Con el fin de contar con insumos técnicos que enriquezcan el debate y previo a la construcción del informe para segundo debate del proyecto de la Ley de Carrera Sanitaria, la Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte recibió los criterios y observaciones de los Ministerios de Economía y Finanzas, Salud, Trabajo y de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

El viceministro de Finanzas, Bernardo Orellana, precisó que es necesario conocer los grados del escalafón y la escala remunerativa de los servidores del sector salud, para presentar un análisis técnico presupuestario, mientras que para Diego Carrasco la norma vulnera principios técnicos.
La posición del representante del Ministerio de Salud, Rodrigo Díaz, es sacar la mejor Ley posible, que esté articulada a una ley más amplia como el Código de Salud. Consideró que la jubilación anticipada debe enmarcarse en las disposiciones de la Ley de Seguridad Social y sus reglamentos, ya que se trata de un factor que puede comprometer y poner en riesgo las distintas prestaciones y el equilibrio técnico del organismo público asegurador.
Del Ministerio de Trabajo, Lorena Castellanos, tras manifestar que es importante que el país apoye al sector de salud, sugirió tener presente que en el ordenamiento jurídico actual prima el principio de homologación de las remuneraciones, y que también existe un sistema de carrera netamente determinado. Coincidió que las escalas remunerativas deben tener respaldo económico y el financiamiento previsible.
De su lado, Andrea Montalvo subsecretaria de la Senescyt subrayó la importancia de definir las competencias requeridas en el manual de clasificación de puestos, con el fin de determinar los requisitos de titulación para las carreras de tercer nivel. Pidió observar con claridad el tema de registro de títulos extranjeros, para que no se contrapongan con la ley.
Previamente, Leonidas Chiliquinga, asesor de la Comisión, presentó el proyecto y su proceso de construcción. Dentro del análisis y razonamiento dijo que en la propuesta de Ley no encuentran una verdadera motivación de las necesidades de contar con una carrera sanitaria y su finalidad, lo que es necesario incluirlo. Tampoco se evidencia un análisis del marco  constitucional y legal del impacto presupuestario y fuente de financiamiento.
El asambleísta Joel Abad expresó que en la Ley debe haber garantías e igualdad de condiciones para los profesionales de la salud.
El presidente de la Comisión, Marcos Molina, resaltó la importancia del espacio para debatir opiniones y construir una ley importante para la carrera médica, con profesionales bien pagados y con carrera estable. Convocó a continuar en la mesa técnica con preguntas puntuales y alternativas de solución, a fin de  construir un articulado que dé estabilidad y dignidad a los profesionales de la salud.  

En la Comisión de Relaciones Internacionales, Mauricio Montalvo, ministro de Relaciones Exteriores, explicó que el Acuerdo Ministerial 036 por el cual se incrementa al arancel consular y diplomático se dictó apegado a la Ley y la Constitución, basado en informes técnicos y jurídicos del Ministerio de Finanzas, orientado a entregar un servicio de calidad a los compatriotas en el exterior.
El funcionario aclaró que el Acuerdo Ministerial fue aprobado en la administración anterior, mismo que no ha sido improvisado, sino que es el resultado de un trabajo multidisciplinario con las instituciones competentes. Precisó que el ajuste se responde a criterios técnicos y al principio de igualdad. 
Dijo que el nuevo arancel consular no es de carácter regresivo. Cualquier modificación que se haga al mismo, requiere del dictamen del Ministerio de Finanzas, por el impacto presupuestario, derogar aquellas tarifas ocasionaría un vacío normativo que impediría dar servicios consulares a miles de compatriotas en el exterior y violaría la garantía prevista en el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución.
Explicó que el Ministerio de Finanzas aprobó el aumento en los aranceles consulares una vez que analizó y evaluó varios informes económicos. El incremento no se fijó con fines de lucro sino por ajustes técnicos y en beneficio de los usuarios, añadió.
Mauricio Montalvo mencionó que 212 partidas arancelarias cubren los servicios que se prestan en los consulados, de las cuales 144 mantienen su valor y apenas 20 fueron incrementadas; se crearon 33, lo que demuestra que el ajuste obedeció a un criterio técnico de sincerar valores.
Destacó que en el arancel consultar vigente equiparó el valor del pasaporte electrónico en Ecuador y en el exterior. En este marco, la Dirección Nacional de Registro Civil actualizó el valor de pasaporte electrónico a 90 dólares, con vigencia de 10 años, antes costaba 70 dólares y tenía vigencia de 6 años, con lo cual los costos para el usuario se han reducido notablemente. Otro beneficio es la apostilla en el exterior, la validación de actos notariales, con lo cual se optimiza tiempo al usuario con esta innovación tecnológica, resaltó.
El Secretario de Estado por más de dos horas dio respuesta a las inquietudes formuladas por los legisladores Mónica Palacios, Elías Jachero, Ángel Maita. Expresó que está dispuesto a revisar las partidas arancelarias, siempre previo dictamen técnico del Ministerio de Finanzas.
El legislador Ángel Maita señaló que los servicios consulares son pésimos desde hace años, la repatriación de cadáveres es un calvario, hay falencias en los servicios de llamadas telefónicas e insistió en buscar alternativas que no afecten la economía de los migrantes.
Mauricio Zambrano indicó que lo conveniente sería instalar una mesa técnica para realizar un análisis económico de los datos expuestos por el Canciller. Preguntó en qué porcentaje se disminuyeron los trámites de los compatriotas con las nuevas tasas consulares.
Carlos Velasteguí, viceministro de Relaciones Exteriores, señaló que debido a la reducción de personal no ha sido posible atender las llamadas telefónicas. En la medida de lo posible se está fortaleciendo las redes virtuales para dar atención a todas las consultas que llegan a las oficinas consulares, el sistema de la página web está siendo mejorada, añadió.
El presidente de la Comisión, Juan Fernando Flores, señaló que coordinarán una nueva fecha para que asista el Canciller y suspendió la sesión. 

Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, defendió el proyecto de Ley de Libertad de Expresión, auspiciado por el Ejecutivo, como parte del trámite previo al primer debate, que desarrolla la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, que preside Juan Fernando Flores.

La funcionaria explicó que la propuesta tiene tres ejes fundamentales: reforzamiento de la normativa internacional en materia de libertad de expresión; la autorregulación, entendida como el compromiso de los periodistas y de los medios de contar con códigos deontológicos apegados al principio de responsabilidad ulterior; y, la eliminación del Consejo de Comunicación.
Aseguró que la iniciativa del Presidente de la República recoge taxativamente disposiciones de instrumentos internacionales como la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan el ejercicio pleno de la libertad de expresión por parte de los comunicadores y de los ciudadanos.
Sobre la autorregulación, justificó incluir este principio en la ley, porque se trata de un mecanismo que permite ejercer el derecho a la libertad de expresión, sobre la base de normas deontológicas establecidas por los medios de comunicación, sin ningún tipo de censura previa. La responsabilidad ulterior permitirá, por un lado, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y, por otro, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Respecto de la eliminación del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz dijo que sí es posible, por cuanto el mandato popular de dictar una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos de la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores, ya se cumplió en 2011 y en la reforma de 2019.
Así mismo, aseveró que la libertad de expresión debe ser entendida como un derecho de doble condición, es decir, es individual y también colectivo, pues su respeto irrestricto garantiza la vigencia de la democracia.
El titular de la mesa, Juan Fernando Flores, tras agradecer los criterios expuestos por  la Presidenta del Consejo de Comunicación, anticipó que continuarán con un ciclo de comparecencias para conocer los puntos de vista de diversos sectores, en torno al proyecto de Ley de Libertad de Expresión, de iniciativa del Ejecutivo.

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral conoció el proyecto de Código Orgánico de Seguridad del Estado, presentado por el expresidente de la República Lenín Moreno. Acto seguido, recibió al viceministro de Gobernabilidad, Homero Castanier, a fin de que presente sus observaciones al proyecto.

El viceministro señaló que este Código articula diversas normativas legales e indicó que las observaciones son necesarias para el trabajo entre Legislativo y Ejecutivo. Sostuvo que es fundamental que en la construcción de la Ley no se deje nada a la discrecionalidad, considerando que la norma no puede ser interpretada de diversas formas. Así mismo, solicitó que permitan la participación de un delegado del Ministerio de Gobierno en la construcción del Código.
John Game director de Seguridad Ciudadana, presentó las observaciones al Código. Entre los aspectos positivos señaló que la norma actualiza el sistema de seguridad, establece definiciones ausentes en la actual Ley de Seguridad Pública y del Estado. Así mismo, clarifica los niveles de rectoría y estructura del sistema entre: órganos de apoyo, asesores, coordinador y ejecutores. Desarrolla por primera vez la Gestión de Crisis para complementar el ámbito relacionado con el estado de excepción.
Explicó también que el Código establece los tipos de prevención: situacional, social y comunicación y fortalece la clasificación y reserva de la información. 
Resaltó que el Código fortalece el diseño de la interacción entre los organismos del Sistema de Seguridad adaptado a las nuevas amenazas. También permitirá armonizar las categorías/definiciones con instrumentos internacionales (ONU, CIDH).
A la vez logrará ampliar el diseño de las misiones para las instituciones del Sistema de Seguridad Pública Ciudadana y reforzar el marco normativo para la cooperación internacional. 
El presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, preguntó al viceministro si el Ejecutivo tenía la intención de presentar un nuevo proyecto, a lo que Castanier respondió que no hay otro proyecto que esté preparando el Gobierno y hay predisposición para trabajar en esta propuesta.
Al finalizar este punto, los comisionados también conocieron una reforma a la Ley de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. 

La Comisión del Derecho al Trabajo, presidida por Rina Campain, avocó conocimiento del proyecto  de resolución, por la cual se exhorta al presidente de la República, Guillermo Lasso, el cumplimiento y seguimiento del artículo 25 y Disposición Transitoria Octava de la Ley Orgánica de Apoyo  Humanitario.
En este contexto, la Comisión requerirá la información pertinente a las entidades competentes sobre el cumplimiento de las disposiciones legales que guardan relación con la estabilidad laboral de los profesionales de la salud.
Fondos complementarios
En otro orden, en el marco del tratamiento del informe para segundo debate del proyecto de reformas a las Leyes de Seguridad Social y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el Retorno de la Administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, la Comisión recibió los criterios de dirigentes de varias organizaciones, quienes piden se devuelva la administración a sus partícipes.      
Norma Quishpe, presidenta de la Asociación del Fondos Previsionales Cerrados, subrayó que con las reformas se espera una mejor cesantía y que las políticas fueran apegadas a las necesidades del fondo. Enfatizó que esta ley devuelve la administración de los fondos a los más de 240 mil trabajadores.
Jorge Piedra Rosales, vicepresidente de la Asamblea Nacional del Fondo de la Universidad Central del Ecuador, pidió se devuelva los derechos, ya que son ahorros de los partícipes para tener una jubilación digna. “No administrar nuestros fondos ha significado negar a nuestros compañeros la posibilidad de una mejor administración de nuestros recursos, agregó.
Patricio Quintero de la Asociación de Fondos Complementarios Previsionales Cerrados de los Trabajadores de Pretroproducción, Asoprep, insistió que se tome la mejor decisión, ya que la administración de los recursos del fondo ha sido seriamente cuestionada. Afirmó que los partícipes son los que deben decidir sobre el destino y el custodio de sus ahorros.
Nos quitaron la administración de nuestros fondos sin darnos ninguna explicación, dijo por su parte Raúl Astudillo, de la Asamblea General de la Comisión de Tránsito del Ecuador, mientras que Manuel Guerrero, de la Asociación de Empleados de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, expresó su preocupación porque tienen un informe económico de la administración de los ahorros.
También participaron representantes del Fondo de Cesantía del Distrito Metropolitano de Quito a través de su presidente Javier Cáceres; Fondo Complementario Cerrado de Petroecuador, Enrique Barros; de Petrocomercial Germánico Ávila.
La Comisión analizará cada una de las observaciones dentro de una matriz, como paso previo a la elaboración del informe para segundo debate.

La Comisión de Fiscalización, presidida por Fernando Villavicencio, tras escuchar la ponencia de cinco expertos en materia económica, de tratados de protección recíproca de inversiones y procesos arbitrales, en torno al arbitraje seguido por la petrolera Perenco en contra de Estado ecuatoriano, que concluyó con la condena al Ecuador al pago de 435 millones de dólares, el organismo anunció que continuará la investigación de este caso, que ha generado perjuicios al país.

En la sesión de este miércoles, 14 de julio, Pedro Páez Pérez, investigador y exsuperintendente de Control del Poder de Mercado, subrayó que el laudo arbitral en favor de la petrolera francesa Perenco es solo la punta del iceberg en un proceso que pone en riesgo la sustentabilidad económica del país, por el alto impacto que genera la condena al pago de una millonaria indemnización.
De su lado, el abogado en libre ejercicio, Édgar Neira Orellana, indicó que es necesario sacar importantes lecciones del proceso arbitral seguido por Perenco contra el Estado ecuatoriano, lo cual implica actuar con responsabilidad y con apego a la ley en el manejo de las relaciones económicas con las empresas, nacionales o extranjeras, que invierten en el país. “Con la Ley 42 se actuó con un criterio eminentemente político para meterle la mano al bolsillo de determinadas empresas petroleras, para hacerse con mayores recursos”, añadió.
Mientras, Christian Pino Garrido, experto en tratados de protección recíproca de inversiones, aseguró que los Tratados sobre esta materia tienen como objetivo extraer de la jurisdicción del propio Estado a las demandas sobre controversias relativas a inversiones, lo cual brinda a las empresas transnacionales un régimen jurídico paralelo y deja al país en una suerte de indefensión. En este sentido, los árbitros -generalmente- actúan a favor de las empresas y los grandes capitales, agregó.
Hugo García Larriva, experto en arbitraje, consideró que ni los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones, ni los arbitrajes son buenos ni malos, per se, pues estos instrumentos buscan fomentar una inversión responsable y, en esa medida, cualquier inobservancia de las cláusulas de esos convenios genera una responsabilidad, que debe ser resuelta en los términos que prevé el mismo convenio.
En el caso del exministro de Economía, Diego Borja, su ponencia estuvo orientada a defender la validez de la Ley 42, que fue aprobada por Asamblea Nacional, con los votos de varios partidos políticos, quienes reivindicaron, en todo momento, el derecho del país a ejercer su soberanía y determinar las reglas para la distribución de los excedentes provenientes de la venta de petróleo por encima del valor promedio establecido en los contratos.

Ante la Comisión de Garantías Constitucionales, Carlos Riofrío, defendió la legalidad de su designación como contralor General del Estado subrogante y afirmó que no renunciará al mismo. Explicó que Pablo Celi, una vez que concluyó el permiso por enfermedad, ejecutó varios actos administrativos como aceptar la renuncia definitiva de Valentina Zárate, contralora subrogante, para nombrarle a él en este cargo y posteriormente como Contralor.


Señaló que estos actos administrativos se cumplieron de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría y el marco legal interno con las respectivas acciones de Talento Humano, legalmente autorizadas.
Riofrío dijo que ya en el cargo de Contralor Subrogante pidió información de cómo está funcionando la institución, estableció planes de control a nivel nacional, realizó cambios de personal en las áreas de predeterminación, responsabilidades, recursos de revisión para que personal de carrera y con el perfil adecuado ocupe esas áreas.
Informó que tramitó 47 informes de responsabilidad penal pendientes que no fueron enviados oportunamente a la Fiscalía General del Estado para el trámite respectivo.
Preguntas
Los legisladores, Virgilio Saquicela, Mario Ruiz, Paola Cabezas, Ronny Aleaga, Sofía Sánchez, Victoria Desintonio, Ferdinan Álvarez, Gruber Zambrano, Édgar Quezada y Francisco Jiménez, formularon varias inquietudes sobre su designación, tiempo de servicio en la Contraloría, si cumple el perfil para ejercer cargo, glosas desvanecidas, licencia por enfermedad a favor de Pablo Celi, quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel 4.
Las inquietudes se refirieron también a las acciones emprendidas para descubrir actos de corrupción, documentación recuperada luego del incendio del edificio de la Contraloría en el año 2019.
Respuestas
Carlos Riofrío señaló que no puede informar cómo se dio la designación de Pablo Celi como contralor general del Estado y que en su caso personal no tiene ningún impedimento para cumplir el encargo de Contralor subrogante, ya que cumple el perfil para ejercer las funciones. Dijo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe realizar el concurso para nombrar al titular de la Contraloría y cuando termine el concurso y se declare el ganador habrá la transición con toda la documentación de los procesos que lleva adelante este organismo de control.
Aclaró que no tiene ninguna relación, a no ser la laboral, con Pablo Celi. No le ha visitado en la cárcel ni ha recibido ni hecho llamadas al excontralor. Respecto del desvanecimiento de las glosas, sostuvo que se ha tergiversado el tema, porque la Contraloría, dentro del debido proceso puede desvanecer glosas, por ejemplo cuando se da la devolución de recursos económicos de alguien que se le responsabilizó civilmente. Aclaró que no se lo hace por decisión u orden de ninguna autoridad de la Contraloría, sino con un informe técnico luego de un riguroso proceso de auditoría y de juzgamiento.
Riofrío indicó que hasta l 31 de mayo pasado se han confirmado glosas por 2.941 millones de dólares, lo que significa alrededor del 20% de las glosas que se han desvanecido dentro del debido proceso.
En cuanto a la documentación que se quemó en el año 2019, manifestó que la Contraloría desde mayo de 2020 inició un proceso de recuperación de todos los expedientes con la participación de 30 profesionales. Se han recuperado 43 mil expedientes que seguirán los procesos de juzgamiento para establecer las responsabilidades respectivas, estos expedientes están digitalizados, añadió.
La sesión de la Comisión de Garantías Constitucionales continuará una vez que el Contralor Subrogante entregue la información requerida y los parlamentarios puedan revisar para tener una visión más clara del tema y volver a convocar al funcionario.

La Comisión de Gobiernos Autónomos resolvió exhortar al presidente de la República, Guillermo Lasso, que remita un proyecto de reformas a la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, en vigencia desde el 31 de diciembre de 2019, a fin de que la remisión del 100 % del capital, intereses y multas correspondientes al copago o cualquier obligación de pago o aporte de los beneficiarios del bono o incentivo de vivienda de emergencia se amplíe a las personas que perdieron sus viviendas en las provincias de Santo Domingo, Santa Elena y Los Ríos, como consecuencia del terremoto de 2016.



Como se conoce, la remisión se aplicó únicamente a los beneficiarios del bono o incentivo de vivienda de emergencia, en las modalidades de reasentamiento, reconstrucción, reposición y otros, a los damnificados del terremoto del 16 de abril de 2016 en las provincias de Manabí y Esmeraldas, para la entrega de vivienda y terreno y cuyos aportes se encontraban en mora o pendientes de pago a la fecha de expedición de la ley.
Esta decisión la adoptó luego de escuchar a Iván Bolaños, presidente del Comité Promejoras del Barrio La Victoria, en Santo Domingo de los Colorados, conformado por 100 familias de escasos recursos económicos que fueron debidamente calificadas como beneficiarias del incentivo de vivienda. El dirigente aseveró que la pandemia agravó la situación, por lo que no tienen posibilidades de cancelar el copago y hoy corren el riesgo de quedarse sin su vivienda, considerando que el Ministerio de Vivienda ha iniciado procesos de coactiva que podrían concluir con la expropiación del bien.
Por ello, solicitó que la remisión del pago de la deuda que se aplicó en el caso de Esmeraldas y Manabí se amplíe a las otras provincias que también fueron declaradas en emergencia como consecuencia del terremoto de 2016. Propuso que esa alternativa se incluya en el proyecto de Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, que analiza la Comisión de Gobiernos Autónomos.
Así mismo, advirtió que tampoco se ha cumplido la Ley de Apoyo Humanitario que prevé facilidades, como la ampliación de los plazos para el pago de las obligaciones tributarias.
El presidente de la mesa legislativa, Celestino Chumpi, enfatizó que Ecuador es un Estado de derechos y justicia social y, por lo tanto, es indispensable que las leyes beneficien a todos en igualdad de condiciones. Consideró que con la Ley de Simplificación Tributaria se ha vulnerado el derecho a la vivienda.
De su lado, la asambleísta Viviana Veloz comentó que la Ley de Simplificación Tributaria cometió una injusticia, porque la remisión solo benefició a Manabí y Esmeraldas, ante lo cual es necesario aplicar el principio de igualdad y equidad, ya que todos los afectados por el terremoto tienen misma condición de vulnerabilidad.
El legislador Marlon Cadena mocionó exhortar al Presidente de la República que envíe un proyecto de reformas a la ley en referencia para beneficiar a los pobladores de las cinco provincias que fueron declaradas en emergencia en el terremoto de 2016, moción que fue aprobada.

Trabajadores de seguridad privada y obreros de Sucumbíos expondrán demandas laborales

Representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada (FENASPE) expondrán ante la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social la realidad del sector y su planteamiento dentro del Código de Trabajo.

En la sesión convocada por la presidenta de la Mesa Legislativa, Rina Campain, para este miércoles, a las 10h30, los legisladores también escucharán las demandas laborales de los obreros de la provincia de Sucumbíos.
Los dirigentes de la Fenaspe plantean incluir en el Código del Trabajo un capítulo exclusivo para los guardias privados, considerando su particular actividad de cuidar vidas y bienes ajenos, que reúne condiciones de trabajo específicas que no tienen los demás sectores de trabajadores.
Rubén Salvador en su carta argumentó que han realizado acciones de distinta índole, a fin de que el Estado reconozca su actividad de alto riesgo que realizan los más de 187.000 guardias privados del país.
Mientras que los delegados del Sindicato Único de Obreros del Gobierno Provincial de Sucumbíos se referirán al incumplimiento de sus derechos laborales.
Reconocimiento
En el Orden del Día también consta la entrega de Acuerdo Legislativo a Isabel Ponce Ycaza, como reconocimiento al éxito alcanzado en el Trigésimo Octava Edición del Premio Ortega y Gasset, auspiciado por el Diario El País de España, por su reportaje “Las mujeres que ganaron al desierto”.
La ecuatoriana ganó el Premio de Periodismo Ortega y Gasset 2021, el más prestigioso de España. En su artículo narra la historia de cuatro mujeres en la región de Jubones, en la provincia de El Oro, que buscaron la forma para conseguir agua y llevarla a sus hogares, mediante un sistema de riego que permite sembrar en este sector árido de Ecuador.