CNE actualiza metodología de escrutinio y dispone incorporar un integrante más en cada Junta Receptora del Voto

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El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), este jueves 29 de diciembre, aprobó la actualización de la metodología de Escrutinio de las Elecciones Seccionales, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y Referéndum 2023, con el objetivo de optimizar el tiempo de escrutinio, procesamiento de actas y publicación de resultados de la jornada electoral.
De acuerdo a la metodología aprobada, se contará con un Miembro de Junta Receptora del Voto (JRV) adicional, en cada una de las 39.892 Juntas Receptoras del Voto a escala nacional. Cada miembro recibirá una compensación económica de USD 40.
Para el escrutinio, se conformarán dos grupos que contarán los votos simultáneamente conforme el siguiente detalle:
•             Grupo 1: Presidente/a y Vocal de JRV, que escrutarán las dignidades seccionales contenidas en la urna blanca.
•             Grupo 2: Secretario/a y Dos vocales de JRV, que escrutarán las papeletas de Referéndum y CPCCS contenidas en la urna café.
Posteriormente, se suscribirán las actas de escrutinio con todos los miembros de las JRV respectivamente y los delegados de los sujetos políticos, si así lo desearen.
El órgano electoral ratifica su compromiso de desarrollar un proceso electoral altamente técnico y transparente, donde prime el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

Banny M. es llamado a juicio por presunta usurpación de funciones

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Acogiendo el pedido realizado por la Fiscal Provincial de Manabí, el Presidente de la Corte de Justicia de esa provincia dictó auto de llamamiento a juicio en contra del Banny M., exjuez de Garantías Penitenciarias, al encontrar serias presunciones de su participación en el delito de usurpación y simulación de funciones públicas.
Además, dispuso que se mantengan las medidas cautelares de prohibición de salida del país y arresto domiciliario y uso del dispositivo de vigilancia electrónico, mismas que fueron dictadas en la audiencia de formulación de cargos.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la fiscal provincial de Manabí, Karla Vélez, presentó los elementos de convicción suficientes para que el magistrado, Carlos Zambrano, tome la decisión de llamar a juicio al procesado. Según se detalló durante la diligencia, el procesado fue aprehendido la noche del 9 de agosto de 2022, por parte de la Policía Nacional del Ecuador, en San Jacinto, cantón Sucre, ejecutando una orden detención con fines investigativos y luego puesto a órdenes de la Fiscalía.
Este caso inició por una denuncia presentada por el director general del Consejo de la Judicatura, Andrés Peñaherrera, en donde señala que el exjuez, hoy procesado, habría emitido tres órdenes de excarcelación para tres privados de libertad (a quienes favoreció con acciones de habeas corpus) a las 16:46 del 5 de agosto de 2022, cuando ya había sido llamado a juicio en otra causa el mismo día, a las 12:10. Es decir, actuó cuando su jurisdicción se encontraba suspendida.
Entre los elementos de convicción, presentados para sustentar la acusación fiscal, se encuentran la resolución con la cual –con voto de mayoría– se dictó el auto de llamamiento a juicio a Banny M. y la resolución que él habría emitió horas más tarde, en donde benefició con una acción de habeas corpus a tres privados de libertad.
Además, se presentó la denuncia ingresada a la Fiscalía, la acción de personal del Consejo de la Judicatura que señala la suspensión del mencionado, quien el 22 de diciembre fue destituido como juez “por haber cometido infracción gravísima de error inexcusable en sus actuaciones”. A esto, se sumaron los informes de investigación, el parte policial de aprehensión, entre otros.
Información jurídica
El delito de usurpación y simulación de funciones públicas se encuentra tipificado en el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Abiertas postulaciones para integrar Comisiones Ciudadanas de cuatro procesos de selección de autoridades

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Desde este viernes 30 de diciembre de 2022 hasta el 13 de enero de 2023, la ciudadanía puede postularse para ser parte de las Comisiones Ciudadanas de Selección que designarán a las principales autoridades en instituciones del Estado.
La ampliación de las inscripciones será para las Comisiones Ciudadanas de Selección de:

  • Jueces y juezas para la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral.

  • Primera Autoridad de la Defensoría del Pueblo.

  • Las y los miembros principales y suplentes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria – COPISA.

  • Las y los consejeros principales y suplentes representantes de la sociedad civil ante los Consejos Nacionales para la Igualdad de Género, Intergeneracional, de Pueblos y Nacionalidades, de Discapacidades y de Movilidad Humana – CNI.

Las postulaciones se recibirán en las oficinas del CPCCS en todo el país, así como en las embajadas y consulados del Ecuador, de 08:30 a 17:00, para el territorio nacional y en la misma hora dentro del huso horario correspondiente en el exterior y en la provincia de Galápagos.
Para ser comisionada o comisionado ciudadano se deben reunir los siguientes requisitos:
 1.- Ser ecuatoriana o ecuatoriano;
2.- Estar en goce de los derechos de participación;
3.- Haber cumplido 18 años de edad al momento de presentar la postulación;
4.- Acreditar probidad notoria;
5.- Acreditar trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana o en lucha contra la corrupción;
6.- Poseer título de tercer nivel y,
7.- Acreditar conocimiento y experiencia en los asuntos relacionados con las funciones de la autoridad a ser designada.
Para conocer las prohibiciones, las etapas del concurso, las formas de presentación y otros detalles, ingresar a: 
www.cpccs.gob.ec.

La Asamblea Nacional aprobó dos leyes para proteger a los migrantes y personas en movilidad humana

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Facilitar la migración y la movilidad humana ordenada, segura, regular y responsable y apoyar a los ecuatorianos en el exterior para la repatriación de restos mortales de sus familiares, son los principales objetivos de los dos proyectos de reformas a la Ley de Movilidad Humana que fueron aprobados en segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional durante la actual administración.
Según la propuesta normativa, el Estado costeará la repatriación de restos mortales de las personas ecuatorianas fallecidas. Este trámite se realizará en razón de un análisis integral; la determinación previa de la situación de vulnerabilidad económica de los familiares de la persona fallecida en el extranjero o del solicitante, a fin de evidenciar la falta de recursos económicos suficientes para realizar la repatriación del cadáver.
En el debate los parlamentarios enfatizaron en la necesidad de pensar en los ecuatorianos que salen del país, los riesgos que corren en su deseo de buscar una vida digna y que el tráfico ilícito de migrantes tiene como principales víctimas a personas que habitan en sectores rurales del país.
La otra propuesta
El otro proyecto está orientado a facilitar la migración y la movilidad humana ordenada, segura, regular y responsable de las personas, mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.
Establece garantías y debido proceso en actos administrativos de movilidad humana; la revocatoria de nacionalidad y condición de apátrida; la tutela preferente a migrantes, así como a niños, niñas y adolescentes y desarrolla directrices para configurar garantías específicas en los procedimientos de suspensión y revocatoria de la nacionalidad; que los procedimientos sean individualizados; respeto a los derechos humanos, al debido proceso y las garantías específicas en materia de movilidad humana.
Dispone que las autoridades de movilidad humana al revocar la nacionalidad informen a las personas las opciones de regularización migratoria; prohíbe la revocatoria de nacionalidad cuando esto implique colocar a la persona en situación de apatridia; y, se determina que la limitación del ingreso de una persona al territorio nacional será excepcional.

La Asamblea aprobó dos leyes que contribuyen a la seguridad ciudadana

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La creciente inseguridad y la crisis en el sistema penitenciario fue uno de los temas que preocupó a la Asamblea Nacional, que dictó leyes que contribuyen a enfrentar este problema. Se trata de la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza y la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. Además, está listo para el segundo debate en el Pleno el proyecto Ley Reformatoria a varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral.
La Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza es uno de los instrumentos que el país necesita para combatir la delincuencia y la inseguridad, no a la protesta social y, para ello, fortalece a la Policía para que tenga mecanismos de protección ante la justicia.
Este cuerpo normativo, que se construyó observando estándares internacionales, la Constitución y la sentencia emitida por la Corte Constitucional, es una herramienta que contribuye al control de la violencia y el crimen organizado que azota al país, mediante la dotación de armamento, municiones, capacitación especializada, entrenamiento; y, respaldo del Estado en estricto respecto de los derechos humanos.
Personal de las Fuerzas Armadas
La Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas regula el régimen de carrera profesional militar, la selección y formación de los aspirantes a oficiales o tropa, los regímenes disciplinarios del personal militar, su perfeccionamiento, especialización y capacitación, garantizando la estabilidad profesional y carrera militar, y fortalece e incorpora procesos disciplinarios en la institución militar.
Además, garantiza los derechos de los integrantes de las Fuerzas Armadas, para que la institución tenga las facilidades necesarias para cumplir su misión de proteger al pueblo ecuatoriano.
Esta ley constituye una necesidad institucional imperiosa que reemplaza a las normativas vigentes en esta materia y sistematiza las normas dispersas de diferentes instrumentos de menor jerarquía, lo que permitirá trabajar con mayor eficiencia y eficacia a todo el personal de la institución.
Otra propuesta
La Comisión de Soberanía y Seguridad dejó listo el informe para segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral, que fue tratado en 19 sesiones ordinarias, en las que recibió a representantes de instituciones públicas y expertos.
Entre las reformas, se plantea fortalecer la inteligencia estratégica y la potestad estatal en el manejo de zonas de seguridad y sectores estratégicos, así como para institucionalizar la creación y ejecución de la política criminal.
También se busca robustecer y transformar el sistema de rehabilitación social, el tratamiento de adolescentes infractores, y un modelo de gestión basado en la compatibilidad plena entre derechos y la garantía de seguridad y disciplina intramuros.

Procesado por presunta violación al interior de centro hospitalario

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Por pedido justificado de Fiscalía, Juez de la Unidad de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar dictó prisión preventiva contra el enfermero Víctor Hugo T. G., acusado del delito de violación, tras –presuntamente– haber agredido sexualmente a una paciente de 19 años.
El hecho ocurrió la madrugada del 25 de diciembre al interior de una casa asistencial, en el sur de Guayaquil.
En la audiencia de flagrancia, llevada a cabo en la Unidad Judicial Florida Norte, la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Azucena Camatón, presentó como elementos de convicción: el parte informativo y de aprehensión, la historia clínica junto al examen médico y de valoración practicados a la víctima, las versiones del agente aprehensor, la denuncia de la madre y la versión de la ofendida, entre otros.
El Juez de la Unidad de Violencia contra la Mujer y miembros del Núcleo Familiar, Homero Tayupanda, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para el involucrado, disponiendo su traslada a la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
La instrucción fiscal durará treinta días.
Contexto
En la denuncia ingresada a la Unidad de Flagrancia de Fiscalía, una mujer narró que su pariente –quien se encontraba internada en el Hospital General Guasmo Sur desde hace tres días por un accidente laboral– habría sido violentada sexualmente por un enfermero del centro hospitalario.
Para ello, el victimario le habría inyectado algo para calmar los dolores que la aquejaban, además del suero, lo que habría hecho que la víctima quede inconsciente.
El victimario habría aprovechado la situación para cometer el delito. Sin embargo, la paciente –medio dormida– se percató de lo ocurrido y aprovechó que el ahora procesado salió de la habitación para enviarle un mensaje de texto a su prima, contándole lo sucedido.
Luego de haber recibido la denuncia, Fiscalía solicitó la presencia policial en el hospital, donde los médicos de turnos ya habían sido advertidos por la paciente de lo ocurrido e identificado plenamente a su agresor.
Los agentes policiales detuvieron al enfermero y lo trasladaron a la Unidad de Flagrancia del Cuartel Modelo para ponerlo a órdenes de las autoridades judiciales.
Información jurídica
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 171, inciso primero, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de violación con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años.

11 presuntos ‘tiguerones’ son llamadas a juicio por delincuencia organizada

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Con base en los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado, la Jueza de la Unidad Judicial del cantón Esmeraldas llamó a juicio a once procesados –en calidad de autores– por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, entre ellos el futbolista profesional Gabriel C. y tres policías en servicio activo.
Fueron detenidos el pasado 22 de abril, durante el operativo ‘Poseidón’, ejecutado de forma simultánea en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas.
En la audiencia preparatoria de juicio, se ratificaron las medidas cautelares que pesan sobre los procesados: seis se encuentran con medidas alternativas y cinco con prisión preventiva.
El Fiscal del caso, de la de la Unidad Nacional Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot) N°4, presentó varios elementos de convicción, entre los que constan: informes de seguimientos y vigilancias a los ahora procesados, en los que se evidenciaría la forma en la que operaba la organización criminal.
Además, se expusieron los detalles de alrededor de 200 comunicaciones interceptadas, en las que se determina la presunción de la existencia de delitos fines.
También, el informe de investigaciones en el que se detallan las acciones ejecutadas por esta organización criminal relacionada con el grupo delictivo “Los Tiguerones”, quienes estarían involucrados en casos de amenazas y atentados con artefactos explosivos, asesinatos y tentativas de asesinatos, extorsiones a comerciantes, robos, tenencia y porte de armas de fuego, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; y acciones relacionadas con atentados contra sus adversarios, usando armas, granadas, subatralladoras, entre otras. Los llamados a juicio son: Gabriel C., Edwin R., Álex E., Luis M., Mayra R., José R., Ricky P., Ángel M., Emilio Q., Víctor R. y Christian Q.
Procesados sentenciados
Fiscalía formuló cargos –inicialmente– a veinte personas, de las cuales, ocho se sometieron a procedimiento abreviado y fueron sentenciados –el 20 de noviembre– cincuenta y seis meses de pena privativa de libertad. Ellos son: Bryan B., Javier O., Jaimen C., María E., Juan José F., Víctor M., Jordy O. y Joer N. Para Jackson P. se declaró la extinción de la acción penal por su fallecimiento.
Información jurídica
El delito de delincuencia organizada se encuentra tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya pena va hasta los diez años de privación de libertad.

Salvador Maita y Cristian Yucailla proponen proteger a trabajadores autónomos y a usuarios del sistema financiero

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Los asambleístas Salvador Maita y Cristian Yucailla presentaron proyectos de ley orientados a evitar atropellos contra los trabajadores autónomos informales y a fijar tasas máximas de interés en bancos y cooperativas de ahorro.
Salvador Maita plantea reformas diversas leyes para sancionar el abuso de autoridad de los agentes de control municipal o metropolitano en contra de los trabajadores autónomos informales.
Para ello plantea establecer acciones afirmativas por parte del Estado para permitir los negocios de carácter informal en espacios públicos, para dar la oportunidad de subsistir a la población que vive en extrema pobreza.
De su lado, Cristian Yucailla a través de su proyecto propone fijar las tasas máximas de intereses en bancos y cooperativas de ahorro y crédito”. Según el parlamentario es necesario fijar una metodología de cálculo de intereses, en vista de que actualmente el Código Monetario y Financiero no establece ninguna a la que someta la Junta de Política y Regulación Financiera, organismo encargado de fijar las tasas a discreción de la entidad.

Lasso tilda a la mayoría de ecuatorianos de narcos delincuentes, sin base!

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Lcda. Rosamaría Calderón C. MSc.

Debe probarlo! Los abogados decentes de esta nación deben comenzar a presentar denuncias serias contra Lasso y que ! pruebe lo dicho!

En la cadena nacional del 5 de diciembre Lasso dijo: “EL QUE VOTA NO EN LA CONSULTA ES UN NARCO DELINCUENTE QUE QUIERE VER A UN ECUADOR LLENO DE INSEGURID Y DELINCUENCIA” está utilizando la inmoralidad muy propia en él, pero está llegando a límites inimaginables, demostrando que carece de escrúpulos y conciencia, su hermano Xavier Lasso es un ¿ narco delincuente? Cómo puede tildar al 60% y + de ecuatorianos, de ¡semejante bajeza calumniosa! NO PUEDE QUIEN OSTENTA EL MAYOR CARGO POLITICO, LLAMAR A LA MITAD Y MAS DE LA POBLACIÓN QUE “DIRIGE” CON SEMEJANTES EPITETOS, CALUMNIOSOS Y AGRESIVOS

Sin embargo, EL PUEBLO NO HA OLVIDADO, LOS CASOS DE NARCOGENERALES EN SU GOBIERNO, tampoco los corruptos del caso Danubio, ha metido la mano en la justicia de forma miserable, con Jorge Glas y Freddy Carrión y se burlan de las lágrimas de la mamá de María Belén Bernal asesinada en un regimiento policial. No hay solución ni respeto para el niño huérfano ni para la madre de la asesinada; son muestras fehaciente de la judicialización de la política, dicho por organismos internacionales como la ONU

La cereza del pastel de su gobierno NARCO, es que están en sus mismas filas. Su coidearia Cynthia Viteri le dijo ayer “Las bandas criminales se han convertido en un estado dentro de un estado”

Y recordemos lo que el periodista Boscán le enrostró a Diego Ordoñez, funcionario gubernamental sobre las reiteradas visitas a la cárcel al reo Norero, preso por narcóticos, incluso hay llamadas y videos de conversaciones entre abogados de ambos lados. Boscán le señaló los vínculos de los mafiosos del narcotráfico, con el gobierno de Lasso. El periodista incluso concurrió a la comisión de fiscalización para probar nexos. El reo Norero antes de ser asesinado en la cárcel, indicó previamente que si lo mataban, los asesinos estaban claramente identificados. Por los puertos entra dinero ilegal, y no pasa nada! Todo es corrupción de altísimo nivel, Entonces¡¿quiénes son los verdaderos narcos?
Aquí vale recordar lo siguiente:

“LA HIPOCRESIA ES LA AUDACIA DE PREGONAR INTEGRIDAD DESDE UN NIDO DE CORRUPCION”
WES FESLER




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