Funciones del Estado se reúnen para trabajar en la Mesa Técnica de Seguridad Pública

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El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela Espinoza, dio la bienvenida a las autoridades y delegados de las diferentes funciones del Estado, para la conformación de la Mesa Técnica de Seguridad Pública, la cual iniciará formalmente su trabajo la próxima semana, para la búsqueda de acuerdos que permitan contrarrestar uno de los temas que preocupan a la ciudadanía y a los legisladores, como es la creciente inseguridad.
“Todos, por acción u omisión, tenemos algo que ver con la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos, de allí la importancia de debatir con la Corte Nacional de Justicia; Defensoría Pública; Fiscalía; Policía; Defensoría del Pueblo; y, el Sistema de Rehabilitación Social, todas las alternativas para sintonizar las leyes con lo que quiere la gente”, dijo el Presidente del Parlamento.
Además reiteró que, el ejemplo de los acuerdos alcanzados en la Mesa sobre la Ley de Inversiones demuestra que el diálogo es el único camino para resolver los problemas que aquejan al Ecuador.
De inmediato, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, expresó la predisposición de participar en este diálogo. Destacó la importancia de trabajar las posibles reformas al Código Orgánico Integral Penal. “Hemos avanzado en un trabajo interno desde la Función Judicial para establecer cuáles podrían ser los temas materia de reforma”, añadió.
Mientras, Ángel Torres, defensor Público General, indicó que han identificado 10 nudos críticos y 10 soluciones relacionadas con el Sistema de Rehabilitación Social, uno de ellos es la desconcentración de la Unidad de Beneficios Penitenciarios. A pesar de no ser materia de su competencia, anticipó que uno de los temas importantes es la dotación de recursos para que la fuerza pública pueda cumplir con su rol estratégico.
De su lado, el general Manuel Vargas, delegado de la Policía, aseguró que la institución del orden ha presentado algunas propuestas legales. Hizo hincapié en reformas que incidan en la disciplina de los uniformados. Cristian Nieto, delegado de la Defensoría del Pueblo, recordó que la entidad trabaja fuertemente en lo que tiene que ver con la crisis carcelaria, que es una problemática que podría incrementarse, si es que no se toman las medidas adecuadas. “Estamos dispuestos a trabajar junto a ustedes en leyes con visión de derechos humanos”, agregó.
Para cerrar las exposiciones de los representantes de las entidades estatales, Patricia Andrade, de la Fiscalía del Estado, expresó la voluntad de la fiscal general, Diana Salazar, de continuar trabajando en las distintas leyes que contribuyan a garantizar la seguridad pública. Recordó que han enviado algunas sugerencias en la discusión de varias normativas.
Luego, Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, quien coordinará las reuniones de esta Mesa de Seguridad, destacó la trascendencia de este diálogo para buscar soluciones a los problemas de inseguridad. “Los esfuerzos individuales no solucionan el problema, es necesario que participen todos los sectores involucrados y, particularmente, el Ejecutivo, porque la mayoría de leyes que se discutirán requieren de la dotación de recursos económicos y esto solo nace de la iniciativa del Presidente de la República”, enfatizó.
Posteriormente intervinieron los legisladores Juan Fernando Flores, jefe de la bancada de Gobierno; Esteban Torres, primer vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL); Marcela Holguín, primera Vicepresidenta; Marlon Cadena (ID); Salvador Quishpe (PK); Xavier Jurado; y Gerladine Weber, quienes esbozaron algunos temas que deberían concitar el debate, entre ellos, la inimputabilidad de menores, el porte de armas, las nuevas formas de extorsión, como las denominadas vacunas. También insistieron en la necesidad de que estén presentes los ministros de Estado de las diferentes áreas, que son quienes tienen la potestad de tomar decisiones.
Juan Fernando Flores reiteró la voluntad del Gobierno de dialogar con la Legislatura y las demás funciones del Estado para encontrar consensos, tal como ocurrió las semanas anteriores con la Ley de Inversiones, pues los delegados del Ejecutivo tienen todo el respaldo para debatir la problemática de la seguridad pública.


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