Colectivos ciudadanos presentan observaciones al proyecto de Ley de Acción Social y Voluntariado

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Paulina Taco, de la Fundación de Voluntarios “El Sembrador”, sugirió que haya una correlación entre los deberes y derechos de los voluntarios de las organizaciones. Señaló que es necesario hablar de libertad como principio de acción y participación como acto democrático y bien común.
Juan Francisco Proaño, voluntario independiente, sostuvo que se debería establecer un sistema de categorías para las organizaciones, para lo que se consideren parámetros como facturación, tamaño, tiempo, voluntarios movilizados, entre otros. Subrayó en la necesidad de buscar que la normativa apoye a los procesos de voluntariado y que ofrezca soluciones, no solo plantee restricciones.
En otro ámbito, la mesa legislativa analizó la denuncia pública de la consejera electoral Elena Nájera, sobre la presunta imposición del consejero presidencial Aparicio Caicedo para la aprobación del instructivo de calificación de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que serán electos en febrero de 2023.
Elena Nájera, consejera del Consejo Nacional Electoral manifestó que con base en el mencionado instructivo se había convocado esta víspera a la instalación de comparecencias ilegales e ilegítimas.
El asambleísta Ricardo Chávez pidió a la comisión que asuma un proceso de fiscalización más profundo en cuanto al rol en el manejo de los recursos e instituciones del Estado.
El asambleísta Ferdinan Álvarez, presidente de la mesa legislativa, sostuvo que no es la primera vez que el consejero presidencial Aparicio Caicedo es mencionado en actos de intromisión en los poderes del Estado, de lo cual debe rendir cuentas.

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