Fiscalía formula cargos contra 16 personas por presunto enriquecimiento privado no justificado

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La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, formuló cargos contra dieciséis personas por su presunta participación en el delito de enriquecimiento privado no justificado: dos de ellos –Gino P. y Judith R.– en calidad de autores y los otros catorce como coautores.
El Juez de la causa dictó presentaciones periódicas –dos veces por semana– y prohibición de salida del país, como medidas cautelares para todos, para asegurar su presencia a las siguientes etapas del proceso.
El trabajo de Fiscalía inició con una serie de diligencias ejecutadas por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, creada para investigar casos de corrupción durante la emergencia sanitaria por Covid-19, a consecuencia de varias denuncias sobre hechos irregulares en instituciones públicas de varias provincias del país.
Durante la investigación previa se determinó que los involucrados accedieron a procesos de contratación en los que presentaban sus ofertas, especialmente para la adquisición de insumos médicos, y que –gracias a la inclusión de proformas que hacían que una de ellas sea aparentemente más conveniente– eran adjudicados a varios de los coautores. Acto seguido, la mayor parte del dinero era retirado y entregado a los autores del presunto delito.
Los coautores tenían un RUC adecuado para realizar las ofertas, pero sus actividades laborales eran distintas: cuando se ejecutó el allanamiento a uno de los presuntos proveedores se corroboró que en el lugar funcionaba una ferretería en donde se encontraron documentos que daban cuenta de los procesos de contratación investigados.
El incremento patrimonial –en conjunto entre los dieciséis procesados– alcanza, aproximadamente, los 8’000.000 de dólares, cifra que no pudieron ser justificados y que se habría obtenido en la adjudicación de contratos en varios hospitales de la red de salud pública del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud (MSP) en Milagro, Durán y Babahoyo.
Entre los principales elementos de convicción presentados se incluyen los informes ejecutivos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI). Además, la información extraída de los teléfonos celulares de los involucrados, que evidenciaría la presunta comisión del delito.
También, informes tanto financiero como de contratación pública, información del Servicio de Compras Públicas (Sercop), en la que se daba a conocer los contratos adjudicados y la documentación obtenida de allanamientos ejecutados en varias casas de salud e inmuebles particulares.
Relacionado a esta causa, la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción investiga la presunta comisión de otros delitos, en los que estarían involucrados funcionarios públicos.

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