Fiscalización recibe pruebas de descargo y de oficio sobre el accionar del Consejo de la Judicatura

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La Comisión de Fiscalización y Control Político continuó la recepción de testimonios solicitados como pruebas de descargo y de oficio, en la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Ruth Barreno y José Morillo, expresidenta y vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), proceso planteado por la asambleísta Viviana Veloz.
En este marco, Francisco Endara, sentenciado por sabotaje, en los hechos ocurridos el 30S en los medios públicos, dijo que se le condenó, de manera ridícula, por un delito inexistente, como se reconoce en la sentencia de segunda instancia, por haber mostrado apoyo a esos actos; le reducen la condena a cuatro años, porque no tenía antecedentes y, en casación, se le cambian no solo la pena, sino el tipo penal. “Así se manipuló la justicia en el país”, añadió, al justificar la actuación del Consejo de la Judicatura en la evaluación de jueces y conjueces.
De su lado, el constitucionalista Xavier Palacios consideró que el Consejo de la Judicatura tenía plena facultad para evaluar el accionar de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia; utilizó parámetros que son válidos y se evaluaron sentencias, no en el fondo, sino en la forma, lo cual sí está previsto en la ley. Quizás lo cuestionable fue la oportunidad, lo debatible sería si se lo hizo dentro del período que correspondía tal evaluación, añadió.
Mientras, el exasambeísta Cléver Jiménez, subrayó que fue víctima de una época nefasta para el país, caracterizada por la persecución política, la violación sistemática de derechos de los ciudadanos. “Desde 2010, hasta después de ser legislador, fui víctima de una brutal persecución política utilizando a una herramienta fundamental de la democracia, como es la administración de justicia”, enfatizó.
El exlegislador Fausto Jarrín, en su condición de abogado litigante, recordó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio retiró al Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio el exhorto para que evalúe a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Cuestionó, además, el hecho que el CJ haya trasladado a una Comisión o Comité de Apoyo, como quiera que se llame, su responsabilidad de evaluar a los jueces. Tampoco tenía facultad para crear la figura de conjueces o jueces encargados.
Según Mariana Yépez, Roberto Salgado, Ramiro García Falconí, Geovanni Sacasari y Álvaro Mejía, quienes integraron el Comité de Apoyo a la Evaluación, el rol cumplido por esta instancia consistió en un asesoramiento técnico, jurídico y académico, además de especializado, según las materias de cada una de las salas de la Corte Nacional de Justicia. Explicaron que entre los hallazgos determinaron la existencia de una estructura unificada de las sentencias que emitían los jueces y solo cambiaban la parte final, cuando lo que corresponde es incluir en ellas los antecedentes, los precedentes jurisprudenciales y la visión que tiene cada juez respecto del caso específico sometido a su conocimiento.
Ramiro García, por ejemplo, aseguró que hubo una alta precariedad en el trabajo de los jueces y, sobre todo, al someterlos a un pliego de preguntas básicas sobre los procesos, en su caso, en el ámbito penal, las respuestas dejaron mucho que desear, sobre el entendido que se trataba de temas que debe manejar un estudiante de primer año de Derecho. La evaluación correspondió en todo momento al Consejo de la Judicatura, el Comité solo ejerció un rol asesor, insistió.

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