El SNGRE se suma a la Campaña “Juntos Prevenimos los Incendios Forestales”


SNGRE CAMPAÑA

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) participó, este martes 3 de agosto de 2021, en el lanzamiento de la Campaña “Juntos Prevenimos los Incendios Forestales” con autoridades del Ministerio Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud Pública y Servicio Integrado de Seguridad- ECU911. El evento fue un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para prevenir emergencias a causa de los incendios forestales. 
Solo entre el año 2019 y el pasado mes de julio, los incendios forestales ocasionaron, a escala nacional, la pérdida de más de
51.600 hectáreas de cobertura vegetal, siendo Loja, Pichincha y Guayas las provincias con mayor porcentaje de afectaciones.
La mayoría de estos
incendios provocados por acciones humanas, en especial por el uso inadecuado del fuego en las actividades agropecuarias y hechos asociados a la piromanía en áreas protegidas, sitios que cuentan con una riqueza impresionante de flora y fauna.
Las autoridades, en
Rueda de Prensa, se expresaron sobre el empoderamiento a la ciudadanía sobre estos temas, ya que es fundamental para motivar la pronta reacción ante estos eventos peligrosos o emergencias, es por eso que es importante pensar desde la inversión en la prevención de incendios, porque esto resulta más rentable que dedicar los esfuerzos al control de incendios, una actividad peligrosa y costosa.

El Subsecretario General del SNGRE, Rodrigo Rosero, expresó: «Estamos seguros que juntos lograremos los resultados esperados, como Gobierno del Encuentro; comprometido con el bienestar de sus ciudadanos, que trabaja por un Ecuador más consciente de los riesgos y más preparado”
En esta campaña participan
líderes de opinión y ciudadanía vinculada a la realidad de los incendios forestales, quienes a través de testimoniales nos brindan recomendaciones sobre cómo cuidar los bosques y evitar un incendio forestal.
El
SNGRE demuestra, de manera permanente, el compromiso de fomentar una cultura de prevención de una manera global, en donde se involucre a todos los actores, tanto del sector público como privado, y que especialmente comprometa a la ciudadanía en general.

CNE inicia proceso de cancelación de 8 Organizaciones Políticas de carácter nacional

CNE inicia proceso

En cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 327, numeral 3, del Código de la Democracia, respecto a los porcentajes de participación en los procesos electorales para que las organizaciones políticas se mantengan en el Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), analizó la situación de 21 partidos y movimientos de ámbito nacional; de los cuales ocho, serán notificados para iniciar su proceso de cancelación.
El informe presentado ante el Pleno del CNE, con base en el artículo mencionado, expresa que se extinguirá la personería jurídica si las organizaciones políticas, de ámbito nacional no obtienen el 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales distintas y consecutivas a escala nacional; o, al menos 3 representantes a la Asamblea Nacional; o el 8% de alcaldías; o, por lo menos un concejal del 10% de los cantones del país.
De este modo, con base en el análisis de porcentajes y dignidades alcanzadas, el Pleno del CNE declaró el inicio del proceso de cancelación del Movimiento Ecuatoriano Unido, Partido Fuerza EC, Justicia Social, Partido Socialista Ecuatoriano, Unión Ecuatoriana, Construye, Movimiento Nacional Podemos y Concertación. Los representantes de estas organizaciones políticas tendrán 10 días para presentar sus descargos con respecto a los informes emitidos por el órgano electoral, a partir de la notificación.
Por otra parte, también el Pleno del CNE notificó los resultados obtenidos en las Elecciones Generales 2021 de: Centro Democrático, Unidad Popular, Sociedad Patriótica, Fuerza Compromiso Social, Partido Social Cristiano, Avanza, Izquierda Democrática, Amigo, Pachakutik, Democracia Sí, CREO, SUMA, Alianza PAIS, para su conocimiento.
Para estos últimos, el cuerpo colegiado informó que estos resultados deberán considerarse conjuntamente con los de las Elecciones Seccionales 2023 para determinar el cumplimiento del artículo 327. Asimismo, estos movimientos y partidos contarán con un plazo de 10 días para presentar descargos u observaciones respecto a la resolución.

Sentenciados a 4 años de prisión por asociación ilícita para extorsión

Sentenciados a 4 años

Una familia, propietaria de un patio de autos, fue perjudicada económicamente –bajo amenazas de atentar contra la vida de sus integrantes– por parte de Diego Ricardo B. C. y Diego Alejandro G. V.
Ambos fueron sentenciados a cuatro años de privación de libertad como autores del delito de asociación ilícita para cometer extorsión. Las víctimas deberán recibir 90.000 dólares por parte de los sentenciados como reparación económica y la multa fijada para los infractores es de once salarios básicos unificados.

La funcionaria aseguró que el Ministerio del Deporte es consciente de las necesidades y cambios que se deben realizar en el alto rendimiento y que los  deportistas son prioridad. Reafirmó el compromiso de trabajar por el desarrollo deportivo y transformar la vida a través del deporte.
Explicó que esta vez participa en los juegos olímpicos la delegación más grande en la historia deportiva del país y en los juegos Paralímpicos que iniciarán el 24 de agosto participarán 10 deportistas, a la vez que resaltó que hasta el momento se han obtenido dos medallas de oro, una de medalla plata y dos diplomas olímpicos.
Nuevos retos
Aseguró que el Gobierno ha puesto en la agenda prioritaria al deporte elevando a la institución al rango de Ministerio de Deporte y con ella muchas acciones. Se ha escuchado las necesidades de los deportistas y se ha atendido a más de 60 atletas.
También resaltó que se incluyó en el plan de vacunación a los atletas y la delegación y coordinó con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la emisión de pasaportes oficiales y notas de visa para el ingreso a los distintos países.
Presupuesto
Informó que el presupuesto del Ministerio es de 67.3 millones de dólares, de los cuales 51 millones se transfiere a los organismos deportivos y a los deportisas. Tan solo el 24% se queda para ejecución directa de la institución. Para este año se ha destinado 8 millones de dólares para el alto rendimiento que se diseña en función de un ciclo olímpico, explicó.
Recalcó que para la participación de los deportistas en Tokio se transfirieron 575 mil dólares al Comité Olímpico Ecuatoriano, en junio 2021; y, al Comité Paralímpico 145 mil dólares.
Agenda del Ministro
Informó que el Ministro del Deporte acompañó a los deportistas y vigiló el tema logístico de participación. Mantuvo reuniones con otros ministros de su área para impulsar el trabajo de cooperación internacional y con la Agencia de Cooperación Japonesa para la firma de convenio de cooperación. También ha visitado universidades de Tokio en busca de becas para los deportistas, añadió.
Informó que tienen planificado entregar incentivos económicos para quienes obtienen medallas: 100.000 para medalla de oro, 80 mil para plata y 60 mil para bronce, tanto para el deporte convencional como para el adaptado.
Anunció que luego de los Juegos Olímpicos se convocará al Comité de Alto Rendimiento para evaluar a qué deportistas les corresponde un cambio de categoría.
Los legisladores  expresaron su sentimiento de orgullo por los logros obtenidos por nuestros deportistas y aseguraron que hay mucho por hacer, que se debe apoyar de manera efectiva y trabajar en las bases para masificar y fortalecer el deporte nacional.
Constitución del Grupo
Previamente, los asambleístas conocieron la resolución de 13 de julio de 2021 por la cual la Presidencia de la Asamblea autorizó la conformación del Grupo Parlamentario para la Promoción y Masificación del Deporte.
El Grupo Parlamentario está  conformado por  los legisladores:  Francisco Jiménez, María José Plaza (Secretaria), Diana Pesántez, Yesenia Guamaní,  Roberto Cuero, Juan Cristóbal Lloret, Jorge Abedrabbo, Jessica Castillo, Sofía Sánchez y Eitel Zambrano.
Jiménez, coordinador del Grupo, subrayó que de esta manera inicia el compromiso de todos para impulsar la función social del deporte desde la Asamblea Nacional. Hoy el deporte es motivo de orgullo nacional pero hay que buscar que no sea efímero y trabajar en la elaboración de políticas públicas, finalizó.

Claudia Romero, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

Sentenciados a 4 años

Un Tribunal de Garantías Penales de Pichincha sustentó su resolución con las pruebas presentadas por la fiscal del caso, Claudia Romero, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
Amenazas de “gente mala”
En noviembre de 2016, Diego Ricardo B. C., por contacto de una tercera persona, acudió hasta el patio de autos a proponerle a su dueño la capitalización del negocio. Después de una larga conversación, acordaron dicha inyección de liquidez por 100.000 dólares.
“Diego Ricardo B. C., en concierto de voluntades con otras personas, hizo creer a la víctima que está en posibilidad de prestarle el dinero y que necesitaría letras de cambio como garantía de pago”, explicó la Fiscal.
Semanas más tarde, en diciembre, Diego Ricardo apareció en el negocio de la víctima para exigirle 250.000 dólares, porque (según él) al tratar de ingresar el dinero desde Colombia –donde “gente mala” y dedicada a negocios ilícitos le prestó 500.000 dólares– fue detenido por la Policía ecuatoriana y le incautó todo el efectivo.
Como el dinero era para él, le dijo a la víctima que debía devolverle lo que le pedía, de lo contrario mataría a sus hijos. En respuesta, el propietario del negocio le dijo que no era su responsabilidad la forma en que intentó trasladar ese dinero.
Entonces empezaron las intimidaciones: le enviaban fotografías de sus hijos, ubicaciones, mensajes de muerte en contra de ellos y amenazas de secuestro. Atemorizadas –y para que la “gente mala” no les hagan daño– las víctimas accedieron a las imposiciones de los ahora sentenciados y firmaron cuatro letras de cambio por 90.000 cada una. También le entregaron cuatro vehículos como garantía de pago.
Diego Ricardo B. C. recibió los autos a su nombre y Diego Alejandro G. V. se encargó del cobro de una de las letras de cambio en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Mejía, a través de un procedimiento por un título ejecutivo. Como resolución de este juicio ejecutivo, una jueza dispuso que la víctima pague la letra de cambio, más intereses y honorarios del abogado.
En este contexto inició el proceso penal. A través de su abogado, Diego Alejandro G. V. se contactó con las víctimas para exigirles que se retracten de la acusación particular y que retiren la denuncia en contra de ellos, a cambio de no ejecutar las otras letras de cambio. Les propuso firmar un acuerdo donde conste que ya se hicieron efectivo dichos documentos.
Este fue el relato de las víctimas durante la audiencia de juzgamiento a Diego Ricardo B. C. y Diego Alejandro G. V.
Y la Fiscalía lo sustentó con los testimonios de las víctimas, que fueron concordantes con los resultados expuestos por los agentes investigadores, y de las personas a las que Diego Ricardo B. C. vendió los vehículos que obtuvo de la víctima; los documento de traspaso de dominio de dichos autos, testimonios de peritos que practicaron pericias de audio y video, extracción de información de los teléfonos de los procesados (conversaciones respecto a rocesos de cobro de la letra de cambio en Machachi), entre otros.
Respecto a las otras tres letras de cambio en poder de los sentenciados, el Tribunal Penal ordenó que sean devueltas a las víctimas.

Tres nuevos proyectos de ley fueron calificados por el Consejo de Administración Legislativa

ASAMBLEÍSTAS RECIBEN INFORMACIÓN

Este lunes 2 de agosto, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), dirigido por el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela, calificó tres proyectos de ley en materia de pensiones vitalicias, gestión de riesgos y reformas a la Ley de Salud sobre provisión de medicamentos, los cuales serán remitidos a las comisiones del Derecho al Trabajo; de Soberanía, Integración y Seguridad Integral; y, de Salud, en su orden.

La máxima instancia administrativa de la Asamblea Nacional calificó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público, auspiciado por el asambleísta Darwin Pereira, relacionado con las pensiones vitalicias para los expresidentes y exvicepresidentes de la República.
Así mismo, con el voto unánime de los seis presentes, calificó el proyecto de Ley del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, propuesto por el legislador Luis Marcillo Ruiz, que será tramitado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Igualmente, el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Salud, respecto de la previsión de medicamentos, de autoría de los exparlamentrarios Wendy Vera y William Garzón, normativa que estudiará la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte.
El CAL resolvió remitir a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales el requerimiento de información de la asambleísta Mireya Pazmiño Arregui referente al incumplimiento de la entrega de información por parte de la Gerente General subrogante de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) a fin de que se dé el trámite previsto en el Art. 75, inciso segundo, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Sobre las solicitudes de indulto humanitario a favor de Jacinto Mariano García Quirola, el CAL inadmitió el pedido, porque no justificó la motivación relacionada con el carácter humanitario por padecimiento de una enfermedad catastrófica, rara o huérfana u otra condición discapacitante.
Conoció además un pedido de amnistía, resolviendo disponer al solicitante que complete los requisitos previstos en la ley.
Finalmente, calificó la queja presentada por el asambleísta Eitel Zambrano en contra de la legisladora Rosa Cerda. En los próximos días, las partes serán escuchadas por el Consejo de Administración Legislativa, órgano que determinará lo pertinente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 173, inciso cuarto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

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