Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos ejercieron su derecho a la defensa en la Comisión de Fiscalización

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La Comisión de Fiscalización recibió a Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos, consejeros de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quienes ejercieron su derecho a la defensa, en el marco del juicio político propuesto por los legisladores José Chimbo y Ricardo Vanegas, en contra de los siete integrantes de este organismo, por las causales relacionadas con la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) y la designación de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial.
Sofía Almeida, expresidenta del CPCCS, justificó la actuación del cuerpo colegiado en torno a la remoción del vocal del CJ Fausto Murillo, por pedido del ministro de Trabajo de la época, Andrés Isch, ya que estaba impedido de ejercer cargo público. Ese pedido fue corroborado por el Director de Asesoría Jurídica del CPCCS, quien recomienda que se proceda con la remoción y se convoque a la suplente. Explicó que el proceso cumplió todos los requisitos legales y constitucionales y garantizó el derecho a la defensa y el debido proceso.
Respecto de la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, dijo que no existió conflicto de interés alguno al momento de su elección, porque esta se produjo cinco meses después de la censura y destitución del consejero Christian Cruz, con quien supuestamente Pablo Iglesias había tenido alguna relación laboral.
Entre tanto, David Rosero justificó la actuación del Consejo de Participación Ciudadana sobre la destitución de Fausto Murillo. Igualmente, expresó que el nombramiento de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial cumplió todas las fases previstas en el proceso y en las impugnaciones ninguna hizo referencia a algún tipo de conflicto de interés.
Apoyándose en los argumentos expuestos solicitó a la comisión que, sobre la base de las pruebas documentales y testimoniales aportadas, proceda al archivo de este juicio político.
Por último, Juan Javier Dávalos refirió que el CPCCS actuó con apego a la Constitución y la ley en la remoción de Fausto Murillo del cargo de vocal del Consejo de la Judicatura, por cuanto tenía impedimento para ejercer cargo público por haberse acogido al retiro voluntario con compensación económica como servidor de la Función Judicial. Reiteró que se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa. Posteriormente, ya en el período del nuevo ministro de Trabajo, Patricio Donoso, se procede a levantar dicho impedimento, agregó.
En torno al proceso de designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, insistió en que la responsabilidad de revisar la documentación de los postulantes corresponde al equipo técnico, el cual revisó todos los requisitos e inhabilidades establecidas en la ley y elaboró el respectivo informe con el cual el Pleno del CPCCS resolvió, por unanimidad, designar a Pablo Iglesias. Esa designación es absolutamente constitucional, legal y legítima, enfatizó.
La sesión continuará este jueves, a las 14h00, para recibir los descargos de las consejeras Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira.


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