Este miércoles, 4 de enero, a las 15h00, la Comisión de Fiscalización y Control Político avocará conocimiento de las solicitudes de juicio político presentadas en contra el exministro del Interior Patricio Carrillo y de los secretarios de Seguridad Pública y del Estado y de Derechos Humanos, Diego Ordóñez y Paola Flores respectivamente, por incumplimiento de funciones, en los operativos de control de las movilizaciones efectuadas durante el paro nacional desarrollado entre 13 y el 30 de junio de 2022 y por el femicidio cometido en contra de María Belén Bernal Otavalo, en la Escuela de Policía “Alberto Enríquez Gallo”.

La primera solicitud de juicio político contra el exministro Carrillo, presentada el 9 de agosto de 2022, por los asambleístas Jhajaira Urresta y Peter Calo, se refiere a los hechos ocurridos en el paro de junio. El segundo pedido, auspiciado por las legisladoras Johanna Moreira y Lucia Placencia, tiene fecha 25 de agosto. La tercera propuesta de juicio, de los asambleístas Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez, se presentó el 27 de septiembre del año anterior, e incluye a más del general Carrillo a los secretarios de Seguridad y de Derechos Humanos; y la cuarta solicitud, de la asambleísta Gissela Garzón, corresponde al 8 de octubre de 2022.
En el caso de las dos primeras solicitudes de juicio político en contra el exministro Patricio Carrillo se refieren a la actuación de la Policía, con presunto uso excesivo de la fuerza, durante las movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otras organizaciones sociales, en junio de 2022.
Las solicitudes suscritas por Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez; y, por Gissela Garzón incluyen entre las causales del incumplimiento de funciones la responsabilidad de la autoridad del Ministerio del Interior y, en el caso de la petición de Vanegas y Sánchez, de los secretarios de Seguridad y de Derechos Humanos respecto del femicidio cometido en contra de María Belén Bernal Otavalo, por parte de su esposo, el teniente Germán Cáceres.
De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 80.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), la Comisión de Fiscalización y Control Político podrá acumular dos o más solicitudes de juicio político en caso de identidad en el sujeto y conexidad en los hechos y que puedan ser tramitadas en los mismos tiempos procesales.