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April 2021

17 provincias del Ecuador y las tres circunscripciones del exterior recibieron los paquetes electorales para la segunda vuelta

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En cumplimiento al cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), este lunes 5 de abril arribará el paquete electoral a las provincias de Manabí y Los Ríos mientras que, a Santo Domingo de los Tsáchilas, Carchi, Esmeraldas, Imbabura llegará el martes 6 de abril. La entrega finalizará en la provincia de Pichincha el 9 y 10 de abril, esta actividad se desarrolla con normalidad en todo el territorio y con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas desde el 29 de marzo, fecha en la que inició la distribución con las provincias de difícil acceso.
Con respecto a las circunscripciones del exterior, los paquetes electorales se enviaron el 22 y 23 de marzo con la finalidad de llegar a tiempo a los lugares de votación que se encuentran fuera del país para que los compatriotas puedan ejercer su derecho al voto.
Para la segunda vuelta electoral del 11 de abril, el Instituto Geográfico Militar (IGM) imprimió 13 106 890 papeletas. Estos documentos, igual que en la primera vuelta, tendrán tres niveles de seguridad: elementos que se observan a simple vista como cenefas y guilloches, microlíneas; también elementos que se observan con ayuda de accesorios como microtextos y estructuras de alta complejidad; y seguridades de carácter forense, que son de estricto conocimiento del IGM y que solo pueden ser develados si se lleva a cabo una investigación para determinar posibles falsificaciones.

Asobanca, sector financiero popular y solidario y economistas exponen puntos de vista a proyecto económico urgente

La Comisión de Régimen Económico recepta observaciones al Proyecto de Reformas al Código Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización, a fin de elaborar el informe para primer debate. Asobanca y la Organización de Integración del Sector Financiero, Popular y Solidario apoyan la propuesta del Ejecutivo, mientras economistas creen que se generaría inseguridad jurídica.

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Así, Julio José Prado, presidente ejecutivo de Asobanca, destacó la importancia de aprobar el proyecto económico urgente y la decisión de restablecer el sistema de los cuatro balances del Banco Central del Ecuador (BCE) con reglas de respaldo, entendiendo que esta institución no concede créditos porque es un banco de reserva y custodio de la liquidez y de los depósitos del sector privado, es decir, no es comercial, ni público, ni del gobierno.
Señaló que las reformas establecen un período para llegar a la cobertura del 100 % de los pasivos, determinando el período en el que se va a subsanar la cobertura de los balances, esto es para el 2026, el primer sistema, y para el 2035 para el resto de sistemas del balance del Banco. Precisó que no existe dolarización viable sin banca fuerte, sólida y si el BCE no juega su rol de custodio de la liquidez.
Subrayó que los mitos alrededor del proyecto de ley son falsos o corresponden a interpretaciones erradas. Algunos ejemplos son pensar que se va a privatizar el Banco Central, que podrá dar créditos a la banca pero no al gobierno, que se elimina la regulación de tasas y comisiones, se facilita la salida de divisas del país, que la banca se va a tomar el directorio del Banco Central, o que esta normativa nos regresa a la misma situación de la crisis del 1999.
Precisó que la Asociación de Bancos del Ecuador no quiere que desaparezca el Banco Central. Dijo la propuesta del Ejecutivo es un buen paso para identificar hacia dónde queremos caminar: seguridad de los depositantes y atraer capitales internacionales.
En su turno, Edgar Penaherrera, presidente de la Organización de Integración del Sector Financiero, Popular y Solidario, coincidió con el Presidente de Asobanca en el sentido de que el BCE no debe ser prestamista de recursos ni para el sector público ni para el privado, porque es la entidad encargada de salvaguardar las reservas para casos de crisis, así también, la necesidad de robustecer a esta institución.
Presentó observaciones en temas relacionados al plazo para la capitalización de entidades y propuso incluir en el proyecto la reducción del cupo de crédito al segundo grado de consanguinidad y al primero de afinidad, en consideración a las realidades locales y cobertura de las cooperativas.
Peñaherra concluyó que el proyecto urgente busca garantizar los dineros de los depositantes, aportar al fortalecimiento de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI); y que el dinero no es de los bancos, de las cooperativas ni de las mutualistas, es de los depositantes.
Entre tanto, el economista Pablo Dávalos, expuso los problemas que se generan en la propuesta. Aseguró que existe confusión respecto de lo que significa el encaje bancario y los depósitos del público, así mismo sobre las reservas internacionales que no cumplen ninguna funsión macroeconómica, porque la economía de nuestro país es dolarizada.
Dijo que le preocupa la regla de respaldo, pues la dolarización no necesita de la misma. Manifestó que la regla de respaldo solo es permitida para proteger el tipo de cambio, es decir, se genera una señal de que el país puede empezar un proceso de dolarización para el nuevo tipo de cambio. Recordó que la regla de respaldo altera todo el sistema de dolarización porque otorga a las resevas internacionales un rol macroeconómico que no posee y afecta el proceso de deuda pública.
Enfatizó que la creación de una Junta de Regulación de Política Monetaria por fuera de la institucionalidad vigente, contraviene la Constitución en los artículos 303 y 261, numeral 5. A su criterio, el proyecto no puede aprobarse porque generaría inseguridad jurídica, dependencia al Fondo Monetario Internacional (FMI), visión ideológica de las reformas, riesgo de crisis sistémica, riesgos de desdolarización, corporativismo en la política financiera y monetaria, y neutralización de la política monetaria.
Por su parte, Walter Spurrier, máster en ciencas políticas, subrayó la importancia de la autonomia del Banco Central. Mencionó que si bien esta institución es parte del Ejecutivo, hay que poner cierta distancia entre el manejo financiero y político, y el manejo monetario. Precisó que debe haber funcionarios que velen por la estabilidad económica, que no haya exceso de inflación, que la liquidez de la economía sea la adecuada a fin de que no haya un crecimiento desmedido, ni falta de liquidez.
Mientras, el economista Pedro Páez Pérez mencionó que a través del proyecto urgente se pretende hacer reformas constitucionales, lo cual es inconstitucional. Indicó que la propuesta tiene un trasfondo con disposiciones del Fondo Monetario Internacional. Su título es engañoso, dijo. Si se quiere fortalecer la dolarización, los pocos recursos deberían quedarse en el país, precisó.
Páez advirtió que la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero crearía las condiciones para fortalecer el monopolio de la banca privada. La autorregulación del Banco Central es inconstitucional, concluyó.
Comparecencias martes
A las 09h15, la Comisión de Régimen Económico, avanzará con el tratamiento del Proyecto de Reformas al Código Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización. En esta oportunidad están invitados los economistas Alberto Acosta, Roberto Rosero, Vicente Albornoz, Nancy Medina, Alberto Dahik y Andrés Mideros, para que den sus observaciones a la propuesta calificada como económica urgente.

Presentan denuncia contra Guillermo Lasso por presunta defraudación tributaria, tras terremoto de Manabí

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Por el presunto delito de defraudación tributaria, un grupo de ciudadanos presentó la denuncia ante la Fiscalía Provincial de Manabí, en contra del empresario y candidato a la Presidencia, Guillermo Lasso.
Así lo confirmó 
Fernando Cedeño, militante de la Revolución Ciudadana, la tarde de este lunes 05 de abril de 2021, a través de su cuenta de Twitter, en la que hizo pública la presentación de esta demanda.
En la denuncia se argumenta que Lasso habría incumplido sus obligaciones tributarias, tras haber declarado, en 2016, 
un valor inferior de su patrimonio con lo que consiguió pagar menos como contribución para la reconstrucción del terremoto de Manabí el 16 de abril de 2016.
En el documento también se denuncia a Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas (SRI), y se la señala como aparente cómplice de este posible delito. 
Según el Código Orgánico Integral Penal (
COIP), la defraudación tributaria refiere cuando una persona «simula, oculta, omita, falsea o engaña, en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero». 
Este delito, dependiendo de los casos, es penalizado con una
 pena privativa de libertad de uno a siete años.
Según los informes del SRI, 
el candidato auspiciado por el PSC y CREO, en 2016, declaró un patrimonio de USD 24’566.017,83, por lo que pagó una contribución de USD 221.094,16. 
La entidad determinó que el verdadero patrimonio, directo e indirecto del hoy candidato presidencial, ascendía a 
USD 174’292 mil 280,34, es decir, se encontró una diferencia patrimonial de USD 144’726 mil 262,51.
De esta manera, 
se presume que Lasso habría evadido lo dispuesto en La Ley orgánica de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación, de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril, que dispuso que las personas naturales que posean un patrimonio individual igual o mayor a un millón de dólares, pagarán una contribución del 0,90%.
Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano

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