July 2021

La aprobación de la Ley para reactivar a Esmeraldas y Manabí y el trabajo en territorio marcan la gestión de la Asamblea

La aprobación de la Ley


En la semana que concluye la Asamblea Nacional aprobó una nueva ley. Se trata de la normativa para viabilizar la reactivación económica de Esmeraldas y Manabí. Además intensificó el trabajo legislativo y de control político a través de las comisiones. También se trasladó a territorio para compartir con la ciudadanía la Agenda Parlamentaria y requerir la participación de la gente en la construcción de las leyes para la vida.

La Asamblea trabaja en territorio. En Orellana presentó la Agenda y calificó dos proyectos que benefician a la Amazonía
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, junto a los jefes de bancada, presentó a la ciudadanía de la provincia de Orellana la Agenda Parlamentaria: Minga por el Ecuador e invitó al pueblo a participar decididamente en la construcción de las leyes para el país. Además, el Consejo de Administración Legislativa aprobó el Plan de Evaluación de la Ley Especial Amazónica, que permitirá saber si se han cumplido o no los objetivos para los cuales fue creada. También calificó dos proyectos de reformas a la mencionada ley, mismos que serán tramitados por la Comisión de Biodiversidad. Guadalupe Llori explicó que esta propuesta busca resolver la inequidad territorial, abrir más espacios para la incorporación de la mujer a las actividades productivas, con énfasis en la inclusión de la mujer indígena de la Amazonía.
El Pleno aprobó la Ley para la Reactivación de Esmeraldas y Manabí y respalda acciones para prevenir la pesca no autorizada
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley para la Reactivación Económica de Esmeraldas y Manabí, que dota de herramientas para reactivar las actividades productivas propias de la zona, a través de estímulos sociales y empresariales, en especial para la creación, adecuación y funcionamiento de micro, pequeños y medianos emprendimientos, así como la creación de infraestructura pública y vivienda digna. Prevé un amplio plan de capacitación y formación de emprendedores; fomentar el turismo, agricultura, ganadería y pesca; y, facilitar los trámites de importación y exportación orientados a las MIPYMES. En otro orden, respaldó las acciones de la Cancillería para precautelar la soberanía marítima y evitar la presencia de buques extranjeros que realicen actividad pesquera no autorizada en la Zona Económica Exclusiva.
La atención y el fortalecimiento de los GAD es otra prioridad en la legislación
El compromiso de trabajar para fortalecer la autonomía y descentralización de los gobiernos locales, como herramienta para atender los problemas de la población en los territorios, fue expuesto por la Comisión de Gobiernos Autónomos al presentar la agenda de trabajo ante las autoridades de municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales. La Comisión también recibió al Ministro de Finanzas, con quien analizó las deudas que tiene el Gobierno Central con los gobierno locales, ante lo cual los parlamentarios demandaron la solución urgente a esta deuda, que permitirá a los GAD atender las necesidades de la ciudadanía.
Comisión de Fiscalización concluyó recepción de pruebas y testimonios en juicio político a Pablo Celi
Esta semana concluyó la etapa de recepción de 45 testimonios, pruebas de cargo y de descargo en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político al excontralor subrogante, Pablo Celi, por incumplimiento de funciones. Esta etapa concluyó con la declaración del legislador interpelante, Juan Cristóbal Lloret y la comparecencia del exfuncionario, quien presentó las pruebas de descargo. La Comisión de Fiscalización preparará el informe correspondiente que será remitido para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.
El control político es uno de los ejes en el trabajo de las comisiones
La Comisión de Educación continuó el análisis del concurso de méritos y oposición para la selección de los miembros del Consejo de Educación Superior (CES) y del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces), luego de escuchar las denuncias de algunos de los veedores que participaron en esta actividad. Esta vez compareció la Presidenta del CNE. A la Comisión de Garantías Constitucionales acudieron varias autoridades a rendir cuentas de las acciones adoptadas frente al caso de los trabajadores agrícolas abacaleros de la empresa Furukawa. La situación económica del IESS y los servicios que brinda a los afiliados, jubilados y pensionistas fue materia de estudio en la Comisión de Régimen Económico, a donde acudió la Directora General del Seguro Social. A la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral asistió la Ministra de Gobierno, con quien revisaron el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, conforme lo resolvió el Pleno de la Legislatura. La Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte revisó la situación de los deportistas ecuatorianos que participan en los Juegos Olímpicos y de la delegación oficial que se encuentra en Tokio. Mientras tanto, La Comisión del Derecho al Trabajo decidió llamar al Presidente del Consejo Directivo del IESS, para que informe sobre la elaboración de la normativa respectiva para el pago de las jubilaciones a los trabajadores cementeros.
Colegio de Periodistas del Guayas reconoce gestión de la presidenta Guadalupe Llori
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, fue galardonada con la condecoración “Dr. Hugo Delgado Cepeda” por el Colegio de Periodistas del Guayas, por su lucha permanente en defensa de los derechos de los sectores más vulnerables. El presidente del gremio de periodistas, Martín Villegas, le entregó una placa de reconocimiento al haber sido designada Presidenta de la Asamblea Nacional y convertirse en la primera mujer amazónica que dirige esta función del Estado. A su vez, la presidenta Guadalupe Llori dijo que “demostraremos con resultados que nuestro trabajo será por el bienestar colectivo, dejando atrás prácticas arbitrarias que castigaban la libertad de expresión”.
La comisiones intensifican la tarea legislativa
La Comisión de Relaciones Internacionales avocó conocimiento del Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite. En este marco, escuchó los criterios del Ministerio de Telecomunicaciones. Además inició el tratamiento del proyecto de Ley para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa y de la Comunicación, presentado por Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio. La Comisión de Justicia, en cambio, empezó el estudio de los proyectos de reformas a la Ley de la Contraloría, presentados por los legisladores Ángel Maita y Francisco Jiménez, que tienen como propósito superar los vacíos que tiene la ley y que han ocasionado los problemas que enfrenta esa institución. La Comisión de Soberanía aprobó el plan de trabajo para el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Desarrollo Fronterizo y conoció otras dos propuestas sobre la misma materia. La Comisión que atiende temas de la niñez y adolescencia empezó la recepción de observaciones al proyecto de Código para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna). Recibió la opinión de Berenice Cordero y de la exlegisladora Silvia Salgado.
Comisión de Desarrollo Económico se trasladó a Tungurahua a escuchar al sector productivo
La Comisión de Desarrollo Económico trabajó esta semana en la provincia de Tungurahua. Allí recibió a Carlos Villacrés, del Ministerio de la Producción, quien explicó las estrategias empleadas por esta cartera de Estado, a fin de impulsar la economía del país. También estuvo Diego Mosquera, representante de la Cámara de Comercio de Ambato. Remarcó que los problemas económicos se generaron antes de la pandemia, pero que con el arduo trabajo han logrado mantener sus negocios. Junto al Ministro de Turismo analizó los proyectos de ley vinculados con este sector que ha sido uno de los más afectados po

Fortalecemos las capacidades de respuesta a través de capacitaciones y simulacros

Quito (Pichincha). – El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), a través de su Coordinación Zonal 9 y su Unidad de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades en Gestión de Riesgos, desarrolló capacitaciones a Voluntarios de Protección Civil y a la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS-EP).

Fortalecemos las capacidades


En el macro de esta jornada se desarrolló un simulacro en la
EMGIRS-EP, junto con instituciones como la Policía Nacional del Ecuador, la Agencia Metropolitana de Tránsito, la Secretaría de Gestión de Riesgos del Distrito Metropolitano de Quito, funcionarios del Municipio de Quito, y el personal del SNGRE, quienes cumplieron el papel de evaluador frente al ejercicio para ayudar a mejorar el Plan de Emergencias.
El simulacro es el producto final de las
capacitaciones impartidas entre los días 27 y 29 de julio, en temas como Plan Familiar de Emergencias y Técnicas de Evacuación, donde los 60 funcionarios estarán mejor preparados ante un sismo durante la jornada laboral, así como en otros espacios de su quehacer diario.
Además, desde hoy 30 de julio, se
desarrolla el curso de Evaluación Inicial de Necesidades para Eventos Peligrosos en el barrio Atucucho, para incrementar las capacidades de respuesta del Voluntariado de Protección Civil de Pichincha, en estas capacitaciones también se encuentran presentes las directivas del barrio.
El curso tiene una duración de tres días y se socializarán conceptos básicos relacionados con asistencia humanitaria, formularios de evaluación, entre otros temas fundamentales.
Las acciones de fortalecimiento en
gestión de riesgos tienen como objetivo incrementar las capacidades de respuesta de los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos ante los diferentes eventos peligrosos y emergentes que puedan ocurrir.

Fiscalía procesa a funcionaria de la Institución por presunto tráfico de influencias

Fiscalía procesa a funcionaria


La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Verónica M., funcionaria de la Institución en la provincia del Guayas, por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias en la adquisición de termómetros infrarrojos en el contexto de la pandemia por Covid-19.
Entre los principales elementos de convicción se incluyen: la suscripción de dos actas –de entrega y recepción– suscritas por la servidora pública y una particular en hojas con logotipo de la Institución, así como la factura presentada por el representante legal de la empresa proveedora a nombre de la Fiscalia de Guayas.
El Juez dictó medidas como prohibición de salida del país, presentación todos los lunes en Fiscalía, retención de sus cuentas por 15.000 dólares y prohibición de enajenar bienes.
La instrucción fiscal durará noventa días.
La funcionaria fue detenida para investigaciones la madrugada de este viernes 30 de julio en su domicilio, en Guayaquil, durante uno de los dos allanamientos que se ejecutaron en coordinación con la Policía Nacional. El otro se llevó a cabo en las oficinas del edificio La Merced, de la Fiscalía del Guayas, donde se levantaron indicios relacionados al hecho, entre estos: una laptop, un CPU, una terminal móvil y más.
El caso
En mayo de 2021, Fiscalía conoció del cometimiento del presunto delito por parte de Verónica M., quien –durante su desempeño como coordinadora administrativa financiera encargada– habría solicitado a una empresa treinta y cinco termómetros infrarrojos a nombre de la Institución, sin que existieran los requisitos previos como el informe de necesidad o el respectivo proceso de compra.
Además, tampoco se habría procedido con el pago de lo adquirido y no se los habría utilizado en la Institución.
Al solicitarle información al respecto, la funcionaria respondió que ella asumiría el costo de los termómetros, pero no lo hizo.
Esta investigación se inició a través de la Dirección de Transparencia en la Gestión de la Fiscalía General del Estado, que además ha acompañado este proceso, en coordinación con Policía Nacional.

Comisión Seguridad Integral busca salida a la problemática del sistema penitenciario

Comisión Seguridad


La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral continuó la tarde de este viernes 30 de julio la revisión de la situación del sistema penitenciarios del país. Para ello recibió  las versiones de la Secretaría de Derechos Humanos, de los agentes penitenciarios y de expertos en el tema. El objetivo es diagnosticar y generar planes de acción y coordinación para cambiar la realidad de este sector.
Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, quien recalcó que el respeto a los derechos humanos es fundamentales en este problema que que requiere a intervención de todas las instituciones.
Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, habló de las competencias y su marco de acción. Subrayó que articulan la política pública en derechos humanos y que en esta materia trabajan en la capacitación permanente de a los funcionarios del sistema nacional de rehabilitación social.
El asambleísta Jorge Pinto planteó instalar mesas técnicas articuladas de trabajo. Mientras la legisladora Geraldine Weber consideró que estas comparecencias deben servir para aunar esfuerzos institucionales hacia una cultura de paz, con acciones puntuales  e inmediatas.
En tanto, la parlamentaria Patricia Núñez consultó sobre el trabajo en asistencia psicológica y social de los familiares de las personas privadas de la libertad que han fallecido en la cárcel. Presentó su preocupación en el proceso de prevención. El asambleísta Guido Chiriboga recordó la responsabilidad del SNAI, con sustento en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 560.
En su turno, el presidente  de la Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador, Cristian Peñaherrera,  expuso los problemas que tienen dentro del sistema de rehabilitación social y el rol de los agentes penitenciarios. Desde el año 2013, la Policía Nacional es la institución que está a cargo del control del perímetro externo. “Los directores de los centros han sido ubicados por compadrazgos”, advirtió.
Sostuvo que no cuentan con protección, con armas, ni resguardo policial cuando se trasladan de un lugar a otro.
De su lado, Alicia Borja representante de las Mujeres Agentes de Seguridad Penitenciaria cuestionó las “malas decisiones de las autoridades, privilegios a varios internos, entrega de llaves” y otros hechos. Aseguró que “la Fuerza Pública se encarga de todos los filtros”. Asimismo dijo que son discriminadas y estigmatizadas y que son expuestas a amenazas y extorsiones.
El presidente de la Asociación  de Servidores Penitenciarios Activos del Ecuador, Carlos Ordóñez señaló que lamentablemente la corrupción se ha enquistado en muchas áreas. Indicó que son aproximadamente 1500 agentes de seguridad divididos en tres turnos de jornadas laborales entre 24 y 36 horas continuas para una población penitenciaria de casi 40.000 personas.
Propuestas
Representantes de los servidores penitenciarios sugirieron generar sistemas de capacitación, apertura de los centros para veedores encargados de velar por los derechos humanos. Wilson Columba subrayó que el actual sistema penitenciario no tiene, ni brinda ninguna garantía a sus funcionarios.
Recomendó formar y capacitar a los agentes y fomentar el respeto mediante vías disciplinarias óptimas respetando los derechos humanos.
Raúl Tapia, Jhony Cadena y Daniel Pineda, del grupo se agentes de seguridad penitenciaria del Ecuador, formados por la Escuela del Ejército presentaron propuestas bases del proyecto de Reestructuración del Sistema Carcelario. Jhony Cadena dijo que tras un estudio de varios años consideran que se debe transformar el sistema carcelario en una entidad autónoma y autosustentable, con bajo presupuesto.
Indicó que entre los problemas consta la falta de agentes de seguridad penitenciaria, débil estructuración del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria, escasa autonomía del sistema carcelario, insuficiente rehabilitación social y la falta de estrategia de reinserción de los privados de libertad.
Antecedentes
La Comisión Legislativa inició la investigación de esta problemática hace dos meses con la presencia  de las entidades vinculadas al sistema penitenciario: Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai), Policía Nacional, Ministerios de Gobierno, Salud y Gobierno; agentes penitenciarios; familiares de los privados de la libertad, Ongs, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública.

3 personas van a juicio por presuntos delitos de trata de personas y explotación laboral

3 personas van a juicio


Con base en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado, el juez Francisco Mendoza dictó auto de llamamiento a juicio para tres integrantes de una organización delictiva, procesados por su presunta participación en el delito de trata de personas, abuso sexual y explotación laboral en los cantones Guayaquil y Marcelino Maridueña, en Guayas; y Buena Fe, en la provincia de Los Ríos.
En la audiencia preparatoria de juicio, desarrollada en la Unidad Judicial Albán Borja, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Fernando Bonoso León, presentó la acusación fiscal con base en los elementos de convicción recabados, entre estos: informes investigativos y de seguimiento a los procesados y a los vehículos utilizados, las órdenes de detención, los informes de los allanamientos ejecutados con autorización de Juez competente, los informes de reconocimientos y de exámenes médicos practicados a las presuntas víctimas (menores de edad), que indicaban las lesiones correspondientes a la agresiones sexuales; las versiones de las afectadas y las denuncias de sus familiares.
Se agregaron también los partes informativos de la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (Unase), el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y los informes ejecutivos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI), del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y los testimonios anticipados y pericias psicológicas de las víctimas.
El juez de Garantías Penales, Francisco Mendoza, acogió en parte el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Evelyn Magdalena I. C., mientras que a Éver Dick G. S. y Maribel de Lourdes O. M. les dispuso arresto domiciliario.
Además, ordenó la retención de fondos en las cuentas bancarias del sistema financiero nacional y la prohibición de enajenar los bienes de los procesados y de la compañía LOGISTRANSGJ S. A., investigada en esta causa.
Contexto
Fiscalía, la Unase y la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapena) de la Policía Nacional, los días 6 y 7 de octubre de 2020, ejecutaron operativos y allanamientos en las provincias de Guayas y Los Ríos, donde se procedió a la detención de tres personas: un hombre y dos mujeres, líder e integrantes de una congregación religiosa, respectivamente.
Ellos habrían operado desde el 2018, captando la atención de mujeres jóvenes con sus hijos, a quienes las invitaban a ser parte de este grupo religioso, albergándolas en sus iglesias ubicadas en Guayaquil y en Buena Fe (Los Ríos), para obligarlas a realizar trabajos domésticos, explotándolas laboralmente y –después de cierto tiempo y una vez ganada su confianza– abusar sexualmente de ellas, en especial de las menores de edad.
Familiares de las víctimas denunciaron el hecho en enero de 2020, por un presunto delito de secuestro. Fiscalía inició una investigación con la colaboración de las unidades especiales de la Policía Nacional, determinando que existiría el presunto cometimiento de los delitos de abusos sexual y explotación laboral.
Información jurídica
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 91, inciso 2, numerales 2 y 3; en concordancia con el artículo 92, numeral 2, y artículo 94 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de trata de personas con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.

Vicepresidente Alfredo Borrero: El Gobierno va a implementar medidas drásticas en el sector salud

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El inicio de adquisición de medicamentos e insumos, y el cambio total de gerentes de hospitales está previsto para mediados de septiembre.
Al referirse a las acciones que desarrollará el Gobierno en cuanto a la compra de insumos y medicamentos para el sistema de salud del país, que ahora cuenta con un abastecimiento del 50 % únicamente; el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, señaló que el Gobierno y el presidente, Guillermo Lasso, van a implementar medidas drásticas al respecto, y que hasta mediados de septiembre se espera iniciar con las adquisiciones.
En entrevista con Diario EL UNIVERSO, Borrero, médico de profesión y con amplia experiencia en administración de salud, comenta lo que ha encontrado en su visita a 45 hospitales del país, hasta el momento; las medidas que tomarán para hacer correctivos; refiere que alcanzarán la meta de los 9 millones de ecuatorianos vacunados con la primera dosis y un poco menos con la segunda dosis, en los primeros cien días; entre otros temas.
¿Qué ha encontrado en sus visitas a los hospitales del país?
Hemos visitado aproximadamente 45 hospitales y vamos a seguir visitando, el denominador común es que no existen medicamentos, las estructuras hospitalarias están caducas, colapsadas, los equipos no funcionan y el que termina pagando los platos rotos es el paciente. Pero hay hospitales como el de Ventanas, Jaime Roldós Aguilera que, a pesar de que tiene un equipo de laboratorio, no hace ni examen de orina porque todo mandan fuera, eso es un problema muy serio (...), en otro hospital, creo que el de Babahoyo, no hacían ecos (...), el Estado tiene la obligación de brindar a los usuarios la mejor calidad de salud, tanto en el sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cuanto en el sistema del Ministerio de Salud Pública (MSP).
¿Cuáles van a ser las líneas para eliminar estos problemas?
Vamos a actuar en cuatro frentes: decisiones estratégicas, salud digital, transparencia, integridad y eficiencia operativa (...) Son tres pilares del cambio: compras, sistema de salud a través de la tecnología y la movilidad, un 50 % de ambulancias está dañado.

Allanan sede de la Fiscalía del Guayas y domicilio de funcionaria de la institución como parte de investigación por presunto tráfico de influencias; servidora pública fue detenida

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Se investiga presunto tráfico de influencias. Servidora fue detenida con fines investigativos.
Como parte de una investigación por presunto tráfico de influencias, agentes de la Fiscalía y Policía Nacional desarrollaron al menos dos allanamientos la madrugada de este viernes 30 de julio
Las intervenciones se ejecutaron en el edificio La Merced, donde se ubican las oficinas de la Fiscalía del Guayas, y en un domicilio de una funcionaria de esa institución. Ella fue detenida con fines investigativos.
En redes sociales, la entidad señaló que la indagación se realiza con acompañamiento de la Dirección de Transparencia de la Fiscalía.
Varios objetos relacionados con la investigación fueron incautados durante el operativo.

Fiscalización solicita prórroga para emitir informe sobre juicio político a Pablo Celi

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La Comisión de Fiscalización, con el voto unánime de los ocho asambleístas presentes, decidió solicitar a la Presidencia de la Asamblea Nacional autorice la prórroga de cinco días para emitir el informe sobre la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra del excontralor subrogante, Pablo Celi de la Torre, dada la magnitud de la información que tiene que procesar el organismo, respecto de las seis causales de incumplimiento de funciones propuestas por el interpelante, Juan Cristóbal Lloret.

Este pedido se sustenta en lo previsto en el inciso segundo del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por el cual de considerarlo necesario, la Comisión de Fiscalización podrá solicitar a la Presidenta una prórroga de hasta cinco días adicionales para la remisión del informe.
Durante la sesión que mantuvo la mañana de este viernes, 30 de julio, la mesa conoció un avance del proceso previo a la elaboración del informe, que consiste en sistematizar los testimonios rendidos en las 45 comparecencias; la revisión de documentos aportados por funcionarios, exfuncionarios de Contraloría, de Petroecuador, autoridades electorales y de otras instancias.
Igualmente, en la revisión de la documentación remitida por el interpelante, Juan Cristóbal Lloret y por el excontralor, Pablo Celi, al igual que los argumentos de cargo y de descargo, respectivamente, expuestos en la sesión del lunes 26 de julio.
Según el equipo de trabajo de la Comisión, hasta el momento han avanzado el procesamiento de un 50 % de la información recibida. Resta aún dar paso a la valoración de las pruebas para luego establecer las conclusiones y recomendaciones al Pleno.
Fernando Villavicencio, titular de la Comisión, destacó que hasta el momento todas las resoluciones se han aprobado por unanimidad, lo cual demuestra el alto nivel de consenso al interior de la mesa de Fiscalización. “Queremos entregar al país un informe de alta calidad sobre este proceso de juicio político”, concluyó.

Equipo de ciclismo de FedeLoja se convierte en el ‘Team UTPL’

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Gracias a la firma de un convenio entre las dos instituciones, la Universidad Técnica Particular de Loja dotará de uniformes, apoyo económico y próximamente becas de descuento para la matrícula de los miembros de la Federación Deportiva Provincial de Loja
Este 22 de julio, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y la Federación Deportiva Provincial de Loja (FedeLoja) suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional que beneficiará a los deportistas federados de la provincia en diversos ámbitos, según comentó Luciano Rodrigues Marcelino, director general de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad. Así, el Club de Ciclismo de FedeLoja y la Asociación Provincial de Ciclismo de Loja pasarán a denominarse “Team UTPL” para su participación en todas las competencias nacionales e internacionales que sean organizadas por el Ministerio del Deporte y la Federación Ecuatoriana de Ciclismo.
De parte de la UTPL, el aporte que recibirán los deportistas lojanos comprende la dotación de uniformes para los seleccionados provinciales de FedeLoja en cualquiera de las 16 disciplinas que desarrolla; además de un auspicio económico para el “Team UTPL”. Y, debido a que la universidad cree en la educación como pilar fundamental para el emprendimiento e innovación en la sociedad, próximamente a través de un convenio se concederá becas de descuento en la matrícula para los deportistas federados de Loja y personal de la Federación.
“En la UTPL tenemos como visión garantizar la formación integral de la persona y sabemos que lo podemos hacer a través de la entrega de becas de estudio que brindarán acceso a educación de calidad, innovadora e inclusiva”, puntualizó la autoridad de la institución.
Por su lado, FedeLoja se ha comprometido con la UTPL, entre otros aspectos, como brindar capacitaciones a los profesionales de la universidad en el ámbito deportivo y a dar acceso a los estudiantes y al personal de la institución a la piscina del colegio Beatriz Cueva de Ayora y a la cancha y pista atlética del Estadio Reina de El Cisne, con el fin de continuar promoviendo la práctica deportiva en la comunidad universitaria. Cabe recalcar que en la actualidad son 296 estudiantes de la UTPL quienes pertenecen a diversos clubes deportivos desarrollados en la universidad.
“Este es un convenio que beneficia a más de 581 deportistas, de los cuales más de 80 pertenecen al ciclismo; pero también es un beneficio para los entrenadores y profesionales de nuestra Federación. Quiero agradecer la buena voluntad que han tenido para creer en nuestros proyectos e ideas, de nosotros recibirán el máximo esfuerzo en cada entrenamiento, en cada competencia…”, comentó Jorge Luis Feijó Zaruma, administrador general de FedeLoja.
El evento contó con la presencia de la viceprefecta de Loja, María José Coronel; Patricia Picoita, vicealcaldesa del cantón Loja; el coordinador zonal del Ministerio del Deporte, José Luis Larreátegui; y deportistas representantes de FedeLoja. Justamente, a nombre de ellos, tomó la palabra la atleta Andrea Calderón, quien agradeció a los directivos de las instituciones involucradas en el convenio por los esfuerzos que han sumado y por la confianza en los deportistas lojanos para potenciar su educación y apoyarles para su participación en eventos deportivos locales, nacionales e internacionales, mejorando su formación deportiva y académica.

Consejeros de Participación Ciudadana cuestionan decisiones de la mayoría del organismo

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La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió a Francisco Bravo y Hernán Ulloa, miembros del Consejo de Participación Ciudadana, quienes fundamentaron sus observaciones a decisiones del organismo, como la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura y el pronunciamiento en torno a la designación de Zaida Rovira como vicedefensora del Pueblo.

La sesión se inició con un minuto de silencio en memoria del exlegislador nacional César Monge, quien falleció esta víspera en la ciudad de Guayaquil.
Los llamados de Francisco Bravo y Hernán Ulloa a investigar sobre el nombramiento de familiares de miembros del Consejo para cargos públicos, así como los cambios de personal en el Consejo de la Judicatura a raíz de la remoción de Fausto Murillo motivaron a que Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión y Ricardo Vanegas, vocal, presenten un pliego de preguntas para que sean absueltas por los consejeros.
Bravo aseveró que en una de las sesiones del Consejo de Participación Ciudadana pidió que se investigue si alguien utilizó su posición para lograr algún tipo de nombramiento, como es el caso del Subsecretario de Puertos, designación que se dejó sin efecto luego de unos pocos días, tema que puede ser investigado por la Comisión de Justicia, en ejercicio del control político.
En otro orden, aseveró que el Consejo de Participación Ciudadana no tenía atribuciones para remover del cargo de vocal del Consejo de la Judicatura a Fausto Murillo. Argumentó que en primer lugar la prohibición de ejercer cargo público que se menciona no aplica para quienes fueron designados para un período fijo, dentro del jerárquico superior.
Añadió que ese nombramiento fue blindado con el Consejo Transitorio, decisión que fue validada luego por la Corte Constitucional y, en consecuencia, no era susceptible de revisión.
También cuestionó la intervención de la Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana en la aprobación del reglamento para la selección y elección de Contralor General del Estado, argumentando que era funcionaria de carrera de la Contraloría y su actuación puede generar conflicto de intereses.
También fue materia de análisis el nombramiento de Zaira Rovira, como vicedefensora del Pueblo y su posterior remoción por parte de Freddy Carrión.
De su lado, Hernán Ulloa justificó sus aseveraciones sobre la necesidad de impulsar acciones administrativas en cuanto a cambios y nombramientos de funcionarios en el Consejo de la Judicatura, a partir del 23 de abril de 2021, fecha en que fue removido Fausto Murillo.
En esta ocasión exhibió un video, que a su criterio, evidencia la problemática que se vive en el Consejo de Participación como consecuencia de la falta de un guía jurídica en la conducción del organismo, lo que ha ocasionado inconvenientes respecto a las decisiones tomadas en su mayoría de manera errónea.
En la reunión también intervino el director General del Consejo de la Judicatura, Mauricio Riofrío, quien dio detalles sobre el proceso de remoción de Fausto Murillo, hasta su reincorporación al organismo.
PV

Natalia Cárdenas afirma que hubo presiones para evitar desvinculación de Raúl de la Torre de Petroecuador

Natalia Cárdenas

La Comisión de Fiscalización y Control Político recibió a Natalia Cárdenas, exfuncionaria de Petroecuador, quien ratificó que hubo presiones del exsecretario de la Presidencia de la República, José Agusto Briones, para evitar la desvinculación de Raúl de la Torre de la petrolera estatal, salida que habría ocasionado problemas con el entonces contralor subrogante, Pablo Celi de la Torre.

Natalia Cárdenas indicó que fue invitada por Pablo Flores para trabajar en Petroecuador, dada su amistad con su esposa y por la experiencia que tenía en el sector público, en el que laboró desde 2009. “No he recibido ni un solo centavo de ninguna empresa por decisiones que haya tomado en ejercicio de mis funciones; mi patrimonio sigue siendo el mismo, no se registra ningún depósito extraordinario ni ningún otro rubro que no sea fruto de mi trabajo”, subrayó.
En torno al contrato de servicios de seguridad para la petrolera con la empresa Oro Negro, la exfuncionaria indicó que el contrato inicial fue por 39.8 millones de dólares y que, luego, la compañía realizó algunos ajustes y se firmó por un monto de 36.3 millones de dólares, lo que constituyó un ahorro de tres millones de dólares.
Aseguró que el relato del señor Pablo de la Torre, dentro del caso Las Torres, está lleno de inventos e inconsistencias; se dice que hubo pedido de dineros para tal ministro, para tal funcionario y, sin embargo, ella no conoció a algunas de las personas que se mencionan allí.
Explicó que la suscripción de contratos complementarios con la empresa Oro Negro, según cree, pudo responder a la necesidad de avanzar con los procesos, dada la demora que significaba el abrir un nuevo concurso.
Natalia Cárdenas insistió que las acusaciones en su contra no tienen asidero real, puesto que únicamente hizo lo que correspondía, de acuerdo con la ley, en cumplimiento de sus funciones.
Al cierre de la comparecencia, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, aclaró que ni la mesa, ni los legisladores han hecho acusación alguna, pues todo lo que se consulta se basa en las versiones que constan en el proceso que se sigue en el caso Las Torres.

Pleno resolverá objeción parcial a las reformas a la Ley de Tránsito

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La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, convocó a los parlamentarios a la sesión No. 718 del Pleno, para el martes 20 de julio, a las 10h05, con el fin de conocer el informe no vinculante a la objeción parcial por inconstitucionalidad del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el proyecto de resolución que exhorta al Jefe de Estado que derogue el pago del 2 %, sobre las venta de las microempresas.

La Titular del Legislativo también convocó para el mismo días, a las 16h00 a la continuación de la sesión No. 622 del Pleno, en la cual se tratará el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Diversas Leyes para Evitar Abusos de las Entidades del Sistema Financiero Nacional.
Tránsito
La Comisión de Desarrollo Económico se encargó de analizar el dictamen de la Corte Constitucional respecto de la objeción parcial por inconstitucionalidad planteada por el Ejecutivo a las reformas a la Ley de Tránsito. En su informe recomienda acoger las enmiendas realizadas en el dictamen constitucional a los textos de los artículos 46, 56, 57 (b) y 169 del proyecto.
Pago del 2 %
El legislador Mario Ruiz, en su proyecto de resolución, solicita al Presidente de la República que, en aplicación de sus facultades establecidas en la Constitución para presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, envíe a la Asamblea Nacional, un proyecto de ley, con el cual se derogue el Capítulo II sobre el Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo para Microempresas, establecido en la Ley De Régimen Tributario Interno, puesto que ha generado para los microempresarios un impuesto que grava los ingresos, sin tomar en cuenta los gastos o costos incurridos ni considerar si obtuvieron o no utilidades, situación que se ha agravado con la recesión económica provocada por la pandemia.
Así mismo, exhorta al Gobierno Nacional para que en dicho proyecto se establezcan mecanismos de compensación, remisión de intereses, multas y recargos tributarios, así como facilidades de pago para su aplicación inmediata a través del Servicio de Rentas Internas, que beneficien a los microempresarios, sobre todo a aquellos que no han tenido utilidades desde el inicio de la pandemia, con la finalidad de que el Régimen Tributario procure el cumplimiento de los principios de progresividad, eficiencia y equidad.

Comisión continúa proceso de fiscalización al Sistema de Rehabilitación Social

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En el marco del proceso de fiscalización a la situación del Sistema de Rehabilitación Social, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral recibió la comparecencia de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con las personas privadas de libertad.

El titular de la Comisión, Ramiro Narváez, indicó que es importante abrir este espacio de diálogo con los diversos actores para buscar un justo equilibrio y establecer propuestas que ayuden a solventar los graves problemas que atraviesa el Sistema de Rehabilitación Social del país. Dijo también que es ineludible la responsabilidad del Estado para garantizar tanto los procesos de rehabilitación como de reinserción a la sociedad.
Organizaciones
Vianca Gavilánez, de la Fundación Dignidad y de Alianza contra las Prisiones, hizo una evaluación de los centros de rehabilitación social (CRS). Expresó que existe hacinamiento entre el 30 % y 40 %. Cuestionó la falta de agua en los CRS de Cotopaxi y Santo Domingo y remarcó que no existen camas suficientes y los seres humanos “viven apilados” sin acceso a la salud. El traslado a las personas privadas de libertad es un castigo, advirtió.
De su parte, Jorge Núñez, de la Alianza contra las Prisiones, sostuvo que cada centro de rehabilitación produce su propia base de datos, no hay información clara sobre salud y educación, pues el sistema no es centralizado. Recalcó que la mayoría de la población penitenciaria es joven y con educación básica y gran parte de los privados de libertad están recluidos por delitos relacionados con droga.
Lizeth Coba, docente e investigadora sobre la situación de mujeres en prisión, expresó que la mayoría está en prisión por microtráfico de sustancias ilícitas. Señaló que muchas mujeres acuden a estas prácticas para atender, de alguna manera, a sus hijos y familia, ya que el Estado no brinda garantías. Remarcó que las mujeres que permanecían en la cárcel Quito, estaban a cargo de sus hijos, pero cuando fueron trasladadas fuera de la ciudad los vínculos se rompieron.
Pamela Chiriboga, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), mostró su desacuerdo con la construcción de “mega cárceles”, porque ha causado que la rehabilitación y la reinserción sea más difícil. A esto se suma la falta de información de lo que pasa en el sistema penitenciario, centralización de trámites, falta de atención en temas de salud, limitación a visitas de familiares, falta de acceso a la justicia, hacinamiento, entre otros temas.
Beatriz Villareal, trabajadora social, manifestó que la cárcel no es una respuesta para la rehabilitación. Reconoció que las personas en prisión son pobres y el Estado no ha dado respuestas.
Marco Jurado, de la Fundación de Derechos Humanos Inccadi, expresó que hay presupuesto para construir nuevas cárceles, cuando en las actuales a los privados de libertad no les dan trato digno. Afirmó que los directores de las cárceles deben tener conocimientos penitenciarios y saber del manejo de las cárceles.
Marcelo Toro, jurista especializado en temas penitenciarios, cuestionó que Edmundo Moncayo continúe como director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes (SNAI). Sostuvo que durante su administración hubo una constante violación de los derechos humanos. Dijo que, en 2014, cuando se construyeron grandes centros, ya se veían problemas, porque no tenían agua ni comida, los PPL vivían en condiciones infrahumanas que empeoraron con el tiempo.
Familiares
Zara Celi, familiar de una persona privada de la libertad, denunció los peligros y extorsiones a los que son expuestos sus familiares. Indicó que cada semana deben depositar dinero para que no sean castigados. Bárbara Chávez, quien tiene a su esposo en prisión, afirmó que padece una enfermedad, sin embargo, no tiene acceso a medicinas.
Moción
El legislador Narváez mocionó que los asambleístas Jorge Pinto y Geraldine Weber elaboren un proyecto de resolución, para exhortar al Presidente de la República y a las entidades competentes respecto a la designación del delegado ante el directorio del organismo técnico del Sistema de Rehabilitación Social que deberá, conforme al Código Penal, asumir la Presidencia del Directorio.
También sugirió disponer al organismo técnico de rehabilitación social la elaboración de un plan de intervención urgente que defina la política y las acciones inmediatas para responder a las problemáticas del Sistema de Rehabilitación Social.
Señaló, además, que es necesario determinar con claridad las funciones de la Secretaría de Derechos Humanos para la prevención de la violencia en los centros de rehabilitación y la vigilancia y garantía de los derechos de los PPL, con énfasis en los grupos de atención prioritaria; y, la evaluación de la calidad y eficiencia del gasto realizado, el incremento y la asignación presupuestaria para enfrentar la problemática. La moción fue aprobada con ocho votos.
Debate
La asambleísta María Aquino manifestó que existen personas privadas de libertad que padecen enfermedades catastróficas y no tienen acceso a su tratamiento. La legisladora Patricia Núñez señaló que el objetivo del sistema carcelario es proteger a la sociedad de “elementos peligrosos” y que los centros de rehabilitación tienen el deber de ayudar al detenido para que se prepare y se reincorpore a la sociedad rehabilitado.
La parlamentaria Geraldine Weber dijo que sería necesario emprender una política de prevención, rehabilitación y reinserción en la sociedad. El asambleísta Xavier Jurado sugirió generar normativa que mejore el sistema carcelario y que no se violen los derechos humanos.
El asambleísta Jorge Pinto dijo que debe haber equilibrio porque el Ecuador ya está cansado de actos vandálicos que se dan a nivel nacional y entender el lado humano de las personas privadas de libertad. El legislador José Vallejo apuntó que la rehabilitación social es un derecho constitucional y en caso de no hacerlo se incumple la Constitución y se vulneran derechos.

Observatorio a políticas públicas en lo societario, tributario y laboral de entidades reguladas por organismos de control

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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) invita a la ciudadanía y a los representantes de organizaciones sociales e instituciones a inscribirse para ser parte del Observatorio Ciudadano para la vigilancia a las políticas públicas integrales y a los procesos de gestión pública para el cumplimiento de las normativas vigentes de los aspectos societarios, tributarios y laborales de entidades reguladas por parte de los respectivos organismos de control.
Los Observatorios Ciudadanos se encargan de vigilar el cumplimiento de las políticas públicas, observan el desempeño de la gestión de las instituciones y/u organismos públicos y generan propuestas para mejorar la ejecución.
Las inscripciones se recibirán desde el 19 de julio al 26 de julio de 2021, en el correo electrónico:
chidalgo@cpccs.gob.ec
Requisitos:

  1. Ficha de inscripción

  2. Copia de cédula y papeleta de votación

  3. Representación de organizaciones indispensable presentar su documento oficial de acreditación

  4. No tener conflicto de intereses

  5. Participar en las jornadas de inducción y capacitación

Una vez que concluya el plazo establecido y se realice la verificación de la información receptada, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tomará contacto con los postulantes para que asistan a las jornadas de sensibilización y capacitación virtual.
La participación ciudadana es importante y necesaria para ejercer los derechos ciudadanos y construir un mejor país.
Descarga aquí:
Convocatoria
Ficha
Mgs. Sofía Almeida Fuentes
Presidenta del CPCCS

Prisión preventiva para pareja de esposos por presunto delito de pornografía infantil


Teléfonos celulares, dispositivos dprision-preventiva-delito-pornografiae almacenamiento, tablets y discos compactos están ya en cadena de custodia bajo la tutela de la Policía Judicial.
Esos artefactos contienen fotografías y videos que evidenciarían presuntas actividades ilícitas de naturaleza sexual en las que habrían incurrido Ramiro C. y Gabriela M., pareja de esposos de 35 y 30 años, respectivamente.
Fiscalía los procesó en una audiencia de calificación de flagrancia, en la que un Juez de Garantías Penales ordenó su prisión preventiva. Los cargos penales que se les imputan son los establecidos en el artículo 103, inciso tercero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por lo que podrían enfrentar una pena privativa de la libertad de veintidós a veintiséis años.
En la diligencia, la fiscal de turno, Teresa Coba, presentó entre los elementos de convicción una evaluación psicológica que se le practicó a la víctima, una niña de 9 años y 4 meses, sobrina de los presuntos agresores.
En esta diligencia, la pequeña reconoció a sus tíos como las personas que la obligaban a realizar actos de naturaleza sexual con Ramiro C., mientras eran filmados por Gabriela M.
La niña también reveló que los procesados la amenazaban con agredir sexualmente a otros niños parientes suyos, si es que ella contaba lo ocurrido.
El caso llegó a conocimiento de Fiscalía gracias a una denuncia anónima. Para precautelar la integridad de la víctima, la Fiscal dispuso –mediante acto urgente– ejecutar un operativo en el sector de La Comuna, centro de Quito. La intervención se desarrolló la madrugada de este 15 de julio, en coordinación con la Policía Nacional.
En el inmueble, se recopilaron indicios que hacen presumir la responsabilidad de los procesados en el delito. La pareja de esposos fue aprehendida en el mismo domicilio donde supuestamente se hacían las filmaciones.
De acuerdo a la fiscal Teresa Coba, la niña no sería la única víctima, pues en los dispositivos incautados se hallaron imágenes de otras infantes.
En la audiencia de calificación de flagrancia, que se extendió desde la noche de 15 de julio hasta la madrugada de hoy, Fiscalía inició la fase de instrucción fiscal que durará treinta días.
Información jurídica
El inciso tercero del artículo 103 del COIP sanciona la pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes con una pena privativa de la libertad de veintidós a veintiséis años: “(…) cuando la persona infractora sea el padre, la madre, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante legal, curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia; ministro de culto, profesor, maestro, o persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima”.

Conforman Grupo Interparlamentario de Amistad Ecuador-Colombia

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Con la elección de Omar Cevallos Peña, como presidente; y, María del Carmen Aquino, en calidad de secretaria, se conformó el Grupo Interparlamentario de Amistad Ecuador-Colombia, instancia que busca fortalecer la cooperación y el intercambio de experiencias entre los dos países, tanto a nivel legislativo, cuanto en el ámbito del control político.

La iniciativa del legislador Guido Chiriboga reunió a los legisladores María del Carmen Aquino, Luis Almeida, Omar Cevallos, Amparo Guanoluisa, Bella Jiménez y Francisco León , quienes, de manera democrática, eligieron al Presidente y Secretaria del Grupo.
Tras asumir la presidencia, Omar Cevallos Peña destacó la importancia de mantener un equipo de trabajo unido, a fin de desarrollar todas las iniciativas encaminadas a mejorar las relaciones entre los parlamentos de Ecuador y Colombia, naciones que tienen muchos problemas en común que deben ser atendidos desde la legislación. De allí la importancia de contar este Grupo de coordinación binacional.
Subrayó que el éxito de la gestión no depende de la persona que preside una instancia como este Grupo, sino del aporte de cada uno de los integrantes para desarrollar todas las propuestas que permitan fomentar las relaciones de amistad y cooperación entre Ecuador y Colombia, en todos los ámbitos, incluidos aspectos culturales. Una de las líneas de trabajo será recoger las experiencias, tanto en materia legislativa, cuanto en fiscalización, para atender las demandas de la ciudadanía, añadió.
En los próximos días, este organismo preparará una agenda de prioridades, sobre la base de las propuestas e inquietudes de cada uno de los miembros del Grupo Interparlamentario de Amistad Ecuador-Colombia.

Sectores privados destacan contenido de reformas a la Ley de Contratación Pública

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La Comisión de Régimen Económico recibió a Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y a Stefano Ferretti, de la Constructora Ambiensa S.A. quienes destacaron la inclusión de varias normas en el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, lo que permitirá un mejor control de los recursos del Estado y evitar corrupción en la contratación.

Los dirigentes gremiales señalaron que es importante la apertura de la Asamblea Nacional para escuchar los criterios en la construcción de normativas que beneficien al país, como en este caso en materia de contratación pública.
Pablo Zambrano dijo que existen aspectos importantes en el informe para segundo debate. Resaltó la definición de contratos que están excluidos en la ley como: minería, espectro radioeléctrico, alianzas público-privadas, concesiones y delegaciones, alianzas estratégicas, salvo para temas de contratación convencional.
Destacó la regulación del régimen especial, que permitirá emplearlo solo para temas urgentes, así como el replanteamiento de la función del Sercop con atribuciones para generar un mejor control de contratación y la obligatoriedad de que el directorio cuente con representes del sector privado, para tratar temas que involucren sus intereses, al igual que la apertura de veedurías ciudadanas y el diálogo competitivo, aspectos que ayudarán a mejorar los procesos de transparencia y competitividad.
Expresó que es esencial que la Contraloría y la Procuraduría participen, cuando se requiera, en la formulación de los modelos de pliegos y contratos, dependiendo de los montos, porque mejorará la condición de los pliegos. Sobre este particular, los legisladores Diego Ordóñez y Eitel Zambrano, señalaron que la intervención de estas entidades podría dilatar el dinamismo de la contratación. Zambrano sugirió mecanismos para que haya libertad de participación de mayor número de oferentes.
El representante de la Cámara Nacional de Industrias del Ecuador manifestó que un tema fundamental para el sector privado es la simplificación de procedimientos de contratación de consultoría y de obras, eliminando la figura de la lista corta, la que -a su criterio- es la principal fuente de corrupción.
En el ámbito de contratación, Zambrano mencionó que se debe establecer un rango de las garantías técnicas del 5 al 20% en función del tamaño, lo cual representa una forma de seleccionar y clasificar a los contratistas, sobre la base del crecimiento estructurado empresarial que permita el crecimiento sano y ordenado de las empresas.
Seguidamente, los parlamentarios escucharon a Stefano Ferreti, representante de la Constructora Ambiensa, quien dijo estar de acuerdo con los criterios expuestos por el Presidente de la Cámara de Industrias del Ecuador, puesto que la nueva normativa permitirá no solo mejorar al país económicamente sino generar empleo.
Resaltó la simplificación de trámites; sin embargo, pidió que se especifique cómo se implementará para que no sea una simple disposición enunciada en el documento.
La Comisión también invitó a Miguel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil; Felipe Ribadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano; y a Carlos Repetto, presidente de la Cámara de Construcción de Guayaquil, quienes presentaron su excusa, al no poder asistir a esta sesión, pero solicitaron ser recibidos en otra oportunidad.
JLVN/pv

Presidenta de la Asamblea tiende puente de diálogo entre el Gobierno y la UNE

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La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, formuló un llamado al Gobierno Nacional a formar parte de una mesa de concertación para tratar los problemas de la educación y las demandas de la Unión Nacional de Educadores.
La Titular de la Función Legislativa presentó esta propuesta durante un diálogo que mantuvo junto a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, con los miembros de la Une, que se encuentran en huelga de hambre desde el lunes de esta semana.
Guadalupe Llori les expresó que le preocupa el sufrimiento y la angustia que viven los maestros, de allí que la huelga de hambre le motivó a promover el diálogo, en el afán de encontrar las soluciones a los problemas que tiene la educación y la comunidad educativa.
Explicó que la demanda de inconstitucionalidad de la Ley Reformatoria a la Ley de Educación Intercultural se encuentra en la Corte Constitucional, la que emitirá su sentencia con plena autonomía e independencia.
Así mismo, propuso conformar una mesa de concertación, con el fin de atender las demandas de la educación y los proyectos expuestos por la Unión Nacional de Educadores y generar acuerdos que garanticen respeto a los derechos del Magisterio.
A su vez, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, afirmó que trabajan en la línea del respeto a los derechos y libertades de los ecuatorianos, con énfasis en las demandas que provienen de la docencia.
Esa es la línea de acción que vamos a seguir. Respetaremos la sentencia que tome la Corte Constitucional y a partir de ese pronunciamiento retomaremos el diálogo para tratar cualquier tema que quede pendiente, enfatizó.
Tras expresar que al Gobierno le preocupa la huelga de hambre, ratificó la intención de resolver los problemas que atañen al sector educativo a través del diálogo.
A su vez, Elvis Moreira e Isabel Vargas, dirigentes de la Unión Nacional de Educadores, agradecieron la gestión de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y la presencia de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela.
Afirmaron que esta jornada de lucha tiene como objetivo defender la vigencia de la reforma a la Ley de Educación Intercultural que reivindica los derechos de la comunidad educativa, es decir, niños, jóvenes, docentes y padres de familia, a fin de garantizar calidad en la educación y con ello contribuir al progreso y desarrollo del país.

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