Directivos del IESS, de Salud y Finanzas explicarán plan de acción para solucionar la crisis en el sector salud

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Con 99 votos afirmativos y 10 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional dispuso que las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y de los ministerios de Salud, y de Finanzas comparezcan ante la Comisión de Salud, en un plazo máximo de 20 días, para que informen el plan de acción y las medidas presupuestarias que adoptaron para solucionar la crisis del Sistema Nacional de Salud Pública.
Luego de un amplio análisis de la información presentada por dichas autoridades sobre la escasez de medicamentos, atención hospitalaria, convenios de pago y adquisición de insumos, los legisladores aprobaron una resolución de 6 artículos que pretende, según explicó el legislador proponente, Juan Cristóbal Lloret, “establecer responsabilidades políticas por la negligente gestión en salud y resolver los problemas de la ciudadanía”.
También advirtió presuntos incumplimientos, omisiones y desidia en la solución de los problemas que aquejan a nuestra población, lo cual podría derivar en un juicio político por incumplimiento de funciones por parte de las autoridades del Sistema Nacional de Salud y de Finanzas.
Además, exhortó la renuncia de los vocales del Consejo Directivo del IESS, ya que tampoco han adoptado las medidas correctivas y oportunas frente a la actual situación de la Seguridad Social.
Debate
En el debate intervinieron 22 asambleístas de diferentes bancadas legislativas, quienes afirmaron que miles de ciudadanos han sido afectados por la pésima gestión de las autoridades de salud. También advirtieron la necesidad de establecer un nuevo esquema para la Seguridad Social, a fin de alcanzar eficiencia y calidad en los servicios.
Señalaron que las autoridades no han dado una respuesta a la crisis que enfrenta el área de salud, misma que se ahonda por la reducción de presupuestos. También se habló de la posibilidad de llamar a juicio político a la exministra de Salud, Ximena Garzón y que la renuncia de algunas autoridades no les libra de responsabilidad por la falta de medicamentos y atención médica, despidos inhumanos y antitécnicos del personal de salud.

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