Archives for 20 September 2020 | Ecuador en línea

Chone en pie de lucha la ciudad comienza a preocuparse por los problemas hospitalarios y sanitarios

Chone en pie de lucha la ciudad comienza a preocuparse por los problemas hospitalarios y sanitarios


La junta cívica del cantón Chone, con su presidenta la abogada María Auxiliadora Bravo, han comenzado a requerir de las autoridades que nuestro hospital sea entregado en debida forma, para ello, han convocado a una reunión, de todas las bases y organizaciones sociales existentes en el cantón Chone, para exigir que de una vez por todas se entregue el hospital Napoleón Dávila Córdova, así como el sistema integral de Alcantarillado; y, el nuevo mercado que se encuentra en total abandono así como se entreguen medicinas y resolver conflictos internos que existen dentro de el área de salud.
Un video que se ha subido a las redes sociales así como a las diferentes plataformas, muestran la preocupación que existe tanto en la junta cívica liderado por Bravo, como en la ciudadanía en general.
Se ha convocado a una gran reunión, para el día lunes 28 de septiembre, a las cuatro de la tarde en la Cruz Roja, con todos los representantes institucionales y organizaciones clasistas, las autoridades: gobernador, alcalde, jefe político, ministerio de salud, medios de comunicación, para tratar la entrega del edificio del hospital, situación de administración del hospital, falta de medicamentos y confrontación interna en el hospital, falta de ejecución de contratos del hidrosanitario, ejecución de la construcción del mercado municipal del cantón Chone.
Esta convocatoria está firmada por la doctora María Auxiliadora Bravo Zambrano presidenta de la junta cívica de Chone. Esperan que todos los asistentes respeten las normas de bioseguridad y el respeto recíproco en las intervenciones.

Federación de Organizaciones Montubias en pie de lucha.

Federación de Organizaciones Montubias en pie de lucha.


La Federación de organizaciones Montubias Del Ecuador, invitó a una rueda de prensa por la democracia y el respeto a la soberanía popular en el centro agrícola cantonal de MILAGRO, que está ubicado en esa ciudad, en la calle Ambato y presidente Otto Arosemena, el día de hoy viernes 25 de septiembre a las tres de la tarde.
A la rueda asistieron la Abogada Mónica Mosquera, candidata a Asambleista, representando al pueblo montubio, Eduardo Morán, de la Red de Jóvenes de el Oro, Cindy Carpio, William Mendoza, Coordinador Político de Manabí, Norma Mosquera, Carlos Chacón, Mariana Plúas por guayas; y, Darwin Chávez por los Rios,

Jacobo Bucaram es detenido en Colombia y trasladado a Ecuador

Jacobo Bucaram es detenido en Colombia y trasladado a Ecuador
Uno de los graves problemas que tiene el Ecuador, es precisamente el hecho de que en el país la justicia tarda pero llega; así Jacobo Bucaram, fue detenido en Colombia por estar de manera ilegal en dicho país, las autoridades de inmediato se pusieron de acuerdo y fue entregado al Ecuador donde se lo requería por presuntos indicios de responsabilidad penal con la venta de medicamentos, entre otras cosas para el Covit 19, así como por delincuencia organizada.


Jacobo Bucaram, es hijo del expresidente de la República Abdala Bucaram Ortiz, quien, a través de las redes sociales, solicitaba de manera urgente a María Paula romo y el presidente Lenin Moreno, que no le hagan eso a su hijo; pues, su hijo era inocente.
Sin embargo, ya se lo trasladó a un lugar de flagrancia y posteriormente según se indica, iría a una cárcel nacional.

Anoche, la ciudadanía salió a las calles de Quito: Marcha de las antorchas

Reportaje de Hechos Ecuador


La asamblea nacional ciudadana, se puso de manifiesto frente a los graves problemas que tiene el Ecuador y frente a la liberación de los precios de los combustibles.
Pablo Iturralde, dirigente nacional y coordinador de esta institución, entregó declaraciones a este medio de comunicación y dijo que la lucha ha comenzado ya en las calles.

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El pueblo está cansado de los atropellos que han venido realizando un gobierno que llegó por la izquierda y que hoy se entregó al Fondo Monetario Internacional, dando entender que ellos fueron electos por la derecha.
El Ecuador no perdona, no ha perdonado, ni perdonará todo lo que le han hecho durante estos tres últimos años.
Asimismo, Iturralde declaró que se mantendrán en resistencia hasta que el decreto mediante el cual ahí la liberación del precio de los combustibles se ha derogado.

Mejoramiento vial reduce el tiempo de traslado de productos desde zona rural 

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Son las 10h17 de este miércoles. Jonny Cornejo nos recibió en su domicilio e invitó al desayuno. Plátano asado, panes de almidón, queso fresco y maní quebrajado son los platos servidos en la mesa. “Esta es la esencia del campesino: ser buenos anfitriones”, comentó mientras insistía en que tomemos asiento.       
Jonny se muestra optimista con los trabajos de mejoramiento vial realizado en el sitio Tablada de Fátima, de la parroquia Santa Rita. Nos acompañó en la mesa y comentó sobre el sufrimiento que tiene el campesino sin una vía permanente. “Antes se perdía parte de la producción. Los enfermos salían cargados en hombros en una hamaca”, recordó.
Para Jonny, contar con una vía permanente es simplificar el tiempo a los agricultores y facilitar el traslado de lo cosechado. “Ahora diariamente podemos sacar los productos como la leche, queso, plátano y frutas, entre otros, para vender en los centros de acopio y retornar a casa en cuestión de pocas horas… Eso no sucedía antes”, afirmó.
Pasaron 30 minutos y nos aprestamos a recorrer la vía, pero Jonny sube primero racimos de plátano en su camioneta para comercializarlos. En el trayecto cuenta que cada día vende en el mercado entre 60 a 70 litros de leche y retorna con las compras para su hogar. “Realmente estamos contentos por el mejoramiento vial. Ha sido una lucha de muchos años”, refirió.   

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Son siete kilómetros de la vía Vaca de Monte-Tablada de Fátima, donde interviene el municipio, Gobierno de Manabí y la comunidad, a través de un convenio. También serán beneficiadas las comunas aledañas, explicó Quinto Alcívar, coordinador general del comité vial de la zona.

Muñoz confesó su participación en venta ilegal de medicamentos.

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Abraham Muñoz, entrenador personal de Daniel Salcedo, confesó que participó en la comercialización ilegal de productos médicos para tratar el virus de la covid-19.
Muñoz, desde hace dos meses, se encuentra privado de su libertad en la penitenciaría, acusado del delito de delincuencia organizada por la venta ilegal de medicamentos, que fueron donados al IESS y sustraídos de sus bodegas para su posterior comercialización.
iEl procesado rindió su versión sobre la forma en la que obtuvo la Actemra, medicamento para tratar el nuevo virus, que lo vendía en 1.200 dólares, cuando su precio normal es de 300 dólares, luego de sacarlo, de manera ilícita, del Hospital del Guasmo, de Guayaquil.
«Entre el 23 y 26 de marzo recibí una llamada del señor Andrés Mora, a quien conozco del gimnasio, desde el 2019, quien me propone colaborar en la entrega de unos insumos médicos en el Hospital General Guasmo Sur», declaró Muñoz.
Contó que participó en tres entregas del medicamento, junto con Andrés Mora. Señaló que por cuenta propia se acercó al hospital con una receta para solicitar el medicamento, el mismo que tenía pensado devolverlo.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano.

Solicitan que el maltrato infantil institucional sea imprescriptible.

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La niña de 12 años de edad, Liuba Mora, representante del grupo “Doughter Angels” de forma virtual, en la Comisión que atiende temas y normas de la Niñez y Adolescencia, solicitó que el Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes cdebe tener una visión humanista, donde la palabra amor transversalice la ley. Además, propuso que la reclusión en habitaciones oscuras y la privación sensorial por aislamiento, se lo establezca como tortura, mas no como castigo corporal, tomando en cuenta que trae consecuencias en el desarrollo de niños y adolescentes.

Así mismo, indicó que el niño o niña víctima testigo debe considerarse como la parte frágil del proceso de denuncia; y, durante el proceso debe estar acompañado especialmente de una persona de su confianza o de protección.
También, propuso que al ser el niño o niña sujeto de derechos puede denunciar como víctima, por lo tanto, pidió que el maltrato infantil grave como institucional no prescriba. Indicó que tampoco debe prescribir la garantía de la reparación integral de la víctima en su dignidad humana dentro de la justicia terapéutica, mediante el derecho a la instalación de un proceso de investigación y conocimiento de la verdad de los hechos, en concordancia con el artículo 78 de la Constitución.
El mencionado artículo establece que las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Además, que se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales, dijo.
Propuestas Corte de Justicia.
En otro orden, la Comisión avocó conocimiento del articulado sobre el régimen de sustracción internacional de menores, presentada por Paulina Aguirre Suárez, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, quien solicitó que esta propuesta se incluya en el Libro II sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, tomando en cuenta que este procedimiento no se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico interno, a la luz de las obligaciones internacionales.
Además, señala que el marco legal supranacional busca desarrollar un sistema internacional de cooperación administrativa y judicial para proteger a las niñas, niños y adolescentes menores de 16 años, en la importancia dada al interés del menor y de las posibles excepciones a la vuelta inmediata de los menores trasladados o retenidos de forma ilícita.
La titular de la Corte Nacional de Justicia enfatiza que frente a un vacío legal que no regula el procedimiento de traslado o retención ilícita de una persona menor de 16 años de edad, una vez que se haya verificado la violación a un derecho de guarda o de custodia y preservar el derecho de visita, conviene establecer un conjunto de normas en el Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, estos aspectos conforme a los tratados internacionales sobre la materia.  
La presidenta de la Comisión, Encarnación Duchi, indicó que la propuesta de la Corte Nacional de Justicia, así como de la niña Liuba Mora, del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, y otras que han llegado a la mesa serán incorporados en una matriz para ser analizados.
Apoyo técnico Unicef.
En la sesión de hoy, se informó que los abogados Joaquín Alemán, María de Lourdes Miranda y María Ojeda, apoyarán a la Comisión como equipo técnico del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de Ley del Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Proyecto de Ley de Modernización a la Ley de Compañías estaría a la vanguardia de normativa internacional.

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En la continuación de la sesión 681 del Pleno, dentro del tratamiento en segundo debate del proyecto de Ley de Modernización de la Ley de Compañías, los parlamentarios escucharon a Paúl Noboa Velasco, investigador del Instituto Iberoamericano de Derecho de Finanzas, quien destacó la importancia de aprobar dicho cuerpo legal, en virtud de que la vigente Ley está obsoleta y data de hace 56 años.

Destacó que el proyecto introduce una serie de figuras novedosas e innovadoras que, sin duda, al aprobarlas situarián a la Ley de Compañías a la cabeza de la regulación societaria internacional.
Además, dijo, se establece una redefinición del régimen de responsabilidades de los administradores sociales, así como, la eliminación de contar con comisarios, lo cual faculta a los accionistas de sociedades anónimas para que, de acuerdo a sus necesidades operacionales y de organización interna, determinen en el estatuto social cuál será la estructura que mejor se adecúa a sus necesidades operacionales.
Precisó que con la propuesta legal se elimina la confusión respecto a la personalidad jurídica de las asociaciones en cuentas de participación, ya que las mismas han sido eliminadas de la Ley de Compañías y se regirán por las disposiciones del Código de Comercio.
El primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, luego de la intervención del investigador del Instituto Iberoamericano de Derecho de Finanzas, suspendió la sesión del Pleno.

“EL CIERRE DE INFOCENTROS DEPENDE DE UNA SENTENCIA”

Este miércoles 23 de septiembre se llevó a cabo la Audiencia, dentro de la Acción Ordinaria de Protección Constitucional planteada por el Magíster Adrián Ibarra con el patrocinio del Jurista Dr. Juan Terán Puente, ex Fiscal de Pichincha, con el objeto de oponerse al cierre de 886 infocentros que el Ministerio de Telecomunicaciones junto con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT buscan realizar en los próximos días, lo que ocasionaría la vulneración de los Derechos Fundamentales a la Educación, al Trabajo y al Acceso Universal a las Tecnologías de la Información y Comunicación, reconocidos y protegidos por la Constitución.

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El cierre de los Infocentros afectaría y privaría de la educación a más de 700 mil estudiantes que cursan sus estudios en el campo, recordemos que actualmente en modalidad virtual, incrementando así el analfabetismo e impidiendo el Derecho a la Educación de miles de millones de niños.
Es una realidad que en el Ecuador un 64% de los habitantes de las zonas rurales no cuenta con computadoras ni tablets, ni servicios de internet, y solo un 36% cuenta con equipos que son compartidos entre todos los miembros del hogar; de ese 64%, un 43% ya se ha visto obligado a dejar sus estudios por esta causa, siendo éste un dato corroborado por la Ministra de Educación, quien informó que hasta el momento 1.500 estudiantes ya han abandonado sus estudios a causa de no poder ingresar a las plataformas digitales por falta de estos servicios.
Así también la UNICEF, señala textualmente que en Ecuador, solo el 37% de los hogares tiene acceso a internet, lo que significa que 6 de cada 10 niños no puede continuar sus estudios a través de plataformas digitales.
Cabe recalcar que los infocentros no únicamente están dispuestos en zonas rurales, sino también en sitios urbano marginales que no cuentan con el acceso a las TIC ́s.
En el juicio también comparecieron en calidad de Amicus Curiae (Amigo del Tribunal), la Presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Magíster Isabel Vargas Torres y Scarlett Tamayo, Presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), quienes expusieron desde sus respectivas perspectivas la brecha digital que subsiste a nivel nacional y especialmente en las zonas rurales, y solicitaron a la Jueza que no se cierren los infocentros, y que por el contrario se los repotencie y se incremente su número.
A todo lo expuesto, este viernes 25 de septiembre de 2020, la Jueza de la causa dará a conocer su sentencia, que esperamos sea favorable en beneficio de todos los sectores más desposeídos de la ciudadanía.

PANDEMIA Y CORRUPCION

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A poco más de 6 meses de iniciada la pandemia que marcó un antes y un después en la vida de todos los seres humanos, es importante sacar lecciones aprendidas y enrumbar los destinos de sociedades como la nuestra que han quedado en evidencia por lo negativo antes que por lo positivo. ¡Lamentablemente!
Este quiebre de un antes y un después, nos obliga a tomar conciencia y abrir los ojos, para entender que el único empeño en el que debemos enfocarnos, si de verdad queremos salir mejor de esta situación de crisis generalizada, es renovando nuestro empeño por mantener con firmeza nuestro compromiso con la reconstrucción del tejido social e iniciar, promover desde nuestra realidad una particular dedicación por la defensa y el cuidado de la vida, especialmente la de los más vulnerables y excluidos.
Apostar por la vida es enfrentar la necesidad de curar las “estructuras sociales enfermas”, una pandemia que nos afecta desde ya hace mucho tiempo. Es momento de atacar de raíz el problema y las falencias estructurales de la injusticia que azota a los latinoamericanos. Hastiados, vemos cómo el virus de la corrupción carcome las fibras más nobles de nuestra sociedad. Es mi vida, es la tuya, es la de cada ecuatoriana y ecuatoriano la que está siendo afectada.
La COVID19 desnudó la calamitosa condición de nuestro sistema de salud pública y privada, y con ello la infame calidad de vida de nuestro pueblo. Mención especial merecen los escándalos de corrupción desatados a todo nivel y puestos en evidencia. A todo esto hay que añadir todos los actos inmorales de especulación de precios y canibalismos del hombre hacia el hombre, en alimentos, medicina y todo tipo de artículos de uso diario.
Al pasar de los días, ante los avances de la vacuna y con los contagios que empiezan a bajar, muchos pretenden desconocer la urgencia Es tarde, pero es nuestra hora de esta purulenta realidad que se ha destapado, queriendo volver a rutinas de vida egoísta que son inaceptables. El coronavirus ha sido solo el detonante, la verdadera tragedia permanece en la inequidad de oportunidades que tenemos los seres humanos. Ahí radica la injusticia de la que muchos hablan y que al parecer pocos quieren ver y aceptar.
Para colmo de males, el proceso electoral que apenas empieza, nos lanza a la cara que muchos de quienes hacen política partidista en este país no han entendido nada de lo que ocurre. ¡Ambiciosos, hipócritas y sepulcros blanqueados, diría Jesús! Sus acciones reflejan los intereses personales y no el deseo sincero de sopesar la cruenta encrucijada nacional, demostrando que hay una mínima sensibilidad para deponer la agenda propia y dar paso a una profunda mirada nacional. Necesitamos de ellos… cordura, serenidad, serios proyectos que promuevan el desarrollo integral del ser humano. Capacidad para dialogar y encontrar sinergias a largo plazo, que estén por encima de personas, partidos y amañados apetitos destructores. ¿Es tan ingenuo exigirlo? Luchemos porque no sea así. ¡La Asamblea! ¿Qué decir del poder del estado que debiera cobijar a grandes pensadores de la legislación ecuatoriana? Su “popularidad” está por los suelos, consecuencia de sus inconsecuencias.
Un primer gran paso histórico debiera ser y exigir perfiles de quienes están formados para forjar cuerpos de leyes que promuevan el bien común. Gente preparada y con años de experiencia, que no necesite “asesores”, que hemos visto son una carga económica y una fuente de distorsión para la honestidad.
¡Zapatero a tu zapato y punto! Algunos, muy profesionales en lo suyo, pero a quienes nos toca reclamar que tengan algo de sangre en el rostro, pidiéndoles que se ubiquen en la historia y por decencia desistan de aquello para lo que no están preparados. Si hay algo que queda en evidencia, al igual que la pandemia y la corrupción que nos carcome vivos, es el bajo nivel de muchos de los numerosos candidatos que aspiran llegar al poder por mandato popular.
Está más que claro que lo que necesita el país y el mundo es acceso equitativo a atención médica, educación y trabajo digno de calidad siempre y para todos; acoger al hermano o hermana que se encuentra en situación de migración forzada, quien no tiene dónde quedarse o un trabajo que le genere ingresos; llevar alimentos a la mesa de los hijos o educarles responsablemente.
El ser humano debe estar en el centro de cualquier proyecto y/o propuesta política. Las reflexiones deben ser serias y sustentadas. Pero hasta ahora lo que se ve es un modo primario de hacer política, que no pasa de las acusaciones mutuas, de las jugarretas de antaño en donde nadie analiza, ni aterriza en los temas de fondo y se contentan con repetir al unísono, discursos demagógicos llenos de generalidades, No hay duda que todos estos aspectos nos invitan a meditar detenidamente. Es importante sacudir el adormecimiento actual.
Reaccionar del dolor que hemos experimentado este tiempo, elevar la voz y procurar una efectiva organización social. Construyamos esperanza. Es el tiempo. Todavía podemos. ¡Digamos que es nuestra hora!

Borys Sosa F.
Hechos Ecuador
“Unidos por la verdad”

“EL CIERRE DE INFOCENTROS DEPENDE DE UNA SENTENCIA”

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Este miércoles 23 de septiembre se llevó a cabo la Audiencia, dentro de la Acción Ordinaria de Protección Constitucional planteada por el Magíster Adrián Ibarra con el patrocinio del Jurista Dr. Juan Terán Puente, ex Fiscal de Pichincha, con el objeto de oponerse al cierre de 886 infocentros que el Ministerio de Telecomunicaciones junto con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT buscan realizar en los próximos días, lo que ocasionaría la vulneración de los Derechos Fundamentales a la Educación, al Trabajo y al Acceso Universal a las Tecnologías de la Información y Comunicación, reconocidos y protegidos por la Constitución.
El cierre de los Infocentros afectaría y privaría de la educación a más de 700 mil estudiantes que cursan sus estudios en el campo, recordemos que actualmente en modalidad virtual, incrementando así el analfabetismo e impidiendo el Derecho a la Educación de miles de millones de niños.
Es una realidad que en el Ecuador un 64% de los habitantes de las zonas rurales no cuenta con computadoras ni tablets, ni servicios de internet, y solo un 36% cuenta con equipos que son compartidos entre todos los miembros del hogar; de ese 64%, un 43% ya se ha visto obligado a dejar sus estudios por esta causa, siendo éste un dato corroborado por la Ministra de Educación, quien informó que hasta el momento 1.500 estudiantes ya han abandonado sus estudios a causa de no poder ingresar a las plataformas digitales por falta de estos servicios.
Así también la UNICEF, señala textualmente que en Ecuador, solo el 37% de los hogares tiene acceso a internet, lo que significa que 6 de cada 10 niños no puede continuar sus estudios a través de plataformas digitales.
Cabe recalcar que los infocentros no únicamente están dispuestos en zonas rurales, sino también en sitios urbano marginales que no cuentan con el acceso a las TIC ́s.
En el juicio también comparecieron en calidad de Amicus Curiae (Amigo del Tribunal), la Presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Magíster Isabel Vargas Torres y Scarlett Tamayo, Presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), quienes expusieron desde sus respectivas perspectivas la brecha digital que subsiste a nivel nacional y especialmente en las zonas rurales, y solicitaron a la Jueza que no se cierren los infocentros, y que por el contrario se los repotencie y se incremente su número.
A todo lo expuesto, este viernes 25 de septiembre de 2020, la Jueza de la causa dará a conocer su sentencia, que esperamos sea favorable en beneficio de todos los sectores más desposeídos de la ciudadanía.

Las pruebas para detección de antígeno: Un nuevo tipo de prueba para el diagnóstico temprano de la enfermedad COVID-19

Tras 6 meses de haber sido declarada la pandemia por la OMS, muchos han sido los descubrimientos y aportes de la tecnología tanto para el diagnóstico del COVID 19, como para tratar de frenar la pandemia. A nivel de diagnóstico las pruebas más usadas han sido: moleculares o PCR, serológicas principalmente en formato de pruebas rápidas de anticuerpos; sin embargo, en varias instancias han sido insuficientes y no fiables, por lo que aparece recientemente una nueva alternativa: pruebas para detección de antígeno, una oportunidad completamente provechosa en cuanto a diagnóstico recomendada y avalada por entidades internacionales.

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Desde el primer paciente detectado en el mundo, se presentaron al mundo las conocidas pruebas moleculares, que sirven para el diagnóstico temprano de los contagiados mediante la detección directa del virus y que demostró ser muy efectiva en el control del avance de la COVID-19 en aquellos países con cantidad necesaria de pruebas y un respaldo financiero gubernamental que soportó el costo de las mismas. Lamentablemente, los países en Latinoamérica se tuvieron que conformar con mantenerse expectantes durante varios meses hasta tener la disponibilidad de este tipo de pruebas, en volúmenes insuficientes, con costos demasiado altos para la realidad de algunas naciones como para aplicarlas de forma masiva y adicionalmente contando con pocos laboratorios capaces de procesar este tipo de pruebas muy por debajo de la demanda necesaria para poder diagnosticar a tiempo la propagación del virus.

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Siendo así, nos tuvimos que conformar con la implementación de pruebas serológicas, útiles para algunos aspectos de la enfermedad, más baratas y de más fácil procesamiento en su formato de pruebas rápidas, sin embargo no fueron concebidas para el diagnóstico temprano de la infección al no detectar la presencia del virus directamente sino que fueron desarrolladas para detectar la respuesta del cuerpo humano a dicha infección, mediante la formación de anticuerpos, proceso que tarda varios días más, los cuales son cruciales y que, en adición la aparición de estos anticuerpos no es perfecta en algunas condiciones o estados de enfermedades preexistentes, por lo que el avance de la enfermedad no logró detenerse de la forma más óptima.
La tecnología se ha ido perfeccionando luego de algunos intentos fallidos tratando de encontrar una prueba ideal que permita la detección temprana del virus con las características de una molecular, pero con costos más asequibles, de fácil procesamiento como una rápida, hasta alcanzar
las pruebas para detección de antígeno, las cuales en los últimos días varias instituciones de prestigio como la CDC (Centro para Control de Enfermedades), la OMS (Organización Mundial de la Salud), la PAHO (Pan American Health Organization), la FDA (Food and Drug Administration), la APHL (Asociación de Laboratorios de Salud Pública), la ICMR (Consejo Indio de Investigación Médica) se han pronunciado para recomendar el empleo de estas pruebas siendo una de las mejores noticias que hemos recibido en esta pandemia.
Las pruebas para detección de antígenos pertenecientes al virus de la COVID-19, permiten realizar un descarte confiable y rápido a las personas sospechosas de padecer la enfermedad,
con resultados listos en 15 minutos, de tal forma que se puede tomar aislamiento y manejo más adecuado sobre todo dentro de los primeros días de inicio de síntomas de la enfermedad, justo cuando se necesita detectarla más oportunamente. Gracias a ser una prueba de fácil procesamiento, sin necesidad de instrumentos, ni infraestructura de laboratorio, se considera una potencial herramienta para poblaciones de recursos limitados, lo cual será de gran ayuda en países de menor desarrollo como son los de Latinoamérica.
Las entidades internacionales mencionadas, han recomendado últimamente su empleo en escenarios de poblaciones con alta probabilidad previa de poseer el virus COVID-19 (es decir, pacientes sintomáticos en poblaciones de alta prevalencia), en aquellos casos, en los que un resultado positivo podría dirigir decisiones clínicas inmediatas y medidas de control en entornos colectivo, como:
• Implementación de equipos de control para proporcionar pruebas específicas en situaciones de emergencia o brotes nuevos.
• Selección de personas con síntomas respiratorios en departamentos de emergencias.
• En establecimientos penitenciarios, centros de cuidados a largo plazo, asilos u otros entornos de alto riesgo, grupos congregados donde se han confirmado casos recientes.
• Pruebas fuera del horario de atención en entornos hospitalarios cuando el paciente se beneficiará de un resultado rápido.
• Personas sintomáticas en poblaciones remotas como pequeños hospitales rurales, naciones tribales u otras jurisdicciones con alta prevalencia conocida y acceso alternativo limitado a las pruebas.

Como un ejemplo de los algoritmos actuales más simples para visualizar la aplicación práctica de las pruebas de antígeno, tenemos el siguiente basado en el formulado por la ICMR (Consejo Indio de Investigación Médica) hace pocas semanas:


Es importante señalar que las pruebas de antígenos tienen muy alta especificidad, es decir que cuando salen positivas son indicativas de que el paciente posee la infección con gran certeza; sin embargo, ante resultados negativos, se deben analizar factores adicionales del paciente, como el historial de exposición a COVID-19, el cuadro clínico y los resultados de pruebas auxiliares adicionales como orientación al diagnóstico y posterior manejo del paciente; sin embargo su aparición y existencia es una gran oportunidad para el manejo del diagnóstico temprano y efectivo del virus COVID 19 en este momento de evolución de la enfermedad.

Familias afectadas por incendios son apoyadas con enseres domésticos 

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La sonrisa continúa en los rostros de los integrantes de la familia Mala Véliz, en La Moqueta de Río Grande, en la parroquia Santa Rita; esto, pese a haber perdido su vivienda por un incendio, hace menos de una semana. “Muchas gracias por todo lo que me están ayudando. Vamos a empezar de nuevo. Desde el principio, porque se nos quemó todo”, recordó Vicenta Véliz.
Este martes, la ayuda llegó con 2 camas, dos colchones, frazadas, almohadas, baldes para agua, tabletas purificadoras de agua y víveres, luego de la gestión de la municipalidad y el Cuerpo de Bomberos, y en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Gobierno de Manabí y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE).

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A esto se suma una atención médica por parte del Gobierno de Manabí, un bono único del MIES y se evalúa con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) la posibilidad de apoyarles con una casa. Ahora están en un hogar de acogida, ya que cenizas y un par de objetos es lo que queda de su vivienda de caña y madera. 
Asimismo, la asistencia humanitaria se extendió hacia otro sector de Chone: en Ñause, de la misma parroquia. Allí se ayudó a la familia Solórzano que también perdió su vivienda por un incendio, entregándole 3 colchones, 3 camas, frazadas, 3 almohadas, dos kits de vajilla familiar, baldes de agua de 3 litros, papel higiénico y tabletas purificadoras de agua.

Con machete, pala y escoba en mano, los vecinos de Los Sauces limpian su barrio

Son los mismos moradores de Los Sauces que cuidan su barrio. Así lo han hecho y fue evidente este miércoles en la mañana, cuando salieron de sus casas con machetes, palas y escobas para limpiar su entorno y las calles del sector, por cuenta propia y con sentido de ciudadanía y buena vecindad, además de contar con el acompañamiento de personal municipal.
La vecina Edith Moreira manifestó sentirse complacida. “La unión hace la fuerza y aquí lo estamos demostrando para mejorar la imagen de nuestra ciudadela. Es una acción que siempre la realizamos y que por primera vez tocamos las puertas del GAD Municipal, para trabajar de manera conjunta en esta limpieza”, señaló. 

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Carlos García, director municipal de Gestión Ambiental, aseveró que la institución está atenta a apoyar estas iniciativas ciudadanas y sumarse con personal y logística.
“Somos una ciudadela unida y hemos crecido. Contamos con la escuela Yelmo Rivadeneira Caicedo, el parque infantil y una estación de servicios de combustibles de la Cooperativa de Transportes Carlos Alberto Aray. Tenemos vías principales en dos frentes: el Paso Lateral y la vía que conecta a Santa Rita con Los Raidistas”, indicó José Medranda, su líder comunitario.

Se convoca a la ciudadanía a participar del proceso de acreditación de la Observación Electoral para las Elecciones 2021

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) en sesión ordinaria No. 13, aprobó la convocatoria para que las personas naturales y jurídicas de nacionalidad ecuatoriana domiciliadas en el Ecuador y las personas naturales de nacionalidad extranjera que residan de manera legal y continua en el país al menos 5 años; y que tengan interés en participar de manera voluntaria, cívica y proactiva, a acreditarse con la finalidad de desarrollar actividades de observación en el proceso electoral 2021.
La solicitud de acreditación podrá presentarse de manera presencial a través de la Secretaría General del CNE, de las delegaciones electorales, o a su vez a través del portal web institucional www.cne.gob.ec, ingresando a un enlace que se publicará y permanecerá habilitado del 25 septiembre al 9 de octubre de 2020.
La presidenta Atamaint destacó que la convocatoria viabiliza la participación de la sociedad civil y de quienes están comprometidos con la democracia. "El CNE trabaja junto a otros actores para demostrar la trasparencia y legitimidad, este instrumento fortalecerá los procesos", dijo.

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El pleno del CNE, una vez concluido el plazo establecido, emitirá la resolución de acreditación previo informe de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales Cooperación y Observación Electoral, que verificará el cumplimiento de requisitos y analizará la documentación habilitante. La resolución será notificada a través del correo electrónico proporcionado en las solicitudes de acreditación. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral brindará capacitación virtual a los observadores y las garantías necesarias para cumplir adecuadamente su tarea.

Las candidaturas quedan calificadas y en firme una vez que cumplan el debido proceso

Del 18 de septiembre al 7 de octubre de 2020, los representantes legales de las organizaciones políticas, el procurador común de la alianza electoral o sus respectivos delegados, deberán inscribir las candidaturas, a través del portal web institucional www.cne.gob.ec, o a su vez, entregando la documentación habilitante de manera presencial, ante el órgano electoral.
El artículo 9 del reglamento para la Inscripción y Calificación de Candidaturas de Elección Popular, indica que la solicitud de inscripción de candidaturas deberá estar respaldada con la documentación habilitante. La documentación de respaldo es de estricta responsabilidad de las organizaciones políticas o alianzas.
Previo a la inscripción de las candidaturas, las organizaciones políticas y sus candidaturas deben cumplir el siguiente procedimiento:
1. Presentación de la inscripción de candidaturas (representantes de la organización política) artículo 100 Código dela Democracia (CD).
2. La Secretaría del CNE o de la Junta Electoral, correrá traslado a los sujetos políticos para que puedan presentar el recurso de objeción en el plazo de 1 día, artículo 101 del CD.
3. Los sujetos políticos pueden presentar sus objeciones en el plazo de dos días, artículo 101 del CD.
4. La Secretaría del CNE o de la Junta Electoral corre traslado para la defensa y el debido proceso del candidato objetado en le plazo de 1 día- artículo 101 del CD.
5. El candidato objetado puede presentar en el plazo de 2 días su contestación artículo 101 del CD.
6. El CNE o la Junta Electoral resolverán en el plazo de 2 días, artículo 101 del CD.
7. La notificación de la objeción a las partes se realizará en el plazo de 1 día, artículo 101 del CD.

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La presidenta del CNE, Diana Atamaint, explicó la mañana de este miércoles 23 de septiembre, que durante este periodo, las organizaciones políticas solicitan la inscripción de sus candidatos, pero señaló que es el Pleno del Consejo Nacional Electoral o las Juntas Electorales Provinciales y del Exterior, quienes aceptan o rechazan esa inscripción. La decisión se toma tras el análisis de un informe técnico jurídico por parte de las áreas competentes. La titular del órgano electoral precisó que esas decisiones pueden ser apeladas ante el Tribunal Contencioso Electoral.
Las candidaturas se considerarán inscritas de forma oficial únicamente luego de la resolución en firme que las califique, que constituye el acto por el cual el órgano electoral competente acepta su inscripción.

Matriz de observaciones a la Ley de Datos Personales fue analizada en Relaciones Internacionales

En el marco de la construcción de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que procesa la Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por el asambleísta Fernando Flores, la tarde de este miércoles 23 de septiembre, mesa revisó la matriz con las observaciones para la construcción de este cuerpo legal.

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En primera instancia, se detalló que el objeto y finalidad de la norma es la de garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Para lograr este objetivo, la norma regula, prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela.
En este marco, la asesora de la Comisión Giselle Cevallos describió, artículo por artículo, la estructura de la norma que, contaría con 11 capítulos y 89 artículos. Sin embargo, en el análisis y discusión del texto, se podría modificar dicha estructura.
Esta norma está conformada por los principios rectores, régimen de derechos, categorías especiales de datos, transferencia o comunicación de datos personales, seguridad de datos personales, obligaciones del responsable del tratamiento de datos personales, aplicación de principios de derechos, transferencia o comunicación internacional de datos personales, régimen de sanciones y autoridad de protección de datos.
Según lo detallado por el equipo asesor de la Comisión, la ley se aplicaría al tratamiento de datos personales contenidos en cualquier tipo de soporte, automatizados o no, así como a toda la modalidad de uso posterior; y, su ámbito de aplicación territorial será en el tratamiento de datos personales en cualquier parte del territorio nacional; por el responsable o encargado del tratamiento de estos, así como quienes no se encuentren domiciliados en Ecuador que oferten bienes o servicios a personas residentes en territorio nacional, entre otros.
Un tema que centró el análisis de parte de los legisladores y expertos, se orientó en las categorías especiales de datos personales que, como consta en la norma, se considerarán a todos los datos sensibles; datos de niñas, niños y adolescentes; datos crediticios; datos de salud y datos de personas con discapacidad.
En este tema, el abogado Danilo Doneda, profesor del Instituto Brasileño de Datos Públicos, aclaró sobre los datos crediticios tienen una regulación específica. En este tema, Jacqueline Guerrero, experta de la Universidad Internacional, mencionó que dicha regulación serán con fines de análisis y no podrán ser comunicados o difundidos por ningún medio.
Sobre la autoridad de Protección de Datos, la ley contempla la creación de una Superintendencia de Protección de Datos Personales que será el titular de la entidad de derecho público parte de la Función de Transparencia y Control Social.
Este último, concitó el debate de los legisladores puesto que, por un lado, los legisladores René Yandún y César Carrión indicaron que la nominación y creación no sería factible, puesto que el Ministerio de Telecomunicaciones podría actuar. Sin embargo, Daniela Macías, representante de la Dirección Nacional de Datos Públicos (Dinardap) indicó que la autoridad es un eje transversal de control, protección independiente de las otras funciones del Estado.
Añadió que la máxima autoridad de control abarcaría conceptos más amplios al de la ciberseguridad que se encuentra contenida en las competencias de la cartera de Telecomunicaciones.
Similar criterio tuvo la experta de la Universidad Internacional, quien además se refirió al proceso de selección del Superintendente que tendría el sistema nacional de protección de datos personales, además de destacar el rol independiente de esta autoridad de control.

Fiscalización analizó proceso de expedición de licencia tipo E a Christian Cruz

Juan Pazos, director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en la Comisión de Fiscalización, dio a conocer la línea de tiempo de la adquisición y renovación de licencias entregadas a Christian Cruz, presidente de la Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), señaló que según el examen psicosensométrico de Aneta, no demuestra ningún tipo de discapacidad, razón por la cual se emitió la renovación de su licencia tipo E.

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El funcionario informó que en el 2009, según registros pasivos, el Consejo Nacional de Discapacidades entregó a Cruz Larrea un carné donde se establece el 81 % de discapacidad visual y auditiva, mismo que no lo presentó a la ANT.
Indicó que, para la entrega de licencias, la Agencia Nacional de Tránsito se remite a la información que entregan las Escuelas de Capacitación (prueba psicosensométrica y práctica) mientras que de lo teórico se encarga la ANT. Al momento no tiene trazabilidad de información con el Ministerio de Salud Pública ni con el Consejo Nacional de Discapacidades, razón por la cual no puede certificar si Cruz Larrea tiene o no carné de discapacidad, además que no es competencia de esta institución hacerlo.
Varias interrogantes fueron planteadas por los parlamentarios a Juan Pazos; entre ellas, si el titular del Cpccs realizó el curso de choferes para obtener la licencia tipo E; qué controles se realiza en la entrega de licencias; si una persona con el 81 % de discapacidad visual o auditiva puede adquirir la licencia tipo E; qué mecanismos utiliza la ANT para verificar los documentos que se le entrega.
El funcionario reiteró que esta institución no realiza las pruebas psicosométricas ni prácticas, se apega a los documentos que entregan los ciudadanos para adquirir la licencia. Además, conforme el artículo 100 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las licencias de conducir pueden ser anuladas cuando se detecte que estas han sido otorgadas mediante un acto viciado por defectos de forma o por falta de requisitos de fondo, esencialmente para su validez.
Precisó que las licencias pueden ser revocadas cuando sobrevengan impedimentos que incapaciten física, mental o legalmente a su titular para conducir. Según los documentos, todas las pruebas fueron aprobadas por Christian Cruz, razón por la cual no había impedimento para renovar su licencia tipo E. Dijo que, si una persona tiene discapacidad audiovisual del 81 %, no estaría en la capacidad de tener licencia tipo E, sino la F.
La legisladora Mercedes Serrano solicitó a la Comisión que, dentro de las pruebas de oficio, se convoque al gerente de la empresa que emitió las certificaciones, quien deberá explicar sobre el proceso de examen psicosométrico y evaluación práctica realizados a Christian Cruz.
En otro orden, la Comisión de Fiscalización conoció el oficio mediante el cual el presidente del Consejo Nacional de Discapacidades, Xavier Torres, se excusa de comparecer a la mesa legislativa aduciendo que la Fiscalía le solicitó el expediente para el inicio de la investigación penal respecto de la emisión del carné de discapacidad entregado al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene el carácter de reservado, por tanto, no puede entregar dicha documentación.
Los parlamentarios cuestionaron la posición asumida por Xavier Torres, en el marco del juicio político que se sigue en contra del presidente del Cpccs, Christian Cruz Larrea, por supuestos hechos de corrupción. Resolvieron insistir en su comparecencia para el viernes 25 de septiembre, caso contrario, señalaron que se le aplicará la figura de desacato, establecido en la ley.

Prisión preventiva para ciudadano que pretendió sacar del país 3 barras de oro en su equipaje

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Fiscalía procesó a un ciudadano que pretendió sacar del país, escondido en su equipaje, tres barras de oro, cuyo peso bruto es de 1.200 gramos, acción que fue impedida por personal del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil.
En la audiencia de flagrancia, en la Unidad Judicial Cuartel Modelo, la fiscal Belinda Lomas presentó los elementos de convicción que harían presumir el cometimiento del delito de contrabando por parte del ahora procesado, entre estos: el parte de aprehensión, el informe elaborado por el cuerpo de vigilancia de la Senae y los 1.220 gramos de metal (oro), repartidos en tres barras.
La jueza de Garantías Penales, Ruth Ronquillo Pérez, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Mauro Patricio A. I. y dispuso que la instrucción fiscal termine en treinta días.
Contexto
El viernes 18 de septiembre, a las 21:30, personal de la Senae, que laboraba en la zona de salida de embarque del aeropuerto, detectó el comportamiento extraño y nervioso del ahora procesado, quien pretendía viajar a Nueva York (Estados Unidos), por lo que procedieron a inspección corporal y de equipaje.
Además, negó estar transportando algo inusual; sin embargo, en sus maletas se encontraron las tres barras metálicas de oro –con pesos de 216, 327 y 677 gramos, para un total de 1.220 gramos– valoradas en 83.900 dólares.
Como no pudo justificar su procedencia, así como el no haberlas registrado en su declaración aduaneras, fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales y trasladado a la Unidad de Flagrancia de esta ciudad.
Dato jurídico
Este caso fue procesado con base en el artículo 30, numerales 1 y 6, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concordancia con el 319 del mismo cuerpo legal.
El artículo indica que la persona que evada el control y vigilancia aduanera sobre mercancías, cuya cuantía sea igual o superior a diez salarios básicos unificados del trabajador (4.000 dólares), será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años y una multa de hasta tres veces el valor en aduana de la mercancía objeto del delito, cuando esta ingrese clandestinamente al territorio aduanero y sea ocultada en naves, aeronaves, vehículos, entre otros, sin que hayan sido sometidos al control aduanero respectivo.

Caso Senagua: inicia audiencia de juicio contra 6 procesados por presunto peculado

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En la Corte Nacional de Justicia se instaló, esta mañana, la audiencia de juicio contra Walter S., exsecretario nacional del Agua; Marco R., coordinador general jurídico de Senagua; Ninfa B., jueza del Juzgado Quinto de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Manabí; Cristóbal C., juez del Juzgado Decimosexto de lo Civil y Mercantil de Manabí; Jorge M. y Jorge B. por el presunto delito de peculado, tipificado en el artículo 257 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y 42 del Código Penal (vigente a la fecha de los hechos).
La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, en su alegato inicial, mencionó que el hecho investigado se suscitó entre los años 2012 y 2013, en la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), institución pública que en esa fecha era dirigida por Walter S., quien junto al entonces coordinador general jurídico, Marco R., autorizó el pago y solicitó e insistió al Ministerio de Finanzas una asignación presupuestaria de 8’130.626,16 dólares para la liquidación de un acta de mediación, suscrita el 12 de enero de 2007 entre el Director Ejecutivo de la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM) y el Procurador de la Compañía Ondeo Degremont de Francia, sin tomar en cuenta que en 2012 “ningún beneficiario solicitó ejecución del Acta, que la compañía extranjera ya no operaba en Ecuador y que tampoco tenía representación legal en el país”.
Las investigaciones de Fiscalía determinan que Ninfa B., en su calidad de titular del Juzgado Quinto de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Manabí, ordenó (a través de sentencia) que, una vez que fuesen transferidos los fondos desde el Ministerio de Finanzas, 2’450.000 dólares sean trasladados a favor de Jorge M.
Esto, mientras que Cristóbal C., juez del Juzgado Decimosexto de lo Civil y Mercantil de Manabí, dictó sentencia a favor de un acuerdo entre los procesados Jorge M. y Jorge B. para que este último reciba 200.000 dólares, pago que se efectuó de los mismos 2’450.000 ordenados mediante resolución suscrita por la jueza Ninfa B.
De esta manera, el perjuicio económico para el Estado sería de 2’218.880 dólares, rubros que fueron desembolsados por Senagua para cancelar un proceso por pago de honorarios profesionales entre particulares con fondos públicos.
En este primer día de audiencia, tres testigos comparecieron por parte de Fiscalía. Ellos formaron parte del equipo que practicó el examen especial de la Contraloría General del Estado al proceso de liquidación del acta de mediación, en el que presumiblemente se suscitó el hecho.
El Tribunal –conformado por los jueces Dilza Muñoz, Daniella Camacho e Iván León– suspendió la audiencia a las 17:45 y dispuso su reinstalación para mañana, 23 de septiembre, a las 09:30.

Proyecto de ‘Apoyo al ciclo electoral en Ecuador’ fortalecerá mecanismos democráticos en el país.

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Hoy, se realizó la firma oficial del documento del proyecto de "Apoyo al ciclo electoral en Ecuador", cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento del proceso electoral y democrático de Ecuador entre 2020 y 2022; teniendo como hito fundamental las elecciones de 2021. Este acuerdo fue suscrito por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ing. Diana Atamaint, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE); Dr. Arturo Cabrera, y la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Matilde Mordt.

Esta iniciativa, financiada por la Unión Europea, la Embajada de Suiza, y el PNUD, consta de dos ejes.
El primero busca el fortalecimiento institucional para la gestión de los resultados electorales, a través de la provisión de asistencia técnica e intercambio de experiencia internacional, tanto en aspectos administrativos y operativos como jurisdiccionales en materia electoral. En ese sentido, se considerará también el contexto y el impacto de la COVID-19 en el proceso electoral.
El segundo eje se enfoca la comunicación y transparencia en el ámbito electoral y el diálogo democrático plural, incluyendo un apoyo a la institucionalización de los debates establecidos en la última reforma electoral. Asimismo, se contemplará un enfoque de inclusión, de género e interculturalidad, haciendo hincapié en la eliminación de la violencia política, en particular la dirigida contra mujeres y otros grupos minoritarios.
De esta manera, en consulta y con el liderazgo del CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el PNUD contribuirá en la implementación de esta iniciativa junto a otras agencias, fondos y programas de la ONU, otros cooperantes internacionales y actores nacionales de la sociedad civil.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, destacó que para consolidar un proceso electoral es fundamental contar con aliados. "Es vital fortalecer la institucionalidad de la Función Electoral para procesos eficientes y transparentes". La presidenta agradeció por esta iniciativa que es el resultado de las conclusiones de la división de Asistencia Electoral de Naciones Unidas para contribuir al fortalecimiento de los procesos electorales, considerando el actual contexto sanitario.
Matilde Mordt afirmó: "el PNUD agradece la confianza de las instituciones nacionales y de los socios de la comunidad internacional. La asistencia electoral internacional es importante en todo contexto, pero lo es aún más en las actuales circunstancias, cuando la pandemia plantea nuevos desafíos para la participación política, la cohesión social y la gobernabilidad democrática".
Arturo Cabrera, presidente del TCE, aseguró que cuidar la salud es el primer objetivo de todos "y la siguiente prioridad es garantizar un proceso de elecciones en todas sus etapas." Aseguró que en el contexto actual es fundamental el fortalecimiento del ciclo electoral para evitar ausentismos. "La democracia se fortalece con el presente convenio", dijo.

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Inga Krastina, encargada de Negocios a.i, de la Unión Europea en Ecuador, confirmó el compromiso de esta institución, asumiendo su rol de liderazgo en la promoción y protección de la democracia en todo el mundo. "En medio de los desafíos que ahora se han visto exacerbados por la pandemia del coronavirus; redoblamos nuestros esfuerzos para apoyar a quienes trabajan para defender y construir la democracia, como es el caso de Ecuador, socio con el que compartimos valores similares", agregó la funcionaria.
El proyecto arranca en una primera instancia con fondos del PNUD y la Embajada de Suiza por un monto de 317 mil dólares. Para la segunda fase, que iniciará en octubre, se sumarán al presupuesto total del proyecto cerca de 440 mil dólares de la Unión Europea.
Es importante destacar que el proyecto no contempla acciones de observación electoral ni de veeduría o auditoría al proceso. El proyecto responde a una solicitud expresada por el CNE, y avalada por la Cancillería del Ecuador, y a las recomendaciones de la Misión de Evaluación de Necesidades llevada a cabo en 2019 por parte de la División de Asistencia Electoral de la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Organismos de la Función Judicial demandan plena independencia de gestión-

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Este martes 22 de septiembre de 2020, en el marco del segundo debate del proyecto de Ley Reformatorio al Código Orgánico de la Función Judicial, en la sesión virtual 683 del Pleno de la Asamblea, los presidentes del Consejo de la Judicatura, Corte de Justicia y del Colegio de Notarios Pichincha, tras agradecer la apertura en la construcción de la normativa, enfatizaron en la necesidad de una justicia ágil, expedita, transparente, con plena independencia de gestión, que responda al interés ciudadano.
María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, planteó que para lograr una efectiva lucha contra la corrupción y enfrentar la delincuencia organizada se dé paso a la creación de unidades distritales especializadas, para cuyo efecto, el organismo optimizará el correspondiente talento humano y recursos.
Expuso la necesidad de establecer los tribunales fijos, al cuestionar que los móviles, ya probados, han traído consecuencias nefastas. Se pronunció por un catálogo más amplio de infracciones y sanciones para los operadores de justicia que hagan proselitismo político, reciban dádivas y divulguen información oficial.
Solicitó revisar la presencia de la Fiscalía en el Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial, tomando en cuenta que se tramita una reforma constitucional para la posible independencia del organismo.
María Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional Justicia, a nombre de los magistrados, habló de la evaluación de desempeño individual de operadores de justicia, aseguró que esta debe ser una herramienta que mejore al servidor judicial y no para separarlo de sus funciones.
Explicó que la evaluación de desempeño judicial de operadores de justicia es una práctica nueva en el derecho comparado, en función de la mejora del sistema de justicia como un servicio público, encaminado a la superación personal, aumento de confianza ciudadana, ascenso de la carrera judicial, respetando los estándares internacionales. No puede ser utilizada para sancionar, degradar o destituir a magistrados, lo que pondría en riesgo el principio de independencia judicial y la inamovilidad.
Mientras que el presidente del Colegio de Notarios de Pichincha, Jorge Machado, defendió el derecho a la reelección para un segundo período de los notarios en funciones. Sostuvo que la evaluación como medio para seguir en la actividad notarial debe garantizar la reelección y solicitó se establezcan estándares de rendimiento.
Reseñó los articulados de la Constitución que amparan la gestión notarial y difieren de las funciones de un juez. La permanencia, estabilidad y accionar de notarios están normadas en los artículos 199 y 200 de la Carta Magna. Ingresamos a la carrera mediante concursos, estamos sujetos a control de la Judicatura y se nos establece una tarifa oficial de honorarios, comentó. Además, aseguró que implementar concursos de oposición y méritos desnaturalizaría el derecho a la reelección.

Ciudadanos exigen a CNE que inscriba al binomio de la esperanza

Ciudadanos exigen a CNE que inscriba al binomio de la esperanza


Al grito de dictadura no, cientos de personas se acercaron a las afueras del Consejo Nacional Electoral en Quito, para reclamar la inscripción del candidato del correismo Andrés Arauz con su binomio Carlos Rabascall.
Muchos de los ciudadanos, se encuentran indignados, toda vez que se ha corrido voces dentro de los espacios electorales y medios de comunicación, que la candidatura del binomios correista no sería inscrito.
Así se apostaron cientos de ciudadanos, frente a las instalaciones del Consejo nacional electoral, respaldando a los candidatos que hoy tienen mas del 52% de aceptación, de acuerdo a las encuestadoras nacionales.
La ciudadanía espera que el Consejo nacional electoral, le dé paso a este binomio, que lo llaman el binomio de la esperanza.

Proyecto de ‘Apoyo al ciclo electoral en Ecuador’ fortalecerá mecanismos democráticos en el país.

Hoy, se realizó la firma oficial del documento del proyecto de "Apoyo al ciclo electoral en Ecuador", cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento del proceso electoral y democrático de Ecuador entre 2020 y 2022; teniendo como hito fundamental las elecciones de 2021. Este acuerdo fue suscrito por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ing. Diana Atamaint, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE); Dr. Arturo Cabrera, y la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Matilde Mordt.

firma

Esta iniciativa, financiada por la Unión Europea, la Embajada de Suiza, y el PNUD, consta de dos ejes.
El primero busca el fortalecimiento institucional para la gestión de los resultados electorales, a través de la provisión de asistencia técnica e intercambio de experiencia internacional, tanto en aspectos administrativos y operativos como jurisdiccionales en materia electoral. En ese sentido, se considerará también el contexto y el impacto de la COVID-19 en el proceso electoral.
El segundo eje se enfoca la comunicación y transparencia en el ámbito electoral y el diálogo democrático plural, incluyendo un apoyo a la institucionalización de los debates establecidos en la última reforma electoral. Asimismo, se contemplará un enfoque de inclusión, de género e interculturalidad, haciendo hincapié en la eliminación de la violencia política, en particular la dirigida contra mujeres y otros grupos minoritarios.
De esta manera, en consulta y con el liderazgo del CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el PNUD contribuirá en la implementación de esta iniciativa junto a otras agencias, fondos y programas de la ONU, otros cooperantes internacionales y actores nacionales de la sociedad civil.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, destacó que para consolidar un proceso electoral es fundamental contar con aliados. "Es vital fortalecer la institucionalidad de la Función Electoral para procesos eficientes y transparentes". La presidenta agradeció por esta iniciativa que es el resultado de las conclusiones de la división de Asistencia Electoral de Naciones Unidas para contribuir al fortalecimiento de los procesos electorales, considerando el actual contexto sanitario.
Matilde Mordt afirmó: "el PNUD agradece la confianza de las instituciones nacionales y de los socios de la comunidad internacional. La asistencia electoral internacional es importante en todo contexto, pero lo es aún más en las actuales circunstancias, cuando la pandemia plantea nuevos desafíos para la participación política, la cohesión social y la gobernabilidad democrática".
Arturo Cabrera, presidente del TCE, aseguró que cuidar la salud es el primer objetivo de todos "y la siguiente prioridad es garantizar un proceso de elecciones en todas sus etapas." Aseguró que en el contexto actual es fundamental el fortalecimiento del ciclo electoral para evitar ausentismos. "La democracia se fortalece con el presente convenio", dijo.
Inga Krastina, encargada de Negocios a.i, de la Unión Europea en Ecuador, confirmó el compromiso de esta institución, asumiendo su rol de liderazgo en la promoción y protección de la democracia en todo el mundo. "En medio de los desafíos que ahora se han visto exacerbados por la pandemia del coronavirus; redoblamos nuestros esfuerzos para apoyar a quienes trabajan para defender y construir la democracia, como es el caso de Ecuador, socio con el que compartimos valores similares", agregó la funcionaria.
El proyecto arranca en una primera instancia con fondos del PNUD y la Embajada de Suiza por un monto de 317 mil dólares. Para la segunda fase, que iniciará en octubre, se sumarán al presupuesto total del proyecto cerca de 440 mil dólares de la Unión Europea.
Es importante destacar que el proyecto no contempla acciones de observación electoral ni de veeduría o auditoría al proceso. El proyecto responde a una solicitud expresada por el CNE, y avalada por la Cancillería del Ecuador, y a las recomendaciones de la Misión de Evaluación de Necesidades llevada a cabo en 2019 por parte de la División de Asistencia Electoral de la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Presidenta del CNE realizó un conversatorio con la prensa internacional sobre el desarrollo del Calendario Electoral

Esta mañana, periodistas de medios de comunicación internacionales participaron en un conversatorio sobre el desarrollo de las actividades del Calendario Electoral, las reformas al Código de la Democracia, el presupuesto para los comicios y las acciones que el Consejo Nacional Electoral (CNE) implementará para garantizar la salud de los votantes en 2021.

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La titular del CNE manifestó que la institución trabaja por el fortalecimiento de la democracia en una época de emergencia sanitaria y crisis económica. Recalcó que la Función Electoral "comenzó a planificar las Elecciones de 2021 con una ley reformada y ha significado un reto en medio de un contexto de pandemia", dijo.
La presidenta Atamaint destacó que "las reformas al Código de la Democracia significan un avance en los derechos de participación política que mejoran otros elementos de los procesos electorales". En este sentido mencionó hitos en las reformas como la depuración del Padrón Electoral, la organización de debates, la garantía de participación de mujeres y jóvenes.
Entre los puntos tratados en el conversatorio, la presidenta Atamaint mencionó que el equipo técnico del CNE trabajó en medio de la pandemia para lograr cumplir con el Calendario Electoral y brindar a la ciudadanía facilidades para que realicen trámites electorales a través de la web.
Otro de los temas abordados en el conversatorio fue el presupuesto de las elecciones. La titular del CNE destacó que existe un presupuesto aprobado de 114 millones de dólares para garantizar la calidad del proceso electoral. Precisó además, que se contemplan dos millones para bioseguridad.
Finalmente, los periodistas conocieron que el horario y la forma de votación se mantienen. "Ecuador tiene la obligatoriedad del voto", aseguró la presidenta y explicó el marco legal que ampara el proceso electoral. Asimismo, los medios internacionales despejaron dudas sobre el proceso de inscripción de candidaturas, la calificación de binomios presidenciales y las medidas de bioseguridad que se aplicarán dentro de los recintos electorales.

Familiares de Shy Dahan responsabilizan al Gobierno por su muerte y presentarán demanda.

Los familiares de Shy Dahan, el israelí asesinado en una cárcel de Ecuador, responsabilizan al gobierno del Presidente Lenín Moreno por su muerte y anunciaron que presentarán una demanda.

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Dahan, era investigado por los presuntos actos de corrupción, en las compra y venta de insumos médicos a hospitales públicos. Dahan se encontraba detenido desde mayo pasado y cumplía su arresto en una cárcel de Guayaquil, junto a Oren Sheinman.
Ambos, sufrieron un ataque al interior de la prisión y Dahan, fue encontrado muerto, mientras que Oren fue herido y llevado a una casa de salud.
“El Gobierno de Ecuador, es responsable directo del asesinato de Shy. Sabían que lo iban a matar y no hicieron nada para protegerlo”, denunció Zehava Dahan, madre del extranjero, durante una entrevista con el portal local Mako.
Días antes de su muerte, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, se habría comunicado con ellos para ofrecerles ayuda. Los dos extranjeros, en sus testimonios, revelaron que Jacobo Bucaram, hijo mayor del expresidente, habría sido uno de sus compradores de insumos médicos; y, pagaba grandes cantidades de dinero en efectivo.
«Durante casi dos meses, no pudo ducharse y tuvo que vestir la misma ropa que llevaba puesta cuando fue arrestado», denuncia la madre de Dahan.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano.

Luz verde para consulta popular en Cuenca, plantea prohibir proyectos mineros a gran escala.

La Corte Constitucional del Ecuador (CC) emitió dictamen de constitucionalidad sobre la propuesta de consulta popular solicitada por el Concejo Municipal de Cuenca, respecto de la prohibición de actividades mineras a gran y mediana escala en cinco zonas de recarga hídrica ubicadas en dicho cantón.

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Con esta resolución, en sesión extraordinaria del viernes 18 de septiembre de 2020, la Corte da luz verde para que se realice la consulta popular en Cuenca, para prohibir actividades mineras en 5 zonas hídricas de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay.
La consulta propone que los cuencanos decidan sobre los proyectos mineros que se realizan cerca de los páramos, donde nacen los ríos que proveen agua para la ciudad y la provincia del Azuay.
las actividades mineras a las que se refiere la consulta popular son los proyectos a gran escala Loma Larga y Río Blanco que se desarrollan en las afueras de Cuenca.
El dictamen favorable respecto de las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 del cuestionario, que se refieren a la protección de los cinco ríos antes nombrados de la extracción minera, tiene las siguientes condiciones:

  1. En la consulta popular, como anexo ambiental, se deberá incluir el “Mapa de coordenadas de las zonas de recarga hídrica, elaborado por la subgerencia y gestión de ETAPA”, que será información referencial para efectos de la consulta. La delimitación definitiva deberá ser efectuada exclusivamente por la Autoridad Única del Agua.

  2. Los efectos de la presente consulta popular, ante un pronunciamiento afirmativo del electorado, serán únicamente hacia el futuro.

  3. Las medidas a implementar, en caso de un pronunciamiento afirmativo del electorado, se ajustarán a lo dispuesto en los considerandos 65 y 66 [1] y no podrán exceder el ámbito de competencias constitucionales y legales fijadas para cada nivel de gobierno. Ni este dictamen ni el resultado del eventual plebiscito deben entenderse como una atribución o reconocimiento de competencias que no hayan sido conferidas por el ordenamiento jurídico.

  4. Para garantizar la libertad del elector y el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los literales a, b y c del decisorio, la Corte dispuso que el texto del cuestionario deberá contener al final también el siguiente texto: “De conformidad con lo dispuesto en el Dictamen Nro. 6-20-CP / 20, las «prohibiciones» mencionadas en las preguntas se indicaron a lo indicado en los considerandos 65 y 66; estas medidas a adoptar en caso de ser aprobadas en el plebiscito operarán hacia el futuro y respetando las competencias institucionales establecidas en la Constitución y la ley. El Mapa de coordenadas de las zonas de recarga hídrica elaborado por ETAPA” constituye información de referencia para efectos de la consulta y deberá ser delimitada por la autoridad competente con la participación de ETAPA EP y el GAD municipal de Cuenca”.

La consulta popular podría ser convocada juntamente con las elecciones general del 7 de febrero de 2021.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano.

Participación Ciudadana busca salida en favor de jubilados del Instituto Geográfico Militar

ESCUCHE EL AUDIO: Participación Ciudadana busca salida en favor de jubilados del Instituto Geográfico Militar

La Comisión de Participación Ciudadana analizó la situación de 14 ex-trabajadores, en condición de jubilados, del Instituto Geográfico Militar (IGM), quienes reclaman el pago de la compensación económica dispuesta en el Mandato Constituyente 2.

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En tal sentido, el parlamentario Raúl Tello, presidente de la Comisión, dispuso  establecer, de forma inmediata, una mesa de diálogo con la activa participación del IGM, Ministerio de Trabajo, los jubilados y el organismo legislativo, bajo la coordinación del asambleísta Pabel Muñoz, a fin de encontrar una salida consensuada.
Jaime Navarrete, director del Instituto, mencionó que entre 2014 al 2016 se ha desvinculado a 14 personas, bajo la figura del desahucio para acogerse a la jubilación luego de cumplir con el tiempo y requisitos pertinentes. Comentó que, de acuerdo al Código de Trabajo, ellos fueron indemnizados con los respectivos pagos, mediante liquidación efectuada a través del acta de finiquito.
Sostuvo que dicho Mandato fija que las indemnizaciones por terminación de una relación laboral deben estar acordadas en contratos colectivos, actas transaccionales, actas de finiquito u otro tipo de acuerdos, pero en el presente caso se dio paso a la aplicación de la figura de desahucio. Se han realizado consultas al Centro de Mediación de la Procuraduría, Dirección Regional del Trabajo y Ministerio de Defensa, los que han coincidido que no existe obligación de cancelar esa compensación, agregó.
No se ha puesto obstáculo a la posibilidad que los ex-trabajadores acudan a los órganos de justicia. Incluso, ciertos litigios con sentencia de tercera instancia han prescrito, expuso.
Rómulo Santillán y Rigoberto Carrera, representantes de los trabajadores, demandaron que se haga justicia a favor de este grupo, que en la mayoría han servido por  35 y 40 años en la institución.
Mientras, Carlos Arce, abogado de los ex-trabajadores, indicó que los obreros salieron cumpliendo con el requisito legal para acceder a la jubilación; no salieron por desahucio, ni renunciaron por su propia voluntad o porque así lo quisieron, como manda el Código Civil, la Ley de Seguridad Social y el Mandato Constituyente 2.
El acta de finiquito no es más que un instrumento que recoge y establece el mecanismo de desvinculación, pero no constituye una herramienta de desvinculación, no se trata de desahucio, sino de renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación. La propia administración pública ha permitido, con sus omisiones y dilaciones, que prescriba la acción, pero eso no implica la extinción de derechos que son imprescriptibles, conforme la Constitución y los tratados internacionales, especialmente la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Finalmente, Pabel Muñoz consideró que es importante cruzar criterios jurídicos, analizar los fundamentos de hecho y de derecho, para llegar a puntos de solución favorable a las partes, especialmente de beneficio para la clase trabajadora.

Sector financiero da explicación sobre aplicación de Ley de Apoyo Humanitario

En su tarea fiscalizadora, la Comisión de Desarrollo Económico, que preside Esteban Albornoz hizo seguimiento al cumplimento de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19. BanEcuador, Corporación Financiera Nacional, (CFN) y Banco de Desarrollo, expusieron sobre las medidas adoptadas durante la pandemia.

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Los asambleístas Esteban Albornoz y Rubén Bustamante mostraron su preocupación al conocer el bajo índice de entrega de créditos para la reactivación productiva, por parte de la banca pública, pese a la alta demanda de usuarios.
La parlamentaria Doris Soliz solicitó que se informe en qué medida se ha atendido al sector turístico y gastronómico, en el marco de la entrega de créditos, puesto que son dos de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria. De su lado, Fernando Burbano requirió de mayor información sobre los sectores que han sido beneficiados por la reestructuración de créditos y los montos de estas operaciones.
La asambleísta Carmen Rivadeneira aseguró que hasta su despacho han llegado denuncias en las que se afirma que los pequeños empresarios solicitan créditos a la banca pública y se les responde “que no hay dinero”, lo que resulta “preocupante para la construcción de una nueva economía".
Funcionarios de BanEcuador afirmaron que han apoyado decididamente la reactivación de la economía del país frente a la crisis provocada por Covid-19. Gene Alcívar dijo que, de marzo a septiembre, han efectuado alrededor de 60 nuevas operaciones de créditos por un monto aproximado de 335 millones de dólares, nivel nacional, a algunos sectores de la economía. El 85 % de las operaciones son microcréditos.
Sostuvo que la cartera del Banco está en alrededor de los 1700 millones de dólares y a través de la promulgación de la Ley de Apoyo Humanitario hasta la presente fecha han diferido cerca de 112 mil operaciones de crédito por alrededor de 700 millones de dólares, es decir, algo más del 40 % de la cartera total. Mencionó que han buscado ayuda a las pequeñas multilaterales y hasta el momento no han tenido respuesta positiva pese han que han tenido ofrecimientos.
Andrés Salvador, también funcionario de BanEcuador, explicó las líneas de créditos con las que cuentan para atender al sector productivo, enmarcadas en la Ley de Apoyo Humanitario. Dijo que la línea de crédito para microempresas está destinada a atender necesidades de capital de trabajo y activos fijos de personas naturales y jurídicas con ventas anuales hasta 100 000 dólares. Estás líneas de créditos están disponibles tanto para actividades en marcha como para nuevos emprendimientos.
Otra línea de crédito de consumo y crédito educativo, dirigida para financiar el pago de matrículas, pensiones escolares, materiales y equipos de educación.
Pablo Íñiguez, del Banco de Desarrollo, tras recalcar que no se rigen con el presupuesto general del Estado, precisó que el objeto principal de su entidad es financiar programas y proyectos de preinversión, inversión, servicios públicos y de viviendas sobre todo de interés social que contribuyan al desarrollo económico del país. Han cuidado de los empleados priorizando el teletrabajo.
Byron Pinos, dijo que la crisis que vive el país en el ámbito sanitario, social y económico, permitió al Banco de Desarrollo del Ecuador adecuar varios de sus procesos para atender requerimientos urgentes de sus clientes. Se pudo generar mecanismos para aliviar el sistema financiero a los clientes, también programas de apoyo frente a la emergencia, entre ellas los diferimientos extraordinarios, en donde en una primera fase tuvieron 273 solicitudes de suspensión de pago de cuotas de capital e intereses que fueron diferidos a 90 días. En un total difirió 71 millones de dólares aproximadamente, de los cuales 49 millones son capital y 22 millones intereses.
Reutilización de plásticos
En otro orden, la Comisión decidió trabajar en un texto borrador del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reducción de Plásticos de un solo uso en el Comercio, luego de haber recogido en una matriz los aportes de los legisladores que se dieron dentro del Pleno.
Esteban Albornoz sostuvo que, en consideración que la Ley tuvo gran respaldo, trabajarán en un texto final que se revisará y votará en una próxima sesión. Es una Ley que evidencia todas las particularidades que tiene la industria, puntualizó.

La pandemia de COVID-19 no debe acabar con nuestras aspiraciones de paz

La pandemia de COVID-19 no debe acabar con nuestras aspiraciones de paz


El Secretario General de las Naciones Unidas recordó este jueves que el objetivo del Día Internacional de la Paz es instar a las partes beligerantes en todo el mundo a deponer las armas y trabajar en favor de la armonía, un propósito que este año cobra especial relevancia en el contexto de la pandemia del coronavirus.
Durante su mensaje para la efeméride, que se celebra oficialmente el próximo 21 de septiembre, António Guterres destacó que la aparición de la epidemia fue el motor que le impulsó a llamar a un alto el fuego de alcance global el pasado mes de marzo.
“Nos enfrentamos a un enemigo común: un virus mortífero que está causando un 
sufrimiento enorme, destruyendo medios de vida, intensificando las tensiones internacionales y exacerbando unos ya de por sí enormes desafíos en materia de paz y seguridad”, remarcó.
El titular de la ONU indicó que el lema escogido este año para la celebración “Forjando la paz juntos”, es una consigna que se ajusta perfectamente a la celebración del 75º aniversario de la Organización, ya que busca reunir a gente de todo el mundo “para mantener una conversación global sobre cómo forjar nuestro futuro y la paz en tiempos difíciles”.
Un objetivo que, debido al distanciamiento físico al que obliga la COVID-19, no puede producirse presencialmente pero que debemos perseguir de igual manera.
“Y, juntos, sé que podemos —y lograremos— construir un mundo más justo, sostenible y equitativo”, finalizó en tono optimista.
Silenciar las armas para combatir al principal enemigo: el coronavirus
Posteriormente, tras una breve intervención musical del violoncelista y Mensajero de la Paz Yo-yo Ma, el titular de la ONU se dirigió a los asistentes a la ceremonia de conmemoración del Día de la Paz, aseverando que ésta “nunca se puede dar por sentada” y que “es una aspiración tan firme como nuestra convicción, y tan duradera como nuestra esperanza”.

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“Construir sociedades pacíficas y estables, puede llevar décadas, incluso siglos. Pero la paz puede echarse a perder en un instante por políticas y enfoques imprudentes y divisivos”, explicó.
Recordó que la Organización 
se fundó hace 75 años “con el objetivo primordial de prevenir la guerra y promover la paz” y que desde el inicio de su andadura se ha aumentado el conocimiento de cómo lograrlo.
“Tenemos pruebas sólidas de que los derechos humanos, el respeto del estado de derecho, el acceso a la justicia y las oportunidades para todos son los elementos básicos de las comunidades y sociedades pacíficas. Por ello, la
Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 es ante todo un programa de paz”, destacó.
Guterres se refirió de nuevo a la pandemia para anunciar que volverá a pedir el alto el fuego mundial durante el debate de alto nivel de la
Asamblea General que se celebrará la semana que viene.
Tenemos que silenciar las armas y centrarnos en nuestro enemigo común: el virus”, sentenció y, tras denunciar de nuevo el impacto socioeconómico que está provocando, apeló a la unidad global.
Al finalizar su intervención, como es tradición durante este evento, Guterres pidió un minuto de silencio por las víctimas de la guerra y los conflictos en todo el mundo y, a continuación, hizo sonar la campana de la paz, forjada con monedas y medallas donadas por los Estados miembros y niños de más de 60 países.
La Asamblea General de las Naciones Unidas 
instauró el Día Internacional de la Paz en 1981. Dos décadas más tarde, en 2001, la Asamblea General decidió por unanimidad designar este Día como una jornada de no violencia y alto el fuego.

MSP ejecuta acciones ante la caída de ceniza del volcán Sangay.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) activó el plan de contingencia para mantener las actividades en hospitales y centros de salud tipo C, ante la alerta de caída de ceniza del volcán Sangay, en las provincias de Chimborazo, Bolívar, Los Ríos, Guayas y Santa Elena.
El personal de salud realiza brigadas para socializar las medidas de prevención como el uso de mascarilla, gafas o visores, además de la importancia de mantener cubiertos los contenedores de agua para evitar su contaminación. Para ello, se coordinan acciones con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS) para realizar un análisis de los parámetros de calidad del agua potable.

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El MSP junto a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) de acuerdo al monitoreo e informes de las casas de salud, reportaron que al momento no existen problemas sanitarios en la población.
La Gobernación de Chimborazo instaló una reunión con los representantes del Ejecutivo Desconcentrado, para ejecutar líneas de acción en el ámbito de la salud, asistencia humanitaria, medios de vida, agua y vivienda, en los sectores con mayor índice de afectación.
Francisco Pérez, coordinador Zonal 8, indicó que los establecimientos de salud de esta jurisdicción se encuentran activados para atender las emergencias de personas que presenten problemas respiratorios producto de la aspiración de la ceniza.
Se recomienda a la comunidad que en caso de presentar, infecciones respiratorias agudas como tos seca, secreción nasal o dolor de garganta. Asimismo, molestias oculares o irritación de la piel, acudan al centro de salud más cercano a su domicilio o llamar al 171, para recibir atención oportuna.

Un mosquito asiático transmisor de la malaria amenaza a más de 120 millones de personas

Un mosquito asiático transmisor de la malaria amenaza a más de 120 millones de personas

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Dos mosquitos Anopheles gambiae en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.Mary F Adams/CDC / Reuters
Las grandes ciudades de África se encuentran amenazadas por una nuevo mosquito portador de la malaria originario de Asia que es capaz de sobrevivir en el medio urbano y que se propaga por el continente africano, advierte un nuevo estudio.
La
malaria, que en 2018 mató a 400.000 personas, en su mayoría niños africanos, es causada por un grupo de mosquitos de la especie Anopheles gambiae. Este tipo de insectos no pudo adaptarse a los charcos contaminados de las ciudades ni logró depositar sus larvas en reservorios urbanos de agua potable. Eso explica que la mayoría de los casos de malaria se registren en regiones rurales.
Sin embargo, en un estudio publicado en la revista Proceedings on the National Academy of Sciences (PNAS), la entomóloga médica Marianne Sinka, de la Universidad de Oxford, indica las áreas de propagación de otra especie,
Anopheles stephensi, nativa de Asia, que ha aprendido a deslizarse en las grietas más pequeñas, especialmente de los ladrillos y cemento, para acceder a los depósitos y dejar allí sus larvas.
"Es la
única especie que ha logrado penetrar en áreas urbanas centrales", asegura la científica a la AFP.
En 2012 el Anopheles stephensi provocó un brote en Yibuti, una ciudad africana donde apenas existía la malaria, observándose desde entonces casos en Etiopía, Sudán y otros lugares.
El nuevo estudio concluye que
44 ciudades son lugares "muy adecuados" para el insecto. Se trata de áreas urbanas de alta densidad donde hace calor y abundan las lluvias, lo que pone a 126 millones de africanos más, principalmente aquellos que viven alrededor de las regiones ecuatoriales, en riesgo de padecer malaria.
"Eso significa que África, que ya tiene la carga más alta de malaria, podría tener un impacto aún mayor", dijo Sinka, pues el 40 por ciento de la población del continente vive en áreas urbanas.
Para protegerse de estos mosquitos, que suelen picar por la tarde, cuando todavía hace calor, la entomóloga aconseja instalar mosquiteras,
rociar las paredes con insecticidas y cubrirse el cuerpo. Aunque lo principal es combatir las larvas, para lo que se necesita eliminar el agua estancada y cerrar herméticamente los reservorios de agua, métodos resultaron efectivos en la India, señala Sinka.

Ministros de Recursos Naturales no Renovables, de Ambiente y gerentes de Petroeamazos y Petroecuador citados a Biodiversidad


El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zambrano, convocó vía Zoom, a José  Ramírez, alcalde y presidente del COE cantonal de Orellana; Mónica Andi, presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Sebastián; René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables; Paulo Proaño, ministro de Ambiente y Agua; Ricardo Merino, gerente (s) de Petroecuador; Juan Carlos Bermeo, gerente general de Petroamazonas; y, Andrés Merizábal, presidente ejecutivo de OCP, para este lunes 21 de septiembre de 2020, a las 09h00.
Las autoridades y funcionarios que representan al Estado y las empresas petroleras operadoras del transporte de los hidrocarburos derramados por la rotura de los oleoductos SOTE, OCP y el Poliducto, el 7 de abril de 2020, en el ámbito de sus competencias, deberán indicar el grado de cumplimiento para remediar la contaminación de los ríos Coca, Quijos y Napo.

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Como se recuerda, la semana pasada la mesa legislativa revisó el oficio dirigido a los parlamentarios donde se indicaba la problemática que enfrentan comunidades indígenas y mestizas afectados por el derrame de petróleo. En la misiva, las autoridades de los gobiernos seccionales indican que no se está cumpliendo con los compromisos asumidos en relación a las demandas de los habitantes aledaños a los ríos Coca, Quijos y Napo.
En este marco, los comisionados resolvieron realizar un proceso de fiscalización y seguimiento a esta problemática para encontrar soluciones en beneficio de los pobladores.

Comisión de Fiscalización receptará pruebas de cargo contra Presidente del CPCCS.

Elio Peña, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, convocó a una reunión virtual, para el lunes 21 de septiembre, a las 09h00, con el fin de continuar con el proceso de juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Christian Antonio Cruz Larrea.

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En este marco, los comisionados recibirán al asambleísta Henry Kronfle, con el objeto de que presente sus argumentos y pruebas que sustenten sus afirmaciones dentro del proceso de juicio político que sigue en contra del titular de Participación Ciudadana.
El parlamentario acusa a Cruz de incumplimiento de funciones, por la presunta irregularidad en la presentación de documentos falsos para la candidatura como Consejero del Cpccs y por arrogación de funciones, así como, la supuesta irregularidad en la obtención del carné de discapacidad.
considera que “es sospechoso” que Cruz, con una discapacidad del 81 % visual y auditiva, cumpliera con la prueba para el concurso público de oposición y méritos para la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

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