Archives for 19 July 2020 | Ecuador en línea

Gobierno de Manabí promueve la reactivación económica

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Capacitación sobre el uso de herramientas digitales, auto-organización, comercialización, promoción de productos y modelos de negocios, ejecuta el Gobierno Provincial de Manabí, a través de la Unidad de Comercialización y Emprendimiento de la dirección de Fomento Productivo del Gobierno de Manabí. Esto como parte de la reactivación económica, ante los efectos causados por la pandemia del COVID-19.

Técnicos de esta unidad visitan las parroquias rurales de la provincia para identificar nuevos emprendimientos y fortalecer los existentes. Se busca reinventar los negocios con ideas creativas e innovadoras ante la nueva normalidad.

Un ejemplo de esta actividad es la visita que realizaron los técnicos de La Prefectura a la planta agroindustrial de cítricos en la comunidad Las Mercedes 1 en el cantón Santa Ana, donde se verificó el estado y el trabajo que realizan mujeres de la Asociación La Solidaridad de la comunidad Poza Honda.

Se han realizado reuniones con el presidente del Gobierno Parroquial de Cascol, Edison Plaza y presidentes de ocho Asociaciones de esta parroquia.

Además, mediante encuentro virtual con Damián Gómez Delgado, presidente de la parroquia La Pila, se abordaron temas sobre capacitación en comercialización y emprendimiento para 40 artesanos.

La oferta de capacitaciones permitirá a los emprendedores mejorar sus capacidades para fortalecer sus emprendimientos y mejorar la economía de sus familias y las comunidades.

¿QUIÉNES SON LOS DEMÓCRATAS?

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El domingo pasado, el Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano (CNE) anunció su decisión de invalidar varios partidos de la oposición, incluido el del ex presidente Rafael Correa, el principal opositor del gobierno actual.
Solo unos meses antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, esta decisión es un duro golpe para la democracia en Ecuador y confirma la tendencia hacia el autoritarismo del régimen de L. Moreno, en particular la represión de los movimientos sociales y el encarcelamiento. de algunos oponentes.
"La ley, o el uso del sistema judicial e institucional para lidiar con la oposición, debe terminar donde sea que prospere.

Todas las oposiciones tienen derecho a batallas electorales que sean justas y equitativas para todos los partidos."
La más fuerte condena y oposición a esta decisión del CNE, cómplice del poder ecuatoriano, debe escucharse en todas partes del mundo, y particularmente en Europa, donde la indignación sigue siendo demasiado selectiva con respecto a los ataques a la democracia a través del mundo.
“Defender la democracia en Ecuador es defender el derecho de los ecuatorianos a la autodeterminación y a vivir en paz y libertad. En esta lucha, siempre nos encontrarás junto a los más vulnerables y los más humildes. El pueblo ecuatoriano tiene toda nuestra solidaridad ”
Jean-Luc Mélenchon
El texto en español:

El pasado domingo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador decidió inhabilitar varios partidos de la oposición, entre ellos el del 
ex presidente Rafael Correa, principal opositor al actual gobierno. A pocos meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, esta decisión constituye un golpe grave a la democracia ecuatoriana, confirmó el autoritarismo del régimen de L. Moreno, cuyas señales ya eran alarmantes tras la represión de los movimientos sociales y los encargados de los movimientos sociales.
La firme condena y oposición a esta decisión del CNE, que es cómplice del gobierno ecuatoriano, debe escucharsee en todo el mundo, y en particular en Europa, donde la indignación sigue siendo a menudo selectiva en cuanto a los ataques a la democracia en el mundo Defensor de la Democracia en Ecuador Defensor significativo El derecho de los ecuatorianos a la autodeterminación a vivir en paz y libertad. En esta lucha, siempre nos encontramos al lado de los más vulnerables y humildes. El pueblo ecuatoriano tiene toda nuestra solidaridad. 
Jean-Luc Mélenchon 
Presidente del grupo parlamentario de la Francia rebelde.

Aniversario 126 de Chone es conmemorado con el compromiso de luchar por su resurgir y la vida 

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Ha sido una conmemoración diferente, pero con la misma altivez y orgullo de siempre. Este año, el aniversario 126 de la creación cantonal de Chone fue solemnizado con una sesión, este viernes, cumplida con medidas de bioseguridad y distanciamiento, y donde se revalidó la lucha por la vida de los chonenses y el resurgir de su tierra amada.
Fue el auditorio de la Unidad Educativa Eugenio Espejo el escenario de este acto, que a partir de las 10h00, y presidido por el alcalde Leonardo Rodríguez, convocó a autoridades provinciales y locales, y líderes comunitarios en representación de la ciudadanía, para conmemorar esta fecha histórica, reseñada por el joven Robespierre Triviño. 

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Como parte de esta solemnidad se incluyó un homenaje de paz, solidaridad y fortaleza para las familias que padecen los efectos mortales de esta pandemia. 
En ese sentido, el Alcalde rememoró en su discurso la gestión de control, prevención y asistencia para defender la vida de las familias, además de la dotación a la población de 50 mil cubre bocas elaboradas por artesanos chonenses y la entrega de 20 mil raciones de alimentos junto con los gobiernos Nacional y Provincial, y la empresa privada.
Por tal motivo, agradeció el trabajo conjunto al gobernador Tito Nilton Mendoza y al prefecto Leonardo Orlando, quienes saludaron a Chone en sendas participaciones y en el caso del Gobierno de Manabí entregó un acuerdo al cantón y una distinción a su bandera.
El Alcalde también revisó el primer año de la gestión municipal, desarrollado en unión de los 9 concejales. Empezó con el Plan Hidrosanitario, que calificó como una gesta histórica que permitirá el resurgir de Chone “desde las entrañas”, pronto en su inicio de ejecución y que una vez culminado la ciudad Chone pueda contar con 95% de cobertura en agua y alcantarillado, y calles con regeneración urbana. Así, “devolver el orgullo de haber nacido en esta tierra”.
Para este logro, resaltó tres elementos: la decisión unificada con los 9 concejales, la unidad del pueblo y el arduo trabajo del equipo técnico municipal para actualizar los estudios de esta obra, que prevé 800 plazas de empleo, con mano de obra chonense, en su construcción.
También habló de la pronta culminación de la regeneración de 4.293 metros cuadrados de la Plaza Elio Santos Macay, donde será incorporado el monumento que reivindica la identidad montuvia chonense y los valores heredados por los padres y abuelos, y sobre el puente que sobre el río Chone unirá las calles Atahualpa y avenida Eloy Alfaro, en etapa precontractual.

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El Alcalde resaltó el avance de los estudios del Gran Parque Temático, de 12 hectáreas y que permitirá aumentar en un 500% los metros cuadrados de área verde por habitante: de 0,44 a 2,56; y también del proyecto del Cerro Guayas, que comprende un puente entre la calle 7 de Agosto y Dos Bocas, una regeneración hasta el puente El Vergel, una vía hasta esta elevación, un centro de interpretación montuvia y un mirador.
En torno a las 7 parroquias rurales, expuso que hay estudios y ejecución de obras para la dotación de agua potable, que empieza con Canuto y que se extenderá al resto; asimismo, ponderó el trabajo conjunto con el Gobierno de Manabí para la apertura de 1.120 kilómetros de vías. Esto fue destacado, además, por el Prefecto en su intervención, quien enfocó proyectos viales que integran las comunidades de Chone entre sí, con otros cantones y con provincias vecinas, con caminos y puentes.    
El Alcalde se centró en lo productivo, con la asistencia técnica municipal para los productores agropecuarios y con la implementación de la unidad móvil Veterinario Adentro, en busca del mejoramiento genético del hato ganadero. Parte fundamental serán el Parque Agroindustrial y el Centro de Faenamiento Regional, en fase de estudios.
El desarrollo social es fundamental, por lo que informó sobre la implementación de la unidad móvil Médico Adentro, para atender a 50 familias a diario en los barrios de la ciudad y comunidades rurales.
Además, de la aplicación del programa Chonectados, con 62 puntos de conectividad en internet en el sector urbano y el 70% en la ruralidad.

OEA y BID presentan reporte del estado de la ciberseguridad en América Latina y el Caribe

oea El martes, 28 de julio, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentarán a las 10:00 EDT (14:00 GMT) el informe “Ciberseguridad: Riesgos, Avances y el Camino a seguir en América Latina y el Caribe”. Para seguir el evento regístrese aquí: https://bit.ly/ReporteOEABID. El reporte es la segunda edición de una publicación exclusiva desarrollada a partir de un modelo del Centro de Seguridad del Universidad de Oxford. El informe contiene datos relevantes sobre las diferentes dimensiones del estado de ciberseguridad de 32 Estados Miembros de la OEA, y muestra los avances logrados por la región en materia de ciberseguridad. Asimismo, la publicación está acompañada por una página web en la que los usuarios podrán acceder a información comparativa por tema, países y los respectivos indicadores de iniciativas de ciberseguridad por año. El evento virtual contará con palabras de apertura de: * Farah Urrutia, Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA * Ana María Rodríguez-Ortiz, Vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del BID La presentación del reporte estará a cargo de: * Alison August Treppel, Secretaria Ejecutiva del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA * Miguel Porrúa, Coordinador del Clúster de Gobierno Digital en la División de Capacidad Institucional del Estado en el BID. A continuación se celebrará un panel virtual en el que se discutirán los resultados obtenidos y los pasos a seguir. Participarán en el panel: * Michael Goldsmith, Director Asociado del Centro de Seguridad Cibernética y Codirector del Centro de Formación Doctoral en Ciberseguridad de la Universidad de Oxford * Belisario Contreras, Gerente del Programa de Ciberseguridad de la OEA * Ariel Nowersztern, Especialista en Ciberseguridad del BID


EL RUIDO AZOTA A PORTOVIEJO


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ESPECIAL


Dr. Carlos Intriago Macías, Ph.D
carlos.intriagomacias@gmail.com


La pandemia del ruido está golpeando a la capital de los manabitas, pese a los esfuerzos de la Policía Nacional que hoy cumple sus funciones en medio de la pandemia de la COVID-19, lo que supone un doble riesgo del personal policial.
El ruido puede provocar daño físico, psicológico y social. Respecto a los efectos del ruido ambiental sobre la salud de los ciudadanos hay una fuerte evidencia que es molesto, perturba el sueño y el rendimiento cognitivo tanto en adultos como en niños. El ruido es un sonido no deseado; su intensidad se mide en decibelios (dB). La escala de decibelios es logarítmica, por lo que un aumento de tres decibelios en el nivel de sonido ya representa una duplicación de la intensidad del ruido. Por ejemplo, un grito es 30 veces más intenso que una conversación normal. No es sólo la intensidad es la que determina si el ruido es peligroso; también es muy importante la duración de la exposición.
Los ruidos según la intensidad y el periodo; pueden ser fluctuantes, aquel ruido cuya intensidad fluctúa a lo largo del tiempo; impulsivo, aquel ruido cuya intensidad aumenta bruscamente durante un impulso; continúo o constante, aquel ruido cuya intensidad permanece constante o presenta pequeñas fluctuaciones (menores a 5 dB) a lo largo del tiempo.
En tiempos de la pandemia de la COVID-19, la contaminación acústica es un factor medioambiental muy importante, que incide de forma principal en su calidad de vida, tanto en las relaciones personales, sociales como laborales. Estrés, insomnio, pérdida de audición y baja calidad de vida son algunas de las consecuencias que genera el ruido.
Cuando el entorno que rodea una persona impone un número de respuestas para las cuales la persona no se encuentra en la capacidad o no posee las habilidades para enfrentar se convierte en un riesgo para la salud hablaremos de "distress o estrés de consecuencias negativas". Algunas consecuencias pueden ser primarias y directas; otras, la mayoría, pueden ser indirectas y constituir efectos secundarios o terciarios.
Existen, además, otros efectos del ruido, a parte de la pérdida de audición: Trastornos sobre el aparato digestivo. Trastornos respiratorios. Alteraciones en la función visual. Trastornos cardiovasculares: tensión y frecuencia cardiaca. Trastorno del sueño, irritabilidad y cansancio.
Por tal motivo, cada 24 de abril celebramos el Día Mundial de Concientización contra el Ruido, una jornada especial que tiene el objetivo de divulgar información sobre el tema y mantener al tanto a la población sobre los descubrimientos más recientes en la materia.
En Portoviejo, cuando la peste del coronavirus está provocando un importante número de contagios y de muertes, la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional, se ve obligada a desviar de sus funciones preventivas a su personal para evitar en los barrios de la ciudad los peligrosos ruidos.
Antes de la pandemia, el problema del ruido se centraba en el tránsito, por eso se inspecciona a los vehículos causantes del ruido y se le solicita al chofer moderación porque en ciertos casos los retumbes daban hasta 100 decibeles.
Hoy, la Policía Nacional recomienda disminuir el exceso del ruido. Mientras los médicos recalcan que este causa insomnio, fatiga, estrés, irritabilidad, histeria, aislamiento social y falta de deseo sexual. Algo que parecen ignorar algunos vecinos insensibles con el momento que vivimos y por eso las denuncias de ciudadanos afectados siguen aumentando.
La reducción del ruido es tarea de toda la sociedad y en conjunto debe eliminar las fuentes molestas que producen el ruido, controlar el origen del ruido, llevar a cabo la reducción a través de medidas educativas en el entorno. Mientras seguimos esperando que el GAD de Portoviejo elabore un mapa acústico, tome medidas y haga el análisis de los diferentes niveles sonoros de los barrios de la ciudad. Un sueño que parece imposible, considerando su incapacidad para frenar la otra pandemia, que nos sigue matando silenciosamente.



El nuevo Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19 proporcionará información‎ jurídica clave y apoyo a la respuesta mundial a la COVID-19‎

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La iniciativa del Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19, que se pone en marcha hoy, auna y da acceso a documentos jurídicos de más de 190 países para ayudar a los estados a establecer y aplicar marcos jurídicos sólidos para gestionar la pandemia. El objetivo es garantizar que las leyes protejan la salud y el bienestar de las personas y las comunidades y respeten las normas internacionales de derechos humanos.
Este nuevo Laboratorio (www.COVIDLawLab.org) es un proyecto conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y el Instituto O'Neill de Derecho Nacional y Mundial de la Salud de la Universidad de Georgetown.
Unas leyes bien diseñadas pueden ayudar a construir sistemas de salud sólidos; evaluar y aprobar medicamentos y vacunas seguros y eficaces; y tomar medidas para crear espacios públicos y lugares de trabajo más saludables y seguros. Sobre todo, son fundamentales para la aplicación efectiva del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS: la vigilancia; la prevención y el control de las infecciones; la gestión de los viajes y el comercio; y la aplicación de medidas para mantener los servicios de salud esenciales.
«Las leyes y las políticas basadas en la ciencia, las pruebas y los derechos humanos pueden lograr que las personas accedan a los servicios de salud, se protejan de la COVID-19 y vivan libres de estigmas, discriminación y violencia», afirma Achim Steiner, Administrador del PNUD. «El Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19 es una herramienta importante para poner en común prácticas óptimas en materia de leyes y políticas».
Durante la pandemia de COVID-19 se ha producido un aumento desmesurado de las medidas legislativas urgentes para controlarla y reducirla.  
«Para hacer frente a la COVID-19, los países necesitan contar con marcos jurídicos sólidos», dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. «A menudo, hay leyes no estrictamente centradas en el sector sanitario que, sin embargo, afectan a la salud pública. Dado que la salud es una cuestión mundial, los marcos jurídicos deben estar alineados con los compromisos internacionales para responder a los riesgos actuales y emergentes a los que se enfrenta la salud pública. En estos momentos, es más importante que nunca disponer de una base jurídica sólida en materia de salud».
Sin embargo, las deficiencias en el diseño, la aplicación o el cumplimiento de las leyes pueden perjudicar a las poblaciones marginadas, enquistar la estigmatización y la discriminación y obstaculizar los esfuerzos por poner fin a la pandemia.
«Las leyes nocivas pueden exacerbar el estigma y la discriminación, violar los derechos de las personas y socavar las respuestas de salud pública», señala Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «Para garantizar que las respuestas a la pandemia sean eficaces, humanas y sostenibles, los gobiernos deben utilizar la legislación como herramienta para defender los derechos humanos y la dignidad de las personas afectadas por la COVID-19».
El Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19 es una base de datos de leyes que los países han adoptado en respuesta a la pandemia. Incluye declaraciones de estado de alerta o emergencia, medidas de cuarentena, vigilancia de enfermedades, medidas legislativas relacionadas con el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y el acceso a medicamentos y vacunas. La base de datos se engrosará a medida que se añadan más países y temas. 
También incluirá estudios sobre diferentes marcos jurídicos relativos a la COVID-19. Esos análisis se centrarán en las repercusiones sobre los derechos humanos de las leyes de salud pública y ayudarán a los países a determinar las prácticas óptimas para orientar sus respuestas inmediatas a la COVID-19 y los esfuerzos de recuperación socioeconómica una vez que la pandemia esté controlada. Todo ello se basa en la labor de la UHC Legal Solutions Network, una red de intercambio de soluciones jurídicas que se estableció para ayudar a los países a lograr la cobertura sanitaria universal mediante la aplicación de marcos jurídicos basados en los derechos.
«Es preciso hacer un seguimiento de la forma en que se utilizan las leyes y las políticas durante la pandemia, evaluarlas y comprender qué soluciones dan resultado », dijo el Dr. Matthew M. Kavanagh, profesor del Departamento de Salud Internacional de la Universidad de Georgetown. Por su parte, Katie Gottschalk, directora ejecutiva del Instituto O'Neill de Derecho Sanitario Nacional y Mundial en la Facultad de Derecho de esa misma universidad, añadió: «Debemos extraer lecciones de las políticas adoptadas en la etapa inicial de la pandemia para poner en práctica las leyes más eficaces en el futuro. El Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19 sirve precisamente para ese fin».

Fiscalía procesó a diez personas por presunta delincuencia organizada

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La jueza Saby Hinojosa, de la Unidad Penal de Esmeraldas, dictó prisión preventiva para nueve personas y dictó arresto domiciliario a una más, luego de que la Fiscalía General del Estado los procesara por el presunto delito de delincuencia organizada, tipificado y sancionado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La madrugada del jueves 23 de julio de 2020, la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional N° 2 (Fedoti), con el apoyo de la Policía Nacional, ejecutaron cuatro allanamientos en Esmeraldas y uno en el sur de Quito. En el operativo denominado ‘El Palmar’, se detuvo a diez personas con fines investigativos, a los que más tarde se les formuló cargos por el delito de delincuencia organizada, cuya sanción va de siete a diez años de pena privativa de libertad. Varios de los procesados registran antecedentes penales.
Las investigaciones de Fiscalía determinaron, luego de nueve meses de trabajo, que los acusados se dedicarían al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización en los cantones de Esmeraldas y Eloy Alfaro.
Durante la audiencia de formulación de cargos, Aracely Carrasco, fiscal del caso, presentó ante la Jueza los informes de seguimiento a los diferentes implicados, los partes de detención de los procesados y los informes que detallan los elementos que se incautaron durante los allanamientos, entre ellos: 16 celulares, una balanza, 395,50 dólares en efectivo, 23.570 gramos de marihuana y 605 gramos de cocaína.
La Jueza dispuso prisión preventiva para nueve de los procesados y una persona en estado de gestación recibió arresto domiciliario. La instrucción fiscal durará noventa días.

Tribunal negó suspensión condicional de la pena a exasambleísta Norma V.

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Por unanimidad, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó la suspensión condicional de la pena solicitada por la exasambleísta Norma V., al no cumplir con el requisito número 3 del artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Esta tarde se desarrolló la audiencia en la que participó el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga. En su intervención, expresó que la Fiscalía se oponía a esta solicitud, pues el delito de concusión es uno de los más graves que lesiona la eficiencia de la administración pública.
El Fiscal Subrogante agregó que el delito cometido por Norma V. causó grave conmoción en la sociedad y desconfianza en quienes ocupan cargos de elección popular.
Este 14 de julio, Norma V. fue sentenciada a la pena modificada de un año de privación de libertad como autora del delito de concusión, pues, abusando de su cargo de asambleísta por Pichincha, ordenó y exigió la entrega de contribuciones a sus colaboradores, a cambio de estabilidad laboral.

Tribunal ratifica prisión preventiva para ex Presidente de la Corte de Guayas

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Por unanimidad, Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces Daniella Camacho, Iván León y David Jacho, rechazó el recurso de apelación a la prisión preventiva interpuesto por el expresidente de la Corte de Justicia del Guayas Gabriel M. y Silvana V., procesados por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito.
El pasado 26 de junio, Fiscalía solicitó prisión preventiva contra ambos, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, al encontrar elementos suficientes que harían presumir que Gabriel M. y Silvana V., cuentan con los recursos económicos que les permitirían fugar y evitar la justicia.
Durante la audiencia, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, señaló que Fiscalía cuenta con cuarenta y dos elementos de convicción, entre los que se cuentan el análisis de la información aportada por entidades del sector público y privado, durante el periodo comprendido entre 2011 y 2018.
La investigación de Fiscalía señala que Gabriel M. habría realizado transferencias, depósitos y pagos de dos bienes inmuebles adquiridos con créditos hipotecarios, que habrían sido precancelados al poco tiempo a través de cuentas de terceros y de compañías privadas, que fueron manejadas por la abogada en libre ejercicio Silvana V.
Un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), detalla una serie de movimientos inusuales en cuentas bancarias y adquisición de bienes inmuebles por parte del ex Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, lo que hace presumir un enriquecimiento ilícito, secundado por Silvana V. Ambos registran un incremento no justificado en su patrimonio en el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Por estas razones, el Tribunal acogió el pedido de Fiscalía y ratificó la medida cautelar en contra de los procesados.

Registro de Datos, Registro Civil y SRI informarán sobre listado de personas con discapacidad y control de autos importados

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La Comisión del Derecho a la Salud avanza en el proceso de fiscalización, en el marco de las denuncias, sobre la entrega irregular de carnés de discapacidad y los procesos de contratación en establecimientos de salud.
Este viernes 24 de julio de 2020, a las 15h00, vía telemática, en la sesión ordinaria 085, recibirá a Lorena Naranjo, directora de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), quien responderá sobre los procedimientos de verificación de los datos que compila la entidad a su cargo; y, los procedimientos de seguridad y control para evitar la manipulación y filtración de datos e información dentro del sistema informático referente a los carnés de discapacidad.
El director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Vicente Taiano González, dará a conocer sobre el registro nacional de personas con discapacidad, con deficiencia y condición discapacitante, enviado por la autoridad sanitaria nacional, para que se incluya en la cédula de identidad, así como la condición de discapacidad y el porcentaje.
Además, la autoridad de cedulación remitirá las bases de datos de los últimos tres años, junto al listado de beneficiarios que hayan acreditado un carné de discapacidad por su tipo, nivel y porcentaje, que permita determinar al peticionario o interesado, en cumplimiento del artículo 8 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades.
Por último, Marisol Andrade Hernández, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), informará sobre el control y fiscalización de los beneficios establecidos en la Ley de Discapacidades y su respectivo Reglamento, así como, el control de empresas importadoras de autos y patios de venta de autos desde el año 2017. Procedimiento de verificación de los documentos que certifican el tipo, nivel y porcentaje de discapacidad, para la aplicación de los beneficios tributarios contemplados en la ley de la materia de discapacidades.
Así también, el reporte de vehículos destinados al uso y traslado de personas con discapacidad, para establecer la base imponible y la rebaja especial de la fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta de personas naturales, de conformidad al artículo 73 de la Ley de Discapacidades; exenciones del pago de tributos al comercio exterior, impuesto al valor agregado e impuesto a los consumos especiales.
RSA/ea

Alcalde constata con autoridades que el hospital esté abastecido para mitigar aumento de casos

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En estos días, Chone ha sufrido un incremento de casos de COVID-19, lo que motivó que el alcalde Leonardo Rodríguez asumiera acciones, y como presidente del COE Cantonal lideró este jueves la Mesa 2 de Salud y con las autoridades que la conforman acudieron al hospital Napoleón Dávila Córdova para constatar el abastecimiento de insumos y medicamentos.
Previamente se reunieron en el salón de la biblioteca de la Unidad Educativa Eugenio Espejo, donde analizaron una información que recorría las redes sociales y daba cuenta de un supuesto desabastecimiento en el hospital; luego, se dirigieron a esta casa de salud, donde comprobaron la existencia de insumos y medicamentos en la bodega y farmacia.

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El Alcalde aseveró que este incremento de casos no implica que ha colapsado el sistema de salud del cantón, pero tampoco se ha superado la emergencia; por lo tanto, los operativos de control serán enfatizados. 
“Estamos atentos y no desmayamos en esta lucha por la vida de los chonenses. El virus está entre nosotros, y la única forma de garantizar la protección personal y de la familia es cuidándonos todos", afirmó el Alcalde.

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La gerente del hospital, Xiomara Chávez, explicó que este incremento se debe a que se inició una campaña para convocar a la población a que acudan a hacerse el diagnóstico, una vez tengan los primeros síntomas; entonces, hubo un aumento sustancial de pruebas y obteniendo mayor captación de pacientes para ser tratados.

El multilateralismo será clave para superar la crisis económica causada por el COVID-19

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“Superar la crisis y recuperar el camino hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible requerirá fortalecer el multilateralismo. La pandemia de COVID-19 ha resaltado cuánta falta hacen el liderazgo, la visión a largo plazo y la colaboración entre todos los gobiernos y otros actores”, dijo este miércoles el secretario general adjunto de las Naciones Unidas, titular del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.
Liu Zhenmin inauguró el evento de lanzamiento de las reflexiones de la Junta Consultiva de Alto Nivel sobre Asuntos Económicos y Sociales que durante los dos últimos años tuvo la tarea de 
estudiar cómo impulsar la implementación de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible tomando en cuenta las necesidades de los Estados miembros.
En la presentación del 
documento, Liu subrayó la importancia de reforzar el vínculo entre el sistema de la ONU especializado en temas de desarrollo y los gobiernos de los Estados que integran la Organización.
Los 
16 integrantes de la Junta analizaron los desafíos que encara la economía global con una perspectiva histórica para entender las tendencias actuales y elaborar recomendaciones para retomar el camino hacia el desarrollo económico y social protegiendo el medio ambiente.
Recomendaciones
Sus conclusiones llaman a una transformación estructural que permita un crecimiento sostenido y la creación de trabajo decente, sobre todo a la luz de la pandemia, que plantea un futuro cada vez más digitalizado.
Para África y América Latina pide un 
financiamiento continuo y medidas específicas para reducir las desigualdades agudas que imperan en sus países.
Las recomendaciones de la Junta Consultiva incluyen:

  • Investigación y desarrollo

  • Inversión en infraestructura y educación

  • Establecimiento de prácticas regulatorias para garantizar que las iniciativas tecnológicas generen empleo decente y mejores salarios, sobre todo para los trabajadores de menos ingresos

  • Mayor igualdad económica

Liu Zhenmin habló de la situación sin parangón en la que se encuentra el mundo a causa de la pandemia de COVID-19, que ha paralizado a los países y ha generado crisis sanitarias, económicas y sociales.
Estas crisis “afectan desproporcionadamente a los más pobres y vulnerables, y las mujeres y los niños llevan la peor parte”, agregó Liu y recalcó que al igual que una vacuna, 
urgen soluciones innovadoras en el terreno económico.
La ruta a seguir
La secretaria general adjunta de la ONU, Amina Mohammed, participó en el evento con un mensaje de video en el que destacó la necesidad de una mejor cooperación internacional en materia tributaria y de un acceso más equitativo a las tecnologías digitales mencionadas en el estudio de la Junta Consultiva.
Mohammed afirmó que las conclusiones de los expertos de la Junta marcan la ruta a seguir para salir de la crisis y 
reconstruir un mundo mejor.
Citó la exhortación de los especialistas en cuanto a la 
gestión sostenible de los recursos naturales y a buscar un enfoque de valor agregado al comercio de materias primas.
“Esta visión hace eco del llamado del 
Secretario General a una responsabilidad compartida y solidaridad mundial para responder al impacto social y económico del COVID-19. La Agenda 2030 sigue siendo nuestro marco de trabajo para recuperarnos de una forma que acelere el avance en cuanto al cambio climático, pobreza, desigualdad de género, abordando también la desigualdad y la pobreza que han quedado al descubierto o se han exacerbado con la pandemia”, apuntó.
Para concluir, recordó que 
nadie estará a salvo, hasta que todos estén a salvo.
“Ningún país avanzará de verdad si dejamos gente atrás. Para recuperarnos mejor, todos debemos esforzarnos más”, enfatizó.

Proceso electoral 2021 se fortalece con firma de convenio entre CNE y Gobiernos Locales de la provincia del Guayas

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La organización de las Elecciones Generales 2021 requiere de un trabajo conjunto entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y entidades del Estado, tanto nacional como local. En ese marco, el órgano electoral, la Prefectura de Guayas y el Consejo de Gobiernos Parroquiales Rurales del Guayas (Conagopare-Guayas) firmaron, este jueves 23 de julio en el cantón Yaguachi, un convenio de cooperación interinstitucional.
La suscripción del acuerdo de cooperación contó con la presencia de la presidenta del CNE, Diana Atamaint; la prefecta del Guayas, Susana González; y Yilda Rivera, representante legal del Conagopare-Guayas. Las tres autoridades acordaron que las instituciones coordinarán y ejecutarán tareas logísticas y sanitarias, así como de intercambio de información. Para ello se elaborará un plan de trabajo, cuya aplicación será coordinada por el ente electoral.
Diana Atamaint aseguró que similares convenios se suscribirán en otras provincias del país con el objetivo de que el proceso electoral cuente con la cooperación y logística necesaria que garanticen el desarrollo normal de la jornada de votación y la salud de los electores, como la de los funcionarios electorales. Por su parte, la Prefecta del Guayas expresó que la institución está presta a brindar su contingente en el ámbito de sus competencias.
Las obligaciones del Consejo Nacional Electoral, por su parte, implican la entrega de la información pertinente a esas instituciones, para el cumplimiento del convenio. En cambio, ambas entidades se comprometen en apoyar al órgano electoral con la logística que requiera para la organización de las elecciones del próximo año, donde se elegirá al binomio presidencial, así como a asambleístas nacionales y provinciales y parlamentarios andinos.
Las actividades de cooperación, no generarán gastos a ninguna de las entidades y estarán vigentes durante el desarrollo de las Elecciones Generales 2021. Además, son muestra del compromiso que tiene el CNE por trabajar articuladamente con otras instituciones para fortalecer los procesos electorales en Ecuador.

Director del Servicio Nacional de Contratación Pública comparecerá ante comisión de Régimen Económico

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Dos temas serán abordados con el director General del Servicio de Contratación Pública (Sercop), Juan Aguirre, en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, este viernes 24 de julio, a las 10h30. Por un lado, se trata de las denuncias ciudadanas respecto a la compra de insumos médicos con presunto sobreprecio en la emergencia sanitaria por Covid-19 en el país.
El pedido de comparecencia lo solicitó la legisladora Lira Villalba, quien precisó que documentadamente el funcionario debe informar las acciones realizadas en torno a esta problemática.
Otro de los temas a ser tratados con el director del Sercop es respecto de las observaciones a las reformas a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, debido a que los comisionados resolvieron hacer una reforma integral a la propuesta legal que tendrá como base el informe para primer debate, los insumos derivados de varias comparecencias de sectores públicos y privados, así como de gremios de la construcción, las propuestas planteadas por varios asambleístas, y especialmente, la participación de la Secretaría Nacional del Servicio de Contratación Pública.
En el documento elaborado por la Comisión se incluyen temas sobre el Régimen Especial, el fortalecimiento de las capacidades del SERCOP como ente rector y supervisor del Sistema Nacional de Contratación Pública, la aplicación del sistema de emergencia, mejoras en inclusión y eficiencia en la contratación pública con catálogos electrónicos, participación de la producción nacional, estudios de desagregación tecnológica, terminación de contratos, contratación de seguros, entre otros temas.
JLVN/cz

Grupo de Trabajo sobre Migrantes Venezolanos de la OEA llama a otorgarles estatus de refugiado y crear tarjeta de identidad regional

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Secretaría General de la OEA y sociedad civil venezolana presentan propuestas para mejorar situación de migrantes y refugiados venezolanos durante crisis del COVID-19 La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en conjunto con organizaciones de la sociedad civil venezolana establecidas en las Américas y el Caribe, publica hoy el documento de “Propuestas para mejorar la situación de los migrantes y refugiados venezolanos en el marco del COVID-19”. El documento es producto de trece reuniones sostenidas entre la Oficina de la Secretaría General para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos y la Coalición por Venezuela, conformada por 63 organizaciones de la sociedad civil que brindan asistencia a venezolanos en 23 países de la región. El documento se encuentra disponible aquí (http://www.oas.org/documents/spa/press/Propuestas-OEA-y-Coalicion-por-Venezuela_esp.pdf) en idioma español y aquí (http://www.oas.org/documents/eng/press/Recommendations-OEA-and-Coalicion-por-Venezuela_eng.pdf) en idioma inglés. “La situación de migrantes y refugiados venezolanos representa uno de los más grandes desafíos durante la pandemia por COVID-19, toda vez que ha supuesto el incremento de la dificultad para ejercicio pleno de sus derechos, tales como: acceso a la salud, a la educación, el derecho a la vida, a la vivienda, a la alimentación, al trabajo y la salvaguarda de los medios de vida,” señala el documento en la introducción. El documento reconoce el esfuerzo realizado por los Estados miembros de la Organización, al igual que el desempeño de la sociedad civil organizada, al considerar que los recursos asignados por la comunidad internacional han sido insuficientes para “superar las dificultades e implementar políticas de atención idóneas que permitan a la población migrante venezolana integrarse de manera estable y segura a la dinámica social y económica de los países de acogida”. En este sentido, el documento se publica con el ánimo de ayudar a los Estados miembros a alcanzar soluciones comunes y pertinentes que mejoren las condiciones de los venezolanos en sus respectivos países de acogida a través de la colaboración necesaria con los diferentes sectores de la sociedad. En línea con ese propósito, se indican recomendaciones y propuestas en los siguientes ámbitos: * Salud * Educación * Medios de vida * Protección * Seguridad alimentaria * Vivienda El documento emite 9 recomendaciones en el área de la salud, 5 relacionadas con educación, 9 con empleo u otros medios de vida, 6 con relación a la seguridad alimentaria, otras 6 relativas a la necesidad de protección y 4 en el área de vivienda, todas enfocadas en mejorar la situación de los migrantes y refugiados venezolanos. Por otra parte, el documento señala los múltiples beneficios de la implementación de las propuestas para los países receptores, tales como un mejor desarrollo económico, la disminución de la violencia y el fortalecimiento del sistema sanitario para atender la emergencia de la pandemia. La Oficina de la Secretaría General de la OEA para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, coordinada por David Smolansky, tiene como misión trabajar con los países miembros de la OEA a fin de atender la situación de más de 5.2 millones de venezolanos que han sido desterrados. Desde la publicación de su informe regional (https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-048/19) de junio de 2019, la Oficina ha expresado la necesidad de crear las bases para un consenso regional que otorgue a los venezolanos la condición de refugiados y se les garantice protección permanente. Coalición por Venezuela (https://coalicionporvenezuela.org/) es la unión de organizaciones de la sociedad civil venezolana que propende por el bienestar de todos los venezolanos y de los pueblos que los reciben como migrantes o refugiados, sin distingo alguno. Es una iniciativa independiente conformada actualmente por 63 organizaciones presentes en 23 países de la región que trabajan en la defensa y la promoción de los derechos humanos, las libertades y los valores democráticos.

Parlamento inició tratamiento del informe de amnistías a favor de 20 líderes indígenas de San Pedro de Cañar

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El Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión virtual 678, dio paso a la lectura del informe favorable de amnistías para 20 dirigentes de la comunidad San Pedro, de la provincia de Cañar, en el caso de aplicación de justicia indígena, preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
La mesa, presidida por la asambleísta Ximena Peña, luego de un profundo análisis de la doctrina, del derecho internacional de derechos humanos, los estándares internacionales en diálogo con el marco  constitucional y legal ecuatoriano, así como con los precedentes legislativos recientes y, en particular, la sentencia de la Corte Constitucional, considera que la Asamblea es competente para otorgar amnistías bajo consideraciones o valoraciones políticas de diversa naturaleza.
Expone, además, que esta figura puede ser extensible a una diversidad amplia de tipos penales y no exclusivamente de aquellos concebidos tradicionalmente como delitos contra la estructura del Estado, inclusive, a delitos comunes como el secuestro cuando estos tienen una finalidad política.
Argumenta que hay elementos que evidencian que dichas autoridades fueron judicializadas bajo los tipos penales de secuestro, secuestro extorsivo y daño a bien ajeno por aplicación de la justicia indígena, por lo que debieron enfrentar sistemáticas denuncias por el ejercicio del derecho colectivo.
Reitera que la judicialización y criminalización en contra de estos líderes responde a una lógica de poder, caracterizada por elementos políticos, sociales y culturales en un contexto de descolonización y transición hacia la plena vigencia del Estado Plurinacional e intercultural. Es decir, los delitos que se imputaron son conexos con hechos de naturaleza política.
Puntualiza que en este asunto se inobservó los derechos colectivos reconocidos en los artículos 57, numerales 9 y 10; y, 171 de la Constitución, al igual que el Convenio 169 de la Organiación Internacional del Trabajo (OIT).
Bajos estos antecedenes, la Comisión de Justicia sugiere al Pleno proceda a otorgar  amnistías en favor de los líderes y miembros de la comunidad de San Pedro del Cañar, decisión que constituirá un acto de reparación histórica, de reconocimiento del derecho a la verdad y justicia, respecto a la interculturalidad y plurinacionalidad y los derechos colectivos de los pueblos ancestrales.
La votación del informe se dará, una vez que se retome la sesión, previo convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo.
MG/cz

En Punto con Efren Mantilla | De que se queja señor Ministro?

Nuestra voz Editorial | Efren Mantilla

CNE convoca a organizaciones políticas al segundo Consejo Consultivo Nacional el 27 de julio

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Organizaciones políticas de carácter nacional se reunirán el próximo lunes 27 de julio, en el Segundo Consejo Consultivo, donde se analizará la propuesta de tres reglamentos que permitan la continuidad al proceso electoral 2021: Inscripción y Calificación de Candidaturas de Elección Popular; al Reglamento Sobre Personas Naturales o Jurídicas que Realicen Pronósticos Electorales y al Reglamento de Promoción Electoral. La convocatoria fue aprobada por unanimidad por el Pleno del Consejo Nacional (CNE), este martes 21 de julio.
En este espacio, que se desarrollará bajo modalidad telemática, las organizaciones políticas a través de sus representantes podrán presentar sus aportes y observaciones a la propuesta reglamentaria previo a su aprobación y entrada en vigencia.
Los Consejos Consultivos fomentan y garantizan la participación de las organizaciones políticas en la preparación del proceso electoral de 2021, y constituyen mecanismos de generación de propuestas en materia electoral. En el encuentro, que se realizará el próximo lunes 27 de julio de 2020, participarán las organizaciones políticas con ámbito de acción nacional, legalmente registradas, a través de un único vocero.
El pasado 11 de junio de 2020, se desarrolló el Primer Consejo Consultivo Nacional del proceso de Elecciones Generales 2021. En dicha jornada, los representantes de las organizaciones políticas nacionales manifestaron sus posturas acerca del mecanismo de votación, reglamentos y calendario electoral.

Ganaderos almacenan pasto y forraje para alimentar a sus vacas en verano 

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"El último invierno no fue tan bueno y eso nos lleva a prepararnos para enfrentar el verano que está iniciando", manifestó Raúl Benavides, quien por más de 20 años es ganadero y propietario de la hacienda El Rosal, en Barragán de Boyacá. 
Él dijo que siempre ha trabajado en la preparación de ensilaje de pasto, que consiste en preparar y almacenar con forraje para compensar la comida para el ganado. 
"Este año lo estamos haciendo con mayor tecnificación, ya que existe la enseñanza y aprendizaje por parte de técnicos de la dirección municipal de Desarrollo Económico y Turismo, que además de charlas nos apoyan con maquinarias de molido y ensilaje del pasto, lo que nos permite contar con una técnica muy avanzada", detalló el ganadero.   
Gustavo Zambrano, técnico municipal de Desarrollo Económico y Turismo, indicó que el trabajo que se realiza con los ganaderos de Chone, en la elaboración de silos, consiste en aprovechar los meses de invierno, en donde existe abundancia de pasto, aplicando un proceso como corte e igualación de éste hasta llegar al punto óptimo de cosecha, que esta alrededor de 45 días. 
Luego, explicó, viene el trabajo de la maquina cortadora, para pasar de inmediato a la ensiladora y sellándolo a manera de embutidos en fundas plásticas, lo que permite que la materia prima sea almacenada para ser utilizado a partir de los 4 meses en adelante.

Fiscalía, Contraloría y Consejo de la Judicatura explicarán acciones realizadas por entrega irregular de carnés de discapacidad

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Este miércoles 22 de julio, a partir de las 08h00, la Comisión del Derecho a la Salud, que preside William Garzón, realizará la segunda jornada de trabajo en el proceso de fiscalización a los carnés de discapacidad, en atención a la resolución 071 del Pleno, de 14 de julio de 2020.
En esta ocasión las versiones que se reciban serán de Diana Salazar, fiscal General del Estado,; Pablo Celi de la Torre, contralor General del Estado; María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura; y, Rubén Chiriboga, coordinador de la Maestría de Auditoría Médica de la Universidad UTE.
La fiscal expondrá las acciones emprendidas para determinar a los responsables de la entrega irregular de carnés de discapacidad; así como el estado en que se encuentran dichas investigaciones.
Mientras que Celi informará el trabajo de control que ha iniciado para atender las denuncias de un presunto mal uso del carné de discapacidades, que otorga el Ministerio de Salud, por parte de funcionarios públicos, asambleístas, jueces y demás servidores; así como el estado en que se encuentran las mismas.
En tanto, Maldonado se referirá a los procesos disciplinarios para sancionar a los operadores de justicia, notarios, servidores judiciales y demás funcionarios de los órganos auxiliares de justicia, que se han beneficiado por contar con carnés de discapacidad. Además de quienes se favorecieron de las acciones afirmativas en los diferentes concursos de méritos y oposición impulsados por esa institución.
Por último, el catedrático de la UTE explicará el proceso de auditoría médica en una revisión del expediente o el trámite de emisión de los carnés de discapacidad, que deberían implementarse para comprobar si se tratan de entregas irregulares; y, diferencias con el peritaje.
RSA/cz

Segundo debate de la Ley de Tránsito inició con participación de colectivos relacionados con transporte y seguridad vial

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El Pleno de la Asamblea Nacional, en la continuación de la sesión 674, recibió a representantes de distintas organizaciones y federaciones de la transportación, a nivel nacional, quienes expusieron sus observaciones en torno a las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el marco del segundo debate de esta normativa.
En este contexto, Jorge Calderón, de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador (Fedotaxis), pidió se corrija el texto del artículo 42, que sustituye el artículo 57, sobre el sector de camionetas que prestan servicios de transporte, ya que competiría con los taxis y otras formas de transportación de pasajeros. Además que se establezca solo una revisión técnica vehicular al año.
Desde la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador, Javier Salazar, observó que el sistema de puntos en la licencia de conducir no tuvo el resultado que se esperaba, en la reducción de la accidentalidad, pero lo lamentable es que, con este mecanismo, los conductores profesionales no solo pierden la licencia, sino que se les limita el ejercicio de su profesión y, con ello, el derecho al trabajo.
Entre tanto, Napoleón Cabrera, de la Federación Nacional de Carga Liviana, Mixta y Mediana del Ecuador (Fenacotrali), defendió el rol de la Comisión de Transporte que socializó el proyecto de reformas, el cual incluye al transporte mixto, que llega a los sectores rurales, con carga y pasajeros.
De su lado, Luis Felipe Vizcaíno, de la Federación de Transporte Pesado, expresó su preocupación por estas reformas, dado que su motivación fue la alta incidencia de accidentes en las vías. Sin embargo, esta ley no cambiará la realidad en las carreteras, pues, a su criterio, no contiene una política de seguridad vial adecuada.
Para Nelson Chávez, de la Cámara Nacional de Transporte Pesado y Medio Ambiente (Canatrape), la crisis sanitaria y económica que afecta al país es muy grave y, en estas circunstancias se debe analizar con mayor detenimiento los cambios a una ley tan importante, sobre todo en lo que atañe a entregar competencias a los municipios.
Héctor Condo, de la Asociación de Escuelas no Profesionales del Ecuador (Aecon), calificó como acertado que se incluya en la malla curricular, desde la educación inicial, la materia de tránsito y seguridad vial. No obstante, le parece excesivo ampliar la duración del curso de conducción, ya que no se compadece con la realidad. En tanto, Carlos Ponce, de las Escuelas Profesionales de Conducción, destacó las diferencias de la formación de esta rama, respecto de cualquier otra profesión regida por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
Mientras, Shirley Rivera, de la Federación de Transporte Turístico del Ecuador (Fenature), afirmó que Ecuador tiene una diversidad turística que no ha sido explotada adecuadamente, al cuestionar el pedido del transporte escolar e institucional de que se lo incluya en la rama del transporte turístico, cuando son dos modalidades distintas. Javier Díaz, de la Cámara de Transporte Turístico, se sumó al pedido de este sector para que se mantenga como un segmento autónomo.
En nombre de la Asociación de Choferes Profesionales Jubilados de Quevedo, Roberto Oña Cajas expresó que oportunamente solicitó a la Comisión busque una solución para los choferes adultos mayores, quienes actualmente no tienen ningún tipo de garantía ni protección legal que les permita acceder a una vida digna.
A criterio de Carlos Brunis, de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, la transportación en vehículos eléctricos no es viable, dados sus altos costos. Cuestionó el sistema de puntos en la licencia, régimen sancionatorio que impide el trabajo de los conductores, así como la presencia de las plataformas digitales de transporte de taxi, que no cuentan con una adecuada regulación.
Gustavo Moreira, concejal de El Carmen, dijo que los agricultores y campesinos han sido perjudicados con la prohibición de circular con exceso de personas en los baldes de las camionetas. Por ello, propuso que los permisos de operación de esta modalidad de transporte sea competencia de los gobiernos municipales.
Cecilia Flores, rectora del Instituto Superior Tecnológico del Transporte, aseguró que desde su propia experiencia ha podido establecer que el medio para contrarrestar los altos índices de los accidentes de tránsito es la educación, al destacar que se haya incluido la materia de tránsito y seguridad vial en la malla curricular del sistema educativo nacional.
En el sector de las Tricimotos, Mototaxis y Afines, Luis Salazar Jaramillo y Luis Morán Castro, coincidieron en la necesidad de reformar la Disposición General Segunda para garantizar el ejercicio de este sistema, que goza del 75 % de acogida de la población y no tiene ningún tipo de competencia con taxis, buses, ni otras formas de movilización.
A juicio de Óscar Aguilar, coordinador del Subcomité de Usuarios del Transporte Terrestre, a la ciudadanía le preocupa la ausencia de un verdadero sistema de transporte público y la diversidad de organismos relacionados con la regulación de este sector. Nuestro objetivo es precautelar las vidas humanas, enfatizó.
Luego, Oswaldo Guamán, de la Federación de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador (Fenatei), que agrupa a más de 13 mil transportistas, reiteró su petición para que se unifique esta modalidad con la transportación turística, como fue anteriormente.
Previo a la suspensión de la sesión, Abel Gómez, de la Federación de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros (Fenacotip), llamó a los asambleístas a que actúen con madurez frente a estas reformas, para evitar contradicciones entre las distintas modalidades de transporte.
EG/cz

JACOBO BUCARAM HABRÍA COMPRADO $300.000 EN INSUMOS MÉDICOS ILEGALES

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Dos extranjeros involucrados en la venta ilegal de insumos médicos, durante la pandemia, revelaron a las autoridades que uno de sus clientes fue Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, quien les habría pagado más de 300 mil dólares en efectivo por la compra del material.
El pasado 1 de junio en el cantón Salinas de la provincia de Santa Elena, la Policía detuvo un vehículo BMW en el que iban los dos extranjeros, un ciudadano israelí y un australiano. En el auto llevaban más de 100 mil dólares en efectivo y usaban documentos falsos haciéndose pasar como representantes de la Agencia de Control de Drogas Estadounidense (DEA).
Cuando intentaron justificar el dinero hallado en el vehículo y otros 200 mil dólares que la Policía encontró en una caja fuerte dentro del departamento que alquilaban en Salinas, ambos aseguraron que el dinero provenía del pago que les hizo Jacobo Bucaram por la compra de insumos médicos.
“Me comuniqué con Jacobo Bucaram y nos pidió llegar a su casa en media hora. Pedimos que mi amigo australiano vaya hasta la casa de él, cuando llegó me envió fotos y videos. Ellos hicieron el negocio, acordamos que cuando él saliera de ahí con el dinero, que era mucho dinero, nos íbamos a Salinas, para no quedarnos en Guayaquil”, manifestó el ciudadano israelí.
Según recoge Ecuavisa, el negocio se habría hecho el 19 de mayo en la casa donde vive Abdalá Bucaram Ortiz, justo el mismo sitio en donde la Fiscalía decomisó decenas de cajas con pruebas de COVID-19 e insumos médicos el pasado 3 de junio.
“Jacobo Bucaram me comentó que había contado 21.440 cajas. Nosotros cerramos el negocio a 15 dólares por paquete y él fue a buscar el dinero, la cantidad total era de 321.600 dólares. El trajo una maleta que estaba con mucho, mucho dinero, y contamos 321.600 dólares. Fotografié el dinero dentro del cartón y se lo envíe a mi amigo israelí para que viera que ya habíamos recibido el dinero”, relató el ciudadano de nacionalidad australiana.
Él asegura que grabó desde su celular cuando recibió el dinero de Jacobo Bucaram y está dispuesto a dar la contraseña de su teléfono para que realicen el peritaje que aún no lo han hecho.
Fuente: Republica del Banano | Revista Vistazo

Posesión de María Alejandra Muñoz se realizará en el salón Plenario de la Asamblea Nacional

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Este miércoles, 22 de julio de 2020, será la posesión de María Alejandra Muñoz Seminario como vicepresidenta Constitucional de la República del Ecuador. Así se conoció tras la convocatoria a la Sesión del Pleno en modalidad virtual 678, signada por el titular de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo.
Una vez conocida la designación de Muñoz Seminario, como consta en el procedimiento legal y parlamentario, deberá tomar posesión y juramentar su cargo ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Efectivamente, el acto se desarrollará, de manera presencial, en el Salón del Pleno “Nela Martínez” de la sede del Legislativo.
De manera telemática estarán presentes los 137 asambleístas, así como el titular de la Función Legislativa, quien tomará juramento a la nueva Vicepresidenta de la República, cuyo mandato culmina en mayo de 2021. Posteriormente, María Alejandra Muñoz tomará la palabra para dirigirse a los presentes y a los ecuatorianos, quienes vía telemática podrán seguir la sesión, en las cuentas oficiales de la Asamblea Nacional.
El Legislativo, en el cumplimiento estricto de la normas expedidas dentro emergencia sanitaria derivada por el Covid-19, efectuará este acto protocolar. Se ha dispuesto que un número reducido de personas estarán en el Salón del Pleno, así como familiares y autoridades de Estado.
Una vez efectuado el acto protocolar de juramento y suscripción de la designación por parte del presidente César Litardo y la Vicepresidenta de la República, a su salida del Palacio Legislativo, recibirá los honores de rigor de parte de la Escolta Legislativa.

Educadores populares y comunitarios entregan propuesta para que se cumplan sus derechos a la Seguridad Social

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Con el fin de recibir aportes para la construcción del informe para segundo debate de la Ley de Educación Intercultural (LOEI), la Comisión de Educación lleva adelante talleres de trabajo en el que participan actores de organizaciones, docentes y miembros de la sociedad civil. En esta ocasión la mesa legislativa analizó el tema “Derecho a la Seguridad Social de los Educadores Populares y Comunitarios”.
La charla se inició con la ponencia de Esperanza Andrango, coordinadora Nacional de Educadores Comunitarios, sostuvo que los docentes ya no pueden esperar más para que se cancelen los haberes de títulos de crédito que tienen con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Sostuvo que el catastro levantado por parte del Ministerio de Educación sobre maestros comunitarios no estuvo bien elaborado.
Aracely Puetate, representante de la Federación de Educadores Populares, hizo un recuento de su lucha para alcanzar los derechos a la Seguridad Social, sin embargo, dijo que a pesar de que han dejado su vida en las labores diarias, la justicia aún no llega. Señaló que en los catastros elaborados por el Ministerio de Educación no constan los educadores populares. Indicó que muchos compañeros han fallecido sin recibir lo que por derecho les correspondía.
De su parte, la asambleísta Silvia Salgado indicó que para el próximo miércoles está previsto presentar a la Comisión el informe respecto al tema. Lo que se busca con la transitoria planteada es hacer justicia y que sea mandatoria para que se cumplan los derechos de los docentes. 
Transitoria
La disposición transitoria presentada por la UNE, la Coordinación de Educadores Comunitarios y el asambleísta Raúl Tello, en la parte central estipula: que dentro de los sesenta días, plazo contados a partir de la promulgación de la presente Ley, el IESS conforme sus atribuciones legales impulse las acciones de cobro de las glosas y títulos de crédito que contiene obligaciones de aportes y fondos de reserva, emitidos en contra del Ministerio de Educación correspondiente a 13 provincias por no afiliar a educadores comunitarios o populares, de acuerdo con los detalles que constan en los oficios No. 13111700-362 y No. 13111700 R-9440, expedidos por el Departamento de Afiliación y Control Patronal de la Dirección Provincial de Pichincha del IESS.
Para dicho cumplimiento, el Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas realizarán los ajustes y traspasos presupuestarios correspondientes, en el mismo plazo señalado.
La transitoria, entre otros puntos, señala que en caso que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía incurrieren en mora del pago de aportes, fondos de reserva y más descuentos al IESS, conforme lo establece el artículo 90 de la Ley de Seguridad Social, el Contralor General, a solicitud del IESS, ordenará el bloqueo de fondos y la inmediata retención y entrega al Instituto de una cantidad igual al monto de la liquidación que, conjuntamente con la solicitud, presentará este.
Se señala que esta medida no impedirá el derecho del IESS a perseguir el cobro de lo adeudado mediante la acción coactiva. Las acciones que quedan indicadas solamente se interrumpirán si tales entidades suscribieren convenios de purga de mora patronal, debidamente garantizados.
Intervenciones
Isabel Vargas, presidenta de la UNE, dijo que se ratifican en los 60 días de plazo, y en las 13 provincias, porque allí pertenecen las glosas y títulos de crédito de los docentes. Se debe hacer justicia con los docentes que dieron todo de sí para educar a los sectores populares, expresó.
De su parte, Carlos Bustamante, propuso que la transitoria reúna las condiciones necesarias para que sus derechos se hagan realidad. Mientras que Amira Cedeño, docente, indicó que la Federación de Educadores Populares respalda la propuesta, sin embargo, expresó que se debería establecer de manera clara cómo se utilizarán los 60 días de plazo, exigimos un derecho que está contemplado en la Constitución y las leyes.
Juan Carlos Bustamante, representante de la Red de Maestros, indicó que sería factible que en septiembre ya se genere el segundo debate de reformas a la LOEI. “En noviembre ya podríamos tener una nueva normativa, queremos comprometer a los asambleístas de la Comisión para que apoyen a los más de 12 mil educadores populares”, agregó.  Otras intervenciones giraron en torno al apoyo de la transitoria, anteriormente expuesta.
SV/cz

Expresidente Abdalá B. O. es llamado a juicio por presunto tráfico de armas y municiones

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La Fiscalía del Guayas procesó al expresidente de la República, Abdalá B. O., por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, tras su detención –el pasado 5 de junio– en un allanamiento ejecutado en Guayaquil, dentro de las investigaciones iniciadas por la presunta adquisición irregular de insumos médicos al Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Teodoro Maldonado Carbo.
En audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la mañana y tarde de este viernes 17 de julio, en la Unidad Judicial Albán Borja, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Álvaro Romero, presentó entre los elementos de convicción: los informes de investigación de la Policía Judicial, balístico de Criminalística, el de reconocimiento del lugar de los hechos y el del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través de la Jefatura del Centro de Control de Armas del Guayas –con relación al armamento y munición incautados–; las versiones de los agentes aprehensores, así como lo incautado en los allanamientos que se mantienen en cadena de custodia de la Policía Judicial.
El juez de Garantías Penales Francisco Mendoza emitió auto de llamamiento a juicio contra Abdalá B. O. por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, disponiendo además el cambio de la medida cautelar de arresto domiciliario –emitida en la audiencia de formulación de cargos– por las de presentación diaria ante el fiscal de la causa y durante el fin de semana ante la Fiscalía de la Unidad de Flagrancia Cuartel Modelo; la prohibición de salida del país y el uso de dispositivo de rastreo y vigilancia electrónico.
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 362, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
Información adicional
Fiscalía también investiga a Abdalá B. O. por uno de los casos por la supuesta compra de insumos médicos en el Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo, por lo que se allanó su domicilio la madrugada del pasado 5 de junio. Ese proceso se encuentra en etapa de investigación previa.

Prisión preventiva para 13 nuevos procesados por delincuencia organizada en el caso del Hospital de Pedernales

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La fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez, formuló cargos contra el legislador Eliseo A. y doce personas más, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, tipificado y sancionado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La Fiscal General expuso treinta y tres elementos de convicción, entre documentales y periciales, que determinarían la existencia del delito imputado, en el que habrían participado –de manera concertada– el asambleísta por la provincia de Sucumbíos, Eliseo A.; Jorge J., subdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); Jean B., exasesor de Daniel M.; además de Pablo C., Danny C., Franklin C., Miguel G., José P., José S., José V., Danilo V., Mario O. y Esteban A.
Ellos se suman a los otros seis ya procesados por Fiscalía en este mismo caso.
Para sustentar la formulación de cargos, la Dra. Salazar presentó las conversaciones (audios y textos) a través de chats de WhatsApp, que evidenciarían la existencia de esta estructura y la relación de los procesados entre sí. Según la investigación de Fiscalía, la estructura organizada se dedicaba a cobrar, direccionar réditos económicos y realizar las respectivas maniobras de gestión que requería la organización, para mantener su operatividad.
Al finalizar su intervención, la Fiscal General del Estado solicitó prisión preventiva contra los trece nuevos vinculados, para asegurar su presencia en la audiencia de juicio.
El juez nacional Marco Rodríguez acogió el pedido de Fiscalía y les dictó prisión preventiva a todos, la retención de cuentas y la prohibición de enajenar bienes por un monto de 8 millones de dólares.
Además, dispuso que la Policía Nacional localice y detenga a los procesados Jorge J., Mario O., Esteban A. y Eliseo A.

CNE otorga 10 días para que cuatro organizaciones políticas ejerzan su derecho a la defensa

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó un plazo de 10 días a las organizaciones políticas Fuerza Compromiso Social (FCS), Podemos (MNP), Libertad es Pueblo (LEP) y Justicia Social (MJS), cuya inscripción ha sido cuestionada por la Contraloría General del Estado (CGE), para que presenten sus pruebas de descargo, según lo establece el Código de la Democracia. Mientras tanto, quedan suspendidas del Registro Permanente de Organizaciones Políticas. Así lo resolvió la tarde de este 19 de julio el Pleno del CNE en sesión extraordinaria en la que participaron tres de los cinco consejeros.
La Presidenta del CNE, Diana Atamaint, aclaró que el órgano electoral no está eliminando a estas cuatro organizaciones políticas sino respetando el debido proceso y otorgándoles el derecho a la defensa.
Explicó que el Pleno del CNE aprobó el informe de las áreas técnicas sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado y resolvió iniciar un proceso de revisión de las actuaciones administrativas mediante las que estas cuatro organizaciones políticas lograron inscribirse en los registros del Consejo Nacional Electoral.

Segunda convocatoria para vigilar la gestión financiera del IESS en el Guayas

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Las personas interesadas en vigilar la gestión financiera- compras públicas de la Dirección Provincial Guayas del IESS, durante el periodo 2019 a diciembre 2020, pueden inscribirse en la Veeduría Ciudadana que se conformará con dicho propósito.
Las inscripciones se recibirán del 17 al 24 de julio de 2020, en el correo electrónico chidalgo@cpccs.gob.ec
Requisitos:

  • Estar en goce de los derechos de participación.

  • En el caso de personas jurídicas u organizaciones de hecho, encontrarse debidamente reconocidas ante las entidades correspondientes, o sus comunidades.

  • Contar con una carta de delegación en caso de actuar en representación de organizaciones de la sociedad.

  • Llenar el formulario de inscripción, adjuntando fotocopia de cédula de ciudadanía y de papeleta de votación.

Una vez que concluya el plazo establecido y se realice la verificación de la información receptada, la Subcoordinación Nacional de Control Social tomará contacto con los postulantes que hubieran remitido sus solicitudes.
Descarga aquí:
Convocatoria
Formulario de inscripción

Segundo debate del proyecto de reforma a Ley de Tránsito será este martes

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Este martes 21 de julio, a partir de las 15h30, continuará la sesión del Pleno 674, en modalidad virtual, en la que se tramitará el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Lunes, 20 de julio del 2020 - 08:00 Elaborado por: Sala de prensa 

La propuesta incorpora en la malla curricular de las instituciones públicas y privadas la materia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, a partir de la educación inicial hasta el bachillerato.
Las escuelas de conduccción e instituciones de educación superior encargadas de la capacitación, formación y entrenamiento para conductores profesionales y no profesionales contarán adicionalmente con  la acreditación por parte del ente nacional responsable de la calidad del Sistema de Educación Superior, lo que garantizará el mejoramiento de los niveles educativos y de formación en la temática.
Las horas de formación práctica de conducción, no podrá ser inferiores al 40 % del contenido total de la malla curicular. Los cursos para la obtención de la licencia de conducción no profesional, no podrán tener una duración menor a 90 horas académicas. Para el caso de cursos de la obtención de la licencia de conducción profesional, el número mínimo de horas académicas será de 480.
Los conductores profesionales se someterán anualmente a los exámenes médicos, psicológicos, psicosensométricos y teóricos.
Identificación de cadáveres
Posteriormente, según el orden del día, se analizará la resolución para que el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos López, responda sobre el manejo e identificación de cadáveres en los diferentes hospitales públicos de la ciudad de Guayaquil.
Vacuna contra Covid
Adicionalmente, el Parlamento tramitará las resoluciones para sumarse a la Declaración de Presidentes de los Parlamentos Regionales de América Latina, Parlatino, Parlandino, Parlasur y Parlacen emitido con fecha 24 de junio de 2020, para que la vacuna contra el Covid-19 sea accesible para el mundo en forma gratuita; y, para designar a la Comisión de Participación Ciudadana que analice el informe presentado por el Presidente de la República, licenciado Lenin Moreno Garcés, el 24 de mayo de 2020.
MG/cz

Entregan obras viales en Jipijapa y 24 de Mayo

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Decenas de productivas comunidades de Jipijapa y 24 de Mayo se beneficiarán con las obras viales que el Gobierno de Manabí entregará a los ciudadanos este martes 21 de julio.
El prefecto Leonardo Orlando presidirá los actos de inauguración de un puente de hormigón armado en la parroquia Sucre de 24 de Mayo, y de la vía Pueblo Nuevo - Membrillal, de la parroquia de este último nombre en Jipijapa.
Desde las
09h00, con la presencia de autoridades locales, se hará la entrega del puente de 16 metros de largo sobre el estero San Francisco en la vía Sancán - Cañitas - Los Algodones, de Sucre (24 de Mayo).
Este viaducto de 8,2 metros de ancho beneficia a comunidades productivas como: Cañitas, Algodones, San Pablo, San Francisco, Cerrito Abajo, El Sandial, entre otras. También mejora la conexión vial entre 24 de Mayo y el sitio Sancán de Jipijapa.
Demandó una inversión de 166 mil dólares provenientes del Banco de Desarrollo, entidad que financia la construcción de 13 puentes de hormigón armado y 1 obra de drenaje en Manabí por más de 3,2 millones de dólares.
El mismo día, desde las
11h00, se desarrollará la entrega de la vía que une la parroquia Membrillal (Jipijapa) con Pueblo Nuevo en una distancia de 3,2 kilómetros.

Esta vía está contemplada dentro del Plan de Vialidad Rural que lleva adelante la Prefectura que busca convertir 1.100 km de vías de suelo natural en caminos a nivel de mejoramiento.

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