Objeción al proyecto que regula el uso legítimo de la fuerza genera reacciones de expertas en la Comisión de Seguridad Integral

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Angélica Porras, doctora en Ciencias Políticas, enfatizó que el uso de la fuerza debe ser legítimo y excepcional, por lo que llama la atención que el Ejecutivo extienda a otras entidades, además de la Policía, Fuerzas Armadas y guardias penitenciarios, el uso de la fuerza en la resolución de conflictos, lo cual es inconstitucional e ilegal.
Este criterio lo expuso ante la Comisión de Seguridad Integral, en el marco del tratamiento de la objeción del Presidente de la República al proyecto de Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza.
Allí precisó que el Estado solo ejerce la fuerza de manera legítima tomando en cuenta los derechos de las personas y en ciertos casos, conforme lo determinan los artículos 158, 159 y 163 de la Constitución, que establecen límites y controles para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la resolución de conflictos.
Advirtió que en el artículo 1 del veto el Mandatario retira la palabra “excepcional”; y de los artículos 4 y 21 la palabra “legítimo”, lo que significa que no se toma en cuenta la excepcionalidad de la fuerza y la legitimidad al extender el uso de la fuerza a otras entidades además de la Policía y Fuerzas Armadas.
Así mismo, expresó que en el tema relacionado con el uso de animales para control de disturbios el Ejecutivo excluye la obligación de mantener el bienestar de los animales, violando lo que determinan los artículos 71 de la Constitución, 139 y 145 del Código de Ambiente.
En cuanto al uso de la fuerza en centros de privación de la libertad, señaló que el Estado no puede desbordar el uso de la fuerza con consecuencias letales para los internos en centros penitenciarios para resolver los problemas carcelarios.
Reiteró que es inconstitucional e ilegal pretender que funcionarios de otras instituciones puedan hacer uso de la fuerza. Los jueces tendrán un problema extraordinario, porque el Código Integral Penal establece con claridad que solo es para Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
De su lado, la abogada Alexandra Barba pidió a la Comisión definir con claridad el tema de las armas letales. En este marco, sugirió revisar las directrices de amnistía internacional para la aplicación de armas letales y no letales que está poco regulada en el proyecto.

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