Comisión por la Verdad recomienda enjuiciar políticamente a responsables del femicidio de María Belén Bernal

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La Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación en el caso Bernal, con el voto unánime de sus cinco integrantes, aprobó el informe de la investigación desarrollada los últimos 30 días y recomienda enjuiciar políticamente a los secretarios de Seguridad, Diego Ordóñez; y, de Derechos Humanos, Paola Flores, así como al exministro del Interior, Patricio Carrillo, por el femicidio cometido en contra de la abogada María Belén Bernal Otavalo.
El organismo estableció que existe responsabilidad estatal, no solo por lo ocurrido en la Escuela Superior de Policía, sino por los actos posteriores a este hecho, incluyendo la falta de diligencia en la vigilancia del sospechoso, Germán Cáceres y su posterior huida.
Según el informe, existiría responsabilidad política desde el propio presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza; los secretarios de Seguridad Pública y de Derechos Humanos; el exministro del Interior, hasta el Comandante General de Policía.
Entre las recomendaciones a la Asamblea Nacional, la Comisión solicita que el Pleno apruebe el informe; propiciar una reforma el Código Orgánico Integral Penal (Coip), en materia de feminicidio, que permita visibilizar algunas circunstancias que hoy no constan en la normativa, así como una reforma al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
Así mismo, que el Pleno designe a un o una asambleísta para que lleve a cabo el juicio político a los secrerarios de Seguridad, Diego Ordóñez; y, de Derechos Humanos, Paola Flores; y, al exministro del Interior, Patricio Carrillo. Este informe y sus anexos servirán como insumos para los juicios propuestos en contra de Carrillo.
La mesa recomienda remitir el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que se conceda una audiencia en la próxima reunión para tratar este caso. También a la Relatoría de Derechos de las Mujeres de dicho organismo y a la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y niñas.
Igualmente, plantea designar a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional para que realice un seguimiento trimestral de las conclusiones y recomendaciones constantes en este informe.
Entre las recomendaciones al Presidente de la República consta la supresión de la Secretaría de Derechos Humanos y la creación de un Ministerio que cuente con todo el respaldo político y económico que permita desarrollar políticas de Estado para la prevención y erradicación de la violencia de género. También, la separación del comandante general de la Policía, Fausto Salinas.
Finalmente, se demanda del Ministerio del Interior la depuración de la Policía Nacional y exigir que la misma se abstenga de continuar con las investigaciones del caso Bernal; formula un llamado a la Fiscalía para que solicite asistencia penal internacional para garantizar la transparencia de la investigación.


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