Comisión continúa proceso de fiscalización al Sistema de Rehabilitación Social

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En el marco del proceso de fiscalización a la situación del Sistema de Rehabilitación Social, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral recibió la comparecencia de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con las personas privadas de libertad.

El titular de la Comisión, Ramiro Narváez, indicó que es importante abrir este espacio de diálogo con los diversos actores para buscar un justo equilibrio y establecer propuestas que ayuden a solventar los graves problemas que atraviesa el Sistema de Rehabilitación Social del país. Dijo también que es ineludible la responsabilidad del Estado para garantizar tanto los procesos de rehabilitación como de reinserción a la sociedad.
Organizaciones
Vianca Gavilánez, de la Fundación Dignidad y de Alianza contra las Prisiones, hizo una evaluación de los centros de rehabilitación social (CRS). Expresó que existe hacinamiento entre el 30 % y 40 %. Cuestionó la falta de agua en los CRS de Cotopaxi y Santo Domingo y remarcó que no existen camas suficientes y los seres humanos “viven apilados” sin acceso a la salud. El traslado a las personas privadas de libertad es un castigo, advirtió.
De su parte, Jorge Núñez, de la Alianza contra las Prisiones, sostuvo que cada centro de rehabilitación produce su propia base de datos, no hay información clara sobre salud y educación, pues el sistema no es centralizado. Recalcó que la mayoría de la población penitenciaria es joven y con educación básica y gran parte de los privados de libertad están recluidos por delitos relacionados con droga.
Lizeth Coba, docente e investigadora sobre la situación de mujeres en prisión, expresó que la mayoría está en prisión por microtráfico de sustancias ilícitas. Señaló que muchas mujeres acuden a estas prácticas para atender, de alguna manera, a sus hijos y familia, ya que el Estado no brinda garantías. Remarcó que las mujeres que permanecían en la cárcel Quito, estaban a cargo de sus hijos, pero cuando fueron trasladadas fuera de la ciudad los vínculos se rompieron.
Pamela Chiriboga, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), mostró su desacuerdo con la construcción de “mega cárceles”, porque ha causado que la rehabilitación y la reinserción sea más difícil. A esto se suma la falta de información de lo que pasa en el sistema penitenciario, centralización de trámites, falta de atención en temas de salud, limitación a visitas de familiares, falta de acceso a la justicia, hacinamiento, entre otros temas.
Beatriz Villareal, trabajadora social, manifestó que la cárcel no es una respuesta para la rehabilitación. Reconoció que las personas en prisión son pobres y el Estado no ha dado respuestas.
Marco Jurado, de la Fundación de Derechos Humanos Inccadi, expresó que hay presupuesto para construir nuevas cárceles, cuando en las actuales a los privados de libertad no les dan trato digno. Afirmó que los directores de las cárceles deben tener conocimientos penitenciarios y saber del manejo de las cárceles.
Marcelo Toro, jurista especializado en temas penitenciarios, cuestionó que Edmundo Moncayo continúe como director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes (SNAI). Sostuvo que durante su administración hubo una constante violación de los derechos humanos. Dijo que, en 2014, cuando se construyeron grandes centros, ya se veían problemas, porque no tenían agua ni comida, los PPL vivían en condiciones infrahumanas que empeoraron con el tiempo.
Familiares
Zara Celi, familiar de una persona privada de la libertad, denunció los peligros y extorsiones a los que son expuestos sus familiares. Indicó que cada semana deben depositar dinero para que no sean castigados. Bárbara Chávez, quien tiene a su esposo en prisión, afirmó que padece una enfermedad, sin embargo, no tiene acceso a medicinas.
Moción
El legislador Narváez mocionó que los asambleístas Jorge Pinto y Geraldine Weber elaboren un proyecto de resolución, para exhortar al Presidente de la República y a las entidades competentes respecto a la designación del delegado ante el directorio del organismo técnico del Sistema de Rehabilitación Social que deberá, conforme al Código Penal, asumir la Presidencia del Directorio.
También sugirió disponer al organismo técnico de rehabilitación social la elaboración de un plan de intervención urgente que defina la política y las acciones inmediatas para responder a las problemáticas del Sistema de Rehabilitación Social.
Señaló, además, que es necesario determinar con claridad las funciones de la Secretaría de Derechos Humanos para la prevención de la violencia en los centros de rehabilitación y la vigilancia y garantía de los derechos de los PPL, con énfasis en los grupos de atención prioritaria; y, la evaluación de la calidad y eficiencia del gasto realizado, el incremento y la asignación presupuestaria para enfrentar la problemática. La moción fue aprobada con ocho votos.
Debate
La asambleísta María Aquino manifestó que existen personas privadas de libertad que padecen enfermedades catastróficas y no tienen acceso a su tratamiento. La legisladora Patricia Núñez señaló que el objetivo del sistema carcelario es proteger a la sociedad de “elementos peligrosos” y que los centros de rehabilitación tienen el deber de ayudar al detenido para que se prepare y se reincorpore a la sociedad rehabilitado.
La parlamentaria Geraldine Weber dijo que sería necesario emprender una política de prevención, rehabilitación y reinserción en la sociedad. El asambleísta Xavier Jurado sugirió generar normativa que mejore el sistema carcelario y que no se violen los derechos humanos.
El asambleísta Jorge Pinto dijo que debe haber equilibrio porque el Ecuador ya está cansado de actos vandálicos que se dan a nivel nacional y entender el lado humano de las personas privadas de libertad. El legislador José Vallejo apuntó que la rehabilitación social es un derecho constitucional y en caso de no hacerlo se incumple la Constitución y se vulneran derechos.

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