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CIDH Presenta observaciones de su visita a Ecuador

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Washington D.C. – Entre los días 28 y 30 de octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a invitación del Estado, visitó Ecuador con el objeto de observar, en el terreno, la situación de los derechos humanos en el país tras las protestas sociales registradas entre el 3 y el 13 de octubre de 2019. El presente comunicado contiene las observaciones de la CIDH sobre dicha visita. 
En primer lugar, la Comisión agradece la invitación del Estado de Ecuador para la realización de la visita y expresa su gratitud por la asistencia prestada para la organización y desarrollo, incluyendo logística en temas de seguridad y transporte. Asimismo, valora la apertura y receptividad de las autoridades para abordar los temas de interés de la CIDH, así como el compromiso del Estado con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Además de su invitación y apoyo en la realización de esta visita, reconoce el reiterado compromiso del Estado ecuatoriano que ha sido reflejado, en los últimos años, en la participación de audiencias, reuniones de trabajo y el envío de insumos para la preparación de los informes anuales de la Comisión Interamericana. 
Según información pública, en respuesta a la violencia y saqueos que se produjeron de manera concomitante a las protestas iniciadas tras las medidas económicas de suspensión de los subsidios a los combustibles anunciadas por el gobierno nacional, el Presidente de la República emitió el Decreto No. 884 en el que declaró estado de excepción por 60 días a nivel nacional fundado en las circunstancias de grave conmoción y alteración del orden público, en el que además suspendió los derechos de reunión y asociación. La Corte Constitucional emitió un dictamen positivo de control constitucional al Decreto No. 884, aunque redujo la vigencia del estado de excepción a 30 días. Posteriormente, el 8 de octubre, emitió el Decreto No. 888, por medio del cual ordenó el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil, limitó el de derecho a la libertad de tránsito en todo el territorio nacional, en los casos que se atente contra los derechos y garantías del resto de personas; y reafirmó que, ante agresiones contra los derechos de propios y terceros, toda actuación de las entidades de seguridad ciudadana y sus servidores se realizaría en estricto apego a los derechos humanos, garantías constitucionales e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Ecuador. 
Asimismo, información de público conocimiento indica que, en dicho contexto, la respuesta del Estado generó actos de protesta que, en determinados casos, fueron reprimidos mediante el uso excesivo de la fuerza, principalmente, en contra de integrantes de comunidades indígenas que se sumaron a las manifestaciones en Quito y en sus territorios ancestrales. Sin embargo, la Comisión también tomó nota de que, en determinadas circunstancias, grupos de personas que se manifestaban provocaron graves desmanes durante algunas protestas, arrojando piedras y objetos contundentes contra la policía, protagonizando saqueos, incendios, y otros tipos de agresiones, inclusive, contra la prensa. Al respecto, el Estado indicó que el estado de excepción se decretó con el fin de contrarrestar acciones violentas, agresiones y saqueos por parte de manifestantes. 
Durante su permanencia en el país, la CIDH recibió abundante información y testimonios sobre actos de violencia, la respuesta del Estado y el desarrollo del proceso de diálogo entre las distintas partes involucradas. Para tal fin, la delegación de la Comisión se dividió en cuatro equipos, repartidos en igual número de ciudades, en las que visitaron instalaciones estatales, centros de detención, así como algunos de los lugares a donde ocurrieron las protestas. 
En dicha ocasión, la Comisión sostuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado y de las autoridades de control, como la Corte Constitucional. Además, se reunió con un amplio grupo de personas y organizaciones de diversos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de pueblos indígenas, en las ciudades de Quito, Cuenca, Guayaquil y Latacunga; gracias a este esfuerzo, recibió un importante número de testimonios de las personas que indicaron haber sufrido violaciones o que fueron afectadas por las protestas –de manera directa o indirecta–, así como por la política de contención implementada por el Estado. 
Para el cabal desarrollo de la visita la CIDH contó con todas las facilidades brindadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobierno y otras entidades del Poder Ejecutivo, así como con el valioso apoyo de la Defensoría del Pueblo. 
En ese orden, la Comisión se reunió con autoridades de la Presidencia de la República, los Ministerios de Gobierno, Defensa, Relaciones Exteriores, Derechos Humanos, Cultura, Educación, Inclusión Económica y Social, Salud Pública, Ambiente y Agua, Energía y Recursos no Renovables y la Controlaría General del Estado. Así como con la Corte Constitucional, la Fiscalía General del Estado, Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En provincias, se reunió con representantes de la Alcaldía de Guayaquil, Prefectura y Gobernación del Guayas, Alcaldía de Latacunga, Prefectura de Tungurahua y Prefectura de Cotopaxi, Alcaldía del Cuenca, Prefectura de Zamora Chinchipe, Prefectura del Azuay, Gobernación del Azuay, y Alcaldía de Quito. Asimismo, visitó el Centro de Detención Provisional de Quito “El Inca” y el Centro de Privación de Libertad Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi; el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; y el edificio de la Contraloría General, que fue destruido por un incendio producido en el contexto de las protestas. 
De igual forma, en el curso de su misión la Comisión se reunió con representantes de organizaciones de la sociedad civil, movimientos indígenas, transportistas, empresariado, gremios del sector privado, representantes de universidades y hospitales, y periodistas, y representantes de la fuerza pública. Adicionalmente, la CIDH visitó la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
Durante la visita, la CIDH entrevistó a un total de 439 personas y registró 380 testimonios que reclaman ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos o de otras afectaciones en el contexto de las protestas. En esa línea, las denuncias incluyen la falta de consulta y participación en la adopción de medidas que afectan derechos sociales de la población, irregularidades en la presentación de denuncias y acciones de protección de garantías constitucionales; falta de información a familiares respecto de personas detenidas y fallecidas; obstaculización a la prestación de servicios médicos en hospitales públicos; hostilidad y alegados actos de agresión contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y trabajadores de distintos medios de comunicación privados, comunitarios y digitales; así como la utilización del sistema penal en contra de manifestantes, líderes sociales y de oposición. 
Al respecto, la Comisión destaca que utilizó el enfoque intercultural para tomar los testimonios de la población indígena. Desde el saludo inicial hasta la despedida, el equipo técnico de la CIDH buscó resguardar un clima de confianza y respeto por los tiempos y necesidades requeridos por cada asistente. Asimismo, hubo apertura para la recepción de testimonios colectivos y, junto con organizaciones de la sociedad civil, se dispusieron redes de asesoría lingüística para brindar la atención pertinente en caso de que se necesitara el apoyo de intérpretes o traductores. 
Por otra parte, la Comisión también recibió información relativa a diversos tipos de afectaciones por acciones violentas sufridas por agentes del Estado que podrían constituir delitos, como el disparo de armas caseras y bombas incendiarias, el secuestro de más de 400 agentes de la fuerza pública –muchos de los cuales denunciaron haber sufrido malos tratos, como, por ejemplo, violencia sexual contra policías mujeres. Asimismo, apedreamiento de ambulancias y obstaculización a bomberos; agresión a comerciantes en medio de saqueos y vandalismo; desalojo violento de trabajadores para bloquear el trabajo de instalaciones industriales; bloqueos de carreteras en varias provincias del país que provocaron desabastecimiento de medicinas y alimentos a miles de personas; sabotaje del suministro de agua potable que dejó sin servicio a centros poblados; incendio de edificios públicos que pusieron en riesgo al vecindario; ataques a medios de comunicación como intento de incendiar una televisora y un diario mientras que había personas dentro de las instalaciones; y ataques a periodistas, entre otras. La Comisión también recibió información sobre cuantiosos perjuicios económicos y materiales sufridos tanto por el Estado como por algunos de los sectores económicos productivos del país. Dentro de estos, pueden mencionarse daños a los medios de comunicación, cuarteles de la policía, una base militar y ambulancias, que sufrieron destrucción o daños como consecuencia de acciones violentas, saqueo e incendios deliberados. Según lo relatado, la Comisión tomó conocimiento de que estos hechos generaron situaciones de caos y zozobra a lo largo del país. 
En cuanto al desarrollo de la visita, la CIDH destaca el hostigamiento que sufrió la delegación durante su visita a la cárcel de Latacunga, por parte de los agentes de seguridad de ese establecimiento, quienes prohibieron a la delegación tomar imágenes y videos y le impidieron realizar su trabajo en ese lugar. La CIDH recuerda, en consonancia con su Reglamento, que la invitación a una visita de observación por parte de un Estado incluye necesariamente el acceso a lugar donde se mantengan personas privadas de libertad. Al respecto, la Comisión toma nota de las disculpas extendidas por la Cancillería, que manifestó que “el gobierno del Ecuador ha brindado todas las facilidades a la misión de la CIDH para que realice su trabajo con total independencia (…), facilitó el transporte, seguridad y el acceso a todos los lugares requeridos por la Comisión, sin excepción alguna. En la visita al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi –CRS- se produjo un lamentable malentendido respecto del cumplimiento de los protocolos de seguridad para el ingreso al mismo, lo cual será motivo de un prolijo análisis a fin de que esto no se repita, en caso de que la CIDH considere realizar una nueva visita a dicho Centro”. 
Las presentes observaciones están divididas en los antecedentes que resultaron en las protestas, el desarrollo de estas, así como las principales violaciones de derechos humanos observadas. Al final, la Comisión hace una serie de recomendaciones al Estado para que dichas violaciones puedan ser reparadas y garantizar que no se repitan. 
ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
A. Marco cronológico de las medidas económicas adoptadas por el Estado y el desencadenamiento de las protestas 
El 1 de octubre de 2019, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Nº 883, por el que se adoptaron una serie de medidas, entre ellas, una modificación al Reglamento que regula los precios de los derivados de hidrocarburos. Según lo indicado por el Estado, dicha modificación estableció una nueva forma de cálculo para determinar los costos de los derivados de hidrocarburos que no consideraba el subsidio que existía sobre la gasolina. Por su parte, diferentes sectores sociales indicaron a la CIDH que dichas medidas (bautizadas popularmente como “paquetazo”) incluyeron la supresión definitiva de un subsidio al combustible diésel que se aplica desde hace 40 años en el país, así como el recorte de beneficios laborales a los funcionarios públicos. Dichas medidas fueron rechazadas por distintos sectores de la sociedad, tales como los transportistas de carga, la población usuaria del transporte público, los pequeños productores, así como los pueblos indígenas y sus organizaciones. 
Las autoridades estatales y los sectores sociales que ofrecieron información sobre el tema a la CIDH coincidieron en advertir la falta de participación social y transparencia que caracterizaron estas medidas económicas. A modo de comparación, señalaron que, en una ocasión anterior, el gobierno había realizado un ejercicio de diálogo sobre la situación económica que atravesaba el país y había anunciado posibles medidas para reducir el déficit fiscal, como el aumento al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Sin embargo, en el caso específico de la eliminación de subsidio y el recorte de derechos laborales, indicaron que les tomó por sorpresa al no haber existido un proceso de consulta y participación con los actores sociales y la ciudadanía en general. 
Tanto la información de público conocimiento como las entrevistas realizadas durante la visita, dan cuenta que estas medidas provocaron el inmediato descontento en diversos sectores de la sociedad, a pesar del apoyo manifestado por algunos de los actores empresariales. Tras la publicación del Decreto Nº 883 se produjo un paro de transporte y manifestaciones sociales, así como la progresiva llegada a la capital de movimientos indígenas. En distintos puntos del país también se produjeron ocupaciones, bloqueos o tomas de infraestructura crítica y estratégica como pozos petroleros, carreteras y plantas de agua potable. Dichas acciones, de acuerdo con la información presentada por el Estado, produjeron cuantiosas pérdidas económicas. 
Inicialmente las movilizaciones habrían transcurrido de manera pacífica, aunque afectando el tránsito y el abastecimiento de productos a varias ciudades. No obstante, durante las primeras 48 horas de protesta la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno reportaron incidentes no pacíficos y una posible escalada de violencia de las manifestaciones. En aquel contexto, el Estado ratificó que "no daría marcha atrás" con las medidas adoptadas en el decreto a raíz del cual se originaron las protestas. 
Sin embargo, según la amplia información recibida durante la visita, la respuesta de la policía a las diversas expresiones registradas durante las manifestaciones habría sido desproporcionada, tal como lo indicaron decenas de testimonios de manifestantes recibidos por la CIDH. Unos 30 periodistas y camarógrafos de medios tradicionales y comunitarios contaron a la Comisión que fueron agredidos por las fuerzas policiales cuando cubrían las protestas y en varios casos se les obligó a destruir material de registro. Videos con imágenes de algunas de las agresiones fueron exhibidas durante la visita. No obstante, en distintas ocasiones se registraron graves hechos de violencia –tales como incendios deliberados a edificios públicos y medios de comunicación y otros incidentes coordinados–-, que habrían sido protagonizados por grupos de agitación que actuaron de modo coordinado y que todavía no han sido identificados. 
Sin perjuicio de que la CIDH, tal como ya ha sido señalado anteriormente, reconoce y toma nota de que durante las protestas ocurrieron hechos o incidentes no pacíficos, con el paso de las horas, algunas autoridades desarrollaron una narrativa contra las personas manifestantes, quienes fueron tildadas como "terroristas", sin distinción alguna. Los pueblos indígenas también denunciaron, en sus testimonios a la CIDH durante la visita, expresiones racistas y de discriminación, tanto por parte de actores políticos como una parte de la prensa. Asimismo, el gobierno informó a la CIDH en la visita que hubo desinformación deliberada que aumentó el descontento de la población hacia las medidas. 
En este contexto, el 3 de octubre, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Ejecutivo No. 884 en el que se estableció un estado de excepción, conforme atribuciones y disposiciones constitucionales, durante 60 días a nivel nacional, el cual se aplicó respecto a la "libertad de asociación, reunión y libre tránsito”, para luego profundizarlo a través del Decreto Ejecutivo Nº 888, con un toque de queda y movilización de las Fuerzas Armadas como apoyo complementario a la seguridad ciudadana, en Quito. El decreto que estableció el estado de excepción suspendió las libertades de reunión y asociación, y limitó la libertad de tránsito, a la vez que habilitó el ingreso de los militares al control de las protestas. Según lo indicado por el Estado, la fuerza pública fue llamada a desarrollar sus labores de protección de las personas, ante situaciones excepcionales en las que las medidas ordinarias fueron insuficientes para reestablecer el orden público y garantizar los derechos de las personas. 
El Estado de excepción fue revisado por la Corte Constitucional que, en su resolución, indicó que el estado de excepción demandaba de la Policía Nacional y de la Fuerzas Armadas el cumplimiento de sus deberes de proteger, prevenir la integridad y los derechos de los ciudadanos. Al respecto, la CIDH se reunió con el Presidente de la Corte, quien informó que la mayoría del pleno de la Corte había quedado convencida del argumento de la gran conmoción por el alto grado de violencia que se observaba en el país. El fallo de dicho tribunal restringió dicha excepcionalidad a 30 de los 60 días previstos en el Decreto. 
El rechazo a la emisión del Decreto Nº 883, junto con los hechos que sucedieron luego de la declaratoria del estado de excepción, exacerbaron las protestas; miles de personas indígenas se desplazaron hacia la capital con el objeto de mantener un paro. Según los testimonios recibidos por la CIDH en la visita, para el apoyo de las y los manifestantes, se establecieron zonas de paz en distintas universidades y en la Casa de la Cultura para colaborarles con alimentación y morada. Asimismo, dichos grupos exigieron la derogatoria del decreto y el cese de la represión. 
La Comisión reconoce que los pueblos indígenas que se desplazaron hacia la capital y otros movimientos sociales actuaron bajo el marco del derecho a la protesta. En especial los movimientos sociales y las organizaciones indígenas indicaron a la CIDH que su ánimo era manifestarse en forma pacífica. Según información brindada a la CIDH durante su visita, tras la negociación sostenida con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas (FEINE) y la Confederación Nacional de Campesinos, Indígenas y Negras (FENOCIN), el 14 de octubre el Presidente de la República emitió el Decreto Nº 894, que derogó el No. 883, y reiteró su llamado a la concordia, paz y reconciliación social. El artículo 2 del referido decreto estableció la inmediata “elaboración de un nuevo decreto ejecutivo que permita una política de subsidios de combustibles, con enfoque integral, con criterios de racionalización, focalización y sectorialización, que precautele que éstos no se destinen al beneficio de mayores recursos económicos, ni a contrabandistas de combustibles”. 
Al respecto, el Presidente Lenín Moreno declaró en cadena nacional, según información de la Presidencia de la República, la firma de la derogatoria del Decreto N 883, anunciando estar “listos para continuar el debate sobre uno nuevo, mejorado [decreto], tal como nos comprometimos”. En dicha intervención, también informó al país que el “diálogo sigue y sigue con todos los sectores que tengan buena voluntad”. 
La CIDH y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), observaron que las medidas económicas adoptadas por el Decreto Nº 883 carecieron antes de su adopción de un proceso de consulta ciudadana ni evaluación de impacto en términos de progresividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) que pudieran verse afectados, tomando en cuenta los compromisos y estándares internacionales vigentes para Ecuador, en el marco de los sistemas interamericano y universal de los derechos humanos. 
Durante la visita autoridades nacionales indicaron a la CIDH que la reforma pretendía controlar el contrabando de combustible y contenía medidas de carácter social para contrarrestar los posibles impactos de la supresión de los subsidios al combustible en las personas y colectivos más desfavorecidos; no obstante, según la información recibida las medidas no habrían sido adecuadamente consultadas ni socializadas con la ciudadanía. Asimismo, según dicha información, un sector no menor de la población habría considerado estas medidas lesivas para sus intereses y derechos adquiridos, protestando contra las mismas. En ese sentido, la CIDH y su REDESCA saludan que posteriormente la Presidencia de la República haya invitado a todos los sectores involucrados a un proceso de diálogo nacional, que inició el 13 de octubre de 2019 y contó con la participación de las Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en calidad de facilitadores del diálogo. El diálogo se mantiene hasta la fecha, a través de mesas con distintos actores, y presididas por las más altas autoridades del Estado, el señor Presidente de la República, el Vicepresidente y varios ministerios. 
Ante propuestas de medidas de austeridad o reformas económicas que puedan afectar el acceso y disfrute de los DESCA, la CIDH y su REDESCA ha llamado a los Estados “a fin de que cuando se propongan adoptar medidas de austeridad o reformas económicas que puedan afectar el acceso y disfrute a DESCA, se asegure que la ciudadanía y en especial los grupos que se encuentran en mayor vulnerabilidad sean adecuadamente informados y consultados, formando parte de los procesos de toma de decisiones. De igual manera, tales medidas o reformas deben basarse en análisis de impacto en materia de derechos humanos, considerando las obligaciones en la materia que rigen para los Estados Miembros de la OEA”.
En dicho marco, la CIDH y su REDESCA resalta los “Principios Rectores sobre la evaluación de impacto en los derechos humanos de las reformas económicas” de Naciones Unidas, como una guía orientadora para los Estados y otros interesados para asegurar el respeto y el cumplimiento de sus obligaciones en la materia. Asimismo, la CIDH toma nota de las Observaciones Finales formuladas a Ecuador el 14 de noviembre de 2019, tras el examen del Cuarto Informe Periódico de Ecuador de Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En dicho documento, el Comité expresó preocupación por el impacto de las medidas de austeridad sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, y recomendó al Estado, entre otros aspectos, evaluar previamente los efectos sobre los derechos económicos, sociales y culturales de cualquier medida para responder al deterioro económico, a fin de evitar que tenga impactos desproporcionados en los grupos desfavorecidos. Asimismo, orientó a Ecuador a tener en cuenta que las medidas regresivas solo son compatibles con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, si son necesarias y proporcionadas, en el sentido de que la adopción de cualquier otra política o el hecho de no actuar resultaría más perjudicial para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales; y además, deben haber sido consultadas con las poblaciones afectadas y estar sujetas a un examen independientes. 
Conforme a las estadísticas del Ministerio de Inclusión Económica y Social del país, habría en cerca de 140.000 personas viviendo en situación de pobreza o pobreza extrema. De acuerdo con dichos datos, en diciembre de 2018 se registró en el país un 23% de pobreza y un 8,4% de pobreza extrema, lo que llevó a aumentar la inversión en programas de asistencia social y el número de personas beneficiadas por los mismos. Según información oficial del gobierno de Ecuador, a septiembre de 2019, la pobreza en el país a nivel nacional se ubicó en 23,9% y la pobreza extrema en 8,7%. En el área urbana la pobreza llegó al 16,3% y la pobreza extrema a 4,6%; en tanto que en el área rural la pobreza alcanzó el 40,3% y la pobreza extrema el 17,4%. 
En este escenario y, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado al ratificar tratados como el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o el Protocolo de San Salvador, y en la búsqueda de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030, un enfoque de derechos resulta indispensable al momento de definir las políticas económicas y fiscales del Ecuador, lo cual incluye especialmente aquellas medidas de ajuste que puedan suponer interrupciones o regresiones al desarrollo progresivo de los DESCA. Como la CIDH ha señalado en su informe sobre Pobreza y Derechos Humanos: “Está vedado al Estado adoptar políticas, medidas y sancionar normas jurídicas que, sin una justificación adecuada y convincente, empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. El Estado tiene el deber de rendir cuentas sobre cómo se han movilizado, hasta el máximo, los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de esos derechos.” 
La Comisión también toma nota de la información que el 31 de octubre las organizaciones indígenas del Ecuador presentaron al gobierno una propuesta que busca ser una alternativa al modelo económico y se plantea “que la riqueza que es creada por todos los ecuatorianos sea distribuida de forma equitativa y que nos permita construirnos como una sociedad libre, justa, democrática, participativa y que resuelve sus conflictos desde el diálogo, la paz social y la búsqueda de consensos.” 
Por su parte, según informado por el Estado y en nota de la Presidencia de la República, el Presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea Nacional, un proyecto de ley sobre crecimiento económico. En la nota de prensa relativa al tema, se enfatiza que en esta ocasión el Ejecutivo llegó a este proyecto tras un proceso de diálogo con diferentes sectores y subraya que “Lo que se recaude con el proyecto de Reformas Tributarias será para quienes más necesitan: el 65% de la inversión pública se destinará al sector social”. 
B. Participación de los pueblos indígenas en las protestas sociales 
Según la información recibida por la CIDH, un amplio diálogo entre el Estado y sectores de la sociedad civil estaba en curso desde junio de 2017, con el objeto de avanzar con medidas económicas para atender las dificultades que el país estaba experimentando. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) habría tomado parte en dicha iniciativa, integrando las comisiones sobre tierras y territorios, educación, justicia indígena, agraria, agua y amnistía. Tras las negociaciones entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la concesión del crédito denominado Servicio Ampliado (SAF), la CONAIE evaluó negativamente los avances alcanzados por el gobierno en materia indígena y, el 23 de agosto de 2019, decidió dar por finalizado el diálogo y el inicio de una movilización nacional progresiva en rechazo a las políticas económicas del Estado. Esta movilización se había programado para el 9 o el 14 se octubre, pero dado el contexto se activó definitivamente el martes 1 de octubre, cuando el presidente de la República anunció una serie de medidas vinculadas a un ajuste económico en el país. 
En el contexto de los paros del jueves 3 de octubre de 2019, las organizaciones indígenas a través de sus bases y de la propia CONAIE, expresaron su rechazo a las medidas económicas anunciadas por el Estado y el apoyo a los transportistas que habían cerrado carreteras en las principales ciudades del país. En los días subsiguientes, las comunidades originarias de base y representantes de las más altas entidades representativas indígenas del país anunciaron protestas en Quito y otros sectores. 
De acuerdo con la información recibida por la CIDH, durante el estado de excepción y el toque de queda decretado por el gobierno de Ecuador, efectivos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas presuntamente cometieron graves violaciones a derechos humanos en contra del movimiento indígena. La Comisión tomó conocimiento de desalojos efectuados en centros de paz o de acogida, uso de gas lacrimógeno y armas de fuego. Asimismo, la CIDH recibió información sobre la represión en contra de los movimientos indígenas y sociales, la cual se habría mantenido hasta el inicio de los primeros diálogos con el Estado en territorios como la Provincia de Azuay Cuenca/Molleturo, Provincia de Cotopaxi, Tungurahua, Imbabura, Provincia de Loja Saraguro, Provincias de Pastaza y Morona Santiago Pastaza y la Provincia de Pichincha Cayambem, además de Quito. Al respecto, el Estado indicó que durante 11 días de octubre de 2019, el Ecuador enfrentó una crisis política y de seguridad, y hubo una grave conmoción interna, por lo cual la actuación de la fuerza pública se orientó a mantener el orden público y precautelar la seguridad ciudadana; y que desarrolló sus labores de protección de las personas, ante situaciones excepcionales en las que las medidas ordinarias son insuficientes para reestablecer el orden público y garantizar los derechos de las personas. 
El domingo 13 de octubre de 2019, con la facilitación efectuada por la Organización de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se generó un espacio de diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno nacional. En esa mesa de negociación, como se ha indicado anteriormente, se acordó la derogación del Decreto 883, así como la instalación de una mesa de trabajo para redactar un nuevo decreto que, entre otras cosas, apuntaría a la focalización de los subsidios de combustibles. Por su parte, el presidente de la CONAIE anunció el levantamiento de las movilizaciones antigubernamentales en todo el territorio. 
C. Saqueos, perjuicio al sector privado y afectaciones a funcionarios de seguridad del Estado 
Por otra parte, la Comisión también recibió información relativa a diversos tipos de afectaciones por acciones violentas sufridas por agentes del Estado que podrían constituir delitos, como el disparo de armas caseras y bombas incendiarias, el secuestro de 430 militares y 202 policías, muchos de los cuales sufrieron abusos, inclusive mujeres policía sufrieron abusos sexuales. Al respecto, durante su visita de observación, la CIDH recibió testimonios de agentes de seguridad y sus familiares, como el caso del distrito Calderón, donde policías habrían sido secuestrados y obligados a caminar ante un grupo de 3 a 5 mil personas. 
Además de los actos hostiles sufridos por miembros de las fuerzas de seguridad, la Comisión recibió información sobre perjuicios económicos y materiales sufridos tanto por el Estado, en particular en infraestructura estratégica, cuarteles de la policía y una base militar, así como por algunos de los sectores económicos productivos del país y medios de comunicación, como consecuencia de la acción violenta de grupos. Los actos llevaron a la destrucción de bienes públicos como ambulancias y edificios, e incluyeron acciones vandálicas de saqueo e incendios deliberados que generaron situaciones de caos y zozobra a lo largo del país. 
La Comisión toma nota de la información brindada por el Estado sobre las afectaciones a empresas, industrias y consumidores. Así como cuantiosas pérdidas económicas en las cuales el Estado dejó de percibir recursos provenientes de exportación y petróleo. Sobre este, según lo relatado por autoridades a la CIDH, se habría dejado de producir 1700 mil millones de barriles lo que implica una pérdida media de 94 millones de dólares. Por su parte, de acuerdo con la información brindada el sector floricultor habría sufrido un impacto que llegaría a 20 millones de dólares, resultado que contabilizaría perjuicios con el pago de peajes para evitar la destrucción de la carga, así como el transporte aéreo de la misma. Además del impacto en sus funcionarios, que habrían tenido que caminar desde sus casas hasta el local de su labor. 
Al respecto, la CIDH fue informada sobre la destrucción y vandalismo sufridos por las gobernaciones de Imbabura, Cañar. Asimismo, según la información brindada por el Estado, las gobernaciones de Napo, Tungurahua, Bolívar, Pastaza, Chimborazo y Morona-Santiago fueron tomadas por manifestantes. En Cotopaxi hubo saqueos y destrucción de las plantaciones; mientras que en Quito se dio un ataque a la Contraloría, en la que varios pisos sucumbieron a causa de un incendio deliberado; además de registros de ataques concertados y coordinados a instalaciones estratégicas del Estado, como toma de pozos petroleros, fuentes de agua de una ciudad, y destrucción de antenas de comunicación. 
La Comisión saluda iniciativas de coordinación interinstitucional adoptadas en Latacunga, provincia de Cotopaxi, para prevenir actos de violencia dentro del territorio. La CIDH tomó conocimiento de la ocurrencia de daños patrimoniales ocasionados por los manifestantes, también recibió información acerca de las convocatorias realizadas por diversas autoridades locales, tales como presidentes de las Juntas Parroquiales; Concejales cantonales; Alcaldes Municipales; Prefecto Provincial y el Gobernador, para realizar asambleas informativas, sesiones de coordinación previas y una propuesta al gobierno central para hacer frente a los desafíos que imponían las manifestaciones sociales. 
Al respecto, la Comisión Interamericana condena todos los tipos de violencia y recuerda que el Estado tiene el deber de investigar los hechos de desmanes, incendios, saqueos, secuestros y actos de destrucción en los que han participado personas particulares, identificando, juzgando y sancionando a los responsables, en especial cuando han resultado personas heridas durante los mismos. En ese sentido, el Estado informó que mediante Resolución 055 FGE 2019, de 16 de octubre de 2019, la Fiscalía General del Estado conforma un “equipo técnico especializado, integrado por las y los fiscales de la Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana; y la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia organizada Transnacional – UNIDOT-; con la finalidad de dar una respuesta efectiva y oportuna ante las denuncias que ingresen a la Fiscalía General del Estado, respecto a posibles delitos por graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el Derecho Internacional Humanitario; y, delitos contra la seguridad pública, que se hubieren cometido entre el 3 y 13 de octubre de 2019”. 
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
A. Agresiones y ataques a la prensa durante protestas 
La escalada de la violencia derivó en la obstaculización del trabajo de la prensa, debido a una serie de ataques contra periodistas y medios de comunicación, tanto por parte de fuerzas de seguridad pública, como de manifestantes. Estos incidentes se habrían visto potenciados por los discursos estigmatizadores contra periodistas y medios de comunicación, diseminados durante las movilizaciones por parte de sectores radicalizados. 
La Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han manifestado su condena y preocupación respecto a los actos de violencia perpetrados hacia la prensa en el contexto de las protestas. De acuerdo a los informes recogidos, se habrían producido más de un centenar de ataques contra periodistas, comunicadores comunitarios, fotógrafos, camarógrafos y medios de comunicación, consistentes en amenazas, hostigamiento, detenciones arbitrarias, ataques físicos, impedimento de cobertura, confiscación de equipos, uso indiscriminado de agentes químicos, vigilancia, suspensión de transmisiones y allanamientos a medios de comunicación, bloqueo de sitios web y redes sociales, entre otras afectaciones a la libertad de expresión. 
Según información aportada por organizaciones de la sociedad civil, Defensoría del Pueblo y otras instituciones gubernamentales de Ecuador, se habrían contabilizado alrededor de 120 agresiones contra medios y periodistas (incluyendo fotógrafos, camarógrafos, comunicadores comunitarios); el número de medios atacados llegaría a 20, situados en las provincias de Pichincha, Guayas, Tungurahua, Chimborazo, Morona Santiago, Manabí, Azuay, Pastaza y Sucumbíos. 
Entre las denuncias de agresiones a periodistas se destacan, por su gravedad, la de Juan Carlos González, reportero del medio digital, Wambra, quien habría sido impactado por una granada de gas lacrimógeno en el rostro, en Quito; también se denunció que un agente motorizado de la Policía Nacional en Guayaquil atropelló al reportero del periódico Universal, Ronald Cedeño; además, el periodista de la radio Tomebamba, Juan Francisco Beltrán, el fotógrafo de El Comercio, Julio Estrella y el fotógrafo de la agencia API, entre otros, habrían sido rociados con gas pimienta directamente a la cara cuando realizaba cobertura. Las reporteras del portal Primicias, Adriana Noboa, y de El Comercio, Yadira Trujillo habrían sido impedidas por, al menos, 12 policías antimotines de filmar con sus celulares la represión contra manifestantes y denunciaron haber sido golpeadas (a “toletazos”) por la Policía. Se tuvo también noticia de que Los periodistas Charlie Granda, Luis Granda y Wilson de la radio comunitaria #Periférik, habrían sido agredidos por un tanque cisterna. El sábado 5 de octubre, el camarógrafo del sitio Guarmillas, David Aguiar, fue herido con una bala de goma en la parte superior derecha del toráx. El Estado indicó que se encuentra investigando los hechos ocurridos en contra de trabajadores de la prensa, a fin de determinar responsabilidades. 
Los ataques perpetrados contra trabajadores de la prensa también vinieron de los manifestantes, miembros de sindicatos y movimientos sociales que participaban en las protestas. Entre las múltiples denuncias de casos e incidentes, se encuentra la reportera de TVC Andrea Orbe y su camarógrafo Tito Correa, quienes habrían sido agredidos física y verbalmente cuando cubrían el cierre de vías en la Panamericana Norte. El mismo día, el periodista de cadena TC Televisión, Mauricio Ceballos y su camarógrafo habrían sido atacados a través de golpes con palos y piedras por manifestantes en la población Santa Lucía (Guayas). Los periodistas de Red Informativa en Quito, al igual que William Rivadeneira de Cable Mágico, Carlos López de Macas News y César Correa de radio Shalom denunciaron, agresiones físicas y hostigamiento de manifestantes en Morona-Santiago mientras transmitían en vivo. 
En esta misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial tomaron nota de que un grupo de profesionales de la comunicación fueron “retenidos” en el Ágora de la Casa de la Cultura donde se encontraba sesionando la dirigencia indígena, entre ellos algunos periodistas denunciaron haberlo sido contra su voluntad. Según información recibida, un sector de la dirigencia indígena les habría exigido a varios equipos periodísticos transmitir en vivo un acto de aplicación de “justicia indígena” en contra de 8 policías, también “retenidos” en respuesta por la muerte de manifestantes durante las protestas. Según la información proporcionada por el Estado, el Gobierno Nacional solicitó la intervención de Naciones Unidas para “negociar” la liberación de los ocho policías secuestrados en la Casa de la Cultura; asimismo, que convocó de manera inmediata al Comité Interinstitucional de Protección a Periodistas y Trabajadores de la Comunicación para abordar el secuestro de los periodistas en la Casa de la Cultura. Las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal del Ecuador actuaron como facilitadores del diálogo entre las organizaciones indígenas y el Estado. Como resultado del diálogo se logró que, alrededor de las 15:00 del mismo día, la liberación de los 27 comunicadores. 
En ese contexto, la Relatoría Especial condenó la agresión ocurrida al desplazarse en las calles circundantes a la Casa de la Cultura contra el periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes, quien fue golpeado brutalmente con una piedra, con el resultado de la fractura de su clavícula y una contusión con herida abierta en la cabeza. Paredes presentó una denuncia en la Fiscalía por intento de asesinato; el supuesto responsable, quien habría sido identificado, se encontraría prófugo. Los indígenas que escoltaron a Paredes a la salida de la Casa de la Cultura deslindaron su responsabilidad con la agresión. 
Durante la visita realizada a Ecuador para establecer los hechos, los movimientos sociales involucrados reconocieron la situación de tensión, y sin embargo de que algunos periodistas reconocieron que no fueron retenidos, otros entrevistados insistieron en decir que interpretaron como detención el hecho de que les habrían solicitados a realizar transmisiones en vivo desde el lugar. Denunciaron, asimismo, cortes permanentes en el acceso a internet por parte de las plataformas telefónicas de las empresas Claro y Movistar. 
También se reportaron agresiones a periodistas, comunicadores comunitarios y trabajadores en la cobertura desde diferentes zonas del país. Es el caso del reportero de Ediasa en Manabi, Jose Diego Delgado, agredido con piedras por manifestantes, quienes le destruyendo su trípode, también contra el corresponsal de Teleamazonas en Mora Santiago, Elvis Nantip, quien reportó golpes y la destrucción de su cámara. La Relatoría Especial, además, registró la detención arbitraria de un grupo de periodistas en un estacionamiento en la zona de San Blas, en Quito; según denunciaron los afectados, un grupo de manifestantes no les permitieron salir durante, al menos, dos horas. 
La obstaculización en coberturas y la falta de garantías para el trabajo periodístico primó durante los días del conflicto. El 7 de octubre, fuerzas de seguridad ecuatoriana desalojaron a periodistas del Palacio Presidencial después de que el Presidente Moreno se trasladara desde la capital rumbo a Guayaquil, donde los periodistas habrían quedado sin protección de la protesta que llegaba al Palacio. En medio de esta situación fueron varios periodistas atacados, como el reportero de Teleamazonas, Fausto Yepez, el camarógrafo Alexander Herrera y el asistente Dario Zapata, quienes denunciaron, en vivo, las hostilidades contra la prensa, así como las agresiones contra el equipo de Noticias Caracol de Colombia, quienes habrían sido insultados y acusados de desinformar. El vehículo en el cual se transportaba el periodista Paúl Romero del medio de comunicación Ecuavisa recibió pedradas de los manifestantes, dejando graves daños en su equipo. Según información de público conocimiento, la CONAIE como otras organizaciones sociales denunciaron que desconocidos se habrían sumado a la protesta para cometer actos vandálicos y agredir a la prensa. 
Finalmente, el día 12 de octubre, se produjeron ataques graves y coordinados contra instalaciones de varios medios de comunicación en Quito. Así, una turba habría lanzado bombas Molotov, incendiado una antena, y dos vehículos en el edificio del canal de televisión Teleamazonas, en donde se encontraban 25 trabajadores escondidos en el cuarto de seguridad. Afuera, lanzaban piedras y palos e intentaban impedir el paso de los bomberos que iban a apagar el fuego. La Policía llegó y rescató a los trabajadores, aunque la transmisión tuvo que ser interrumpida. En diario El Comercio pasó algo similar: “Se están metiendo al periódico, aquí estamos algunos compañeros trabajando”, dijo una de sus reporteras en una nota de voz registrados en un grupo de chats de prensa, sus colegas habrían pedido ayuda a los ministerios de Gobierno y Defensa y al ECU911. 
La CIDH reitera que el Estado tiene la obligación de proporcionar la seguridad de los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública, así como garantizar que estos no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Los ataques contra periodistas y la destrucción o incautación de equipos de quienes cubren estas situaciones violan la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como colectiva. 
La Comisión y su Relatoría Especial instaron a las autoridades, a través de un comunicado emitido el 9 de octubre, a que investiguen de forma pronta y exhaustiva cualquier denuncia de violencia y establecer las sanciones correspondientes, tanto en denuncias del uso excesivo de la fuerza cometidas por los agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad, como en hechos de agresiones y saqueos por parte de la población. 
B. Violaciones al derecho a la libertad de expresión y asociación
También en el contexto de las protestas, se recibió información sobre la detención de ocho comunicadores y la sentencia a cinco días de prisión contra la comunicadora de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Camila Martínez, condenada por una contravención de segunda clase, contemplada en el artículo 394 del Código Integral Penal (COIP) de Ecuador. Esta disposición sanciona con prisión a quien maltrate, insulte o agreda a los agentes que precautelan el orden público. Asimismo, otros siete periodistas que habrían sido aprehendidos sin debido proceso, para ser posteriormente liberados. 
El principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que: “[l]os funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como "leyes de desacato" atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”. Además, la CIDH ha sostenido repetidamente que la aplicación del derecho penal para sancionar expresiones referidas a funcionarios públicos es desproporcionada cuando se trata de un discurso protegido, como la información o expresión sobre asuntos de interés público, y viola el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, frente a las detenciones realizadas, la CIDH recuerda de la importancia de acompañamiento de Defensoría del Pueblo para verificar el estado de las personas detenidas; además de que se les garanticen los derechos a la seguridad, integridad y debido proceso. 
El miércoles 9 de octubre, la radioemisora Pichincha Universal recibió la orden, de parte de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, para adherirse a la señal de la radio pública –de manera indefinida–, medida que luego fue sustituida por una solicitud judicial de suspensión de la emisión tramitada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) a través de la investigación Nº170101819100814 como una medida cautelar provisional. Según información disponible, también se habría producido el allanamiento de las instalaciones de radio Pichincha Universal, por el presunto delito de “incitación a la discordia entre ciudadanos”. 
Con referencia a la suspensión de la señal de la Radio Pichincha Universal, un juez de garantías constitucionales aceptó la acción de protección presentada por su defensa y concedió una medida cautelar a favor del medio de comunicación, que estuvo fuera del aire por 16 días. La Radio denunció una campaña de “acoso judicial”, consistente en la promoción de investigaciones criminales por parte del gobierno de Ecuador. Ello, tomando en cuenta que la Fiscalía General del Estado, a través del agente Fiscal competente, de la Fiscalía de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional, les solicitó información del personal que trabaja en dicha Radio según información oficial de la propia Fiscalía General. Además, el portal web de la radio habría sido denunciado por presuntas violaciones de derechos de autor de algunas de las fotografías que allí figuraban. 
En esta misma línea, según información de público conocimiento, la señal de televisión por cable y satélite de la cadena TeleSUR, fue retirada del aire en Ecuador durante los tres días. La Presidenta de la cadena, Patricia Villegas apuntó que el corte fue realizado sin ninguna justificación, para luego ser restituida al día siguiente. El Estado indicó que TeleSUR es parte de una concesión privada de cable y por tanto no responde al espectro de control del Estado en cuanto a telecomunicaciones. 
A través de un pronunciamiento público, diferentes medios de comunicación alternativos que realizaron la cobertura de las manifestaciones en Ecuador denunciaron al gobierno por censura tecnológica y digital e indicaron que habrían sido intervenidos y vulnerados en sus derechos. Por su parte, el Estado indicó que mantuvo canales oficiales de comunicación con la ciudadanía, a través de la Secretaría de Comunicación, solicitando a las personas informarse a través de estos medios. 
Según información denunciada por diferentes medios de comunicación, habrían salido del aire radios y canales que emiten señal en Frecuencia Modulada (FM) de las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo; este hecho se reportó después de que el movimiento indígena se hubiera tomado el cerro Pilisurco, donde se encuentran algunas de estas antenas.
Según información recibida por la CIDH, diferentes medios comunitarios, digitales y alternativos en Ecuador denunciaron violaciones a su derecho al ejercicio a la libertad de expresión y acceso a la información, además de los ataques físicos e impedimento de coberturas como los ocurridos el 3 de octubre contra los periodistas Luisa Aguilar y José Mosquera, ambos de Wambra Digital. En la ciudad de Cuenca denunciaron que la periodista de Radio Kimsakocha, Diana Narváez habría sido impactada en su talón derecho por una granada lacrimógena. El medio digital comunitario Wambra denuncio además que autoridades del Ministerio del Interior se habrían referido al medio como "importante para difundir noticias falsas”, después de haber afirmado que dichas noticias falsas tenían parte de la responsabilidad en la violencia durante el paro nacional. 
Según información proporcionada a la Relatoría Especial durante la visita de trabajo a Ecuador por la misión de la CIDH, la Convergencia de Medios Alternativos, Comunitarios, Indígenas e Independientes creada por 23 medios a raíz del paro nacional que se vivió en Ecuador, denunció diferentes vulneraciones al ejercicio de la libertad de expresión, tales como censura previa a través de un ataque tecnológico con el bloqueo de señal telefónica y de internet en las inmediaciones del parque El Arbolito y la Casa de la Cultura en Quito y diversos ataques a las cuentas oficiales de radios comunitarias. 
Según información proporcionada por la organización NetBlocks, desde el 9 hasta el 12 de octubre, se habrían registrado cortes severos del Internet en diferentes momentos y durante varias horas, coincidiendo con los picos más altos de represión y violencia de las protestas y manifestaciones en Ecuador. 
De acuerdo a distintas organizaciones, múltiples medios de comunicación habrían reportado dificultades en sus comunicaciones y conexión a Internet durante las movilizaciones. Durante once días de movilización, se denunció que habrían utilizado inhibidores de señal, ya que en la medida que periodistas se acercaban hasta zonas de conflictos, o de enfrentamientos entre manifestantes y policías, la señal de celular decaía, de tal manera que no se podían realizar llamadas o enviar mensajes de SMS o por internet, impidiendo la cobertura. Sin embargo, al alejarse de la zona de conflicto, la señal se restablecía y volvía a la normalidad. 
En esta misma línea, la Relatoría Especial recibió información sobre un ataque DDOs que habría tenido lugar contra la página web de Wambra Medio Digital Comunitario, la cual habría impedido el acceso a correos electrónicos, a publicar nueva información y transmitir el informativo diario sobre el Paro Nacional, a través de su plataforma. Según lo informado, el ataque habría ocurrido horas después de que se publicara una entrevista al hermano de Marco Otto, uno de los jóvenes que falleció tras caer del puente del barrio quiteño de San Roque, en el contexto de la dispersión de las manifestaciones por parte de policías. 
La Relatoria Especial, asimismo, recibió denuncias sobre campañas de desinformación deliberada por parte de actores no identificados que habría tenido la intención de exacerbar los ánimos de la población inmersa en el conflicto como lo han documentado varias organizaciones de la sociedad civil. 
La CIDH y su Relatoría Especial recuerdan que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de expresión, encuentran en Internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial en amplios sectores de la población. La relevancia de Internet como plataforma para el goce y ejercicio de derechos humanos está directamente vinculada con la arquitectura de la red y los principios que la rigen, entre ellos el principio de apertura, descentralización y neutralidad. 
En la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet del 2011, la Relatoría Especial indica que la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación, por lo que las restricciones y el bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema—análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión—. Dichos bloqueos o restricciones no pueden justificarse, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional, y no pueden utilizarse como medidas de censura o como mecanismos para impedir el acceso a la información de la población. Además, dado el carácter habilitador de derechos que tiene la libertad de expresión, estas restricciones afectan también el ejercicio de otros derechos e impactan en la economía en forma importante. 
La Relatoría Especial ha sostenido que “[l]a neutralidad de la red es una condición necesaria para ejercer la libertad de expresión […]. Lo que persigue tal principio es que la libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal por medio de Internet no esté condicionada, direccionada o restringida, por medio de bloqueo, filtración, o interferenci[a]”. 
C. Afectaciones a la integridad personal en el marco de las protestas sociales 
Durante su visita de trabajo, la Comisión Interamericana recibió información documental, material audiovisual y cientos de testimonios relacionados con las afectaciones a la integridad personal en el marco de las protestas sociales en Ecuador. Como se analiza, la información recibida da cuenta principalmente de una serie de violaciones reiteradas a este derecho que habrían sido consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por agentes estatales en contra de manifestantes y personas que no participaban en las protestas. Entre los principales grupos afectados se encuentran niñas, niños y adolescentes; personas indígenas; adultos mayores; periodistas; así como personal médico o voluntario que prestaba asistencia humanitaria. Según información suministrada por la Defensoría del Pueblo, por lo menos 1340 personas resultaron heridas, entre ellas 458 servidores policiales, en el contexto de los hechos ocurridos entre el 3 y el 13 de octubre en el país. 
A partir de la información y los testimonios recibidos, la CIDH constató afectaciones a la integridad personal ocurridas en el marco de los operativos desplegados desde el tres de octubre y, durante la vigencia del toque de queda decretado en el país. Dichas afectaciones habrían sido ocasionadas por la actuación violenta de los agentes encargados del orden mediante la policía montada, patadas, golpes, agresiones verbales e, inclusive, mediante disparos a corta distancia de municiones de perdigón y/o bombas lacrimógenas directamente hacia las personas manifestantes o contra quienes se encontraban en las zonas aledañas. Como consecuencia, decenas de personas habrían resultado heridas, –algunas de ellas, de gravedad– debido a fracturas provocadas por el impacto de proyectiles o por perdigones alojados en diversas partes del cuerpo. Al respecto, una persona con discapacidad física que fue herida durante las manifestaciones narró a la CIDH lo siguiente: 
“El martes [8 de octubre] me encontraba por la caja seguros, el ‘trucutu’, pasaba en la calle 10 de agosto a altas velocidades. Mientras estaba en el parterre, [me] paro a media calle con los brazos en alto y la bandera de Ecuador colgada en mi cuello, al ver que no se detenía la tanqueta me hinco en la calle tratándose de esta manera que se detenga, lo cual así sucedió. Es cuando abren las puertas de la tanqueta y se bajaron tres policías, quienes me pegaron, me dieron patadas en la cara y se [me] salieron cuatro dientes fijos que tenía. Me tapaba la cara, me arrastraron al parque [el Ejido] y me pegaron en la cabeza con un tolete. Me arrimé a un árbol, me paro y los policías se alejan al ‘trucutu’. Cuando se alejan, dos policías con escudos le cubren a otro policía que tenía una carabina. El mismo me dio tres tiros [en el pecho a lado izquierdo del corazón dos impactos de bala de goma y otro impacto a lado de la ingle]. Luego me di cuenta de que habían sido balas de goma y las recojo del suelo (…). Después de eso corro al parque de El Arbolito y las motocicletas de los policías empiezan a seguirme (…). Me alcanzan las motocicletas y me rodean, no tenían nombre, los números estaban tapados. Me vuelven a pegar, me empujaron con la moto, me pateaban y me dicen que me largue. Inmediatamente me llegó mi hija, le quisieron quitar el teléfono y no se dejó, le pegaron, nos echaron bombas a los dos. En ese momento nos sueltan dos bombas lacrimógenas a los dos, luego caminamos aproximadamente una cuadra me desfallezco y caigo al piso y procede mi hija llamar al 911 comunicando que hay un herido, ellos le preguntan quién le hirió y mi hija le dice la policía, ellos le contestan diciendo que no hay ambulancia y le colgaron. Un voluntario me trasladó al hospital Carlos Andrade Marín del IESS. [Salí] aproximadamente las 22h30 de ese mismo día”. 
Luego el sábado [12 de octubre] salí al paro, llego al parque de “El Arbolito”, encuentro un cartón de refrigeradora y con eso avanzo en dirección a la Asamblea Nacional. Es ahí que desde el puente de la calle Yaguachi, la policía disparaba y me impactan en la parte frontal de mi cráneo, perdiendo en ese instante pérdida de conocimiento, volviendo a recuperarlo en una ambulancia del cuerpo de bomberos que me estaba trasladando al hospital Eugenio Espejo. Luego de unas horas procedieron a realizar una intervención quirúrgica, que posteriormente me entero de que me diagnostica trauma con fractura craneoencefálico y hendidura de cráneo. Estuve hospitalizado 12 días en neurocirugía en el Hospital Eugenio Espejo. Les pedí a las enfermeras mi historia clínica del motivo de mi ingreso y contestó “ya no podemos señor porque la ministra nos ordenó que no demos información de los heridos en las manifestaciones”.
Sumado a lo anterior, la CIDH recibió al menos diecinueve testimonios de personas que habrían perdido totalmente la visión totalmente, o parcialmente, mediante la pérdida de algún ojo, debido al impacto de bombas lacrimógenas o perdigones utilizados para la dispersión de las protestas, tanto por parte de agentes de la policía como por militares. En estos casos, la Comisión condena el empleo de tales dispositivos como proyectiles tendientes a neutralizar a quienes se manifestaban, así como las graves consecuencias permanentes que fueron ocasionadas a la integridad de las personas lesionadas. Al respecto, la CIDH recibió el testimonio de una mujer afectada por el impacto de un proyectil a quemarropa en su ojo izquierdo cuando participaba en ‘el cacerolazo’ nacional: 
“El sábado fueron a comprar en una tienda que era la única que tenía algo para comer en su barrio, que lo único que había eran tomates, fideos y gaseosas y tres atunes (…). Luego se dirigieron a la casa porque comenzaron a ver desmanes. Ella pidió a sus vecinos abastecerse de agua y cerrar las casas porque ya había disturbios en la parte alta de La Tola. A las 15:00 salieron con toda su familia con botes de agua a repartir a los vecinos que no habían recogido el líquido. Como era toque de queda se concentraron en el barrio para los cacerolazos. Se unieron entre 60 o 70 personas entre niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, todos moradores del sector. 
Bajó con una olla y cuchara de palo gritando consignas por la paz. A las 21:00 pasa un camión militar pequeño y un camión policial más grande. El camión policial se detiene y comenzaron a botar bombas lacrimógenas con gas especial que automáticamente les hacían vomitar. Ella se pone frente al camión pidiendo que ya no lancen más bombas, un policía del GOM le queda viendo y le dispara de frente una bomba lacrimógena. Una vez que puede volver a tomar aire, el policía le quedo esperando que caiga, pero ella caminaba. Los vecinos gritaban al verla, ella subió por la calle Remigio Crespo y oyó la voz de su madre. Su madre, junto a un periodista pidieron a la persona que conducía una camioneta que la lleven a un centro de salud por la pérdida de sangre. La llevó al hospital militar, pero por el ‘Coliseo Ruminahui’ los policías le impidieron pasar, ante los ruegos de la madre y hermana la ingresan al hospital. 
El doctor comprobó que perdió el ojo. Le hicieron una tomografía y el eco no pudo porque tenía el ojo colgando...Mandan a retirar a un médico que estaba en el Eugenio Espejo que es especialista cirujano de párpados dos médicos la operaron. La cirugía duro 8 horas. El domingo a las 9 le operaron y salió del hospital por miedo a una bacteria que había en el hospital a las 12h00 del lunes estuvo en su casa. Desde ahí ha tenido chequeos constantes por las lesiones en la cuenca del ojo, 8 fracturas y desprendimiento del colchón del ojo”. 
La información al alcance de la CIDH revela que las agresiones y disparos a quemarropa por agentes policiales y fuerzas militares también habría sido dirigidos contra quienes prestaban asistencia médica a manifestantes. En este sentido, un voluntario de brigadas médicas lesionado por el impacto de bomba lacrimógena mientras prestaba primeros auxilios informó lo siguiente: 
“[El 11 de octubre] cuando coordinaba con los grupos empezó una arremetida policial de bombas lacrimógenas y bombas de silencio. Desde las 10am tuvo flujo de heridos en el sector del arbolito. Con los grupos realizó un barrido de heridos. Tenían una cifra de heridos de 40 a 60 en menos de media hora. Tenían colapsado el equipo de médicos. Nos trasladamos a refugiarnos por tanta masividad de impactos atrás de la bola metálica de El Arbolito para mirar lo que estaba sucediendo ya que todo estaba oscuro (…). Escuchamos “menor caído”. Levantamos una bandera blanca en señal de paz y nos trasladamos al 12 de octubre. Ahí estaban los manifestantes con escudos. Estaba el menor de edad con impacto de bomba en el abdomen. Lo atendieron e inmovilizaron con el equipo médico. Al salir fue alcanzado por un proyectil de bomba lacrimógena en su ojo izquierdo (…). Me pasé de la calle al otro extremo de la vereda. La gente me pudo auxiliar y también mis compañeros. Le dieron primeros auxilios y trasladaron a la casa de Bambú. Lo llevaron al Hospital Carlos Andrade Marón. Tenía pérdida del ojo izquierdo. Totalmente reventado. Nunca perdió conocimiento. Recibió tomografías y placas para revisar su estado craneal. Fue operado por ocho horas. La doctora le indicó que le extirparon todo el ojo. No pudieron recuperarlo. El proyectil vino del trucutú, en una distancia de 4 a 6 metros. No respetaron la bandera blanca de salud. No respetaron al herido que estaban atendiendo. Disparaban directamente a los manifestantes que estaban protegiéndose con latas en la vereda”. 
Por otro lado, la CIDH constata que la intensidad de la respuesta estatal habría tenido efectos desproporcionados en contra de la integridad de las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y mujeres indígenas que acompañaban las manifestaciones. En particular, de acuerdo con la información recibida, en el marco de las protestas ocurridas, las fuerzas policiales y militares habrían agredido con golpes, patadas, bastones policiales y gases lacrimógenos a núcleos familiares e indígenas, como lo ejemplifica el testimonio siguiente: 
“Nosotros llegamos a la Casa de la Cultura el lunes de noche. El martes [8 de octubre] empezamos con la marcha pacífica con dirección a la Asamblea y las personas que estaban adelante, dijeron que ya entraron, nosotros estábamos afuera. A los 20 minutos comenzaron a lanzar bombas de adentro de la Asamblea y de afuera. No respectaron ni a mujeres ni a nadie. 
Ya no podía caminar y me quede sentada en un rinconcito en la puerta de la Asamblea. Vinieron los caballos y carros antimotines. Luego de una hora me recupere y salimos de ahí como a las 17h00 y llegamos al parque del Arbolito ahí fue que me dieron ellos. Vinieron con caballos, me dispararon a pesar de que les dije que estaba embarazada, perdí el conocimiento y mis amigas me ayudaron y la llevaron al centro de El Arbolito en el dispensario médico. Se recuperó a eso de las 21h00, se fue a la universidad salesiana. Los médicos la tenían controlada. 
Nuestra cultura es diferente. Los indígenas no podemos dejar solos a mi hermano y a mi papa”. 
En el contexto de lo anterior, la Comisión también recibió información respecto de agresiones ocurridas contra personas que se ubicaban en las “zonas de paz” o de asistencia humanitaria habilitadas en la ciudad de Quito durante las manifestaciones. Entre la información registrada por la CIDH, se encuentra la agresión ocurrida el 9 de octubre en la Universidad Politécnica Salesiana y la Pontificia Universidad Católica de Ecuador cuando agentes policiales y militares dispararon bombas lacrimógenas al interior de dichos recintos, mismos que estaban habilitados como centros humanitarios y de acogida para las personas manifestantes, heridas e indígenas del interior del país: 
“Estuv[e] presente en la jornada donde la PUCE fue atacada con bombas lacrimógenas durante la noche. La tarde del 09 de octubre, aproximadamente a las 18h00 la gente estaba congregada en el comedor y el área de atención médica, de pronto comenzaron los Policías a lanzar bombas al interior de la PUCE. Lo que les obligó a movilizar a los heridos al interior del Coliseo. Hubo un estado de pánico generalizado, debido a que dentro del Coliseo se encontraban los niños. Todos los asistentes, incluidos los niños fueron afectados por las bombas lacrimógenas”. 
La CIDH recuerda que el derecho a la integridad personal no solo comprende la obligación estatal negativa de no infringir sufrimiento a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, sino que además exige proteger y preservar tal derecho. De acuerdo con lo anterior, en cumplimiento de sus funciones de seguridad y orden público, el Estado debe minimizar cualquier riesgo a tales derechos a través de la realización de un cuidadoso escrutinio apegado estrictamente a los principios y estándares internacionales. La CIDH, asimismo, destaca que la integridad personal forma parte del núcleo inderogable de los derechos no susceptibles de suspensión enlistados en el artículo 27.2 de la Convención. 
De conformidad con la información suministrada por el Estado, El artículo 66, numeral 3 de la Constitución de la República garantiza el derecho a la integridad personal. El primer inciso del artículo 165 ibídem determina que “durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información, en los términos que señala la Constitución”. En razón de lo expuesto, los decretos de estado de excepción suspenden y limitan derechos específicos, y no afectan de ninguna manera los derechos fundamentales, en los que se encuentra los derechos a la vida y a la integridad personal, de conformidad con la normativa internacional que rige los estados de excepción. 
Ahora bien, por lo irreversible de las consecuencias que podrían derivarse del uso de la fuerza, la CIDH la concibe como “un recurso último que, limitado cualitativa y cuantitativamente, pretende impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal”. Dentro de ese marco caracterizado por la excepcionalidad, tanto la Comisión como la Corte IDH, han coincidido en que, para que el uso de la fuerza se encuentre justificado, se deberán satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Esto, en términos generales, supondría que la misma se encuentre establecida en una ley y persiga un fin legítimo; que se realice una evaluación que permita verificar la existencia y disponibilidad de medios menos lesivos; y que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el riesgo real que representa la persona y con el nivel de resistencia, lo cual implicaría un equilibrio entre la situación que enfrenta el funcionario y su respuesta, considerando el daño potencial que podría ser ocasionado. Lo anterior con base en las obligaciones internacionales contraídas por los Estados en materia de los derechos humanos, vistos a la luz de instrumentos internacionales, tales como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Cumplir la Ley y Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. 
De esta manera, y en concordancia con el ya mencionado principio de excepcionalidad, los Estados deberán utilizar, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza, incluidas las armas de fuego. Sin embargo, como se puede deducir, esta restricción en el uso de la fuerza no se refiere únicamente a armas letales. Entre las medidas cuyo uso debe ser controlado se encuentran también aquellas consideradas como “no letales” o “menos letales”. En esta categoría es posible englobar diferentes tipos de balas de goma, gases lacrimógenos, proyectiles de descarga eléctrica, proyectiles de caucho, camiones hidrantes, balas de plástico, dispositivos sonoros y de energía, entre otros. Como lo ha sido establecido en otras ocasiones por la Comisión, de manera general, casi todo uso de la fuerza puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte de una persona. Esto supone que, bajo ciertas circunstancias, la letalidad de un arma depende de su uso y control. 
En relación con lo anterior, la Comisión Interamericana concluye que la reacción violenta y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales y militares en el contexto de los operativos de dispersión de las manifestaciones sería la causa principal del alto número de personas heridas. Como consecuencia de ello, la CIDH advierte que el Estado habría incumplido con sus obligaciones de respeto y garantía del derecho a la integridad personal, consagradas en la Convención Americana. 
D. Afectaciones a la vida en el marco de las protestas sociales
La CIDH considera que el derecho a la vida constituye la base esencial del ejercicio de los demás derechos. En el mismo sentido, la Corte Interamericana ha manifestado que dicho derecho juega un papel fundamental en la Convención Americana por ser el corolario esencial para la realización de los demás derechos. Al igual que la integridad personal, de conformidad con el artículo 27.2 de la CADH, el derecho a la vida forma parte del núcleo inderogable de derechos que no pueden ser suspendidos en casos de guerra, peligro público u otras amenazas. 
En virtud del rol fundamental que se le asigna al derecho a la vida en la Convención, la Corte IDH ha establecido que los Estados tienen la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, así como el deber de impedir que sus agentes, o particulares, atenten contra el mismo. En particular, la Corte ha señalado que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, sino que, además, requiere que los Estados adopten todas las medidas para proteger y preservar el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. De manera especial, los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso legítimo de la fuerza, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. 
En el marco de su visita de trabajo a Ecuador, la CIDH recibió información de la Defensoría del Pueblo, entidades de la sociedad civil y testimonios de los familiares de las víctimas sobre once personas que habrían perdido la vida en el contexto de las protestas sociales en el país. De este número, la información al alcance de la Comisión indicaría que, al menos, ocho personas habrían muerto de manera violenta y/o como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por agentes estatales; asimismo, tres personas habrían fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas por presuntas caídas o atropellamientos. El Estado indicó que la Fiscalía General continúa realizando las investigaciones pertinentes, a fin de determinar las responsabilidades. 
Por su parte, el Estado ecuatoriano inicialmente indicó a la CIDH que 9 personas habrían perdido la vida en “accidentes relacionados con los disturbios, de los cuales dos casos estarían siendo investigados como muertes violentas”. El 30 de octubre de 2019, durante la visita de trabajo al país, la Comisión sostuvo un encuentro con autoridades del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En dicha oportunidad, la información y expedientes individualizados sobre estos casos no fue puesta a disposición de la CIDH para el libre acceso y escrutinio. Posteriormente, el 22 de noviembre, la CIDH solicitó al Estado información sobre las investigaciones avanzadas para esclarecer la muerte de las once víctimas registradas u otras fallecidas en el marco de las manifestaciones sociales. Mediante respuesta del 3 de enero de 2020, el Estado precisó que "los fallecidos perdieron la vida en el contexto de las protestas, más no necesariamente como fruto de excesos de acción policial". Asimismo, el Estado ecuatoriano indicó que dos personas identificadas como fallecidas no aparecían en la base de datos del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales -SIAF- de la Fiscalía, con acta de defunción expedida oficialmente ni entre los casos de presunta desaparición forzada denunciados ante las autoridades: José Rodrigo Chaluisa y Edwin Bolaños. 
Según el testimonio proporcionado a la CIDH por un hermano del segundo de los mencionados, Edwin Bolaños habría fallecido el 18 de octubre como consecuencia del impacto de proyectil recibido el 11 de octubre de 2019 mientras participaba en las manifestaciones en la ciudad de Quito. De acuerdo con la información, “el impacto del proyectil, perdigón, había afectado una arteria principal que lleva al corazón y no podían retirar los pedazos pues era muy peligroso”. La CIDH destaca que en este caso, según lo relatado, un agente militar habría sido identificado como presunto perpetrador de los hechos. Sin embargo, como se indicó anteriormente, el Estado expresó que “tras verificar los datos de 30 ciudadanos que llevan ese nombre, en las bases de datos del Sistema David 20i2 no existe el registro de levantamiento de cadáver de una persona con ese nombre”. En la misma comunicación, el Estado añadió que “luego de indagaciones en casas de salud y morgues a nivel nacional, realizadas por el personal de la DINASED, tampoco se halló una persona fallecida con ese nombre”. 
Sumado a lo anterior, el mismo 3 de enero de 2020, el Estado informó a la CIDH sobre la muerte de la señora Mónica Patricia Castro Sánchez y de su hija Kelly Gisella Flores Sánchez, “quienes fallecieron por un incendio en su domicilio, ocurrido el 9 de octubre de 2019”. De acuerdo con la información proporcionada “el fuego se habría originado en una barrera encendida por manifestantes para bloquear una vía pública, que se extendió a la casa de las víctimas. La señora Mónica Patricia Castro Sánchez murió calcinada al interior de su vivienda y días después, falleció su hija Kelly Gissella Flores Sánchez debido a tromboembolia pulmonar y falla multiorgánica ocasionadas por las múltiples quemaduras de grado II que sufrió en el incendio”. 
Ahora bien, en su vista al país, la CIDH recibió con consternación el testimonio de los familiares del adolescente Gabriel Antonio Angulo Bone, de 15 años, quien el 7 de octubre habría recibido un impacto a corta distancia por parte de un agente policial, en el municipio de Duran, Guayas. Según la información recibida por la CIDH, Gabriel Antonio se encontraba con seis jóvenes en el Puente de la Unidad Nacional para ver pasar a los manifestantes. Después de media hora, un grupo de personas habría iniciado el saqueo de locales comerciales en la zona, lo que ocasionó la intervención policial mediante el uso de bombas lacrimógenas: 
“[En el contexto del operativo] Gabriel cayó en un hueco por lo que se sentó en la acera para sobarse la pierna “y en eso pasaron dos policías en moto y el acompañante dispara a quemarropa la pistola de las bombas lacrimógenas, le insulta y le dijo muérete”. Aunque Gabriel se habría levantado, después de correr a una distancia cercana se desplomó. “[En este momento] comenzamos a pedir ayuda a los policías y no nos ayudaron, y como lo vimos que por un momento reaccionó comenzamos a sobarle el pecho, pero no pasaba en eso se acercó una persona identificándose como enfermero para darle los primeros auxilios y nos dijo que no tenía signos vitales, que pidamos vehículo para trasladarlo a un hospital. Luego de eso regresaron sus signos vitales y en una moto lo llevamos al Hospital Oramas González, pero cuando ingresó los doctores indicaron que ya no tenía pulso que había fallecido. Las causas de su fallecimiento fueron por hemorragia aguda interna – hemo pericardio – laceración de corazón, trauma cerrado de tórax, según el certificado de defunción”. En su comunicación del 3 de enero de 2020, el Estado informó a la CIDH que el caso se encuentra en investigación previa ante la Fiscalía Nro. 3 de Durán, siguiendo como principal línea de investigación de la muerte “golpe por objeto contundente”. 
En reiteradas ocasiones, la Comisión ha indicado que cuando el Estado se encuentra en presencia de un adolescente, además de las obligaciones señaladas para toda persona, existen obligaciones adicionales derivadas del artículo 19 de la Convención Americana. En tal virtud, el Estado debe asumir su posición de garante con mayor cuidado y responsabilidad por tratarse de un niño, y debe además tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño. En este sentido, la CIDH condena enérgicamente el alegado abuso del uso de la fuerza por parte de agentes estatales en contra del adolescente. Al mismo tiempo, insta al Estado a investigar los hechos con la debida diligencia, en particular, mediante la consideración de las versiones tanto de los testigos presenciales como de los familiares de la víctima, así como la evidencia fotográfica y técnico científica, a fin de establecer la verdad, identificar a los autores responsables, enjuiciarlos y aplicarles las sanciones penales y administrativas correspondientes. 
Por otro lado, el mismo 7 de octubre, Edison Eduardo Mosquera Amagua, de 29 años, recibió un impacto de proyectil en la cabeza por agentes policiales en el sector conocido como La Recoleta en el centro histórico de Quito mientras participaba en las manifestaciones: 
“[Edison Mosquera] se movilizó apoyando al levantamiento indígenas, manifestándose en contra de las medidas económicas dadas por el régimen. En la zona de la Recoleta, de acuerdo a lo que pudimos observar por videos de cámaras de seguridad de hoteles aledaños, [Edison Mosquera] cae al piso en medio de la represión y tres Policías proceden a agredirles con patadas, puños, toletes, como se observa en la filmación; el queda inconsciente y según la versión de una persona que estaba junto a él, uno de los Policía que le agredieron, a corta distancia disparó un arma tipo escopeta en su cabeza, y dicho elemento policial siguió disparando a mansalva la muchedumbre. La gente que se encontraba cerca, logra sacarlo y evacuarlo hacia la parada del Cumandá del Trolebus, en ese lugar se lo puso sobre una puerta para hacer camilla y en vista que no llegaba una ambulancia fue evacuado hacia el hospital del Sur del IESS en una camioneta particular. En la noche alrededor de las 11h30, se nos llamó a la familia, indicándonos que se encontraba gravemente herido por un disparo. Una vez que llegamos al hospital, inmediatamente fue traslado al Hospital Carlos Andrade Marín, por la gravedad de sus heridas, donde permaneció por el lapso de 6 días, posterior a esto falleció por dos infartos cerebrales y un infarto cardíaco producto de la herida hecha, en la que perdió el 50 % de su cerebro, por lo que sus posibilidades de vida eran muy bajas.” De acuerdo con la información presentada por el Estado ecuatoriano, de fecha 3 de enero, el caso se encontraría en investigación previa ante la Fiscalía 4 de personas y garantías (Roca) bajo la línea de investigación “impacto de proyectil en manifestación de Paro Nacional”. 
La CIDH también fue informada sobre la muerte de dos líderes indígenas que participaban en las manifestaciones. De acuerdo con testimonios recibidos, el 9 de octubre, Segundo Inocencio Tucumbi Vega, de 50 años, habría sido impactado en la cabeza durante un operativo policial en el sector de la Universidad Salesiana, lugar habilitado como zona para el descanso de manifestantes, mujeres y niños. Según declaraciones públicas de la Ministra de Gobierno, la causa de muerte habría sido una caída. Al respecto, el 3 de enero de 2020, el Estado indicó que el caso se encontraría en investigación previa bajo la línea de investigación “hemorragia cerebral, fractura de cráneo, traumatismo indirecto, precipitación”. En segundo lugar, la CONAIE reportó a la CIDH que el 9 de octubre, José Rodrigo Chaluiza, líder de la comunidad Yanahurco-Cotopaxi, habría fallecido en las inmediaciones del parque El Arbolito en Quito, por asfixia y arrollamiento. Al respecto, el Ministerio de Gobierno informó que no haría logrado encontrar el nombre de esta persona en ninguna institución, por lo que podría tratarse “de un nombre repetido de la lista” en tanto coincide con el nombre y apellido de uno de los fallecidos en el puente de San Roque. El 30 de octubre de 2019, autoridades del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ratificaron a la CIDH que el caso no se encontraba ubicado “dentro de la información de los cadáveres ingresados” a dicha institución. Igualmente, el 3 de enero de 2020, el Estado ecuatoriano señaló que, según el informe ejecutivo de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de la Policía Nacional (DINASED) “en las bases de datos del Sistema David 20i2 (Módulo Registro de Muertes Violentas), no existe registro del levantamiento del cadáver del señor José Rodrigo Chaluisa. Por otra parte, en la indagación en casas de salud y morgues, realizada a nivel nacional por el persona de la DINASED, tampoco arrojó resultados”.
El 29 de octubre, la CIDH registró el fallecimiento de Edgar Yucailla Álvarez, quien habría sido herido por un arma de fuego el 12 de octubre mientras se manifestaba en las inmediaciones de El Arbolito. La causa de la muerte sería trauma craneoencefálico. De acuerdo con el testimonio brindado a la CIDH: 
“El 12 de octubre don Edgar amaneció en la casa de la cultura, luego salió a la marcha con toda la gente, cuando estaba sentado en la esquina del Eugenio Espejo los policías y militares empezaron a bombardear. En ese momento, don Edgar se levanta y trata de escapar de los disparos y le alcanza un perdigón en la cabeza. Las otras personas no pudieron llevarlo al hospital por el bombardeo, cuando acabaron los disparos lo cogieron los paramédicos y lo trasladan inconsciente al hospital. Lo ingresan con diagnóstico de trauma cráneo encefálico grave penetrante y le hacen una cirugía donde le sacan la bala, pero no todos los cartuchos, perdigones, queda en el cráneo. La familia no sabe cuántos perdigones recibió. Estuvo en terapia intensiva. Cuando estaba en recuperaciones, se recupera un 40% porque recordaba, reconocía, comía y al siguiente día su estado de salud empeora y luego se agrava. Retorna a terapia intensiva, los familiares piden nueva cirugía, los médicos no la hacen aludiendo a la hinchazón del cráneo. Le retornan a terapia intensiva e indican que la bala que quedó en el cráneo dañó la mitad del cerebro y no se puede volver a operar. Don Edgar estaba pacíficamente en la protesta, es presidente de la organización que representa a 9 comunidades, además del dolor de la familia, 9 comunidades están quedando sin su líder”. 
Según fuera informado por el Estado, el caso se encontraría en investigación previa ante la Fiscalía 6 de personas y garantías (Roca), teniendo como línea de investigación “impacto de proyectil en manifestación de Paro Nacional”. 
La CIDH, asimismo, recibió abundante información sobre los casos de Marco Humberto Oto Rivera y José Daniel Chaluisa Cusco quienes habrían muerto como consecuencia de las lesiones sufridas después de caer de un puente peatonal durante el despliegue de un operativo policial en Quito. De acuerdo con los testimonios recibidos por la CIDH, el 7 de octubre, Marco Humberto quedó atrapado en una persecución de agentes policiales a manifestantes y habitantes del sector de San Roque. La información recibida indicaría que los agentes acorralaron a las personas contra una reja ubicada a mitad de un puente peatonal, por lo que al verse atrapadas habrían intentado escalar la misma. En ese momento, Marco Humberto habría caído del puente. Sus familiares indicaron a la CIDH que Marco no estaba participando en las protestas y, además vivía con discapacidad: 
“tenía 46 % de discapacidad de atrofia muscular, si caminaba, pero no podía controlar sus movimientos, él no sabía que había manifestaciones, no se sabe cómo llegó al puente, porque no podía correr, él tenía derechos, a la familia nos llamaron a las 23:30 horas del Hospital Carlos Andrade Marín, a informarnos que estaba grave, quiero hacer entender que él no era criminal, que se haga justicia por las personas que fueron arrojadas”. Marco Humberto falleció el 8 de octubre. La causa de muerte registrada en el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sería “hemorragia y laceración cerebral, fractura de base de cráneo, trauma cráneo encefálico por precipitación”. 
De igual manera, José Daniel Chaluisa Cusco, de 40 años, habría caído del puente durante la persecución policial. De acuerdo con información de público conocimiento, José Daniel murió el 9 de octubre, después de estar hospitalizado tres días. La familia habría indicado que la mano de José Daniel estaría golpeada lo que sería indicativo de que la caída fue propiciada por alguien más. De acuerdo con información proporcionada por autoridades del Servicio Nacional de Medicina Legal, José Daniel Chaluisa habría fallecido el 10 de octubre, la causa oficial de la muerte sería “politraumatismo (trauma encefálico y trauma torácico). 
El 8 de octubre de 2019, mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Gobernación informó que las dos personas que cayeron del puente fueron trasladadas al hospital Carlos Andrade Marín. Dicho traslado “se efectuó con mucha dificultad debido a la negativa de los manifestantes en el sector, que impedían que la ambulancia avanzara”. El Ministerio de Gobierno se refirió a videos sobre los hechos que circularon en las redes sociales, sobre los mismo indicó que “no se puede apreciar ni la razón ni la causa de la caída, no obstante, la Policía Nacional va a investigar lo sucedido”. Posteriormente, mediante comunicación del 3 de enero de 2020, el Estado ecuatoriano indicó que ambos casos se encontraban en investigación previa ante la Fiscalía 3 de derechos humanos y Participación Ciudadana bajo la línea de investigación “caída desde un puente peatonal en la ciudad de Quito”.
Ahora bien, tanto la CIDH como la Corte han establecido que en casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales el Estado tiene el deber de iniciar ex oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva. En esta misma línea jurisprudencial, relacionada con muertes sospechosas que involucran agentes del Estado, “[la] investigación debe ser realizada a través de todos los medios legales disponibles para la determinación de la verdad y la investigación, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales” 
La Corte IDH también ha establecido que en casos donde existan versiones contradictorias que involucran la privación del derecho a la vida, más allá de que se practiquen determinadas diligencias probatorias, “la debida diligencia en la investigación debe evaluarse en relación con la necesidad de determinar la veracidad de las versiones consideradas en el marco del proceso sobre lo ocurrido, es decir, si permitió un esclarecimiento judicial de los hechos y una eventual calificación jurídica de los mismos acorde con lo sucedido”. En efecto, con la finalidad de garantizar la debida diligencia en la realización de una investigación exhaustiva e imparcial de una muerte en circunstancias sospechosas que involucra a agentes estatales, la Comisión ha destacado algunos estándares del Protocolo de Minnesota como: la identificación de la víctima, la recolección y preservación de pruebas relacionadas con la muerte con el fin de ayudar en el potencial procesamiento de los responsables, la identificación de posibles testigos y la obtención de sus declaraciones en relación con la muerte, la determinación de la causa, manera, lugar y tiempo de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber provocado la muerte, la distinción entre muerte natural, suicidio y homicidio, la identificación y aprehensión de la o las personas involucradas en la muerte y la presentación de los presuntos perpetradores ante un tribunal competente establecido por ley.
La CIDH condena enérgicamente la violación al derecho a la vida de las víctimas anteriormente mencionadas, mismas que habrían ocurrido como consecuencia del uso excesivo y arbitrario de la fuerza y actos de violencia dirigidos contra quienes que no representarían una amenaza inminente a los agentes de seguridad del Estado o en el marco de las protestas. Especialmente, la CIDH advierte que la precipitación de dos personas del puente de San Roque habría ocurrido en un operativo de policial cuyas circunstancias indicarían una actuación represiva y violenta de los agentes del Estado en un contexto que pertimitía la utilización de medidas alternativas de resolución de conflictos. 
La Comisión Interamericana reitera es deber del Estado vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso legítimo de la fuerza, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. En este sentido, la CIDH destaca la desconcentración de una manifestación sólo puede justificarse en el deber de protección de las personas, por tanto, cualquier tipo de decisión relacionada con el uso de la fuerza en estos contextos exige considerar los riesgos que se incorporan y que pueden contribuir a un escalamiento de los niveles de tensión, a fin de promover un enfoque de facilitación y no de contención o confrontación. Por consiguiente, frente a los hechos descritos, el Estado ecuatoriano posee el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, apegada a los estándares internacionales con el fin de establecer las responsabilidades penales y administrativas correspondientes. 
Finalmente, la CIDH toma nota de la información recibida sobre tres personas fallecidas como consecuencia de las lesiones sufridas por caídas o atropellamientos durante las protestas sociales. El 6 de octubre de 2019, Ángel Raúl Chilpe, habría sido atropellado por un vehículo particular en el marco de las protestas ubicadas en la carretera Cuenca – Molleturo. Según información oficial, aproximadamente a las 12:10, el incidente fue reportado al Servicio Integrado de Seguridad ECU 9-1-1 por lo que una ambulancia se desplazó inmediatamente hacia el sitio. Dicha unidad no logró avanzar debido al “cierre de vías y a la negativa por parte de los manifestantes”. Finalmente, el equipo médico caminó hasta el lugar, en donde constató la muerte del señor Chilpe. El 10 de octubre de 2019, Abelardo Vega Chisaguano, habría fallecido como consecuencia de un alegado atropellamiento por parte de un vehículo de la policía. De acuerdo con información proporcionada, la causa de muerte habría sido “hemorragia aguda interna contusión y laceración pulmonar, fracturas costales suceso de tránsito”. El 11 de octubre, Silvia Marlene Mera Navarrete falleció alegadamente como consecuencia de un accidente en moto ocasionado por los bloqueos en la zona de Malchinguí. Según la información proporcionada por el Estado a la CIDH, los casos mencionados también se encontrarían en investigación previa bajo la línea de investigación “presunto accidente de tránsito”.
La CIDH llama al Estado ecuatoriano a investigar dichos casos en estricto apego a los estándares internacionales. En tal medida, la CIDH recuerda que el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares. Asimismo, frente a la discrepancia de las cifras de víctimas fatales, la CIDH recuerda que es en el Estado en quien recae la obligación de garantizar a sus familiares el acceso a la información acerca de las circunstancias que rodearon las violaciones graves de los derechos humanos. A su vez, en estos casos, el derecho a ser informado sobre lo sucedido y de acceder a la información también incluye a la sociedad en general en tanto resulta esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos. 
E. Detenciones, criminalización y estigmatización de manifestantes en el contexto de las protestas sociales
En relación con las detenciones, la Comisión advierte que, de acuerdo con la declaración pública realizada por la Ministra de Gobierno el 15 de octubre, en el periodo comprendido desde el inicio de las protestas sociales el 2 de octubre de 2019 hasta el 13 de octubre, un total de 1228 personas fueron detenidas, la mayoría de las cuales fueron puestas en libertad dentro de las primeras 24 horas de la detención. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el mayor número de personas detenidas se dio el 5 de octubre (376 detenciones), después de haberse decretado el estado de excepción, seguido del 3 de octubre (283 detenciones), día en que se decretó dicho estado. 
La Comisión expresa su preocupación respecto de la información recibida señalando que un gran número de estas detenciones presuntamente se habrían llevado a cabo de forma arbitraria o ilegal. En particular, la Comisión advierte que el Defensor del Pueblo señaló que el 76% de las detenciones fueron arbitrarias o ilegales. A este respecto, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que en el contexto de las detenciones masivas se efectuaron un gran número de las mismas sin pruebas concretas contra las personas detenidas. Por su parte, el Estado ecuatoriano aclaró que el hecho de que las personas aprehendidas hayan sido liberadas no constituye una presunción per se de que las detenciones fueron ilegales y arbitrarias
Durante su visita al país, en reuniones con órganos autónomos del Estado, organizaciones de la sociedad civil y abogados, la CIDH recibió diversa información de numerosas detenciones en las que se habría vulnerado el debido proceso. Entre otros, la CIDH recibió información de casos en los que se habrían producido irregularidades en la presentación de denuncias, detenciones colectivas por delitos de flagrancia sin debida individualización de los imputados; obtención ilegal de firmas; partes policiales con información contradictoria sobre las circunstancias de la detención, traslados a lugares no autorizados y sin notificación a los abogados, o casos en los que no se habrían registrado las lesiones de las personas detenidas. 
Asimismo, la Comisión recibió varios testimonios de personas que indicaron haber sufrido esas arbitrariedades en el contexto de sus detenciones. Entre otros, la CIDH recibió el testimonio de una manifestante que participó de las protestas se dieron el 8 de octubre en las inmediaciones de la Asamblea Nacional y que derivaron en el ingreso de los manifestantes al interior de dicha cámara legislativa. Producto de estos hechos, se produjo la detención de 83 personas, que habrían permanecido detenidas en el subsuelo de la Asamblea Nacional alrededor de 7 horas y, con el inicio del toque de queda, habrían sido trasladadas en buses hasta el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional en Pomasqui. Al día siguiente fueron puestas a disposición judicial. En testimonio recabado el 29 de octubre, la presunta víctima de detención arbitraria señaló a la CIDH: 
“Escuchábamos que nadie se quería hacer cargo como responsable de nuestra detención. Entonces nos designaron aleatoriamente a policías como responsable, a mí me pusieron a una capitana, pero ella no fue quien me detuvo. A medio día me llevaron a audiencia, no sabía que unidad era, solo dijeron que era flagrancia. En una sala entramos todo el grupo y a cada abogado público le dieron alrededor de 9 personas. Cada abogado pidió que le cuenten que había pasado a cada uno, y llevaba unos formularios con horas y hechos. La jueza determinó que la detención era irregular y nos absolvió, argumentando que los policías no se habían identificado, habían hecho uso de la fuerza y que no se había cometido delito alguno”. 
La CIDH observa que, al respecto de las detenciones en la Asamblea Nacional, organizaciones de sociedad civil denunciaron la irregularidad del procedimiento, por producirse en un cuartel policial en las afueras de la ciudad y no haber sido los detenidos conducidos directamente a la Unidad Judicial de Flagrancia de Pichincha. Al respecto, la CIDH recibió información señalando que, durante las detenciones, las personas privadas de libertad no habrían tenido acceso a asistencia jurídica, habrían estado incomunicadas y no se les habría informado los cargos que serían levantados en su contra hasta momentos antes de su audiencia ante la Unidad Judicial de Flagrancia. 
Asimismo, la CIDH advierte de los numerosos testimonios que recibió en relación con las detenciones llevadas a cabo en las dependencias de la Contraloría General del Estado el día 12 de octubre. De acuerdo con los testimonios proporcionados por familiares de algunas de las personas indígenas detenidas en la Contraloría, muchas de estas viajaban por primera vez a Quito y habrían entrado al edificio de la Contraloría buscando refugio. 
La CIDH expresa su alarma por la información recibida que señala tortura y otros tratos cueles, inhumanos o degradantes en el contexto de las detenciones. Al respecto, de acuerdo con la información proporcionada por organizaciones de la sociedad civil, así como la recibida mediante testimonios, numerosas personas detenidas fueron fuertemente agredidas verbal y físicamente; habrían sido amenazadas, golpeadas con puños, patadas y porras metálicas, rociadas con gas pimienta en el rostro y obligadas a realizar ejercicios físicos. La CIDH advierte que, de acuerdo con esta información, en algunos casos las autoridades judiciales no habrían registrado las señales físicas de golpes en la cabeza y el resto del cuerpo y tampoco habrían registrado las denuncias sobre detenciones en lugares no autorizados. 
En materia de criminalización, la CIDH recibió información sobre la utilización del sistema de justicia penal en contra de manifestantes y líderes sociales y de oposición. En efecto, según la información recibida en diversas reuniones con organizaciones indígenas y de la sociedad civil, varias autoridades indígenas que lideraron las movilizaciones habrían sido llamadas a declarar ante Fiscalía por diversos delitos, tales como terrorismo, instigación, sabotaje y rebelión. Al respecto, el Estado ecuatoriano manifestó a la CIDH que garantiza el derecho a la protesta, a la reunión pacífica y a la libertad de expresión, lo cual no implica que el sistema judicial no investigue a quienes ejercieron actos violencia durante las manifestaciones sociales; y que garantiza, el derecho al debido proceso fue respetado. 
Entre otros casos, la CIDH observa que el Ministerio de Gobierno presentó ante Fiscalía las declaraciones realizadas el 19 de octubre en la ciudad de Macas por el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, en las que llamó a “hacer nuestro propio ejército, que defienda al pueblo, nuestra propia seguridad desde nuestras comunidades”. Sobre estos hechos, el 22 de octubre la Fiscalía General del Estado señaló mediante comunicado público que, ante las declaraciones del presidente de la CONAIE, inició una investigación previa con base en el artículo 349 del Código Orgánico Integral Penal que establece el delito de grupos subversivos para quienes “promuevan, dirijan o participen en organizaciones armadas, comandos, grupos de combate, grupos o células terroristas destinadas a subvertir el orden público, sustituir las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, atacarlas o interferir su normal desempeño”. La CIDH observa que según información de público conocimiento, la Fiscalía General del Estado admitió 5 denuncias en contra de Jaime Vargas, por delitos de terrorismo, discurso de odio, promoción de grupos subversivos, secuestro e instigación a sabotaje. 
La CIDH observa que la CONAIE señaló mediante comunicado público que la formación de la guardia indígena nace de su derecho a la autodeterminación y que es parte constitutiva del pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente en Ecuador. Asimismo, agregó que dicha guardia tiene como objetivo seguir el camino de vigilancia, control, alarma, protección y defensa de los territorios y que estas existen en diversas organizaciones y territorios. 
Asimismo, de acuerdo con información proporcionada a la CIDH, habría actualmente una denuncia presentada por el Director de Patrocinio Judicial del Ministerio de Gobierno por el delito de secuestro de miembros de la Policía Nacional en el Ágora de la Casa de la Cultura, ocurrido el 11 de octubre, en contra de Agustin Casiqueando (Presidente de la Confederación del Pueblo Kayambi), Leonidas Iza (Presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi), Jaime Vargas (Presidente de la CONAIE), Carlos Sucuzhañay (Presidente de la ECUARUNARI), Manuel Chugchilán (Ex Presidente de la FEINE), Mesías Tatamuez (Presidente del FUT), y Luis Alfonso Morales Cushcagua (Presidente de la Unión de Organizaciones Indígenas Campesinas del Cantón Cotacachi). 
La CIDH observa que, de acuerdo con información recabada por organizaciones de la sociedad civil, el 28% de los casos de criminalización de manifestantes se hizo por delito de ataque o resistencia; 17% por daño a bien ajeno; 16% por paralización de servicio público; y el 5% por delito de terrorismo. Respecto de este último delito, la Comisión advierte que inicialmente se imputó por terrorismo a 27 personas acusadas de incendiar el edificio de la Contraloría General del Estado, el día 12 de octubre. Sin embargo, en audiencia judicial el 15 de noviembre, se reformularon los cargos respecto de los imputados a sabotaje, paralización de servicios públicos y destrucción de registros, al no encontrarse elementos suficientes para el delito de terrorismo. Asimismo, pese a que la Fiscalía solicitó mantener la prisión preventiva, se ordenaron medidas sustitutivas a la privación de libertad. La CIDH advierte que previamente, el 13 de noviembre, la Fiscalía cambió su acusación a paralización de servicios públicos contra seis adolescentes que estaban libres desde el 31 de octubre, debido a un recurso de hábeas corpus presentado por la Defensoría Pública. Los menores fueron retenidos en las cercanías de la Contraloría y también acusados inicialmente de terrorismo. 
Finalmente, la CIDH observa que en varias ocasiones estos procesos de criminalización vienen precedidos y acompañados de campañas de estigmatización. Al respecto, la Comisión advierte el constante uso de medios de comunicación y redes sociales con el objeto de difundir mensajes estigmatizantes y deslegitimadores por parte de autoridades estatales y no estatales en contra de líderes de las organizaciones indígenas o de oposición en las que se les descalifica o asocia con la comisión de delitos. 
En numerosas reuniones con sociedad civil, la CIDH fue informada sobre diversas declaraciones del Ministro de Defensa, en las que se asociaría a las organizaciones y movimientos que participaron de las protestas con grupos ilegales. En particular, la Comisión fue informada sobre el discurso de 21 de octubre en las que el Ministro de Defensa destacó, en relación con la estrategia frente la situación de manifestaciones que enfrentaba el país y de la participación de la Fuerzas Armadas en el resguardo de la seguridad nacional, la necesidad de afrontar la “insurgencia” en el país. Posteriormente, el 23 de octubre, respecto del rol de los centros educativos que acogieron a quienes participaron de las manifestaciones, el Ministro de Defensa indicó frente la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional que hubo “participación de universidades y de centros que les han denominado centros de paz, pero en definitiva eran centros logísticos de abastecimiento para manifestantes y grupos que actuaban vandálicamente”. Por su parte, el 29 de octubre el director de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en referencia a las manifestaciones, indicó que ante esta “nueva amenaza de delincuentes, de terroristas” la misión de las Fuerzas Armadas será “identificarles, aislarles y neutralizarles para ser entregados a las autoridades competentes”. 
El 6 de diciembre la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de Paola Verenice Pabón Caranqui, Prefecta de Pichincha; Virgilio Hernández, Secretario Ejecutivo del Movimiento de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana; y Christian Fabián González Narváez. La CIDH, el decidir sobre el otorgamiento, señaló que entre los indicios que pueden tomarse en cuenta al momento de valorar la situación de riesgo de los propuestos beneficiarios, tras supuestas amenazas y actos de hostigamientos presuntamente relacionados con sus labores como líderes de oposición política, consideró las declaraciones supuestamente estigmatizantes de altas autoridades en las que directamente se les señala como responsables de los altercados. Sobre el cumplimiento de las medidas cautelares, el Estado informó que se celebró una reunión el 10 de diciembre de 2019 entre diversas instituciones del Estado para efectos de analizar la situación de las 3 personas beneficiarias, y el 18 de diciembre de 2019 se mantuvo reuniones con sus representantes y se concertaron las medidas adecuadas para cumplir con lo dispuesto en la CIDH. El Estado también informó que realizó las valoraciones médicas correspondientes en atención a la salud de las personas beneficiarios, y se realizaron los traslados de Christian González y Paola Pabón a otros centros penitenciarios con menor riesgo. Del mismo modo, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para investigar los hechos referidos en la resolución que otorga las medidas cautelares. El Estado confirmó que las 3 personas beneficiarias se encuentran en libertad. 
ASILO Y REFUGIO 
La Comisión también tuvo conocimiento de que, tras la prisión preventiva de la prefecta de Pichincha, Paola Verenice Pabón Caranqui, por el delito de rebelión, Luis Fernando Molina, Soledad Buendía, Edwin Jarrín, Carlos Viteri, Tania Pauker, Leonidas Aníbal Moreno Ordóñez, Gabriela Rivadeneira y Luis Flores solicitaron asilo diplomático en la Embajada de México en Ecuador. Según información pública, estas personas que habían recibido protección y resguardo del Gobierno de México bajo investigaciones y amenazas de ejecución de órdenes aprehensión en su contra, en el marco de las secuelas de las protestas sociales, finalmente viajaron a ese país el 9 de enero de 2020. 
Al respecto, de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho a buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación nacional y los convenios internacionales. De conformidad con la respuesta del Estado a una solicitud de información de la CIDH, el Gobierno de México otorgó asilo diplomático a varios nacionales ecuatorianos. En ese sentido, con ocasión a la visita, la Comisión recomendó al Estado ecuatoriano entregar los salvoconductos a las personas que se encuentran asiladas en la Embajada de México, o en otras sedes diplomáticas, para que así puedan ejercer su derecho humano a obtener asilo y refugio, en forma tal que se preserve sus respectivos núcleos familiares. La Comisión saluda la decisión de Estado ecuatoriano de otorgar las facilidades necesarias para que esos ciudadanos salieran del país, acuerdo a sus obligaciones internacionales en materia de asilo.
CONCLUSIONES 
Durante su visita a Ecuador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo observar los distintos impactos de las protestas sociales en Ecuador. Al tiempo en que recibió información que da cuenta de que, en determinadas circunstancias, grupos de manifestantes provocaron graves desmanes durante algunas manifestaciones, atacando infraestructuras críticas, reteniendo a miembros de la fuerza policial, arrojando piedras y objetos contundentes contra la policía, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones, inclusive contra la prensa. También toma nota con preocupación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, que no tomaran en cuenta los protocolos interamericanos e internacionales establecidos para la actuación en dichas ocasiones, como demostrado por la utilización indiscriminada de gas lacrimógeno, incluso en espacios en los cuales madres estaban reunidas con sus hijos y por las distintas muertes registradas en el periodo. 
Al respecto, la Comisión rememora que los operativos de seguridad del Estado deben ser planificados de forma cuidadosa bajo protocolos de actuación claros que garanticen el uso de armas adecuado menos letales, progresivo y proporcional, con absoluto apego a los derechos humanos, y favorezcan al diálogo entre las partes. Además, resaltase que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve violenta toda la protesta, ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza o a practicar detenciones masivas. En ese sentido, alerta que el uso de la policía y de las fuerzas de seguridad debe centrarse estrictamente en la contención de actos de violencia; así como garantizar el derecho a protestar, sin cualquier tipo represión directa o detención arbitraria de los manifestantes pacíficos. 
La CIDH insta a las autoridades a que investiguen de forma pronta y exhaustiva cualquier denuncia de violencia y establecer las sanciones correspondientes, tanto en denuncias del uso excesivo de la fuerza cometidas por los agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad, como en hechos de agresiones y saqueos por parte de la población. 
Por otra parte, la CIDH condena enérgicamente todo acto de violencia, y recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica. Al mismo tiempo, recuerda al Estado que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y aislar a los manifestantes que recurren a la violencia, y someterlos a los procesos judiciales correspondientes.
Por su vez, la CIDH ha registrado un alto número de aprehensiones que suelen producirse de manera y bajo circunstancias que podrían sufrir cuestionamientos en cuanto a su legalidad bajo un sistema democrático de derecho. Al tanto, la CIDH y su Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión recuerdan que el Estado debe actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. Además, urge al Estado a que garantice el derecho a la seguridad, integridad y debido proceso a todas las personas detenidas, incluso por medio del acompañamiento de abogados particulares y de la Defensoría del Pueblo.
Además, sobre las medidas económicas adoptadas por Ecuador mediante el Decreto Nº 883, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo notar que carecieron de un proceso previo de consulta ciudadana, transparente y participativo; así como de una evaluación de impacto en términos de progresividad. En ese sentido, la CIDH y su Relatoría sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales hacen un especial llamado a Ecuador, a fin de que, en toda adopción de posibles medidas de austeridad, como de reformas económicas o fiscales que puedan afectar el acceso y disfrute a DESCA, asegure que la ciudadanía y en especial los grupos que se encuentran en mayor vulnerabilidad sean adecuadamente informados y consultados, formando parte de los procesos de toma de decisiones y participando de las políticas de implementación y evaluación del impacto de las medidas avanzadas. La Comisión Interamericana y su REDESCA se ponen más una vez a disposición de Ecuador para coadyuvar en la implementación de los estándares internacionales en la materia. 
En lo relativo a los derechos de los pueblos indígenas y originarios, la CIDH reconoce la importancia de abordar los fenómenos contextuales de tensión como expresiones de la violencia estructural en que viven los pueblos indígenas, por esto, hace un llamado al Estado a favorecer la activa participación e intercambio de ideas de los diversos sectores de la sociedad ecuatoriana, relevando el diálogo intercultural permanente entre organizaciones indígenas y el Estado. 
La Comisión considera que cualquier salida a la situación de discordia social y política, para ser compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe priorizar el respeto a los derechos de la persona humana y avanzar en la inversión de la manutención del diálogo nacional amplio y respetuoso. Finalmente, la CIDH expresa su reiterado compromiso de cooperación con el Estado Ecuatoriano en el seguimiento de la situación general de Derechos Humanos en el país y, específicamente, en la implementación y seguimiento de las recomendaciones que se presentan a continuación. 
RECOMENDACIONES 
Con base en sus observaciones y a la luz de las normas que rigen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH recomienda al Estado de Ecuador: 
a. Respetar y garantizar el goce pleno de los derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. En esa misma medida, asegurar que los operativos de seguridad con respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según protocolos de actuación que sean congruentes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por los agentes encargados de hacer cumplir la ley. 
b. Establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familias. 
c. Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con los estándares interamericanos, en particular, mediante la protección de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo, y mediante el cese de acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios de comunicación. En relación con éstos últimos, el Estado debe garantizar el respeto de la independencia de los medios y abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura. 
d. Garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. La protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales. 
e. Mantener, desde el más alto nivel del Estado, un proceso nacional de diálogo que permita consultar y brindar información a las personas afectadas por las decisiones económicas asumidas por las autoridades.
f. Fortalecer las medidas adoptadas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas. 
g. Diseñar instituciones que promuevan y que no inhiban o dificulten la deliberación publica, incluyendo el desarrollo de protocolos de protección y seguridad con enfoque intercultural para que las fuerzas policiales y demás entidades provenientes del Estado realicen su labor ajustándose a derecho; 
h. Adoptar todas las medidas a fin de garantizar el derecho de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores a participar en manifestaciones sociales con la debida protección de su derecho a la libertad de expresión y de reunión. La CIDH recuerda que, en los pueblos indígenas, el vínculo y acompañamiento entre las generaciones y grupos etarios constituye un elemento de su cosmovisión necesario para el traspaso de la herencia cultural y proyección del colectivo como pueblo;
i. Mantener el llamado a la paz y al diálogo, a fin de evitar estigmatizaciones y propiciar un ambiente de diálogo con todos los sectores de la sociedad; y abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen, criminalicen o generen un ambiente de intimidación hacia líderes y lideresas indígenas. La CIDH advierte que, por sus características económicas, sociales y culturales, en el caso de lideresas y líderes indígenas, la criminalización y la estigmatización pueden tener consecuencias negativas en los valores, usos y costumbres de la comunidad o comunidades donde ejercen su liderazgo; 
j. Avanzar las investigaciones correspondientes a las muertes de personas indígenas ocurridas en el marco de las manifestaciones, de manera diligente, efectiva e independiente que conduzcan al juzgamiento y sanción de los responsables, así como a obtener las medidas de reparación individuales y colectivas correspondientes a las víctimas y sus familiares, comunidades y nacionalidades indígenas; 
k. Con la participación de las organizaciones indígenas, capacitar en materias de derechos humanos e interculturalidad a los servidores públicos encargados de tareas de mantenimiento del orden público. 
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 008/20

La economía mundial crece poco mientras aumentan los niveles de pobreza en América Latina

economia mundo

Debido al impacto de conflictos comerciales prolongados, la economía mundial ha experimentado su crecimiento más bajo en una década, solamente un 2,3 % en 2019, según se desprende de los datos presentados este jueves en Nueva York durante el lanzamiento del informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2020.
Pero no todo son malas noticias. El estudio elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos de la ONU (DESA) apunta a la posibilidad de que se llegue a producir un crecimiento económico del 2,5% durante este año, aunque destaca que una serie de elementos, como la reactivación de las tensiones comerciales, la inestabilidad financiera o la intensificación de las tensiones geopolíticas, 
podrían frustrar dicha recuperación.

fabrica japon

En caso de producirse un escenario negativo, se estima que el crecimiento global se ralentizaría a un 1,8%.
“Una fragilidad prolongada de la actividad económica mundial 
puede provocar importantes retrocesos para el desarrollo sostenible, incluidos los objetivos de erradicación de la pobreza y creación de empleos dignos para todos. Además, las desigualdades predominantes y el agravamiento de la crisis climática están alimentando el creciente descontento en numerosas partes del mundo.”
Esta insatisfacción popular también la percibe el 
Secretario General de las Naciones Unidas, quien advirtió que “estos riesgos podrían infligir daños graves y duraderos a las perspectivas de desarrollo”, y añadió que “amenazan con fomentar una mayor preponderancia de las políticas orientadas hacia adentro en un momento en el que la cooperación global resulta fundamental”.
Por otro lado, el estudio indica que el aumento de los aranceles y los rápidos cambios en las políticas comerciales frenaron el crecimiento del comercio mundial a 0,3% -su nivel más bajo desde 2009- y que las inversiones se redujeron significativamente.  
En lo que respecta a la renta per cápita, prevé que la economía mundial crezca un 1,5% en 2020 y, aunque se proyecta una modesta aceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en muchas regiones en desarrollo, 
los ingresos per cápita se estancarían o disminuirían en uno de cada cinco países.  

Empleada de una fábrica de impresión en la ciudad de Kyoto, Japón
Panorama mundial: Asia oriental es el motor
El informe indica que la reciente reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos puede comportar “un cierto apoyo a la actividad económica”. Sin embargo, destaca que “la constante incertidumbre política, la débil confianza empresarial y el decreciente estímulo fiscal” vaticinan una desaceleración del PIB estadounidense, que pasaría del 2,2 % de 2019 a un 1,7 % en 2020.
Además, señala que el comercio bilateral entre Estados Unidos y China 
se ha desplomado más de un 13%, provocando “importantes trastornos en las cadenas de suministro mundiales”, y detalla que las industrias electrónica y automovilística se han visto duramente afectadas.
En la Unión Europea se prevé un modesto crecimiento del PIB, que pasaría del 1,4 % de 2019 a un 1,6 % en 2020, en parte gracias a un aumento estable del consumo privado, pese a que la incertidumbre global continuará frenando al sector manufacturero.
En este escenario, la región del mundo que crece a un mayor ritmo
 y contribuye más al crecimiento global es Asia Oriental.
El crecimiento del PIB en China se mitigará paulatinamente del 6,1 % de 2019 a un 6,0 % en 2020 y a un 5,9 % en 2021 apoyada en “políticas monetarias y fiscales más acomodaticias”.
Además, se espera que la economía de otros países emergentes como Brasil, India, México, Rusia y Turquía “adquiera cierto impulso en 2020”.
Crecen los niveles de pobreza en América Latina


En América Latina y el Caribe las previsiones de crecimiento económico tampoco son demasiado optimistas y “se mantienen débiles” a causa de “unas difíciles condiciones externas y una gran incertidumbre política”.
De este modo, se prevé una recuperación “lenta y desigual” durante los próximos dos años, tras un crecimiento del 0,1% en 2019. El avance 
podría aumentar hasta un 1,3% en 2020 y un 2% en 2021.
“La actividad económica se verá respaldada por una política monetaria expansiva 
y un repunte en la demanda interna en Brasil y México. Pero incluso esta modesta recuperación estaría sujeta a importantes riesgos, como un mayor deterioro del comercio mundial, una renovada volatilidad financiera y una mayor incertidumbre política”.
El estudio indica que 
durante 2019 la renta per cápita se estancó o descendió en muchas de las economías de la región, incluidas las de Argentina, Brasil y México, y que el PIB promedio per cápita actual es un 4 % inferior al de 2014.
“Entre una renta promedio inferior y una desigualdad persistentemente elevada, 
los niveles de pobreza han aumentado”, destaca el informe.
Las perspectivas iniciales para este año en América del Sur 
prevén un tercer año de recesión, “aunque a un ritmo menor que en 2019”, mientras que en América Central y México se espera “una lenta recuperación de la actividad económica, después de que el crecimiento ha alcanzado su punto más bajo en los últimos diez años en 2019”.
El fundamentalismo sobre el crecimiento del PIB
Otro de los puntos destacados del informe indica que el crecimiento general del PIB pasa por alto aspectos cruciales de la sostenibilidad y el bienestar y que, a nivel global, “la calidad de vida continúa muy por debajo de los niveles adecuados en medio de la crisis climática, el aumento de los niveles de inseguridad alimentaria y subnutrición, y las persistentes y elevadas desigualdades de ingresos y oportunidades que sustentan profundas discriminaciones sociales”. 
Apoyó esta visión el subsecretario general de desarrollo económico y economista jefe de la ONU, Elliot Harris, quien subrayó la necesidad 
de favorecer la inversión en desarrollo sostenible, en vez de buscar únicamente un aumento del PIB.
“Los responsables de formular políticas deberían ir más allá de 
una visión limitada y enfocada únicamente a fomentar el crecimiento del PIB; en cambio, deberían aspirar a mejorar el bienestar en todos los sectores de la sociedad. Esto requiere priorizar la inversión en proyectos de desarrollo sostenible para fomentar la educación, la energía renovable y una infraestructura resiliente.”

La comunidad Chullpia en Perú ha desarrollado paneles solares para suministrar electricidad en los proyectos de irrigación.
Cambio climático: se minimiza la urgencia de la transición energética
En relación con el cambio climático, el estudio destaca que la respuesta a las crecientes necesidades energéticas se debe atender mediante fuentes de energía renovables o con bajos niveles de emisiones de carbono.
Este escenario precisará de “enormes ajustes en el sector energético”, al que se responsabiliza de producir “tres cuartas partes de las emisiones globales de efecto invernadero”.
También señala que se 
sigue minimizando la urgencia de la transición energética y se toman decisiones “de escasa perspectiva”, como la ascendente inversión en prospecciones de gas y petróleo y la producción de electricidad mediante plantas de carbón.
“Esto no solo deja expuestos a numerosos inversores y Gobiernos a pérdidas repentinas, sino que también 
plantea considerables riesgos para los objetivos relacionados con el medio ambiente. Cualquier dilación de medidas decisivas que promuevan la transición energética podría duplicar los futuros costes. La transición hacia una matriz energética más limpia no solo traerá consigo beneficios ambientales y de salud, sino oportunidades económicas para muchos países”, pronostica el estudio.

La OIT publicará un nuevo informe sobre las perspectivas sociales y del empleo en el mundo

informe mundos

El informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2020(WESO) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) será presentado por el Director General de la OIT, Guy Ryder, el lunes 20 de enero. El informe analiza los principales desafíos del mercado laboral, tales como el desempleo, el sub empleo, la subutilización de la mano de obra, la pobreza de los trabajadores, las desigualdades salariales y los factores de exclusión del mundo del trabajo. Incluye además algunas nuevas proyecciones, así como estimaciones revisadas de la proporción del ingreso laboral que va a la fuerza de trabajo del mundo.  Copias electrónicas, bajo embargo, del informe WESO y del material de prensa asociado pueden ser puestas a disposición de los periodistas, previa solicitud, a partir del jueves 16 de enero, poniéndose en contacto con newsroom@ilo.org .  Una herramienta de búsqueda en línea (Data Finder) perfeccionada también estará a disposición y permitirá consultar los datos del informe por país y por tema.  EMBARGO: El informe y todos los materiales asociados estarán bajo estricto embargo hasta las 21:00 CET (20:00 GMT) del lunes 20 de enero 2020.  Para los corresponsales acreditados ante la ONUG: Una rueda de prensa sobre el informe tendrá lugar el lunes 20 de enero a las 10:00 CET en la Sala de Prensa I del Palais des Nations.  Para obtener más información y planificar entrevistas para la prensa, por favor póngase en contacto con el Departamento de Comunicación de la OIT: newsroom@ilo.org , +4122/799-7912. El estudio TV de la OIT así como una línea ISDN pueden ser reservados para la transmisión de las entrevistas a través de la Unidad de Radio y TV: multimedia@ilo.org  +4122/799-7935.

La ciudadanía verifica buena ejecución de obras en la Amazonía

obras amazonia

La construcción de una letrina sanitaria comunal en el recinto Unión Balsareña de la parroquia General Farfán de la provincia de Sucumbíos y la construcción del camerino ubicado en el estadio de la parroquia fueron vigiladas por los moradores del sector, mediante veedurías ciudadanas, para verificar el correcto uso de los recursos públicos en dichas obras. 
Según los veedores, la letrina sanitaria, que representó un costo de 21.998,22 dólares, se cumplió dentro de los plazos estipulados en el contrato y a satisfacción de los moradores beneficiarios. En su informe final manifestaron que su ejercicio de control social permitió que se pueda detectar oportunamente cualquier inconveniente e informar a la autoridad observada para que se tomen los correctivos correspondientes.
El camerino ubicado en el estadio de la parroquia, que tuvo un costo de 48.534,83 dólares, se entregó cumpliendo las especificaciones técnicas del proyecto, de acuerdo al informe de los veedores. Quienes también agradecieron al GAD parroquial por haber brindado el acceso y facilidades a los ciudadanos que realizaron la veeduría.
Mientras que en la provincia del Pastaza, los ciudadanos conformaron una veeduría para vigilar la implementación del proyecto de asfalto de las calles 24 de Mayo y Unión y Progreso de la parroquia Tarqui.
Después de realizar su trabajo de control social, los veedores concluyeron que el proceso se realizó con normalidad, tomando en cuenta las especificaciones del contrato. Reconocieron la apertura que brindó el GAD parroquial de Tarqui, quien entregó la información requerida para el análisis por parte de los  veedores y además acompañó al recorrido en la obra para que se pueda contrastar lo planificado con lo ejecutado.
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, resolvió remitir copias de los informes de las veedurías a las autoridades de las parroquias donde se realizaron para que conozcan los resultados y, con apoyo del CPCCS, promuevan el empoderamiento de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos de participación y control social.

Presidente Litardo visitará Manabí, en su primera salida a territorio de 2020

litardo en chone

En Chone, Manabí, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, asistirá a la sesión de graduación de los primeros 150 emprendedores de la Escuela Financiera, que se desarrollará este sábado 18 de enero del 2020, a partir de las 09:00. Esta será la primera actividad en territorio de la máxima autoridad parlamentaria en este 2020
La Escuela Financiera para Emprendedores, liderada por la asambleísta Karina Arteaga, tiene como objetivo incentivar a las mujeres a mejorar su capacidad en la toma de decisiones durante el proceso que conlleva generar un emprendimiento exitoso. La Escuela inició el 06 de octubre del 2019, con emprendedores cuyas edades oscilan entre 18 y 65 años de edad, de los cuales el 90 % fueron mujeres.
El acto culminará con la feria “Emprende y Desarróllate” que tendrá lugar en el auditorio “Cinco de Mayo” de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí - Extensión Chone.

Capacitación

Durante 12 semanas, los emprendedores conocieron acerca de la introducción al emprendimiento, motivación, planificación financiera, créditos, resiliencia empresarial, elaboración y gestión de proyectos productivos, ventajas de la asociatividad, modelos de negocio, etiquetado, imagen corporativa, diseño de imagen, generación de emprendimiento, servicio al cliente, entre otros.
Los graduados generaron emprendimientos sobre la elaboración de dulces, mermeladas,  zapatos, jugo de caña, yogures, carteras bordadas, pastillajes y prendas de vestir.
Las instituciones que colaboraron con la Escuela Financiera son: Asamblea Nacional, ParlAméricas; los ministerios: de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; Inclusión Económica Social (MIES); Servicio de Rentas Internas (SRI); Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias; BanEcuador; Secretaria Técnica de Juventudes; y, el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS).
Se estima que la realización de la segunda Escuela Financiera para Emprendedores, se realizará en el cantón Bolívar de la provincia de Manabí.

Liderazgo político de las mujeres

La asambleísta Karina Arteaga representante de la provincia de Manabí y vicepresidenta en Sudamérica de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAméricas,  promueve el liderazgo político de las mujeres y la transversalización de género en las agendas y procesos de las legislaturas nacionales de los países de las Américas y el Caribe.

Empoderamiento económico de las mujeres

La Red de Igualdad de Género aborda temas como el empoderamiento económico de las mujeres, la erradicación de la violencia política basada en género, las reformas electorales para promover las candidaturas de mujeres, los medios y la comunicación sensible al género, las bancadas parlamentarias para la igualdad de género, entre otros.

Programas de desarrollo socioeconómico

La Ley para Erradicar y Prevenir la Violencia contra las Mujeres, en su artículo 29, estipula que se deben generar programas de desarrollo socioeconómico y emprendimiento, dirigidos a mujeres víctimas de violencia y en situación de vulnerabilidad, que permitan su reinserción.
RSA/ea


Martes entrará a conocimiento del Pleno informe sobre veto al Código de la Democracia

veto codigo

La presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña Pacheco, confirmó que de acuerdo a conversaciones mantenidas con el titular del Parlamento, el próximo martes 21 de enero de 2020 entrará a conocimiento y resolución definitiva del Pleno de la Asamblea Nacional, el informe no vinculante sobre la objeción parcial al proyecto de reformas al Código de la Democracia.
También anunció que el jueves 23, en cambio, se daría paso a la votación del proyecto de nuevo Código Orgánico de Salud (COS).

Recomendación

Recordó que la mesa, oportunamente, se pronunció por la ratificación en 10 de los textos aprobados inicialmente y el allanamiento en ocho de los planteamientos del Ejecutivo, de un total de 18 observaciones.

Circunscripciones


Expresó que queda fuera de la reforma el artículo 160 que modificaba el 150, con lo cual se consolida el tema de las circunscripciones electorales, considerando que estas permiten garantizar equidad en la representación de las minorías, especialmente en el sector rural y urbano.

Alianzas


Así mismo, sostuvo que es pertinente acoger la tesis del Primer Mandatario de crear incentivos adicionales, en cuanto al fondo promocional en favor de aquellos candidatos que representen o provengan de alianzas.

Hechos de octubre


Respecto al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en torno a los hechos de octubre, y la opinión del canciller José Valencia de que este es subjetivo, Ximena Peña dijo que se debe reconocer la actitud del actual gobierno de acoger ese tipo de recomendaciones, lo que significa respeto a esta instancia internacional, que fue ignorada durante muchos años.
Me parece interesante, continuó, que el país pueda elaborar una respuesta desde su propia visión y orientación de la política internacional, respetando la posición de la CIDH. En todo caso, destacó el contenido del informe de la Comisión Ocasional de la Legislatura, al que calificó de conciliador.
Parece que algunos actores esperaban un documento que condene o que justifique, sin reparar que no somos ni juzgado, ni Fiscalía. El pronunciamiento del organismo parlamentario es un mensaje de unidad nacional, junto a ciertas recomendaciones, así como su envió a la Fiscalía para que, en el marco de sus competencias, realice las investigaciones pertinentes, teniendo en cuenta los insumos de la Asamblea Nacional, enfatizó.
MG

CAL resolvió ratificarse en resoluciones sobre legisladores asilados en México

asilkados nexu

El Consejo de la Administración Legislativa (CAL), se pronunció la mañana de este jueves 16 de enero de 2020, sobre la situación de los cuatro legisladores asilados en México. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, en un diálogo con los medios de comunicación, indicó que la resolución del CAL es ratificarse en no pagar remuneraciones, así como en la principalización de los asambleístas alternos de Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía.

Con esta resolución del máximo organismo de la Asamblea Nacional, los mencionados asambleístas que viajaron a México en días pasados, no percibirán ninguna remuneración pero tampoco perderían su condición de Asambleístas. Por ello, indicó que ante esta situación de ausencia y para garantizar el trabajo legislativo de la Asamblea Nacional, los asambleístas principalizados cuentan con las garantías para realizar su trabajo.
También, el CAL resolvió solicitar información al Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Canciller José Valencia, quien deberá informar de manera documentada respecto a la existencia de comunicaciones por parte del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el estatus legal y migratorio de los parlamentarios.
“Es importante señalar que la decisión del CAL está fundamentada en la Ley de la Función Legislativa y la Constitución y ratificamos que actuaremos en el marco de la ley y apegados en derecho”, puntualizó el principal del Parlamento.


BanEcuador y Cooperativa Policía Nacional firman convenio por 25 millones de dólares para impulsar el emprendimiento

banecuad y policia

BanEcuador B.P., y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional CPN, establecen un trabajo conjunto e inician el año con la firma del Convenio de Cooperación para operaciones de banca de segundo piso, por el cual, el banco público otorga financiamiento a la CPN para que pueda desarrollar y otorgar nuevos servicios de crédito para sus socios.
Sobre las ventajas del Convenio de Participación, la Econ. María Cecilia Benítez, Subgerente General de Operaciones de banca de segundo piso de BanEcuador, explicó que la Cooperativa Policía Nacional dispone de un cupo inicial de USD 25 millones de dólares que se incrementará para que brinde mejores servicios a sus socios, en términos de: plazos adecuados, periodos de gracia y líneas de desarrollo, lo cual repercute en la creación o fortalecimiento de nuevos negocios que requieren microcrédito.
En la firma del convenio, el Ing. Milton Lascano, Gerente General de la Cooperativa Policía Nacional, manifestó que el financiamiento que BanEcuador ha otorgado a la CPN, permitirá mejorar la calidad de vida de sus socios, quienes accederán a microcréditos y créditos pymes, además esto ayudará a la activación de más plazas de empleo en el país.
La Cooperativa Policía Nacional tiene una larga trayectoria de trabajo que se inició en el año 1976, con una filosofía de ayuda mutua y solidaria en beneficio de los policías ecuatorianos; hoy con más de 43 años de experiencia, se ha convertido en una de las instituciones financieras más grandes del país con productos y servicios para policías, sus familias y el público en general y que además cuenta con cobertura en todas las provincias del país.

Cambio climático: el año 2019, el segundo más cálido registrado tras 2016

calenta

El año 2019 fue el segundo año más cálido registrado después de 2016, según el análisis de los principales datos internacionales recopilados por la Organización Meteorológica Mundial.
Promediada, la temperatura global anual en 2019 fue de 1,1 grados centígrados más que el promedio de 1850-1900, utilizado para representar las condiciones preindustriales.
De esta forma, 2016 sigue siendo el año más cálido registrado 
debido a un evento de El Niño muy fuerte, que provocó una subida de las temperaturas inusual, y al cambio climático a largo plazo.
En el camino actual de las emisiones de dióxido de carbono, nos dirigimos hacia un aumento de la temperatura de 3 a 5 grados centígrados para finales de siglo.
Pero las temperaturas medias tanto del último quinquenio con como de la última década han sido las más cálidas de la historia desde que se tienen registros y, desde 1980, cada década ha sido más cálida que la anterior, confirmando que el cambio climático está en marcha, como han observado los científicos.
El calentamiento global no se detiene


Chad sufre por la degradación medioambiental y la rápida desertificación. Sus habitantes están entre los más afectados por los impactos del cambio climático.
La noticia más preocupante es que la tendencia continuará debido a los niveles récord de gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera poniendo en peligro la vida en el planeta.
"En el camino actual de las emisiones de dióxido de carbono, 
nos dirigimos hacia un aumento de la temperatura de 3 a 5 grados centígrados para finales de siglo", aseguró el secretario general de la Organización Meteorológica, Petteri Taalas.
Las temperaturas son solo una parte de la historia, señala la Organización. El año y la década pasados ​​se caracterizaron por la retirada de hielo en los casquetes polares y glaciares, la subida récord del nivel del mar, el aumento del calor y la acidificación de los océanos y un clima extremo.
Todos esos acontecimientos se han combinado para impactar notablemente 
en la salud y el bienestar de los humanos y el medio ambiente, como destaca la Declaración Provisional de la Organización Meteorológica sobre el Estado del Clima Global en 2019, que se presentó en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, COP25, en Madrid. La declaración completa se emitirá en marzo de 2020.
“El año 2020 comenzó donde terminó 2019, 
con eventos climáticos de alto impacto. Australia tuvo su año más caluroso y seco , preparando el escenario para los incendios forestales masivos que están siendo tan devastadores para las personas y las propiedades, la vida silvestre, los ecosistemas y el medio ambiente ", destacó Taalas.
El experto afirmó que "desafortunadamente” 
debemos esperar ver muchos más eventos de clima extremo a lo largo de 2020 y en las próximas décadas, impulsados por esos niveles récord de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera.
El calor de los océanos

The Ocean Agency/WL Catlin Seavi
El antes y después de un arrecife tras un evento de blanqueamiento coralino en la Gran Barrera de Coral en Australia. 
Más del 90% del exceso de calor se almacena en los océanos , por lo que el contenido de calor del océano es una buena manera de cuantificar la tasa de calentamiento global. Un nuevo estudio publicado el 13 de enero en Advances in Atmospheric Sciences, con datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y el Centro Nacional de Información Ambiental de los Estados Unidos, y el Instituto de Física Atmosférica alemán, mostró que el nivel de calor del océano estaba marcó un récord en 2019.
Los registros modernos de temperatura comenzaron en 1850. La Organización Meteorológica Mundial utiliza conjuntos de datos basados ​​en los registros climatológicos mensuales de los Sistemas de Observación Global, entre los que figuran la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, el Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, el Centro Metley Hadley del Reino Unido y la Universidad de Unidad de Investigación Climática de East Anglia en el Reino Unido.
También utiliza conjuntos de datos del Centro Europeo para Pronósticos Meteorológicos de Medio Alcance y su Servicio de Cambio Climático Copérnico, así como de la Agencia Meteorológica de Japón.
Este método combina 
millones de observaciones meteorológicas y marinas, incluso desde satélites, con modelos para producir un análisis completo de la atmósfera. La combinación de observaciones con modelos permite estimar las temperaturas en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, incluso en áreas con escasez de datos, como las regiones polares.
La dispersión entre los cinco conjuntos de datos utilizados para establecer la temperatura media global en 2019 fue de 0,15 ° C, con el más bajo en los 1,05 grados centígrados y el más alto en los 1,20 grados que la línea de base preindustrial.

China confirma 41 casos de un nuevo coronavirus que ya se ha cobrado una víctima

coronavirus casos

La Organización Mundial de la Salud corroboró este martes la presencia en China de un nuevo coronavirus, una enfermedad respiratoria con 41 casos confirmados y una muerte hasta la fecha.
El organismo señaló que continúan las investigaciones sobre la enfermedad y que las agencias de salud se preparan para un posible brote.
La OMS define al padecimiento como “una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS)”.
Su portavoz, Tarik Jašarević, indicaba hoy que se detectó una nueva variante del padecimiento (técnicamente conocida como "nuevo coronavirus" o "nCoV", que es 
una nueva cepa que no ha sido identificada previamente en humanos) tras el ingreso de un paciente en un hospital de la ciudad de Wuhan, “con lo que las autoridades chinas actualizaron los casos confirmados a 41”.
Entre las más de cuatro decenas de afectados se reportó un fallecido, seis casos graves y siete pacientes fueron dados de alta.
La OMS informó que los cuadros y síntomas clínicos reportados son principalmente fiebre, con algunos casos con dificultades respiratorias, y radiografías de tórax que muestran inflamaciones neumónicas invasivas en ambos pulmones.
Los pacientes fueron aislados y reciben tratamiento en las instituciones médicas de Wuhan, de acuerdo con las autoridades chinas.
Transparencia informativa con los casos
Ante este escenario, Jašarević indicó que "las autoridades chinas compartieron la secuencia genómica completa con la OMS y con el público", y destacó la relevancia de compartir esta información “para que otros países lo utilicen en el desarrollo de herramientas de diagnóstico específicas”.
De acuerdo con las investigaciones epidemiológicas preliminares, la mayoría de los casos están relacionados con personas que trabajaban en el sector alimentario o eran manipuladoras de alimentos y visitaban frecuentemente un mercado de mariscos en Wuhan. No obstante, uno de los casos confirmado afecta a una mujer que viajaba de Wuhan a Tailandia.
"Las investigaciones epidemiológicas están en marcha y estamos a la espera de los resultados, pero sí
, es ciertamente posible que la transmisión entre humanos sea limitada", dijo la doctora Maria D Van Kerkhove, jefa de la Unidad de Enfermedades Emergentes y Zoonosis de la OMS. 
La experta destacó que no hay ninguna prohibición de viajar a Wuhan en estos momentos, y que dará a conocer más información a medida que continúen las investigaciones.
La experiencia previa, clave para combatirlo
Van Kerkhove añadió que los Estados miembros están preparados ante esta situación debido a las experiencias previas con la enfermedad.
"Esto es algo para lo que la comunidad mundial se ha preparado y todos los dispositivos están listos para activar nuestros planes y utilizar los materiales que desarrollamos para el SARS, para el MERS, y adaptarlos a nuestra situación actual", dijo.
Del mismo modo indicó que se ha elaborado una guía técnica sobre el nuevo coronavirus y que se seguirá actualizando a medida que se disponga de información adicional.

MÁS DE 10.000 HABITANTES SE BENEFICIAN DE LA REHABILITADA UPC DE CALDERÓN

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“Estamos aquí para dar un mensaje de unión a todos. Esta es la oportunidad para volver a empezar, porque la violencia no puede ser la salida. Hoy demostramos que la convivencia segura, la paz, la responsabilidad, la recuperación de la confianza y la unidad, son un ejemplo de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos: Gobierno, Municipio, Policía Nacional, empresa privada y comunidad”, afirmó la ministra de Gobierno María Paula Romo, durante la entrega de la rehabilitada Unidad de Policía Comunitaria Calderón, que pertenece a la Zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito, y que fue vandalizada durante las protestas de octubre.
Junto al comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo; el gerente general de Kia Motors, Ricardo Rosales; el concejal de Quito, Bernardo Abad; y demás autoridades, se reinauguró esta UPC, que beneficiará a más de 10.000 ciudadanos de los sectores de Calderón y Carapungo.
La Secretaria de Estado recordó que durante las manifestaciones  se violentaron 20 Unidades de Policía Comunitaria, y se destruyeron más de 100 patrulleros y motos. “En la zona de Calderón hubo gran desorden y caos. Varios uniformados fueron agredidos. También permanecieron secuestrados alrededor de 50 servidores policiales en el estadio de Calderón, porque lo que se tuvo que realizar una incursión táctica para rescatarlos. Por eso, tengan la certeza de que la Policía está aquí para decirles que a pesar de las adversidades y la violencia, siempre renovamos nuestro compromiso de servicio con la comunidad”, subrayó.
El Comandante General felicitó el ánimo, la pasión y la participación de la sociedad, para trabajar juntos y hacer más. “La seguridad ciudadana está garantizada con un sistema integral que manejamos desde la Institución policial, para entregar mejores resultados. Queremos construir confianza y paz. Seguiremos en esta labor todo el tiempo”, aseguró el general Patricio Carrillo.
De su parte, el gerente de la empresa Kia Motors resaltó que todos tenemos obligaciones con la sociedad y que somos corresponsables en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia. “La responsabilidad social de las empresas se mide en el apoyo a las iniciativas, en beneficio de los ciudadanos. Esperamos que esta decisión de retribución  hacia los servidores policiales sirva de ejemplo a otras empresas, para trabajar por el progreso de los ecuatorianos”, enfatizó.
Cabe mencionar que con la UPC Calderón son 6 las Unidades de Policía entregadas, gracias al aporte solidario de la empresa privada y a la unión estratégica con el Municipio de Quito.

Fiscalía solicitó que jueces de Pastaza sean llamados a juicio por presunto delito de cohecho

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Esta tarde, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el Dr. Wilson Toainga, fiscal General del Estado, subrogante, presentó dictamen acusatorio en contra de los jueces Aurelio Q. y Bolívar T., como autores directos del presunto delito de cohecho.
Al inicio de la audiencia, la defensa del procesado Aurelio Q. pidió que se le aplique el procedimiento abreviado, solicitud que fue negada por la Fiscalía, por cuanto no se cumplían los requisitos establecidos en la Ley.
Posteriormente, tras analizar los posibles vicios de procedimiento y procedibilidad, el juez nacional David Jacho declaró la validez de la causa, pues consideró que se han observado las garantías del debido proceso.
En la segunda parte de la audiencia, la Fiscalía fundamentó su acusación en casi cincuenta elementos de convicción, como informes de inspección ocular técnica, versiones, certificaciones del Consejo de la Judicatura, informes periciales de audio, video y afines, pericias documentales, análisis de llamadas telefónicas, entre otros.
Es así que, por considerar que existen suficientes indicios de su participación en esta infracción, la Fiscalía solicitó al Juez que acoja el dictamen acusatorio y dicte auto de llamamiento a juicio en contra de los procesados.
Además, el Fiscal General subrogante hizo el anuncio de las pruebas testimoniales, periciales y documentales que presentará en una posible audiencia de juzgamiento.
El Juez Nacional suspendió la audiencia, misma que se reinstalará este 17 de enero, a las 14:15 para dar a conocer la resolución.
El caso
Este proceso penal inició con base en la denuncia presentada por el juez de la Corte de Pastaza Jhon Álava, quien formaba parte del Tribunal que conocería, en apelación, la acción de protección negada en primera instancia por Aurelio Q., en el caso conocido como Río Piatúa.
Según el denunciante, Aurelio Q. le ofreció beneficios administrativos y económicos a fin de que ratifique la sentencia dictada en el caso. Es así que el 3 de septiembre, en un restaurante de la ciudad de Puyo, el juez Aurelio Q. habría entregado a Álava, dinero en efectivo que llevaba en el interior de una caja de licor. Además, habría existido otra funda con 18.000 dólares, que al parecer era para Bolívar T., quien también formaba parte del Tribunal que conocería la apelación.
El delito de cohecho está tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El cálculo de pensión jubilar genera debate en la Comisión de los Trabajadores

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Uno de los proponentes, Bairon Valle, recordó que el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social modificó la base de cálculo de las pensiones y cambió la fórmula matemática que representa el promedio de las 60 mejores remuneraciones, por una fórmula geométrica. Esto, a decir del legislador, significó una reducción de las pensiones en al menos el siete por ciento.
Por ello propone que en primer lugar el tema no quede a discreción del Consejo Directivo, que conste en la Ley de Seguridad Social y que se retome la fórmula matemática que brinda seguridad a los jubilados y pensionistas.
La propuesta fue respaldada por Antonio Pazmiño, vicepresidente de la Federación de Jubilados y Pensionistas del Ecuador, quien propuso además una reforma para que un representante del sector forme parte del Consejo Directivo del IESS.
Planteó que el representante de los jubilados sea un profesional de tercer nivel y seleccionado mediante concurso, que podría ser evaluado por un organismo ciudadano como la Comisión Nacional de Control Cívico de la Corrupción o por la Asamblea Nacional.
También sugirió reformar la Ley de Seguridad Social en lo que se refiere a las pensiones jubilares, de modo que el incremento anual sea de manera equitativa y con mayor incidencia en aquellos que ganan menos, que en ningún caso sea menor al aumento del salario básico unificado de los trabajadores amparados en el Código del Trabajo.
La legisladora Cristina Reyes propuso conformar equipos de trabajo y convocar a todos los actores para tratar la reforma a la Ley Seguridad Social, para generar consenso y rescatar al IESS, garantizando pensiones dignas y servicios de calidad.
La presidenta de la comisión, Karina Arteaga, informó que el tema será tratado con todos los actores públicos y privados involucrados en el tema, para lo que tienen previsto realizar talleres en territorio.
Asambleísta por un día
En el debate participó Jonatan Choloquinga, como asambleísta por un día. Él es representante de los jóvenes de la provincia de Cotopaxi. Destacó la apertura de la Legislatura para permitir la participación de todos los actores en la construcción de las leyes. La generación de empleo es una de sus inquietudes frente a la preparación del nuevo Código Laboral.
PV/cz
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Pleno desarrolló juicio político en contra exministro de Cultura

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El Pleno de la Asamblea Nacional desarrolló,  por más de cuatro horas, el juicio político en contra de Raúl Pérez Torres, exministro de Cultura y Patrimonio, durante  la sesión 650, de este 15 de enero de 2020.
Sin embargo, la moción de censura planteada por los interpelantes Juan Cristóbal Lloret y Lira Villalva, no tuvo los votos necesarios. Se registraron 59 votos afirmativos y 23 abstenciones. Para proceder a la censura del funcionario se requería el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, esto  es 91 votos, como establece el artículo 131 de la Constitución de la República. 
Al funcionario le plantearon juicio político por haber desobedecido la Ley de Cultura y su Reglamento en lo que respecta a la asignación del presupuesto para la sede y los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) Benjamín Carrión. Según los interpelantes, el 50 % del mismo se concentra en la sede nacional de Quito.
Luego de que Raúl Pérez ejerció su derecho a la defensa, por el lapso aproximado de 45 minutos, sobre las acusaciones imputadas en su contra, el Pleno escuchó los argumentos  de los interpelantes, Juan Cristóbal Lloret y Lira Villalva. 
El asambleísta Juan Cristóbal  Lloret  se refirió a los argumentos técnicos, jurídicos y políticos para evidenciar el incumplimiento de funciones del mencionado exfuncionario. Destacó falencias de carácter administrativo y dijo que estas devinieron en un incumplimiento de funciones al no asignarse los recursos necesarios a los diferentes núcleos de la CCE del país.
Insistió que hay una afectación importante a la cultura, a los gestores y actores culturales, sobre todo en las provincias. Se ha reflejado exclusión y falta de asignación de recursos con sujeción a la ley, enfatizó. Sobre la concentración centralista de los recursos económicos reveló que de 15.8 millones de dólares, 7.7 millones se quedan en Quito; 7.4 millones para los  23 núcleos provinciales y 640 mil dólares para Pichincha. Sobre esta gestión de los recursos económicos de la cultura se ha producido un retroceso importante en materia de desconcentración y descentralización, afirmó Lloret. 
Recalcó que la ley obliga al Ministro de Cultura a determinar la fórmula de distribución de los recursos en base a las variables establecidas en la Ley de Cultura, con criterios de justicia, equidad y corrección de las asimetrías, mismas que a su juicio no se cumplieron.
“Lamentablemente el exministro de Cultura no tuvo la posibilidad de cumplir y hacer cumplir las leyes y nuevamente se dio un proceso discrecional de entrega de recursos por la inacción del funcionario” enfatizó el legislador.
Al cierre de su intervención propuso la censura del ex ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, argumentando que existe una serie de negligencias en la aplicación de la Ley de Cultura y su Reglamento.
Por su lado, la asambleísta Lira Villalva expresó que el juicio político al ex ministro de Cultura, se cumple desde el ejercicio de la función fiscalizadora que la Constitución otorga a los legisladores, tras señalar que éste no es un asunto personal, ni tiene que ver con ideologías políticas, peor con el pensamiento de Raúl Pérez, quien como Ministro de Cultura estaba obligado a cumplir y hacer cumplir la ley.
Coincidió con que el exministro no definió la fórmula para la asignación de recursos a los núcleos provinciales de la CCE y más bien trabajó para dar de baja el Reglamento a la Ley de Cultura. Resaltó que Raúl Pérez incumplió la Constitución en la parte que dispone que el Estado ejerza la rectoría a través del órgano competente y garantice los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural.
Por último, señaló que con el juicio político se evidencia que hay un manejo cuestionable del talento humano de la Casa de la Cultura, que debe ser investigado por el Ministerio de Trabajo y la Contraloría y, por tanto, procede su censura.
Debate
El en debate, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Johana Cedeño, defendió el trabajo de la Comisión y dijo que actuó con apego a la ley, alejada de posiciones políticas, con respeto a los derechos constitucionales y el debido proceso. Comentó que el propio exministro Raúl Pérez declaró que no estaba de acuerdo con el Reglamento a la Ley de Cultura, pero pese a ello, tenía la obligación de cumplir sus disposiciones.
Por su lado, la asambleísta Lourdes Cuesta recordó que el Pleno dispuso a la Comisión de Educación investigue la distribución de rentas para la cultura, que nació de una preocupación de gestores culturales y del núcleo del Azuay de la CCE, frente a la asignación de recursos.
RSA/ea

Reformas al Código Orgánico de la Función Judicial se discuten en Comisión de Justicia

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La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta Ximena Peña, recibió al Pleno del Consejo de la Judicatura, el cual, a través de su presidenta, María del Carmen Maldonado, presentó varias observaciones y propuestas al proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial.

Maldonado expuso la necesidad de armonizar las disposiciones constitucionales con el Código, a fin de especificar que el período de los notarios sea de seis años y con posibilidad de una sola reelección, evitando que se conviertan en cargos indefinidos, vitalicios y hereditarios.
Además, propuso que la sanción por el cometimiento de un error inexcusable esté debidamente motivada y lo resuelva un juez superior, para descartar cualquier tinte de persecución; también que por ley se establezca la vacancia judicial y se clarifiquen los conceptos de dolo, manifiesta negligencia, entre otras figuras. Habló de suspender, con pérdida de remuneración, al los servidores de la Función Judicial en casos graves y urgentes, en el ejercicio de sus funciones, por el tiempo máximo de 90 días.
Inquietudes
Los comisionados se mostraron partidarios de que en el proceso de renovación de notarios se efectivicen los estándares de rendimiento, los concursos de oposición y méritos, así como las evaluaciones, donde prevalezca la disposición constitucional respecto a la permanencia en funciones.
Así mismo, que se aclare la denuncia de un probable tráfico de influencias para ocupar este tipo de puestos; que se den respuestas a destituciones que se habrían dado al margen de la ley; y, que se implementen, a la brevedad posible, los juzgados especializados en materia de niñez y familia, en cumplimiento del mandato constitucional. 
La asambleísta Kharla Chávez, vicepresidenta de la mesa, dijo que es fundamental convocar al concurso para llenar las vacantes de jueces y conjueces nacionales de justicia, que hoy lo ejercen jueces temporales desde hace meses, lo que constituye una evidente preocupación de la ciudadanía y los usuarios.
Denuncia falsa
La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, aseguró que la denuncia de tráfico de influencias para los cargos de notarios es falsa, más aún cuando las firmas de los denunciantes fueron suplantadas, por lo que pidió la intervención de la Fiscalía y Contraloría.  
MG/cz

Ecuador ratifica en la OEA la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación y la intolerancia.

contra racismo Ecuador depositó hoy en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Durante la ceremonia, el Representante Permanente de Ecuador ante la OEA, Carlos Alberto Játiva, afirmó que con esta iniciativa su país "se suma a los esfuerzos nacionales y hemisféricos para que los derechos consagrados en este tratado sean reafirmados, aplicados efectivamente y protegidos, inspirados particularmente en los principios de la igualdad jurídica y la no discriminación”. Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro enfatizó que la ratificación “demuestra claramente el apego de Ecuador a la normativa internacional destinada a garantizar el derecho a la no discriminación". “Aprovechamos la ocasión para invitar a los Estados Miembros de la OEA a la pronta ratificación de esta Convención, y poner en marcha el foro de cooperación para el intercambio de políticas y normas que requiere un total de diez Estados Parte”, agregó el Secretario General. Ecuador se convirtió así en el cuarto país en ratificar la Convención, adoptada por la Asamblea General de la OEA en 2013 después de 13 años de negociación. Anteriormente lo hicieron Antigua y Barbuda, Costa Rica y Uruguay.

Siete mil pacientes se benefician con estudios médicos gratuitos

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Un convenio entre el Gobierno de Manabí y la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad CAS permitirá garantizar el servicio gratuito en estudios médicos para siete mil pacientes en la provincia.

Este martes se firmó el convenio que, en el marco de la “Operación Justicia Social” de la Prefectura, ofrecerá servicios de rayos X, ecografía, exámenes de laboratorio y prueba de Papanicolaou a pacientes de brigadas médicas en la zona rural y urbano marginal.

El prefecto Leonardo Orlando resaltó que llegarán con estudios de alta calidad a quienes más lo necesitan. "Contamos con un equipo de primera para realizar ecografías y exámenes médicos, tendremos equipos portátiles y de última tecnología en nuestras brigadas”, dijo Orlando.

La autoridad provincial resaltó la importancia de esta alianza en aspectos como el cuidado durante el embarazo, prevención de la diabetes, detección temprana de enfermedades y más. La inversión en este proyecto es de 140 mil dólares.

Jennifer Arteaga, de 20 años, en representación de las jóvenes embarazadas que han sido atendidas en el CAS agradeció por la iniciativa. "Nunca olvidaré todo lo que significamos para usted señor Prefecto al realizar este convenio que nos da tranquilidad a las mujeres embarazadas que no tenemos los recursos y acceso a ecografías y exámenes pagados", señaló.

Margarita Álava, directora ejecutiva de la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad CAS, también resaltó la visión del Gobierno de Manabí a favor de los más vulnerables.

Adultos mayores de Portoviejo, que conforman el grupo folklórico "Bailando por la vida", pusieron el toque de color y alegría al evento que contó con la participación de los presidentes parroquiales de Riochico, Crucita, Chirijos, concejales de Portoviejo, entre otros.

Durante el evento, jóvenes de la capital provincial, que participan en el proyecto de arte y cultura “Manabí te cuenta una historia”, pintaron en lienzo hermosas imágenes sobre los vientres de las mujeres embarazadas.

Escuelas en Estados Unidos buscan maestros ecuatorianos

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  • Seguro de vida, boleto de avión, trámite de visa y el mismo salario que el de un profesional estadounidense, son algunos de los beneficios que otorga el Programa de Intercambio Cultural Participe Learning.

  • Las inscripciones, para quienes deseen postular al proceso de selección de maestros para el nuevo ciclo escolar, estarán abiertas durante el mes de enero y febrero.

Docentes ecuatorianos tienen la posibilidad de impartir clases a niños de preescolar y primaria en Estados Unidos, gracias al Programa de Intercambio Cultural Participe Learning.
La oportunidad está dirigida a profesionales que buscan opciones de empleo fuera del país para mejorar sus ingresos. Quienes tengan familia, también pueden aplicar, puesto que el Programa contempla la gestión de visas para el núcleo familiar durante los años que permanezca el educador en su labor de enseñanza. Los educadores elegidos podrán incorporarse al próximo ciclo educativo y desempeñarse en su puesto de tres a cinco años.
El Programa de Intercambio Cultural Participe Learning tiene 32 años de experiencia en Estados Unidos y tiene como propósito fomentar una educación global. Esta iniciativa, año a año, convoca a profesores de distintos países para que vivan una experiencia académica y cultural única.
Para Ronald Ramírez, Coordinador de Reclutamiento en Latinoamérica para Participate, esta iniciativa ha tenido mucho éxito en Ecuador, tanto a nivel profesional y cultural. Los beneficiarios, durante su estadía en Estados Unidos, reciben capacitaciones de actualización profesional y durante el proceso cuentan un acompañamiento continúo para garantizar el desarrollo de sus capacidades y talentos.
“El sistema educativo americano nos está capacitando. Hemos aprendido nuevas estrategias. Ellos tienen una manera diferente de enseñar y nosotros aprendemos todo eso. Además, Participate nos capacita constantemente y nos ayuda a través de todos los procesos”, destaca Abigail Briones, una de las docentes participantes del programa.
Abigail junto a su esposo Carlos Baquerizo, ambos guayaquileños, comenzaron en el programa en el año 2018 y actualmente dictan clases en una escuela primaria en Carolina del Norte. En el país, 110 profesores han sido parte de esta experiencia, que comenzó en el año 1987. Actualmente hay 30 docente activos tomando en cuenta los 7 que iniciaron el año pasado.
“Esta experiencia laboral nos da un plus como educadores. Vamos a ser profesores de habla inglesa con una práctica en un país extranjero. Además, hemos encontrado aquí una excelente oportunidad, para estudiar una maestría. Es decir que, aparte de la experiencia que llevamos como docentes, regresamos a nuestro país con un nuevo título”, menciona Carlos Baquerizo.
Entre los beneficios que reciben los docentes están un salario igual al de un profesional de la educación estadounidense, seguro de vida, boleto de avión, tramite de visa e inducción durante su periodo de radicación. A esto se suma la posibilidad de convertirse en embajadores de las diferentes culturas del mundo en el país norteamericano e intercambiar conocimientos que pueden aplicarse en sus países de origen.
“Lo que quiero hacer con este aprendizaje es mejorar la educación en mi país. Quiero llevar diferentes estrategias, diferentes ideas. Quiero ser yo la pionera de esta nueva actualización del ámbito educativo en Ecuador”, expresa Andrea Mancheno, docente ecuatoriana que ya comenzó su quinto año como educadora y ahora es maestra de quinto grado en una escuela también en Carolina del Norte.
Los requisitos para aplicar son: hablar inglés fluido, contar con título universitario en docencia, tener al menos dos años de experiencia laboral a tiempo completo en una escuela o colegio y poseer licencia de conducir y experiencia al volante, debido a que los maestros reclutados deben desplazarse en automóvil a su lugar de trabajo.
Los interesados podrán inscribirse a través del portal http://go.participatelearning.com/ec201901. Para mayor información, pueden comunicarse por correo electrónico a info@participatelearning.com, contactarse al WhatsApp (+506) 8715-3222, o escribir chat ubicado en la esquina inferior derecha del sitio web www.participatelearning.com.

Víctimas de violencia reciben apoyo para emprender negocios

victimas violencia

En las parroquias rurales Crucita, Calderón, y Riochico de Portoviejo, 150 personas que han sido víctimas de violencia recibirán apoyo y podrán emprender negocios que aporten a la economía local.
La iniciativa será posible gracias a un convenio entre el Gobierno de Manabí y la Young Men's Christian Association, "YMCA Manabí", quienes invertirán $88.800 y $37.240 respectivamente. El monto total es de 126.040 dólares.
De manera indirecta se beneficiarán 600 familias de las personas atendidas. El proyecto incluye la asistencia de un equipo de mentores, facilitadores, psicólogos, psiquiatra y médico familiar.
Se busca fortalecer a los beneficiarios, desarrollando espacios para la implementación de iniciativas innovadoras, que generen ingresos y aporten a la economía popular local.

Este proyecto, que es coordinado por la Dirección de Desarrollo Humano de la Prefectura, se cristalizará con la firma del convenio entre Gobierno de Manabí y YMCA Manabí. El evento se realizará el jueves 16 de enero a las 17h00, en la casa comunal Las Gilces, de la parroquia Crucita.

Entre la ULEAM y la municipalidad proyectan a Chone como “pueblo mágico”

pueblo magicos

Chone apunta a ser un “pueblo mágico”. Esa es la perspectiva que tienen la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), en su extensión de este cantón, y la municipalidad a través de una alianza estratégica para impulsar un proyecto que incluye varias propuestas, como por ejemplo un parque lineal.

“Chone tiene hechos históricos y cumple las condiciones para ser un pueblo mágico con su historia, cultura y arte. Hemos tomado iniciativas en traer escuelas de arte, música, danza y se proyectan carreras técnicas en gastronomía y arqueología, para darle sustento al proyecto”, dijo Marcos Zambrano, decano de la ULEAM Chone, en reunión con técnicos municipales.

Insistió en que debe existir la unidad comunitaria, donde el municipio es la entidad rectora de aspectos como ordenanzas, temas turísticos, fomento productivo y cultural. El otro actor es la universidad donde se prepara el talento humano.

“Es una alianza donde cada institución aportará con sus facultades para desarrollar el proyecto de esparcimiento familiar, resaltar la cultura, promover emprendimientos, y que Chone se constituya en un destino turístico del Ecuador”, afirmó Zambrano.

Respecto al parque lineal, iniciará en el puente Santa Martha y seguirá por el malecón del río hasta la Unidad Educativa Aristos, en el barrio La Grecia. “La idea es realizar eventos para impulsar el tema socio económico y cultural del cantón”, indicó Tulio Vera, director municipal de Desarrollo Económico y Turismo.

Asimismo, lo cultural es el eje principal del proyecto. En el corredor turístico las casas deberán ser engalanadas a través de los murales, además de los eventos con artistas de la universidad y el municipio, los fines de semanas, señaló José Luís Román, subdirector municipal de Cultura.

Entonces, se establecen cronogramas de actividades conjuntamente con los técnicos del municipio. “Tenemos tres meses para socializar y hacer los proyectos, y tres meses para iniciar la construcción. El objetivo es que en las festividades de julio tengamos ese gran atractivo”, aseguró Zambrano.

Satisfacción en usuarios y transportistas por 34 nuevas paradas de buses y taxis

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“Había mucho peligro. Los carros no nos respetaban. Ahora nos sentiremos más seguros y eso está muy bien”, coincidieron Wendy Vargas y Jhonny Zambrano, estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Raymundo Aveiga, mientras los técnicos de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial señalizaban la parada de buses frente a esta institución educativa.

En sí, son 29 paradas de buses nuevas que son señalizadas vertical y horizontalmente en varios puntos de la ciudad, además de cinco paradas de taxis.

Para el efecto, se han articulado acciones con las operadoras de buses urbanos y Policía Nacional. “Son ubicadas estratégicamente, donde hay mayor demanda del usuario como en las unidades educativas”, indicó Fabián Arteaga, técnico de la Dirección de Tránsito.

“Calificamos como muy positivo la señalización de las paradas, ya que nos ayuda a tener un espacio más seguro y el usuario va a respetarla. La idea es educar al usuario en subirse y bajarse en los puntos establecidos”, afirmó Diego Solórzano Andrade, dirigente de la compañía de buses urbanos Santa Rita.

Las dos operadoras de buses urbanos: Santa Rita y Centenario, cubren nueve rutas. Actualmente se ha extendido el servicio en dos sectores: Dos Bocas-Egdy María y en la ciudadela San Cayetano. “Nos sentimos muy agradecidos con ambas empresas de transporte”, mencionó Lenin Saltos, director de Tránsito, Transporte, Seguridad Vial y Terminal Terrestre.

Parque Sucre está mejor iluminado y ofrece nueva imagen

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“Se ve más iluminado, más bonito y más seguro, sobre todo para los niños que acostumbran a jugar en el parque”, expresó Gema Mala, ciudadana chonense que llegó a este espacio público, la noche del último domingo, junto a su esposo e hijo, quienes también vieron con agrado la instalación de nuevos postes con luces LED.

Fernando Cedeño, propietario del kiosko Siscala, señaló que con más iluminación en el parque, los comerciantes podrán extender su horario de atención en las noches, ya que aumenta la seguridad, el flujo de clientes y las ventas.

Dijo que su clientela está satisfecha por esta acción, al ofrecer un punto de encuentro seguro y confortable para las familias chonenses.

Por su parte, Jorge Sanz, director municipal de Servicios Públicos, enfatizó que el sistema de alumbrado del parque Sucre ya había cumplido su ciclo, por lo que 28 lámparas fueron remplazadas por nuevos postes de resina y luces LED. Así se cambió la imagen de este espacio, con trabajos empezados el pasado viernes y que se prevé culminen este martes .

La implementación de tecnología en transporte fortalecerá seguridad vial, en Ecuador

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La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales determinarán qué tipo de dispositivo tecnológico deberá utilizar un medio de transporte, así lo determinó la Comisión Ocasional de Tránsito de la Asamblea Nacional, al aprobar un nuevo artículo dentro de las reformas a la Ley de Transporte Terrestre. El objetivo es reducir índices de siniestralidad, causada por el exceso de velocidad, la falta de atención a las señales de tránsito, dijo Fafo Gavilánez, presidente de la mesa legislativa.

Se determina que las entidades competentes de conformidad con la Constitución y la ley podrán realizar los controles de tránsito dentro de su jurisdicción, a través de medios  tecnológicos y debidamente homologados por la ANT. La finalidad del control por medios tecnológicos es preventiva.
La norma señala que las operadoras de transporte terrestre son responsables de que los vehículos destinados a la prestación del servicio tengan instalado y en funcionamiento los dispositivos, mecanismos o instrumentos de control, acorde al tipo de transporte exigido por la ANT o los GAD, tales como el tacógrafo, limitador de velocidad u otros.
Las unidades de las operadoras deberán contar con sistema de posicionamiento global satelital (GPS) que permita que las distintas entidades de tránsito las puedan monitorear y controlar. A su vez, las entidades de tránsito y movilidad tendrán protocolos de comunicación que faciliten el respectivo enlace.
Los dispositivos y mecanismos o instrumentos de control exigidos, deberán estar debidamente homologados y calibrados y alimentarán la base de datos del Registro Nacional de Transporte Terrestre y Tránsito.
Para aprobar este articulado, se escuchó los criterios de los representantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, de la Policía Nacional y de los comisionados, quienes consideran que el uso de medios tecnológicos permitirá brindar seguridad vial y seguridad ciudadana.
En otro orden, los parlamentarios agregaron un artículo por el cual, el Estado reconoce la validez de los documentos, distintivos, licencias  de conducción, permisos internacionales de conducción, identificación vehicular y pases de aduana, emitidos en otros países y expedidos de conformidad con las normas y requisitos previstos en los instrumentos internacionales vigentes.
Los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior y ciudadanos extranjeros podrán conducir únicamente vehículos automotores de servicio particular, dentro del territorio nacional, con licencias de conducir emitidas en su país de residencia, por el tiempo que dure la categoría migratoria de persona visitante temporal.
Para el caso de ciudadanos que definitivamente residirán en el país, podrán canjear u homologar su licencia con su similar ecuatoriana. En todos los casos se deberá  cumplir con los requisitos establecidos en la ley, el reglamento específico expedido por parte de la ANT. 
JLVN/cz

Tribunal desecha recursos de casación en caso de Petroecuador

desechan recurso Tribunal acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y rechazó los recursos de apelación presentados por los ciudadanos Marco C. y Diego T., quienes cumplen una sentencia de seis años por asociación ilícita.

Las defensas técnicas, en sus intervenciones, argumentaron que el Tribunal de Apelación realizó una indebida aplicación de la normativa y se produjo una contravención expresa de la ley al no tomar en cuenta circunstancias atenuantes para su sentencia, además de que la misma no estuvo debidamente motivada.
En respuesta, la representante de la Fiscalía señaló que en la resolución, tanto del Tribunal de primera instancia como el de Apelación, se aplicó de forma adecuada el principio de favorabilidad y que la misma cumple con todos los requisitos de motivación dispuestos en la normativa ecuatoriana. Además, que los recurrentes no demostraron ningún error jurídico en la sentencia, lo cual era la finalidad de esta audiencia.
La Fiscalía investigó a estas personas por el delito de delincuencia organizada, pero el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha los sentenció por asociación ilícita, según el Código Penal anterior, pues los hechos se suscitaron desde antes de que entrara en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP), lo que fue ratificado en segunda instancia.
En la audiencia de juicio, la Fiscalía demostró que, entre marzo de 2011 y junio de 2015, los sentenciados fueron parte de una organización delictiva conformada por servidores públicos del nivel jerárquico superior en Petroecuador y que actuaron dolosamente para obtener beneficios económicos a su favor.
Esta organización estaba conformada por Alex B., quien recibía los recursos y los repartía a los otros integrantes por disposición de Carlos P. Y., exgerente de Refinación, que fungía como líder, mientras que Diego T., desde la subgerencia de Operaciones, generaba necesidades para viabilizar los contratos. De su lado, Marco C., gerente General de la estatal petrolera, daba paso a la ejecución de los contratos.
Información complementaria
Carlos P. Y. también presentó una solicitud de casación, misma que fue inadmitida previamente.
En 2017, Alex B. se sometió a un procedimiento abreviado, admitiendo su responsabilidad en los hechos investigados y recibió una pena de cuarenta meses.

11 comunidades invitan a Pierina Correa y Norma Delgado, hermana y madre del Presidente Rafael Correa respectivamente

hermana rafael

Guayas.-ADNDS | Este domingo 12 de Enero de 2020, Pierina Correa fue invitada junto a su Sra. madre, Normita Delgado; por habitantes de 11 comunidades de la parroquia Taura.
Realizaron visitas por varios recintos de la Parroquia, donde les agradecieron por las obras que llevó la revolución ciudadana y entre estos recorridos los moradores de la ruralidad del Guayas, le expresaron su aprecio y alto grado de consideración y estima hacia ellas y en especial al Presidente Rafael Correa Delgado. En este sector hoy en franco abandono por las autoridades de turno.
A su vez indicaron los habitantes de este importante sector, que ellos están dispuestos a dar todo el apoyo para que regrese a recuperar la patria el Ec. Rafael Correa.
Gratitud y aprecio es lo que recibe la familia Correa, en cada agenda que cumple Pierina Correa, por los sectores rurales del Guayas.
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¡Abriendo caminos... Dejando huellas!

Fuente : A. D. N. Del Sur
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CNE construirá reglamentación del Código de la Democracia con aportes de la sociedad civil

reglamento c democracia

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, brindó hoy en la ciudad de Guayaquil una rueda de prensa a los medios de comunicación. Dijo que el veto del Ejecutivo a las reformas del Código de la Democracia ratifica las propuestas impulsadas por la Función Electoral. En ese contexto, señaló que la institución espera la aprobación de la Asamblea y posterior publicación en el Registro Oficial para convocar a la academia, gremios profesionales, sociedad civil y organizaciones políticas a construir la reglamentación de esta Ley.
A más de cuestiones de forma, se han ratificado aspectos primordiales que fueron propuestos desde el CNE, como: paridad de género, sanción a la violencia política, control a los gastos de campaña, creación de un registro electoral pasivo, entre otros, indicó la autoridad electoral. La titular del órgano electoral calificó como positivo y un avance para la democracia la decisión, ya que estos aspectos permitirán profundizar los derechos de participación de las mujeres, la lucha contra la violencia política, mejores los controles del gasto lectoral y tener un padrón electoral depurado, puntualizó.
Para el efecto, el órgano electoral desarrollará jornadas con los diferentes actores para que en un trabajo en conjunto construir la normativa electoral interna y este pueda aplicarse con mayor efectividad, tanto en la organización de los comicios como en las labores propias del CNE. En este sentido, se hace un llamado a los diferentes actores y expertos electorales se sumen a este proceso para la elaboración de la reglamentación electoral interna, previo a la convocatoria a las elecciones generales de 2021, subrayó

CNE aprueba el presupuesto para trabajo operativo de 2020

presupuesto operativo

En sesión ordinaria de este 13 de enero, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el Plan Operativo Anual 2020 por un total de USD. 35 millones. Ese presupuesto garantizará el trabajo permanente de las áreas técnicas durante todo el año.
El cuerpo colegiado, además, resolvió entregar en su totalidad los recursos solicitados por las 24 direcciones provinciales electorales del CNE, del modo que los organismos desconcentrados podrán desarrollar sus tareas de manera óptima. De esa manera, se garantiza el cumplimiento de los servicios que ofrece el Consejo Nacional Electoral a la ciudadanía y la preparación de los comicios del próximo año.
Desde junio de 2019, las coordinaciones y direcciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) han trabajado en la planificación, donde se fijaron los rubros requeridos por la entidad para cubrir gastos y necesidades de este año fiscal. Los montos asignados servirán para la contratación de servicios, desarrollo de proyectos, publicación de insumos electorales, pago de funcionarios, entre otros compromisos institucionales. Además, la proforma contempla las transferencias de dinero a las organizaciones políticas por concepto del Fondo Partidario Permanente.
Durante la sesión, en la que permanecieron la presidenta Diana Atamaint y los consejeros José Cabrera y Esthela Acero, se analizó las actividades que cada área técnica desarrollará, de manera que se pueda optimizar el uso de recursos públicos y se garantice la labor transparente de la institución.

Derechos Colectivos analizará observaciones sobre la comunicación como un derecho

derechos colectivos

El miércoles 15 de enero, a partir de las 10:00, la Comisión de Derechos Colectivos conocerá, analizará y debatirá las observaciones presentadas al proyecto de reformas al artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación, que establece a la comunicación como un derecho y no como un servicio.
Dentro del tratamiento de estas reformas, a la mesa legislativa han llegado las observaciones de los asambleístas Fredy Alarcón, Bairon Valle, Fernando Callejas, Héctor Muñoz, Marcela Holguín, Patricio Donoso, Henry Cucalón, Ángel Gende y Marcela Aguiñaga. Así mismo, los aportes de representantes de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), de los catedráticos: Romel Jurado, Gisela Dávila y Hernán Reyes.
Todos coinciden en que la comunicación es un derecho y no un servicio, conforme lo determina la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. También, los aportes precisan el significado de medios de comunicación social y sobre los medios alternativos de comunicación a través de las redes sociales.
Los parlamentarios también analizarán la propuesta de la Comisión que establece la conceptualización de los medios de comunicación social como instrumentos impresos, de servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados a la población.
Precisan que los medios de comunicación social son de propiedad de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, organizaciones sociales o comunitarias, cuyo objeto es la prestación de servicios de divulgación o intercambio de contenidos a través de los instrumentos antes señalados.
JLVN/ea

Comisión de Fiscalización receptó primeras pruebas de cargo contra Presidenta del CNE

pruebas cargo

En el marco de la sustanciación del juicio político contra Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), formulado por los asambleístas Fernando Flores y Jeannine Cruz, la Comisión de Fiscalización dio paso a la fase de recepción de pruebas de cargo.
En esta ocasión, dieron sus versiones Néstor Marroquín, auditor electoral; y, Pablo Bermeo, representante del Colectivo Yasunidos, quienes coincidieron en señalar que Atamaint incumplió funciones legales específicas en el ejercicio de su cargo. La comparecencia de Patricio Mendoza Palma, excandidato a la prefectura de Los Ríos, se desarrollaría este jueves, a las 08h00.  
Marroquín aseguró que la titular del CNE es responsable de no actualizar el registro electoral, así como de no haber convocado al consejo consultivo de los movimientos y partidos políticos para que, a través de expertos y técnicos, puedan ejercer el derecho a una auditoría integral del último sufragio de marzo de 2019, obviando lo que manda el propio Código de la Democracia.
De su lado, Pablo Bermeo dijo que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio determinó que los vocales destituidos del Consejo Nacional Electoral violentaron derechos de participación ciudadana, en particular de Yasunidos, por lo que dispuso la reparación de los mismos, especialmente con la implementación de una consulta popular. Esta lucha de más de seis años no ha tenido eco en la presidenta del Consejo Electoral, a pesar de los insistentes requerimientos del Tribunal Contencioso Electoral y la Defensoría del Pueblo, enfatizó.
Los comisionados recibieron también a Alicia Cahuiya, del pueblo Huaorani, quien expresó que se deben analizar los graves daños ambientales que causa la explotación petrolera en el sector de Yasuní, al respaldar la consulta popular.
Debido proceso:
Previamente a la instalación de la sesión, en diálogo con la prensa, la asambleísta Johanna Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización, ratificó que en este proceso se garantizará, en todo instante, el principio del debido proceso y de presunción de inocencia. Indicó que habrá más de 12 comparecencias adicionales a las previstas y sobre la base de la valoración de las pruebas se resolverá lo pertinente.
Cedeño sostuvo que la aseveración de Diana Atamaint, en en sentido de que hay una actitud de persecución política, está distante del rol de los parlamentarios, más aún cuando 43 firmas, de distintas bancadas, respaldan este proceso. El derecho a fiscalizar no puede ser cuestionado por ninguna autoridad, que además sea sujeto de control político, concluyó.  
MG/cz

7 mil pacientes tendrán estudios gratuitos

estudios gratuidad

Un convenio entre el Gobierno de Manabí y la Fundación Centro de Apoyo y Solidaridad (C.A.S.Alianza) permitirá ofrecer estudios médicos a pacientes de nuestras brigadas médicas.
Se realiza una inversión de $140.000,00 que permitirá financiar exámenes de laboratorio, rayos X, ecografías, y prueba de Papanicolaou sin costo para los pacientes que se atienden en las brigadas que ya recorren la zona rural y urbano marginal de Manabí.
Siete mil pacientes tendrán el mismo número de estudios que complementarán la atención que reciben de parte de los médicos de la Prefectura.
La iniciativa se ejecuta mediante la Dirección de Desarrollo Humano que trabaja por los grupos de atención prioritaria mediante la “Operación Justicia Social”. Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas y más se benefician.
Este
martes 14 de enero a las 10h00, en el CAS (Junto al Templo Metropolitano Alianza) se realizará la firma del convenio que permitirá la ejecución de esta importante iniciativa.

Puertas abiertas para que niños conozcan actividad de los bomberos

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Es común escuchar a un niño decir que cuando grande quiere ser bombero y en los hermanos Gustavo Daniel y Pierre Andrés Zambrano Zambrano, de 9 y 6 años respectivamente, se trata más bien de una pasión. Desde Puerto Arturo llegaron este sábado al Cuerpo de Bomberos de Chone con la intención de conocer de cerca el ambiente que encierra esta actividad.

El cabo José Loor Farías fue el encargado de responder las preguntas de los chiquillos; por ejemplo, en torno al manejo de los implementos de la moto bomba en caso de una emergencia. Así aprendieron que la velocidad del vehículo al acudir a un incendio es de 45 km por hora en la ciudad y de 60 a 80 km por hora en la vía, con balisas y cirenas encendidas.

Otro de los temas fue la utilización de equipos contra incendios y lo hicieron portándolos ellos mismos. Aunque les quedaron grandes, dijeron estar felices; además, que cuando cumplan los 18 años regresarán para ser bomberos voluntarios y así cumplir este sueño.

Pierina Correa y Vanessa Freire, cumplieron agenda de encuentro ciudadano en el cantón Vinces

informe coidada

Ecuador.— Desde tempranas horas de la mañana de este sábado 11 de enero del año 2020, el cantón Vinces en la provincia de Los Ríos, fue el sitio, donde cientos de ciudadanos se dieron cita en un populoso sector de la localidad, para acompañar a Correa & Freire y presenciar el #Enlace13 con el Ec. Rafael Correa Delgado desde Bélgica.

Posteriormente, luego de finalizado el enlace digital #13 del EC. Rafael Correa, la Arq. Pierina Correa, la Ing. Vanessa Freire, junto a la Sra. Normita Delgado, realizaron un encuentro ciudadano, lugar en el cual dieron a conocer temas del acontecer político nacional del movimiento al cual pertenecen y sobre la situación económica en que vive hoy el país y especialmente el sector agrícola ganadero de la zona.

Ciudadanos del sector y dirigentes delegados del movimiento FCS por la Revolución Ciudadana también fueron parte del segmento de participación ciudadana, en donde expusieron sus inquietudes y solicitaron que las mismas sean consideradas y las futuras acciones políticas del movimiento FCS.
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Fuente : A. D. N. Del Sur.

Las Naciones Unidas y la mujer

orange mundo

Las Naciones Unidas han apoyado los derechos de las mujeres ya desde la adopción de su Carta fundacional. Entre sus propósitos, la ONU declaró en el artículo 1 de su Carta «Realizar la cooperación internacional [...] en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer di
stinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión».
Durante el primer año de vida de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social fundó la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer como el principal organismo internacional para la creación de políticas dedicadas exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Entre sus primeros logros, se encontró asegurar el uso neutro de la lengua en cuanto al género para la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Las mujeres y los derechos humanos
La histórica Declaración, aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, reafirma que «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos» y que «toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, [...] nacimiento o cualquier otra condición».
A medida que el movimiento feminista internacional comenzó a ganar fuerza durante los años 70, la Asamblea General declaró 1975 como el Año Internacional de la Mujer y organizó la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en Ciudad de México. A instancias de esta Conferencia, se declaró posteriormente el 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985) y se creó el Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio.
En 1979, la Asamblea General aprobó la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que a menudo se describe como una Carta Internacional de Derechos Humanos para las mujeres. En sus 30 artículos, esta Convención define explícitamente la discriminación contra las mujeres y establece una hoja de ruta de acción nacional para poner fin a tal forma de discriminación. La Convención se centra en la cultura y la tradición como fuerzas influyentes que dan forma a los roles de género y a las relaciones familiares. Además, es el primer tratado de derechos humanos que ratifica los derechos reproductivos de las mujeres.
En 1980, cinco años después de la conferencia de Ciudad de México, se celebró una Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer en Copenhague. El Programa de Acción resultante requería la adopción de medidas nacionales más rigurosas para asegurar que las mujeres tuvieran la posesión y el control de la propiedad, así como mejoras en los derechos de estas con respecto a la herencia, la custodia de los hijos y la pérdida de la nacionalidad.
El nacimiento del feminismo mundial
En 1985, tuvo lugar en Nairobi la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. Se convocó en un momento en el que el movimiento por la igualdad de género finalmente había ganado verdadero reconocimiento mundial; al mismo tiempo, 15.000 representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) participaron en un Foro de ONG.
El acontecimiento fue descrito por muchos como «el nacimiento del feminismo a nivel mundial». Al darse cuenta de que los objetivos de la Conferencia de Ciudad de México no se habían alcanzado adecuadamente, los 157 gobiernos participantes aprobaron las Estrategias de Nairobi Orientadas hacia el Futuro para el año 2000. El documento sentó nuevas bases al declarar que todos los asuntos afectaban a las mujeres.
Conferencia de Beijing sobre la mujer
La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995 fue más allá de la de Nairobi. La Plataforma de Acción de Beijing reivindicó los derechos de la mujer como derechos humanos y se comprometió a llevar a cabo acciones específicas para asegurar el respeto de estos derechos.
Una Organización para las mujeres
El 2 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó unánimemente la creación de un único organismo de la ONU encargado de acelerar el progreso sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. La nueva entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, fusionó cuatro instituciones y organismos internacionales: el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), la División para el Adelanto de la Mujer (DAM), la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer.
Las mujeres y los ODS
Igualdad de género
Las Naciones Unidas centran ahora su labor de desarrollo a nivel mundial en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), creados recientemente. Las mujeres desarrollan un papel esencial en todos los ODS. Estos recogen numerosas metas que se centran en el reconocimiento de la igualdad y del empoderamiento de la mujer como un objetivo y como parte de la solución.
Al 
Objetivo 5, que busca «Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas», se lo conoce como un objetivo de género en sí mismo porque está dedicado a alcanzar estos fines. Es preciso contar con cambios profundos a nivel jurídico y legislativo para garantizar los derechos de las mujeres del mundo. Aunque 143 países, una cifra récord, habían garantizado la igualdad entre mujeres y hombres en sus constituciones en el año 2014, todavía quedaban 52 que no habían adoptado esta iniciativa.
Aún subsiste una marcada disparidad entre los géneros en la esfera jurídica y social. Pese a que se ha conseguido un cierto progreso a lo largo de las últimas décadas, las mujeres trabajadoras siguen ganando de media un 24% menos que los hombres a nivel mundial. En agosto de 2015, solo el 22% de todos los parlamentarios nacionales eran mujeres, lo que representa un ligero aumento frente al 11,3% del año 1995.
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) es el principal órgano internacional intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Esta Comisión desempeña una labor crucial en la promoción de los derechos de la mujer: documenta la realidad que viven las mujeres en todo el mundo y elabora normas internacionales en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.
Eliminación de la violencia contra la mujer
El sistema de las Naciones Unidas continúa prestando especial atención al problema de la violencia contra la mujer. En 1993, la Declaración de la Asamblea General sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer recogía «una definición clara y completa de la violencia contra la mujer, [y] una formulación clara de los derechos que han de aplicarse a fin de lograr la eliminación de la violencia contra la mujer en todas sus formas». Supuso «un compromiso por parte de los Estados de asumir sus responsabilidades, y un compromiso de la comunidad internacional para eliminar la violencia contra la mujer».
En septiembre de 2017, la Unión Europea y la ONU han unido fuerzas para lanzar la 
Iniciativa Spotlight. Una iniciativa global y plurianual orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
En la inauguración de esta campaña mundial plurianual, se refirió a este tipo de violencia como un asunto que «no puede esperar».
El 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra el 25 de noviembre.
Día de la mujer y otras celebraciones
El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada año el 8 de marzo. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió, a principios del siglo XX, a partir de las actividades de los movimientos obreros en América del Norte y en toda Europa. Se trata de un día que se celebra en muchos países del mundo y en el que se reconocen los logros de las mujeres sin tener en cuenta sus diferencias, sean estas nacionales, étnicas, lingüísticas, culturales, económicas o políticas.
Además de los mencionados Día internacional de la Mujer y Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ONU conmemora otros días internacionales dedicados a dar a conocer diferentes aspectos de la lucha por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El 6 de febrero se celebra el 
Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, el 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 19 de junio el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, el 23 de junio el Día Internacional de las Viudas, el 11 de octubre el Día Internacional de la Niña y el 15 de octubre el Día Internacional de las Mujeres Rurales
Lenguaje Inclusivo en cuanto al género
Dado que el lenguaje es uno de los factores clave que determinan las actitudes culturales y sociales, emplear un lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma sumamente importante de promover la igualdad de género y combatir los prejuicios de género.
Por “lenguaje inclusivo en cuanto al género” se entiende la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género. 
Estos 
recursos y orientaciones se han recopilado con la finalidad de ayudar al personal de las Naciones Unidas en el empleo de un lenguaje inclusivo en cuanto al género en todo tipo de situación comunicativa (oral o escrita, formal o informal) y sirven como punto de partida útil para cualquier persona.
Recursos

Fiscalización recibirá más de 15 pruebas de cargo en proceso de juicio político contra Diana Atamaint

mas pruebas

En la semana del 13 al 17 de diciembre, la Asamblea Nacional realizará diferentes procesos en materia legislativa y de fiscalización. Así, la Comisión que lleva adelante el juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, trabajará en jornadas extendidas desde el lunes 13 hasta el jueves 16 de enero, con el fin de recibir pruebas de cargo solicitadas por los interpelantes: Jeannine Cruz y Fernando Flores.
En este marco, el lunes 13 de enero, los comisionados recibirán pruebas de cargo de: Néstor Napoleón Marroquín, experto en sistemas informáticos; Pablo Bermeo, de Yasunidos;  Joffre Patricio Mendoza Palma, ex candidato a prefecto de la provincia de Los Ríos. El martes 14 de enero a los consejeros Enrique Pita; Luis Verdezoto, Esthela Acero y José Cabrera.
El miércoles 15 comparecerán Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral; Fausto Camacho, exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral; Mario Fonseca, presidente de la Confederación de Cabildo Ciudadano del Ecuador. Otros actores serían recibidos el jueves 16 de enero.
Trabajadores
La Comisión del Derecho de los Trabajadores, el miércoles 15 de enero, establecerá un cronograma para tratar el Código de Trabajo. Igualmente, retomará el trámite del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social para establecer una fórmula para el cálculo de las pensiones jubilares. La propuesta plantea que el cálculo de la pensión jubilar corresponda o sea igual al promedio de los cinco años de mejor sueldo o salario sobre los cuales se aportó.
Biodiversidad
La Comisión de Biodiversidad sesionará en la provincia de El Oro. El 15 de enero, a partir de las 09:00, se trasladarán al Salón de la Ciudad en el Palacio Municipal de Zaruma, con el fin de iniciar la fiscalización por la problemática que enfrentan los pobladores por el hundimiento que provoca la minería en el área urbana de Zaruma – Portovelo, afectando los bienes patrimoniales.
El jueves 16, los asambleístas se trasladarán al Salón de la Ciudad en el Palacio Municipal de Santa Rosa, para analizar la contaminación de los ríos Calaguro, Santa Rosa y Estero Medina, provocados por efectos de la explotación minera, especialmente en la zona de la comunidad Bella María. Esto ha provocado casos de cáncer en los pobladores debido a las trazas de arsénico peligrosas para la salud.
En estas sesiones de la Comisión estarán presentes autoridades competentes, con el objeto de establecer líneas de acción de trabajo conjunto.
Participación Ciudadana
El miércoles 15 de enero, la Comisión de Participación Ciudadana citó al rector de Ikiam, Jesús Ramos; así como autoridades del Consejo de Educación Superior para que informen sobre el manejo administrativo de esa institución de educación superior y algunas denuncias que han presentado varios docentes. El jueves 16 de enero, los comisionados proseguirán con el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Organizaciones Sociales que tiene como objetivo garantizar el derecho a la libertad de asociación, basado en los principios establecidos en la Constitución.
Justicia
Con el fin de elaborar el informe no vinculante del veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de reformas al Código de la Democracia, que contiene 18 observaciones, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado se reúne el miércoles 15 para conocer y votar dicho informe.
Régimen Económico
Dos proyectos avanzarán su análisis en la Comisión de Régimen Económico que sesionará en doble jornada el miércoles 15 de enero. Se trata de las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, a fin de elaborar el informe para segundo debate. En horas de la tarde harán un diagnóstico de los proyectos de reforma presentados en torno al Código Monetario y Financiero, con el fin de estructurar el informe para primer debate.
Soberanía Alimentaria
La Comisión de Soberanía Alimentaria alista el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Desarrollo del Sector Acuícola y Pesquero, con este objetivo, los comisionados sesionarán el martes 14 y miércoles 15 de enero.
Educación
Para estructurar el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Alimentación Escolar, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología solicitó la comparecencia de las principales autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies), del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope), del Ministerio de Educación; y, expertos en alimentación escolar. Estos actores darán sus aportes a la normativa legal.
Derechos Colectivos
La Comisión de Derechos Colectivos, el miércoles 15 de enero, revisará las observaciones que han llegado a la mesa legislativa sobre el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, en lo relacionado al abuso de los recursos públicos para publicidad, por parte del Estado. El proponente del proyecto, asambleísta Fernando Callejas, señaló que conviene evitar el excesivo gasto en la difusión, utilización de recursos públicos con fines políticos y electorales que desvirtúan el accionar de la función pública, por tanto, en su propuesta se prohíbe que dichos recursos sirvan para la promoción de imagen personal, voz y nombre de los servidores públicos.
Desarrollo Económico
En la mesa de Desarrollo Económico se debaten los proyectos de reformas a la Ley de Turismo y para elaborar el informe para segundo debate los comisionados remitieron el documento a la Ministra de Turismo,  se espera que presente sus observaciones. Continuará con el tratamiento del proyecto de Ley de Fomento de Movilidad Sostenible y Desarrollo de Electromovilidad que tiene como objetivo establecer un marco legal, económico y de difusión que promueva progresivamente sistemas de movilidad sostenible.
Salud
Los proyectos de reformas a la Ley del Deporte, Recreación y Educación Física, así como de Discapacidades, seguirán su tratamiento en la Comisión del Derecho a la Salud. También está prevista la comparecencia del Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien deberá explicar la falta de pagos a prestadores externos de salud y las acciones para solventar la falta de servicio.
Gobiernos Autónomos
La Comisión de Gobiernos Autónomos realizará una nueva mesa técnica para revisar las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). En esta reunión estarán presentes representantes del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), Consorcio de Gobierno Provinciales del Ecuador (Congope), Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y del Consejo Nacional de Competencias (CNC).
Así mismo, avocarán conocimiento del proyecto para la provisión de servicios de telecomunicaciones, principalmente en los sectores rurales del país; y, establecerán un cronograma de trabajo para el análisis del proyecto de reformas a la Ley de Vivienda.
Relaciones Internacionales
Para analizar la renuncia del Embajador de Ecuador en Estados Unidos, Francisco Carrión, el martes 14 de enero, la Comisión de Relaciones Internacionales recibirá al Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; de Relaciones Exteriores, José Valencia; y, a Francisco Carrión.  El miércoles 15 de enero, avanzará con el tratamiento del Código de Seguridad del Estado y las reformas a la Ley de Movilidad Humana.
Tránsito
El martes 14 de enero, desde las 07:00, la Comisión Ocasional de Tránsito avanzará con análisis y aprobación de articulados sobre las reformas a la Ley de Transporte Terrestre. Hasta el momento, la mesa legislativa tiene estudiado el 70 % de la ley y espera entregar el informe para segundo debate a mediados de febrero.
JLVN/cz

Instituciones de Estado presentarán ante el Pleno de la Asamblea informe anual de labores

informe entidades

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, convocó a los legisladores a la Sesión 649, el próximo martes 14 de enero, a las 10:00, con el fin de recibir, por parte de diversas entidades de Estado, su informe anual de labores, de conformidad con el Art. 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La normativa señala que los titulares de la Fiscalía General del Estado, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral, Defensoría Pública, Procuraduría General, Defensoría del Pueblo y cualquier otra autoridad determinada por la Ley, presentarán ante el Pleno de la Asamblea Nacional sus informes anuales de labores, en enero de cada año.
Además, la ley establece que el Pleno podrá designar una comisión especializada para que analice los informes presentados. Una vez que conozca el informe de la comisión, en un solo debate, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunciará sobre el informe presentado por la funcionaria o funcionario.
En su comparecencia, las autoridades detallarán las acciones realizadas durante su gestión en 2019.
SV

San Isidro de Sucre y Atahualpa de Pedernales recibieron obras de la Prefectura

san isidro

Más de 2 mil personas de comunidades de San Vicente y Sucre se benefician con las vías 9 de Octubre - El Cerro Arriba y 9 de Octubre - La Puntilla; de 3 y 2 kilómetros respectivamente, que fueron entregadas en San Isidro.
El prefecto Leonardo Orlando participó el viernes de un evento con los ciudadanos de esta parroquia de Sucre en la comunidad de 9 de Octubre. Allí destacó que esta y otras obras fueron posibles gracias a un trabajo coordinado con los gobiernos cantonal y parroquial.
En San Isidro también se ha realizado la intervención conjunta de vías como: Beldaco - Pechichal 4 km; San Francisco - Calada 3 km; 5 de junio - Pechiche Arriba 2 de 5 km; 5 de Junio - Juan Vásquez 1 km.
El viernes el prefecto Orlando también visitó la parroquia Atahualpa de Pedernales en sus festividades. Allí participó de la sesión solemne y luego realizó para la entrega de vías rehabilitadas: El Peralta – El Retiro de 1.6 kilómetros y El Palmar – El Retiro – “Y” de Tropezón de 8.6 km.
“En Atahualpa reaperturamos 156 kilómetros de caminos veraneros y esta parroquia será parte del Eje Vial Norte que integra a los cantones Pedernales, Sucre, Chone, Flavio Alfaro y El Carmen. Nuestra visión es conectar a las comunidades más aisladas”, expresó el prefecto en su intervención durante la sesión solemne de Atahualpa.

Miles de familias se benefician con sistema de riego en Calderón

calderon

“Nuestro corazón y nuestra mente está en el desarrollo de Manabí, pero sobre todo en los más humildes y vulnerables. Seguiremos haciendo mas proyectos que fomenten la producción”, expresó el prefecto Leonardo Orlando en el marco de la entrega del sistema de riego Florestal en Calderón de Portoviejo.
En esa parroquia se realizó este sábado el inicio de operaciones del sistema que beneficia directamente a 140 familias e indirectamente a miles en comunidades como Maconta en Medio, Quebrada Seca, Quebrada de Agua y otras. Autoridades locales, la viceprefecta Kelly Buenaventura y decenas de ciudadanos participaron del evento.
El sistema permite irrigar 147 productivas hectáreas y consta de una estación de bombeo, tuberías de impulsión y distribución, y un reservorio con 4.500 cúbicos de almacenamiento.
Pedro Navia, presidente del Gobierno Parroquial de Calderón, destacó el impulso productivo que dará el proyecto a la zona. “Siento alegría personal porque vengo de una familia del campo. Es hora de agradecerte Leonardo porque realmente es ahora donde se le está dando la oportunidad a quien nunca la tuvo”, resaltó.

Inauguración Sistema de Riego Florestal (11)Inauguración Sistema de Riego Florestal (8)

Estaciones de bombeo de aguas lluvias reciben mantenimiento para mejor operación en invierno

estacion bombeo

Las seis estaciones de bombeo de aguas lluvias reciben mantenimiento y son reparadas para que mejoren su operación en la inminente etapa invernal.
Se prevé que en 45 días estén habilitadas y en óptimas condiciones en el invierno, explicó Luis Chacón, gerente de la empresa Láser, contratada por la municipalidad.
En sí, se realiza la repotenciación de los tableros. El objetivo del alcalde Leonardo Rodríguez es poner a punto las mismas, y que el invierno no afecte mucho.

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: Auditoría recomienda al IESS constatar periódicamente vencimiento de medicamentos e insumos, para evitar pérdidas y desabastecimiento

contralo unidades

Hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social presentan irregularidades en la adquisición de medicamentos, dispositivos e insumos médicos. Además, se identificaron productos caducados y deterioro de fármacos por ruptura de cadena de frío.
La Contraloría General del Estado examinó el cumplimiento de la normativa vigente en los procesos de adquisición de medicamentos e insumos médicos en 31 unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. Como parte de la auditoría, también se verificó la validez de la documentación que sustenta la recepción, distribución y utilización de los productos en las bodegas de los hospitales del IESS, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018.
En total, el equipo de control analizó existencias por USD 24’888.228,73. El informe No. 
DNA7-0040-2019 señala que en 16 casas de salud (entre las cuales constan los hospitales Carlos Andrade Marín, Teodoro Maldonado Carbo y José Carrasco Arteaga) no se realizaron los trámites de canje de 334.879 medicamentos caducados, cuyo costo asciende a USD 1’536.060,56.
También se identificaron 834.926 insumos y dispositivos médicos caducados. Los productos debían destinarse a tratamientos oncológicos, cardiológicos, úlceras gástricas y duodenales, VIH y SIDA, entre otros. Su costo en el mercado suma USD 14’570.715,39.
En 10 unidades médicas la falta de constataciones físicas originó faltantes en las bodegas. Las pérdidas se establecieron en 146.033 fármacos por USD 131.119,27 y 338.808 unidades de insumos y dispositivos médicos por USD 5’119.858,86, elementos necesarios para tratar dolencias como hiperplasia prostática, traumatología, anestesiología, urología y odontología.
Por otro lado, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo los medicamentos almacenados en la cámara de frío se deterioraron, debido a que no se observó el buen uso y adecuado funcionamiento de los equipos e instalaciones. Tampoco se aplicaron procedimientos para precautelar la vida útil de 41.669 unidades de medicamentos para pacientes que requieren tratamientos cardiológicos, oncológicos, hiperglucemia, esclerosis múltiple, glaucoma, anemia, etc. Las pérdidas para el hospital suman USD 3’210.101,55
Finalmente, no se efectuaron estudios o informes en los cuales se definan las cantidades reales requeridas de medicamentos. Esto originó el dispendio de recursos, puesto que 312.887 unidades por USD 318.921,08 no fueron utilizadas.
Ante estas irregularidades y con el fin de mejorar la administración de los recursos públicos, la Contraloría dispuso a las autoridades de los hospitales y unidades médicas del IESS que verifiquen las fechas de vencimiento de medicamentos e insumos, para solicitar el canje a los proveedores. 
Deberán conformarse comisiones que efectúen constataciones físicas periódicas -al menos una vez al año-, para determinar los posibles faltantes en bodegas y realizar su reposición. El organismo de control requirió a la Coordinación General Administrativa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo que establezca un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipos de la cámara de frío, a fin de garantizar la conservación de los medicamentos.  
Además, los requerimientos de medicamentos, insumos y dispositivos médicos contarán con sustentos técnicos del cálculo de cantidades. Así, las adquisiciones responderán a necesidades reales, optimizando el uso de los recursos del Seguro Social.

contraloria examina

A continuación, se muestran en detalle los resultados de la auditoría por cada casa de salud:

En síntesis: casas de salud examinadas


cotraloria dos


Medicamentos e insumos médicos caducados


medica caducados


Medicamentos, insumos y dispositivos médicos no disponibles para tratamientos


no disponibles

Cantidades adquiridas no justificadas en el Hospital Carlos Andrade Marín
Se adquirieron 312.887 unidades de medicamentos por USD 318.921,08, sin contar con estudios que justifiquen las cantidades. La ausencia de criterios técnicos ocasionó que, hasta la fecha de corte del examen, los fármacos no sean utilizados por los pacientes, según el siguiente detalle:

andrade marin




MSP y Cruz Roja renovaron convenio de cooperación interinstitucional para garantizar la provisión sanguínea

convenio cruz

Con el afán de asegurar la salud integral de los ecuatorianos, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Cruz Roja Ecuatoriana firmaron el convenio de cooperación Interinstitucional, con el objetivo de garantizar la provisión de componentes sanguíneos para beneficio de los pacientes que utilizan los establecimientos de salud en todo el país.
La provisión permanente de componentes sanguinos consta en la Ley Orgánica de Salud, donde los artículos 6 y 70 definen la responsabilidad de esta cartera de Estado de regular, controlar y distribuir de manera correcta la sangre segura con sus respectivos componentes a todos los ciudadanos.
En tal virtud, la ministra Catalina Andramuño y la presidenta Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana, Victoria Albán Torres renovaron el convenio por dos años más, donde el MSP invierte USD 11 millones.
Antes de estampar la firma, la máxima autoridad de salud destacó el trabajo conjunto con la Cruz Roja. “Para el MSP y el Gobierno Nacional es una prioridad el aprovisionamiento de componentes sanguíneos, así garantizamos la dotación oportuna y de calidad de la sangre”, aseguró.
De esta manera, la institución doblega esfuerzos para continuar entregando una atención de calidad, en las 24 provincias del país.

Cambio climático: una carrera que podemos ganar

cambio climatico1

Los gases de efecto invernadero (GEI) se producen de manera natural y son esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de millones de otros seres vivos ya que, al impedir que parte del calor del sol se propague hacia el espacio, hacen la Tierra habitable. Pero después de más de un siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura a gran escala, las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado en niveles nunca antes vistos en tres millones de años. A medida que la población, las economías y el nivel de vida crecen, también lo hace el nivel acumulado de emisiones de ese tipo de gases.
El Informe proporciona una evaluación exhaustiva del aumento del nivel del mar y sus causas a lo largo de las últimas décadas. También calcula las emisiones acumuladas de CO2 desde la época preindustrial y ofrece una estimación sobre futuras emisiones de CO2 con el objetivo de limitar el calentamiento a menos de 2 ˚C. En 2011, ya se había emitido aproximadamente la mitad de esta cantidad límite. El informe encontró que:

  • • De 1880 a 2012 la temperatura media mundial aumentó 0,85 °C.

  • • Los océanos se han calentado, las cantidades de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar ha subido. De 1901 a 2010, el nivel medio mundial del mar ascendió 19 cm, ya que los océanos se expandieron debido al hielo derretido por el calentamiento. La extensión del hielo marino en el Ártico ha disminuido en cada década desde 1979, con una pérdida de 1,07 × 106 km2 de hielo cada diez años.

  • •  

  • • Debido a la concentración actual y a las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que el final de este siglo la temperatura media mundial continúe creciendo por encima del nivel preindustrial. Así, los océanos se calentarán y el deshielo continuará. Se estima que el aumento del nivel medio del mar será de entre 24 y 30 centímetros para 2065 y de 40 a 63 centímetros para 2100 en relación al periodo de referencia de 1986-2005. La mayoría de los efectos del cambio climático persistirán durante muchos siglos, incluso si se detienen las emisiones.

Existen pruebas alarmantes de que se pueden haber alcanzado o sobrepasado puntos de inflexión que darían lugar a cambios irreversibles en importantes ecosistemas y en el sistema climático del planeta. Ecosistemas tan diversos como la selva amazónica y la tundra antártica pueden estar llegando a umbrales de cambio drástico debido al calentamiento y a la pérdida de humedad. Los glaciares de montaña se encuentran en alarmante retroceso y los efectos producidos por el abastecimiento reducido de agua en los meses más secos tendrán repercusiones sobre varias generaciones.
Calentamiento global de 1,5ºC
En octubre de 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó un informe especial sobre los impactos del calentamiento global a 1,5°C, encontrando que limitar el calentamiento global a este nivel requerirá cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad, según mencionó el IPCC en su nueva evaluación. Con ventajas claras para la gente y ecosistemas naturales, el informe encontró que la limitación del calentamiento global a 1.5ºC comparado con 2ºC podría ir de la mano con el compromiso de asegurar una sociedad más sostenible y equitativa. Mientras estimaciones previas se enfocan en determinar el daño que se ocasionaría si la temperatura media llegara a los 2°C, este informe establece que muchos de los impactos adversos del cambio climático se producirían ya en los 1,5°C.
Además, el informe destaca una serie de impactos del cambio climático que podrían evitarse si la marca de calentamiento global máxima se establece en 1,5ºC en lugar de 2ºC o más. Por ejemplo, para 2100, el aumento del nivel del mar mundial sería 10 cm más bajo con un calentamiento global de 1,5°C. Las probabilidades de tener un Océano Ártico sin hielo durante el verano disminuirá a una vez por siglo con el máximo en 1,5ºC, en lugar de una vez por década, si la marca se establece en los 2ºC. Los arrecifes de coral disminuirían entre un 70 y 90 por ciento con un calentamiento global de 1,5 ° C, mientras que con 2ºC, se perderían prácticamente todos (99 por ciento).
El informe expone que limitar el calentamiento global a 1,5°C requeriría transiciones "rápidas y de gran calado" en la tierra, la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades. Las emisiones netas mundiales de dióxido de carbono (CO2)  de origen humano tendrían que reducirse en un 45 por ciento para 2030 con respecto a los niveles de 2010, y seguir disminuyendo hasta alcanzar el "cero neto" aproximadamente en 2050. Esto significa que se debería compensar cualquier emisión remanente eliminando el CO2 de la atmósfera.
Los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
El sistema de las Naciones Unidas está a la vanguardia de los esfuerzos para salvar nuestro planeta. En 1992, la Cumbre para la Tierra dio lugar a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como primer paso para afrontar el problema. Hoy en día cuenta con una composición casi universal. Un total de 197 países han ratificado la Convención, convirtiéndose en Partes de la misma. El objetivo final de la Convención es prevenir una interferencia humana "peligrosa" con el sistema climático.
Protocolo de Kyoto
En 1995 los países iniciaron las negociaciones para fortalecer la respuesta mundial al cambio climático y, dos años después, adoptaron el Protocolo de Kyoto. Este obliga jurídicamente a los países desarrollados que son Parte a cumplir unas metas de reducción de las emisiones. El primer período de compromiso del Protocolo comenzó en 2008 y finalizó en 2012. El segundo período de compromiso empezó el 1 de enero de 2013 y terminará en 2020. Hoy en día hay 197 Partes en la Convención y 192 en el Protocolo de Kyoto.
Acuerdo de París
En la 21ª Conferencia en Parísel 2015, las Partes en la CMNUCC alcanzaron un acuerdo histórico con el objetivo de combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones y las inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. El Acuerdo de París se basa en la Convención y, por primera vez, agrupa a todas las naciones bajo una causa común: realizar ambiciosos esfuerzos con el objetivo de combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, con mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo a que lo hagan. De esta manera, define un nuevo camino en el esfuerzo climático a nivel mundial.
El principal objetivo del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2 ˚C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir con los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 ˚C.
En el Día de la Tierra, el 22 de abril de 2016, 175 líderes mundiales firmaron el Acuerdo de París en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Este fue, con diferencia, el acuerdo internacional que más países firmaron en un solo día. Otros también lo han firmado desde entonces. Actualmente hay 184 países que se han sumado al Acuerdo de París.
Cumbre del clima 2019
El 23 de septiembre de 2019, el Secretario General António Guterres convocó a los Estados Miembros a que participaran en la cumbre sobre el clima donde se reunieron los líderes del mundo, el sector privado y la sociedad civil con la finalidad de respaldar el proceso multilateral e incrementar y acelerar la acción climática. Para dirigir los preparativos de la Cumbre sobre Cambio Climático 2019 el Secretario General nombró a Luis Alfonso de Alba, ex diplomático mexicano, como su Enviado Especial. La Cumbre se enfocó en sectores clave donde la acción puede generar una mayor diferencia —industria pesada, soluciones ecológicas, ciudades, energía, resilencia y finanzas para el cambio climático. Los líderes del mundo informaron acerca de las acciones que están llevando a cabo, y qué propuestas darán para la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima en 2020, donde se renovarán y aumentarán los compromisos. Al cierre de la Cumbre, el Secretario General animó encarecidamente a “aprovechar el impulso, la cooperación y la ambición, ya que todavía tenemos un largo camino por recorrer. Se necesita mucho más para neutralizar las emisiones de carbono para 2050 y limitar el calentamiento global a 1,5 ºC para finales de siglo. Necesitamos más planes concretos, más ambición, más países y más negocios. Necesitamos que todas las instituciones financieras, públicas y privadas, elijan de una vez por todas, la economía verde”.
Premio Nobel de la Paz
En 2007, el Premio Nobel de la Paz se concedió de manera conjunta al ex-Vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, y al IPCC «por sus esfuerzos para construir y difundir más conocimientos sobre el cambio climático provocado por el hombre y sentar las bases de las medidas que se necesitan para contrarrestar ese cambio».
Recursos:
Video:
En un discurso en la ONU, el Secretario General, António Guterres, advirtió de la peligrosa amenaza que representa el cambio climático y señaló los enormes beneficios que la acción climática generará. Ha pedido a los líderes de todo el mundo que afronten este reto y se mostró esperanzado de que los jóvenes de hoy serán la guía hacia un nuevo futuro más ecológico.

CPCCS fortalecerá su trabajo con gobiernos locales

cosejo gads

Con el fin de fortalecer el trabajo conjunto con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, aprobó la suscripción de tres convenios interinstitucionales con los GAD municipales de Tulcán, San Pedro de Huaca y Montúfar.
El presidente del CPCCS, Christian Cruz, destacó la importancia de trabajar con los gobiernos locales y la decisión de las autoridades del organismo de intensificar esta labor. “Incluso si el Ministerio de Finanzas no entrega los recursos necesarios, los consejeros del CPCCS autofinanciaremos las gestiones que se necesitan en las provincias para fortalecer la participación de la ciudadanía en la gestión pública” aseveró.
El objetivo de los convenios es establecer compromisos para fortalecer la democracia y transparencia de la gestión pública, implementando políticas, instrumentos, mecanismos de participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
En ese sentido, se implementarán mecanismos para la institucionalización de prácticas transparentes de gestión, se desarrollarán procesos de formación y capacitación a los servidores públicos así como a la ciudadanía, para la promoción de una cultura de participación, ética pública y transparencia basada en el ejercicio de derechos y responsabilidades.

Campesinos piden tener representación en el Consejo Directivo del Iess

campesinos iess

Más de 500 campesinos, representados en la Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino - Coordinadora Nacional Campesina (Confeunassce-CNC), llegaron hasta la Asamblea Nacional para presentar su propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Social, cuyo propósito es concretar y efectivizar sus derechos.
Aspectos como, tener representación en la integración de la Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess), la incorporación de nuevos afiliados y beneficiarios de acuerdo a la demanda de los campesinos y pescadores; importancia de la mujer en el sector agrícola; derechos a las prestaciones que ofrece la seguridad social; combate a la corrupción en el sector campesino, son entre otros, sus planteamientos.
Esta delegación fue reciba por la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, Karina Arteaga Muñoz, quien dijo estar consciente de que la seguridad social necesita cambios urgentes y que estos garanticen calidad en sus prestaciones, con proyecciones sostenibles en el tiempo. A decir de la legisladora, el tratamiento de estas propuestas constituyen una prioridad en la comisión legislativa.
También informó que asuntos como la conformación del directorio del Iess, los fondos provisionales, y la forma de cálculo de las pensiones jubilares son temas que se debaten dentro de las reformas. Al mismo tiempo, afirmó que cada una de las propuestas receptadas en este encuentro, serán analizados y tratados con celeridad en el pleno de la Comisión. Por último, aseveró que continuarán, en un proceso sostenido, impulsado por trabajadores y afiliados, como instrumento para conseguir las metas propuestas.
Por su lado, el presidente de la Confeunassce, Rómulo Quimis Pincay, habló de la importancia del Seguro Social Campesino, como parte del desarrollo del país. “Nos reivindicamos con los incrementos de la pensión jubilar, lo que hemos ganado ha sido a través de toda una vida de entrega y sacrificio en el campo; producimos y abastecemos los mercados; contribuimos al desarrollo y a la economía y alimentación”, señaló.
Yrma Domiguez, representante de las mujeres rurales de la Confeunassce, tras reafirmar la importancia de la agricultura familiar campesina e indígena de base agroecológica, enfatizó que el Seguro Campesino debe favorecer a todas las personas inmersas en la agricultura y pesca artesanal, y no solo a los que realizan estas actividades en las zonas rurales. Dijo que con ello se asegurará de que las mujeres y jóvenes tengan el acceso a la tierra y al agua, garantizando la recuperación de los territorios por parte de los pueblos originarios y afrodescendientes.
Reiteró su pedido para que se proteja a la familia contra la contingencia en la vejez, invalidez, montepío, muerte; y que esta garantice la jubilación para ambos cónyuges. Detalló que la incorporación de nuevos afiliados y beneficiarios debe ser de acuerdo a la demanda de los campesinos y pescadores artesanales mediante la planificación de la institución del Seguro Social Campesino.
De su lado, Luis Pilaló, presidente de la Federación Única de los Afiliados al Seguro Social Campesino (Feunassc), planteó que se establezcan disposiciones para combatir actos de corrupción. Pedro Panchala, presidente de la Confeunasece - CNC, recalcó la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Social para que el Consejo Directivo de Iess se integre con representantes de cada gremio campesino, quienes darán a conocer sus necesidades.
RSA/ea
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Reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública avanzará su trámite

ley contrata

A fin de elaborar el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Comisión de Régimen Económico, inició con el estudio de las observaciones planteadas dentro del primer debate en el Pleno y las que han ingresado en la mesa legislativa. La Comisión se reunirá el próximo miércoles 15 de enero con este propósito.
En horas de la tarde, los comisionados harán un diagnóstico de los proyectos de reforma presentados en torno al Código Monetario y Financiero, con el fin de estructurar el informe para primer debate.
Contratación Pública
Las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública están orientadas a enfrentar posibles actos de corrupción en los procesos que afecten al Estado. Así también, fomentan la transparencia en la gestión pública, garantiza la calidad del gasto público, mejorará la simplificación y adecuación de los procesos para alcanzar concurrencia y agilidad, garantiza mayor seguridad jurídica y reduce la discrecionalidad, subrayó Daniel Mendoza, presidente de la Comisión. Estas declaraciones las realizó durante el primer debate en el Pleno, el pasado 26 de septiembre de 2019.
Mendoza precisó que el país necesita fortalecer la capacidad institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), a fin de establecer los procesos de manera oportuna, técnica y tecnológica. Indicó que es importante realizar un seguimiento riguroso para identificar y evitar vínculos perniciosos entre los actores de la contratación. Finalmente, enfatizó en la importancia de recuperar la naturaleza del Régimen Especial como procedimiento de compras públicas.
Reformas Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar
Por otra parte, la Comisión avocó conocimiento del proyecto de reformas a la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar, de iniciativa de los legisladores Franco Romero, Patricia Henríquez y Mercedes Serrano. Esta propuesta fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y está orientada a la actualización de la norma ya que se cita instituciones públicas que han perdido sus funciones o competencias y en otros casos ya no existen.
De esta manera se propone incrementar el porcentaje de los ingresos totales de forma técnica, equitativa y ponderada, como señala el artículo 1 de la Ley.
Sobre este particular, la propuesta establece que la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, el 15 de diciembre de cada año, hará conocer su presupuesto general, en el cual se anexarán las cédulas de ejecución de gastos e ingresos a detalle dentro del ítem presupuestario del programa institucional enviado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Con este elemento, se prevé que el 50 % de los ingresos totales de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar sean transferidos directamente, en partes iguales, y liquidados trimestralmente a favor del GAD de Machala y del Gobierno Provincial de El Oro.
También, se determina que los recursos se destinarán a obras y servicios públicos de acuerdo al plan de desarrollo económico y productivo de la parroquia urbana de Puerto Bolívar; mientras que el GAD Municipal de Machala invertirá en obras y servicios de establecidos en la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
En la propuesta legal, se clarifica que dichos recursos entregados al GAD no podrán ser destinados a gasto corriente o para financiar obras y servicios que no sean exclusivamente de la parroquia urbana de Puerto Bolívar.  
JLVN/ea
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Grupo Parlamentario aprueba informe y plantea reformas a la Ley de Desarrollo Fronterizo

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El Grupo Parlamentario que atiende temas de frontera presentó y aprobó el informe de cumplimiento de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. Durante la exposición, la asambleísta Silvia Salgado, titular de la mesa, dio cuenta de los avances, conclusiones y recomendaciones para la implementación de la ley y su reforma, conforme a lo establecido en la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional aprobada el 30 de julio de 2019.
En su intervención, mencionó que durante las sesiones de trabajo el ente parlamentario recibió a siete ministros de Estado, ocho delegados ministeriales, dos secretarías, tres direcciones nacionales y una agencia nacional, quienes explicaron las labores realizadas en zonas de frontera.
Conclusiones
El grupo estableció 13 conclusiones, entre ellas: que no existe un plan de inversiones ni evaluación de las políticas que se aplican en la zona; además, que la política pública en frontera no es planificada ni articulada desde el Gobierno Central con los gobiernos locales; tampoco existe articulación de La Ley de Desarrollo Fronterizo con otras normas conexas como el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), Código de la Producción, Ley de Fomento Productivo y Ley Amazónica.
Otra conclusión fue que no se contempla la vulneración a los derechos humanos y territoriales de la frontera para desarrollar lineamientos de un modelo económico fronterizo, y no se prioriza los recursos de cooperación en todo el cordón de frontera.
Recomendaciones
El ente legislativo recomendó que la Asamblea Nacional y las asociaciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) impulsen un proceso de socialización de la Ley. Así también se propuso que el Parlamento priorice una reforma integral y participativa de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, en ese marco, sugirieron que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) disponga que una Comisión Especializada Permanente o una Comisión Ocasional haga seguimiento de las conclusiones y recomendaciones del presente informe.
Se planteó reformar el objeto, fin y objetivos de la ley, incluyendo un enfoque preferencial, intercultural, transfronterizo, ruralidad, de género, diversidad y derechos humanos. Además, que la ley garantice mayor eficacia para el funcionamiento de comités nacionales y territoriales de frontera; que la Secretaria Técnica Planifica Ecuador sea el órgano rector encargado de velar por planes, programas, políticas y recursos preferenciales; y que la Asamblea Nacional mantenga su rol de control político para el cumplimiento del presupuesto y políticas fronterizas.
“Proponemos impulsar un proceso de reforma a la ley que escuche y recoja las voces de todos los actores y se aplique de manera efectiva”, expresó la asambleísta Salgado.
SV/ea


Asambleístas sustentaron pruebas de cargo contra Presidenta del Consejo Nacional Electoral

pruebas cne

Los asambleístas Fernando Flores y Jeannine Cruz, interpelantes de Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), sustentaron ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Johanna Cedeño Zambrano, las pruebas con las cuales demostrarían el incumplimiento de funciones de la máxima autoridad del organismo electoral.
El incumplimiento de funciones, según Fernando Flores, se evidencia en cuatro actuaciones de Diana Atamaint: la serie de irregularidades del proceso electoral seccional en Los Ríos; la falta de convocatoria a las organizaciones políticas para ejercer la auditoría en las diferentes etapas del proceso electoral; la negación del derecho de participación al grupo Yasunidos; y, la inacción frente a las denuncias sobre las actuaciones irregulares del exdirector de procesos electorales, Luis Loyo.
Flores explicó que, en los Ríos, el exdirector de la delegación provincial, Luis Páez, clausuró de manera ilegal la audiencia de escrutinios, sin dar paso a las demandas de las organizaciones políticas que participaron en las elecciones de 2019. Luego, el CNE cesó en funciones al director y al secretario de dicha delegación y nombró en su reemplazo a Xavier Márquez, quien reinstala la sesión de escrutinios.
Consecuentemente, la presidenta Atamaint puso en conocimiento del Pleno del Consejo una impugnación y sorprendió a los consejeros, quienes votaron a favor. Después, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió la apelación y sancionó a Atamaint por haber dado paso a la referida impugnación, por lo cual ordenó que la Junta Provincial de Los Ríos reinstale la audiencia de escrutinio en Quito.
Otro incumplimiento sustentado por Flores se relaciona con la falta de convocatoria a las organizaciones políticas para ejercer auditoría a los procesos electorales. Era una obligación de la presidenta del CNE incluir en el orden del día que se establezca el respectivo Plan, para que se ejecuten las veedurías y garantizar la transparencia de las elecciones.
De su lado, Jeannine Cruz subrayó que Atamaint incumplió con la Ley al negarle el ejercicio de derecho de participación al colectivo Yasunidos, pese al pedido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio para que dé paso a la iniciativa popular de una consulta sobre el Yasuní.
Igualmente, dijo que Diana Atamaint, pese a dos denuncias que presentaron por escrito los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto, jamás dispuso la investigación o que se proceda a verificar la actuación de quien fuera director de procesos electorales, Luis Tarquino Loyo. Es más, cuando se le consulta en entrevistas sobre este tema, luego que este ciudadano fue detenido en el operativo Emperador, acusado de tráfico de influencias, Diana Atamaint dice que se le debe reconocer el derecho a la presunción de inocencia.
Los interpelantes pidieron que la Comisión de Fiscalización emita un informe contundente y veraz, de acuerdo con los argumentos presentados.
EG/cz
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Se realizó la adjudicación de obras para seis cantones

puentes adju

En un acto público se realizó la entrega de resoluciones de adjudicación para la construcción de seis puentes de hormigón armado, un puente metálico, trabajos de mantenimiento vial y obras de drenaje para Chone, San Vicente, Flavio Alfaro, Santa Ana, Montecristi y 24 de Mayo.
Del evento participaron el prefecto Leonardo Orlando, la vice-prefecta Kelly Buenaventura, alcaldes, presidentes de gobierno parroquiales, así como los contratistas que ejecutarán los trabajos.
“Este día es un hito histórico para decenas de comunidades que se benefician con estas obras. Son puentes que unen sueños y esperanzas para aquellos que estaban incomunicados ¡Estamos construyendo juntos la revolución vial más grande de Manabí!”, expresó el prefecto Leonardo Orlando.
En su intervención la vice-prefecta Kelly Buenaventura pidió a los contratistas hagan las obras con amor pero sobre todo con calidad. Les digo a mis hermanos campesinos que aquí está el Gobierno Provincial y que vamos a estar trabajando siempre por el campo.
En el evento se destacó la amplia y transparente participación de los constructores. En el caso de los seis puentes y las obras de drenaje, se recibieron 161 ofertas que evidencian la confianza de los proveedores en la administración provincial.
 

Detalles de las obras:


Seis puentes de hormigón y un contrato para obras de drenaje se financian mediante un crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) por más de 3 millones de dólares que en total implican la construcción de 13 puentes y una obra de drenaje.
  1. 1.  Puente sobre El Estero

Cangrejo, Sitio Muchique 1, parroquia Eloy Alfaro (Chone) $268,187.73

  1. 2. Puente sobre el Río
Muchacho, parroquia Canoa (San Vicente) $281,561.02
  1. 3. Puente sobre el Río Mata Plátano, vía Río Plátano - Las Lozas - La Segua (Santa Ana)  $291,038.89
  2. 4. Puente sobre El Río Monse, vía Chibunga-Barbudal, parroquia Chibunga (Chone)  $265,722.23
  3. 5. Puente sobre el Río Mongolla, sitio Hojas Blancas, parroquia Novillo (Flavio Alfaro) $287,159.79
  4. 6. Puente sobre El Río Bravo, comuna Bajo de La Palma (Montecristi) $461,378.45
  5. 7. Obras drenajes para la vía Bonce Afuera - Bonce Adentro de la parroquia La Unión (Santa Ana) $310,041.31

Obras adjudicadas con recursos propios:

  • Puente metálico sobre el estero San Pablo en el sector de Zapote, en el límite de las parroquias

Eloy Alfaro de Chone y Zapallo de Flavio Alfaro. $32.645,71

  • Mantenimiento en la vía que une Sucre de 24 de  Mayo- Noboa - El Encuentro - Sixto Durán Ballén

- Las Mercedes. $333.268,14

La gente puede consultar cuánto es su aporte con Chone mientras camina por la ciudad

gad choconsultas

Los chonenses tienen otra alternativa para consultar los valores a pagar para aportar con Chone. Son dos puntos de atención en la ciudad: uno en la esquina de las calles Bolívar y Atahualpa, y otro en Santa Rita. 
En estos espacios los ciudadanos acuden y con el número de cédula o RUC, el personal municipal al instante le entrega la información requerida. 
Otras opciones son la averiguación directa en la municipalidad, mediante una aplicación online y las redes sociales.

Riego llega a comunidades de Calderón en Portoviejo

prefectovriego

140 familias de las comunidades Maconta en Medio, Quebrada Seca y Quebrada del Agua, pertenecientes a la parroquia Calderón de Portoviejo, se benefician con el Sistema de Riego “Florestal” construido por el Gobierno de Manabí.
Este proyecto, que incluye la distribución en toma parcelaria e irriga 147 productivas hectáreas, será entregado a la comunidad este sábado 11 de enero, a las 15h00, en un acto a realizarse en la Casa Comunal de Maconta, con la presencia del prefecto Leonardo Orlando.
El sistema consta de 142 tomas parcelarias; 2,40 kilómetros de tuberías de impulsión; y 10,77 kilómetros de tuberías de distribución. Además funciona con una estación de bombeo que mediante dos bombas de impulsión de 125 HP con capacidad de  40 litros por segundo, llena un reservorio ubicado en una zona alta con un almacenamiento de 4 mil 500 metros cúbicos.
“Aquí en Maconta estamos muy felices porque ya tendremos agua para riego durante todo el año, gracias al prefecto Leonardo Orlando. La gente de Florestal está agradecida con esta gran obra”, señaló Ángel Miguel Bazurto, agricultor del sitio Maconta de Calderón, cantón Portoviejo.

Vecinos satisfechos, y sin lodo, por mejoramiento de vía

barrios chone

“Están muy bien los trabajos. Antes vivíamos en el lodo. No había empedrado. Ahora la situación mejorará”, afirmó Jorge Solórzano sobre el mejoramiento de la vía principal de Dos Bocas, Egdy María y otros sectores.
Aseguró que lleva tres años viviendo en la ciudadela Egdy María. “El Alcalde está cumpliendo su compromiso de mejorar la vía y eso nos deja muy contentos”, refirió además de proyectar la aspiración de que el servicio de buses urbanos se amplíe al sector.
Javier Zambrano, vendedor de helados, también calificó como positiva la acción municipal. “En mi carrito (triciclo) se me dificultaba transitar por estos sectores, pero ahora se observa muchísimo mejor la vía”, argumentó.
Los trabajos forman parte de la planificación de la dirección municipal de Obras Públicas y se extenderá hacia otros sectores de la ciudad.

Seis puentes y una obra de drenaje unirán comunidades en Manabí

seis puentes

Seis puentes de hormigón armado y una obra de drenaje, se construirán en los cantones Chone, San Vicente, Flavio Alfaro, Santa Ana y Montecristi,  generando desarrollo y mejorando vidas en el sector rural de Manabí.
Estas siete obras serán adjudicadas mediante acto público, este jueves 09 de enero del 2020, en el salón de actos del Gobierno de Manabí, a las 11h00; y contará con la presencia del Prefecto, Leonardo Orlando.
Estos trabajos se financian mediante un crédito del Banco de Desarrollo del
Ecuador (BDE) por un total de 3 millones 215 mil 405 dólares para la construcción de 13 puentes y una obra de drenaje.
Los otros seis puentes ya fueron contratados y se encuentran actualmente en construcción con un avance global que supera el 30 por ciento.
Detalle de los puentes y obra de drenaje:















Construcción del puente sobre El Estero Cangrejo, ubicado en el Sitio Muchique 1 de la parroquia Eloy Alfaro del cantón Chone$268,187.73
Construcción de puente de hormigón armado sobre El Río Muchacho, ubicado en El Río Muchacho de la parroquia Canoa del cantón San Vicente
$281,561.02
Construcción de puente de hormigón armado sobre el Río Mata Plátano, en la vía Río Plátano - Las Lozas - La Segua, cantón Santa Ana $291,038.89
Construcción de puente de hormigón armado sobre El Río Monse, ubicado en La vía Chibunga-Barbudal de la parroquia Chibunga, cantón Chone$265,722.23
Construcción de puente de hormigón armado, sobre Río Mongolla, ubicado en el sitio Hojas Blancas, perteneciente a la parroquia Novillo, del cantón Flavio Alfaro
$287,159.79
Construcción de obras de drenajes para la vía Bonce Afuera, Bonce Adentro de la parroquia La Unión del cantón Santa Ana$310,041.31
Construcción de puente de hormigón armado sobre El Río Bravo ubicado en la comuna Río Bravo, comuna Bajo de La Palma del cantón Montecristi$461,378.45
 

Hay Invitación:

Invitación acto de adjudicaciones para construcción de 6 puentes y 1 obra de drenaje

Cifras de inclusión financiera están ahora en la plataforma BI del Banco Central

cifras inclusion

A diciembre de 2018, 61 de cada cien ecuatorianos adultos tenían acceso a productos y servicios financieros. Esto corresponde a 6,8 millones de adultos incluidos en el sistema financiero nacional, de los cuales 3,7 millones son hombres y 3,1 millones son mujeres.
Estos datos de inclusión financiera son parte de la información que desde el 3 de enero de 2019 se presenta en la plataforma Business Intelligence (BI), misma que se encuentra en el Micrositio de Información Económica de la página web del Banco Central del Ecuador (BCE).
El enlace de acceso a este sitio es:  
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Administracion/bi_menuInclusionFinanciera.html.
La información de inclusión financiera disponible tiene datos y cifras anuales (2015 – 2018) y trimestrales (2016 – 2018), y se elabora sobre la base de los datos remitidos por los sistemas financieros privado, público y popular y solidario, mismos que permiten conocer el estado de la inclusión y profundización financiera con el siguiente detalle:

  • A escala nacional.

  • A escala provincial.

  • A escala cantonal.

  • Desagregado por sexo.

  • Desagregado por grupos de edad.

  • Sobre empresas que acceden al sistema financiero nacional.

De esta manera, el Banco Central del Ecuador publica información sobre inclusión financiera en un ambiente estadístico más dinámico, donde el usuario puede realizar cruce de variables, comparaciones, descarga de información, entre otras opciones.
Esta información contribuirá al desarrollo de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, liderada por el Banco Central del Ecuador, así como al diseño e implementación de políticas públicas en el sector.

Pendiente resultado de audiencia de juzgamiento en contra de María Alejandra V., por presunto delito de concusión

rersultadito pendiente

En el tercer día de audiencia de juzgamiento, la Fiscalía General del Estado solicitó al Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, que María Alejandra V., exvicepresidenta de la República, sea sentenciada como autora directa del delito de concusión.
Además, pidió al Tribunal que la sentencia contemple una reparación integral, la respectiva multa y que el fallo sea publicado en un medio de comunicación nacional y en los medios de comunicación de la Asamblea Nacional.
La tarde de este 8 de enero, las sujetos procesales presentaron los alegatos de clausura. En su intervención, el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, expresó que -a través de las pruebas presentadas- se demostró que la exlegisladora, abusando de su cargo, exigió y recibió dinero de su excolaborador Ángel S., a cambio de proporcionarle estabilidad laboral en la Asamblea Nacional.
Según indicó el Dr. Toainga, con esta actuación, la procesada vulneró el bien jurídico protegido que es la eficiente administración pública, siendo el Estado ecuatoriano la víctima directa y Ángel S, la indirecta.
Agregó que María Alejandra V. trasgredió los principios de eficiencia, ética y transparencia que deben regir la actuación de los servidores públicos, según lo determina la Constitución de la República del Ecuador. “La Ley no contempla exigir o recibir dinero de los subalternos, bajo ningún concepto”, enfatizó.
La Fiscalía probó que María Alejandra V. recibió transferencias bancarias de sus tres asesores: 23.300 dólares de Ángel S., de Karla O., 14.650,04 dólares; y, de Diego R., 5.345 dólares.
Estas aportaciones mensuales solicitadas a sus excolaboradores habrían sido para el financiamiento del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), hecho que no se pudo corroborar.
El juez ponente, Marco Rodríguez, informó que notificará a las partes procesales la fecha de reinstalación de la audiencia, para dar a conocer el fallo.
Dato jurídico
María Alejandra V. es procesada por el delito de concusión, según el artículo 264 del Código Penal vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos.
Información de contacto:
Dirección de Comunicación Social
comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec
Teléfono: 3985800 Ext. 173123

Informe para segundo debate de Ley Galápagos en recta final

ley galapagos

La Comisión de Biodiversidad está a punto de concluir con la construcción del informe para segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Régimen Especial de la provincia de Galápagos. Con el fin de continuar con la revisión del articulado y recibir observaciones al mismo, se reunió la mañana de este miércoles 8 de enero.
En este marco, los legisladores recibieron al asambleísta César Rohón, quien dio su criterio sobre la referida Ley. Respecto a la propuesta de ampliación de reserva marina de 40 a 80 millas, señaló que se convierte en una alarma, pues el problema de Galápagos es la pesca ilegal, no la actividad pesquera formal.
Según el asambleísta, la reserva marina de Galápagos debe tener un tratamiento técnico. Actualmente es la segunda más grande del mundo y ampliar este territorio afectaría gravemente la actividad pesquera, la industria atunera, el empleo de miles de familias (principalmente de la línea costera) y por ende el desarrollo nacional.
Para tomar una medida de esa magnitud es necesario tener estudios técnicos, científicos y académicos, señaló César Rohón. El desarrollo sustentable es una línea muy fina, equilibra el cuidado de la naturaleza y el desarrollo del hombre, del trabajo y en este caso del sustento de nuestro país.
La Comisión acordó analizar de manera técnica y con el aporte de otros actores este tema, lo que les permitirá valorar la pertinencia de la propuesta de ampliar la reserva marina. En este sentido, el legislador Juan Cárdenas consideró que la Armada del Ecuador debe ser parte importante dentro del análisis y debate de la Ley Galápagos, para que dé sus aportes por el conocimiento que tiene respecto a la realidad en las Islas.
Revisión del articulado
La comisión continuó con la revisión de los artículos del informe, una vez concluido el procedimiento, este será difundido a los actores y sectores involucrados, para el posterior tratamiento de observaciones o recomendaciones, antes de concluir con la versión final del documento.
Visita a Zaruma y Santa Rosa
Como parte de la sesión, los asambleístas revisaron los detalles logísticos de las sesiones que desarrollarán los días 14, 15 y 16 de enero de 2020, en la provincia de El Oro. Los cantones visitados serán Zaruma y Santa Rosa.
Durante la agenda, los integrantes de la comisión constatarán el estado de los territorios frente a la problemática generada por la explotación minera.
CZ/ea

Comisión continúa con análisis de proyectos de electromovilidad y turismo

electro y turis

La Comisión de Desarrollo Económico continúa con el tratamiento del proyecto de Ley de Fomento de Movilidad Sostenible y Desarrollo de Electromovilidad, cuyo objetivo es establecer un marco legal, económico y de difusión pública que promueva progresivamente sistemas de movilidad sostenible, utilización de vehículos y otras alternativas de movilidad en territorio nacional, tendientes a generar un impacto positivo o al menos sostenible.
El titular de la comisión, Esteban Albornoz, mencionó que este proyecto se complementa con la Ley de Eficiencia Energética. Asimismo, apuntó que una vez que ya han comparecido expertos en temas de electromovilidad y han receptado observaciones de varios asambleístas es pertinente elaborar el informe para primer debate.
De su parte, la asambleísta Doris Soliz propuso que sería necesaria la comparecencia de las autoridades de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) ya que tienen competencia del transporte, a este criterio se unió el legislador Rubén Bustamante, pero agregó que en el caso de requerir a nuevos actores se los convocará más adelante.
Ley de turismo
Durante la sesión, los miembros de la Comisión también discutieron sobre la elaboración del informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Turismo. En ese marco, señalaron que sería viable enviar el documento a la Ministra de Turismo para que presente sus sugerencias u observaciones.
La legisladora Soliz indicó que en las reformas se deben mejorar las competencias entre el Ministerio y los gobiernos locales. También, mencionó que se deberían crear organismos de gestión de destinos, así como establecer la medición correcta de cuánto aporta el turismo al país y la tipificación adecuada de las modalidades de turismo.
La Comisión realizará un taller sobre el tema turístico donde intervendrán los ministros de Comercio Exterior y Turismo. “El Ejecutivo debe entender que el turismo es estratégico y debe ser implementado como política pública a largo plazo”, apuntó el asambleísta Guillermo Celi.
SV/ea

Subcomisiones tratarán el Código Orgánico de Seguridad del Estado

subcomisiones si

La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad del Estado, aprobó por mayoría (9 votos) la conformación de las subcomisiones para el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico de Seguridad del Estado (COSE). Los 11 asambleístas miembros de la mesa legislativa conformarán las subcomisiones para el tratamiento de los cuatro libros con los que cuenta la norma.

El asambleísta, René Yandún, explicó que los subcomisionados tramitarán los aportes y observaciones de especialistas y profesionales por cada tema específico que aborda cada cuerpo del código. La información procesada será entregada al seno de la comisión en un informe preliminar, hasta el próximo 12 de febrero, para su análisis y discusión en el pleno de este organismo legislativo.
Para el procesamiento del Libro I, sobre la Defensa Nacional, la subcomisión estará conformada por los parlamentarios: René Yandún, Fernando Flores y Augusto Espinoza. El Libro II, que trata sobre el Sistema de Seguridad y Orden Público, contará con los asambleístas: César Carrión, Fafo Gavilánez y Lexi Loor. Por su parte, los legisladores Fabricio Villamar, Encarnación Duchi y Nelly Andrade, tratarán el Libro III sobre Inteligencia del Estado; y, finalmente, el libro IV sobre el sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos, estará conformado por los parlamentarios Dennis Marín, Esther Cuesta y Pedro Curichumbi.
Así mismo, el legislador Yandún, comentó que el tratamiento del COSE es importante para el país ya que urge la necesidad de actualizar el marco  normativo sobre el Sistema de Seguridad del Estado. A este criterio se sumó el del asambleísta César Carrión, quien expresó que la norma debe ser tratada de manera prioritaria por la comisión y debe contar con el aporte de especialistas y la academia.
Convocatoria a Canciller y Ministro de Defensa
Finalmente, para conocer los pormenores en torno a la renuncia del Embajador de Ecuador en Estados Unidos, Francisco Carrión, la Comisión aprobó convocar al Ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia; al Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; y el exembajador, luego de las distintas versiones generadas sobre el tema.
EA/cz

Fiscalía concluyó con la presentación de pruebas en audiencia de juicio contra María Alejandra V.

caso vicuña

Dieciséis testigos y siete pruebas documentales presentó la Fiscalía General del Estado, en la audiencia de juzgamiento contra María Alejandra V., por su presunta participación en el delito de concusión, tras haber recibido “contribuciones voluntarias” por parte de sus excolaboradores, en sus cuentas bancarias personales.
En este segundo día de audiencia dieron su testimonio, ante el Tribunal Penal, cinco personas más, entre las que constan militantes del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), quienes corroboraron que ésta es una organización de hecho que no lleva contabilidad ni tiene Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Asimismo, presentó su testimonio una perito que hizo una experticia contable financiera, la cual determinó que durante el período 2011-2016, los ingresos netos de la exlegisladora alcanzaron los 590.628,99 dólares, pero ella solo declaró 401.045,20 dólares ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), es decir la diferencia no declarada es de 189.583,79 dólares.
Además, la perito indicó que una de las conclusiones de su informe es que el movimiento ABA no tiene un registro contable de ingresos y egresos. Se refirió también a las transferencias realizadas a María Alejandra V. por sus tres asesores: 23.300 dólares de Ángel S., de Karla O., 14.650,04 dólares; y, de Diego R., 5.345 dólares; dando un total de 43.295,04 dólares.
Sin embargo -explicó la testigo-, no es posible determinar el destino de ese dinero, puesto que no hay un manejo contable por parte de la procesada.
Posteriormente, el fiscal general del Estado, subrogante, Wilson Toainga, presentó la prueba documental, que consistía en copias certificadas de documentos enviados por la Asamblea Nacional, Consejo Nacional Electoral y del SRI.
Por su parte, la Procuraduría General del Estado también expuso sus elementos probatorios.
El Tribunal Penal suspendió la audiencia a las 19:40 y convocó su reinstalación para este miercoles 8 de enero, a las 11:00, para que la defensa de la procesada continúe con la presentación de las pruebas de descargo.
El caso
Según Fiscalía, durante los períodos 2009-2013 y 2013-2017,  María Alejandra V., en su calidad de asambleísta por la provincia del Guayas, trasgrediendo la normativa legal, habría solicitado el pago de aportaciones mensuales a sus excolaboradores para el financiamiento del movimiento ABA.

Ministra de Educación se pronunciará sobre reformas a la Ley de Discapacidades

ley discapacidad

La Comisión del Derecho a la Salud, presidida por William Garzón, retoma sus actividades del año 2020 con el tratamiento de las reformas a la Ley de Discapacidades, previo a la elaboración del informe para segundo debate.
Para recibir más aportes y observaciones, citó a la ministra de Educación, Monserrat Creamer; al director General de Aviación Civil, Anyelo Acosta Arroyo; y, a la directora Ejecutiva de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas en el Ecuador (Arlae), Patricia Miño. La convocatoria es para este miércoles 8 de enero de 2020, a partir de las 09:00.
Una de las propuestas, que incluye esta reformatoria, garantiza los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Sobre salud reproductiva, establece que las personas con discapacidad tengan derecho a una atención especializada que les permita decidir cuándo y cuántos hijos e hijas tener.
Al existir un subregistro en temas de violencia sexual de las personas con discapacidad y para que sus derechos sexuales y reproductivos sean visibilizados, se plantea que en las agendas que guardan correlación con las discapacidades, los entes rectores de educación y salud trabajen conjuntamente. El objetivo es que exista una adecuada información a este grupo vulnerable de la población, en los diferentes lenguajes y a través de los medios de comunicación, para que éstas puedan asumir sus derechos sexuales y reproductivos, de manera certera y correcta.
También se plantea la necesidad de que este sector sea tratado en un marco de confidencialidad y que se le brinde atención especial en el sistema escolar.
RSA/cz
 

Régimen Económico continuará con el análisis de las reformas a la Ley de Contratación Pública

contrataion publica

Dos temas constan en la agenda de trabajo de la Comisión de Régimen Económico. En la primera jornada, que inicia a las 10:00, los parlamentarios realizarán un taller para analizar las perspectivas de trabajo de esta mesa legislativa en el año 2020. La actividad contará con la participación del economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de las Américas (Udla), quien actuará como expositor.
En la segunda sesión, a las 15:30, el organismo legislativo revisará las observaciones planteadas en el Pleno al proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, orientadas a mejorar el control de la contratación pública, promover la inclusión y eficiencia del sistema, establecer con claridad el régimen especial, situaciones de emergencia, las nuevas atribuciones del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), el fortalecimiento del Registro Único de Proveedores y Contratantes, así como fomentar la participación de la producción nacional.
Sobre esta propuesta de ley, la Comisión unificó siete iniciativas legislativas y para su análisis recibió las observaciones y sugerencias de diversos actores de los sectores público y privado, por tal razón los parlamentarios deberán elaborar el informe para segundo debate.
JLVN/ea

Asamblea Nacional y Flacso Ecuador firman convenio interinstitucional

facso asablea

El titular de la Asamblea Nacional, César Litardo, firmó un acuerdo interinstitucional que permitirá establecer lazos de cooperación mutua en materia legislativa y diplomacia parlamentaria. Como contraparte, Juan Ponce, director de la sede en Ecuador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), suscribió el documento y lo calificó como un hecho importante.
La vigencia del instrumento legal entre la Asamblea Nacional y Flacso Ecuador es de dos años y representa un significativo paso para el trabajo en conjunto entre la Facultad y la Legislatura, dijo César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional. Así mismo, resaltó que en la generación de leyes y políticas públicas es fundamental la evidencia científica y empírica generada por la academia.
La labor de Flacso ha sido importante en la ejecución de actividades y eventos para el desarrollo de las ciencias sociales, por lo que sería fundamental contar con el apoyo de esta institución en el marco del Primer Congreso de Presidentes de los Parlamentos que se desarrollará en el país en los próximos meses, aseguró el principal del Legislativo.
El objeto del convenio permitirá promover la investigación científica y académica, a fin de generar literatura de interés para el Estado e información que incremente el conocimiento en estos temas. Así también, la realización de eventos de capacitación o educación continua, la posibilidad de promover y realizar eventos internacionales y regionales con la finalidad de posicionar los avances que tiene el Ecuador en materia legislativa. Compartir información relevante para las dos instituciones, en sus respectivos ámbitos de gestión, es otro de los propósitos del acuerdo.
EA/cz

EN EL CANTÓN FLAVIO ALFARO | Operativo Antidelincuencial recuperan vehículo

recueran carro

El servicio preventivo de la Policía Nacional acantonado en el sector de Flavio Alfaro, con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y reducir los índices delictivos, mientras realizaban un "OPERATIVO ANTIDELINCUENCIAL", proceden a detener la marcha del vehículo marca Chevrolet, tipo Station Wagon, modelo Rodeo 4x4, color rojo, mencionado vehículo reflejó la alerta como robado, razón por la cual el personal policial procede a la aprehensión de los 2 ciudadanos quienes viajaban en el automotor en mención, no sin antes hacerles conocer sus Derechos Constitucionales estipulados en el Art. 77 numerales 3 y 4 de la Constitución de la República del Ecuador.
El vehículo recuperado fue ingresado al patio retención vehicular Ricaurte en calidad de retenido.
De igual manera se contactó con la propietaria del vehículo mediante llamada telefónica, la misma que indicó que el vehículo fue robado en la ciudad de Guayaquil aproximadamente hace 22 años y nunca había sido recuperado.

APREHENDIDOS:

choro 2

  • SANTOS BIENVENIDO ZAMBRANO VÉLEZ CON C.C. 1309725230 DE 41 AÑOS DE EDAD.

  • ORDOÑEZ ESPINOZA JOSÉ GILHUMBERTO CON C.C. 1310232325 DE 40 AÑOS DE EDAD.

choro 1

EVIDENCIAS:

  • VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, TIPO DE VEHÍCULO STATION WAGON MODELO RODEO 4X4 DLXT/M A/C 2.6L DE PLACAS GJZ-0672 COLOR ROJO.

carro oropbado

La Policía Nacional del Ecuador, firme a sus principios e ideales institucionales, continúa trabajando en beneficio de la sociedad ecuatoriana, representada en este prestigioso sector de nuestro país por la comunidad Manabita.


En el cantón Flavio Alfaro | Detenidos por presunto delito de abigeato.

De acuerdo a boletin de prensa mediante llamada telefónica la Policía Nacional llega a tener conocimiento sobre el cometimiento de un robo de ganado en el Sector de DISLABON de la Parroquia Eloy Alfaro, por lo que de manera inmediata las Unidades Policiales tanto del Distrito Chone Flavio Alfaro como del Distrito Sucre, acudieron al lugar, observando e identificando a varios sujetos que se encontraban cometiendo de manera flagrante un presunto delito de ABIGEATO, sustrayéndose varias cabezas de ganado a bordo de una camioneta MARCA NISSAN, TIPO CAMIONETA, MODELO, JUNIOR, DE PLACAS APB2087, COLOR CELESTE, quienes al notar la presencia policial, intentaron huir del sector, por lo que gracias a la rápida actuación policial, se aprehendió en primera instancia a 4 presuntos infractores de la ley, intentando darse a la fuga e internándose en la vegetación del lugar 2 individuos más, quienes fueron neutralizados y aprehendidos momentos después de una persecución ininterrumpida con la colaboración de personal preventivo, investigativo y el helicóptero policial (fénix), quienes acudieron al lugar con la finalidad de respaldar y contribuir el operativo policial que se estaba desarrollando en esos momentos, producto del cual al terminar éste operativo se obtuvo como resultado la aprehensión de 6 detenidos, la incautación de 2 vehículos y la recuperación de 3 acémilas.
APREHENDIDOS:

presos

  • ARTEAGA MANZABA JANDER DANIEL CON CC. 1314098060 DE 20 AÑOS DE EDAD.

  • PALADINES ANDRADE JEAN CARLOS CON CC. 1313266536 DE 25 AÑOS DE EDAD. (Con antecedentes policiales por muerte culposa)

  • VERA JAMA LUIS FABRICIO CON CC. 1310286768 DE 34 AÑOS DE EDAD.

  • DELGADO VELIZ DAVID ALFARO CON CC. 1316536422 DE 25 AÑOS DE EDAD.

  • DOMINGUEZ ZAMBRANO PEDRO PABLO CON CC. 1305848184 DE 51 AÑOS DE EDAD.

  • BRAVO DELGADO RAMON GREGORIO CON CC. 1309356911 DE 42 AÑOS DE EDAD.


detenidos

EVIDENCIAS:
evidencias2

  • VEHÍCULO MARCA KIA, TIPO SEDAN DE PLACAS MDA-9298 COLOR AMARILLO.

  • VEHÍCULO MARCA NISSAN, TIPO CAMIONETA, MODELO, JUNIOR, DE PLACAS APB2087, COLOR CELESTE.

  • 3 ACÉMILAS
ganado robado

Incrementadas nuevas rutas de recolección de desechos en San Antonio

recorrido basura

Desde este 2 de enero fueron incrementadas las nuevas rutas de recolección de desechos en la parroquia San Antonio. Esto permite cubrir de lunes a viernes a otras comunidades que requieren este servicio.

Estos sectores donde se realiza la recolección de desechos son La Sabana, Sábana Nueva, La Greda, La Playita, Punta y Filo, Las Banderas, UVC, San Pablo, Culebra, Copetón, puente Cativo, Cativo, Horconcitos, Barquero 2, La Margarita, Los Guasmos, La Segua, La Azucena, Buena Esperanza, Santa Cecilia y Santa Fe.

El incremento de las rutas se basa a los informes técnicos de la subdirección municipal de Gestión de Desechos, ya que existe crecimiento habitacional y había la necesidad de brindar el servicio a otras comunidades de la parroquia.

Árboles de plaza cívica son reubicados para conservarlos en otro lugar

plaza san

“Que bien, me alegra que protejan estos arbolitos. Es una muy buena acción”, mencionó  Eduardo Ochoa mientras técnicos y obreros reasentaban los árboles desde la plaza cívica Elio Santos Macay, que está en proceso de remodelación, hasta un nuevo lugar para su conservación.

Son 21 pinos carrascos que son replantados en el terreno situado en el Bypass, detrás de la terminal terrestre Sixto Durán-Ballén.

“Se ha colocado enraizante que ayuda en que la raíz de la planta no sienta el traslado y la replantación”, explicó el subdirector municipal de Control Ambiental, Alberto Santistevan.

En total son 46 árboles de siete especies que serán ubicados en diferentes áreas verdes de la ciudad.

Fiscalía presentó 11 testigos en primer día de audiencia de juzgamiento contra María Alejandra V.

AUDIENCIA JUZGA

En el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, se desarrolla la audiencia de juzgamiento en contra de la exvicepresidenta de la República, María Alejandra V., por su presunta participación en el delito de concusión, pues habría recibido “contribuciones voluntarias” por parte de sus excolaboradores, en sus cuentas bancarias personales.
En la teoría del caso, el fiscal general del Estado subrogante, Dr. Wilson Toainga, indicó que -durante los períodos 2009-2013 y 2013-2017-  la  procesada, en su calidad de asambleísta por la provincia del Guayas, trasgrediendo la normativa legal, habría solicitado el pago de aportaciones mensuales a sus excolaboradores para el financiamiento del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).
Sin embargo, explicó el Fiscal Subrogante, ABA no es una organización legalmente constituida ni registrada o calificada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Agregó que con las pruebas testimoniales, periciales y documentales, Fiscalía demostrará que María Alejandra V. recibió sesenta y ocho transferencias bancarias por un total de 43.295,04 dólares, por parte de sus tres asesores: 23.300 dólares de Ángel S., de Karla O., 14.650,04 dólares; y, de Diego R., 5.345 dólares.
En este primer día de audiencia, ante el Tribunal Penal -conformado por los jueces Marco Rodríguez (ponente), Daniella Camacho y Wilman Terán-, Fiscalía presentó once testigos entre policías, exfuncionarios bancarios, peritos y exasesores de la procesada.
Uno de ellos fue Ángel S., exasesor de María Alejandra V., quien denunció el hecho. Él seclaró ante el Tribunal Penal que -entre junio de 2011 y mayo de 2012- mientras era asistente administrativo transfirió 300 dólares mensuales a una cuenta de la entonces legisladora y que, entre junio de 2012 y mayo de 2013, cuando fue ascendido a asesor uno, la cuota se incrementó.
La audiencia se suspendió a las 19:00 y se reinstalará este martes 7 de enero, a las 09:00.
Dato
María Alejandra V. es procesada por el delito de concusión, según el artículo 264 del Código Penal vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos.
En la actualidad esta infracción está tipificada en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Fiscalía vinculó a Abel G. a proceso por paralización de un servicio público

dirigente abelg

La Fiscalía vinculó a Abel G., representante de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros (Fenacotip), a la instrucción fiscal por paralización de servicio público, seguida en contra de Jorge C., dirigente del gremio de taxistas.
Fiscalía solicitó prisión preventiva; sin embargo, la Jueza garantista del proceso lo sustituyó por prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad.
La mañana de este 6 de enero de 2020 se desarrolló la audiencia reservada de vinculación, en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti) de Pichincha presentó elementos de convicción, ante la jueza Ana Lucía Cevallos.
Con esta vinculación, la instrucción fiscal se extiende de noventa a ciento veinte días. Cabe recordar que la noche del 4 de octubre de 2019, la Fiscalía de Pichincha formuló cargos en contra de Jorge C. por la paralización de un servicio público, en relación a los hechos suscitados los días 3 y 4 de octubre, en el contexto del paro nacional.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 346, sanciona con privación de libertad de uno a tres años a la persona “que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública”.

Caso Sobornos: jueza Daniella Camacho sustituye medidas a 3 de los 4 procesados que solicitaron su revisión

caso sobornos

Pese a los argumentos esgrimidos por Fiscalía en la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por María de los Ángeles D., William P., Pamela M. y Yamil M., llamados a juicio por su presunta participación en el delito de cohecho, dentro del caso Sobornos 2012-2016, la jueza nacional Daniella Camacho resolvió aceptarlas para tres de los cuatro procesados.
La diligencia se llevó a cabo en la Corte Nacional de Justicia, con la participación del fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, quien se opuso parcialmente al pedido de la defensa de los acusados.
Respecto a William P., quien se encuentra prófugo, la Jueza fijó la caución pecuniaria en 300.000 dólares, con un plazo de 48 horas para consignar el dinero.
Sobre la exministra María de los Ángeles D., señaló que no cabe el retiro del dispositivo electrónico de vigilancia, toda vez que el certificado presentado por una presunta afectación no ha sido avalado por el sistema público de salud. Sin embargo, determinó que Fiscalía le practique un examen médico-legal, con el objetivo de determinar si hay algún riesgo para su salud y si dicho dispositivo puede ser colocado en otra parte del cuerpo.
En cuanto al pedido de Pamela M., manifestó que no existe objeción en cuanto a la solicitud de cambiar las presentaciones periódicas de la procesada, de Quito a Guayaquil.
Y para el caso de Yamil M., la Magistrada accedió a sustituir la prisión preventiva por presentaciones periódicas semanales (dos cada semana), prohibición de salida del país y uso del dispositivo electrónico de vigilancia.
Información complementaria
Los cuatro procesados son parte de los veintiún llamados a juicio por su presunta participación en el delito de cohecho, dentro de la trama de corrupción que investigó Fiscalía, en la que empresarios o intermediarios habrían entregado dinero –ya sea en efectivo o a través del cruce de facturas– a funcionarios públicos a cambio de contratos con el Estado u otros beneficios.
El expresidente Rafael C., el exvicepresidente Jorge G., los exministros Vinicio A., Walter S. y María de los Ángeles D., y el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis M. están entre los llamados a juicio

Autoridades de elección popular deberán rendir cuentas sobre sus ofertas de campaña

rendicion cuent

El nuevo reglamento de rendición de cuentas, que entra en vigencia para el proceso 2019, fue aprobado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, mediante resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-24. Entre sus principales aspectos, establece que las autoridades de elección popular tendrán la obligación de reportar el cumplimiento de su plan de trabajo de campaña.
Además, señala el nuevo cronograma del proceso que deberán cumplir los sujetos obligados a rendir cuentas durante el 2020, a fin de que la ciudadanía participe y evalué las acciones u omisiones desarrolladas durante su gestión. Las funciones del Estado, medios de comunicación, instituciones de educación superior y otras instituciones deberán presentar sus informes desde febrero hasta abril. Los GADs lo harán desde febrero hasta mayo, y se establece al 31 de diciembre como fecha máxima para presentar informes fuera de plazo.
Entre las precisiones del reglamento, destaca que las instituciones de educación superior cofinanciadas también están en la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía. Además, se incorporan los principios rectores de interculturalidad e inclusión, para que todos los sectores de la ciudadanía se vean representados al momento de ejercer su derecho a demandar información y participar en las decisiones sobre el empleo de los recursos públicos.
Para mayor información descargue el reglamento aquí:
http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2019/12/resolucion-no-ple-cpccs-sg-003-e-2019-024-de-19-12-2019.pdf

Cuatro proyectos de ley continuarán su tratamiento en Régimen Económico

regien economico

El segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional y vocal de la Comisión de Régimen Económico, Patricio Donoso, indicó que en el primer trimestre de 2020, el organismo legislativo entregará los informes de los proyectos de reformas a la Ley de Minería, también del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como de los Códigos Monetario y Financiero y de Planificación y Finanzas Públicas.
Donoso, autor del proyecto de reformas a la Ley de Minería destacó la importancia de eliminar dos artículos de esta normativa, a fin de fortalecer los procesos de libre competencia y acceso igualitario para el otorgamiento de concesiones mineras. El objetivo es alcanzar equidad, transparencia y lucha contra la corrupción para de esta manera evitar posibles casos de corrupción que puedan darse por parte de empresas extranjeras o estatales, agregó.
El parlamentario precisó que se deben equiparar las condiciones a las inversiones privadas, públicas, nacionales y extranjeras, para que todas se ajusten al mismo trato para una competencia en igualdad de condiciones, tanto en subasta pública para el otorgamiento de las concesiones mineras, cuanto para la firma de contratos de prestación de servicios.
El proyecto fue tramitado en primer debate por el Pleno el 29 de octubre de 2019. El mismo regresó a la Comisión para la elaboración del informe de segundo debate con las observaciones planteadas por 17 parlamentarios quienes coincidieron en que el Estado debe evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado y otras que afecten el funcionamiento de los mercados.
En cuanto a las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, señaló que en enero se dará fuerza a esta propuesta a fin de elaborar el informe para segundo debate que busca establecer un severo control a la contratación en régimen especial. Se plantea el informe previo, situación de emergencia, registro único de proveedores y registro único de contratantes como parámetros a observarse para dar paso a la contratación especial y evitar el abuso de este procedimiento.
En este sentido la Comisión unificará 8 proyectos, en los cuales se faculta al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) suspender procesos de contratación pública ante reclamos justificados presentados por las personas interesadas. Se maneja de manera adecuada el registro de proveedores, a fin de que contengan información relevante de las actividades económicas. Se eleva a la categoría de ley la definición de catálogo dinámico inclusivo que es el instrumento donde se ofertan exclusivamente los bienes producidos por la economía popular y solidaria, micro y pequeñas empresas.
Donoso al referirse a las reformas a los Códigos Monetario y Financiero, así como al de Planificación y Finanzas Públicas, mencionó que se unificarán las diversas propuestas sobre cada materia, a fin de elaborar los informes respectivos.
JLVN/ea

Comisión trabajará en nuevas garantías laborales: Karina Arteaga

nuevas garantias

Karina Arteaga Muñoz, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, subrayó que están listos para trabajar en la normativa que se oriente en el avance de los derechos y aperture nuevas garantías en el ámbito laboral. Esto a propósito de la construcción de un nuevo Código de Trabajo y las reformas laborales anunciadas por el Ejecutivo, próximas a llegar a la Asamblea Nacional.
En este sentido dijo que las normas deben actualizarse para apuntalar al crecimiento del empleo formal, estimular la capacitación de la fuerza laboral y asegurar una protección socialmente justa.
La legisladora recordó que se encuentran cerca de firmar un convenio interinstitucional con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como con universidades a fin de contar con el acompañamiento técnico, llevar a cabo un trabajo conjunto y consensuado en la construcción de la nueva legislación laboral.
“Tenemos claro que para la elaboración de las reformas laborales debemos mantener sesiones con las clases trabajadoras, tanto pública como privada, los empleadores y el Ejecutivo para juntos definir las reformas laborales”, precisó Arteaga tras manifestar que otros atores importantes en esta construcción de la norma son las autoridades de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess), los representantes de los sindicatos y la academia.
Asimismo informó que para este trabajo han adelantado reuniones con varios gremios como los representantes de los jubilados y OIT, entre otros.
Otros temas
A más de la construcción del proyecto del Código Laboral, la legisladora anotó como otros temas importantes, las reformas la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), sobre la regulación de las pensiones vitalicias.
Además,  las reformas a la Ley de la Seguridad Social que plantea la devolución del manejo de los fondos de cesantía a sus partícipes, así como la inherente libreta virtual de los afiliados que transparentaría los fondos y la relacionada con la conformación del Consejo Directivo del Iess
RSA/ea

Legisladores esperan pruebas de cargo y descargo para pronunciarse sobre proceso de juicio contra presidenta del CNE

pruebas cne

La Comisión de Fiscalización inicia su trabajo en 2020 con el proceso de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, quien fue acusada, el pasado 28 de noviembre, por los asambleístas Jeannine Cruz y Fernando Flores de un presunto incumplimiento de funciones.

Respecto al tema, el vicepresidente de la Comisión, Eliseo Azuero, expresó que calificarán el juicio una vez que evalúen los documentos entregados, de esta manera, establecerán el cronograma para iniciar con el proceso. Consideró que es oportuno convocar a interpelantes, interpelada, actores políticos, funcionarios del CNE, entre otros. A la vez mencionó que no es correcto realizar un juicio de valor anticipado y dejó claro que este hecho no tiene vinculación con ningún compromiso político. Aseveró que su trabajo lo realizan con base en su rol fiscalizador.
De su parte, el primer vicepresidente del Parlamento, César Solórzano, opinó que se debe respetar el debido proceso y basado en las pruebas de cargo y descargo que se presenten, su bloque adoptará una decisión. Con ese criterio coincidió el legislador Sebastián Palacios, quien apuntó que su bancada apoya la transparencia, el debate y el análisis, por lo tanto, estarán pendientes a los argumentos de descargo que presente Atamaint.
El asambleísta René Yandún también se refirió al proceso de juicio político contra la titular del organismo electoral. Habló de falencias en la actualización del registro electoral lo que dificulta poner al día el padrón, de esta manera, los resultados a futuro serán “erróneos y mentirosos”, afirmó. Precisó que es necesario que el organismo trabaje con seriedad, transparencia y moralidad, así también, dijo que es fundamental la reorganización del CNE para garantizar transparencia en el próximo proceso electoral.
SV/ea

UN MUY INTERESANTE CUESTIONARIO

reponsa favor

Un tanto para saber hasta donde el Imperialismo, la CIA, el FMI y los iluminados meten mano en el mundo.

Aquí las preguntas
(Fuente redes sociales)
– ¿Cuántas armas de destrucción masiva tenía Sadam Hussein?
Ninguna

– ¿Cuántos muertos dejó la intervención democrática de EEUU en Irak?
Más de medio millón

– ¿Quién se quedó con el petróleo y el negocio de la reconstrucción de Irak?
Las corporaciones yanquis

– ¿Cuántos derechos civiles recuperó el pueblo iraquí?
Ninguno

– ¿Cuántas sanciones y bloqueos sufrieron los dictadores Videla, Pinochet, Somoza, Batista, Ríos Montt, Banzer o Trujillo?
Ninguna

– ¿Cuántos fueron financiados y bendecidos por EEUU?
Todos

– ¿Cuántas bases militares yanquis hay en Venezuela?
Ninguna

– ¿Cuántas bases militares yanquis hay en Colombia?
Nueve

– ¿Cuántos casos de desaparición forzada hay en Colombia?
Cerca de 80.000 (entre 1970 y 2018) Y 7,7 millones de desplazados

– ¿Cuánta conmoción mundial producen estos hechos?
Ninguna (y el presidente Duque se reúne con Trump por la crisis en Venezuela)

– ¿Quién votó por Juan Guaidó?
Trump, Trudeau, Duque, Macri, Bolsonaro, Piñera y la liga de los lamebotas

– ¿Quién votó a Nicolás Maduro?
6.245.862 venezolanas y venezolanos

– ¿Qué país tiene la mayor reserva de petróleo del mundo?
Venezuela: 360.000 millones de barriles

– ¿Qué país es el mayor consumidor de petróleo del mundo?
Estados Unidos

- Cómo puede ser una amenaza para la potencia militar más grande del mundo, que tiene 700 bases militares en todos los continentes... ¿Y más de 300.000 soldados?

– ¿Qué país es el mayor productor de armas del mundo?
Estados Unidos

_ Por qué los países dominantes de el mundo acusan a CHINA y RUSIA de querer dominar al mundo, si ninguno de ellos ha invadido ningun país, ni trata de intervenir en los asuntos internos de ninguna nación?

– ¿Cuántos países ha invadido EEUU?
Más de 50

_ Cuántos de esos países invadidos están mejor, que antes ?
NINGUNO

– ¿Cuánta Democracia, Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria llegó junto a las tropas yanquis?
Ninguna

– ¿En serio, la solución para Venezuela vendrá de la mano del Pentágono, Donald Trump, Israel y el FMI?
NO
- ¿¿¿¿¿¿¿Es el mayor consumidor de droga, no se preguntó usted por qué no la extermina con semejante poderío armamentístico y tecnológico???????

Cuerpo de Bomberos de Chone emite permisos 2020

permisos 2020

Inicia un nuevo año y el Cuerpo de Bomberos de Chone ya emite los permisos de funcionamiento del periodo 2020 para los establecimientos comerciales del cantón.
Pablo Véliz, principal del departamento de Prevención, indicó que los propietarios de los locales comerciales deben cumplir con el permiso reglamentario y de esta manera contribuir con la institución para poder seguir sirviendo a la colectividad chonense.
Además, explicó que quienes no cumplan con la actualización de permisos durante el presente mes, a partir de febrero se les notificará; asimismo, de no acatar por primera ni segunda vez, se procederá a la clausura de los locales.

Vialidad y otras acciones entre las prioridades de 2020 en Convento

vialida convento

En Convento una vez más el tema de la vialidad fue tratado como prioritario. Ramón Moreira, presidente de la Junta Parroquial, destacó los trabajos de mejoramiento de caminos, a su vez coordinados entre los gobiernos parroquial, cantonal y provincial. “Es realizado para beneficiar a los habitantes de sitios y comunidades, donde nunca se había llegado en el pasado”, dijo.
El objetivo es que la ciudadanía de Convento pueda transportar sus productos, los estudiantes lleguen a sus planteles y los enfermos sean atendidos rápido en las casas de salud.
Así, este y otros temas dentro de la planificación 2020 fueron tratados este viernes entre el alcalde Leonardo Rodríguez, los miembros de la Junta Parroquial, y los directores municipales y de Aguas del Chuno, sobre el desarrollo ganadero, turístico, social, ordenamiento territorial y la ampliación del servicio de agua potable para los habitantes de Convento.
Posteriormente se realizó un recorrido por la vía Matapalo-Río Jama, de 2,4 kilómetros, y por la vía El Guineo-Jamita, de 2,6 kilómetros, para constatar el mejoramiento vial. “Solo haciendo un trabajo integral entre los distintos niveles de gobierno y la ciudadanía se podrá lograr ese resurgir anhelado en cada rincón del cantón”, mencionó Moreira.

Texto Original : CIDH otorga medidas cautelares a favor de Jorge David Glas Espinel en Ecuador

feliz cumpleaños Jorge

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó el 31 de diciembre de 2019 la Resolución 69/2019, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Jorge David Glas Espinel en Ecuador, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
Al tomar su decisión, la Comisión valoró que el propuesto beneficiario se encontraría privado de libertad en la Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi (Cárcel de Latacunga), y estaría siendo objeto de intimidaciones, hostigamientos y amenazas dentro de dicho centro; esto aunado a la situación de salud del propuesto beneficiario quien a su vez padecería de una serie de enfermedades crónicas, encontrándose su vida, integridad personal y salud en riesgo. A su vez, la Comisión valoró las medidas adoptadas por el Estado, sin embargo no se identificó elementos suficientes que permitan analizar la idoneidad y efectividad de dichas medidas, ya que la señor Glas alegó continuar siendo objeto de amenazas y hostigamiento, particularmente por otros privados de libertad. Asimismo, no se cuenta con información sobre las acciones tomadas por parte de las autoridades para investigar los hechos denunciados.
Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión consideró que, desde el estándar prima facie, Jorge David Glas Espinel se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, se solicitó a Ecuador que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Jorge David Glas Espinel; particularmente, valorando e implementando aquellas más apropiadas a las circunstancias personales y que permitan crear las condiciones que aseguren y respeten sus derechos; b) concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y c)informe sobre las acciones implementadas tendentes a investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 001/20


Caso sobornos 2012-2016: 21 personas son llamadas a juicio por presunto cohecho

caso sobor

Quito, 03 de enero de 2020.- La jueza nacional Daniella Camacho acogió el pedido de Fiscalía y llamó a juicio a 21 de los 24 procesados por el presunto delito de cohecho en el denominado caso Sobornos 2012-2016, entre ellos en expresidente Rafael R., el exvicepresidente Jorge G., los exministros María de los Ángeles D. y Walter S. y el exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis M.
Para María E., José V. y Cai R. dictó auto de sobreseimiento al no encontrar elementos necesarios que hagan presumir su participación en el hecho investigado.
Asimismo, ratificó las medidas cautelares para todos los llamados a juicio y revocar todas las que pesaban sobre los tres ciudadanos sobreseídos.
En la reanudación de la audiencia, la Magistrada, durante más de 9 horas, hizo un exhaustivo análisis para emitir una decisión motivada y señaló que los hechos relatados constituyen una actividad criminal grave y compleja.
Durante los once días que duró la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía General del Estado presentó 837 elementos de convicción que fueron recabados durante la instrucción fiscal y que fueron sustentados durante la diligencia. A ellos se sumaron los argumentos presentados por la Procuraduría General del Estado, en su calidad de acusador particular.
La investigación determinó la presunta existencia de una estructura integrada por funcionarios públicos del más alto nivel jerárquico, que facilitaron la entrega de recursos a través de dos modalidades (cruce de facturas y dinero en efectivo) por parte de empresarios, para beneficiarse de contratos con el Estado. Estas adjudicaciones se efectuaban a través de cartas de invitación directa y convenios de pagos.
Con base en las pericias solicitadas por la Fiscalía, los sobornos realizados durante este periodo llegarían a 7’791.588 dólares.
Dato jurídico El Art. 280 define al cohecho como “las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, que reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones”.
Información de contacto:
Dirección de Comunicación Social
comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec
Teléfono: 3985800 Ext. 173123

Proyecto de Extinción de Dominio marcará el inicio de actividades de la Comisión de Participación Ciudadana

trabajos cpcs

La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social iniciará su trabajo del 2020 con el análisis del proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen y Destino Ilícito e Injustificado, más conocida como Ley de Extinción de Dominio.
La normativa, de iniciativa del asambleísta Fabricio Villamar, tiene como objetivo regular el procedimiento de extinción de dominio a favor del Estado, sobre los bienes de procedencia o destino relacionados con actividades ilícitas o injustificadas.
Además, en el proyecto se establece que, durante el procedimiento, los testigos, agentes investigadores y otros participantes involucrados dentro del proceso, gozarán de la protección de su identidad y, por el nivel de riesgos podrían ingresar al Sistema Nacional de Protección a Víctimas y Testigos.
Para el análisis del proyecto comparecerán autoridades de la Fiscalía y Contraloría General del Estado además de la Secretaría Anticorrupción.
Segundo debate
La mesa también espera que el Pleno apruebe dos proyectos de ley que están listos para segundo debate: Ley Orgánica de Organizaciones de la Sociedad Civil y las reformas a la Ley de Participación Ciudadana.
El primero tiene como objetivo garantizar el derecho a la libertad de asociación basado en los principios establecidos en la Constitución; el segundo, incluye temas como la revocatoria del mandato, inversión obligatoria de prefecturas en la población rural, cabildo popular, entre otros.
Fiscalización
Además, la mesa continuará con los procesos de fiscalización en temáticas relacionadas con irregularidades en la Universidad Regional Amazónica Ikiam, excesivo cobro de conexión y reconexión del servicio de agua potable en Esmeraldas, retraso en el pago a maestros jubilados, entre otras.
SV/ea


Ejecutivo formuló 18 observaciones al proyecto de reformas al Código de la Democracia

18 observancias

Este viernes 03 de enero, la Asamblea Nacional recibió la objeción parcial del presidente de la República, Lenín Moreno, al proyecto de reformas al Código de la Democracia, que contiene 18 observaciones.

Juntas receptoras
El mandatario propone que las juntas receptoras del voto en el exterior estén integradas por ciudadanos ecuatorianos inscritos en el Registro Electoral del correspondiente Consulado, las que tendrán carácter temporal y se conformarán con un mínimo de tres vocales y un máximo de cinco. De requerirse segunda vuelta electoral, estas juntas se integrarán, en lo posible, con los mismos vocales que actuaron en la primera vuelta.
Esto en respuesta a la decisión el Parlamento que no determinó en la norma el número máximo de vocales, lo que se contradice con el principio de seguridad jurídica, a decir del mandatario.
Circunscripciones territoriales
Sugiere que en caso de creación de nuevas circunscripciones territoriales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) incluirá la elección de las autoridades de dichos sectores en la siguiente convocatoria a elecciones generales o seccionales, según corresponda. Las fechas y plazos que se determinen en la Ley servirán de base para que en cada uno de los comicios, el CNE, en coordinación con el Tribunal Contencioso Electoral, establezca el calendario electoral.
Licencia sin remuneración
La Legislatura dispuso que los dignatarios que opten por la reelección directa al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Al respecto, el Jefe de Estado precisa que el artículo 113, numeral 6, de la Constitución determina que los demás servidores públicos y los docentes podrán candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas, por lo que no es pertinente esa diferenciación en cuanto al tiempo de licencia sin sueldo en ambos casos.
Requisitos
El presidente Moreno objeta el hecho de no haber sufragado en el último proceso electoral como una prohibición para ser candidatos de elección popular, así como la posibilidad de limitar los derechos de participación política a personas que tienen su domicilio permanente en determinada circunscripción y que, por asuntos académicos, laborales o de cualquier otra índole se vean obligados a ausentarse temporalmente.
Actas rezagadas          
También pide especificar los casos en que se declarará una acta como rezagada.
Rendición de cuentas
Plantea que las organizaciones políticas que hayan recibido financiamiento del Estado, a través del Fondo de Promoción Electoral, deberán rendir cuentas del uso de tales recursos y de ser el caso reintegrar lo no utilizado o no justificado debidamente ante el CNE.
MG/cz

Asamblea inicia juicio político contra Presidenta del Consejo Nacional Electoral

juicio politico

En el 2020 la Asamblea Nacional inicia su labor parlamentaria con temas de interés social y con varias prioridades en su agenda de trabajo. Entre los temas de la semana del 6 al 10 de enero se registra el inicio del pedido de juicio político contra la Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint. Esta solicitud la realizaron los asambleístas Jeannine Cruz y Fernando Flores, fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) en diciembre pasado.

En este sentido, la Comisión de Fiscalización avocará conocimiento de la resolución del CAL de fecha 10 de diciembre de 2019 y de ser el caso, calificará a trámite el mismo, así como establecerá el cronograma para la sustanciación del proceso, este martes 7 de enero, a las 08:00.
Justicia
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado avanzará con el tratamiento de tres proyectos. La Ley Orgánica de la Defensoría Pública que incluye parámetros y directrices para fortalecer los servicios de asistencia legal a la ciudadanía, así como la especialización del personal misional con la creación de la Escuela Defensorial. Sobre la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, esta busca establecer una administración de justicia especializada para combatir la corrupción; y, el Código Orgánico Administrativo.
Igualmente, espera recibir el veto parcial del Ejecutivo al Código de la Democracia, para elaborar el informe no vinculante que será conocido en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Régimen Económico
Tres temas concitan el interés en la Comisión de Régimen Económico: las reformas al Código Monetario y Financiero, a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, del Código de Planificación y Finanzas Públicas, razón por la cual este miércoles 8 de enero, los comisionados aprobarán el cronograma de trabajo para el primer trimestre de 2020.
Derechos Colectivos
Este miércoles, la Comisión de Derechos Colectivos podría aprobar el informe del proceso sobre la situación de los trabajadores y familias que viven en las haciendas de abacá de la empresa japonesa Furukawa, donde se presume una vulneración de derechos. También los comisionados avanzarán con el tratamiento de las reformas a la Ley de Comunicación a fin de limitar gasto de publicidad del sector público, por tanto, revisarán las observaciones recibidas en esta materia.
Trabajadores
Con la presencia del presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Paúl Granda, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, el miércoles 8 de enero, revisará el borrador del informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Seguridad Social, con relación a la libreta del afiliado. A través de esta propuesta de Ley se busca crear un registro detallado de los aportes del afiliado, que permita al ciudadano tener acceso de los valores acumulados recaudados por el IESS y que fueron aportados por trabajadores y patronos.
Salud
La Comisión del Derecho a la Salud tiene previsto sesionar en dos jornadas el miércoles 8 de enero. En la primera jornada que se realizará desde las 09:00, revisarán las reformas a la Ley de Deporte con sectores vinculados a la temática; y, desde las 15:00, tratarán sobre las reformas a la Ley de Discapacidades.
Biodiversidad
La Comisión sesionará con el fin de finiquitar los detalles para el viaje a los cantones de Zaruma y Santa Rosa, en la provincia de El Oro, para el próximo 14 al 16 de enero; analizará el oficio de la Cámara de Pesquería respecto de la reserva marina de Galápagos; avanzará con la revisión del articulado de las reformas a la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos; y, determinará el cronograma de trabajo del 2020. La reunión se prevé para el próximo miércoles 8 de enero.
Relaciones Internacionales
En sesión reservada, el martes 7 de enero, la Comisión de Relaciones Internacionales recibirá la rendición de cuentas de la gestión del Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín y del Secretario de Inteligencia, Ricardo Luque. El miércoles 8, la Comisión conformará una subcomisión para el análisis del proyecto de Ley de Seguridad del Estado; y, aprobará el informe para primer debate del proyecto de Movilidad Humana.
Educación
La Comisión de Educación avanzará con el estudio de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, así como del proyecto de Ley Orgánica de Alimentación Escolar. Está prevista la presencia de autoridades vinculadas a estos temas que orientarán en la discusión de la mesa legislativa.
Soberanía Alimentaria
Para debatir aspectos sobre el proyecto de Ley de Pesca, la Comisión de Soberanía Alimentaria realizará una reunión de consejo técnico con delegados del Ministerio de Ambiente, Corporación Financiera Nacional (CFN), BanEcuador, Ministerio de Comercio Exterior, Instituto Nacional de Pesca, Armada del Ecuador y representantes de territorios marítimos.
Gobiernos Autónomos
El martes 7 de enero, la Comisión de Gobiernos Autónomos realizará una nueva mesa técnica para revisar las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). En esta reunión estarán presentes representantes del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), Consorcio de Gobierno Provinciales del Ecuador (Congope), Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y del Consejo Nacional de Competencias (CNC).
Pleno
Según declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, está previsto que el Pleno trate en segundo debate el proyecto de Ley  Orgánica de Emprendimiento e Innovación, que tiene por objetivo mejorar el ecosistema de los emprendimientos, para lo cual se propone crear un consejo de emprendimientos que tenga un capital para apoyar a los nuevos negocios. Así mismo, busca reducir la tramitología y mejora el acceso a financiamiento apropiado.
JLVN/ea

36 asociaciones productivas de 10 cantones reciben semillas de maíz

10 cantones

El Gobierno de Manabí, mediante la empresa pública Manabí Produce, realiza la entrega de 2.875 sacos de semillas de maíz amarillo a agricultores de la provincia.
Hoy en Portoviejo, en El Florón, se desarrolló un acto donde se realizó la dotación a cientos de productores de este y otros cantones. La distribución se realiza a nivel provincial ante la llegada de la época de lluvias.
36 asociaciones productivas de 18 parroquias y 10 cantones son beneficiarias, llegando a 1.268 agricultores que podrán sembrar 2.857 hectáreas con una alta productividad.
“¡Si al campo le va bien, a la ciudad le irá bien! No nos cansaremos de repetirlo. Es la convicción que tenemos a favor de quienes ponen su esfuerzo para labrar la tierra y producir nuestros alimentos”, expresó emocionado el prefecto Leonardo Orlando durante el evento.
La autoridad provincial destacó que gracias a esta intervención serán distribuidas en la provincia más de 76 millones de semillas. También anunció que se asignaron 19 técnicos del Gobierno de Manabí para dar acompañamiento técnico a los cultivos de maíz. 
“De parte de nosotros los agricultores le agradecemos por esta oportunidad que se nos brinda para fortalecer nuestra agricultura. Muchas gracias Prefecto. Agricultores hoy, agricultores toda la vida”, dijo Iter Bravo Bazurto, presidente de la Asociación Sabanas del Florón.
En el marco del evento en Portoviejo, se firmaron convenios entre Manabí Produce con 36 asociaciones de 10 cantones de Manabí: Portoviejo, Paján, Jipijapa, Santa Ana, Montecristi, Jama, Sucre, Tosagua, Rocafuerte y Pichincha.

Jorge Glas puede estar libre en poco tiempo

jorge libre
La existencia de situación en grave riesgo determino la CIDH entre otras cosas como la probable violación a los derechos del detenido fue el mensaje claro que emitió en un comunicado la Comisión firmada por el Secretario Ejecutivo Pablo Abräo el 31 de diciembre del año 2019.
El texto final en su disposición dice:

  1. II. V.- DECISIÓN

40 . En vista de los antecedentes señalados, la CIDH considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irrepa rabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglame nto. En consecuencia, esta solicita a Ecuador que:


  1. a. adopte las medidas necesari as para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Jorge David Glas Es pi nel; particularmente, valorando e implementando aquellas s apropiadas a las circunstancias personales y que permita n crear las condiciones que aseguren y respeten sus derechos;

  2. b. concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y

  3. c. informe sobre las acciones implementadas tendentes a invest igar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repeti ción .

  1. 41. La Com isión solicita al Gobierno de Su Excelencia que tenga a bien informar a la Comisión, den tro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la presente comunicación, sob re la adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha informa ción en forma periódica.


  1. 42. La Comisión resalt a que, de conformidad con el artículo 25.8 del Reglam ento de la Comisión, el otorgamient o de med idas cautelares y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre la posible violación de los derechos protegidos en la Con vención Americana y otros instrumentos ap licables.


  1. 43. La Comisión instruye a su Secretaría Ejecutiva que notifique la presente Reso lución al Estado de Ecuado r y a los solicitantes.


  1. 44. Aprobado el 31 de diciembre de 2019 por: Esmeralda Arosemena de Troitiñ o, Pre side nta; Joel Hernández García, Primer Vicepresidente; Antonia Urrejola Noguera, Segunda Vic epreside nta; Fra ncisco José Eguiguren Praeli; Luis Ern esto Vargas Silva y Flávia Piovesan.

Con todo lo expuesto la justicia internacional ha comenzado a dar vista a la violación de derechos de los perseguidos políticos.

Se firman convenios para obras sociales y viales en Jipijapa

jipijapa obras

El Gobierno de Manabí mediante convenios trabajará con el municipio del cantón Jipijapa, para desarrollar obras sociales, y de infraestructura vial.
Tres convenios  firmaran el prefecto Leonardo Orlando, y el alcalde de Jipijapa, Luis Gencon,  este  viernes 20 de diciembre a las 10h00,  en el auditórium del cabildo municipal.
Los convenios de cooperación interinstitucional  permitirán el desarrollo de proyectos sociales a través de la dirección de Desarrollo humano, uno para la implementación de equipos e implementos para el Centro de Rehabilitación Física Municipal San Lorenzo de Jipijapa, que beneficia a 130 personas, entre adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos prioritarios del cantón Jipijapa. El monto es de 24.003,00 dólares.
Otro será para beneficio de 150 niños, niñas y jóvenes con destrezas deportivas, para que formen parte del programa Recreativo y deportivo “Entrenando Valores”, que se promueve desde inicios de esta administración en todos los cantones y parroquias rurales de Manabí.
El tercer convenio permitirá la atención de varias calles de la zona periférica del cantón, con mejoramiento de estructura, colocación de carpeta asfáltica, construcción y reconstrucción de aceras y bordillos. El Gobierno de Manabí invertirá más de 339.000 dólares.


La economía ecuatoriana decreció -0,1% en el tercer trimestre de 2019

decrece pib

El Banco Central del Ecuador (BCE) presenta las cifras de crecimiento de la economía ecuatoriana a nivel trimestral, las cuales contemplan la nueva información de las Cuentas Nacionales Anuales del año 2018, difundidas al público el 09 de diciembre de 2019.
El Producto Interno Bruto (PIB) decreció -0,1% en el tercer trimestre de 2019 en comparación con similar período de 2018. Respecto al segundo trimestre de este año, se registra un crecimiento de 0,1%. El PIB del período que va entre julio y septiembre de 2019 se ubicó en USD 18.070 millones a precios constantes[1].
Gráfico 1
PRODUCTO INTERNO BRUTO - PIB
2007=100, Tasas de variación trimestral

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador
Los principales factores que explican el comportamiento del PIB son: i) la menor dinámica de la formación bruta de capital fijo y del consumo final del gobierno general, que disminuyeron -3,0% y -2,8%, respectivamente, a nivel interanual; y, ii) la evolución de las importaciones de bienes y servicios, que por su naturaleza disminuyen el PIB, fueron mayores en 0,3% a las registradas en el tercer trimestre de 2018.

2019.III OFERTA Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2007=100, Tasas de variación trimestral t/t-4
 2019.III CONTRIBUCIONES ABSOLUTAS A LA VARIACIÓN
INTER-ANUAL t/t-4 DEL PIB
2007=100
Gráfico 2
Gráfico 3


Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador
Exportaciones e importaciones de bienes y servicios 
Durante el tercer trimestre de 2019, las exportaciones de bienes y servicios crecieron en 4,1%, dicho comportamiento se basó en el desempeño positivo de las ventas al exterior, en particular de los siguientes productos:
  • Petróleo crudo (8,3%), que alcanzó 36,28 millones de barriles, superiores en 6,6% a las del tercer trimestre de 2018.

  • Camarón (14,3%), por el incremento de exportaciones a China y las inversiones realizadas en mejoras y tecnificación en las fincas camaroneras y laboratorios de larvas.

  • Pescado y otros productos acuáticos (12,1%).

Entre los productos que presentaron un desempeño positivo, de acuerdo a su importancia en las importaciones están: aceites refinados de petróleo (17,0%); maquinaria, equipo y aparatos eléctricos (4,1%); equipo de transporte (4,8%) y otros productos agrícolas (24,5%).
Gasto de Consumo Final de los Hogares
Este rubro presentó un crecimiento interanual de 1,1% durante el tercer trimestre de 2019 en relación con el mismo período del año 2018. Entre los factores que determinaron este porcentaje se encuentran: i) crecimiento en el volumen de las importaciones de bienes de consumo en 7,1%; ii) desempeño positivo del número de operaciones de crédito de consumo (17,1%); y, iii) aumento de 10,1% de las remesas recibidas, alcanzando un valor de USD 845,58 millones en el trimestre analizado.
Gasto de Consumo Final de Gobierno General
Los gastos de consumo final del Gobierno General experimentaron un decrecimiento de -2,8% en el tercer trimestre de 2019, respecto a similar trimestre de 2018. El resultado obedece principalmente a una menor ejecución en el rubro “Sueldos” de USD 2.279,3 millones, inferior en USD 21,5 millones a lo ejecutado en el segundo trimestre de 2018. Esto se relaciona con el número total de servidores públicos ocupados, que decreció en 2,2% en el período analizado.
Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF)
En términos interanuales, la inversión registró una reducción de 3,0% en el tercer trimestre de 2019, principalmente por el decrecimiento de la actividad de la construcción en 4,9%, que representa alrededor del 67% de la estructura de esta variable.
Valor agregado petrolero y no petrolero
Durante el período analizado, el Valor Agregado Bruto (VAB)[2] No Petrolero mostró un leve crecimiento interanual de 0,04%, que se explica por la mayor dinámica de industrias como: manufactura, agricultura, acuicultura y pesca de camarón, suministro de electricidad y agua, servicios financieros, pesca, alojamiento y servicios de comida, entre otros.
Por el contrario, el sector petrolero registró un incremento en su VAB de 0,4% en el tercer trimestre de 2019 en relación a igual período de 2018. Esto se asocia a un aumento en la actividad de petróleo y minas de 3,5%, debido al incremento de la producción nacional petrolera en 4,2% alcanzando 50,25 millones de barriles.
Gráfico 4
VAB PETROLERO* Y NO PETROLERO
2007=100, Tasas de variación interanual t/t-4

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador
(*) Comprende la suma del VAB de las industrias de extracción de petróleo más la refinación del petróleo.
Evolución interanual del VAB sectorial
Acuicultura y pesca de camarón
Registró una variación positiva del 12,7% estimulado por una mayor demanda del mercado externo, principalmente de camarón, que exportó alrededor de 165.000 toneladas métricas y un incremento interanual de 27,1%, gracias al uso de sistemas intensivos en tecnología que permiten sembrar más larvas de camarón por piscinas.
Pesca 
El VAB de este sector se elevó en 7,4%, como resultado del aumento interanual de las exportaciones de enlatados de pescado en 10,4%.
Servicios financieros
Este sector registró una expansión de 4,5%, pues se realizaron 3,28 millones de operaciones de crédito del sector financiero privado y de la economía popular y solidaria, lo que equivale a un incremento de 12,7% con relación al tercer trimestre de 2018.
Petróleo y minas
El sector se dinamizó en 3,5% en el tercer trimestre de 2019, debido al aumento de la producción hidrocarburífera (empresas públicas y compañías privadas) en 4,2% respecto a igual período de 2018. La producción de Petroamazonas EP se incrementó en 6,3% al pasar de 37,47 millones de barriles de crudo en el tercer trimestre de 2018 a 39,84 millones en el tercer trimestre de 2019.
Alojamiento y servicios de comida
El VAB se expandió en 2,3% respecto al tercer trimestre de 2018, debido al incremento en 4,6% de la llegada de extranjeros al país, según información del Ministerio de Turismo (Mintur). Esto incidió en una mayor demanda de hoteles y servicios relacionados, así como de restaurantes.
Manufactura
Esta actividad económica, que no incluye a la refinación de petróleo, registró un crecimiento de 1,7% en su VAB. Las industrias manufactureras que tuvieron un mayor dinamismo fueron: procesamiento y conservación de pescado (9,0%), procesamiento y conservación de camarón (7,2%), elaboración de cacao, chocolate y productos de la confitería (6,6%), fabricación de sustancias y productos químicos (6,4%).
Suministro de electricidad y agua
El VAB de esta industria presentó un aumento de 1,5%, sobre todo por el incremento de la producción de la Central Hidroeléctrica Hidropaute en 7,5%, que representa el 39% del total de la producción hídrica. La producción de las Centrales Manduriacu y San Bartolo (21% de la producción hídrica) registró un incremento de 47,7% para el tercer trimestre de 2019.
Agricultura
El sector agrícola presentó una variación de 1,1%, gracias al desempeño de las exportaciones de banano (0,7%) y al incremento de la producción de tomate y cebolla, que crecieron en 8% y 4%, respectivamente.
Transporte
Esta industria presentó un crecimiento de 1,0% debido a un mayor consumo interanual de gasolina extra y diesel, destinado al transporte terrestre y marítimo, que se incrementó en aproximadamente 3,6%. Además, el resultado de este sector está vinculado con el comportamiento positivo de la mayoría de las actividades productivas y al aumento de las importaciones, que tienen una vinculación con los servicios de transporte.
Correo y comunicaciones
Esta actividad económica mostró un incremento interanual de 0,6%, comportamiento que se refleja en un mayor dinamismo de 
couriers en el país, asociado a un mayor dinamismo de las remesas recibidas, que tuvieron un desempeño positivo de 10,1%.
Enseñanza y servicios sociales y de salud
El VAB de esta actividad económica disminuyó en 0,5% como consecuencia de una menor adquisición de bienes y servicios en el sector salud (-27,7%), así como por la disminución de las remuneraciones en el sector educación (-2,0%).
Comercio
En el tercer trimestre de 2019, el comercio al por mayor y menor disminuyó su actividad económica en 1,3%. Esta evolución está relacionada con la desaceleración de la actividad económica de varios sectores, ya que su estructura es el resultado de la suma de los márgenes comerciales. Adicionalmente, este sector es afectado por un menor ritmo de crecimiento en el consumo de los hogares y en las importaciones de bienes de consumo.
Construcción
Este sector se contrajo en 4,9% en relación al tercer trimestre del año anterior. El número de operaciones de crédito otorgadas en el segmento inmobiliario por el Sector Financiero Público (incluye Biess) se redujo en 28,5%. Igualmente, el número de operaciones concedidas por las instituciones del Sector Financiero Privado y de la Economía Popular y Solidaria se contrajo en 38,2% en el crédito otorgado para la Vivienda de Interés Público (VIP) y en 14,6% para el crédito inmobiliario.
Administración pública y defensa
El VAB de esta rama se redujo en 5,5% principalmente por una menor compra de bienes y servicios en 14,1% así como por la disminución en el rubro de sueldos y salarios, que pasó de USD 2.300,8 millones en el tercer trimestre de 2018 a USD 2.279,3 millones en igual período de 2019, registrando un decrecimiento de -0,9%.
Refinación de petróleo
En el tercer trimestre de 2019 esta rama se redujo en 29,1%. Esto se debe a: una caída en la producción de derivados en 2,5% ya que tanto la Refinería de Esmeraldas como La Libertad procesaron menores volúmenes de crudo en 0,18% y 8,4%, respectivamente, frente a lo ocurrido en el tercer trimestre de 2018, en razón a la ejecución de jornadas de mantenimiento. Esto determinó un incremento de las importaciones de nafta en 12,3% a fin de atender la demanda interna de combustibles.
Tercer trimestre de 2019: déficit de Cuenta Corriente disminuye en USD 194,7 millones
La Cuenta Corriente[3] de la Balanza de Pagos ecuatoriana presenta en el tercer trimestre de 2019 un déficit de USD -64,9 millones, menor en USD 194,7 millones al registrado en similar período de 2018 (USD -259,6 millones).
En este resultado influyeron los saldos positivos en la Balanza de Bienes (USD 313,3 millones) y Transferencias Corrientes (USD 692,7 millones), que compensaron los saldos deficitarios de la Balanza de Servicios (USD -265,9 millones) y de la Balanza de Renta (USD -805,1 millones).
La Balanza de Bienes, en este trimestre, presenta un superávit asociado a un aumento interanual de 1,1% de las exportaciones (USD 5.804,2 millones) que contrastan con una reducción de 5,7% de las importaciones (USD 5.490,9 millones). Sobresale la dinámica interanual de las exportaciones no petroleras, que aumentó 9,1% hasta los USD 3.402,7 millones en el tercer trimestre de 2019, USD 284,8 millones más que igual período en 2018. Los productos que en mayor medida explican esta evolución son:
  • Camarón, de USD 819,9 millones a USD 1.043,0 millones (27,2%).

  • Café y elaborados, de USD 19,3 millones a USD 23,3 millones (20,6%).

  • Cacao y elaborados, de USD 193,1 millones a USD 197,9 millones (2,5%).

  • Banano y plátano, de USD 737,0 millones a USD 748,7 millones (1,6%).

  • No tradicionales, de USD 1.268,7 millones a USD 1.311,6 millones (3,4%)

En cuanto a las importaciones, en términos FOB, alcanzaron USD 5.490,9 millones, lo que representó una disminución de USD 332,0 millones frente al tercer trimestre de 2018. Según la clasificación por uso o destino económico, los rubros que disminuyeron fueron:
  • Bienes de consumo, de USD 1.295,6 millones a USD 1.256,3 millones (-3,0%).

  • Combustibles y lubricantes, de USD 1.093,2 millones a USD 1.084,8 millones (-0,8%).

  • Materias primas, de USD 1.989,0 millones a USD 1.735,9 millones (-12,7%).

  • Bienes de capital, de USD 1.359,3 millones a USD 1.322,6 millones (-2,7%).

En cuanto a las Transferencias Corrientes, uno de los sus principales componentes constituye las remesas enviadas al país por los ecuatorianos que trabajan en el extranjero. Al comparar los terceros trimestres de 2018 y 2019, se observa que este rubro subió USD 77,5 millones (10,1%), alcanzando USD 845,6 millones. El flujo de remesas provino de: Estados Unidos (USD 495,7 millones), España (USD 210,6 millones), Italia (USD 39,1 millones) y de otros países (USD 100,2 millones).
Por otro lado, la Balanza de Servicios presentó un déficit de USD 265,9 millones, mayor al observado en el tercer trimestre de 2018 (USD 168,3 millones),[4] debido a que los servicios recibidos aumentaron en USD 66,6 millones, mientras que los prestados bajaron en USD 31,0 millones respecto al tercer trimestre de 2018.
Igualmente, la Balanza de Renta mostró un saldo deficitario de USD -805,1 millones, mayor al registrado en el tercer trimestre de 2018 que alcanzó USD 699,1 millones, en razón de que se pagó más renta asociada a la inversión de cartera.
El otro componente de la Balanza de Pagos es la Cuenta de Capital y Financiera, cuya evolución en el tercer trimestre de 2019 registró:
  • El flujo neto de la Inversión Extrajera Directa (IED) alcanzó USD 127,9 millones, menor en USD 169,5 millones respecto al reportado en el tercer trimestre de 2018, cuando estuvo en USD 297,4 millones.

  • Del monto total de la IED, USD 49,2 millones corresponden a nuevos capitales, USD 34,2 millones a utilidades reinvertidas y USD 44,4 millones a préstamos netos de capital de empresas relacionadas con sus afiliadas, en donde los desembolsos recibidos fueron mayores a las amortizaciones pagadas.

  • Los recursos de la inversión se destinaron, en mayor medida, a las siguientes actividades: explotación de minas y canteras (USD 77,9 millones), servicios prestados a empresas (USD 19,0 millones), electricidad, gas y agua (USD 12,6 millones), agricultura, silvicultura, caza y pesca (USD 11,0 millones) e industria manufacturera (USD 8,0 millones), entre las principales.

  • En el tercer trimestre de 2019, la economía recibió ingresos de capitales por USD 2.694,7 millones, principalmente de la colocación de bonos soberanos en el mercado internacional por USD 2.000,00 millones y por los recursos de organismos internacionales por USD 369,3 millones, entre ellos Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial y Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), los que permitieron financiar parcialmente el Plan Anual de Inversiones.

  • La Cuenta de Capital y Financiera alcanzó un saldo superavitario de USD 917,5 millones en el tercer trimestre de 2019.

En conjunto, los movimientos de la Cuenta Corriente y la Cuenta de Capital y Financiera determinaron, por tercer trimestre consecutivo, un resultado positivo de la Balanza Global de USD 774,8 millones en el tercer trimestre de 2019, que se relaciona con un aumento de las reservas internacionales en USD 1.035,1 millones.
Cuadro No. 1

Fuente: BCE
Incluye Comercio no registrado y otras exportaciones e importaciones
Para más información revisar el siguiente enlace:
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/boletin69/indice.htm
Aquí se encuentra la metodología de registro de la balanza de pagos:
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/metodologia.pdf

[1] Es aquella que resume todas las transacciones realizadas por el país con el resto del mundo por concepto de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, renta o pago de factores y transferencias corrientes.
[2] Esta balanza incluye aquellas transacciones relacionadas con comercio internacional de servicios, entre las que se puede mencionar transporte, viajes y otros servicios empresariales como consultorías, seguros, financieros, entre otros.
Para mayor información revisar el link:
https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/cntrimestral/CNTrimestral.jsp

[3] Valoración del PIB a precios del año base = 2007.
[4] El VAB corresponde al valor de la producción menos el consumo intermedio de las industrias.
 

Dialogar con la ONU para conseguir un mundo mejor está a tu alcance

dialogos onu

El diálogo #ONU75 busca llevar a cabo un “examen de la realidad mundial” que se basará en los resultados que arrojen las mencionadas conversaciones; una “encuesta de un minuto”, disponible para todo el mundo; pesquisas de opinión en 50 países ; y un análisis de los medios de comunicación tradicionales en 70 naciones mediante el uso de la inteligencia artificial.
El propio 
Secretario General de la ONU, António Guterres, llama a la participación y destaca que "ningún país, ninguna comunidad, es capaz de resolver por sí sola los complejos problemas del mundo. Necesitamos reunirnos, no sólo para hablar, sino para escuchar. Es absolutamente esencial que todos ustedes se sumen a la conversación. Necesitamos su opinión, sus estrategias y sus ideas para que podamos cumplir mejor con los pueblos del mundo a los que debemos servir".
El equipo encargado de las conversaciones trabaja junto a una amplia red multisectorial, que incluye a los coordinadores residentes de las Naciones Unidas, con el objetivo de lograr un alcance diverso y global, y para que todos los países del mundo puedan conducir los diálogos.
El lanzamiento, previsto para septiembre
La iniciativa ONU75 pretende impulsar la conversación en todos los segmentos de la sociedad — desde las aulas hasta los consejos de administración, desde los parlamentos hasta los ayuntamientos—, y pondrá especial énfasis en la juventud y en las personas cuyas voces son marginadas o ignoradas en las deliberaciones sobre los asuntos mundiales.
El Secretario General presentará a los líderes mundiales y a los altos funcionarios de la ONU las opiniones e ideas generadas en la conversación 
el próximo 21 de septiembre, durante un evento de alto nivel que servirá para conmemorar el 75º aniversario de la Organización.
Con el objetivo de impulsar los diálogos, la ONU se ha asociado con la empresa estadounidense de medios digitales Vox Media que producirá un video con entrevistas a treinta y ocho personalidades de todo el mundo. En el reportaje, los entrevistados explicarán sus experiencias y opiniones relacionadas con temas globales importantes.
El lanzamiento del video está previsto para el próximo 6 de enero.
Puedes ver el kit de la conversación y participar en el siguiente enlace: 
https://www.un.org/es/un75/join-conversation

Carro es aplastado por una roca inmensa en Quito

roca heridos

Una #roca de gran tamaño cayó sobre un vehículo perteneciente al Municipio de #Quito en la Av. Simón Bolívar hace pocos minutos. Se registran varios heridos. Tomar las precauciones del caso.
Son tiempos de invierno y los deslaves pueden causar graves accidentes por lo que invitamos a los conductores mirar cuidadosamente sus lados y de ser posible dejar de viajar por las noches toda vez que esto se torna aún más peligroso

FISCALÍA INICIÓ INSTRUCCIÓN FISCAL CONTRA CIUDADANO ACUSADO DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

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La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional lograron la detención de un ciudadano acusado por su presunta participación en el delito de trata de personas, con fines de explotación sexual.
Luego de recibir la denuncia por parte de la víctima, el pasado 26 de diciembre, la Fiscalía del Guayas comenzó un proceso de investigación y ubicación del ciudadano Gregory J. S., y gracias a la información obtenida a través de mensajes de texto y llamadas de su número celular –con orden de autoridad competente– se lo detuvo la mañana del domingo 29 de diciembre en su domicilio ubicado en el bloque 10 de Bastión Popular, en el norte de esta ciudad.
La víctima indicó en su denuncia que el detenido ofrecía mejorar sus ingresos económicos, la llevó a vivir a la ciudad de Manta (Manabí), donde la obligó a prostituirse, para luego llevarla a centros de diversión nocturna de Chone y Quevedo (en Los Ríos) y finalmente a la ciudad peruana de Chiclayo.
La audiencia de formulación de cargos se realizó la noche de este domingo en la Unidad Judicial Cuartel Modelo. El Juez de Garantías Penales dispuso medidas cautelares al procesado, como presentación periódica y prohibición de salida del país.
Finalmente, se otorgaron medidas de protección a la víctima, conforme al artículo 558 numerales 1, 2, 3 y 4, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que dispone la prohibición del procesado a concurrir a reuniones y de acercarse a la víctima, y realizar actos de persecución e intimidación contra ella, además del otorgamiento de una boleta de auxilio a favor de la perjudicada y de miembros de su núcleo familiar.
Dato Jurídico
La Fiscalía procesó este caso con base en lo dispuesto en el artículo 91 (inciso Segundo numeral 2) y 92 del COIP, que sanciona el delito de trata de personas con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.

1.268 familias recibirán kits para sembrar maíz

maiz amairllo

La empresa pública Manabí Produce del Gobierno de Manabí realiza la entrega de 1.268 kits de semillas de maíz amarillo para familias pertenecientes a asociaciones productivas.

Con esta iniciativa se sembrarán 76 millones 80 mil semillas en aproximadamente 2.857 hectáreas distribuidas en 10 cantones: Portoviejo, Jama, Sucre, Tosagua, Rocafuerte, Pichincha, Paján, Jipijapa, Santa Ana, y Montecristi.

El evento simbólico de la entrega se realizará este viernes 3 de enero a las 10h00, en El Florón 5 de Portoviejo, allí recibirán los insumos la Asociación de Producción Agropecuaria del Florón, el Club Social Cultural “9 de Octubre” del Naranjo de Colón, la comunidad Maconta de Calderón, y la Asociación Ruta del Choclo. Todos ellos recibirán 26 millones 100 mil semillas, beneficiando a 163 familias de Portoviejo.

Desde la semana pasada se han entregado estas ayudas a las parroquias Ángel Pedro Giler (La Estancilla) de Tosagua, Barraganete (Pichincha), Cascol y Campozano de (Paján), San Isidro (Sucre), y La Pila (Montecristi).
También se realizó la entrega a las asociaciones productivas de las comunidades: Bigua, Mocora y Rambuche del cantón Jama; Danzarín, Ojo de Agua y Tierra Bonita de Rocafuerte; El Junco y Buena Esperanza de Tosagua.

Chonenses aportan con su cantón en el primer día de recaudación 

impuestos predios

“Muy buena atención he recibido en las ventanillas de recaudación… A mí me gusta cancelar siempre el primer día”, manifestó Antenógeno Muñoz, adulto mayor de 81 años que llegó de la avenida Eloy Alfaro a la municipalidad, a las 09h00, para aportar con su cantón mediante el pago del impuesto predial, este jueves. Afirmó que no le tomó ni 10 minutos hacerlo.  
Lo mismo hizo José Giler, de 50 años y habitante del sector Muchique 2 de la parroquia Eloy Alfaro, quien sostuvo que aprovechó para cancelar este primer día laboral del 2020 para beneficiarse del descuento del 10 por ciento, el cual se mantendrá hasta el 15 de enero. Dijo estar satisfecho por la atención recibida y por la agilidad del proceso.
Ana Karen Mendoza, subdirectora municipal de Tesorería, informó que la entidad se ha preparado para recibir a la ciudadanía en cinco ventanillas de servicio, para dar agilidad en los pagos y dando prioridad a embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores.

Que significa la Ley de Simplificación Tributaria Esta noche lo dirá Max Iñiguez en HechosEcuador

max iñiguez

Que significa la Ley de Simplificación Tributaria
Esta noche lo dirá Max Iñiguez en HechosEcuador, en un análisis profundo sobre este tema con la participación de Luis Flores, Luis Carrera, Marco Velasteguí, Manuel Valdez, quienes sacarán junto a Richard Macías la conclusión sobre la mencionada Ley.
Además que intereses hay de por medio: Porque solo 61 Asambleístas aprueban esta Ley, quienes están tras de todo esto.
21h30 Max Iñiguez responderá preguntas de la Ciudadanía.
Participa en Facebook, YouTube, Periscope, y nuestro portal
www.hechosecuador.com con todas sus aplicaciones en las diferentes plataformas digitales.
No se lo pierda para educarnos políticamente y enfrentar al imperialismo y las políticas neofascistas.

El año 2019 marca el fin de una “década mortal” para los niños en las zonas de conflicto, con más de 170.000 violaciones graves confirmadas desde 2010, según UNICEF

fin decada

El número de ataques documentados contra niños se ha triplicado desde 2010, con un promedio de 45 violaciones por día

Los conflictos en todo el mundo siguen cobrándose innumerables vidas entre los niños, dijo hoy UNICEF. Desde el comienzo de la década, las Naciones Unidas han documentado más de 170.000 violaciones graves contra los niños en los conflictos, o más de 45 casos por día durante los últimos 10 años. 
El número de países afectados por conflictos nunca ha sido tan alto desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Los niños de docenas de zonas en conflicto armado son el blanco de asesinatos, mutilaciones y desplazamientos forzosos. 
“En todo el mundo, los conflictos se prolongan cada vez más, causan mayores matanzas y se cobran más vidas entre los más jóvenes”, dijo la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. “Los ataques contra los niños continúan sin cesar, ya que las partes beligerantes hacen caso omiso de uno de los principios más fundamentales de la guerra: la protección de los niños. Detrás de cada acto de violencia contra los niños que aparece en los titulares y suscita la indignación pública, hay muchos más que no se denuncian”.
En 2018, las Naciones Unidas documentaron más de 24.000 violaciones graves contra los niños, entre ellas asesinatos, mutilaciones, violencia sexual, secuestros, denegación de acceso humanitario, reclutamiento forzoso y ataques contra escuelas y hospitales. Si bien esto puede explicarse en parte por el aumento de la supervisión y la presentación de informes, la cifra sigue siendo 2,5 veces mayor 
mayor que en 2010.
Más de 12.000 niños fueron asesinados o mutilados en 2018. La gran mayoría de las muertes infantiles en las zonas de conflicto armado se deben a los ataques aéreos y al uso continuo y generalizado de dispositivos explosivos como minas, morteros, artefactos explosivos improvisados, cohetes, municiones en racimo y fuego de artillería. 
Los ataques y la violencia contra los niños continuaron sin cesar en 2019. En la primera mitad del año, las Naciones Unidas documentaron más de 10.000 casos de violaciones, aunque es posible que las cifras sean incluso más elevadas. 

  • En enero, por lo menos 32 niños fueron asesinados o murieron en el norte y el este de Siria como resultado de la violencia, el desplazamiento y las condiciones invernales extremadamente duras.

  • En febrero, y a lo largo de todo el año, se produjeron varios ataques violentos contra centros de tratamiento del ébola en la parte oriental de la República Democrática del Congo. 

  • En marzo, más de 150 personas, entre ellas 85 niños, fueron asesinadas cuando un grupo armado atacó la aldea de Ogossagou en la región de Mopti, en el centro de Malí. Otro ataque en Sobanou-Kou provocó en 24 nuevas víctimas infantiles.

  • En abril, 14 niños murieron y 16 resultaron gravemente heridos en una explosión cerca de dos escuelas en Sana'a, Yemen, donde 1 de cada 5 escuelas del país ya no puede acoger a los estudiantes como resultado directo del conflicto. 

  • En mayo, UNICEF hizo un llamamiento a los gobiernos para que repatriaran a los niños que son sus ciudadanos o han nacido de sus ciudadanos, y que se encuentran atrapados en campamentos o centros de detención en el noreste de Siria. Cerca de 28.000 niños extranjeros de unos 60 países, incluidos casi 20.000 en Iraq, están afectados. También en mayo, la escalada de la violencia en el Estado de Rakhine, Myanmar, mató e hirió a varios niños.

  • En junio, tres niños fueron utilizados para detonar explosivos que mataron a 30 personas e hirieron a otras 48 en un centro comunitario donde se ven partidos de fútbol en Konduga, Borno, Nigeria. En las dos primeras semanas de junio se informó de que al menos 19 niños murieron en medio de las protestas en Sudán y otros 49 resultaron heridos.

  • En julio, decenas de niños resultaron heridos por una explosión mortal que dañó una escuela en Kabul (Afganistán). Más tarde ese mes, 32 niños fueron liberados de los grupos armados de oposición en el norte del Sudán meridional, pero UNICEF calcula que miles de niños siguen siendo utilizados por las fuerzas y grupos armados en el país.

  • En un solo fin de semana de agosto, 44 civiles murieron debido a los ataques aéreos en el noroeste de Siria, entre ellos 16 niños y 12 mujeres.   

  • En septiembre, UNICEF informó que 2 millones de niños siguen sin asistir a la escuela en Yemen, entre ellos casi medio millón que abandonaron los estudios desde que el conflicto se intensificó en marzo de 2015.

  • En octubre, la escalada de violencia en el noreste de Siria mató a 5 niños e hirió a 26. Con ello, el número de niños asesinados en Siria en los primeros nueve meses del año ascendió a 657 y el de niños heridos a 324.  

  • En noviembre, UNICEF dijo que tres años de violencia e inestabilidad en las regiones noroccidental y sudoccidental del Camerún han dejado a más de 855.000 niños sin escolarizar y han desplazado a 59.000 adolescentes.

  • A principios de diciembre, cinco niños y niñas murieron cuando unos hombres armados abrieron fuego dentro de un lugar de culto en Burkina Faso. En Ucrania oriental, donde casi medio millón de niños sufren las repercusiones del conflicto, este año se registraron 36 ataques contra escuelas, una de las cuales sufrió 15 ataques.

  • Y a mediados de diciembre, UNICEF dijo que un promedio de nueve niños fueron asesinados o mutilados todos los días en Afganistán, durante los primeros nueve meses de 2019.

UNICEF insta a todas las facciones beligerantes a que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y pongan fin de inmediato a todas las violaciones contra los niños, y a que dejen de utilizar como objetivo la infraestructura civil, incluidas las escuelas, los hospitales y las instalaciones de agua. UNICEF también pide a los Estados con influencia sobre las partes en conflicto que utilicen esta influencia para garantizar la protección de los niños.
En todos los países afectados, UNICEF colabora con sus aliados para prestar servicios de salud, nutrición, educación y protección a los niños más vulnerables. 
 
Nota para los editores: 
Las seis violaciones graves son: el asesinato y la mutilación de niños; el reclutamiento y la utilización de niños por parte de fuerzas y grupos armados; la violencia sexual contra los niños; los ataques a escuelas y hospitales; el secuestro de niños; y la denegación del acceso humanitario a los niños.

Campaña “En Navidad da Solidaridad” sensibilizó con éxito a más de 1,5 millones de personas para prevenir la mendicidad

mies mendicidad

Más de 1 millón 500 mil personas, entre familias usuarias de los servicios que brinda el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), personas de comunidades de zonas priorizadas que viven en extrema pobreza y la ciudadanía en general, fueron sensibilizadas sobre los riesgos de la mendicidad, como parte de la campaña “En Navidad da Solidaridad”, que se activó durante el mes de diciembre. Esta campaña se la ejecutó a través de tres ejes de acción: sensibilización, prevención y corresponsabilidad; y es parte de la Estrategia de Prevención de la Mendicidad que el MIES llevará de forma permanente durante el próximo año.
Para sensibilizar a la ciudadanía e informar sobre los riesgos de la mendicidad, se activaron 183 puntos móviles en mercados, plazas, parques, centros comerciales, terminales terrestres, entre otros, de las provincias de: Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, Guayas, Santa Elena, Esmeraldas, Imbabura, Carchi, Manabí, Santo Domingo y El Oro, sensibilizando a más 67 mil personas, superando la meta planificada que era de 18 mil. Asimismo, equipos técnicos del MIES realizaron abordajes con las familias que se encontraban en las carreteras para explicarles sobre los peligros a los que exponen a sus hijos al practicar la mendicidad.
Para evitar que niñas, niños y adolescentes salgan de sus comunidades hacia las grandes ciudades para mendigar, se realizaron 361 fiestas comunitarias, que contemplaron actividades de acompañamiento como: dinámicas grupales, juegos, agasajos navideños, entre otras. En estas participaron más de 31 mil personas de varias provincias del país.
Durante diciembre se receptaron 5.387 kits con donaciones ciudadanas de ropa, juguetes y víveres, a través de 69 puntos habilitados, en su mayoría en colegios y centros educativos. Desde el 24 de diciembre y en coordinación con el Ministerio de Defensa, se entregaron estas donaciones a familias de las zonas con mayores índices de mendicidad. Además, el 26 y 27 de diciembre se recibieron donaciones en los distritos de Educación de las provincias donde se aplicó esta estrategia.
Equipos integrados por el MIES y la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) realizaron patrullajes en carreteras, avenidas y calles como parte de las acciones de prevención. Este trabajo articulado dio resultados y actualmente se llevan adelante 4 procesos de investigación por explotación laboral a niñas, niños y adolescentes en la provincia de Guayas.
Además, como parte de este trabajo intersectorial para combatir la mendicidad, se activaron 24 mesas interinstitucionales para realizar acciones conjuntas con municipios, juntas cantonales de Protección de Derechos y los ministerios de Salud, Educación, Justicia y Trabajo.

Más de 3 mil personas participan de “Navidad en Familia”

navidad prefecto

Más de 3 mil personas se congregaron en Portoviejo en el evento “Navidad en Familia” organizado por el Gobierno de Manabí mediante su Dirección de Desarrollo Humano con los beneficiarios del frente social. Emotivos momentos se vivieron en la jornada realizada en el parque La Rotonda.
Se realizó la exhibición de proyectos como Entrenando Valores que beneficia a más de 12 mil niños, niñas y adolescentes con formación deportiva e integral. También quienes participan de los murales y otras actividades artísticas con «Manabí te cuenta una historia»., a través de talleres de pintura, arte y cultura.Acudieron también beneficiarios de campañas a favor de los grupos vulnerables mediante la Operación Justicia Social que se despliega en todos los cantones. Así como los participantes de los cursos de maquillaje y uñas acrílicas, entre otros.
«Tenemos  un compromiso con los presidentes de los Gobiernos Parroquiales para seguir apoyando los proyectos sociales, y seguir fomentando arte, cultura», resaltó el prefecto quien dijo que estos proyecto se ampliarán.
“Lo más importante siempre serán todos los grupos prioritarios. Con este evento dinamizamos economía y el arte de los manabitas. Disfrutemos del deporte, música y cultura en familia y en unidad”, dijo en su mensaje Leonardo Orlando a los miles de asistentes.
En la jornada hubo presentaciones de danza de parroquias como Alejo Lascano (Paján), Pedro Pablo Gómez (Jipijapa), Bachillero (Tosagua), Canoa (San Vicente) entre otros. Además la Orquesta musical del Gobierno Parroquial de Charapotó (Sucre).
Se realizó la exposición de pinturas  de «Manabí te cuenta una historia » con 10 niños de 9 parroquias donde se ejecuta: Paraíso La 14, Quiroga, Calderón, Canoa, Charapotó, Julcuy, La Estancilla, Machalilla, Jaramijó. El próximo año se llegará a un total de 30 parroquias.

Los 392.000 bebés nacidos el primero de enero no tienen la supervivencia garantizada

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Ante esta elevada cifra, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) hace un llamado tanto a los líderes mundiales como a las naciones a capacitar a los trabajadores sanitarios con conocimientos y materiales adecuados.
En palabras de la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, "el comienzo de un nuevo año y una nueva década es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras esperanzas y aspiraciones, no sólo para nuestro futuro,
sino para el futuro de aquellos que vendrán después de nosotros".
Un futuro del cual no pudieron gozar 2,5 millones de recién nacidos por haber fallecido durante su primer mes de vida el año 2018, casi un tercio de ellos en su primer día de vida.
De ellos, la mayoría murió por causas prevenibles, como un nacimiento prematuro, complicaciones durante el parto y afecciones como la sepsis. A esa cifra hay que añadirle que anualmente más de 2,5 millones de bebés nacen muertos.
Pese a los destacados avances en mortalidad infantil durante las tres últimas décadas, con una disminución del fallecimiento de menores de 5 años superior al 50%, resalta la lentitud de los avances relacionados con los recién nacidos.
Así, el 47% el total de muertes de niños y niñas menores de cinco años en 2018 se produjeron durante su primer mes de vida, en comparación con el 40% en 1990.
Por ese motivo, UNICEF, a través de su campaña
Cada Vida Cuenta, conmina a realizar una inversión inmediata en capacitación y equipamientos de los trabajadores sanitarios que sirva para garantizar que todas las madres y los recién nacidos reciban la atención adecuada para prevenir y tratar las complicaciones durante el embarazo, el parto y el nacimiento.
La mayoría nacerán en Asia y África
El
Fondo de la ONU para la Infancia calcula que el primer nacimiento del 2020 tuvo lugar lugar en Fiji y estima que más de la mitad de esos nacimientos ocurrirán en ocho países.
1.        India - 67.385
2.        China - 46.299
3.        Nigeria - 26.039
4.        Pakistán - 16.787
5.        Indonesia - 13.020
6.        Estados Unidos de América - 10.452
7.        República Democrática del Congo - 10.247
8.        Etiopía - 8.493

Pleno dispone remitir Ley de Simplificación Tributaria al Registro Oficial

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Con la presencia de 71 parlamentarios, se instaló, este lunes 30 de diciembre, la sesión 647 del Pleno de la Asamblea Nacional, para analizar y resolver el mecanismo de promulgación de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, calificada como urgente en materia económica.

Resolución
Acogiendo la moción presentada por el asambleísta José Serrano, la Legislatura resolvió, con 61 votos afirmativos, disponer al Prosecretario General Temporal el envío del proyecto de Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, para que se proceda a su promulgación inmediata en el Registro Oficial.
La resolución especifica que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en sesión 643, de fecha 17 de diciembre, conoció la objeción parcial del Ejecutivo, en un solo debate como corresponde.
Además, se allanó y ratificó respectivamente a las objeciones parciales y en relación con la objeción IX sobre la Disposición General Quinta de la normativa no se contó con los votos suficientes para su ratificación, por lo que esta ha quedado aceptada por el Parlamento, de conformidad con lo que establece el ordenamiento jurídico vigente.
Serrano dijo que es fundamental trabajar, en todo momento, con sentido de Patria y que la aprobación de la Ley de Simplificación Tributaria es una muestra del compromiso del Parlamento de apoyar la gobernabilidad.
Beneficios de la Ley
La Ley permite al Estado una recaudación de más de 585 millones de dólares en 2020. El ítem que más ingresos generaría en 2020 es la contribución temporal a los ingresos de las empresas (0.1% a 0.2%).
Promueve una redistribución justa de la riqueza y también hace un sacrificio fiscal equivalente a 42,11 millones de dólares solo en el 2020, para atender a sectores como el agrícola, microempresarial y los afectados por el terremoto. Entre los benficiarios directos están alrededor de 9.000 jóvenes que podrán acceder a la remisión de intereses, multas y recargos derivados de créditos educativos y becas.
MG/cz
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