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Seis encuestadoras de voto a boca de urna están habilitadas para los comicios 2021

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Este miércoles 20 de enero el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó a 3 encuestadoras, entre empresas y personas jurídicas, para realizar los sondeos del voto a boca de urna durante las Elecciones Generales del próximo 7 de febrero. Hasta el momento suman 6 encuestadoras habilitadas.
Durante la sesión plenaria, las autoridades electorales aprobaron la inscripción de Climasocial Estudios y Asesoramiento; Centro de Estudios y Datos, CEDATOS Cía. Ltda.; y Marco Giovany Sinchi Chuya. Una vez que, cumplieron con los requisitos establecidos en el Reglamento sobre Personas Naturales y Jurídicas que realicen Encuestas de Voto a Boca de Urna.
La presente inscripción de encuestadoras se suma a Visión Empresarial Viemp S.A; Centro de Investigaciones y Estudios Especializados– CENTROINVEST Cía. Ltda; y a Blasco Peñaherrera y Asociados Estudios de Mercadeo y Opinión Cía. Ltda, aprobadas por el Pleno del CNE el pasado 13de enero.
El proceso de las encuestas de voto a boca de urna únicamente deberá realizarse fuera de los recintos electorales, en garantía del principio del derecho al sufragio. Asimismo, queda prohibida la difusión de los resultados de las encuestas de voto a boca de urna, que en ningún caso podrán ser publicados o difundidos por cualquier medio en periodo de silencio electoral, es decir 48 horas antes del día del sufragio hasta las 17h00.
De incumplir esta disposición y de existir indicios de presuntas infracciones electorales se presentará la denuncia ente le Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Ciudadano llamado a juicio por presunta estafa masiva al ofrecer cargos públicos

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Esta tarde, en audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el juez William Sangolquí dictó auto de llamamiento a juicio y ratificó la orden de prisión preventiva en contra de Franklin Patricio Z., por su presunta responsabilidad en el delito de estafa masiva.
Emilio Izquierdo, fiscal de Patrimonio Ciudadano, informó que, desde junio de 2019, el procesado se habría hecho pasar como funcionario del Municipio de Cuenca, para ofrecer cargos en esta institución a cambio de dinero.
De acuerdo con la investigación, habría convocado a los perjudicados a reuniones que se realizaban en su domicilio, situado en Cuenca. Allí les explicaba las condiciones para recibir nombramientos y contratos laborales en la entidad municipal. A varios de ellos se les habría indicado que debían adquirir camionetas para que laboren como conductores.
Alrededor de 50 personas serían las estafadas por Franklin Patricio Z. y el perjuicio económico alcanzaría los 128.000 dólares.
Varios elementos de convicción sustentan la acusación contra Franklin Patricio Z., entre estos: versiones de un grupo de perjudicados quienes identifican al procesado, el informe de una pericia contable que establece el monto del perjuicio, documentación de Municipio de Cuenca que indica que el procesado no labora en la Institución y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos.
Relacionado con este caso, Franklin Patricio Z. también es procesado por el delito de usurpación y simulación de funciones públicas, por el cual está llamado a juicio.
El delito de estafa masiva es sancionado en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con privación de libertad de siete a diez años.

Regulación del lobby permitirá eliminar prácticas ligadas a la corrupción

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La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social recibió a Freddy Carrión, Defensor del Pueblo; y a Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para que expongan sus sugerencias y observaciones a los proyectos de Ley Orgánica de Prevención de Conflicto de Interés (LOPCI), Ley que Transparenta y Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Servidores Públicos; y Ley que Regula la Vinculación y Representación de Intereses y Relaciones Públicas.

El Defensor del Pueblo mencionó que estos proyectos pretenden trasparentar una actividad que ya se da en el país, pero que necesita ser regulada. Dijo que se plantea un mecanismo para evitar y sancionar prácticas corruptas. En tal sentido, recalcó que la regulación permitirá controlar a los lobistas para que no incurran en dichos procedimientos.
Comentó que es importante que esta regulación no vaya en contra del interés general, y asegure la transparencia en la toma de decisiones. Una ley no puede favorecer a un grupo particular y afectar el interés común, remarcó.
Destacó que el proyecto que Transparenta y Regula el Lobby tiene mucha similitud con la ley chilena, en ese caso, dijo, al ser realidades diferentes la normativa sería de difícil aplicación. En otro aspecto, puntualizó que se debe conocer cuál es el beneficio y la utilidad de la ley para saber si beneficia el interés común o a un solo grupo de lobistas.
Recomendó que estos tres proyectos sean integrados en uno y se defina lo que se considera tráfico de influencias de aquel trabajo legítimo y legal. El esfuerzo de la Comisión radicaría en equilibrar el interés general con el particular, expresó. Así mismo, sugirió incorporar lenguaje inclusivo con enfoque de género.
Marcelo Espinel, representante de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, centró su análisis en el proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Conflicto de Interés (LOPCI), en tal sentido, dijo que la norma permitirá transparentar la actividad de los actores estatales y no estatales, en torno a las decisiones públicas; y “emparejar la cancha” entre diversos actores para acceder a las autoridades y participar en los procesos de creación y adopción de políticas públicas.
A la vez, mencionó que será posible potenciar la transparencia, rendición de cuentas y control social, así como la prevención de la corrupción.
Durante su ponencia manifestó que la norma contempla la prohibición de efectuar gestiones de interés para las autoridades durante sus funciones, y dos años después de haberlas concluido, en materias directamente relacionadas a estas.
Además, establece que los servidores públicos, por un periodo de dos años contados a partir del término de sus funciones, no podrán prestar servicios gratuitos o remunerados, adquirir participación en entidades privadas o celebrar contratos públicos en áreas con relación directa a las funciones que desarrolló en el ejercicio público.
Una vez concluida su intervención la sesión fue clausurada.

Comisión de Educación verifica que se cumplan derechos de alumnos y docentes

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Para informar sobre las políticas y medidas que ha desarrollado, en función de garantizar los derechos de alumnos y maestros, en la pandemia y hasta la actualidad, la ministra Monserrat Creamer acudió ante la Comisión de Educación. La deserción estudiantil, la falta de conectividad, la violencia intrafamiliar, plan de retorno progresivo, recorte de presupuestos, pagos a jubilados, entre otros, fueron los temas que marcaron la atención, en la sesión virtual 074.
La asambleísta Jeannine Cruz, presidente de la mesa, dijo que urge una respuesta clara a la preocupación de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, sobre el rastro de 17 mil niños y adolescentes que no se habrían insertado en el ciclo escolar; así como, efectivizar el pago de la recategorización a  profesores que esperan ese beneficio, desde hace 13 meses. Hay que evitar los constantes recortes de presupuestos para el sector educativo, lo que pone en riesgo la calidad del mismo, sostuvo.
Objetivos
Monserrat Creamer indicó que el Ministerio de Educación, a pesar de las limitaciones, ha trabajado en tres objetivos específicos: garantizar el derecho a la educación; apoyo emocional psicosocial con una actitud inclusiva; y la continuidad educativa. La educación es verdaderamente la vía de transformación del país, por tanto, a todos nos tiene que importar cómo lograr la permanencia y evitar cualquier abandono de niños del sistema, precisó.
Reconoció que hay un fuerte incremento de casos de suicidios, adicción a drogas, violencia intradoméstica e incluso femicidios. Desde julio se implementa el plan de retorno progresivo, de manera segura y opcional de los niños a clases, añadió, tras puntualizar que cerca de 200 mil niños pasaron del sistema particular al fiscal.
Expuso que, con la suma de esfuerzos de empresas de tecnología, universidades, fundaciones, se logró abrir 600 mil cupos para capacitación de los docentes en diferentes líneas de formación, particularmente en el manejo de los ambientes virtuales y digitales, contención emocional y cómo enfrentar el nuevo modelo pedagógico.
Comentó que al inicio de la pandemia el grado de conectividad estaba en un 30 %, a nivel urbano y rural. Ahora, de acuerdo a últimas encuestas, bordearía el 75 % de acceso a dispositivos tecnológicos y la conectividad. Insistió que la vuelta a la escuela se dará cuando exista alguna relativa normalidad.
La voz de maestros y estudiantes
Isabel Vargas, principal de la UNE, aseguró que el 70 % de la población estudiantil no cuenta con herramientas tecnológicas e internet, igual situación atraviesan los profesores. Manifestó que alrededor de 200 mil alumnos están fuera del sistema, al tiempo de exigir que se devuelvan los 900 millones de dólares al sector para mantenimiento e infraestructura.
Miles de estudiantes en la Costa y el Oriente nos hemos quedado al margen de la educación virtual, afirmó Skarleth Tamayo, de la FESE, para quien, lamentablemente, no se priorizó la inversión en conectividad.
Inquietud de comisionados
Los parlamentarios Teresa Benavides, Alan Caiza, Noralma Zambrano, Silvia Salgado y Rafael Quijije demandaron de los ministerios de Educación y Telecomunicaciones que intensifiquen los proyectos de acceso a internet y la entrega de dispositivos en las zonas urbanomarginales y rurales. Además, que el Estado garantice los suficientes recursos,  que se priorice al magisterio dentro del proceso de vacunación contra el coronavirus y que se cumplan con los temas de sectorización y recategorización de docentes.

Entra en vigencia firma electrónica para todos los fiscales

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La Dra. Janeth Arias, directora de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal, y el Ing. Fabián Moreano, director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), recorrieron las diferentes unidades del edificio matriz de la Institución para verificar la entrada en vigencia del uso de la firma electrónica por parte de los fiscales, que podrán utilizar en diligencias e impulsos fiscales que se generen en el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF), durante el desarrollo de la investigación preprocesal y procesal penal.
La utilización de la firma electrónica entró en vigencia a las 14:30 de este martes 19 de enero de 2021, a escala nacional. Este proceso se enmarca dentro de la política implementada por la fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez, con el propósito de brindar un servicio de justicia, ágil y oportuno a la ciudadanía, garantizando la seguridad jurídica.
Para el efecto, se han emitido dos instructivos y se ha capacitado al personal misional en todo el país.
Los directores de Recursos Provinciales realizarán el seguimiento y monitoreo de la aplicación del proceso de inclusión de firmas electrónicas e informarán a la Dirección de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal las novedades que se presenten en su aplicación.
En las provincias donde no exista Director/a de Recursos, esta actividad la cumplirá el Fiscal Provincial.
Este proceso se enmarca en unos de los tres ejes de la gestión que encabeza la doctora Salazar, la innovación, con el objetivo de agilizar los procesos, brindar una mejor atención a la ciudadanía e ir de la mano con las nuevas tecnologías y los desafíos de la realidad que enfrentamos.

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