Fiscalización actuó pruebas de descargo de los vocales del Consejo de la Judicatura

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La Comisión de Fiscalización y Control Político, este martes 9 de agosto, escuchó los testimonios solicitados como pruebas de descargo por Fausto Murillo, Ruth Barreno y José Morillo, vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), como parte de la sustanciación de la solicitud de juicio político presentada en su contra por la asambleísta Viviana Veloz, por incumplimiento de funciones.
En esta jornada comparecieron Carlos Figueroa y Gerardo Portillo, como víctimas de casos emblemáticos de la Corte Nacional de Justicia; Christian Zurita y César Ricaurte, en su calidad de periodistas de investigación; e, Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, este último como parte de las pruebas de oficio solicitadas por la asambleísta Gabriela Molina.
Carlos Figueroa recordó que fue víctima de una persecución del Gobierno de la época, por haber hecho una denuncia, junto al exasambleísta Cléver Jiménez y su asesor, Fernando Villavicencio, en torno a los hechos ocurridos en el hospital de la Policía Nacional el 30 de septiembre de 2010, cuando por orden del Mandatario se produjo un violento rescate de la referida casa de salud, que dejó personas fallecidas, heridas y asfixiadas. “El Consejo de la Judicatura se quedó corto y no hizo lo que tenía que hacer para que haya jueces honestos, honrados y probos”, subrayó.
De su lado, Gerardo Portillo, quien formó parte de la veeduría que analizó el caso de la supuesta entrega de contratos a Fabricio Correa, hermano del expresidente de la República, Rafael Correa, aseguró que luego del informe de la veeduría se inició una persecución, a través de un juicio por supuesto daño moral, proceso que duró casi ocho años en los cuales él y otros exmiembros de esa instancia, tuvieron que abandonar su hogar, perdieron su trabajo y fueron afectados directamente por la manipulación de la justicia.
Entre tanto, Christian Zurita, coautor del libro “El Gran Hermano”, que relata los hechos relacionados con la entrega de contratos al ingeniero Fabricio Correa, enfatizó que, desde 2010, la justicia se convirtió en una infraestructura utilizada para la impunidad y se establecen las condiciones para que el Gobierno de entonces evite que sus acciones sean materia de enjuiciamiento penal. “Si no dejan de meter la mano en la justicia, Ecuador no va a tener una justicia independiente”, añadió.
Para César Ricaurte, de la Fundación Andina de Observación y Estudio Social de los Medios (Fundamedios), tras 15 años de investigación sobre el ejercicio de la justicia se evidenció que hubo persecución política entre 2007 y 2017, mediante la judicialización de quienes no pensaban igual que el régimen. Se registran 2085 agresiones contra la prensa y, sobre la base del desprestigio permanente de los medios, se justificó la aplicación de normas deontológicas orientadas a controlar la opinión.
Por último, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, coincidió con la posición expuesta por su antecesora, doctora Paulina Aguirre, quien expresó públicamente que no se oponían a un proceso transparente de evaluación, sino que se solicitaba que actúen sobre la base de parámetros técnicos para una real evaluación de desempeño, porque lo que se estaba haciendo desde el Consejo de la Judicatura violentaba el derecho al debido proceso, la garantía de estabilidad, al haber sido designados para un período fijo, y al derecho a la seguridad jurídica, entre otros preceptos constitucionales. Recordó que por este proceso desarrollado al margen de la Ley, Ecuador tiene que pagar indemnizaciones por cinco millones de dólares, aproximadamente.

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