Un Tribunal Penal de Guayas acogió las pruebas presentadas por Fiscalía y –por unanimidad– emitió sentencia condenatoria de trece años y cuatro meses de prisión contra un militar en servicio pasivo, acusado de haber abusado sexualmente a una niña y una adolescente. El hecho se registró el 19 de agosto de 2019 en Guayaquil.
En la audiencia de juzgamiento, llevada a cabo en la Unidad Judicial Albán Borja, la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Yoli Pinillo Castillo, presentó como pruebas: los informes investigativos elaborados por la Policía Judicial, el parte de detención, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, las valoraciones médica, psicológica y de entorno social practicadas y la denuncia de la abuela de las ofendidas.
Fiscalía solicitó la comparecencia de nueve testigos, entre agentes investigadores y aprehensores, médicos peritos y psicólogos, trabajadora social, la abuela (que presenció el hecho) y el testimonio anticipado de las víctimas.
El Tribunal Penal, conformado por los jueces Fernando Lalama, Geovanny Suárez y Tania Monroy, acogió en su totalidad las pruebas presentadas por Fiscalía y dictó –por unanimidad– la sentencia condenatoria de trece años y cuatro meses de prisión contra Carlos Alfredo F. J. Además, le impusieron el pago de una multa de cincuenta y tres salarios básicos unificados más un tercio, por ser la máxima pena (30.003 dólares), y de una reparación integral de 2.000 dólares como reparación integral a cada una de las víctimas.
Contexto
Según la denuncia presentada en Fiscalía por la abuela de las afectadas, su familiar –un exmilitar– que vivía con ellas, aprovechaba que las hermanas, de 16 y 6 años, se encontraban a solas para abusar sexualmente de la mayor, actividad que perpetraba en el dormitorio de la vivienda, ubicada en el suburbio oeste de Guayaquil.
En el escrito se detalla que el ya sentenciado enviaba a comprar comida y otros alimentos a la anciana para que demorara en regresar y tener tiempo para proceder con el cometimiento del delito.
Ese día, la denunciante tuvo un mal presentimiento y regresó al hogar antes de lo previsto: subió al dormitorio de la adolescente y encontró a su familiar con la menor, desnudos y tocando sus partes íntimas.
La mujer reprendió a su pariente y corrió a contar lo sucedió a sus vecinos, quienes la socorrieron y llamaron a la Policía, pero el agresor escapó y estuvo prófugo por casi dos años.
Fiscalía inició una investigación en torno a los hechos y solicitó una boleta constitucional de detención contra el agresor, quien fue capturado el 18 de mayo de 2021 en Guayaquil.
Información jurídica
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 170, inciso 1 –en concordancia con el inciso 2– del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el abuso sexual con pena privativa de libertad de siete a diez años, más las agravantes establecidas en el artículo 47, numeral 14, y 48, numerales 5 y 9, del mismo cuerpo legal, que aumentó en un tercio la pena impuesta.

Una nueva solicitud de juicio político al ministro de Interior, Patricio Carrillo, se planteó esta tarde en la Asamblea Nacional. Las legisladoras Lucía Placencia y Johanna Moreira, de la Izquierda Democrática, presentaron formalmente la petición en la que le responzabilizan por incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y en la normativa legal.
Las parlamentarias afirmaron que el funcionario deberá responder por los alarmantes niveles de inseguridad que enfrenta el país y por los excesos en el uso de la fuerza durante las jornadas de protesta de junio pasado.
Lucía Placencia expresó que el juicio es procedente y que para fundamentar han recabado información documental y testimonios de personas que estuvieron en las manifestaciones.
Reiteró que el juicio político es por la responsabilidad del funcionario en la extralimitación del uso de la fuerza y la incursión en instituciones académicas, como las universidades que actuaron como centros de paz y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
La legisladora explicó que la solicitud tiene el respaldo de 36 parlamentarios de las bancadas de Izquierda Democrática, Pachakutik y UNES, a la vez que señaló que esperan la calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa para que inicie la sustanciación en la Comisión de Fiscalización, en los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
De su lado, la asambleísta Johanna Moreira aseveró que el ministro Carrillo también debe responder por la situación de inseguridad que tiene alarmada a la ciudadanía.
Expresó su preocupación porque todos los días las personas están expuestas a hechos violentos y a la extorsión, que ponen en riesgo su seguridad y hasta la vida, producto del accionar de bandas de narcotráficantes y la delincuencia organizada.
Finalmente, aseveró que este proceso político tiene como objetivo, además, exigir mano firme de parte de las autoridades para garantizar seguridad a la ciudadanía.

El Pleno de la Asamblea Nacional tomó esta decisión luego de escuchar a los representantes de las provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana, quienes solicitaron en sus diferentes intervenciones, exhortar al Presidente de la República a que declare de manera urgente el estado de emergencia de vial de toda la Amazonía.
Los representantes de los pobladores amazónicos expusieron sus necesidades y detallaron los problemas viales que vive toda la región amazónica, en especial la falta de atención a la variante vial San Luis – Reventador, que tiene incomunicada a la provincia de Sucumbíos.
Recordaron que han pasado mas de ocho meses desde que se produjo el socavón en la vía San Luis - Reventador, que les mantiene aislados del resto del país. Aseguraron que la erosión del rio Coca, que produjo la pérdida de esta vía, es un problema de índole natural que nunca se trató.
Cuando se produjo el desastre natural, el Gobierno se preocupó unicamente de resolver el tema petrolero, para que el crudo pueda seguir siendo transportado, pero se olvidó del derrame que contamino el río Coca y llegó hasta el río Napo, afectando la pesca y el agua de los pueblos indígenas que viven en sus orillas.
Nuestras provincias generan la mayor cantidad de recursos del país y nos tienen olvidados, desconectados e incomunicados. Son tan solo 10 kilómetros de vía los que pedimos se atiendan urgentemente, pero pasa el tiempo y no vemos ninguna acción por parte del Gobierno, concluyeron.
Los legisladores de la región amazónica en su en sus intervenciones hicieron referencia a todas las acciones que se han tomado, sin que haya una respuesta del Gobierno Central. Estamos cansados de exhortar al Ejecutivo para que atienda los requerimientos de la región, debemos exigir los recursos económicos necesarios y se declare el estado de emergencia, precisó Comps Córdova.
Informaron horas antes de la sesión del Pleno mantuvieron una reunión de trabajo con el Ministro de Obras Públicas, en busca de respuestas a la falta de atención a esta variante vial, pero que el funcionario se limitó a indicar que no pueden dar inicio a la obra, porque necesitan la autorización del Ministerio del Ambiente, ya que esta variante se encuentra en un sector protegido.
Los asambleístas amazónicos llamaron a mantenerse unidos ante esta situación para exigir al Gobierno que actúe de manera inmediata.
Finalmente los legisladores del bloque amazónico acogieron el pedido de los pueblos amazónicos y presentaron el proyecto de resolución para exigir al Presidente de la República que declaré el estado de emergencia de toda la red estatal vial en las provincias de Napo, Sucumbíos, Orellana y toda la troncal amazónica. La moción fue aprobada con 111 votos favorables y una abstención.

La Comisión de Fiscalización no aprobó el informe que recomienda el archivo del juicio político en contra de María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Ruth Barreno y José Morillo, expresidenta y vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), por lo que la mesa legislativa tiene 48 horas para enviar al Presidente de la Asamblea Nacional un informe de posiciones. Por el informe se registraron 3 votos afirmativos, 4 en contra y 1 abstención.
Luego de la lectura del informe que contiene once conclusiones y 13 recomendaciones, los miembros de la comisión observaron que el documento debe ser objetivo y preciso, evitando los juicios de valor en este proceso de juicio político que es de interés para los ecuatorianos.
De acuerdo con lo que establece el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de no aprobarse el informe dentro de los plazos previstos, el Presidente de la Comisión remitirá al Presidente de la Asamblea, en el plazo de dos días, las actas de votación correspondientes y un informe que detallará las posiciones de los asambleístas miembros de la Comisión para que sea el Pleno el que resuelva ya sea el archivo o el juicio político.
Como se recuerda, la solicitud de juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura (CJ), es impulsada por la asambleísta Viviana Veloz, por presunto incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y leyes del país.

El legislador Pabel Muñoz, proponente del proyecto, explicó ante la Comisión de Régimen Económico que la finalidad del proyecto es evitar que el Banco del Pacífico sea vendido a actores privados. Agregó ademas, que por medio de esta normativa, el banco seguiría siendo patrimonio de los ecuatorianos y la utilidad promedio que este genera, alrededor de 70 millones de dólares anuales, servirá para atender a los afiliados y pensionistas del sistema de Seguridad Social.
Admitió que para el tratamiento de esta ley todavía hay muchas preguntas por responder, y que la comisión debe actuar con celeridad para recabar los datos técnicos necesarios. Debemos contar con los valores exactos de deuda del Estado con la Seguridad Social y la valoración del Banco, enfatizó.
Por su parte el asambleísta Byron Maldonado cuestionó el tiempo que se ha planificado para la socialización y comparecencia de los actores, tiempo que, considera es insuficiente dada la cantidad de información que se necesita para debatir la factibilidad del proyecto. Sugirió a la mesa considerar otras instituciones o empresas que el Estado podría dar en forma de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que pueden ser más viables de administrar que un banco. Citó como ejemplo las hidroeléctricas.
La asambleísta Blanca Sacancela coincidió con los señalamientos de Byron Maldonado en cuanto al tiempo destinado en el cronograma y agregó que es importante que esta ley no se convierta en un parche del sistema de Seguridad Social.
Al finalizar se sometió a votación la aprobación del cronograma de comparecencias y socialización del proyecto de Ley Orgánica para fortalecer la Seguridad Social mediante la dación en pago de las acciones del Banco del Pacífico, mismo que fue aprobado con cuatro votos a favor, una abstención y un voto en contra.
La presidenta de la comisión, Mireya Pazmiño, dispuso la inmediata socialización del proyecto, y que se llame a los representantes del Ministerio de Finanzas, Corporación Financiera Nacional, Superintendente de Bancos y a los miembros del Consejo Directivo del IESS en la semana del 29 de agosto al 3 de septiembre.

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela Espinoza, remitió al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, como representante del Ejecutivo, la invitación a la reunión de trabajo, a fin de iniciar del diálogo y elaborar la hoja de ruta correspondiente, para el martes 23 de agosto, a partir de las 09H30, en el Salón Tránsito Amaguaña, en el Palacio Legislativo.
En su misiva, el Titular de la Legislatura recordó que con fecha 25 de julio del año en curso dirigió al Presidente de la República una comunicación, con el objeto de convocar al diálogo entre las dos funciones del Estado.
A la fecha ratifico que el único camino para el progreso del país es el diálogo franco, honesto, transparente, responsable y sobre todo con resultados, razón por la cual la Asamblea Nacional ha designado a los delegados de las distintas bancadas legislativas para que se integren en la referida comisión e iniciemos este diálogo por nuestro país, afirmó.
El Titular de la Legislatura reiteró que sobre esta base la única manera de iniciar este proceso es el pragmatismo y no los discursos políticos. Por ello, convocó al Ministro de Gobierno y a los delegados del Ejecutivo que hayan sido designados a la reunión de trabajo prevista para el próximo martes.
Por último, informó que dicha reunión contará con la presencia de los delegados del Parlamento, en el entendido que el Ecuador está sobre cualquier otro interés.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 105 votos afirmativos y uno en blanco, aprobó el informe de Evaluación a la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, preparado por la Comisión de Biodiversidad, el cual tiene como propósito determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos esperados por el legislador al momento de dictar la norma y conocer la percepción de la ciudadanía respecto de esta ley y proponer medidas correctivas.
La evaluación de la ley tuvo como ejes temáticos los de empleo y contratación pública preferentes; Fondo de Desarrollo Sostenible; la distribución y utilización de los recursos de este fondo; el Fondo Común; y la creación de nuevas universidades en la circunscripción territorial especial Amazónica.
Washington Varela, ponente del informe, tras calificar a este como un día histórico para la Amazonía, recordó que esta ley fue promulgada en 2018. En 2021, el Consejo de Administración Legislativa aprobó el Plan para la Evaluación Integral, que posteriormente fue desarrollado por la Comisión de Biodiversidad. El proceso contó con la participación de más de 600 delegados de diversas organizaciones sociales.
Entre las conclusiones, indicó que se habría perjudicado con 150 millones de dólares a la región Amazónica, considerando la obligación de destinar dos dólares por cada barril de petróleo exportado a favor de esta zona. No existe un avance real en lo referente a la creación y funcionamiento de las nuevas universidades. La administración y gestión del Fondo Común tiene un atraso enorme, de ahí que la Secretaría Técnica no ha cumplido su rol desde 2018 a la presente fecha, razón por la cual considera necesario desarrollar acciones de control político a esta entidad.
La resolución exige al Ministerio del Trabajo que en un plazo no mayor a 180 días, en coordinación con el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, y la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, desarrolle una plataforma tecnológica automatizada con las particularidades propias de la Amazonía, y cumple con el porcentaje sobre el empleo preferente establecido en la ley evaluada.
Así mismo, exige que Servicio Nacional de Contratación Pública, en un plazo no mayor a 60 días, en coordinación con el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, ejecute el control de los procesos de contratación pública, a nivel de la circunscripción territorial amazónica, y haga cumplir el porcentaje establecido para la contratación pública preferente.
También se incluyen exigencias a la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para que, en un plazo de 30 días, remita a la Asamblea la ejecución presupuestaria destinada a las áreas de influencia de los proyectos estratégicos y a la creación de centros de educación superior; al Ministerio de Energía y Minas, a través de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables que en igual plazo, publique y entregue a los beneficiarios de forma mensual la información sobre la producción fiscalizada neta del petróleo extraído de la Amazonía; a los ministerios de Energía y de Finanzas, que en 30 días emitan una resolución para el cálculo y liquidación que determine de forma clara y precisa la producción petrolera neta fiscalizada extraída.
Conforme lo aprobado, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales iniciará la fiscalización y control político a la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica a la gestión del Fondo de Desarrollo Sostenible y Fondo Común desde el año 2018 hasta julio del 2022.
En el debate, que contó con la participación de nueve legisladores, destacaron el propósito de la Ley de la Circunscripción Amazónica, orientado a reducir las inequidades en la asignación de recursos para este sector del país, al respeto de los derechos de la naturaleza, la protección de los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, fortalecer el derecho a la educación, en todos sus niveles y garantizar el buen vivir de la población amazónica.

En el marco del primer debate del proyecto de reformas a la Ley Especial Amazónica, el Pleno de la Asamblea Nacional escuchó las propuestas y sugerencias de representantes de organizaciones sociales e investigadores, quienes expresaron la necesidad de asegurar el empleo preferente para los residentes de la región e invertir en la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Auxilio Vera López, a nombre de Red de Mujeres Amazónicas y la Coalición de Mujeres del Ecuador propuso incluir en la reforma normas que generen políticas públicas que aborden la limitación y acceso de la mujer al trabajo remunerado; inversión en prevención de violencia contra las niñas y mujeres; presupuesto para las casas de acogida, centros de atención y la implementación de alertas tempranas en barrios y organizaciones para enfrentar la violencia que afecta a las niñas y a las mujeres de las seis provincias amazónicas, que experimentan los niveles más altos de violencia de género con el 70.9%. Solo juntas podremos vencer la discriminación y la violencia, enfatizó
Jéssica Espinoza, presidenta del Consejo Nacional de Defensores de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, de la Defensoría del Pueblo, apoyó la propuesta normativa de la Red de Mujeres Amazónicas, ya que reivindica los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de presupuestos públicos. Los estados deben invertir en políticas transversales e intersectoriales que permitan combatir toda forma de violencia contra las mujeres, pues no hay mejor prevención contra la violencia de género que la inversión en políticas públicas para la igualdad, añadió.
Viviana Gutiérrez, de Sertecpet S.A., una empresa exportadora de tecnología desde la Amazonía, recordó que uno de los objetivos de la ley es generar desarrollo en la región y que para ello el Estado necesita el apoyo de la empresa privada. Propuso definir con claridad los requisitos para que una empresa sea considerada productor o proveedor local, por ejemplo que están radicadas por lo menos seis años ininterrumpidos y que el 60% de sus procesos productivos están dentro de la región. Así generamos empleo y desarrollo para beneficiar a los ecuatorianos y a los residentes amazónicos, añadió.
Arístides Vara, investigador y consultor internacional se refirió a los costos que les representa a los estados la violencia contra las mujeres. Informó que según estudios internacionales, los costos por violencia por guerras no llega al 1%, pero que la violencia contra las mujeres representa 43 % y si a ello se suma la violencia contra niños y niñas, supera el 75 % a nivel mundial, lo que evidencia que los hogares son los espacios más inseguros para las mujeres y las niñas. Afirmó que el Ecuador pierde 4.608 millones de dólares al año por violencia contra las mujeres. Invitó a invertir en prevención contra la violencia.
Fredy Armijos, en representación de los GAD amazónicos, al respaldar el proyecto que debate el Pleno, sugirió que la Secretaría Técnica sea un ente netamente planificador y administrador del Fondo Común. También propuso fomentar la atención de emergencias médicas vía aérea, que se respete el empleo preferente para los amazónicos, crédito preferente para reactivar la producción y el turismo, así como mejorar la vialidad.

Regular la planificación, el desarrollo integral de la Amazonía y su ordenamiento territorial, observando aspectos sociales, económicos, culturales, deportivos y ambientales, promoviendo la inclusión de los pueblos y nacionalidades indígenas y la participación igualitaria y equitativa entre hombres y mujeres, es uno de los objetivos del proyecto de reformas a la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica que fue tramitado en primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
El debate se desarrolló sobre la base del informe preparado por la Comisión de Biodiversidad. Su presidente, el legislador Washington Varela, recordó que la propuesta se socializó con la participación de diversas organizaciones e instituciones que presentaron sus observaciones. Para ello se reunió en las provincias de Napo, Zamora Chinchipe, Pastaza, Morona Santiago, Orellana y Sucumbíos. Allí participaron 97 personas y se receptaron más de 180 comentarios y propuestas a la reforma. Intervinieron diversos sectores de la sociedad, como es el caso de la Red de Mujeres Amazónicas, la Federación Deportiva de Pastaza, el Comité de Desarrollo Integral Cuyabeno, CONAGOPARE, COMAGA, CONGA, entre otros.
A través del proyecto se busca establecer políticas, lineamientos y normativas especiales que garanticen la prevención y erradicación de la violencia de género, el desarrollo humano, el respeto a los derechos de la naturaleza, la conservación de sus ecosistemas y de la biodiversidad, su desarrollo sostenible y sustentable, el derecho a la educación de sus habitantes en todos los niveles, su patrimonio cultural, la memoria social, la interculturalidad y la plurinacionalidad, de género y generacional, así como el régimen de sanciones.
Debate
En el debate legisladores de las diversas bancadas respaldaron la iniciativa legislativa. Varias fueron las propuestas para garantizar el cumplimiento de la ley en beneficio de esta región generadora de riqueza para el país y para atender las demandas de la población.
La protección de la naturaleza, mejorar la vialidad, defensa del empleo preferente para los residentes de la región, crédito preferente para reactivar la producción, que se concrete la creación de las universidades en las provincias de Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago y Zamora Chinchipe fueron las principales demandas.
También advirtieron que algunas provincias amazónicas no cuentan con hospitales, lo que afecta gravemente a la salud de las personas, pese a que la Constitución garantiza el acceso al servicio de salud de calidad.
Además, destacaron la necesidad de vigilar que los recursos generados por la ley sean invertidos de manera oportuna y eficiente, a fin de mejorar las condiciones de vida de sus pobladores y fijar sanciones a quienes incumplan la ley
La directora de la sesión, Johanna Moreira, cerró el primer debate y dispuso que el proyecto y las observaciones de los legisladores sean remitidos a la Comisión de Biodiversidad para la respectiva sistematización.

Las acciones implementadas desde el Gobierno ante la inseguridad que vive el país, fueron materia de análisis en la Comisión de Garantías Constitucionales con la presencia del ministro del Interior, Patricio Carrillo y del comandante General de Policía, Fausto Salinas.
El ministro Carrillo detalló las obligaciones que tiene el Estado en términos de Derechos Humanos que son valores universales, garantías constitucionales y jurídicas que protegen a las personas. En 5 meses que me encuentro en la gestión de la política de seguridad paralelamente hemos avanzado en la construcción de la política en esta materia, aseveró.
Precisó que hasta la fecha se han registrado 2.600 eventos relacionados con muertes violentas y una tasa promedio de 32 homicidios a la semana. Reveló que hay un crecimiento exponencial de los problemas de violencia e inseguridad, que el 82% se concentra en la Costa y el 18% en el resto del país.
Explicó que hay un crecimiento de la violencia criminal asociada a la delincuencia organizada transnacional, y no necesariamente la delincuencia común, a la vez que dio a conocer que han atendido 1 millón 800 mil emergencias a través del sistema ECU 911.
De su lado, Fausto Salinas resaltó el interés de construir una sociedad más segura con la participación de todos los sectores, ya que se trata de brindar seguridad a todos los ecuatorianos. Afirmó que la Policía Nacional se encuentra está en las calles atendiendo varios problemas, pero que lamentablemente a veces resultan insuficientes para enfrentar la inseguridad.
Manifestó que la institución no deja de trabajar en este tema. Puso como ejemplo la provincia Manabí, en donde ha sido desarticuladas varias organizaciones criminales.
A su vez, la asambleísta Victoria Desintonio, advirtió que Ecuador superó las dos mil muertes violentas hasta junio del 2022, es decir una persona es asesinada cada dos horas en el país, mientras que el legislador Gruber Zambrano señaló que en Guayaquil hace falta inversión y atención básicamente en educación y emprendimiento, con el fin de conseguir mejores días para los ecuatorianos.

En el marco de los procesos de fiscalización, la Comisión del Derecho a la Salud recibió a José Ruales, ministro de Salud y Alfredo Ortega, presidente del Consejo Directivo del IESS, para que informen las acciones para enfrentar el desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento de personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas.
También se refirieron a la atención hospitalaria, al abastecimiento del cuadro nacional de medicamentos básicos en el Sistema Nacional de Salud; al plan de acción y medidas presupuestarias que adoptarán para la solución de la crisis de salud pública, entre otros temas.
El presidente de la mesa legislativa, Marcos Molina, informó que la comparecencia de las autoridades responde a una decisión del Pleno de la Asamblea Nacional que delegó a la comisión realizar la investigación respectiva. Recordó que el desabastecimiento de medicamentos inició con la pandemia del coronavirus y se ha venido agravando hasta el día de hoy.
José Ruales ministro de Salud, señaló que la crisis es estructural y mencionó que entre los principales problemas identificados están: desigualdad e inequidad, incremento de la carga de enfermedad, fragmentación del Sistema Nacional del Salud. Informó que 546 millones de dólares serán destinados a proyectos de inversión en salud el próximo año, rubro en el que se incluye equipamiento y conectividad.
Destacó las estrategias y programas que están implementando para evitar el desabastecimiento, entre ellos: Medicina Cerca, Compra por Emergencia Sanitaria, Compra por Catálogo Electrónico y Régimen Regular a través de Organismos Internacionales.
La legisladora Luisa González manifestó que en todo el país no hay atención de salud digna. Sobre el abastecimiento de medicamentos en hospitales advirtió que quienes están al frente de la cartera de Estado no han sabido gestionar la salud pública y que no hay datos claros.
Alfredo Ortega Maldonado, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) expuso que desde el año 2010 se ha contratado por prestación de servicios más de 7 mil millones de dólares, de ese monto hay 1.400 millones de dólares que no han sido auditados y que para el 30 de octubre se ha previsto tener un nivel de abastecimiento del 85% de medicamentos e insumos.
Entre tanto, el asambleísta Eitel Zambrano dijo que esta sería una nueva etapa del IESS y que que espera que todas las unidades de salud cuenten con los medicamentos e insumos médicos.

La Comisión de Fiscalización y Control Político, sesionará este viernes, 19 de agosto, a partir de las 09h30, con el propósito de retomar la investigación del denominado “caso Danubio”, que se refiere a una posible venta de cargos de decisión en el sector público. Para el efecto, recibirá a varias autoridades del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), de la Policía Nacional, de la Fiscalía y de la Presidencia de la República.
En efecto, las comparecencias iniciarán con Anderson Boscán, comunicador del medio digital La Posta, quien informará sobre la investigación periodística desarrollada en torno a este tema. Posteriormente, intervendrá Carola Ríos, directoria del Senae con información actualizada respecto al presunto delito de asociación ilícita que vincula a funcionarios de la entidad.
A partir de las 11h30, la mesa tiene previsto escuchar al almirante Carlos Vallejo, exsubdirector del Senae, luego de lo cual intervendrá el general Alain Luna Villavicencio, director General de Investigaciones de la Policía Nacional.
Para las 14h30, la mesa programó la comparecencia del consejero presidencial Aparicio Caicedo. Después, le corresponderá intervenir a la fiscal General del Estado, Diana Salazar, sobre los avances en el desarrollo de la investigación penal.
Finalmente, a las 16h30, será recibido el secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Fabián Pozo Neira.
Cabe recordar que el “caso Danubio” tiene ocho procesados. El 22 de julio pasado, la Fiscalía formuló cargos en su contra por asociación ilícita. Según la teoría fiscal, los involucrados buscaban a funcionarios con poder de decisión en las unidades de talento humano de instituciones públicas. El objetivo habría sido la venta de cargos en la administración estatal.

La Comisión de Educación avocó conocimiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que viabiliza el ejercicio del derecho constitucional a la educación de los estudiantes que por diversos motivos se vieron obligados a interrumpir sus estudios de grado y aspiran reingresar a las carreras.
El asambleísta Elías Jachero, proponente del proyecto, manifestó que con estas iniciativas buscan construir una sociedad más equitativa y solidaria, para que los jóvenes puedan culminar la etapa académica y obtener su título profesional.
Agregó que el Estado tiene la obligación de respetar y proteger los derechos de todos los ecuatorianos, en especial de los estudiantes.
El asambleísta Ramiro Frías comentó que este proyecto beneficiará a los estudiantes que resultaron afectados por las universidades que fueron cerradas y sus derechos fueron vulnerados.
De su lado, Manuel Medina, presidente de la comisión, informó que 17 proyectos de reformas a la Ley de Educación Superior han sido sistematizados para el informe de segundo debate que será puesto en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional.
Por último, resaltó que existe la decisión de continuar trabajando para que se haga realidad la creación de las cuatro universidades en la Amazonía, y por el desarrollo de la educación en el país.

La que preveíamos años atrás está sucediendo en los países de Hispanoamérica, crisis financiera, crisis sanitaria, social y una galopante corrupción institucionalizada que golpea fuertemente al pequeño y mediano productor agropecuario, generadores de soberanía alimentaria y de materias primas agroexportables.

Inocultable falta de regularización de precios de insumos agropecuarios, irrespeto vergonzoso de precios mínimos de sustentación de cosechas, incontrolable acción de la intermediación, la expansión de monocultivos como Arroz y Maíz, y la peor lacra los falsos dirigentes agrícolas, que extorsionan a las autoridades como modo de vida.

Es importante recordar la importancia de la Agricultura Familiar Campesina en Ecuador, viviendo y produciendo sobre cuatro millones quinientas mil hectáreas (4'500.000 Has) hoy por hoy carente de servicios de salud, falta de créditos productivos y plan de comercialización.

Considero, es mi criterio, ya debemos utilizar conceptos como Economía Familiar Campesina por su aporte al sistema productivo, citó como ejemplo, el trabajo de la familia campesina aporta con el 60% de la producción de alimentos variados, 80% de empleo directo, 42% de puestos de trabajo, 4% del PIB (fuente MAG); es decir, en la Familia Campesina tenemos un importante sector productivo económico que se puede potenciar de manera exponencial. Otro concepto que debemos manejar es Agricultura Urbana, tema de próximo artículo.

Lo dicho en anteriores párrafos, nos llevan a retomar la idea e implementar proyectos de Fincas Integrales Autosuficientes (FIA) como unidad de producción de la Familia Campesina y eje de la Economía Agrícola.

Las Fincas Integrales Autosuficientes (FIAs), a más de poder desarrollarse en pequeños espacios, se puede diversificar cultivos y crianza de especies menores para consumo familiar, venta en mercados locales y agregación de valor de materias primas; son un excelente ejercicio para desarrollar Economía Circular.

El manejo de especies menores como gallinas, ovejas, cabras, etc. En las FIAs aportan con proteína sana de carne y huevos; agregación de valor como quesos de cabras, de gran valor comercial; además la transformación de desechos orgánicos como restos de cosechas y estiércoles, mediante compostaje convertidos en abonos orgánicos para la misma FIA y para la venta.

Otro beneficio es el cuidado del medio ambiente, mejora de la economía de la Región donde se desarrollen FIAs, mejora de la salud física y ocupacional de habitantes.

Es el momento del Agro, de liberarse de las transnacionales, alimentarse sano y vivir dignamente.

Escrito por: Pedro Pablo Jijón Ochoa.
Agosto del 2022

Por: Lcda. Rosamaría Calderón C.

En campaña el inquilino de Carondelet ofreció convertir a Ecuador en Dubai, al mismo tiempo decía que el otro candidato, economista Andrés Arauz llevaría al país a ser como Venezuela, país que siempre ha estado en todos los índices mejor que Colombia; en catorce meses ha llevado al Ecuador a ser una sucursal del vecino país del norte.
Los términos usados en este titular, no han sido parte del vocabulario de los ecuatorianos, ahora se los pronuncia, se vive con miedo que hasta los huesos lo sienten.

Atentar con explosivos, es terminar con la vida de compatriotas. Lo asombroso es que Guayaquil desde el 15 de agosto tiene estado de excepción y al día siguiente, hubo crímenes y quejas de ciudadanos que no ven mayor número de policías ni a miembros del ejército.

SE AGREDE AL PUEBLO

Se atenta con el pueblo señor Lasso, cuando le miente de la forma más descarada como lo ha venido haciendo. Una de las tantas fue la pronunciada el 10 de agosto “Este gobierno invierte USD 13.000 millones anuales en el sector social; 60% más que los dos gobiernos anteriores” es muy fácil pronunciar cualquier cosa para mentir y engañar, los ecuatorianos no son sus empleados, esta tierra es de gente buena, de la que usted abusa. Por favor detállele al país en que ha gastado esa cantidad de dinero, ¿algún hospital nuevo? ¿alguna universidad nueva? ¿alguna escuela nueva? ¿algún colegio nuevo? ¿implementación educativa? ¿mejoramIento hospitalario?
Debe entender lo que significa su cargo: administrar, rendir cuentas, saber invertir dineros ajenos. Cada que habla debe presentar pruebas, señalar el dónde, el cómo, el cuándo, el por qué, el para qué; precisamente porque maneja bienes que no son de su propiedad, son de los 18 millones de ecuatorianos.

ROMPE LA CONSTITUCIÓN

También agrede cuando pisotea “La Constitución de la República del Ecuador, es la Norma Suprema, a la que está sometida toda la legislación ecuatoriana, donde se establecen las normas fundamentales que amparan los derechos, libertades y obligaciones de todos los ciudadanos, así como las del Estado y las instituciones del mismo” Ecuador tiene 5 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, y de transparencia y control social. Ud. Está sometido a esta Carta Magna, no es rey, capataz, ni tampoco dictador porque existen las otras funciones. Irrespetarla es creerse capataz de hacienda, aquí no hay peones, ni súbditos.

Pone a su gente en los órganos de control, y no acepta el trabajo de la Asamblea ¿cuál es el miedo? Recuerde una vez más, Ecuador NO ES SU EMPRESA a tanto descontrol ha llegado su falta de entendimiento del cargo, que hasta decide quienes sí y quiénes no pueden ocupar puestos y quienes pueden vivir en libertad; sabe perfectamente que el Ing. Jorge Glas Espinel, es inocente de los cargos que se le imputan, que hace dos años tuvo el derecho de salir de la cárcel, es más que nunca debió ser encarcelado. ROBARLE LA LIBERTAD A UN HOMBRE INOCENTE ES LO MAS RUIN QUE EXISTE Nada es para siempre, los cargos se terminan, viva sin odios, ame al pueblo, deje de amar al dinero. Créalo EL DINERO no compra lo más caro, sino no estarían muertos Steve Jobs, Aristóteles Onasis, y tantos más. Escriba la historia de su vida, tiene oportunidad de arrepentirse, cambiar el rumbo y dejar huellas positivas. Solo tiene compromisos con Dios y la Patria, no lo olvide frente a Ud. está la historia,

INSEGURIDAD

La inseguridad supera todas las expectativas: atentados, narcotráfico, delincuencia común, crimen organizado. Las crisis carcelarias son recurrentes, sin visos de solución. Todas las estadísticas sostienen que se vive la criminalidad y asesinatos más alta desde hace una década.

Tanto es así, que EL COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS CDH se pronuncia y propone enfrentar las causas de la inseguridad ciudadana en el Ecuador y principalmente en Guayaquil.

La inseguridad se desarrolla cuando no hay atención, no hay ejemplo desde la cúpula, cuando la tiranía se consolida. A toda la inseguridad se suma los altos precios de la canasta básica, la ausencia de plazas de empleo.
Es que el gobierno deliberadamente es escaso en eficiencia, nulo en bienestar social.

Como ejemplo, renovar la cédula cuesta $ 17,00 y es en blanco y negro y de muy mala calidad. El servicio de cedulación no debe costar más allá de $5,oo el Instituto geográfico militar está para prestar ese servicio ciudadano. Lasso debe decirle al país, por qué cuesta tanto.

FALTA DE PATRIOTISMO

El atentado dejó cinco fallecidos y alrededor de 20 heridos, con casas dañadas y problemas emocionales.
Los llamados custodios de la seguridad nacional comprometidos seriamente en actos de corrupción, los narcogenerales con mucho dinero, y todavía reciben altos sueldos del estado y muy jóvenes se jubilan. Debería haber una nueva ley que trabaje en la decencia de los cuerpos militares, si son hallados en actos de corrupción, deben pagar esas consecuencias, quitándoles la jubilación. Antes la nación sentía orgullo por los miembros de las FFAA. Ahora causa escozor leer y saber que ganan sueldo de los impuestos de todos los ecuatorianos, y no cumplen los deberes con la nación, no son todos, pero la institucionalidad se cuida.

Últimamente ocho tripulantes de la armada fueron detenidos por transportar cargamento de droga oculto en una bodega, que habría sido incautada en operativos anteriores ¿Se imaginan esto? Fiscalía ya está en el trabajo de investigación, pero es que la fiscalía también ha dado muestras de estar divorciada de la nación…

Este jueves, 11 de agosto de 2022, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó los Informes de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los postulantes registrados para las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), elaborados por la Comisión Verificadora. Según los Informes, 22 de los 191 postulantes cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento e Instructivo para este proceso.
En consecuencia, de los 168 postulantes restantes, 16 presentan alguna inhabilidad o prohibición y 106 no cumplen requisitos, como: haber recibido sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad; mantener contrato con el Estado como persona natural, socio, representante o apoderado de personas jurídicas; tener obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI) o con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entre otros que constan en el Reglamento e Instructivo correspondientes.
Por otro lado, 46 postulantes no cumplen requisitos, pese a no tener inhabilidades. Entre los documentos que debían presentar son aquellos que acrediten probidad notoria, trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción; hoja de vida firmada, una carta que exprese las razones para la postulación, declaración juramentada rendida ante notario público, o cónsul, según el caso y un postulante renunció.
Finalmente, una vez notificados con la resolución del Pleno, los postulantes podrán presentar las impugnaciones que consideren pertinentes en un periodo de cinco (5) días término contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución.

El Consejo de Administración Legislativa /CAL), presidido por Virgilio Saquicela Espinoza, con cinco votos afirmativos, aprobó el Reglamento Operativo para la Implementación de la Consulta Prelegislativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Con este instrumento se desarrolla el ejercicio de uno de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio reconocidos en la Constitución.
La Ley Suprema del Estado, en su artículo 57, numeral 17, establece: Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.
Así mismo, la LOFL reformada en noviembre de 2020, en su capítulo XI.I, incluye lo relacionado con el ejercicio de la consulta prelegislativa, desde el artículo 109.1 al 109.18 y es, precisamente, este último el que dispone que los aspectos operativos y logísticos específicos para la instrumentalización de los procedimientos establecidos en esta Ley, respecto a la consulta prelegislativa, serán establecidos en el reglamento que emita el Consejo de Administración Legislativa.
Para el efecto, el CAL conoció las observaciones de las unidades de Participación Ciudadana, Asesoría Jurídica y de Técnica Legislativa que fueron incorporadas en la versión final del texto del Reglamento para su aprobación.

El asambleísta Daniel Onofa, como representante de la Comisión del Derecho a la Salud, inauguró el taller destinado a recoger los aportes de los actores relacionados con el deporte, promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y procesos vinculados al deporte y la actividad física; conocer las necesidades de deportistas y crear una política pública que, a través del deporte, transforme vidas y genere desarrollo social.
El taller inició con una pequeña reseña de las acciones que se han cumplido, con el afán de mejorar la Ley del Deporte en el país. Se hizo énfasis en la importancia que tiene esta ley para los deportistas que nos representan en competencias internacionales, en la formación de nuevas promesas y en la salud de una sociedad que hace deporte.
Los participantes en este taller se enfocaron en la revisión de aquellos temas que se refieren al otorgamiento de becas deportivas, pensiones de estudios para deportistas y la ocupación de cargos públicos en sectores relacionados con el deporte por personas especializadas.
Como parte de los expositores en este encuentro, representantes del sector médico compartieron sus puntos de vista sobre la incidencia del deporte en el bienestar de la sociedad; la importancia de la actividad física como una forma de mejorar la salud y que, como resultado a largo plazo, nos dará un ahorro en el gasto público relacionado con servicios médicos.
Los representantes académicos, por su parte, hablaron del beneficio al deporte y la salud, que supondría la implementación de postgrados de medicina centrados en la educación física, la creación de materias especificas relacionadas con el deporte, como la anatomía deportiva y bioquímica deportiva.
Adicionalmente, sugirieron que los egresados de la carrera de educación física realicen un año de rural en instituciones deportivas, clubes y con entidades que prestan ayuda a personas con discapacidades físicas, para que entiendan de mejor manera la importancia del deporte en la sociedad.

La única autoridad competente para designar a la Primera Autoridad de la Superintendencia de Bancos es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y no existe resolución de designación válida, por lo que el señor Raúl Agustín González Carrión no ha sido designado como superintendente, indicó el presidente Abg. Hernán Ulloa durante la rueda de prensa a los medios de comunicación
“Si se ha posesionado a una autoridad con base en una resolución anulada, en un silogismo o análisis jurídico de las circunstancias, se obtiene que la Asamblea Nacional ha designado a esta autoridad”, y no el Consejo de Participación Ciudadana, por ello “mientras yo sea el presidente, dijo Hernán Ulloa, no puedo permitir que exista ningún tipo de injerencias por parte de otra Función del Estado.
La sentencia constitucional declaró la nulidad del proceso de designación anterior realizado por el CPCCS, por tanto esa resolución del Pleno ya no surte efectos jurídicos hacia el exterior, es decir no podía en lo absoluto hacerse la posesión de esta autoridad mientras el control constitucional así lo disponga “nosotros no estamos ante la posibilidad de decirle a la señora jueza que no se va a cumplir su disposición porque tenemos que esperar una resolución de segunda instancia, esto no es posible porque esto implicaría caer en el incumplimiento de una disposición de autoridad competente lo cual es sancionado con la destitución del cargo”.
El Abg. Ulloa indicó que el CPCCS se encuentra dando cumplimiento a la sentencia constitucional que resolvió: “la nulidad radical o de pleno derecho del proceso de designación de superintendente de bancos que desarrolló el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (…)”. 
Por ello, una vez recibida la nueva terna por parte del Ejecutivo, se dispuso a la  Comisión Técnica la elaboración del “Informe de recomendación, en cumplimiento con el artículo 13 del Reglamento para la designación de la Primera Autoridad de la Superintendencia de Bancos”; que califica la admisibilidad de los ciudadanos que conforman la terna. Este informe ya se encuentra elaborado y será conocido en una próxima sesión del Pleno.
El presidente Hernán Ulloa indicó que las decisiones del Consejo no han afectado la institucionalidad de la nación, “las circunstancias que el día de hoy mantienen en crisis nuevamente al Ecuador, han sido por decisiones  ajenas al Consejo”. Explicó además que, tanto el CPCCS, como las demás instituciones, poderes y Funciones del Estado están sometidos al control constitucional”.
El titular del CPCCS aclaró, además que mientras este proceso concluya, le compete ejercer las atribuciones de Superintendente de Bancos a la Ing. Guadalupe Cabezas, en calidad de autoridad subrogante, de conformidad con lo previsto en el “Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Bancos y  Seguros”.
El cumplimiento de las obligaciones y mandatos constitucionales y legales por parte de todas las instituciones, con independencia y responsabilidad con la ciudadanía, es la única manera de que se garantice la institucionalidad  y el Estado de Derecho, finalizó el presidente del CPCCS.

Con el compromiso de delegados de las organizaciones políticas de cumplir una participación justa y ética en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó, este martes 9 de agosto, la cruzada institucional y ciudadana “En Democracia, Ecuador Juega Limpio ”. Esta iniciativa busca incentivar a las organizaciones políticas, candidatos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía a asumir cívicamente su rol en el desarrollo de un proceso electoral pacífico y transparente.
Al respecto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, explicó que desde el órgano electoral se han formulado reglas claras, para que todos los candidatos tengan las mismas oportunidades de participación en las próximas elecciones. “¡Nunca más confrontaciones violentas que minen nuestra democracia; nunca más disputas que nos dividan! Es el momento de escribir una nueva página en la democracia de nuestro país, estrechándonos las manos, respetando nuestras diferencias y en un solo abrazo apostarle al juego limpio”, puntualizó.
Por su parte, el vicepresidente del órgano electoral, Enrique Pita García recalcó que se debe combatir a la desinformación y fomentar la confianza en la política. “No permitamos que aquellos que buscan destruir la democracia ganen espacio y su ruido acalle la voluntad de quienes sí quieren participar de forma responsable y quieren jugar limpio“, enfatizó.
Del mismo modo, con esta cruzada, se ratifica el compromiso de las máximas autoridades electorales en la lucha contra la violencia política de género y la desinformación. Además, la cruzada busca promover una campaña electoral que fomente una cultura de paz, donde la libre expresión, el debate serio, responsable y respetuoso prevalezcan.

El Pleno de la Asamblea, presidido por Virgilio Saquicela Espinoza, rindió homenaje a los 213 años de la gesta patriótica del 10 de Agosto de 1809, que constituyó el Primer Grito de Independencia de América. El acto inició con el ingreso del Estandarte Nacional, seguido por el Himno Nacional de la República del Ecuador, entonado por los presentes en el hemiciclo legislativo.
Luego, el asambleísta Pabel Muñoz, representante por Pichincha, exaltó la importancia de esta fecha histórica pues, dijo, es un día fundamental para los hombres y mujeres libres del Ecuador y América Latina, trascendencia que fue creciendo con el paso del tiempo y se marcó el 24 de mayo de 1822, con la independencia de la Real Audiencia de Quito, actual Ecuador.
No solo se trató de un grito emancipador, fue un día en el que se sembró la conciencia insurgente en los pueblos de nuestra América; si bien las condiciones de este grito libertario fueron limitadas, marcadas por acontecimientos externos, como la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, la invasión de Napoleón a España, son las demandas locales las principales razones de la revolución quiteña y su relevancia está escrita en la declaratoria de independencia y en la constitución de la Junta Soberana que resumió los anhelos de libertad.
De su lado, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela Espinoza, calificó al 10 de Agosto como un grito sin par que marcaría el sendero de la libertad para hombres y mujeres del Ecuador y de América Latina, en suma, una fecha trascendental en nuestra historia, porque implica no solamente el “Primer Grito de la Independencia”, sino un clamor emancipador, que ha sido la siembra de la conciencia libertaria y rebelde de nuestros pueblos. Esta gloriosa fecha marcó el inicio del proceso de la independencia del Ecuador y es, sin duda, nuestro Día Nacional, el día de la Patria, un memorable acontecimiento con el cual nuestra nación dio ejemplo de libertad al mundo.
Resaltó que el “Primer Grito de la Independencia” se germinó en la esencia indómita de las ecuatorianas y ecuatorianos quienes, hastiados de las medidas arbitrarias tomadas por el Gobierno de la época, la innegable decadencia del régimen colonial español en todo el continente, dieron paso para que un grupo de quiteños encabezados por Juan Pío Montúfar, decidiera conformar una Junta Soberana de Gobierno que relevó de sus funciones al Conde Ruiz de Castilla, presidente de la Real Audiencia de Quito, hecho ratificado seis días más tarde, en un cabildo popular.
Indignémonos, por cada niño o niña sin alimento, por cada padre o madre de familia sin trabajo, por cada joven sin educación, por cada adulto mayor sin cuidado y protección, por cada hogar desprotegido y en la inseguridad; jamás dejemos de recordar “cuando Manuela Cañizares, indignada, se planta en la puerta de la casa, con coraje, para evitar que los comprometidos abandonen el lugar sin tomar una firme decisión; levanta Manuela la voz, como solo pueden hacerlo las mujeres dignas, inteligentes, libertarias, y grita: ¡Cobardes! ¡Hombres nacidos para la servidumbre! ¿De qué tenéis miedo? ¡No hay tiempo que perder!”.
“No hay tiempo que perder, ecuatorianos y ecuatorianas, colegas asambleístas; 213 años después aún somos presos del hambre, la desigualdad, la inseguridad, la injusticia, el desempleo. Y el único camino para vencer esas cadenas es el del trabajo conjunto. Por eso, hemos convocado a trabajar de la mano, a reconocer las diferencias pero a converger en las necesidades insatisfechas de un pueblo, que todas las funciones del Estado, Ejecutivo y Legislativo trabajemos de manera articulada, y hagamos, desde nuestra atalaya todo lo que nos corresponda en bien de nuestra patria”, enfatizó el Titular de la Legislatura.

Dentro del tratamiento del informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Educación Superior, la Comisión de Educación, abordó la formación técnica y tecnológica, así como en conservatorios superiores, para lo que escuchó la opinión de varios actores.
El presidente de la comisión, Manuel Medina, manifestó que es importante analizar la parte técnica y tecnológica para continuar la construcción del proyecto de ley, para lo que es necesario escuchar lo que piensan personalidades de la ciencia y educación.
En este contexto, Fidel Márquez, del Consejo de Educación Superior, planteó el concepto de multiculturalidad para la creación de institutos técnicos superiores. Expresó su confianza en que la Ley de Educación Superior fortalezca a los institutos técnicos superiores, para dar mayores opciones de estudio y empleo a los jóvenes.
Nelly Paredes, directora de Formación Técnica y Tecnológica de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, resaltó la necesidad de la independencia económica de los institutos superiores y la vigencia del escalafón docente.
Ramiro Noriega Fernández, docente de la Universidad Central del Ecuador, dijo que es muy importante el ejercicio de la educación en el campo cultural y artístico en un país que se reconoce intercultural.
Así mismo, Ricardo Monteros, rector del Conservatorio Superior Nacional de Música, puntualizó que lo mínimo que debería recibir un artista es educación integral de tercer y cuarto nivel, no solamente técnica.
Herenia Mendieta, rectora del Conservatorio Anton Brukner, reconoció el afán de los presentes de fortalecer la educación artística, a la vez que explicó las diferentes especialidades que ofrece este sector, los reglamentos, malla curricular y estándares determinados.
De su lado, Aldo Maino, representante de la Asociación de Institutos Técnicos Privados del Ecuador (AITPEC), recordó que es importante garantizar las acreditaciones de los institutos de educación superior como parte del sistema.
Por su parte, Brad Hilbert, vicerrector de la Universidad de las Artes, se refirió a los recursos que nutren el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo), el papel de las artes y la cultura, la forma de elección de las máximas autoridades y el enfoque de bienestar común.
A cierre de sesión el legislador Manuel Medina tras solicitar a los comparecientes que envíen sus observaciones por escrito, a fin de analizarlas en la construcción del informe, resaltó la decisión de fomentar una coordinación directa con todos los organismos para converger en el tema, y, fortalecer el sistema de educación superior.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convoca a la ciudadanía a ser parte de la Veeduría para vigilar el cumplimiento del contrato para la delegación a la iniciativa privada del servicio de gestión y control de tránsito y áreas de parqueo tarifado de la ciudad de Manta por medios o dispositivos electrónicos, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Manta y el Consorcio Tránsito Seguro.
Las inscripciones se realizarán de forma presencial en las oficinas de la Delegación Provincial del CPCCS de Manabí, desde el 11 de agosto a las 08:30, al 18 de agosto, de 2022, hasta las 17h00.
Una vez que concluya el plazo establecido y se realice la verificación de la información receptada, el CPCCS, a través de la Subcoordinación Nacional de Control Social tomará contacto con los postulantes.
 Requisitos:

• Estar en goce de los derechos de participación.

• En el caso de personas jurídicas u organizaciones de hecho, encontrarse debidamente reconocidas ante las entidades correspondientes o sus comunidades.

• Contar con una carta de delegación en caso de actuar en representación de organizaciones de la sociedad.

• Llenar el formulario de inscripción, adjuntando fotocopia de la cédula de ciudadanía y de la papeleta de votación.

La Comisión de Fiscalización y Control Político continuó la recepción de testimonios solicitados como pruebas de descargo y de oficio, en la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Ruth Barreno y José Morillo, expresidenta y vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), proceso planteado por la asambleísta Viviana Veloz.
En este marco, Francisco Endara, sentenciado por sabotaje, en los hechos ocurridos el 30S en los medios públicos, dijo que se le condenó, de manera ridícula, por un delito inexistente, como se reconoce en la sentencia de segunda instancia, por haber mostrado apoyo a esos actos; le reducen la condena a cuatro años, porque no tenía antecedentes y, en casación, se le cambian no solo la pena, sino el tipo penal. “Así se manipuló la justicia en el país”, añadió, al justificar la actuación del Consejo de la Judicatura en la evaluación de jueces y conjueces.
De su lado, el constitucionalista Xavier Palacios consideró que el Consejo de la Judicatura tenía plena facultad para evaluar el accionar de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia; utilizó parámetros que son válidos y se evaluaron sentencias, no en el fondo, sino en la forma, lo cual sí está previsto en la ley. Quizás lo cuestionable fue la oportunidad, lo debatible sería si se lo hizo dentro del período que correspondía tal evaluación, añadió.
Mientras, el exasambeísta Cléver Jiménez, subrayó que fue víctima de una época nefasta para el país, caracterizada por la persecución política, la violación sistemática de derechos de los ciudadanos. “Desde 2010, hasta después de ser legislador, fui víctima de una brutal persecución política utilizando a una herramienta fundamental de la democracia, como es la administración de justicia”, enfatizó.
El exlegislador Fausto Jarrín, en su condición de abogado litigante, recordó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio retiró al Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio el exhorto para que evalúe a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Cuestionó, además, el hecho que el CJ haya trasladado a una Comisión o Comité de Apoyo, como quiera que se llame, su responsabilidad de evaluar a los jueces. Tampoco tenía facultad para crear la figura de conjueces o jueces encargados.
Según Mariana Yépez, Roberto Salgado, Ramiro García Falconí, Geovanni Sacasari y Álvaro Mejía, quienes integraron el Comité de Apoyo a la Evaluación, el rol cumplido por esta instancia consistió en un asesoramiento técnico, jurídico y académico, además de especializado, según las materias de cada una de las salas de la Corte Nacional de Justicia. Explicaron que entre los hallazgos determinaron la existencia de una estructura unificada de las sentencias que emitían los jueces y solo cambiaban la parte final, cuando lo que corresponde es incluir en ellas los antecedentes, los precedentes jurisprudenciales y la visión que tiene cada juez respecto del caso específico sometido a su conocimiento.
Ramiro García, por ejemplo, aseguró que hubo una alta precariedad en el trabajo de los jueces y, sobre todo, al someterlos a un pliego de preguntas básicas sobre los procesos, en su caso, en el ámbito penal, las respuestas dejaron mucho que desear, sobre el entendido que se trataba de temas que debe manejar un estudiante de primer año de Derecho. La evaluación correspondió en todo momento al Consejo de la Judicatura, el Comité solo ejerció un rol asesor, insistió.

En el marco de las Elecciones Seccionales 2023, los vocales de las 24 Juntas Provinciales Electorales y de la Junta Especial del Exterior participan en jornadas de capacitación para fortalecer sus capacidades en el ejercicio de sus funciones. En el evento de inauguración de las jornadas, que se llevó a cabo este 8 de agosto, las autoridades electorales destacaron la labor que deben llevar adelante los vocales.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que ser parte de la vocalía provincial conlleva una alta responsabilidad y compromiso. “Mis mejores deseos y éxitos en las tareas que les hemos asignado y encomendado; al mismo tiempo, aprovecho la oportunidad para comprometer mi apoyo y total respaldo, encaminados a garantizar el desarrollo de un proceso electoral eficiente, justo y transparente”, indicó.
Por su parte, el vicepresidente del órgano electoral, Enrique Pita, manifestó que el trabajo de los vocales es determinante para el éxito de las Elecciones 2023. “Su experiencia es de vital importancia para garantizar la transparencia de los procesos electorales”, manifestó.
Entre los temas sobre los que los vocales se capacitan, se destacan: registro de alianzas electorales, proceso de inscripción y calificación de candidaturas, procesos y acciones contenciosos electorales, régimen parlamentario, entre otros aspectos para llevar adelante sus funciones, establecidas en el Código de la Democracia.

Formar profesionales que serán parte de los organismos de seguridad ciudadana, tales como entidades gubernamentales, gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado en el ámbito de prestación de servicios y producción, en el ámbito de la seguridad integral, es uno de los objetivos del proyecto de Ley de creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales que tramita en primer debate el Pleno de la Asamblea Nacional.
El debate se desarrolló sobre la base del informe preparado por la Comisión de Educación que previamente promovió un proceso de socialización de la propuesta con la participación de autoridades y delegados de los Ministerios de Gobierno, del Interior y de Finanzas; además escuchó los criterios de representantes de la Policía Nacional, del Consejo de Educación Superior (CES) y del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES).
Según la propuesta, esta universidad tendrá sede en Quito e iniciará con tres carreras: Licenciatura en Investigación Criminal y Forense; Licenciatura en Gestión de Seguridad Ciudadana; y, Licenciatura en Inteligencia Estratégica y Prospectiva.
En la jornada de este martes intervinieron ocho asambleístas, quienes reiteraron la necesidad de fomentar la educación como herramienta para salir del subdesarrollo y fortalecer el conocimiento, así como brindar oportunidades para que los jóvenes accedan a la educación superior y garantizar el presupuesto para toda la universidad que en los últimos años se ha reducido de US$ 1.656 millones a US$ 1.169 millones.
También resaltaron que esta universidad, que puede articular a la academia con la seguridad, no beneficia unicamente a la Policía; que es importante profesionalizar y capacitar a los policías y robustecer a las fuerzas de seguridad a través de procesos académicos, para apoyar el combate a la inseguridad.
Los representantes de la Amazonía demandaron priorizar la creación de las universidades en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, previstas en la Ley Especial Amazónica.
Comisión general
El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, Erick Barba, mencionó que si bien la Policía merece una educación universitaria de calidad, actualmente existe la carrera de Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, cuyos estudiantes gozan de todos los derechos consagrados en la Ley de Educación Superior y no se someten al régimen disciplinario de una sola institución.
La sesión continuará en los próximos días, una vez que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela Espinoza, suspendió el debate de este proyecto.

La Comisión de Régimen Económico, en el marco de su competencia de control político, recibió al ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, con quien analizó la normativa, los fundamentos técnicos, legales y económicos para aplicar los subsidios a los combustibles.
Las inquietudes de los legisladores se refirieron especialmente al método de cálculo que se utiliza actualmente para determinar el valor de subsidios.
La asambleísta Sofía Espín pidió al funcionario detalles sobre los valores de los subsidios, debido a que el Presupuesto General del Estado no cuenta con una partida presupuestaria contable que mantenga un registro de estos valores. También cuestionó el método de cálculo usado. Argumentó que no considera el costo real de producción del crudo ecuatoriano y en su lugar aplica un costo de oportunidad, basado en el precio internacional del barril de crudo.
Al respecto, el ministro Vera explicó que el método de cálculo estuvo basado en el reglamento de regulación de precios creado por decreto ejecutivo en el año 2005, reglamento que fue modificado en 2015 y actualizó su metodología en 2020. Afirmó que aún si se considera el costo de producción como parámetro en la metodología de cálculo hay una perdida y el país seguiría necesitando subsidiar los combustibles.
También compareció David Almeida, secretario General de la Asociación Nacional de Empresas de la Energía y el Petróleo, quien presentó valores del costo de producción de crudo nacional, basado en los datos publicados por Petroecuador. El experto en materia de hidrocarburos explicó que debido a la cantidad de subproductos derivados del petróleo es muy difícil determinar un costo real de los combustibles y que la metodología necesita analizar en conjunto toda la cadena de producción, para determinar si hay una utilidad o una perdida que genere un subsidio.

La jornada de trabajo que cumplió este martes el Grupo Parlamentario Ecuador sin Hambre tuvo como propósito socializar, con ciudadanos en la provincia de Loja, el contenido y objetivos del Fondo de Investigación para la Agrobiodiversidad, Semillas y Agricultura Sustentable (FIASA 2023).
El delegado del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Cesar Tapia, señaló que la conservación y uso de recursos fitogenéticos; investigación, innovación y transferencia tecnológica para producción de semilla; y, agricultura sostenible, sustentable y eficiente, constituyen las tres áreas estratégicas del fondo.
Así mismo, mencionó que este proyecto tiene como objetivo promover programas y proyectos para fortalecer la conservación, semillas y agricultura sustentable. Informó que para el año 2022, el Gobierno Nacional asignó cuatro millones de dólares para este fondo, lo que evidencia su importancia.
El asambleísta Xavier Santos felicitó la iniciativa de abordar este tema en el Grupo Parlamentario, considerando que se trata de un proyecto que beneficia de la ciudadanía.
La legisladora Lucía Placencia, presidenta del Grupo Parlamentario Ecuador sin Hambre agradeció la participación de los asambleístas, y de ciudadanos de la provincia de Loja que fueron parte de la socialización, a la vez que anunció que este tipo de iniciativas se replicarán en otras provincias.

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes continuó el análisis del informe sobre la afectación de este sector de la sociedad en el marco de las protestas sociales registradas el pasado mes de junio, conforme la recomendación de la Comisión de Garantías Constitucionales.
La presidenta de la mesa legislativa, Pierina Correa, informó que la comisión también solicitó la convocatoria a las niñas, niños, adolescentes y a sus padres para escuchar las experiencias vividas en el marco del paro, testimonios que servirán como insumos para la elaboración del informe.
Tras indicar que se ha propuesto conformar una mesa técnica para tratar el tema, sugirió que el documento que prepara la comisión sea incluido como un capítulo del informe general de la Comisión de Garantías Constitucionales, para que sea conocido en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Entre tanto, la legisladora Esther Cuesta resaltó la importancia que la comisión reciba a las niñas, niños y adolescentes, con el fin de conocer sus experiencias de manera directa y desde la perspectiva ciudadana. Explicó que en su informe recoge las experiencias de cuatro menores de edad que fueron detenidos en el paro nacional.
En otro ámbito, la comisión avanzó en el análisis del artículo 205 del Libro II del proyecto de Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna), que se refiere a las inhabilidades por incumplimiento del régimen de protección económica, sosteniendo que quien adeude dos o más asignaciones, mientras no cancele las obligaciones vencidas será incorporado en el registro de deudores que elaborará y publicará el Consejo de la Judicatura.
Por lo tanto, quedará inhabilitado para ser candidato a cualquier dignidad de elección popular; ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado en concurso público, por designación o contrato; enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los beneficios o parte de ellos sean directamente para el pago total de sus obligaciones, en cuyo caso se requerirá autorización judicial, entre otros aspectos.

La Comisión de Fiscalización y Control Político, este martes 9 de agosto, escuchó los testimonios solicitados como pruebas de descargo por Fausto Murillo, Ruth Barreno y José Morillo, vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), como parte de la sustanciación de la solicitud de juicio político presentada en su contra por la asambleísta Viviana Veloz, por incumplimiento de funciones.
En esta jornada comparecieron Carlos Figueroa y Gerardo Portillo, como víctimas de casos emblemáticos de la Corte Nacional de Justicia; Christian Zurita y César Ricaurte, en su calidad de periodistas de investigación; e, Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, este último como parte de las pruebas de oficio solicitadas por la asambleísta Gabriela Molina.
Carlos Figueroa recordó que fue víctima de una persecución del Gobierno de la época, por haber hecho una denuncia, junto al exasambleísta Cléver Jiménez y su asesor, Fernando Villavicencio, en torno a los hechos ocurridos en el hospital de la Policía Nacional el 30 de septiembre de 2010, cuando por orden del Mandatario se produjo un violento rescate de la referida casa de salud, que dejó personas fallecidas, heridas y asfixiadas. “El Consejo de la Judicatura se quedó corto y no hizo lo que tenía que hacer para que haya jueces honestos, honrados y probos”, subrayó.
De su lado, Gerardo Portillo, quien formó parte de la veeduría que analizó el caso de la supuesta entrega de contratos a Fabricio Correa, hermano del expresidente de la República, Rafael Correa, aseguró que luego del informe de la veeduría se inició una persecución, a través de un juicio por supuesto daño moral, proceso que duró casi ocho años en los cuales él y otros exmiembros de esa instancia, tuvieron que abandonar su hogar, perdieron su trabajo y fueron afectados directamente por la manipulación de la justicia.
Entre tanto, Christian Zurita, coautor del libro “El Gran Hermano”, que relata los hechos relacionados con la entrega de contratos al ingeniero Fabricio Correa, enfatizó que, desde 2010, la justicia se convirtió en una infraestructura utilizada para la impunidad y se establecen las condiciones para que el Gobierno de entonces evite que sus acciones sean materia de enjuiciamiento penal. “Si no dejan de meter la mano en la justicia, Ecuador no va a tener una justicia independiente”, añadió.
Para César Ricaurte, de la Fundación Andina de Observación y Estudio Social de los Medios (Fundamedios), tras 15 años de investigación sobre el ejercicio de la justicia se evidenció que hubo persecución política entre 2007 y 2017, mediante la judicialización de quienes no pensaban igual que el régimen. Se registran 2085 agresiones contra la prensa y, sobre la base del desprestigio permanente de los medios, se justificó la aplicación de normas deontológicas orientadas a controlar la opinión.
Por último, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, coincidió con la posición expuesta por su antecesora, doctora Paulina Aguirre, quien expresó públicamente que no se oponían a un proceso transparente de evaluación, sino que se solicitaba que actúen sobre la base de parámetros técnicos para una real evaluación de desempeño, porque lo que se estaba haciendo desde el Consejo de la Judicatura violentaba el derecho al debido proceso, la garantía de estabilidad, al haber sido designados para un período fijo, y al derecho a la seguridad jurídica, entre otros preceptos constitucionales. Recordó que por este proceso desarrollado al margen de la Ley, Ecuador tiene que pagar indemnizaciones por cinco millones de dólares, aproximadamente.

Con el compromiso de delegados de las organizaciones políticas de cumplir una participación justa y ética en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó, este martes 9 de agosto, la cruzada institucional y ciudadana “En Democracia, Ecuador Juega Limpio ”. Esta iniciativa busca incentivar a las organizaciones políticas, candidatos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía a asumir cívicamente su rol en el desarrollo de un proceso electoral pacífico y transparente.
Al respecto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, explicó que desde el órgano electoral se han formulado reglas claras, para que todos los candidatos tengan las mismas oportunidades de participación en las próximas elecciones. “¡Nunca más confrontaciones violentas que minen nuestra democracia; nunca más disputas que nos dividan! Es el momento de escribir una nueva página en la democracia de nuestro país, estrechándonos las manos, respetando nuestras diferencias y en un solo abrazo apostarle al juego limpio”, puntualizó.
Por su parte, el vicepresidente del órgano electoral, Enrique Pita García recalcó que se debe combatir a la desinformación y fomentar la confianza en la política. “No permitamos que aquellos que buscan destruir la democracia ganen espacio y su ruido acalle la voluntad de quienes sí quieren participar de forma responsable y quieren jugar limpio“, enfatizó.
Del mismo modo, con esta cruzada, se ratifica el compromiso de las máximas autoridades electorales en la lucha contra la violencia política de género y la desinformación. Además, la cruzada busca promover una campaña electoral que fomente una cultura de paz, donde la libre expresión, el debate serio, responsable y respetuoso prevalezcan.

En el marco de las Elecciones Seccionales 2023, los vocales de las 24 Juntas Provinciales Electorales y de la Junta Especial del Exterior participan en jornadas de capacitación para fortalecer sus capacidades en el ejercicio de sus funciones. En el evento de inauguración de las jornadas, que se llevó a cabo este 8 de agosto, las autoridades electorales destacaron la labor que deben llevar adelante los vocales.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que ser parte de la vocalía provincial conlleva una alta responsabilidad y compromiso. “Mis mejores deseos y éxitos en las tareas que les hemos asignado y encomendado; al mismo tiempo, aprovecho la oportunidad para comprometer mi apoyo y total respaldo, encaminados a garantizar el desarrollo de un proceso electoral eficiente, justo y transparente”, indicó.
Por su parte, el vicepresidente del órgano electoral, Enrique Pita, manifestó que el trabajo de los vocales es determinante para el éxito de las Elecciones 2023. “Su experiencia es de vital importancia para garantizar la transparencia de los procesos electorales”, manifestó.
Entre los temas sobre los que los vocales se capacitan, se destacan: registro de alianzas electorales, proceso de inscripción y calificación de candidaturas, procesos y acciones contenciosos electorales, régimen parlamentario, entre otros aspectos para llevar adelante sus funciones, establecidas en el Código de la Democracia.

La Comisión de Régimen Económico, en el marco de su competencia de control político, recibió al ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, con quien analizó la normativa, los fundamentos técnicos, legales y económicos para aplicar los subsidios a los combustibles.
Las inquietudes de los legisladores se refirieron especialmente al método de cálculo que se utiliza actualmente para determinar el valor de subsidios.
La asambleísta Sofía Espín pidió al funcionario detalles sobre los valores de los subsidios, debido a que el Presupuesto General del Estado no cuenta con una partida presupuestaria contable que mantenga un registro de estos valores. También cuestionó el método de cálculo usado. Argumentó que no considera el costo real de producción del crudo ecuatoriano y en su lugar aplica un costo de oportunidad, basado en el precio internacional del barril de crudo.
Al respecto, el ministro Vera explicó que el método de cálculo estuvo basado en el reglamento de regulación de precios creado por decreto ejecutivo en el año 2005, reglamento que fue modificado en 2015 y actualizó su metodología en 2020. Afirmó que aún si se considera el costo de producción como parámetro en la metodología de cálculo hay una perdida y el país seguiría necesitando subsidiar los combustibles.
También compareció David Almeida, secretario General de la Asociación Nacional de Empresas de la Energía y el Petróleo, quien presentó valores del costo de producción de crudo nacional, basado en los datos publicados por Petroecuador. El experto en materia de hidrocarburos explicó que debido a la cantidad de subproductos derivados del petróleo es muy difícil determinar un costo real de los combustibles y que la metodología necesita analizar en conjunto toda la cadena de producción, para determinar si hay una utilidad o una perdida que genere un subsidio.

Este lunes el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana en sesión de trabajo escuchó las propuestas de representantes de grupos de migrantes. Eduardo Baldeón, de Alianza Migrante, expresó su preocupación por la vulneración de derechos.
Frente a esta situación solicitó a los legisladores mantener diálogos permanentes con las comunidades migrantes y conformar mesas técnicas interinstitucionales, con la participación del Grupo Parlamentario, Defensoría del Pueblo y Asamblea Nacional.
De su lado, Adela Muenala, migrante retornada, señaló que es necesario socializar con los ecuatorianos en el exterior la documentación relacionada con los servicios a los que tienen derecho, a la vez que advirtió que las respuestas son tardías, por lo cual hizo un llamado a los consulados a agilizar los procesos.
La legisladora Esther Cuesta, coordinadora del grupo, señaló que es lamentable que no sean ágiles los trámites en beneficio de los migrantes, Propuso convocar al presidente de BanEcuador para que informe los servicios que se estaría brindando a los migrantes retornados.
Bertha Idrovo, de Alianza Migrante, advirtió que no existen leyes en beneficio de los migrantes retornados, por lo cual que debería existir un plan de contingencia.
Finalmente la coordinadora del grupo ratificó el compromiso de trabajar por los derechos de los ecuatorianos que se encuentran en otros países.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social avanzó en el análisis de la denuncia sobre la influencia que habría ejercido la esposa del exgerente de Petroecuador, Italo Cedeño, en el nombramiento y separación de funcionarios de la institución.
Para ello, la mesa legislativa recibió a Ítalo Cedeño, a fin de que transparente su gestión al país y aclare los actos que han sido denunciados públicamente en diferentes medios de comunicación, sobre la influencia de su esposa para la selección y cancelación de personal en la empresa estatal.
Al respecto, Cedeño explicó que su cónyuge aconseja como sucede en todo vínculo familiar y no está mal y “mi esposa en el primer mes trataba de aconsejarme positivamente sobre funcionarios honestos y que trate de eliminar a funcionarios corruptos”.
Confirmó que ha enviado audios, grabaciones y entrevistas a la Fiscalía General del Estado para que verifique todo lo concerniente a las pruebas y demostrar que su esposa no ha hecho nada malo, a la vez que aseveró es el responsable de cualquier nombramiento realizado en su administración.
Al respecto, la asambleísta Rosa Belén Mayorga advirtió que le llama la atención que la administración pública que se ha encomendado ya sea desde la Presidencia de la República o por mandato popular traspase al ámbito íntimo y familiar.
Entre tanto, el legislador Ricardo Chávez indicó que es necesario contar con información más amplia para determinar el nivel de influencia y los funcionarios que habrían sido beneficiados de esa conducta.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Hernán Ulloa Ordóñez, afirmó que, como corresponde en derecho, la institución acatará las resoluciones de las autoridades judiciales competentes sobre la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos. Acotó que existe una sentencia constitucional que anula la mencionada designación, decisión que ha sido apelada en la instancia superior y la resolución de última instancia sobre el tema le corresponde al tribunal que se conforme para conocer la apelación.
Indicó que “Una medida cautelar no puede ir en contra de una decisión judicial, este es un candado que existe en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para evitar el abuso del derecho. (….) Los jueces están prohibidos de dictar medidas cautelares en contra de decisiones judiciales” aseveró.
En ese sentido, manifestó que lo que corresponde es acatar la disposición judicial e iniciar un nuevo proceso de designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, mientras se resuelve la apelación en segunda instancia. Es así que se actuó conforme la sentencia, que disponía solicitar una nueva terna, y una vez que el presidente de la República la envió, el 5 de agosto, ahora corresponde seguir el proceso con la integración del equipo técnico que analizará la documentación de los postulantes.
Además, en el marco del respeto a la independencia de funciones, aclaró que este criterio jurídico se aplicará en el CPCCS, mientras que la Asamblea Nacional tiene la libertad de tomar la decisión que considere pertinente.

Ante la presencia de directores y editores de medios de comunicación,  representantes de organismos internacionales y autoridades electorales, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, y el director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, renovaron el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional para combatir a la desinformación y a la violencia política en el desarrollo de las Elecciones Secciónales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023.
“Esta es una tarea conjunta, con actores estratégicos y protagónicos del proceso electoral, para impulsar verdaderas acciones de fortalecimiento institucional y de auténtico combate a la desinformaciónn, un fenómeno al cual ya le hicimos frente en las Elecciones Generales 2021; pero que ante la dinámica y particularidad de los comicios locales y del CPCCS 2023, requiere de mayores esfuerzos y voluntades en cada rincón del país”, mencionó la presidenta Atamaint.
Por su parte, Ricaurte agradeció a las autoridades del CNE por su compromiso y por el trabajo que realiza la Función  Electoral para combatir a la desinformación. “Debemos unir esfuerzos para garantizar la legitimidad de los procesos electorales, como un principio fundamental en la lucha contra la desinformación y la violencia política”, puntualizó.
En el marco de los acuerdos de este convenio, se tiene prevista la realización de talleres presenciales y jornadas de capacitación, dirigidos a medios de comunicación, organizaciones políticas, funcionarios electorales, academia y a la sociedad civil.
Todas estas actividades se encuentran enmarcadas en el Proyecto de Apoyo al Ciclo Electoral patrocinado por las Misiones Diplomáticas de la Unión Europea, el Reino de España y la Confederación Suiza y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en alianza con Fundamedios, Ecuador Verifica, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Hanns Seidel en Ecuador.

El viernes 5 de agosto de 2022 culminó el plazo para que las organizaciones políticas realicen sus procesos de democracia interna, de acuerdo con el calendario fijado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las Elecciones Seccionales 2023.
Durante los quince días que otorga el Código de la Democracia para la realización de las Elecciones Primarias, el CNE dio acompañamiento técnico en 624 procesos de democracia interna, a través de funcionarios de las 24 Delegaciones Provinciales Electorales.
De acuerdo a la normativa electoral, en el caso de las primarias que se efectuaron de manera telemática, la proclamación y aceptación de precandidaturas de postulación popular es expresa, indelegable y personalísima, y se realizará en unidad de acto en el plazo de 10 días de efectuada la elección, ante delegados del CNE.
Después de la Convocatoria a Elecciones, prevista para el 21 de agosto, se iniciará la fase de inscripción de candidaturas ante el CNE, entre el 22 de agosto y el 20 de septiembre, para lo cual es indispensable que los postulantes provengan previamente de procesos de democracia interna.

La Comisión de Fiscalziación y Control Político este viernes, 5 de enero, continuó con la recepción de testimonios, en el proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Ruth Barreno y José Morillo, expresidenta y vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), por incumplimiento de funciones, auspiciada por la legisladora Viviana Veloz.
En la segunda jornada, comparecieron los exjueces de la Corte Nacional de Justicia Beatriz Sánchez y Diego Velasteguí Enríquez, así como Wilson Toainga, fiscal General subrogante y el fiscal Carlos Eduardo Pérez.
Beatriz Sánchez detalló el proceso seguido para la evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, el cual no contó con los requisitos constitucionales ni legales pertinentes. Es más, dijo, en la mal llamada evaluación se aplicaron parámetros subjetivos para valorar la actuación de los jueces, inclusive con un control de los fallos que se emitieron en un período determinado.
A criterio de la exservidora judicial, el proceso fue eminentemente político y tuvo como objetivo separar a quienes eran incómodos para los vocales del Consejo de la Judicatura de la época.
De su lado, Diego Velasteguí consideró que lo actuado por el CJ fue absolutamente inconstitucional e ilegal, atropelló varios derechos de los jueces, entre ellos el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la defensa, el derecho a a estabilidad y el principio de inamovilidad, porque se trata de funcionarios nombrados para un período fijo.
Velasteguí destacó que durante su carrera judicial jamás recibió ni si quiera una amonestación, pues su trabajo estuvo apegado a derecho, como corresponde. Pero, lamentablemente, fueron sometidos a una evaluación encabezada por personas que jamás han ejercido como jueces y que en su apreciación cofundieron el rol del juez con el de un abogado litigante.
Mientras, Wilson Toainga, fiscal subrogante, explicó su trayectoria hasta ser desognado en el cargo que ostenta actualmente, como parte de la carrera fiscal. Aclaró que el nombramiento de fiscales provinciales y agentes fiscales no es atribución de esta institución, sino del Consejo de la Judicatura.
En tal virtud, la Fiscalía ha solicitado se realicen los concursos para fiscales a nivel nacional, con el fin de atender las demandas de la ciudadanía, pero no está en sus manos la decisión de cuándo y cómo hacerlo.
Igualmente, el fiscal Carlos Eduardo Pérez consideró que sí hubo incumplimiento de funciones de la expresidenta y los vocales del Consejo de la Judicatura ya que, en su caso, no atendieron con diligencia varios reqierimientos para viabilizar su nombramiento como fiscal, pedidos que provinen desde 2019. Lo curioso es que, dijo, no se dio paso a su nombramiento, tuvo que pedir se el nombre para la fiscalía de la provincia de Galápagos y se nombra para Gauayas a Iván Valdiviezo, quien no pertenecía a esa jurisdicción, caundo el único elegible era el abogado Carlos Pérez.
Para este sábado, 6 de agosto, a las 14h00, está prevista la comparecencia deJavier Cordero, Lauro De La Cadena, Jaime enríquez, Rafael Fernández, Diego Gordillo, Mónica Heredia y José Layedra, exconjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia.

“La Comisión del Deporte ha hecho una clasificación de temas en los que estamos trabajando para, en cada uno de los territorios socializar los proyectos que se tramitan en la Asamblea; uno de ellos está relacionado con las glorias del deporte”, subrayó el asambleísta Joel Abad, al inaugurar el taller “Glorias del Deporte y Equipo Técnico Multidisciplinario”, realizado en la provincia del Cañar.
En la apertura del encuentro, el asesor parlamentario Luis Sarmiento, indicó que este taller se inscribe en el tratamiento y socialización del proyecto de Ley Orgánica del Deporte, Educación Física y Recreación, que se tramita en la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte.
Enfatizó que el informe para primer debate emitido y aprobado por la Comisión recoge y unifica diversas iniciativas sobre la misma materia, así como la sistematización de las observaciones realizadas por diversos deportistas, expertos, colectivos, organizaciones y autoridades.
Para el efecto, dijo, la Comisión sesionó en varias ciudades del país, con la intención de conocer de primera mano las necesidades de este sector de la sociedad y escuchar los aportes de la ciudadanía, a fin de incluirlos en este cuerpo normativo.
De su lado, Manuel Orellana, dirigente deportivo, consideró que la base y la razón de ser de las federaciones deportivas de las provincias del Ecuador son los niños, de allí la necesidad de establecer medidas para el fomento de las actividades deportivas, lo cual requiere, además, de ingentes recrusos económicos  y, en un futuro no lejano se pueda contar con más deportistas que pongan en alto el nombre del país, como los que existen en la actualidad.
A decir de varios deportistas de Cañar, aún persiste la falta de apoyo de las autoriades para el desempeño deportivo, pues los entrenadores se han sacrificado por sí solos con el objetivo de hacer quedar bien al deporte local en múltiples competencias.
Finalmente, el legislador Joel Abad reiteró que el objetivo de la socialización es, justamente, mejorar los insumos que se encuentran en el proyecto de Ley que se tramita en la Comisión de Salud. Explicó que estos encuentros se llevan a cabo en todas las provincias del país.

Ante la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral,presidida por Ramiro narváez, el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Pablo Ramírez, informó acerca de la planificación para prevenir y resolver la crisis carcelaria, así como los hitos y metas en materia de seguridad y rehabilitación penitenciaria.
Explicó que el próximo 21 de agosto iniciará el censo de las personas privadas de libertad (PPL) para mantener el registro actualizado. Agregó que se implementará un sistema interoperable entre todas las instituciones relacionadas con el Sistema de Rehabilitación Social.
Advirtió que entre los motivos que desataron los hechos de violencia dentro de los Centros de Rehabilitación Social (CRS) está la sobrepoblación carcelaria, por lo que la gestión se ha centrado en reducir el hacinamiento, que actualmente corresponde al 7,94 %. En diciembre de 2021, el hacinamiento llegó al 26,75 %.
Subrayó que el SNAI ha iniciado un concurso público para adjudicar, a través de licitación, los contratos de alimentación a empresas que cuenten con todas las seguridades requeridas y que no tengan relación con personas involucradas en el Sistema de Rehabilitación Social. Asimismo, explicó que dentro de los CRS funcionan los economatos, que son emprendimientos que cuentan con convenios con el estado para comercializar productos de aseo en calidad y cantidad adecuadas, a precios justos.
También se encuentra en proceso la adquisición de escaneres corporales y de carga para evitar que ingresen artículos no autorizados al interior de los centros. Se realizará el control y monitoreo de los 47 centros de rehabilitación con cámaras de reconocimiento facial. Afirmó que con la firma de los citados contratos se ejecutará alrededor del 60 % del presupuesto asignado.
Entre otros aspectos, destacó que hay aproximadamente 3000 agentes penitenciarios y 100 educadores en formación; y, más de 3000 PPL que se encuentran en prelibertad constan en la base pública de empleo para lograr una reinserción social efectiva. Además, se han firmado cuatro acuerdos de paz para que los PPL solucionen sus conflictos de manera pacífica.
Por último, mencionó que se implementará un sistema de gestión y prestación de servicios penitenciarios en el cual se clasifican los CRS de acuerdo a recursos humanos y logísticos, infraestructura instalada, niveles de seguridad y riesgo; y, la población objetiva.

Como parte del proceso de fiscalización y control político, el Ministro de Defensa, Luis Lara compareció ante la Comisión de Garantías Constitucionales para informar sobre la presencia y participación de las Fuerzas Armadas en las jornadas de protestas, durante el paro nacional registrado del 13 al 30 de junio de 2022.
El Titular de la referida Cartera de Estado indicó que la participación de los agentes de las Fuerzas Armadas tuvo el único objetivo de restablecer el orden público, en estricto cumplimiento de la Constitución de la República, de manera complementaria al quehacer de la Policía Nacional, durante la vigencia de los estados de excepción declarados por el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, entre el 18 y 29 de junio de 2022.
Puntualizó que, cuando no se ha declarado estado de excepción, la presencia militar en las calles en todo el territorio nacional corresponde a la facultad que tiene el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas respecto del control de armas, municiones y explosivos, como consta en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional.
De acuerdo  con lo previsto en el artículo 158 de la Constitución, las Fuerzas Armadas son una institución de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Consecuentemente, el accionar de sus miembros durante el paro nacional observó el respeto de los derechos humanos, concluyó Lara.
Previo a la intervención del Ministro de Defensa, los miembros del organismo legislativo escucharon las declaraciones de Fabián Veloz, víctima de los hechos violentos ocurridos en la movilización social, quien relató cómo recibió el impacto de tres perdigones en el ojo izquierdo. Indicó que ha iniciado una acción penal en contra del Estado.
En otro orden, los comisionados resolvieron solicitar al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela Espinoza, una prórroga de 30 días para elaborar y presentar ante el Pleno Legislativo el informe de los hechos ocurridos durante el paro nacional.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, este 4 de agosto, el Protocolo general de bioseguridad para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023, con el objetivo de precautelar la salud de los electores que ejercerán su derecho al voto en los próximos comicios.
Este documento incluye lineamientos y directrices de cumplimiento obligatorio al interior de los Recintos Electorales, durante los comicios del 5 de febrero de 2023, por parte de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV), veedores nacionales e internacionales y ciudadanía en general, con base en las disposiciones de las autoridades sanitarias del país.
Además, exhorta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a ejecutar acciones de control y organización de los espacios públicos, a fin de garantizar el desarrollo normal del sufragio y reducir el riesgo de contagio de la COVID-19 entre los electores y demás actores del proceso.

Este jueves 4 de agosto de 2022 el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó y autorizó el límite máximo del gasto electoral para las Elecciones Seccionales 2023.

El límite de gasto electoral es el monto máximo establecido para que las organizaciones políticas realicen actividades de promoción que no impliquen la contratación de publicidad en prensa, radio, televisión y vallas publicitarias.

El cálculo del límite se establece con base en el número de electores y en lo determinado en el artículo 209 del Código de la Democracia. Así, por ejemplo, el límite máximo de gasto electoral para la dignidad de prefectura y viceprefectura en Azuay asciende a USD 190.515,30; en Guayas a USD 956.070,90; en Manabí a USD 382.704 y en Pichincha a USD 699.819,30.

Mientras que el límite máximo de gasto electoral para postulantes a la alcaldía en Quito es de USD 805.470; en Guayaquil de USD 800.236,80; en  Cuenca de USD 179.420,80 y en Manta de USD 84.369,20.

El detalle del límite de gasto electoral para las dignidades de prefectura y viceprefectura, alcaldías, concejalías urbanas, rurales y por circunscripción, así como para vocales de juntas parroquiales rurales, se publicará en la página web institucional www.cne.gob.ec

Acogiendo las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, Tribunal de Garantías Penales emitió sentencia condenatoria de veintiséis años de prisión contra el ciudadano Jorge Xavier M. F., como autor del delito de pornografía infantil, perpetrado contra una menor de 9 años.
Los jueces Diógenes Cueva, Allison Ramírez y Geovanny Suárez, además, impusieron una multa de mil salarios básicos unificados del trabajador y ordenaron el pago de 5.000 dólares, como reparación integral a la víctima.
Entre las pruebas más importantes presentadas por la fiscal Yoli Pinillo Castillo, durante la audiencia de juicio, se encuentran los testimonios de los agentes policiales que participaron en la investigación y la detención del procesado, el reconocimiento del lugar de los hechos y la pericia de audio, video y afines de los equipos electrónicos del procesado y de la denunciante.

A ello se sumó la pericia de entorno social, el informe de la situación de riesgo, las valoraciones médicas, sicológicas y ginecológicas de la afectada, y el testimonio anticipado realizado a la niña, en la que narra los hechos e identifica plenamente a su agresor.

Además, se incluyó la información emitida en redes sociales, mismas que tenían alerta internacional por el contenido de pornografía infantil, en la que asistió internacionalmente la Oficina de investigaciones del Departamento se Seguridad de Estados Unidos.

En este caso, el 18 de agosto de 2021, Fiscalía ejecutó un operativo de ubicación y captura de Jorge Xavier M. F., acusado de remitir material pornográfico en la que participaba una niña de 9 años. En la diligencia, además, se incautaron tres celulares y una computadora personal.
La Fiscalía General del Estado, adicionalmente, procesa a Jorge Xavier M. F. por un presunto delito de violación a la niña que aparece en los videos, en esta causa ya fue llamado a juicio y la audiencia está prevista para el 11 de agosto de 2022.

Información jurídica

La Fiscalía procesó este caso con base en lo dispuesto en el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de pornografía infantil, con una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, este jueves 4 de agosto, inició la recepción de testimonios pedidos como pruebas de cargo, por la asambleísta Viviana Veloz, dentro de la sustanciación de la solicitud de juicio politico en contra de María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Ruth Barreno y José Morillo, expresidenta y vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), por incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y la Ley.

En la primera jornada, la mesa recibió a los exjueces María Rosa Merchán, José Luis Terán, Édgar Flores y Pabo Tinajero, quienes narraron los procesos seguidos para la evaluación de desempeño, que derivaron en la remoción de sus cargos en 2019.
María Rosa Merchán recordó que laboró en la Función Judicial por más de 40 años, como funcionaria de carrera. “Esto comenzó cuando se me incluyó en la terna para presidir el Consejo de la Judicatura; se me persiguió, primero por la Contraloría, el CJ violó los derechos de los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, lo cual ocasionón un verdadero caos insitucional”, agregó.
De su lado, José Luis Terán enfatizó que el CJ actuó fuera de norma legal expresa al aplicar un proceso de evaluación sin sustento jurídico ni legal alguno. “En mi caso se mecuestiona por nohaber declarado una participación accionaria de 25 dólares en una empresa, porque mi patrimonio subió, injustificadamente, en 25 dólares”, añadió.
Entre tanto, Édgar Flores, tras relatar cuál fue su trayectoria dentro de la Función Judicial, subrayó que al desarrollar un proceso de evaluación sin el sustento jurídico necesario, los miembros del Consejo de la Judicatura incumplieron funciones. “Actuar al margen de la Constitución y la Ley es incumplir funciones; el incumplimiento puede ser por acción u omisión”, dijo.

Pablo Tinajero coincidió con los otros comparecientes en que el Consejo de la Judicatura violó derechos de los jueces, como el derecho a la seguridad jurídica, porque el Reglamento para la evaluación fue sometido a cambios de último momento; el derecho a la defensa; el derecho a la estabilidad, porque no se respetó el período fijo para el cual fueron nombrados como jueces de la Corte Nacional de Justicia.

Este viernes, 5 de agosto, la Comisión continuará con la recepción de testimonios del doctor Rómulo Darío Velasteguí, exjuez de la Corte Nacional de Justicia; y del doctor Wilson Toainga, Fiscal subrogante del Estado.

El Consejo de Administración Legislativa aprobó la Agenda Parlamentaria 2022 2023 que es producto del proceso de participación de los miembros del CAL, presidentes de las comisiones y representantes de las diversas bancadas.

La agenda, que tiene como ejes la protección de los derechos humanos, colectivos, de la naturaleza y biodiversidad; reactivación económica y generación de empleo; desarrollo social, salud, educación y cultura; y, fiscalización y control político será evaluada de forma semestral, para lo cual la Secretaría General y la Unidad d Técnica Legislativa realizarán un seguimiento bimestral acerca del avance. La agenda parlamentaria permanecerá publicada en la página web institucional a disposición de la ciudadanía.

Protección de los derechos humanos, colectivos, de la naturaleza y seguridad

Este primer eje contempla el tratamiento de normativa encaminada al desarrollo de la protección en sentido amplio de los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y la seguridad, pilares fundamentales de la convivencia en democracia. Se enmarca en los lineamientos de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima y vida de ecosistemas terrestres .
Reactivación económica y generación de empleo

El segundo eje se centra en diseñar y debatir normas que permitan impulsar la reactivación económica, así como fomentar la generación de empleo digno, igualitario y justo y libre de discriminación, que está articulado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre fin de la pobreza, hambre cero , igualdad y género, trabajo decente y crecimiento económico , industria, innovación e infraestructura y reducción de las desigualdades.

Desarrollo social, salud, educación y cultura

El tercer eje tiene por objetivo la elaboración de leyes tendientes al desarrollo de las capacidades sociales y la participación, en lo individual, colectivo e institucional, y los derechos fundamentales que permiten potenciarlas, tales como la salud, la educación y la cultura, que son transversales para el bienestar de la ciudadanía y el progreso sostenido del país. Este eje se enmarca en los lineamientos de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: salud y bienestar, educación de calidad, ciudad y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, paz, justicia e instituciones sólidas; alianzas para lograr los objetivos .

Fiscalización y Control Político

El cuarto eje refiere a la tarea fiscalizadora y de control político que ejerce la Función Legislativa, de manera transversal toda vez que, dentro del proceso de formación de la ley, así como en atención a los requerimientos de la ciudadanía y los asambleístas, se generan procesos de rendición de cuentas directa de autoridades y servidores públicos, de conformidad con las atribuciones de la Asamblea Nacional y sus integrantes.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), conoció los avances en los procesos de designación de autoridades que se encuentran en marcha. Adicionalmente resolvió sobre información relevante para las siguientes fases de los concursos públicos.
Renovación Parcial del Consejo Nacional Electoral. - La secretaria del Equipo Técnico dio a conocer que en este proceso, el CPCCS seleccionó, a través de sorteo público, a los 10 postulantes ciudadanos a la Comisión Ciudadana que se encargará de llevar a cabo el concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Adicionalmente, indicó que el CPCCS se encuentra a la espera de los nuevos delegados de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS), para conformar esta Comisión Ciudadana, quienes deberán pasar por la fase de revisión de requisitos. El Pleno resolvió que el funcionario Michel Lenoy Briones Montesdeoca será parte del Equipo Técnico de apoyo en este proceso.
Contraloría General del Estado. -  En este proceso, el CPCCS seleccionó, a través de sorteo público, a los 10 representantes de la ciudadanía a la Comisión Ciudadana que se encargará de llevar a cabo el concurso para designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. El Pleno aprobó que la Abg. María Gabriela Dávila Arteaga se incorpore a la Comisión Técnica que apoya este proceso de designación.
Defensoría Pública: La representante del Equipo Técnico indicó que la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección se encuentra en la etapa de impugnación. Una vez realizadas las audiencias públicas, el Pleno del CPCCS conocerá el informe de la Coordinación Jurídica sobre este proceso. Adicionalmente, el Equipo Técnico se encuentra preparando el informe de verificación de requisitos e inhabilidades de la delegada de la Función Electoral a la Comisión Ciudadana, Mgs. Jessica Rojas Vallejo, quien también se someterá a la fase de escrutinio público. El Pleno aprobó que la Abg. María Gabriela Dávila Arteaga integre la Comisión Técnica que apoya este proceso de designación.
Superintendencia de Bancos. - En cumplimiento de la sentencia 9333-2022-00895 emitida por autoridad competente, el presidente del CPCCS, Abg. Hernán Ulloa Ordóñez, solicitó al Ejecutivo el envío inmediato de una nueva terna para la designación del titular de la Superintendencia de Bancos. La sentencia judicial anula la designación realizada por el Consejo el 20 de julio, por lo que la nueva terna se someterá al procedimiento contemplado en el Reglamento que incluye la fase de admisión, impugnación ciudadana y presentación del Plan de Trabajo.
Procuraduría General de Estado. - El Pleno aprobó la conformación de la Comisión Técnica que dará soporte al proceso de selección de la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado. Esta Comisión está integrada por: Nelson Silva, Marcia Samaniego, Fernanda Pozo, y Cynthia Condoy.
Abg. Hernán Ulloa Ordóñez
Presidente del CPCCS

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que preside Alejandro Jaramillo, recibió criterios de expertos en torno al proyecto de Ley Orgánica para la Rehabilitación a través del Trabajo para los Sentenciados y Personas Privadas de Libertad y al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para Fortalecer el Sistema Penitenciario.
En este contexto, Ricardo Morales, experto en regímenes penitenciarios y rehabilitación social, aseguró que es necesario reformar el sistema de rehabilitación, por cuanto persisten las condiciones de hacinamiento en los centros de privación de libertad, pese a que se ha construido infraestructura, al menos en tres regiones del país y la estrategia de descongestionamiento a través del indulto, en determinados casos.
Aseguró que el problema no necesariamente está en la falta de centros de privación de libertad, sino en el inadecuado manejo del sistema penitenciario por parte de quienes han dirigido el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Menores Infractores (SNAI).
En esta comparecencia se mencionó, también, la necesidad de establecer con claridad en qué condiciones los PPL podrían ejercer actividades laborales, qué pasaría con sus remuneraciones y quiénes serían los responsables en calidad de patronos, entre otros aspectos de orden técnico y operativo.
De su lado, Deysi Terán, experta en normativa laboral para el sector público y privado, consideró que primero se requiere reflexionar qué se quiere alcanzar con este proyecto de ley y cómo se va a sopesar el trabajo de los hombres y de las mujeres, que requieren condiciones diferentes.
Así mismo, Ronny Romo, experto en derecho laboral, estimó imprescindible determinar las modalidades de trabajo que se aplicarían para las personas privadas de libertad, las áreas en las cuales pueden desarrollar sus actividades productivas y los beneficios de ley. A la vez, habría que considerar el rol que ejercerían aquellos ciudadanos en condición de detención provisional.
Adopción excepcional
En la sesión matutina de este miércoles, 3 de agosto, la mesa recibió los aportes de David Maldonado, estudiante de la Universidad de Loja, delegado del Modelo de Asamblea en mi Universidad, respecto del proyecto de Ley Orgánica para la Adopción Excepcional Voluntaria desde el Vientre Materno de Niñas y Niños No Nacidos Producto de Embarazos No Deseados.
Maldonado dijo que se debe partir de una definición clara de la circunstancia en que se considera un embarazo no deseado y es necesario enfatizar en el consentimiento del padre, y no solo de la madre. Igualmente, subrayó que es indispensable que en todo el texto de esta ley se gsarantice el principio del bien superior del niño.
Es importante, además, tomar en cuenta los plazos mínimos que toman los procesos de adopción en Ecuador, a fin de articular la normativa a la realidad que viven las parejas que tienen interés en la adopción de niños y niñas, en este caso no nacidos.

La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra la Hepatitis, recibió a representantes internacionales, quienes expusieron sus puntos de vista en torno a la incidencia de esta enfermedad a nivel mundial.
En primera instancia, Jaime Ramírez Barba, diputado mexicano, destacó la importancia de la concienciación para la población general y profesionales de la salud sobre la hepatitis virales, medidas de prevención y control. Se refirió, además en el acceso a las pruebas de detección y diagnóstico, así como exámenes de laboratorio para la deteción temprana de esta enfermedad.
Indicó los esquemas de tratamiento de vanguardia, con medicamentos de acción directa que ofrecen curación de la infección por VHC en más de un 95 por ciento de los casos, con tratamientos de entre ocho y 12 semanas, con un enfoque de atención primaria de salud.
Así mismo, Patricia Vélez-Moller, representante de la Organización World Hepatitis Alliance, agradeció a la mesa legislativa por compartir este espacio para hablar de la lucha contra la hepatitis viral y la participación que tienen los gobiernos y la sociedad civil. Sostuvo que son una organización internacional que alberga  a 314 organizaciones a nivel mundial y 72 en el Continente Americano.
Esta organización tiene como objetivo principal promover la lucha contra esta enfermedad. En el 2009, la Organización Mundial de la Salud ya puso en agenda la lucha contra la hepatitis; y, en el 2010, se dictó la primera resolución que declara el Día Mundial de la Hepatitis.
De su lado, la asambleísta María José Plaza habló de la importancia de comentar y tomar conciencia de esta enfermedad.
Incidentes en escenrios deportivos
En otro ámbito, la mesa legislativa dentro del proceso de fiscalización de los hechos suscitados en jornadas deportivas de la serie A de la Liga Pro. John Game, subsecretario de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, expuso una visión amplia de seguridad deportiva, que involucra algunos aspectos para diagramar un modelo integral de la materia.
Destacó la importancia de la educación en derechos humanos en la sociedad; la prevención de la violencia; la diferenciación entre violencia “espontánea”, motivada por alguna cuestión acaecida durante el espectáculo, y la violencia “organizada”, que involucra a personas que actúan con premeditación.
Entre tanto, María Belén Aguirre, viceministra del Deporte, detalló el trabajo realizado desde el Ministerio del Deporte en articulación con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, el ECU 991, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, con la finalidad de unirse para cumplir la Ley, y así para prevenir y sancionar la violencia en el deporte.

Este miércoles, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa recibió a representantes de la Universidad San Francisco y de la Superintendencia de Compañias,  como parte del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Compañias para la Optimización e Impulso Empresarial y para el Fomento de Gobierno Corporativo.
Pablo Garcés y Mercedes Flores del Pozo, representantes de la Superintendencia de Compañías, enfatizaron en la importancia de la modernización de la normativa referente a las sociedades por acciones simplificadas, tipo de compañía que se constituye por una o varias personas naturales o jurídicas, mediante un trámite simplificado, sin costo.
De su lado, Oswaldo Santos profesor de jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, mencionó que el objetivo del derecho societario se enmarca en dos objetivo: la creación de vehículos empresariales efectivos y reducir los costos para operar.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Daniel Noboa Azín, agradeció los aportes al proyecto de reformas en materia societaria.
A continuación, la mesa abordó el proyecto de reformas a la Ley de Energía Eléctrica, que regula la inversión de los recursos para proyectos de desarrollo territorial. En este contexto, el legislador Byron Maldonado planteó que los recursos de energía eléctrica sean administrados por los gobiernos autónomos descentralizados, por ser la representatividad de la gente, con el criterio de solidaridad, con lo cual se contribuirá al desarrollo del país.
De su lado, John Vinueza consideró necesario analizar la posibilidad de destinar, al menos, una parte de los recursos de los territorios directamente a las juntas parroquiales.

Con la presencia de delegados del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), los miembros de la Comisión de Régimen Económico conocieron el convenio de cooperación interinstitucional entre esta agencia internacional y la Asamblea Nacional, para el seguimiento de los presupuestos destinados a la infancia.
Mireya Pazmiño, presidenta de la mesa legislativa, subrayó que esta iniciativa permite asegurar, monitorear, analizar y evaluar la asignación presupuestaria destinada a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además, aportará elementos para ejercer acciones de fiscalización y control político.
De su lado, Juan Enrique Quiñónez, delegado de Unicef, ratificó el apoyo técnico que la organización ofrecerá a la Legislatura, asistencia técnica orientada a fortalecer sus capacidades y aportar herramientas para asegurar el cumplimiento de los parámetros determinados por la Convención por los Derechos del Niño. Enfatizó en la necesidad de evaluar no solo la ejecución, sino la eficiencia y eficacia de esa asignación presupuestaria.
Este instrumento se alinea con las metas de gestión, tanto para el control de la ejecución presupuestaria del Estado, para el asesoramiento en el costeo e implementación de leyes.
A partir de este convenio, la Comisión de Régimen Económico y la Unidad de Técnica Legislativa efectuarán un análisis de las asignaciones presupuestarias correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2021 y 2022.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió, este 3 de agosto, realizar dos exhortos al presidente de la República, relativos a la memoria histórica de Esmeraldas.
Walter Rivera, historiador de la fundación Eloy Alfaro, expuso ante el Pleno del CPCCS, que en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) se establece un calendario con las fechas de creación de todos los cantones del Ecuador, donde se registra erróneamente la fecha de cantonización de Esmeraldas como el 25 de julio. Razón por la cual, el Pleno del CPCCS resolvió exhortar al presidente de la República, para que reforme de manera inmediata la disposición general cuarta del mencionado Reglamento, cambiando la fecha de cantonización de Esmeraldas al 25 de junio de 1824, como corresponde de acuerdo a los documentos históricos.
Además, el Pleno del Consejo resolvió exhortar al Presidente de la República, para que declare el 5 de agosto de 1820 como reconocimiento de la gesta patriótica y libertaria de Esmeraldas como medida de reparación, reconocimiento y resarcimiento de la realidad histórica de la provincia y de sus ciudadanos. Así mismo, exhortar al Ministerio de Cultura y Ministerio de Educación para que se informe del cumplimiento del exhorto de noviembre de 2017, realizado por la Asamblea Nacional, para concretar las acciones de reparación, reconocimiento y resarcimiento a la realidad histórica de la provincia de Esmeraldas y se comprometan a realizar las actividades pendientes para cumpir esta reparación.
La consejera Ibeth Estupiñán, proponente de ambas resoluciones, destacó que se ha realizado un trabajo conjunto con los mencionados ministerios y se cuentan con informes de la Academia de Historia Nacional, para que se realice este justo reconocimiento a los esmeraldeños que iniciaron la gesta independentista el 5 de agosto de 1820.
Abg. Hernán Ulloa Ordóñez
Presidente del CPCCS

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), este martes 2 de agosto, aprobó la prórroga solicitada por la Comisión Verificadora, encargada del proceso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para la entrega de informes de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los postulantes registrados.
El cuerpo colegiado aceptó el pedido de la Comisión Verificadora y concedió la prórroga hasta el 8 de agosto de 2022, para que se presenten los reportes y así continuar con las siguientes fases del calendario establecido para la elección de las consejeras y consejeros del CPCCS, que se realizará el 5 de febrero de 2023.

Para ampliar la información contactarse con la Dirección de Análisis Político y Difusión Electoral

El asambleísta por Chimborazo, John Vinueza, presentó el proyecto de Ley Orgánica para la Rehabilitación Social Efectiva y una Sociedad de Paz, que pretende garantizar y salvaguardar el trabajo de los agentes penitenciarios, la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad (PPL), mediante el establecimiento de reglas de convivencia dentro de los centros de rehabilitación social, y la regulación del régimen de trabajo de los agentes de vigilancia y control de este sistema.
La iniciativa legal tiene 181 artículos, distribuidos en cinco capítulos, que abordan temas relacionados con derechos de los PPL, en cuanto a acceso a salud, régimen de visitas, trabajo, recreación y educación; regulación del personal de vigilancia, régimen disciplinario para reclusos y agentes penitenciarios; y, procesos de requisas efectivas y dignas.
John Vinueza explicó que uno de los mayores problemas es la vigencia de reglamentos inconexos en materia de penitenciaria. Por ello, el proyecto agrupa en un solo cuerpo legal las necesidades y da tratamiento integral al sistema de rehabilitación social. “Con ayuda de la ciudadanía hemos construido un cuerpo normativo que elimina muchas contradicciones del sistema actual y fomenta una sociedad de paz”, afirmó.
De su lado, la asambleísta Diana Pesántez aseguró que el proyecto aporta a solucionar en parte la profunda crisis carcelaria que atraviesa el país. Subrayó que la vida y la integridad de los guías penitenciarios, las personas privadas de libertad y sus familiares deben estar garantizadas en los centros de rehabilitación social.
En el acto de presentación del proyecto, el abogado Iván Campaña Cueva y el presidente la Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador, Carlos Ordóñez, recibieron un reconocimiento por su activa participación en la construcción de esta iniciativa legal.
Participaron de este encuentro Vianca Gavilanes, representante de la Fundación Dignidad; Rodrigo Vélez, representante de Parametría Consultores; Luz Villarreal, exdirectora del Sistema Nacional de Rehabilitación Social; Marco Eduardo Jurado, representante de la Fundación de Derechos Humanos (INCCADI); y, Gerardo Zapata, coordinador de la Federación Nacional de Organizaciones Campecinas (Fenoc).

En la continuación de la sesión 776, el Pleno de la Asamblea, con 123 votos afirmativos, aprobó en segundo debate el proyecto de Ley de Carrera Sanitaria, que tiene como propósito garantizar los derechos del personal de la red pública de salud, para que brinden un servicio médico de calidad en beneficio de la ciudadanía.
Marcos Molina, ponente del informe de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, detalló los cambios sugeridos por los asambleístas que fueron incorporados en el texto final, que permiten la aplicación adecuada de la ley, conforme a las reglas del gasto público y sostenibilidad fiscal. Además, dijo que en la jornada de trabajo se aplicará en virtud de las necesidades de las unidades y los servicios de salud, siempre respetando los derechos del personal de la salud.
Así mismo, la normativa garantiza como derechos del personal sanitario la prevención y promoción de la salud mental y asegura espacios físicos para la alimentación y el descanso. Sostuvo que, en cuando a los factores para la remuneración, se aclara la forma de aplicar los años de servicio para que pueda ser considerado dentro del ámbito público como privado.
Subrayó que se establece una compensación para quienes laboran en aquellos lugares donde exista déficit profesional de la salud. Aclaró que los diferentes incentivos al talento humano de salud deberán ser desarrollados en el respectivo reglamento. En cuanto, a la promoción del personal, se establece que el ejercicio del cargo en jefaturas o liderazgos será hasta cuatro años prorrogables por una sola ocasión.
La normativa actuará  como instrumento de gestión y regulación para promover el desarrollo integral del talento humano en salud, respecto a jornadas de trabajo, remuneración justa, reconocimiento, promoción, ascenso y permanencia del personal; la movilidad horizontal, el régimen de ingreso, modalidades de recambio, desvinculación; y, retiro.
Previamente, el Pleno recibió en comisión general a María Merchán, representante de la Federación Ecuatoriana de Enfermeros y Enfermeras, quien pidió a los asambleístas aprobar esta Ley, por la cual han venido luchando desde 1988, cuyo trámite se concretó en 2016. Habló de las condiciones especiales del trabajo que desempeñan, esto es, cuidando la salud de la población, a través de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.
El proyecto, contiene 45 artículos, seis disposiciones generales, cuatro transitorias, dos reformatorias y una final. Permite la incorporación a la organización del personal idóneo, garantizando su permanencia, desarrollo y mejora de la competencia profesional.

El Pleno de la Asamblea Nacional, presidido por Virgiio Saquicela Espinoza, inició el primer debate del proyecto de Ley de Creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, que tiene como objetivos fortalecer la seguridad integral, desarrollar investigación aplicada e innovación, generar programas de vinculación pertinentes con las necesidades de seguridad integral de la sociedad.
El Pleno de la Asamblea Nacional, presidido por Virgiio Saquicela Espinoza, inició el primer debate del proyecto de Ley de Creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, que tiene como objetivos fortalecer la seguridad integral, desarrollar investigación aplicada e innovación, generar programas de vinculación pertinentes con las necesidades de seguridad integral de la sociedad.
Rocío Ganoluisa, ponente del informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, recordó que el país está afectado con niveles de violencia nunca antes vistos y esta universidad contribuirá a mejorar las condiciones de seguridad integral, con la creación de nuevas e innovadoras carreras.
Así mismo, aseguró que miles de jóvenes que no han podido acceder a la educación superior, tendrán nuevas alternativas para su formación, inicialmente en tres licenciaturas:en Investigación Criminal y Forense; en Gestión de Seguridad Ciudadana; y en Inteligencia Estrtégica y Prospectiva.
La asambleísta Guanoluisa indicó que el proyecto cuenta con los informes técnicos de los organismos de regulación y control del sistema de educación superior, así como con la certificación presupuestaria del Ministerio de Finanzas. Igualmente, existe la infraestructura y capacidad instalada necesarias para operar.
Debate
En el debate, en el cual participaron 11 legisladores, hubo voces de apoyo a esta iniciativa legal, que permitirá el acceso de jóvenes a la educación superior y, a la vez, el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional, con efectivos debidamente capacitados para antender las demandas de la ciudadanía.
También, se esgrimieron criterios contrarios a la creación de esta universidad, porque podría ser vista como una institución elitista, por una parte y, por otra, porque financiar este centro de estudios incidirá en la disminución de recursos para las demás universidades públicas. De la misma manera, legisladores de las provincias amazónicas reclamaron que con la misma agilidad que se tramita la ley de la Universidad de Seguridad Ciudadana, se proceda con las cuatro universidades para esta región del país, cuya ceación está pendiente desde 2019.
Luego de 11 intervenciones, la sesión 778 fue suspendida y su reinstlación dependerá de la convocatoria que formule el Presidente de la Asamblea Nacional.

En el marco del proceso de fiscalización y control político sobre los hechos ocurridos durante el paro nacional, registrado del 13 al 30 de junio de 2022, la Comisión de Garantías Constitucionales escuchó a ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes relataron sus vivencias durante las jornadas de protesta.
Viviana Idrovo, representante de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, destacó que, a diferencia de los datos obtenidos en las movilizaciones de octubre 2019, respecto de las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Defensoría del Pueblo y una delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas levantaron información, el informe sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos registradas durante este paro de junio contará únicamente con la información reportada por la sociedad civil.
Subrayó algunas de las recomendaciones hechas por la CIDH, posterior al paro de 2019, relacionadas con la implementación de acciones de reparación integral para las víctimas y sus familias, respeto al ejercicio profesional de los periodistas; y, un diálogo abierto y con una visión intercultural entre manifestantes y el Gobierno, no han sido acogidas por el Estado ecuatoriano.
Rechazó la criminalización de la protesta social y calificó de cuestionable la actuación del Gobierno al vincular a los manifestantes con el narcotráfico y el crimen organizado.
De su lado, Vladimir Cruz, primo de Henry Quezada (+), una de las víctimas mortales del paro, relató los momentos previos al deceso de Henry y su participación en las protestas. Aseguró que su familiar acudió a entregar donativos y estuvo adelante en las jornadas de protestas cuando fue abatido. La autopsia reveló que recibió al rededor de 100 perdigones. Cuestionó la intención de vincular a Henry Quezada con organizaciones criminales.
Fernando Cerón, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, expuso lo sucedido durante el allanamiento a los predios de la entidad, debido a una denuncia por supuesto ingreso de material bélico. Repudió que la Policía haya ingresado a las instalaciones de la institución de manera arbitraria, al resaltar que durante el allanamiento y la requisición los policías no encontraron ningún tipo de material bélico.
Entre tanto, Nilca Pérez, delegada de la Universidad Central del Ecuador, institución considerada zona de paz durante las manifestaciones, destacó que entre el 13 y el 30 de junio de 2022, la universidad pasó de recibir 3.260 personas en los primeros días, a acoger a 16.144 personas en los últimos días del paro nacional. Se activaron 36 ollas comunitarias, centros para atención médica, centro de acopio; y, protocolos para atender a niños, niñas y adolescentes.
Ante las declaraciones sobre un financiamiento externo relacionado con el narcotráfico, enfatizó que no han recibido aportes económicos, sino que la atención ofrecida responde a la solidaridad de la ciudadanía, grupos de mujeres, estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad.
“Se cocinaba arroz con fréjol y arroz con lenteja, priorizando la proteína para los niños. La gente dormía en cartones y les dieron una cobija a cada persona, que fueron donadas por la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Infancia (Unicef). El Municipio de Quito apoyó con letrinas; Unicef y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) donaron medicinas para contener la Covid- 19 y la Escabiosis”, relató.

Del 1 al 3 de agosto de 2022, una delegación de veedoras acreditadas por la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA) cumple una agenda de trabajo en el Consejo Nacional Electoral (CNE), para acompañar las fases de verificación de requisitos e impugnación de las postulaciones a las candidaturas a la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023.
La delegación de veedoras acreditadas por la AMEA está integrada por: Liza García Vélez, expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico; Katia Uriona Gamarra, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia; y Andrea Tercero Castellón, asesora Internacional del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL).
Su agenda comprende varias reuniones con las autoridades del órgano electoral y con actores involucrados en la verificación de candidaturas al CPCCS, previo a la presentación de su informe de recomendaciones.
La veeduría internacional para este proceso está integrada por representantes y delegados de AMEA, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos / Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL).
Para ampliar la información contactarse con la Dirección Nacional de Análisis Político y Difusión Electoral

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), invita a la ciudadanía a inscribirse en el Observatorio Ciudadano de Participación Política Juvenil, al cumplimiento de la política pública establecida en los artículos 3 y 99, incisos 4, 5, 8 y 9 del Código de la Democracia.
Los observatorios ciudadanos se encargan de vigilar el cumplimiento de las políticas públicas, observan el desempeño de la gestión de las instituciones y/u organismos públicos y generan propuestas para mejorar su ejecución.
Las inscripciones se recibirán del 2 al 8 de agosto de 2022, en el correo electrónico inscripcionesobservatorios@cpccs.gob.ec.
Requisitos:
1 Ficha de inscripción.
2 Copia de cédula y papeleta de votación.
3 Representantes de organizaciones indispensable presentar su documento oficial de acreditación.
4 No tener conflicto de intereses.
Una vez que concluya el plazo establecido y se verifique la información receptada, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tomará contacto con los postulantes para que asistan a las jornadas de sensibilización y capacitación virtual.
La participación ciudadana es importante y necesaria para ejercer los derechos ciudadanos y construir un mejor país.
Descargue aquí:
Convocatoria
Formulario
Abg. Hernán Ulloa Ordóñez
Presidente del CPCCS

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conoció el oficio del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS), en el que se informó sobre el desistimiento del Abg. Marco Eduardo Pacheco Espíndola, como delegado de esta Función, para conformar la Comisión Ciudadana de Selección para el proceso de renovación parcial del CNE. 
El CPCCS solicitará, de manera inmediata, el envío del nombre del nuevo delegado hombre, quien deberá pasar por la fase de revisión de requisitos. Los delegados de todas las Funciones del Estado y los postulantes ciudadanos se someterán a la fase de impugnación ciudadana. 
Abg. Hernán Ulloa Ordóñez
Presidente del CPCCS

En cumplimiento de la sentencia 9333-2022-00895 emitida por autoridad competente, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Abg. Hernán Ulloa Ordóñez solicitó al Ejecutivo el envío inmediato de una nueva terna para la designación del titular de la Superintendencia de Bancos.
Esta nueva terna deberá ser integrada “por candidatos idóneos considerando los criterios de especialidad, experiencia, méritos y la inexistencia de prohibiciones e inhabilidades. La terna deberá́ estar conformada respetando la alternabilidad entre hombres y mujeres y bajo el principio de interculturalidad”, como lo indica el Art. 12 del Reglamento vigente para este proceso.
Los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser ciudadano ecuatoriano;

• Tener título profesional de tercer nivel en economía, finanzas, administración,

• derecho o áreas relacionadas;

• Acreditar experiencia profesional de por lo menos diez años en áreas relacionadas;

• No estar incurso en conflictos de interés; y,

• Cumplir los requisitos exigidos para ser funcionario o servidor público. 

En el marco de la organización de las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) designó a los vocales de las 24 Juntas Provinciales Electorales y Especial del Exterior.
Para su nombramiento, los vocales no deben tener impedimentos para ejercer el cargo, como ser afiliados, dirigentes o directivos de un partido o movimiento político, sentencias ejecutoriadas, deudas con el Estado, entre otras inhabilidades.
Como primera tarea, los vocales de las Juntas Provinciales deberán designar presidente, vicepresidente y secretario. Dentro de sus facultades, destacan: calificar candidaturas de su jurisdicción, realizar escrutinios, proclamar resultados, declarar recintos, así como la selección de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV).
Una vez designados, se establece un plazo de dos (2) días, contados a partir de la notificación, para que la ciudadanía, por razones fundamentadas y motivadas, ejerza su derecho a la impugnación.

Para ampliar la información contactarse con la Dirección Nacional de Análisis Político y Difusión Electoral

En el marco del convenio de cooperación entre el Consejo Nacional Electoral (CNE), Ecuador Verifica* y Fundamedios, el próximo miércoles 3 de agosto, inicia el ciclo de talleres conjuntos sobre alfabetización digital, coberturas seguras en contexto electoral y los hitos de las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023.
La iniciativa beneficiará a dos públicos objetivos: se capacitará a periodistas y comunicadores sobre “Coberturas seguras durante contextos electorales”, para que puedan tener mejores condiciones de autoprotección y seguridad en el proceso democrático.
Por otro lado, los talleres en alfabetización digital, permitirán a los servidores electorales, fortalecer conocimientos sobre herramientas y maneras para detectar desinformación en el contexto de las Elecciones 2023.
 Los talleres son gratuitos y se realizarán de manera virtual para 18 provincias y presencialmente en Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí, Chimborazo y Pastaza.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió, este 28 de julio, solicitar al Presidente de la República que remita las ternas para la designación de la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de la autoridad de la Superintendencia de Protección de Datos.
El pedido se realiza una vez que se cuenta con la normativa y están conformadas las Veedurías Ciudadanas que vigilarán la transparencia de cada uno de los procesos de designación, para lo cual tendrán acceso al desarrollo de todas las fases, desde la recepción de las ternas hasta la designación de las autoridades. En cuanto el Ejecutivo remita las ternas con sus candidatos, se verificará que cumplan con los requisitos y no incurran en inhabilidades para el cargo, posteriormente se convocará a la ciudadanía a impugnar las candidaturas que considere que no cumplen con el perfil requerido; los candidatos que superen estas etapas presentarán ante el Pleno del CPCCS sus planes de trabajo, para que los consejeros resuelvan sobre los ganadores de los procesos.
Además, el Pleno del CPCCS conoció el oficio de la Función Electoral, mediante el cual se nombra a la Mgs. Jessica Rojas Vallejo como su delegada en la Comisión Ciudadana de Selección para la designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública. El expediente se remitirá al equipo técnico de apoyo, para que realice el proceso de verificación de requisitos e inhabilidades de la delegada, quien también se someterá a la fase de escrutinio público.
En otro punto del orden del día, el Pleno resolvió convocar a la ciudadanía para que, de forma individual o colectiva, se inscriba en la siguiente Veeduría Ciudadana:

• Veeduría para el análisis al proceso de contratación y ejecución del dragado emergente de la Dársena del Puerto Comercial de Esmeraldas, ejecutado en los meses de febrero, marzo y abril de 2022, con la finalidad de transparentar lo actuado en el contrato Nro. APE-2022-004, de conformidad con el oficio número APE-APE-2022-0282-GG, del 13 de julio, enviado por el gerente general de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas.

El Consejo de Administración Legislativa aprobó la Agenda Parlamentaria 2022 2023 que es producto del proceso de participación de los miembros del CAL, presidentes de las comisiones y representantes de las diversas bancadas.
La agenda, que tiene como ejes la protección de los derechos humanos, colectivos, de la naturaleza y biodiversidad; reactivación económica y generación de empleo; desarrollo social, salud, educación y cultura; y, fiscalización y control político será evaluada de forma semestral, para lo cual la Secretaría General y la Unidad d Técnica Legislativa realizarán un seguimiento bimestral acerca del avance. La agenda parlamentaria permanecerá publicada en la página web institucional a disposición de la ciudadanía.
Protección de los derechos humanos, colectivos, de la naturaleza y seguridad
Este primer eje contempla el tratamiento de normativa encaminada al desarrollo de la protección en sentido amplio de los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y la seguridad, pilares fundamentales de la convivencia en democracia. Se enmarca en los lineamientos de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima y vida de ecosistemas terrestres .
Reactivación económica y generación de empleo
El segundo eje se centra en diseñar y debatir normas que permitan impulsar la reactivación económica, así como fomentar la generación de empleo digno, igualitario y justo y libre de discriminación, que está articulado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre fin de la pobreza, hambre cero , igualdad y género, trabajo decente y crecimiento económico , industria, innovación e infraestructura y reducción de las desigualdades.
Desarrollo social, salud, educación y cultura
El tercer eje tiene por objetivo la elaboración de leyes tendientes al desarrollo de las capacidades sociales y la participación, en lo individual, colectivo e institucional, y los derechos fundamentales que permiten potenciarlas, tales como la salud, la educación y la cultura, que son transversales para el bienestar de la ciudadanía y el progreso sostenido del país. Este eje se enmarca en los lineamientos de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: salud y bienestar, educación de calidad, ciudad y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, paz, justicia e instituciones sólidas; alianzas para lograr los objetivos .
Fiscalización y Control Político
El cuarto eje refiere a la tarea fiscalizadora y de control político que ejerce la Función Legislativa, de manera transversal toda vez que, dentro del proceso de formación de la ley, así como en atención a los requerimientos de la ciudadanía y los asambleístas, se generan procesos de rendición de cuentas directa de autoridades y servidores públicos, de conformidad con las atribuciones de la Asamblea Nacional y sus integrantes.

La Comisión de Garantías Constitucionales continuó el proceso de fiscalización y control político de los hechos relacionados con las movilizaciones de junio de 2022. Para ello, escuchó a varias autoridades, organizaciones de la sociedad civil y actores de las movilizaciones.
Diana Salazar, Fiscal General del Estado, manifestó que la institución es muy respetuosa de lo que establece la Constitución, que garantiza el derecho a la protesta social. No obstante, advirtió que existe otro tipo de hechos que pasan de la protesta social pacífica a hechos violentos y en ese momento se debe activar la acción legal.
Sostuvo que la Fiscalía no tiene que coordinar ninguna aprehensión en delito flagrante, tomando en cuenta que es responsabilidad exclusiva de la Policía, que luego de la detención debe poner a órdenes de la autoridad competente.
César Córdova, Defensor del Pueblo, explicó que ante las detenciones estuvo en 83 diligencias procesales, a la vez que detalló que las detenciones se realizaron en nueve de las 24 provincias del Ecuador.
Informó que Pichincha registró 44 detenciones, Orellana 22, Chimborazo 9, Azuay, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas 2 detenciones en cada una.
Dario Iza, presidente del pueblo Kito Kara, tras explicar que esta comunidad está ubicada entre los cantones Rumiñahui y Mejía, afirmó que en estos territorios hubo represión policial.
Entre tanto, Sara Oviedo, directora Ejecutiva de la Fundación Quitu Raymi, señaló que en las movilizaciones estuvieron presentes niñas, niños y adolescentes.
Así mismo, Joicy Soto, coordinadora General de Socorristas de Paz, manifestó que en esta movilización participaron con brigadas médicas para socorrer a personas heridas y equipo de salud mental y rescate para atender a quienes tenían síntomas de crisis y paranoia.
La legisladora Fernanda Astudillo agradeció la presencia de los comparecientes, pues su información ayudará a preparar el informe.