Dejaré en claro la transparencia de mis actos: Piedad Córdoba sobre supuestos nexos con Alex Saab

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Piedad Córdoba reveló que entregó poder al expresidente de la Corte Constitucional y exfiscal General de la Nación Eduardo Montealegre, para que instaure las acciones penales y judiciales contra los asambleístas ecuatorianos, quienes en días pasados entregaron a la Fiscalía y al Gobierno de Colombia un dosier que daría cuenta de los presuntos nexos de la exsenadora con Alex Saab, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro.  
Además, dijo que solicitará a la Fiscalía y a la Corte Suprema que investiguen su conducta. "Allí dejaré en claro la transparencia de mis actuaciones". Córdoba, ya se había referido al informe entregado por el grupo de parlamentarios ecuatorianos, en cabeza de Fernando Villavicencio, desmintiendo los señalamientos en su contra. 
"Jamás he negado que conozco a Álex Saab; las relaciones que tuve con él se desarrollaron en escenarios enmarcados en la legalidad. Sorprende la insistencia de mis enemigos políticos en vincularme con Saab, mientras callan sobre el nombre de las personas que estuvieron realmente vinculadas con él", expresó Córdoba través de un comunicado. 
Anunció que en el momento que Montealegre considere oportuno, "exhibirá todas las evidencias con que respaldo mis actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico y la prueba del fraude que cometen los falsos profetas de la moral pública en Colombia y Ecuador".

En él también señala que su vida "ha sido un libro abierto al escrutinio público" y advirtió que "nunca, han encontrado nada indebido en mi conducta. Tampoco lo encontraran ahora, porque he mantenido una ética pública y privada intachable".  
La exsenadora calificó estos señalamientos como una persecución política en su contra y enfatizó que "desde hace muchos años hay una maniobra – activada nuevamente- para violar mi derecho fundamental a la presunción de inocencia, promovida por personas interesadas en excluir mi derecho a hacer política". 
Aseguró que en su contra hay una "guerra jurídica y linchamiento mediático". Sin embargo, señaló que "quedará demostrado que las acusaciones en mi contra, son infundadas". 

Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes fue tema de análisis en Relaciones Internacionales

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La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana escuchó los criterios de nuevos actores y autoridades en torno al proyecto de Ley Orgánica Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. En la sesión de este lunes participaron delegados de la Secretaría de Derechos Humanos, Cancillería y de la Academia.
José Antonio Sánchez, participó en representación de la Secretaría de Derechos Humanos destacó que el proyecto contiene iniciativas novedosas como el sistema para la prevención y mitigación de la trata de personas, con el objetivo de fortalecer los centros de atención y casas de acogida.
De su lado, María Soledad Córdoba, de Cancillería expuso las acciones desarrolladas para atender y prevenir los casos de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, entre ellos, los “centros violeta”. Informó que el presupuesto para el efecto es de 8 millones de dólares.
La legisladora Jessica Castillo señaló que la problemática abordada exige un enfoque de múltiples sectores y una estrecha colaboración institucional, además de un aporte profundo por parte de la Asamblea Nacional.
Andrés De la Vega, coordinador del Proyecto de Trata de Personas en Ecuador de la Organización de Estados Americanos recalcó que es oportuno actualizar la legislación; que hace falta cumplir estándares internacionales, un abordaje especializado, fortalecer sanciones, protección y asistencia a las víctimas.
El asambleísta Salvador Maita mencionó que las autoridades competentes deben reflejar su interés en la erradicación de la trata de personas, especialmente de mujeres, niñas y niños que son los más afectadas, además del apoyo a sus familias.
Finalmente el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Juan Fernando Flores, agradeció los aportes de las autoridades, sociedad civil y academia, que servirán para la construcción del proyecto de Ley Orgánica contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.

Autoridades y sector empresarial exponen observaciones a las reformas de la Ley Eléctrica

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La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa recibió a las autoridades gubernamentales y del sector empresarial, con el objetivo de escuchar sus observaciones en torno a los proyectos de reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica.
En primer lugar intervino Gonzalo Uquillas, gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), quien explicó el contenido y mecanismo de aplicación del pliego tarifario en el país.
Informó que buena parte de la energía que se distribuye proviene de las centrales hidroeléctrica, por lo que la Corporación paga entre 13 y 14 millones de dólares como parte del aprovechamiento del recurso hídrico.
Enfatizó que el sector eléctrico para desarrollar proyectos de generación, trasmisión y distribución de energía eléctrica contemplados en el “Plan Maestro”, se requiere entre 12 a 13 mil millones de dólares y son recursos que no constan el erario nacional.
Karín Jaramillo, representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), indicó que las competencias que tienen los municipios deben ser consideradas a la luz de las propuestas legislativas. Para ello la AME siempre está abierta para colaborar con la mesa legislativa en el proceso democrático de levantamiento de estas, bajo el principio de unidad en la materia, agregó.
Así mismo, Jaime Salazar, delegado de Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), explicó que el servicio de energía eléctrica forma parte de los sectores estratégicos y es competencia exclusiva del Gobierno.
Entre tanto, Carlos Villacís, empresario resaltó que el sector eléctrico es importante en materia económica para el país. Afirmó que se requiere un cambio estructural, macro e integral, que se ajuste a las necesidades del país.
Finalmente, el legislador César Rohon mencionó la necesidad de tener un equilibrio debido a que se trata tres proyectos de ley, que tienen que estar perfectamente balanceados, ser equitativos, justos y ajustarse a la ley vigente.

CPCCS paraliza sus actividades por falta de recursos; presidenta alerta de presiones e intentos de boicot

CPCCS

La presidenta del CPCCS volvió a denunciar presiones en su contra, a través de redes sociales y llamadas, pero sentenció que no sucumbirá las mismas y reveló intereses de boicotear los proceso de designación de autoridades. 
Punto Noticias.- Desde este lunes 17 de enero de 2022 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) paralizó sus funciones por falta de recursos económicos. Así lo anunció la presidenta de esta institución Sofía Almeida.
En rueda de prensa, Almeida explicó que cuatro consejeros no aprobaron en plan anual de este 2022 y el plan anual de contrataciones, lo que impide que el CPCCS continúe con el ejercicio de sus actividades regulares.
La titular acusó a las consejeras Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira y a los consejeros Francisco Bravo y Hernán Ulloa de no haber aprobado esta planificación.
Pero el tema económico no es el único problema que atraviesa esta entidad. Almeida denuncio, además, que existe un plan de boicot y de obstaculización contra el Consejo de Participación, por parte de grupos de poder que tienen intereses de entorpecer los procesos de designación de las autoridades, específicamente, dijo, la del contralor general del Estado.
«Esto evidencia y es concordante con las denuncias que vengo realizando meses atrás de un plan de boicot y designación de autoridades, especialmente del contralor general del Estado», sostuvo. 
Asimismo, reveló que funcionarios y exfuncionarios se han presentado ante los medios de comunicación para intentar desprestigiar a la institución y los procesos de designación de autoridades que lleva a cabo el CPCCS.
«A mí me presionan por medio de redes sociales, de mensajes, intentan atacar a mi buen nombre porque no sucumbo a estas presiones y no lo voy a hacer», sentenció.  
De esta manera, Sofía Almeida anticipó que presentará una denuncia formal contra todas las personas que la han desprestigiado, una vez que recoja toda la información necesaria para iniciar estas acciones legales pertinentes.
«Me reservo mi derecho de iniciar acciones legales contra todas las personas que me han desprestigiado a mí, a los consejeros y al Consejo de Participación como tal», advirtió.  
Respecto a las y los consejeros que no aprobaron este presupuesto, la presidenta del CPCCS que este accionar podría recaer en incumplimiento de funciones, pues es obligación, precisó, de los funcionarios aprobar los planes y programas que tenga este organismo.

Presidenta Sofía Almeida informa que el CPCCS se encuentra paralizado

Comisión de Garantías Constitucionales espera tramitar pedidos de amnistías e indultos hasta el 11 de febrero

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La Comisión de Garantías Constitucionales tramita 300 solicitudes de amnistías e indultos, así lo dio a conocer en rueda de prensa este 17 de enero el asambleísta Fernando Cabascango, presidente de la mesa legislativa del Parlamento.
Cabascango indicó que hasta el 11 de febrero próximo la Comisión espera presentar el informe al Pleno de la Asamblea Nacional para su debate y aprobación.
Recordó que todas estas solicitudes cuentan con el informe no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) y fueron calificados a trámite por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL).
En la mesa legislativa se convocó a organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil que trabajan en temas de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, para que den a conocer sus puntos de vista sobre los procesos. También, se convocó a los solicitantes, quienes pueden acudir de manera personal o mediante su representante legal, procurador judicial o representante de la organización a la que pertenecen.
La Comisión de Garantías Constitucionales avocó conocimiento de las solicitudes el 12 de enero, y, según el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiene 30 días para aprobar un informe recomendando, de manera motivada, la procedencia o no de la amnistía o indulto, y remitir a la Presidenta de la Asamblea Nacional para el análisis, debate y resolución del Pleno de la Legislatura.
Cecilia Velasque, coordinadora encargada del Movimiento Pachakutik, indicó que la mayoría de las 300 solicitudes responden a los últimos 6 años y son procesos en contra de luchadores sociales. Entre los procesos están defensores de derechos comunitarios, que ejercen y administran la justicia indígena, de territorios comunitarios, así como personas vinculadas con las protestas de octubre de 2019.

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