Luego de tres días de audiencia de juicio, el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, presentó su alegato de cierre en la causa que investiga el delito de enriquecimiento ilícito contra Gabriel M., expresidente de la Corte Provincial de Guayas, y Silvana V.
En su intervención señaló que la Fiscalía General del Estado probó la existencia del delito imputado a ambos procesados, a través de contundente prueba testimonial, pericial y documental, en la que se determinó un incremento patrimonial no justificado de 682.340,62 dólares.
Estas acciones se detallaron en audiencia, señalando que el expresidente de la Corte Provincial de Guayas, con la facilitación de Silvana V., precanceló deudas hipotecarias de bienes inmuebles, extinguió obligaciones financieras y adquirió vehículos, por medio de transferencias, cheques y supuestas donaciones sin sustento legal y sin ninguna lógica financiera.
Fiscalía solicitó al Tribunal –conformado por los jueces Marco Rodríguez (ponente), Mercedes Caicedo y Javier de la Cadena– la sentencia para Gabriel M. el máximo de la pena prevista en el artículo 296, inciso 2, del Código Penal –en calidad de autor del delito de enriquecimiento ilícito–. Es decir, cinco años de prisión.
Mientras que para la procesada Silvana V. solicitó el tercio de la pena como cómplice de la infracción, en concordancia con el artículo 42 y 43 del mismo cuerpo legal, vigente a la fecha de los hechos investigados.
Además, el fiscal Toainga solicitó el pago de una multa de 1’364.681,24 dólares, correspondiente al duplo del enriquecimiento ilícito probado en audiencia de juicio. Como reparación integral material, pidió que se pague al Consejo de la Judicatura 682.340,62 dólares; y, como reparación inmaterial, la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en tres medios de comunicación de alcance nacional por siete días, las disculpas públicas y el comiso de los bienes.
El Tribunal se retiró a deliberar y convocará a las partes procesales para comunicar su resolución.