primer Mandatario, el pasado 10 de julio.
En el documento enviado al Parlamento, Lenin Moreno Garcés presentó la terna conformada por María Paula Romo Rodríguez, Juan Sebastián Roldán Proaño y María Alejandra Muñoz Seminario.
La Legislatura deberá elegir al nuevo Vicepresidente con el voto afirmativo de 70 legisladores, es decir con la mayoría de sus integrantes. Para el efecto, un legislador mocionará ante el Pleno el nombre de un candidato de la terna para posteriormente consignar su voto. La designación se desarrollará conforme lo establecido en el artículo 150 de la Constitución de la República y la autoridad elegida ejercerá sus funciones por el tiempo que falte para completar el período presidencial, es decir hasta mayo de 2021.
Perfil de candidatos
María Paula Romo Rodríguez encabeza la terna. Actualmente se desempeña como ministra de Gobierno desde septiembre de 2018. Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito y máster en Gobierno y Administración Pública por la misma universidad. Se ha desempeñado como legisladora en la Asamblea Constituyente de Montecristi y luego como asambleísta por la provincia de Pichincha.
Fue docente universitaria de la Universidad Andina Simón Bolívar y decana de Jurisprudencia de la Universidad UIDE. Su labor se ha enfocado en temas de igualdad y no discriminación, así como los relacionados con la administración de justicia, instituciones democráticas, seguridad y justicia penal. Fue reconocida en 2011 por la Revista Foreing Policy como uno de los nuevos rostros del pensamiento iberoamericano por su compromiso con las mujeres y derechos humanos.
Juan Sebastian Roldán Proaño, es el segundo candidato en la terna. Actualmente es Secretario General de Gabinete. Es licenciado en Artes Liberales por la Universidad San Francisco de Quito con una especialización en Marketing Agrícola en la Fachochschule Freising de Alemania. A través de una beca cursó la Maestría en Estudios Políticos Aplicados, a través de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Presidencia y Administración Pública del Gobierno Español. Es también máster en Estudios Latinoamericanos con especialización en Ciencia Política, por la Universidad Salamanca e Instituto de Portugal.
Se ha desempeñado como secretario Particular del presidente Lenín Moreno y además fue consejero de Gobierno en este periodo presidencial. Fue subsecretario en los Ministerios de Coordinación de la Política, de Gobierno y de Seguridad. Fue coordinador de proyectos de la Fundación Viva la Ciudadanía además de consultor de proyectos en Fundación Esquel. En la docencia dictó cátedra de Sociología General en la Universidad San Francisco de Quito.
María Alejandra Muñoz Seminario cierra la terna. Actualmente se desempeña como directora Nacional del Servicio de Aduana (Senae). Es licenciada en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, abogada de los Tribunales y Juzgados con especialización en Derecho Empresarial y Tributario. Además es máster en prevención de violencia contra la mujer y políticas de inclusión por la Universidad Salamanca de España.
Posee una certificación del programa de Entorno Económico y Global, Gestión de Riesgos, manejo de Crisis Institucionales y prácticas antisoborno por la Facultad de Justicia de la Universidad de Cambridge en Londres; también, una certificación del programa de Liderazgo y manejo del IESE Business School de Miami, Estados Unidos. Durante más de 19 años ha ejercido la profesión. Dictó cátedra de Derecho Administrativo en la Universidad Espíritu Santo; y, en el ámbito privado, ha sido consultora, investigadora y directora Ejecutiva de áreas sobre asuntos regulatorios y ética con énfasis en aplicación de políticas de inclusión de la mujer.
JLVN-EA/cz

Países de las Américas aúnan esfuerzos para garantizarse el acceso a las futuras vacunas contra la COVID-19

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— Los países de las Américas están aunando esfuerzos para asegurarse el acceso a los eventuales tratamientos y vacunas contra la COVID-19, afirmó hoy la Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne.
Actuando como un bloque, los Estados Miembros de la OPS se beneficiarán de nuestra experiencia técnica, así como de nuestras décadas de experiencia en la seguridad y distribución de vacunas de manera rápida y eficiente. También nos aseguraremos de que el proceso sea lo más inclusivo posible asignando las dosis equitativamente entre los países participantes”.
La Directora de la OPS indicó que el Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS puede utilizarse como una herramienta estratégica para comprar y distribuir vacunas contra la COVID-19 cuando estén disponibles. Alrededor de 20 de los 150 candidatos actuales a vacunas ya están siendo evaluados en voluntarios.
La OPS participa en el mecanismo de OMS llamado COVAX, una colaboración global para potenciar al máximo el desarrollo, el acceso equitativo y la asignación justa de vacunas contra la COVID-19 y está apoyando a los países de América Latina y el Caribe a unirse. Bajo la iniciativa mundial denominada Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19, el pilar de las vacunas, también llamado mecanismo COVAX, negociará con los productores en nombre de los países.
"Ya tenemos 30 países y territorios de la región que se han unido (a COVAX) a través del Fondo Rotatorio de la OPS, y estamos emocionados de ver más expresiones de interés de nuestros Estados Miembros en los próximos días. Cuantos más países se unan, más fuertes seremos", sostuvo.
Etienne explicó que “esto permitirá a los países, independientemente del nivel de ingresos, asegurar mejores precios y asumir menos riesgos que si negocian individualmente”, y señaló que “ningún país debería hacer esto solo, especialmente porque si trabajamos juntos mejoramos nuestras posibilidades de éxito y reducimos la competencia".
La OPS también está coordinando con GAVI y otros asociados para garantizar que los países más vulnerables de la región reciban la vacuna contra la COVID 19 subsidiada y a un precio asequible.
El Fondo Rotatorio, un mecanismo de compras y suministro de vacunas y otros insumos de la OPS, realiza desde hace 35 años compras consolidadas de vacunas de alta calidad a precios más bajos para 41 países y territorios de la región, algo que ha sido vital para eliminar la poliomielitis, el sarampión, las paperas y la rubéola de las Américas.
Actualización sobre COVID-19 en las Américas
En un resumen de la situación de la COVID-19 en las Américas, Etienne dijo: "hasta el 13 de julio, hemos alcanzado 6,8 millones de casos y 288.000 muertes en toda la región. Esto equivale a aproximadamente la mitad de todos los casos y muertes reportados en todo el mundo. En la última semana, nuestra región ha reportado el 60% de todos los nuevos casos y el 64% de todas las nuevas muertes en el mundo". La semana pasada ha batido récords a la medida que puntos calientes regionales, como los Estados Unidos, reportaron su mayor número diario de casos.
"El número de personas que mueren por COVID-19 también está aumentando, particularmente en Brasil, México y Estados Unidos, que reportan el 77% de todas las muertes en la última semana y están experimentando algunos de los brotes más mortíferos del mundo", manifestó.
"Este virus ha redefinido la manera cómo percibimos el tiempo. En pocos meses, ha transformado nuestra forma de vida, nuestra región y nuestras economías. Debemos mirar hacia adelante para planificar cómo seleccionaremos, fabricaremos, pagaremos y distribuiremos una vacuna. Necesitamos mejorar nuestras capacidades regulatorias en materia de inmunización, construir una vigilancia posterior a la comercialización de vacunas, reforzar los programas de vacunación y mejorar o adaptar nuestras instalaciones de la cadena de frío,” añadió.

Presuntos responsables de atentados con explosivos en la Universidad de Guayaquil son llamados a juicio

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La Fiscalía del Guayas procesó a seis personas que habrían participado en los atentados con material explosivo ocurridos en las instalaciones de la Universidad de Guayaquil, donde –pese a la magnitud de los hechos– no se registraron personas heridas, solo daños materiales.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del viernes 10 de julio de 2020, en la Unidad Judicial Albán Borja, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Fernando Bonoso, presentó como elementos de convicción: las pericias de audio y video de la explosión suscitada el 22 de agosto y la ruta técnica del vehículo utilizado, el informe de extracción de información de celulares de los procesados, la ubicación georeferencial del auto utilizado y el diagrama de correlación telefónica.
Además, Fiscalía presentó los informes elaborados por el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, que determinó el uso de explosivos en los diferentes hechos; el análisis químico de indicios y las versiones rendidas por los detenidos.
La jueza de Garantías Penales, Nelly Parrales, emitió auto de llamamiento a juicio para Segundo P. S., Joshua P. R., Víctor P. R. y Andrés B. S, como coautores; mientras que, como cómplices del delito, a Daniel C. E. y Cristhian F. P., por su presunta participación en los atentados con explosivos ocurridos en matriz y parqueos de la Universidad de Guayaquil.
Los procesados guardan prisión preventiva, a excepción de Daniel C.E., quien presentó un recurso de apelación a la prisión preventiva, que fue acogido por una de las Salas de la Corte Provincial del Guayas, el pasado 14 de noviembre de 2019, disponiendo su libertad.
Contexto
El 7 y el 29 de mayo de 2019 se produjeron varias detonaciones al interior de la Universidad de Guayaquil.
En la primera, un automotor resultó afectado en el acceso a la facultad de Educación Física, mientras que la segunda detonación se produjo en las inmediaciones de la Facultad de Medicina.
Días después, el 1 y el 22 de agosto de ese año, se reportaron nuevas explosiones en la Facultad de Medicina, que produjeron daños en ventanales y estructuras cercanas. Finalmente, una última explosión se produjo en la parte de atrás del edificio principal del Rectorado del centro de estudios superiores, ocasionando daños en la infraestructura en ventanales, puertas y accesos a entradas colindantes. Los daños ascenderían a más de 54.000 dólares, según las autoridades de la Universidad.
Fiscalía procesó este caso por el delito de terrorismo, según el artículo 366, numeral 9, que sanciona este tipo penal con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Fiscalía recibe insumos de bioseguridad, donados por la Embajada de Estados Unidos

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Esta mañana, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, recibió a una delegación oficial encabezada por el embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, y el director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), Ory Abramowicz, que hizo la entrega formal de una donación de insumos de bioseguridad a la Institución, que incluye 6.000 mascarillas reutilizables (hasta cincuenta veces) y 100 galones de gel antiséptico, que serán distribuidos a todos los servidores, con énfasis en quienes tienen mayor riesgo de contagio por la dinámica de sus funciones.
“Vamos a seguir trabajando de cerca con la Fiscalía ecuatoriana en distintos frentes, como la lucha contra el crimen organizado, las drogas o la corrupción […]. Este apoyo que entregamos hoy servirá para que sus funcionarios puedan protegerse y continuar brindando sus servicios con seguridad a los diecisiete millones de ecuatorianos”, afirmó el Embajador.
“Agradezco a usted, señor Embajador, y al Gobierno de los Estados Unidos por el apoyo que brindan a la Fiscalía General del Estado y, por su intermedio, al pueblo ecuatoriano. En esta crisis global se ha demostrado que la cooperación internacional es fundamental, no solo para vencer a la pandemia de Covid-19, sino a esa otra pandemia que afecta tanto a nuestros pueblos: la corrupción”, enfatizó la doctora Salazar al finalizar el evento, al que asistió acompañada de la coordinadora nacional de Recursos, Mercy Guzmán, y la directora de Asuntos Internacionales, Patricia Carranco.

Pendiente resultado de audiencia de juzgamiento en contra de Pablo R., exsecretario Nacional de Inteligencia

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La Fiscalía General del Estado solicitó al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que sentencie a Pablo R. Q., exsecretario nacional de Inteligencia, como autor mediato del secuestro de Fernando Balda, ocurrido el 13 de agosto de 2012, en Bogotá (Colombia), y que se le imponga el máximo de la pena contenida en el artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), considerando las agravantes de los numerales 1, 3, 4 y 6 del artículo 30 del Código Penal.
En el alegato de cierre, presentado esta mañana, el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, también solicitó la reparación integral a favor de la víctima, así como el pago de la multa correspondiente. Mientras que, como reparación inmaterial, pidió la publicación de la sentencia en un medio de comunicación de alcance nacional y disculpas públicas ante el juez de ejecución.
En su intervención, el Dr. Toainga manifestó que Fiscalía demostró que el secuestro se ejecutó con recursos públicos provenientes de la cuenta de gastos especiales de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), que fue coordinado desde Ecuador por el extitular de esa Institución (el procesado) y que se llevó a cabo por pedido del expresidente de la República, Rafael C., quien habría ordenado ‘que traigan como sea a Fernando Balda desde Colombia a Ecuador’.
En la audiencia de juzgamiento, Fiscalía presentó dos testimonios anticipados, cuatro testimonios, once pruebas periciales y más de cincuenta pruebas documentales, con las que demostró la materialidad del delito y la participación de Pablo R. Q., quien cometió la infracción con pleno conocimiento de las implicaciones legales, pues atentó contra un bien jurídico protegido como es la libertad ambulatoria de Fernando Balda.
El secuestro de Balda fue ejecutado por cinco personas, que fueron sentenciados a sesenta meses de prisión en Colombia. El hecho fue observado por varios taxistas, quienes alertaron a las autoridades policiales, que efectuaron un operativo, ubicaron el vehículo y lo rescataron. Por este caso, los exagentes de Policía Raúl Ch. y Diana F. fueron sentenciados a veintiún meses de pena privativa de libertad.

Tribunal de la Corte Nacional sentencia a exasambleísta Norma V. a 1 año de pena privativa de libertad

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Por unanimidad, Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a la exasambleísta Norma V. a un año de pena privativa de libertad, como autora directa del delito de concusión, tras considerar que se comprobó su culpabilidad.
Los jueces Dilza Muñoz, Iván León y Marco Rodríguez también le impusieron una multa de cuatro salarios básicos unificados y el pago de una reparación integral de 9.050 dólares a favor de los acusadores particulares y la diferencia, de 14.100 dólares, será entregada al Estado, cancelada en un plazo no mayor a ocho días luego de ejecutoriada la sentencia.
Asimismo, se dispuso la publicación del fallo en tres diarios de difusión nacional (un domingo), a cargo de Norma V. y disculpas públicas a la ciudadanía en una sesión del pleno de la Asamblea Nacional. La procesada queda impedida de ser candidata a cargos públicos de elección popular o contratar con el Estado por el tiempo que dure la pena y tiene prohibición de enajenar bienes.
En la audiencia de juzgamiento, desarrollada el 25 y el 26 de junio, participó la fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez, quien presentó doce pruebas testimoniales, siete documentales y seis acuerdos probatorios en relación a pericias.
En su intervención mencionó que, a través de los elementos probatorios presentados, Fiscalía demostró la participación de la exlegisladora como autora del delito, pues –entre mayo de 2017 y noviembre de 2018–, abusando de su cargo, ordenó y exigió la entrega de contribuciones a sus subordinados, a cambio de su estabilidad laboral.
Según Fiscalía, Norma V. vulneró el bien jurídico protegido, que en este caso es la eficiencia de la administración pública, pues –abusando de su investidura como asambleísta de Pichincha– se benefició de los aportes entregados.
Con esta actuación, la procesada trasgredió los principios que rigen a los funcionarios públicos, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador.

CPCCS impulsa investigación contra exministro de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca

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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCC) solicitó que la Fiscalía General del Estado (FGE) “dé el impulso pertinente” a la investigación por presunto delito de peculado que se lleva en contra del exministro de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca Walter P., expresidente del Directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF), Galo N., ex gerente general del BNF (e), Marina C., así como de los exvocales del BNF Jaime R., Rodrigo M. y Jorge O.
En el impulso presentado este 13 de julio de 2020, el Procurador Judicial del CPCCS, Byron Pacheco, solicitó también que la institución se integre como parte procesal de la investigación, la que inició hace 8 años en la FGE, sin que hasta el momento se presenten resultados. Por pedido de la ciudadanía de Manabí, el consejero del CPCCS, Francisco Bravo, se encuentra impulsando personalmente las acciones para que este caso no quede en la impunidad.
Las investigaciones iniciaron con base en el Informe de Contraloría No. DA1-0065-2009 sobre el examen especial practicado a las importaciones de fertilizantes y harina, así como a las compras y comercialización de arroz y maíz, en el BNF, por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2007 y el 31 de julio de 2008.
En dicho examen especial se analizó el proceso de adjudicación del contrato para la adquisición de 39.000 toneladas métricas de harina de trigo a 528 dólares cada tonelada, por lo que la compra total fue de 20’600.588 dólares. La adquisición se la realizó a la empresa “Cargill Sociedad Anónima Comercial e Industrial” de Argentina, cuyo contrato fue suscrito el 1 de abril de 2008.
Entre las conclusiones, la Contraloría destaca que el contrato debidamente legalizado fue suscrito con posterioridad a la ejecución del mismo, ya que el producto contratado llegó al Ecuador con 33 días de anticipación a su firma, lo que va en contra de la normativa.
Además, las gestiones de compra con la empresa Cargill se realizaron antes de que el Directorio resuelva el procedimiento a seguirse y declare la emergencia, y no se contó con un análisis de precios que permita comparar con la oferta en el mercado nacional.
Sin embargo, pese a existir dicho informe de responsabilidades penales de la Contraloría, el exfiscal Galo Chiriboga Zambrano, mediante escrito de 15 de noviembre del 2011 comunicó a la Corte Nacional de Justicia que no existe la información necesaria y los fundamentos suficientes para deducir por el momento una imputación, razón por la cual el juez de la sala especializada de lo penal, Vicente Robalino, mediante auto de 3 de octubre del 2012, ordenó devolver el expediente a la Fiscalía General, para que continúe la investigación.

Pleno aprueba que se investigue entrega irregular de carnés de discapacidad y pide comparecencia de autoridades

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El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, 129 votos, una resolución para que se investigue la entrega irregular de carnés de discapacidad. El presidente (encargado de la sesión), César Solórzano, decidió unificar los proyectos presentados por las asambleístas Elizabeth Cabezas y Marcela Holguín.
Entre los puntos más relevantes del documento se contempló la comparecencia, ante la Comisión del Derecho a la Salud, del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, con el fin de que informe sobre la obtención de los certificados o documentos que acreditan la calificación de la discapacidad y la certificación de condición discapacitante, emitidos desde 2013 hasta la presente fecha, de manera especial los emitidos a partir del 1 de enero de 2020.
Al mismo tiempo, se solicitó a la Comisión del Derecho a la Salud que inicie el proceso de investigación del otorgamiento de carnés entregados a los asambleístas y sus cónyuges, a partir de 2013, fecha en el que el Ministerio de Salud asumió la competencia, según la Ley Orgánica de Discapacidades.
Además, exigieron que se apliquen las sanciones máximas a las personas responsables de la red de corrupción instaurada en los centros de salud del Ministerio de Salud Pública que a la fecha se encuentran en procesos de investigación penal, servidores públicos que han usufructuado del otorgamiento irregular de carnés de discapacidad sin el cumplimiento de los requisitos que la ley determina.
La resolución planteó también que acudan ante la Comisión las máximas autoridades de la Aduana, Servicio de Rentas Internas, Registro Civil, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Consejo Nacional para la Igualdad Discapacidades para que, en el marco de sus competencias, expliquen sobre la importación de autos, registro nacional de personas con discapacidad, incremento de solicitudes para jubilaciones adelantadas en 1200 %, con el presunto uso fraudulento de carnés de discapacidad, entre otros temas.
Al mismo tiempo, los asambleístas expresaron su solidaridad y respeto a las personas con discapacidad cuyos derechos han sido usurpados por quienes de manera ilegal e ilegítima han usado los beneficios que la ley les otorga.
Debate
La asambleísta Elizabeth Cabezas en su intervención dejó ver su indignación por la entrega fraudulenta del documento y porque, además, las instituciones públicas no detectaron los errores del crecimiento desmedido de su emisión, durante la emergencia sanitaria. Recalcó también que los responsables deben ser sancionados y los inocentes liberados de culpa.
De su parte, la legisladora Marcela Holguín manifestó que es necesario investigar a todo y a todos ante las denuncias sobre la entrega irregular de carnés de discapacidad. Señaló que varias autoridades abusando de sus atribuciones cuentan con carnés cuyo porcentaje de discapacidad es superior al 80 % lo que les imposibilitaría realizar actividades cotidianas. Además, pidió que se investigue a los asambleístas, cónyuges y a autoridades de Estado.
Durante las intervenciones, los legisladores se solidarizaron con las personas con discapacidad y garantizaron que, en las reformas a la Ley de Discapacidades, que actualmente se trata, sus derechos serán protegidos. Reconocieron que hay gente que en realidad necesita este documento y, a pesar de luchar por años, no lo pueden obtener.
Así también, rechazaron que en redes sociales y en algunos medios de comunicación se difame a los legisladores que poseen un carné de discapacidad, aseguraron que no han usado este documento para favorecerse. Propusieron también que se cree una Comisión Multipardista para que las investigaciones sean llevadas hasta las últimas consecuencias y que estos actos no queden en la impunidad.
SV/cz

Prisión preventiva contra ex Juez que habría modificado condena emitida contra sentenciado por narcotráfico

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Fiscalía procesó al exjuez de Garantías Penales del Guayas, Christian R. Y., por el presunto delito de prevaricato. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló, a través de videoconferencia, la mañana de este lunes 13 de julio, en la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil.
La fiscal del Guayas y Galápagos, Yanina Villagómez, presentó, como elementos de convicción: la denuncia presentada por el director nacional de Asesoría Jurídica, Andrés Peñaherrera, delegado de la Dirección General del Consejo de la Judicatura; copias certificadas del juicio penal por narcotráfico seguido a los cinco procesados, entre ellos, un ciudadano extranjero; la certificación laboral del ex Juez investigado, así como su versión rendida en la Fiscalía; y, las certificaciones de la resolución emitida en la audiencia de rebaja de penas y en la que determinó la reducción de la pena impuesta.
Fiscalía consideró que existen suficientes elementos para imputar a Christian R. Y., por lo que le formuló cargos por el delito de prevaricato, por irse contra norma expresa, mismo que es sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
El Presidente de la Corte Provincial del Guayas, Alfonso Ordeñana, acogió lo expuesto por Fiscalía y dictó prisión preventiva contra el procesado, disponiendo de noventa días para el cierre de la instrucción fiscal. También solicitó oficiar a la Policía Judicial para proceder a la ubicación, localización y captura del procesado.
Contexto
El ex Juez, según las investigaciones de Fiscalía, habría modificado la sentencia ejecutoriada por el Tribunal de alzada contra el ciudadano extranjero Srdjan J., quien fue sentenciado junto a otras cuatro personas, por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Los cinco fueron detenidos en un operativo ejecutado por Fiscalía y Policía Antinarcóticos, en Guayaquil, en el 2014, en el que se incautaron 140 kilos de clorhidrato de cocaína distribuidos en cuatro maletas.
El 1 de octubre de 2015, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas sentenció a diecisiete años y cuatro meses a cuatro de los procesados, mientras que a Srdjan J., en calidad de cómplice, a seis años de prisión.
Fiscalía apeló este fallo y una de las Salas de la Corte Provincial de Justicia del Guayas acogió el recurso, revocando la sentencia del Tribunal, modificándola para el ciudadano extranjero, a quien le impuso una pena de diecisiete años y cuatro meses de pena privativa de libertad.
Los procesados presentaron un recurso de casación ante una de las Salas Especializadas de la Corte Nacional y, en la sentencia emitida el 20 de septiembre de 2018, se declaró improcedente dicho recurso.
La sentencia quedó ejecutoriada, confirmando la pena privativa de libertad de diecisiete años y cuatro meses contra el grupo de procesados.
Sin embargo, el 18 de octubre de 2018, Srdjan J. presentó una acción de rebaja de pena por Ley más benigna, de la que tuvo conocimiento el exjuez Christian R. Y., quien –con fecha 5 de diciembre de 2018– modificó la sentencia ejecutoriada y la redujo a diez años de pena privativa de libertad, con base en el Código de Ejecución de Penas, norma derogada el 10 de agosto de 2014.
Fiscalía, en sus investigaciones, determinó que, con base en esa norma derogada, se le concedió la libertad mediante la aplicación del régimen de prelibertad, siendo evidente que todo lo actuado por el ex Magistrado es ilegal y contrario a la Constitución y la Ley.

4 nuevos procesados con prisión preventiva por compra de insumos médicos en hospital Teodoro Maldonado

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Fiscalía investiga presuntos sobreprecios en la compra de insumos médicos adquiridos entre 2015 y 2019. Entre los vinculados se encuentra Luis Enrique J. Z., exgerente general de la entidad.
El juez de Garantías Penales Patricio Vidal dictó prisión preventiva contra Luis Enrique J. Z., Esteban Raúl S. M., Jorge Josué H. A. y Xavier V. R., exfuncionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, tras acoger el pedido de Fiscalía, en la audiencia de vinculación, la mañana de este lunes, en la Unidad Judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil.
Fiscalía investiga a una presunta organización delictiva integrada por exdirectivos de esta entidad de salud, que habría ocasionado un perjuicio de 11’905.000 dólares, aproximadamente, en dieciocho órdenes de pagos por la compra de insumos médicos con presunto sobreprecio.
En la diligencia, el fiscal Nelson Macías Miranda presentó, como elementos de convicción: los informes investigativos de la Unidad de Inteligencia Antidelictiva (UIAD-G), los informes de contrataciones entre la entidad de salud y personas naturales y jurídicas, el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado –en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2018– y los datos informativos de las noticias criminis, emitidas por algunos medios de comunicación.
También, las certificaciones obtenidas de solicitudes jurídicas derivadas por varias áreas de la entidad para la compra y adquisición de los insumos médicos, las órdenes de pago por la adquisición de estos y las versiones de los procesados.
El juez Vidal, además, dispuso de treinta días más (a los noventa ya dispuestos) para el cierre de la instrucción fiscal, que inició el pasado 5 de junio de 2020.
En esta fecha, cinco personas fueron procesadas luego de que fueran detenidas en operativos ejecutados en los sectores de La Garzota, Puerto Santa Ana y Vernaza Norte, en Guayaquil; y, urbanizaciones privadas en las vías a Daule, Samborondón y Salinas, encontrándose entre ellos, exfuncionarios de la casa de salud y representantes de casas comerciales dedicadas a esta actividad.
En esa diligencia se les dictó prisión preventiva a José B. P., Hugo V. F. y Francisco S. J., mientras que para Jeanneth P. O. y Jorge C. B. se dispuso arresto domiciliario, ya que sus abogados presentaron certificados médicos, por Covid-19, hipertensión arterial y por pertenecer a un grupo vulnerable.
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Analizan perjuicios por uso indebido de carnés para personas con discapacidad

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Con la presencia del Ministro de Salud Pública, el Presidente del Directorio y Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); Defensoría del Pueblo; Titular de Conadis, y representantes de varias organizaciones de la sociedad civil, el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, que preside Liliana Durán, analizó el perjuicio a jubilados e IESS por uso indebido de carnés para personas con discapacidad.
Tanto autoridades, como sectores de la sociedad civil, expresaron su inconformidad por el uso indebido del mencionado documento. Piden veeduría ciudadana, investigación profunda, castigo a los culpables y la recalificación de los carnés. Los involucrados, creen que las medidas adoptadas para detener la corrupción pueden poner en riesgo sus derechos.
Liliana Durán expuso las denuncias públicas. Explicó que ante los actos fraudulentos, con el uso de los carnés de discapacidad, el Presidente de la República, de manera inmediata ordenó la suspensión de los beneficios en aranceles y detener los autos adquiridos y que aún no han sido entregados a sus propietarios, lo que preocupa a las personas con discapacidad.
Voces ciudadanas
Alexandra Zambrano, fundadora de la Asociación de Discapacidades de Manta, explicó las dificultades para adquirir un carné y el tiempo que demora. Aseguró que sus derechos fueron vulnerados al entregarse este documento de manera irregular y planteó una investigación que vaya desde los médicos calificadores, hasta los directores de subcentros; además, un trabajo coordinado con el Conadis y los órganos rectores para no perjudicar a las personas que necesitan el carné de discapacidad.
Gabriel Riera, en representación de los jubilados, trasmitió preocupación e indignación del sector, al conocer que se entregaron carnés de discapacidad de manera ilegal para obtener jubilaciones, por lo que solicitó se tomen los correctivos correspondientes. Desde Loja, Alexandra Andrade, fundadora de “Hilando sueños en la discapacidad”, dio su testimonio de vida. Pidió se corrijan errores que perjudican sus derechos y apoyo a los artesanos del sector.
Stalin Basantes, ex Coordinador Técnico de la Misión Solidaria Manuela Espejo, aseguró que el problema no es nuevo, solo que ahora ha salido a la luz pública. Considera que hay debilitamiento institucional y pidió transparencia al control social.
Acciones del Ejecutivo
El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, explicó el proceso de calificación y recalificación de las personas con discapacidad, quienes para registrarse tienen que llamar al 171 y su valoración es objetiva. Aseguró que es un proceso que se encontraba suspendido por el estado de excepción; sin embargo, alrededor de 3000 carnés se emitieron, evidentemente de manera irregular.
Sostuvo que en las acciones correctivas se conformaron equipos de control y monitoreo para evaluación de los procesos de calificación. Se suspendieron las claves de acceso al sistema informático en línea y se priorizó la revisión en casos que generaron alerta.
Identificaron expedientes que carecen de exámenes y certificados de especialistas; al igual que el uso de examen y el informen del certificado médico para la calificación de estas condiciones; entre otras acciones. El ministro se mostró abierto a la incorporación de las veedurías ciudadanas en la investigación.
Los parlamentarios consultaron sobre la articulación de acciones entre las diferentes carteras de Estado involucradas en la entrega de carnés de discapacidad; transparencia en su labor y sanción a los involucrados. Además, programación y estrategias de la reevaluación para las personas con discapacidad.
En su turno, los directivos del IESS explicaron sus acciones. Jorge Wated, presidente del directorio, aseguró que no han paralizado el otorgamiento de jubilaciones a este sector pero están revisando el procedimiento. Informó que en febrero remitieron al Ministerio de Salud un documento donde se exponía un incremento inusual de solicitudes de jubilaciones tempranas con carnés de discapacidad, desde el año 2014.
Wated cree que existe dolo en la emisión de las jubilaciones tempranas y que si detectan irregularidades, las enviarán a la Fiscalía para recuperar valores y censurar a las personas implicadas. Previo a su exposición, Carlos Tamayo, director general, aclaró que no tiene carné de discapacidad y cuando lo tuvo, no era funcionario público.
Tamayo explicó los requisitos que se deben cumplir para el otorgamiento de una jubilación por discapacidad. Indicó que en el periodo de 2014 a 2020, el 2019 ha sido el año con el pico más alto de entrega de este beneficio a 3899 personas. Detalló que de un universo de 9713 beneficiarios, a Guayas le corresponde el 54.6 %; Pichincha 17.23 % y lo demás se distribuye en las provincias restantes. Así mismo, 1500 jubilaciones fueron otorgadas como derecho por discapacidad intelectual.
De su lado, el presidente del Conadis, Xavier Torres, abordó el proceso para el registro nacional de discapacidades, informó que están aportando a la Fiscalía en la investigación y haciendo las tablas de identificación con características, sobre la base datos, para ubicar y establecer los posibles carnés que directamente tendrían procedencia fraudulenta.
Por último, Christian Bahamonde, de la Defensoría del Pueblo, afirmó que tras analizar la situación, evidenciaron que se está produciendo regresión de derechos. Entre las acciones realizadas, mencionó la recepción de denuncias de distintos grupos; el pedido de una investigación minuciosa; y, el retiro de carnés irregulares.
RSA/cz

Requerimientos básicos son atendidos en visita a tres parroquias rurales para constatar trabajos

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Comunidades de las parroquias Boyacá, Convento y Chibunga fueron visitadas este fin de semana por el alcalde de Chone, Leonardo Rodríguez, con el objetivo de constatar trabajos en apertura de vías, que son coordinados con el prefecto Leonardo Orlando, y cumplir con los requerimientos realizados por los habitantes. 
“El recorrido de aquí del centro de la parroquia es por dos calles que se pondrá material asfáltico y dos calles que se van a adoquinar... Además para ver si un pozo de agua nos abastece”, mencionó Feliberto Solórzano, presidente del GAD Parroquial de Boyacá.
Para Carlos Mendoza, habitante del sitio La Mocora, en Convento, lo mejor de la apertura de vías es que ya no se pierda la producción de naranja, mandarina y plátano, entre otros.

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“La apertura de la vía Las Anonas-La Mocora es importante para nuestros agricultores, porque así pueden sacar sus productos y trasladarse con más comodidad a Convento”, mencionó.
Por otra parte, se entregaron 2.500 metros de manguera para abastecer de agua a familias del sector Los Gonzales, y cerámica para una capilla ubicada en el sector La Toquilla, de la parroquia Chibunga.
“Este ya no será Pueblo Seco, eso irá quedando para la historia, porque tendremos agua”, enfatizó Guillermo Ávila, presidente del GAD parroquial de Chibunga.
Rodríguez expresó que la comunidad solicitó cualquier tipo de manguera, sin embargo, se dotó con una de la mejor calidad, que incluye todos los accesorios.

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“Es un beneficio para nuestra comunidad la entrega de cerámica para nuestra capilla. En ocho días nos llegó, no pensamos que tan pronto nos cumpliera. Es algo grande, ya no vamos a estar en el piso. A veces llueve y se hace lodo... Esto es algo lindo”, acotó Socorro Mejía, habitante de La Toquilla.

En 100 años de historia, Boyacá tiene una inversión vial inédita

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119 kilómetros de vías veraneras se han abierto en esta parroquia que además ha mejorado el eje vial que conecta Chone y San Vicente


“Ahora no tendremos problemas para salir durante el invierno y podremos llevar nuestros productos más rápido hasta San Vicente”. Así piensa Margarita Carrillo, una de cientos de beneficiados por los trabajos viales que se realizan en la parroquia Boyacá de Chone.
Boyacá es de las primeras parroquias de la provincia en tener el 100% de vías veraneras reaperturadas por el Gobierno de Manabí. Son más de 119 kilómetros que unen e impulsan a decenas de familias productivas que ahora podrán movilizar sus cosechas.
A estas rutas se suma la intervención en el eje de integración de 17 kilómetros que comprende las vías Platanales - San Miguel; San Miguel - El Capricho; y Boyacá - El Capricho - San Agustín, que permitirá acercar a Chone con San Vicente.
El prefecto Leonardo Orlando visitó el pasado sábado la parroquia Boyacá en compañía de dirigentes y autoridades locales, constatando los avances de las obras.
“Estamos construyendo la revolución vial más grande de Manabí con vías que conectan familias, unen sueños y esperanzas”, dijo el Prefecto.
Agregó que Chone tiene el déficit de vialidad más grande de Manabí, y el mejor el homenaje por los 100 años de historia de Boyacá es trabajar con solidaridad y equidad. 

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Esta jurisdicción cumplirá el próximo 27 de julio un siglo de historia para lo cual se prepara una serie de eventos cívicos y conmemorativos.

Proyecto del ‘Peñón del Suicida’ fue socializado ante autoridades

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El nuevo atractivo turístico que capta la atención de propios y extraños en el país se llama el ‘Peñón del Suicida’, está situado a la mitad de las parroquias Atacames-Súa, al sur de la provincia Esmeraldas, su ambiente es natural, desde este se puede apreciar toda la belleza que encierra el cantón del ‘Eterno Verano’.

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Para llegar al mismo lo puedo hacer en vehículo o a pie, ascendiendo 300 escalones elaborados con bambú y piedrillas, el desafío de llegar hacia la parte más alta, (Mirador), pondrá a prueba su estado físico, pero la recompensa será incomparable, por el contacto íntimo con la naturaleza.

El lugar cada día concita mayor interés, pese a no contar con inversión por parte de la Municipalidad, más del aporte económico voluntario realizado por el alcalde Fredy Saldarriaga y los concejales.

Más de media hectárea

Este atractivo turístico que alberga a diario a más visitantes, quienes acuden para captar una fotografía tiene un espacio físico que bordea los 6 mil metros cuadrados, es decir más de media hectárea de terreno.

Su autoridad principal en Atacames Fredy Saldarriaga nos comentó que el fin es financiar recursos públicos y privados que bordeen los 2 millones 500 mil dólares aproximadamente, es decir ‘El Peñón del Suicida’, estaría distribuido en siete plataformas.

Su principal característica está enmarcada al esparcimiento de las familias, es decir contaría con dos voladizos (Elemento estructural rígido) que tendrán una dimensión de 30 metros cuadrados en su totalidad, en salida a partir del nivel del ‘Peñón’, con un piso de cristal y demás, que es la derivación de cómo se desarrolla el proyecto en plataformas.

25 chorros de agua

Una de estas plataformas estará matizada por una fuente tipo chorros de agua en un número de 25, que generan una altura de 3 metros, esta primera plataforma es capaz de acaparar aproximadamente 4 mil personas, a la vez será la que genere la mayor cantidad de eventos.

La plataforma uno dispondrá de una zona de esparcimiento, es decir juegos infantiles complementado con baterías sanitarias, también habrá kioscos movibles, dos artesanales y tres de piqueo e hidratación.

El proyecto ambicioso del cual nos habló el Burgomastre de Atacames contará además con aterrazamiento, tipo escalinata, es decir el punto más alto donde comienza a generarse la caída, desde donde se puede apreciar el mar, y los encantos de Súa y Atacames, este último espacio llevará adoquines a color en su primera propuesta, además una cubierta de lona tensada, para generar claros oscuros sobre el piso, sombras y sol por espacios.

Vegetación y escalinata

La parte central del proyecto no dispondrá de tanta arborización, por ello se tiene estimado colocar vegetación, además de una escalinata de aproximadamente 60 escalones, en cuanto a las plataformas, son 3 niveles distintos, todas tienen ingresos para personas con movilidad reducida, todas con rampas de acceso, para poder recorrer en bicicletas, las mismas tienen una medida que sobrepasan la estándar, previniendo un acceso total a todas las plataformas.

El proyecto también contempla complementar la escalera de 300 escalones, y llevarla a la vía principal que conecta a Atacames con Súa, la misma se proyectará de manera más rusticas, tendrá que ver con que el tipo de material a utilizar. (MVC).

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PROYECTO. El Concejo en pleno permaneció atento a la exposición del proyecto del ‘Peñón del Suicida’, la inversión pública y privada permitirá convertir al lugar en el mejor atractivo turístico de Ecuador.

Listo informe no vinculante sobre objeción a Ley Contra Microtráfico de drogas

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La Comisión Especializada de Gobiernos Autónomos aprobó, con 07 votos a favor, el informe no vinculante sobre la Objeción Parcial presentada por el Presidente de la República al proyecto de Ley Orgánica contra el Consumo y Microtráfico de Drogas. El informe aprobado sugiere que el asambleísta Héctor Yépez Martínez, sea el ponente del informe.
La mañana de este sábado 11 de julio, la Comisión GAD analizó y razonó las objeciones a 11 artículos y dos disposiciones transitorias (13 en total), del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional en segundo debate. La comisión sugirió el allanamiento a tres artículos y a la disposición transitoria primera; y, la ratificación de ocho artículos y la disposición transitoria cuarta.
Recomendación de allanamientos
El organismo legislativo recomienda el allanamiento a la objeción del artículo 2, puesto que el Presidente de la República menciona en el texto que las políticas nacionales de salud son competencia exclusiva del Estado Central, por lo cual los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) no pueden formularlas. Los GAD podrían formular políticas destinadas a la prevención integral en el ámbito de sus competencias y en alineación a las políticas emitidas por el Comité Interinstitucional.
En la objeción al artículo 3, el Ejecutivo ratifica la rectoría del Estado Central en la prevención que se realice en el ámbito educativo y posibilita la participación consultiva de la comunidad educativa, los GAD y otras instituciones. Entre tanto, la objeción al artículo 6 incorpora la subordinación de las campañas de comunicación a los lineamientos del Comité Interinstitucional, y que estos se efectuarán por la entidad encargada de la materia de drogas y los GAD.
Sobre la objeción a la Disposición Transitoria Primera, por cuestiones de forma, el texto puntualiza que se refiera a la Autoridad Nacional de Salud y no al Ministerio de Salud Pública. Además, agrega que consideración del momento económico del país es necesario precisar que las regulaciones a emitirse serán sobre el impulso y apoyo al mantenimiento de centros ambulatorios o especializados.
Recomendación de ratificaciones
Sobre la observación al artículo 4, la mesa recomienda la ratificación al texto aprobado por la Asamblea Nacional, porque la propuesta de la objeción parcial sobre prevención en el ámbito de la educación superior, modifica el fondo de la reforma aprobada y altera incluso el sentido del texto hoy vigente, por cuanto elimina la posibilidad de que en las mallas curriculares se incorporen contenidos destinados a la prevención de drogas.
En la objeción al artículo 5, sobre las autoridades nacionales de desarrollo social y los GAD, la mesa resalta que la ejecución de las acciones de prevención no es un deber privativo del Estado Central, por lo que fortalecería la autonomía y descentralización en este ámbito. Sobre el artículo 7, referido a la prevención y abordaje en el sistema educativo, la observación del Ejecutivo prescinde sobre el monitoreo en centros educativos que, a juicio de la mesa, es Constitucional y concordante a lo dispuesto en la Ley de Educación Intercultural.
En lo referido al artículo 8, la objeción prescinde de la posibilidad expresa de que los GAD impulsen la prestación de servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Ante esto, la mesa aclara que lo aprobado implica una facultad de los GAD en este ámbito, más no una obligación mandatoria. En la propuesta de texto de la objeción al artículo 9, sólo le otorga derecho a voz a los representantes de los GAD ante el Comité Interinstitucional, ante esto la mesa establece que el texto aprobado, con relación a participación de los GAD, es constitucional.
Ratificarse en el texto aprobado es lo que recomienda la mesa en la objeción al artículo 10, sobre los Comités Provinciales, que tendrán a su cargo la coordinación territorial de la aplicación de la política pública nacional con enfoque local. Sobre el Fondo de Prevención Integral de Drogas y los Bienes Incautados por Delitos. Sobre el artículo 11, la mesa sugiere ratificar la incorporación como función de los GAD a la implementación de planes y programas en materia de prevención integral de drogas.
Por su parte, la mesa sugiere ratificarse en el texto del artículo 17 que plantea la regulación, prohibición y control del consumo de drogas, así como el control del espacio público, que es de exclusiva competencia de los gobiernos municipales por mandato constitucional. Finalmente, sobre la objeción a la Disposición Transitoria Cuarta, la mesa se ratifica en el texto aprobado, puesto que la emisión de Decretos Ejecutivos no debe imponerse plazos para su elaboración o expedición.
Con la aprobación del informe no vinculante, en palabras del presidente de la Comisión de GAD, Héctor Yépez, la objeción será puesta en conocimiento del Pleno de la Asamblea para su pronunciamiento.
EA/cz

CNE reactiva verificación de firmas de 13 organizaciones políticas, suspendida por emergencia sanitaria

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) realiza la verificación de firmas presentadas por 13 organizaciones políticas, cuatro nacionales, siete provinciales y dos cantonales, que no fueron verificadas, debido al estado de excepción por la pandemia de la COVID-19.
Estas organizaciones presentaron sus respaldos documentados hasta el pasado 19 de mayo de 2020, fecha en la que concluyó el plazo establecido en el Calendario Electoral para cumplir con el proceso de verificación e inscripción de las agrupaciones políticas.
Un total de 46 funcionarios del CNE realizan de manera presencial este procedimiento técnico, acompañado de observadores de las organizaciones políticas, que vigilan el proceso de validación de la firmas con todas las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades sanitarias.
Tras la verificación de firmas, la Dirección de Organizaciones Políticas y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del CNE elaborarán los informes de cumplimiento de los requisitos de las organizaciones políticas, y el Pleno del órgano electoral será quien conozca si estas organizaciones cumplieron o no con todos los requisitos establecidos para su inscripción.
Estas organizaciones políticas además de aprobar el número de firmas requeridas equivalentes al 1.5% del último padrón electoral utilizado en una elección pluripersonal de acuerdo a cada jurisdicción, deben cumplir con lo establecido en los artículos 315 al 322 del Código de la Democracia, como: las actas de constitución con número de directivas provinciales, el registro de afiliados de los partidos políticos, los estatutos para los partidos políticos, declaración de principios ideológicos, programas de gobierno, órganos directivos, régimen interno, entre los principales.
El CNE lleva adelante la verificación de firmas en orden de prelación y esta misma metodología se aplicará para las organizaciones políticas que presentaron posterior al vencimiento del plazo. 


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