Este jueves, 28 de julio, a las 10h00, sesionará la Comisión de Régimen Económico para conocer la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que calificó a trámite dos proyectos de reformas a la Ley de Contratación Pública de iniciativa de los asambleístas Marcela Holguín y de Xavier Jurado.
La propuesta de la asambleísta Marcela Holguín determina que la compra de medicamentos la realice el mismo Estado por medio de las entidades de la Red Pública Integral de Salud.
Mientras, la iniciativa del parlamentario Xavier Jurado está orientada a implementar nuevas formas de mitigar y erradicar los actos de corrupción dentro de los procesos de contratación pública, a través de la exigencia de nuevos requisitos para los proveedores del Estado.

Este miércoles, la Comisión de Gobiernos Autónomos analizó las observaciones presentadas por los legisladores durante el primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en el Pleno de la Asamblea Nacional.
El presidente de la comisión, Celestino Chumpi, explicó que se unificaron las observaciones de los asambleístas Yeseña Guamaní, Peter Calo, Marlon Cadena y Ronny Aleaga expuestas en el primer debate en el Pleno del Legislativo.
También revisó las observaciones al proyecto de Ley Reformatoria a Varias Leyes Orgánicas para asegurar la asignación de recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los Gobierno Autónomos Descentralizados, para la construcción del informe para segundo debate en el Pleno de la Asamblea.
Los legisladores destacaron que esta Normativa contribuirá a una verdadera autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y ayudara a resolver las necesidades reales que se viven en territorio.

“En la medida en que el diálogo esté planteado sobre bases correctas, que persiga objetivos transparentes y se prioricen los grandes objetivos nacionales, nosotros podremos participar de ese diálogo”. Este fue el criterio expuesto por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, este miércoles, 27 de julio, en entrevista a un medio televisivo, a propósito de la invitación formulada por el presidente de la Asamblea Nacional, Virigilio Saquicela Espinoza, de conformar una comisión mixta para establecer consensos mínimos entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Como se recuerda, el titular de la Legislatura, Virgilio Saquicela, el pasado 25 de julio, en rueda de prensa ofrecida en Guayaquil, hizo pública la comunicación remitida al primer mandatario, Guillermo Lasso Mendoza, mediante la cual le invitó a conformar una comisión mixta para dialogar sobre las prioridades en materia legislativa, tanto del Ejecutivo, cuanto del Parlamento, a fin de tener acuerdos mínimos y evitar que leyes importantes relacionadas con los derechos de los ciudadanos sean vetadas totalmente.
A propósito de este llamado, el ministro de la Política, Francisco Jiménez, aseguró que el diálogo siempre tiene que ser la prioridad del Gobierno y que el presidente Lasso ha sido enfático en que el Ejecutivo no puede renunciar a los diferentes espacios de diálogo ni con las organizaciones sociales, ni con las instituciones, ni con los actores públicos.
Hay un Presidente de la Asamblea, hay una serie de organizaciones políticas que no coinciden con nosotros sí, pero tenemos que buscar la manera de empujar el carro hacia adelante, añadió.
Indicó que, “hoy por hoy, hay cosas que preocupan al Gobierno, que siempre han estado en la palestra y que no las van a abandonar, como por ejemplo, la Ley de Inversiones, la reforma laboral y una serie de reformas de aspectos legislativos que tienen que ser implementados”.

La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, como parte del proceso de socialización de las iniciativas legales que tramita la mesa, escuchó los criterios de Juan Sigüenza, ciudadano dedicado al agro, sobre el proyecto de Código de Soberanía Alimentaria.
Juan Sigüenza destacó que este proyecto es gratificante para los agricultores del Ecuador, ya que impulsa desde ahora una nueva forma de economía más allá de la de la producción petrolera. “Estos dos años de pandemia han evidenciado el papel fundamental del agro en la vida de los ecuatorianos. Este código nos obliga a volver la vista al campo”, aseguró.
Sugirió a los comisionados alinear esta iniciativa a proyectos para erradicar la desnutrición infantil y el abastecimiento de alimentos a nivel nacional. En cuanto a la asignación de la competencia de soberanía alimentaria a los gobiernos autónomos descentralizados, saludó la iniciativa, pero exhortó a asegurar la transferencia de recursos para ejecutar la norma.
En esta sesión, intervinieron los ciudadanos Jefferson Luzón y Flor María Patiño como “asambleístas por un día”, una herramienta para fomentar la participación de la ciudadanía en el debate y aprobación de las leyes.

Carola Ríos, directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, aseguró que la denuncia sobre el presunto ofrecimiento de altos de cargos públicos a cambio de dinero fue presentada por la propia entidad aduanera. “Hemos prestado toda la colaboración para que la Fiscalía del Estado desarrolle las investigaciones”, enfatizó.
Aseguró que en la Senae trabaja con un firme compromiso por la transparencia y lucha contra la corrupción. “Aunque a la gente le cueste creer, aquí hay un cambio y estamos luchando por romper las mafias internas que sabemos que existen pero, lamentablemente, no tenemos pruebas; estamos haciéndolo sobre la base del respeto al debido proceso”, subrayó.
La funcionaria aclaró que se trata de una investigación sobre un presunto caso de corrupción, pero eso no quiere decir que la Aduana del Ecuador haya solicitado, ni solicite dinero a nadie. Por ello, cuestionó las especulaciones aparecidas en notas de prensa, que dan a entender que ha existido algún tipo de pedido de dinero desde la administración aduanera.
Consideró que estos hechos podrían ser promovidos por personas a las que nos les interesa que la Aduana se modernice y entre en funcionamiento el sistema de escáneres que permitirá revisar todo tipo de mercadería que sale del país a través de puertos y aeropuertos, y detectar a tiempo la contaminación con sustancias prohibidas.
La directora del Senae, Carola Ríos, insistió en que desde la entidad se ha prestado todo el apoyo necesario a la Fiscalía con la entrega oportuna de la información, acerca de expedientes, informes y demás documentación que se solicite.
Concluida la exposición de la funcionaria, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, suspendió la sesión 102, que se reinstalará de manera oportuna, en cuanto se confirmen las próximas comparecencias sobre este caso.

En la ciudad de Guayaquil, la Comisión de Régimen Económico realizó su primer taller de análisis de las reformas al Código Monetario y Financiero, con la participación de los analistas económicos Walter Spurrier, Fausto Ortiz, Mariela Baquerizo, de Equifax; y, Javier Velasco, de Aval Buró, quienes se pronunciaron sobre las tasas de interés y registro crediticio.
Advirtieron que la eliminación de los burós de crédito generaría exclusión financiera, bajo acceso al crédito, riesgo en el dinero de los depositantes y por consiguiente reducción de las oportunidades de las personas.
Walter Spurrier señaló que, según estadísticas del Banco Mundial, Ecuador ha vivido un acelerado proceso de inclusión financiera que le ha permitido cerrar la brecha en relación con otras economías en desarrollo. Precisó que de ser aprobado el proyecto desacelerará la expansión crediticia, producirá exclusión financiera y elevará el nivel de riesgo y de cartera vencida.
Dijo que si los burós crediticios desaparecen la ausencia de información ocasionaría que las instituciones financieras otorguen mayor cantidad de crédito a personas con baja probabilidad de pagar su deuda.
De su lado, Fausto Ortiz, al coincidir con las expresiones de Walter Spurrier, dijo que eliminar el buró crediticio cortaría el flujo de información que es el insumo necesario para evaluar el otorgamiento de créditos y generaría problemas de “selección adversa”, en razón que se restringirá el crédito a todos y se pone en riesgo al depositante al otorgar préstamos que no podrían ser pagados.
En cambio, Mariela Baquerizo, de Equifax, indicó que en el mundo se reconoce al buró de crédito como un aspecto fundamental para un ciclo del crédito saludable, tanto para los ciudadanos como para el sistema financiero y comercial. Si se elimina este registro o la operación de los burós se generaría un fenómeno de exclusión financiera, bajo acceso al crédito, riesgo en el dinero de los depositantes y por consiguiente reducción de las oportunidades de las personas.
Javier Velasco, de Aval Buró, afirmó “si hay información crediticia, hay conocimiento y si hay conocimiento hay confianza, pues, sin confianza no hay crédito”. Advirtió que eliminar los burós llevaría a los ecuatorianos a que sus proyectos de bienestar financiero sean manejados a través del chulco, afectando sus emprendimientos y la incapacidad de recuperar dinero las instituciones financieras.
Los legisladores Byron Maldonado, Eitel Zambrano, Guido Chiriboga, Blanca Sacancela y Mireya Pazmiño coincidieron con las expresiones de los expositores, en razón que si la gente busca acceso al crédito debe haber información crediticia. Eliminar los burós implicaría subir las tasas de interés y que los sectores de bajos recursos acudan al chulco, cuando lo esencial es mejorar la cultura financiera y la formalidad. Hay que proteger al ecuatoriano, dijeron al sugerir que la mesa legislativa realice un análisis técnico de los proyectos de reformas al Código Monetario sobre el riesgo crediticio.

El proceso de evaluación y seguimiento de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres continuó este martes en la ciudad de Guayaquil. Allí la Comisión de Justicia escuchó la información y sugerencias de varios representantes y delegados de organizaciones e instituciones vinculadas con la protección de derechos.
Alejandro Jaramillo, presidente de la mesa legislativa, destacó la participación de dirigentes sociales, representantes de los barrios y autoridades públicas y privadas en el seguimiento y evaluación de la ley.
Hay mucho que hacer y resolver, por lo que la comisión se preocupa no solo por construir leyes a favor de la gente que más necesita, como son los grupos vulnerables, sino también de verificar el cumplimiento de las normas, como es el caso de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, enfatizó.
Los parlamentarios destacaron que estas reuniones evidencian la voluntad de la Comisión de Justicia de impulsar un diálogo directo con la ciudadanía, para determinar la necesidad de iniciar procesos de control político o emprender reformas legales para alcanzar el objetivo de la ley, como es prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, defender sus derechos y construir una sociedad más justa y equitativa.
María Díaz, presidenta de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, expuso los problemas que le ha tocado vivir en el servicio de justicia, como por ejemplo la falta de agua potable, que evidencia desprotección y maltrato a las personas, entre ellas mujeres y niños. También se refirió a la demora en el despacho de los procesos por parte de los jueces.
Pierina Torres, del Frente Sociólogas del Guayas, expresó su preocupación por la falta de inversión para prevenir la violencia contra las mujeres, pues en Guayas los índices de femicidios siguen incrementando, ya que en los dos últimos años se han registrado 189 casos. Hace falta reestructurar el Estado, modificar normas legales blandas y educar a hombres y mujeres en valores, añadió, al advertir que se incumple ley que obliga al Estado a brindar ayuda psicológica a los hijos y familiares de víctimas de violencia.
Yanira Díaz, del Frente Femenino Mujeres en Acción, manifestó que el impacto de la violencia de género se refleja en el aumento de femicidios en Guayaquil. Explicó que hay tres tipos de violencia: directa, estructural y cultural, pero que solo se hace seguimiento a la violencia directa y se ha desatendido la cultural y estructural, en la que tiene responsabilidad el Estado.
Patricia Castro Coronel, experta en derechos humanos e integrante del Observatorio para la aplicación de la ley, tras felicitar a la comisión por la apertura para escuchar a la gente, advirtió que el principal problema que enfrentan las mujeres en la administración de justicia se refiere al exceso de procesos judiciales que deben enfrentar las víctimas, lo que provoca otras dificultades, por ejemplo en lo económico. Aseguró que hace falta perspectiva de género en los operadores de justicia, a la vez que sugirió priorizar el trabajo en prevención y la asignación de los recursos.
De su lado, la exgobernadora del Guayas, Juanita Vallejo, resaltó el interés de los comisionados de ayudar a solucionar uno de los hechos más graves que ocurre en el país, como es la violencia contra la mujer. Al señalar que hace falta justicia, enfatizó que es el momento de ponerse de acuerdo para solucionar este grave problema y para ello es necesario dialogar y fomentar la educación en valores.
La falta de capacitación en valores éticos y los problemas para acceder a la justicia, que ocasiona que muchas mujeres maltratadas no presenten la denuncia, el abuso de poder, la trata de personas y prostitución, fueron, entre otros, los problemas expuestos en este encuentro. También llamaron a realizar un trabajo conjunto para garantizar a las mujeres el derecho a la vida, a la protección, a vivir en condiciones de igualdad ante la ley y la familia, el derecho a la salud y a condiciones de trabajo justas y equitativas para prevenir la violencia.
Una vez concluida la reunión los legisladores visitaron la sala de primera atención a mujeres víctimas de violencia en el Hospital Abel Gilbert Pontón.

Ante el sismo de magnitud 5.2, ocurrido este lunes 25 de julio, en la provincia de Carchi, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), en coordinación con el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, han desplegado diversas acciones de respuesta para la atención de las personas afectadas por este evento.
De manera inmediata se activaron los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) de la provincia de Carchi y de los cantones Montufar y Espejo, para la coordinación de las primeras acciones.
«Estamos trabajando de manera articulada con las instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, hemos entregado ya asistencia humanitaria a las familias afectadas», indicó Cristian Torres, director General del SNGRE. Asistencia como: carpas, catres, kits de higiene y limpieza, camas, almohadas, cobijas, cocinas industriales, biombos y colchones.
Dijo además que se continúa con la Evaluación Inicial de Necesidades en los sectores afectados y se trabaja a la par con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para la evaluación de las viviendas afectadas. “MIDUVI está desarrollando las evaluaciones respectivas para realizar la semaforización en cada vivienda, luego hará los planes correspondientes ya sea para reconstrucción o reubicación de las personas afectadas, cuyas viviendas ya no sean habitables”, afirmó.
Se activó el Alojamiento Temporal en la Casa Comunal, comunidad San Isidro parroquia La Libertad, cantón Espejo, en donde albergan 6 familias (33 integrantes). el SNGRE entregó de kits de dormir en el alojamiento temporal.
Con corte 26 de julio de 2022, se registran: 5 personas afectadas, 8 heridos, 379 viviendas afectadas, 18 viviendas destruidas, 27 bienes públicos afectados, 33 unidades educativas y 5 unidades de salud afectadas.

El Día Mundial contra la Hepatitis se celebra cada año el 28 de julio para concienciar sobre las hepatitis víricas, que inflaman el hígado y causan enfermedades hepáticas graves y cáncer de hígado.
El mundo sufre actualmente a un nuevo brote de hepatitis aguda infantil de causas desconocidas. La OMS, en colaboración con científicos y responsables políticos de los países afectados, está trabajando para entender el origen de estas infecciones, que aparentemente no son provocadas por ninguno de los cinco tipos conocidos de virus: A, B, C, D y E.
Este nuevo brote sirve para recordar los miles de casos de hepatitis víricas agudas que afectan cada año a niños, adolescentes y adultos. La mayoría de las hepatitis agudas causan síntomas leves e incluso pueden pasar desapercibidas, pero en algunos casos provocan complicaciones e incluso la muerte. Se ha calculado que en 2019 se produjeron en el mundo 78 000 muertes por complicaciones de infecciones agudas por los virus de las hepatitis A, B, C, D y E.
Las iniciativas mundiales priorizan la eliminación de las hepatitis B, C y D. A diferencia de las hepatitis víricas agudas, estos tres virus causan hepatitis crónicas que duran décadas y provocan más de un millón de defunciones al año por cirrosis o cáncer de hígado; además, están detrás de más del 95% de las muertes por hepatitis. Aunque disponemos de las orientaciones y las herramientas necesarias para diagnosticar, tratar y prevenir las hepatitis víricas crónicas, estos servicios no suelen estar al alcance de las comunidades y, en ocasiones, solo se pueden obtener en hospitales centralizados o especializados.
En el Día Mundial contra la Hepatitis 2022, la OMS subraya la necesidad de acercar la atención a las hepatitis a los centros de atención primaria y a las comunidades para dar más acceso al tratamiento y la atención, sea cual sea el tipo de hepatitis que se padezca. 


El objetivo de la OMS es eliminar las hepatitis víricas de aquí a 2030. Para lograrlo, ha pedido a los países que fijen metas específicas:

• reducir en un 90% las nuevas infecciones por las hepatitis B y C;

• reducir en un 65% las muertes por cirrosis y cáncer de hígado;

• diagnosticar al menos el 90% de los casos de hepatitis B y C; y

• tratar al menos al 80% de las personas que reúnen los requisitos para ello.

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela Espinoza, este lunes 25 de julio, participó de varios actos solemnes y de concurrencia masiva, en conmemoración de los 487 años de fundación de la ciudad de Santiago de Guayaquil y de los 81 años de la gesta patriótica de Jambelí.
Desde tempranas horas de la mañana, el Titular de la Función Legislativa, cumplió una amplia agenda. Primero, depositó una ofrenda floral en el Complejo Cívico Naval Jambelí, en homenaje a los héroes de la gloriosa Batalla de Jambelí.
Posteriormente, por invitación del comandante General de la Fuerza Naval, contralmirante Brúmel Vásquez Bermúdez, asistió a la ceremonia conmemorativa por el Octogésimo Primer Aniversario de la Batalla de Jambelí y el Día Clásico de la Armada del Ecuador, que contó con la presencia de los titulares de las demás funciones del Estado, de los organismos de control, de instituciones nacionales y demás entidades representativas de la sociedad guayaquileña.
Más tarde, en el Centro de Convenciones “José Joaquín de Olmedo”, minutos antes de instalar la sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea Nacional en homenaje a la Perla del Pacífico, cerca del mediodía, ofreció una rueda de prensa, con la presencia de los representantes de los medios de comunicación con sede en Guayaquil.
En la noche, participó de la sesión solemne de la Ilustre Municipalidad de Guayaquil, en homenaje a los 487 años de su fundación, acto que se cumplió en el Parque Centenario, ubicado en el Boulevard 9 de Octubre y avenida Lorenzo de Garaycoa, en la zona céntrica de la ciudad.
La ceremonia, presidida por el primer Mandatario, Guillermo Lasso Mendoza, fue el escenario en el cual la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri Jiménez, expresó su saludo a los guayaquileños y guayaquileñas, al tiempo que rindió cuentas de su gestión.

“Celebramos gozosos, llenos de auténtico y profundo sentimiento patriótico, a los seres humamos que habitan en este lugar que levantan con su esfuerzo, con su trabajo y sus ideas la dignidad a la altura de la historia, a la altura de los sentimientos mas profundos que nos hacen ser cada día mejores ecuatorianos, ser un Ecuador soberano”, manifestó el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, en el marco de la sesión ordinaria del Pleno reunida hoy en Guayaquil para conmemorar los 487 años de fundación.
Recordó que desde la Presidencia de la Asamblea Nacional convocó al diálogo al Ejecutivo, a las organizaciones sociales, al movimiento indígena que permitió luego suscribir el acuerdo de paz. El diálogo siempre será el camino donde debe converger nuestro denominador común, que está más allá de cualquier conflicto de interés y que sea el interés de los ecuatorianos, sobre todo y ante todo, el que prevalezca, subrayó.
El Titular de la Función Legislativa enfatizó que el país necesita trabajar por aquellos asuntos importantes y urgentes que solucionen los problemas sociales de nuestra gente. Hay que sintonizar la realidad nacional y sentarse permanentemente a dialogar al interior del Legislativo, del Gobierno Nacional, de las demás funciones del Estado y proyectar las acciones conjuntas y necesarias que requiere el pueblo y pasar del diálogo a los hechos por un Ecuador de progreso, bienestar y oportunidades, precisó.
Tras destacar que la Asamblea trabaja por la familia ecuatoriana, manifestó que preparan la agenda parlamentaria en función del ser humano, que responda a las necesidades del país y de la ciudadanía para alcanzar los mejores resultados en beneficio del Ecuador. Se legisla para que los maestros tengan una mejor remuneración, se aprobará en ese mismo sentido la Ley de Carrera Sanitaria para los trabajadores de la salud y se aprobó la ley que garantiza el pago del justo precio del litro de leche al productor, añadió.
El presidente Virgilio Saquicela recordó que el Legislativo también aprobó la norma que permite la renegociación de créditos del sistema financiero vencidos en la pandemia sin que se cobre interés de mora; la Ley de Legalización de Tierras en Monte Sinaí, por citar algunos ejemplos, lo que evidencia que la Asamblea trabaja por los derechos ciudadanos, aunque falta mucho más.
La sesión solemne inició con el ingreso del Estandarte Nacional, la entonación del Himno Nacional y la proyección de un video conmemorativo, en el que el Titular del Legislativo resaltó el trabajo en beneficio de los derechos de los habitantes de Guayaquil.
Luego los legisladores John Vinueza, Francisco León, Luis Almeida, Marcos Molina, Ricardo Vanegas y Ferdinan Álvarez destacaron el amor por la ciudad, a la que calificaron como la cuna de libertad y la patria de todos. Señalaron que hoy arriba a sus 487 años de fundación y nada ha detenido su crecimiento y seguirá siendo ejemplo de acogimiento de propios y extraños.
Destacaron que Guayaquil es tierra de negocios y progreso, ciudad libre y visionaria, motor de la economía del país e hicieron referencia a la imperiosa necesidad de trabajar por la seguridad y la vida de los ecuatorianos. Los asambleístas se refirieron al trabajo legislativo y la aprobación del proyecto de Ley de Legalización de Tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios de Guayaquil y Samborondón. Precisaron que el Gobierno y la Asamblea Nacional deben trabajar de la mano para ayudar a las personas más pobres de la patria.
Luego, las principales autoridades del Parlamento y legisladores entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a ilustres ciudadanos e instituciones de la ciudad de Guayaquil. Entre ellos, Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil; la Asociación de Esmeraldeños Residentes en Guayaquil; Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil; al Dr. Guillermo Molina Defranc; Rosa Cordero de Elizalde (artesana y activista social); cantante Norberto Vargas Mármol (Aladino); Kléber Coronel, presidente del Directorio del Colegio Americano; Werner Gansauer Bittner, fundador y presidente de la Empresa Expocsa.
También reconoció a Karla Morales, de la Fundación Khare; Carlos Ortega, fundador de la Universidad Espíritu Santo; Pierina Correa, primera mujer presidenta de la Federación Deportiva del Guayas; Asociación Humanitaria del Ecuador; Fundación Unión, Libertad, Esperanza y Vida; Fundación de Asistencia Psicológica a Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad Intelectual; Universidad del Pacífico; Roberto Ibáñez, presidente de la Federación Deportiva del Guayas.
En representación de los homenajeados, la asambleísta Pierina Correa, agradeció al Parlamento por el reconocimiento a personas e instituciones que impulsan el desarrollo de Guayaquil y del país
La ceremonia concluyó con la salida del Estandarte Nacional y el Himno a la ciudad de Guayaquil.

La Comisión de Desarrollo Económico sesionó en la ciudad de Guayaquil, al conmemorarse los 487 años de fundación. Allí comparecieron varias autoridades de Estado, con quienes analizó el proyecto de Ley Reformatoria a varias Leyes para el Desarrollo, Regulación y Control de los Servicios Financieros Tecnológicos (Ley Fintech).
La sesión inició con la comparecencia de la señora Sonia Roca, rectora de la Universidad del Pacífico, quien felicitó a la Asamblea Nacional por tratar esta iniciativa legislativa. Sugirió trabajar en conjunto para encontrar alternativas que permitan la superación de los jóvenes emprendedores.
La asambleísta Nathalie Arias agradeció el aporte de la academia para la construcción de esta ley que busca convertirse en un marco regulatorio para atender las necesidades del país y propender a una verdadera inclusión financiera.
De su lado la legisladora Wilma Andrade, vicepresidenta de la comisión, solicitó que las mesas técnicas tomen en cuenta las recomendaciones de la Superintendencia de Compañías, para la construcción de la normativa legal.
Control político
En otro orden, la comisión analizó los procesos de contratación de la empresa SOLARPACKTEAM para la construcción de los proyectos Fotovoltaico El Aromo en Manabí, Eólico Villonaco II y III en Loja, y Conolophus en Galápagos.
Al respecto, el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, informó que la empresa SOLARPACKTEAM es la operadora del proyecto El Aromo, misma que fue seleccionada entre 18 empresas, luego de verificar que cumple los requisitos.
El funcionario explicó que este proyecto asegura un aporte en la producción de energía, especialmente entre enero y mayo, lo que ayudará a reducir la generación térmica y con ello bajar los costos de importación.
Aclaró que este proyecto cubre el 58% de la demanda nacional y el 16% del consumo energético de la provincia de Manabí y que no se construirá en los terrenos de la Refinería del Pacífico.
También detalló el proceso público de selección para la construcción del proyecto Villonaco en Loja, obra que fue adjudicada a la empresa Cobra Zero - E Villonaco.
Además, presentó la información sobre la construcción del proyecto Conolophus, en Galápagos. Manifestó que la Central Fotovoltaica será construida en Baltra y aportará el 60 % de la demanda energética de Santa Cruz con energía limpia.
De su lado, José Antonio Dávalos, del ministerio de Ambiente, explicó el procedimiento para otorgar licencias ambientales para la construcción de los proyectos energéticos expuestos en la mesa.
Durante el debate, el asambleísta John Vinueza cuestionó la construcción del proyecto El Aromo en la zona de la Refinería del Pacífico, a la vez que pidió que las autoridades expliquen si hay intereses privados que impiden desarrollar la central fotovoltaica.
Mientras que la asambleísta Wilma Andrade destacó la construcción de estos proyectos, ya que resultan beneficiosos para el país y demuestran la confianza para invertir en Ecuador.
El presidente de la comisión, Daniel Noboa, agradeció la información de los comparecientes, misma que será evaluada para la elaboración del informe respectivo.

El Pleno de la Asamblea Nacional eligió a Marcela Holguín Naranjo (UNES), como primera Vicepresidenta; a Darwin Pereira (PK), como segundo Vicepresidente; y a Esteban Torres Cobo (PSC), como primer vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para completar el período hasta mayo de 2023. Cumplido el proceso de votación, el titular de la Legislatura, Virgilio Saquicela, posesionó a los nuevos dignatarios del Parlamento.
La candidatura de Marcela Holguín fue propuesta por Pabel Muñoz, quien destacó su trabajo como comunicadora social con más de 20 años de experiencia, en varios medios, con énfasis en el sector social, especializándose en periodismo político. Cursó estudios en la Universidad Central del Ecuador y acredita una maestría por la Universidad Internacional de La Rioja en Marketing Político, identificándose con grupos vulnerables. Ahora, en su faceta política, su trabajo está direccionado a promover la inclusión social y la defensa de los derechos. Su nominación para la Primera Vicepresidencia alcanzó 90 votos.
La flamante vicepresidenta dijo que hay una sola forma de contribuir a un país para todos y esa es, simple y llanamente, no rendirse, seguir el ejemplo de los sin trabajo, que han sido tantas veces olvidados a pesar de ser la mayoría en el país. “Nosotros jamás les daremos la espalda, lucharemos junto a ellos, como junto a las personas con discapacidad, en un país que tiene privilegios, lamentablemente, para unos pocos; no vamos a rendirnos”, subrayó.
Mientras, la asambleísta Patricia Sánchez mocionó a Darwin Pereira para la Segunda Vicepresidencia, quien hasta esta víspera ocupó la primera vocalía del CAL. Pereira es de profesión abogado e ingeniero en sistemas. Se destacó en la dirigencia de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales en el Consejo Directivo de la Universidad Técnica de Machala y presidió la Asociación de la Escuela de Derecho. Ejerció cargos en la Cancillería del Ecuador, zonal El Oro, en la Empresa de Agua Potable y alcantarillado del Cantón Machala y como asesor informático de varias empresas privadas. Su elección se produjo con 93 votos.
Tras rendir el juramento de rigor, Darwin Pereira agradeció primero a Dios y a todos los bloques legislativos, a quienes votaron y a quienes no votaron por él. Pidió a la Divina Providencia le dé sabiduría para hacer bien lo que se tiene que hacer de hoy en adelante. “Hoy privilegiamos la Asamblea, hoy privilegiamos el bien del país por encima de nuestras diferencias; los invito a cerrar este capítulo oscuro que vivió la Legislatura”, dijo.
Una vez que se produjo la vacante de la primera vocalía del CAL, tras la renuncia de Darwin Pereira, la legisladora Nathalie Viteri presentó como moción previa, conocer la renuncia y elegir a su reemplazo. La moción fue calificada y aprobada. Posteriormente, propuso el nombre de Esteban Torres Cobo para ocupar esta vocalía. Torres es abogado de profesión, por la Universidad San Francisco de Quito; cuenta con una maestría en Litigio y Arbitraje Internacional por el Queen Mary University of London. En el anterior período fue miembro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y actualmente es parte de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Su candidatura obtuvo 117 votos.
El legislador Torres, tras su posesión, subrayó que en política se gana o se pierde, pero las diferencias de ideas no pueden ser motivo de rencores; a veces se gana y a veces se pierde, pero también en un momento determinado llega la justicia política. Tras agradecer a todas la bancadas políticas, afirmó que “seguiremos teniendo las diferencias y las manejaremos con respeto y sin afectar a la persona, ni menos a sus familias”. “Necesitamos un acuerdo para que decenas de proyectos de las distintas bancadas sean tramitados en el Pleno de la Asamblea”, concluyó.

Con 75 votos afirmativos, 21 negativos y 30 abstenciones el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El objeto de esta ley comprenderá la desconcentración de frecuencias, protección del derecho a ejercer la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de los medios de comunicación.
Previamente el Pleno del Legislativo negó con 73 votos el informe de mayoría, por lo que de conformidad con el inciso 11 del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se pasó a considerar el informe de minoría, suscrito por los asambleístas Raisa Corral, Mónica Palacios, Salvador Maita y Fernando Cedeño.
El proyecto fue sometido a un amplio proceso de socialización con los diversos actores públicos y privados, mismo que inició el 12 de julio de 2021 y es el resultado de 14 meses de trabajo y el esfuerzo mancomunado de los sectores que participan en la comunicación.
En el informe se destaca que el proyecto permite que las personas cuyos derechos se vean afectados por los medios de comunicación social cuenten con mecanismos de defensa expeditos, garantizando que los derechos al honor y buen nombre positivados en la Constitución y en los principales instrumentos de derechos humanos puedan ser tutelados por el Estado.
El proyecto permite que las empresas de comunicación social desarrollen sus actividades económicas cumpliendo los estándares previstos en los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos.
La legisladora Marcela Holguín, proponente de uno de los proyectos que debatió la Comisión de Relaciones Internacionales, aclaró que esta propuesta normativa no regula la opinión ni permite sanciones penales, a la vez que indició que fue trabajada con muchos sectores que tienen que ver con la comunicación, especialmente la comunitaria. Es un proyecto trabajado con la gente, para la gente, subrayó.
Entre tanto el asambleísta Salvador Maita, al mocionar la aprobación del informe de minoría, aseveró que con ello se pretende evitar el monopolio del espectro radioeléctrico y garantizar una comunicación democrática y plural.
Para la elaboración del informe los legisladores escucharon los criterios de autoridades de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, Consejo de Comunicación, Fundamedios, Federación y Unión Nacional de Periodistas, Arcotel, Corape, Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Red de Periodistas Libres, Cofeinaie, Unesco, el Relator de la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, gremios de televisión y radio, académicos y constitucionalistas, entre otros. Además la Comisión de Relaciones Internacionales realizó siete mesas técnicas en las que debatieron las propuestas.
El proyecto será remitido en los próximos días a la Presidencia de la República para que la sanción u objeción en el plazo de 30 días, conforme lo establecen la Constitución y la Ley Orgáica de la Función Legislativa.

La Asamblea Nacional declaró el 25 de julio de cada año como el Día de la Mujer Afroecuatoriana – Negra – Afrodescendiente, como reconocimiento a su aporte en la historia dentro de la construcción de la nación, la preservación de la cultura y derecho a vivir con dignidad.
La declaratoria, de iniciativa de la asambleísta Paola Cabezas, tuvo el respaldo unánime de 120 parlamentarios presentes. El objetivo es valorar, adoptar, aceptar, visibilizar, fomentar, promover y reconocer sus derechos colectivos reconocidos en los instrumentos nacionales e internacionales, incorporando las perspectivas, ancestrales, étnicas, culturales, generacionales, cosmogónicas, entre géneros y religiones, a fin de crear conciencia sobre la participación histórica de la mujer afroecuatoriana en el desarrollo social, económico, político, territorial, científico, tecnológico, académico y cultural del Ecuador.
A través de la resolución se exige al Estado, por intermedio de las instituciones rectoras de la Función Ejecutiva, la elaboración de disposiciones reglamentarias para garantizar los derechos de la mujer afroecuatoriana -negra –afrodescendiente en todo el territorio nacional. Se exhorta al Gobierno Nacional a cumplir los compromisos de la Agenda de la Igualdad para el Decenio Afrodescendiente, Capítulo Ecuador, cuyos ejes transversales son: reconocimiento, justicia y desarrollo.
También demandó de las funciones del Estado y de los gobiernos autónomos descentralizados incluyan en el calendario cívico e histórico de las respectivas localidades, el 25 de julio de cada año, como el “Día Nacional de la Mujer Afroecuatoriana -Negra –Afrodescendiente”; y, que la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Gestión para el Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades remitan a la Comisión de Garantías Constitucionales un informe anual sobre las acciones que hayan realizado para garantizar los derechos de este grupo poblacional.
A la sesión acudieron alrededor de 100 mujeres afrodescendientes. Allí intervinieron Inés Morales, de la Confederación Comarca Ecuatoriana del Norte de Esmeraldas; Irma Bautista, Coordinadora Nacional de Mujeres Negras “Conamune”; Sonia Vivero, directora de Fundafroec Azúcar; y, Epsy Cambel, activista por los derechos humanos, quienes solicitaron al Parlamento posicionar el 25 de julio como Día Nacional de la Mujer Afroecuatoriana – Negra – Afrodescendiente, como un proceso de reivindicación de sus derechos de una lucha histórica por años.
Ellas, alzaron su voz para pedir a la Legislatura respuestas en defensa del territorio heredado desde sus ancestros, acciones afirmativas para vivir en mejores condiciones, y reivindicar su lucha contra el racismo.
La legisladora Paola Cabezas recordó las conquistas históricas de la mujer afrodescendiente y la lucha contra la discriminación. Insistió en la necesidad de dictar políticas públicas a favor de este grupo poblacional que ha sido discriminado en derechos y oportunidades.
En el debate, legisladores de diferentes bancadas legislativas destacaron que es momento de restaurar y reparar siglos de injusticia. Recordaron la explotación, discriminación, opresión a lo largo de la historia del Ecuador no solo de las mujeres afrodescendientes sino también del pueblo indígena.

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, recibió la visita del alcalde de Celica, Oswaldo Román Calero, quien le invitó a participar en la firma del Convenio Marco de Hermanamiento entre los alcaldes de la región sur del Ecuador y de la región norte del Perú, en calidad de testigo de honor.
Virgilio Saquicela comprometió su visita a este cantón conocido como la “Celestial Celica”, a fin de participar en el evento de suscripción del convenio.
En este encuentro, que se realizará en ciudad de Celica el 13 de agosto de 2022, a las 12h00, participarán los alcaldes de las provincias de El Oro, Loja y Zamora, por Ecuador y de Tumbes, Piura y Cajamarca, por el Perú.
El Alcalde de Celica afirmó que el Acuerdo de Paz, suscrito entre Ecuador y Perú, exige acciones concretas que permitan alcanzar el progreso integral de ambos lados de la frontera, “empeño común que debe conducirnos a establecer los canales interinstitucionales de apoyo que estemos en capacidad de generar”.
Explicó que en este contexto el convenio tiene como objetivos fortalecer lazos de hermanamiento para impulsar el comercio, la cultura y el turismo; exhortar a los presidentes de Perú y Ecuador a homologar las normas fitosanitarias, para que haya fluidez en el comercio de las dos regiones, y que estudien otra alternativa para el Eje Vial 5, como es la ruta Puerto de Paita - Puerto Bolívar - Loja - Zamora – Sarameriza.

Freddy Ramos, viceministro de Seguridad Interior, compareció ante la Comisión de Seguridad Integral, con el fin de exponer sus observaciones al capítulo “de la inteligencia”, del proyecto de Código de Seguridad Integral. Allí sugirió fortalecer la ciberinteligencia como eje principal para la obtención de información que permita un análisis más acertado y confiable, y actualizar la doctrina de inteligencia acorde a la evolución de la sociedad, ciencia y tecnología.
El funcionario sostuvo que también se requiere emprender en un plan de carrera, que implique estabilidad laboral, desarrollo profesional, remuneración acorde al riesgo para los operadores de inteligencia, así como mantener el carácter de reservada, secreta y secretísima la información relacionada con inteligencia y contrainteligencia estratégica.
Comentó que el Sistema Nacional de Inteligencia debe estar conformado por el ente rector y los subsistemas operativos y de apoyo debidamente articulados y coordinados a través de políticas, planes, programas, proyectos, normas, recursos y procedimientos.
Ramos señaló que para el cumplimiento del principio de la gestión pública se plantea que el informe del ente rector se efectúe ante una comisión de la Asamblea Nacional, cuyos miembros deberán cumplir mecanismos de seguridad de la información que garantice su no divulgación.
Presentó observaciones sobre autorización judicial, obligación de entregar información. Sugirió a la mesa legislativa crear una ley especifica de inteligencia.
De su lado, el director General de Inteligencia, Manuel Samaniego, destacó la importancia de establecer una normativa de inteligencia que será una herramienta que permita la articulación y coordinación interinstitucional, así como la cooperación internacional, es decir, tener el ámbito completo para realizar las gestiones desde sus funciones.
El presidente de la comisión, Ramiro Narváez, tras agradecer las observaciones de los comparecientes, informó que serán debidamente analizadas y servirán de insumos para la elaboración del articulado y el informe respectivo.

Este miércoles 20 de julio la Comisión del Derecho al Trabajo avocó conocimiento del proyecto de reformas a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS).
El asambleísta Luis Almeida expuso la necesidad de atender a las personas que aportan al Seguro Social Campesino, al tiempo que advirtió que es lamentable que por una mala administración en los hospitales del Seguro Social no existan los insumos médicos necesarios para atender a los afiliados y jubilados.
De su lado, el legislador Omar Cevallos hizo un llamado al presidente de la República, Guillermo Lasso, a solucionar el problema de salud que atraviesa el Ecuador, argumentando que no es justo que los ecuatorianos que aportamos al Seguro social recibamos servicios deficientes.
La presidenta de la comisión, Rina Campain, agradeció el compromiso y los aportes brindados por los asambleístas al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley del Banco del IESS, lo que permitirá seguir trabajando en la construcción de la ley en beneficio de los jubilados y afiliados a la Seguridad Social.
En el segundo punto del orden del día, el equipo asesor presentó el cronograma y modalidad de trabajo para el tratamiento de las iniciativas legislativas, sobre el proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público y el régimen de pensiones vitalicias para exmandatarios.
Finalmente la asambleísta Rina Campain dijo que existen situaciones excepcionales por las que los expresidentes deben ser beneficiarios de la pensión vitalicia, a la vez que expresó que es importante el aporte de todos los asambleístas para mejorar el proyecto.

En el marco del proceso de fiscalización y control político respecto del cumplimiento de la normativa para la venta de petróleo por parte de la empresa Petroecuador EP, la Comisión de Régimen Económico escuchó a los expertos Galo Garzón y Jaime Condoy, quienes explicaron algunos procesos operativos para la venta y transporte de crudo.
En su intervención, Galo Garzón, experto petrolero, realizó un análisis técnico documental respecto de los procesos adjudicación y venta de crudo a Oriente Equinor ASA; y advirtió que la inobservancia de los términos de referencia en los procesos de adjudicación evidenciaría un incumplimiento.
Por su parte, Jaime Condoy, experto en transporte de hidrocarburos, explicó que la normativa permite contratar empresas transportistas en las que el Estado tenga una participación del 51%, condición que únicamente cumple FLOPEC EP. Señaló que esto abona a la soberanía del país y el manejo y control de este sector estratégico.
A esta sesión fue convocado Ítalo Cedeño, gerente General de Petroecuador EP, pero no se presentó. Los comisionados solicitaron que se realice una nueva convocatoria para contar con la comparecencia del funcionario.

En el marco del cierre de la cruzada “Sin Ti No Hay Democracia”, este 19 de julio, en la matriz del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, se llevó a cabo la firma del “Acuerdo Nacional por la Democracia, la Equidad, y la Erradicación de la violencia política de género”, por parte de las organizaciones políticas, autoridades de la Función Electoral, representantes de organismos internacionales y organizaciones sociales.
Entre los acuerdos contenidos en el instrumento, los partidos y movimientos políticas se comprometen, entre otros aspectos, a: aunar esfuerzos que contribuyan a incentivar la participación efectiva de las mujeres y los jóvenes en las Elecciones Seccionales del 2023; así como a fomentar una campaña electoral que promueva el debate crítico; la confrontación de ideas con argumentos y respeto; para no darle cabida a la desinformación, que no solo alienta los ataques entre candidatos y partidos políticos.
Al respecto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, destacó que la suscripción del acuerdo constituye un primer punto de partida para lograr los cambios estructurales que permitan fortalecer nuestro sistema político. “¡Apoyar la lucha de las mujeres no los hace débiles, ni menos hombres; al contrario los hará líderes más fuertes y más sabios!”, manifestó.
Por su parte, el vicepresidente del órgano electoral, Enrique Pita, señaló que es el momento para que las mujeres y jóvenes hagan de Ecuador, una tierra fructífera de mejores ideas y proyectos. Asimismo, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz, indicó que esta es la oportunidad de demostrar que avanzamos en el camino para garantizar la inclusión de las mujeres y jóvenes, de forma activa y participativa, en la historia de la democracia nacional.
La cruzada “Sin Ti No Hay Democracia” fue liderada por el Consejo Nacional Electoral y visitó las provincias de Pichincha, Guayas, Imbabura, Morona Santiago, Manabí y Azuay. Cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres, la Unión Europea, las Embajadas de Suiza y España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Ecuador; así como de la Corporación Lideres para Gobernar.   
Para ampliar la información contactarse con la Dirección Nacional de Análisis Político y Difusión Electoral

El Pleno de la Asamblea, con el voto unánime de los 122 asambleístas presentes en la sala, aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los Moradores y Posesionarios de Predios que se encuentren en la circunscripción de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo – Monte Sinaí sí es Guayaquil, por el cual se garantiza un techo seguro para quienes habitan en este sector.
Francisco León, ponente del informe preparado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, indicó que este proyecto aclara las competencias y potencia las actividades de las entidades involucradas directamente en la aplicación de la normativa, conocida como Ley 88, es decir, el Ministerio de Vivienda y el Municipio de Guayaquil, que tienen la mayor incidencia en el proceso de legalización de estos terrenos.
Subrayó que muchos de los moradores de este sector no se sienten seguros, porque no cuentan con ningún documento que les acredite como propietarios de los terrenos. Con esta reforma, ellos podrán legalizar la tenencia y trasladar el dominio de los mismos, de ser el caso, a sus herederos.
Con lo aprobado por el Pleno, en el artículo 1 se declara de utilidad pública e inmediata ocupación, para fines de orden social, eminentemente de vivienda y se expropian a favor de los municipios de Guayaquil, Samborondón y El Triunfo, con la obligación de que estos vendan, adjudiquen y legalicen a favor de los posesionarios la tenencia de los bienes inmuebles ubicados dentro de la jurisdicción de los referidos cantones, que están ocupados por asentamientos poblacionales constituidos en ciudadelas, cooperativas de vivienda y lotizaciones, así como los terrenos que sean destinados para servicios básicos, sanitarios y espacios verdes, conforme lo establecido en el Código de Organización Territorial y las ordenanzas que sobre la materia hayan dictado los concejos municipales.
Debate
En el debate los legisladores destacaron la importancia de reformar la normativa vigente, para garantizar la legalización de la tenencia de terrenos a los moradores de Monte Sinaí, más aún cuando, según el último censo, apenas la mitad de los habitantes de Guayas tenían una vivienda a su nombre, situación que podría variar con los datos que arroje el censo que está en marcha.
Añadieron que muchos de los posesionarios pagaron servicios, básicos, impuestos prediales y demás valores a los gobiernos autónomos descentralizados pertinentes, sin embargo aún no tienen claridad y seguridad sobre los terrenos en los que están asentados desde hace muchos años, razón por la cual es necesario darles a las entidades municipales y al Ministerio de Vivienda las herramientas para que puedan proceder con la legalización de estos predios.
En los próximos dos días, la Secretaría General de la Asamblea Nacional elaborará el documento auténtico del proyecto, que será remitido al Ejecutivo para la correspondiente sanción u objeción.

El Pleno de la Asamblea Nacional inició el primer debate del proyecto de Ley para la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, que está orientado a evitar la discriminación que son objeto las trabajadoras en materia de remuneración en el ámbito laboral, así como asegurar el cumplimiento del principio de igualdad en el desempeño de un mismo trabajo.
En la continuación de la sesión No. 784 del Pleno, los parlamentarios escucharon a Karina Ponce Silva, representante del Colectivo de Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía, quien destacó la necesidad de garantizar igualdad salarial entre mujeres y hombres. Dijo que aún subsiste la inequidad porque la mujer recibe un 23% menos de ingresos que el hombre. Pidió a la Legislatura cerrar estas brechas y hacer una evaluación de resultados cuando se apruebe la ley.
Por su parte, Alison Vásconez, oficial del Programa ONU Mujeres dijo que se requiere un marco normativo para cerrar las brechas salariales por temas de género. resaltó la importancia de aprobar el proyecto que debate la Asamblea Nacional.
Luego de la lectura del informe preparado por la Comisión del Derecho al Trabajo, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, suspendió el debate de este tema, mismo que será retomado en los próximos días.

Ante el Pleno de la Asamblea Nacional el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), Kléver Chica, fundamentó las aspiraciones de este sector para que sean consideradas en el proyecto de Ley para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación.
Esta propuesta, que tiene como objetivo general promover el derecho a la libertad de expresión y proteger a los ciudadanos de discursos de odio, violencia y pornografía infantil, así como los derechos de quienes laboran en medios de comunicación, debía ser debatido en la sesión de este jueves. No obstante, se suspendió en razón de que la asambleísta ponente del texto final, Marjorie Chávez, se encuentra fuera del país.
El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela Espinoza, anunció que el tema será incluido en la agenda del Pleno prevista para el jueves de esta semana.
Tras recordar que los radiodifusores, través de las 1300 frecuencias privadas, generan empleo y trabajo para 20 mil familias a nivel nacional, solicitó que se mantenga la actual distribución del espectro radioeléctrico, es decir, 10 % para los medios públicos, 34 % para medios comunitarios y 56 % para medios privados.
En segundo lugar propuso la importación de los equipos de transmisión, partes y piezas libre del pago de tasas arancelarias, con el fin de abaratar los costos de los nuevos equipos.
Por último, solicitó que se facilite la ocupación de los terrenos en donde se encuentran instaladas las antenas y los equipos de transmisión, argumentando que brindan un servicio gratuito. Defenderemos la libertad de expresión y del conocimiento, subrayó.

El Pleno de la Asamblea Nacional ratificó por unanimidad el Acuerdo de Cooperación Comercial entre los Gobiernos de Ecuador y Turquía, en virtud que ayudará a dinamizar el comercio, fortalecer las relaciones internacionales entre ambos países y permitiría a Ecuador insertarse en un país georeferenciado dentro de la economía europea.
El instrumento internacional promoverá el fortalecimiento y la diversificación de los lazos comerciales entre ambos países a través de la preparación de programas y planes de acción que buscan incrementar y ampliar el intercambio comercial.
El asambleísta Elías Jachero, ponente del informe de la Comisión de Relaciones Internacionales, recordó que el acuerdo fue suscrito el 1 de diciembre de 2010 en Ankara-Turquía. Precisó que la Corte Constitucional, en su dictamen, requirió la aprobación del documento por parte de la Asamblea Nacional porque está acorde con los preceptos de la Constitución.
Dijo que este instrumento genera beneficios para nuestro país en materia de cooperación comercial; promueve la inversión; impulsa la apertura de nuevos mercados en virtud que Turquía está ubicado entre Europa y Asia, lo cual contribuye de forma positiva a la mejora de indicadores económicos y sociales.

Con el objeto de conocer el nivel de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Reformatoria de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Adrián Castro, compareció ante la Comisión de Desarrollo Económico.
Informo que el Plan Nacional de Rutas y Frecuencias de Transporte se encuentra listo y a la espera de las observaciones que la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Intra e Interprovincial (FENACOTIP) pueda hacer a la propuesta. Destacó que ha sido un extenso trabajo que ha demandado visitas territoriales y levantamiento georeferenciado de todas las rutas y frecuencias de buses.
Subrayó que la suspensión de algunas rutas y frecuencias ha permitido reducir el 76% de accidentes de tránsito en el transporte intra e interprovincial.
También dio a conocer que la ANT y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) han aprobado el 95% de metodologías tarifarias. Afirmó que unicamente están pendientes las metodologías para el transporte escolar, y para el transporte mixto y carga liviana, mismas que se encuentran en fase de socialización con los representantes de cada sector.
Informó que días atrás, la ANT envió a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional sus aportes respecto de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, con el objeto de recategorizar las contravenciones de tránsito.
Anunció, también, que el Reglamento de Simplificación de Trámites de la ANT, publicado la semana pasada en el Registro Oficial, establece que la matriculación vehicular se realizará cada 5 años, mientras que anualmente se cumplirá con la revisión técnica y se cancelarán las tasas locales y nacionales respectivas.
Calificó como positivo el proceso de anulación de más de 85 mil licencias fraudulentas detectadas que ha permitido recuperar más de USD 10 millones de dólares que iban a manos de tramitadores.
Señaló que han invertido 5 millones de dolares en la adquisición de 540.000 láminas de placas de vehículos para eliminar definitivamente las placas provisionales de papel que propiciaban la evasión de impuestos, peajes y otras tasas, así como la impunidad en accidentes de tránsito y de hechos delictivos que involucran vehículos sin placas.
Finalmente, destacó que la ANT ha implementado nuevas licencias de conducir que abonan a la seguridad y cuentan con aspectos que cumplen las normas ISO internacionales.
La comparecencia del Titular de la ANT responde al proceso de seguimiento del cumplimiento de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que lleva a cabo la mesa legislativa.

El asambleísta José Chimbo presentó el proyecto de Ley de Derechos Idiomáticos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, que tiene la finalidad de fortalecer los idiomas reconocidos en la Constitución de la República, que determina que el castellano es el idioma oficial, mientras que el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural.
El parlamentario explicó que este proyecto tiene por objeto garantizar el ejercicio constitucional y normativo del uso, investigación lingüística, desarrollo literario y cosmogónico, estudios gramaticales, neologismos, fonológicos, semánticos y la traducción al idioma castellano.
Señaló que estas acciones coadyuvarán a la conservación, promoción, fomento en la enseñanza de los idiomas originarios, en un marco de plena armonía con la Ley de Educación Intercultural, a fin de posibilitar el adecuado ejercicio de los derechos idiomáticos de los colectivos indígenas.
Finalmente, el legislador José Chimbo destacó la necesidad de generar un debate de la propuesta normativa, a fin de viabilizar su aprobación.

El Grupo Parlamentario para el Fomento de la Cultura y el Arte, presidido por la asambleísta Johanna Ortiz, realizó el taller “La Relación entre Patrimonio y Cultura”, con el objetivo de involucrar a la ciudadanía y gestores culturales del país en el fomento de las expresiones culturales.
En este contexto, Angélica Arias, directora Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, se refirió a los derechos culturales según la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se enuncia que toda persona tiene derecho a formar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico en beneficio de la ciudadanía.
Además, comentó que según la Unesco la cultura debe ser considerada el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.
También se refirió al Sistema Nacional de Cultura como medio para fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de los bienes y servicios culturales, así como salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales.
En ese aspecto, Wilmer Morales, gestor gastronómico “Huellas del Ecuador”, sostuvo que la gastronomía es un tema cultural, en el cual han venido trabajando independientemente como asociación.
Enfatizó que como gremio han pedido apoyo a los Ministerios de Turismo y de Cultura, pero que no han tenido la respuesta necesaria, a la vez que aseguró que les resulta más fácil gestionar la ayuda a nivel privado.
Al cierre del taller, la asambleísta Johanna Ortiz expresó que con este tipo de encuentros se busca impulsar un trabajo articulado del Instituto Metropolitano de Patrimonio y otras entidades del Estado, encargadas de fomentar la cultura a nivel nacional.

La Comisión de Régimen Económico nombró, por unanimidad, a los asambleístas Blanca Sacancela, Mireya Pazmiño y Pabel Muñoz como delegados a las mesas de diálogo entre el sector indígena y Ejecutivo, con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos suscritos en el Acta por la Paz con la Conaie, Feine y Fenocin, que recoge los diez puntos programáticos.
La decisión tomó la comisión luego de avocar conocimiento de la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 12 de julio, en la que recomendó a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que en la metodología de trabajo para el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y, de conformidad con lo dispuesto en el punto VI de dicho instrumento, se proceda a delegar a un asambleísta por parte de las comisiones permanentes, para que integren las mesas técnicas de trabajo.
De acuerdo con dicha resolución los delegados de la Comisión de Régimen Económico participarían en la mesa técnica que aborda temas relacionados con la focalización de los subsidios de los combustibles, banca pública y privada, así como protección de inversiones y demás.

En la Comisión de Régimen Económico, Marco Manotoa, representante de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) expuso la necesidad de realizar un análisis estratégico respecto del proyecto de Ley de Prevención de Lavado de Activos en el Fútbol Ecuatoriano, de iniciativa del asambleísta John Vinueza.
Dijo que la UAFE no descarta la posibilidad de incorporar a los clubes o instituciones dedicadas al fútbol profesional pertenecientes a las series “A” y “B” que participen de los torneos organizados por la Liga Profesional de Fútbol y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en los sujetos obligados a proporcionar información a la Unidad de Análisis Financiero y Económica (UAFE), pero para ello, es necesario realizar el análisis estratégico que podría demorar entre tres a seis meses.
Recordó que el artículo 12 de le Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos faculta a la entidad a incorporar nuevos sujetos obligados a reportar y bien se podría agregar a los clubes o instituciones dedicadas al fútbol profesional.
El asambleísta John Vinueza recordó que su propuesta modifica el artículo 5 de la ley, a fin de regular las actividades económicas de las personas naturales y jurídicas dedicadas o que tengan vínculos con el fútbol profesional, a fin de prevenir que esta actividad sea empleada como medio para el cometimiento de infracciones penales (lavado de activos o enriquecimiento ilícito).
Expresó que no solo se debería incorporar a los clubes de fútbol, sino también a los clubes de otras disciplinas deportivas, a fin de controlar estas actividades.
La presidenta de la comisión, Mireya Pazmiño, tras anunciar que la próxima semana revisarán el informe borrador del proyecto, solicitó al representante de la UAFE presente un estudio técnico sobre este particular.

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela Espinoza, convocó para el jueves próximo, a las 09h30, a la sesión No. 787 del Pleno, con el fin de elegir a los titulares de la Primera y Segunda Vicepresidencia de la Legislatura.
La elección se cumplirá de conformidad con los incisos segundo y tercero del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que determinan:
“En ausencia temporal o definitiva o de renuncia del cargo de la Presidenta o el Presidente, lo reemplazarán en su orden la Primera y la Segunda Vicepresidenta o el Vicepresidente.
La Asamblea Nacional llenará las vacantes cuando sea el caso, y por el tiempo que falte para completar el período de dos años previsto en la Ley”.
De inmediato, el Pleno iniciará el primer debate del proyecto de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, que tendrá como base le informe preparado por la Comisión de Educación.
Este proyecto tiene como objetivo fomentar planes, programas, instrumentos, instituciones y actores, para planificar, diseñar, instrumentar y evaluar los procesos de capacitación en el ámbito de la educación no formal y reconocimiento de saberes que genera valor en el sector productivo, laboral y educativo.
La cualificación es el reconocimiento de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por las personas de manera formal o no formal, luego del correspondiente proceso de evaluación, fortaleciendo su perfil profesional.
Otro temas
En el orden del día constan, además, los proyectos de resolución que declaran al 25 de julio de cada año como el Día Nacional de la Mujer Afroecuatoriana-Negra-Afrodescendiente; y, al 31 de julio el Día Nacional del Administrador Público.

Este viernes 15 de junio la Comisión del Derecho al Trabajo continuó el tratamiento del informe para primer debate del proyecto de nuevo Código de Trabajo.
La presidenta de comisión, Rina Campain, resaltó que al interior de mesa legislativa se realizó una adecuada socialización de la propuesta normativa y que para ello escuchó la opinión de expertos y actores sociales. También instaló mesas técnicas, para recibir las observaciones que sirvieron de insumo para la construcción del informe.
El asambleísta Luis Almeida sostuvo que antes de cerrar el debate de este tema es necesario requerir un informe económico, político y social en torno al contenido de la normativa para evitar problemas a futuro. Es importante promover diálogos y ampliar el proceso de socialización, para hacer un buen código, subrayó.
La legisladora Johanna Ortiz también señaló que el Ecuador necesita una norma moderna que recoja los derechos de los trabajadores.

Angélica Porras, doctora en Ciencias Políticas, enfatizó que el uso de la fuerza debe ser legítimo y excepcional, por lo que llama la atención que el Ejecutivo extienda a otras entidades, además de la Policía, Fuerzas Armadas y guardias penitenciarios, el uso de la fuerza en la resolución de conflictos, lo cual es inconstitucional e ilegal.
Este criterio lo expuso ante la Comisión de Seguridad Integral, en el marco del tratamiento de la objeción del Presidente de la República al proyecto de Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza.
Allí precisó que el Estado solo ejerce la fuerza de manera legítima tomando en cuenta los derechos de las personas y en ciertos casos, conforme lo determinan los artículos 158, 159 y 163 de la Constitución, que establecen límites y controles para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la resolución de conflictos.
Advirtió que en el artículo 1 del veto el Mandatario retira la palabra “excepcional”; y de los artículos 4 y 21 la palabra “legítimo”, lo que significa que no se toma en cuenta la excepcionalidad de la fuerza y la legitimidad al extender el uso de la fuerza a otras entidades además de la Policía y Fuerzas Armadas.
Así mismo, expresó que en el tema relacionado con el uso de animales para control de disturbios el Ejecutivo excluye la obligación de mantener el bienestar de los animales, violando lo que determinan los artículos 71 de la Constitución, 139 y 145 del Código de Ambiente.
En cuanto al uso de la fuerza en centros de privación de la libertad, señaló que el Estado no puede desbordar el uso de la fuerza con consecuencias letales para los internos en centros penitenciarios para resolver los problemas carcelarios.
Reiteró que es inconstitucional e ilegal pretender que funcionarios de otras instituciones puedan hacer uso de la fuerza. Los jueces tendrán un problema extraordinario, porque el Código Integral Penal establece con claridad que solo es para Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
De su lado, la abogada Alexandra Barba pidió a la Comisión definir con claridad el tema de las armas letales. En este marco, sugirió revisar las directrices de amnistía internacional para la aplicación de armas letales y no letales que está poco regulada en el proyecto.

Ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social el ministro de Defensa Nacional, Luis Lara Jaramillo, expuso la incidencia del cáncer de piel entre los años 2010-2012 y los pacientes atendidos por los servicios de salud del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).
Por requerimiento de la legisladora Patricia Mendoza, el Secretario de Estado presentó el informe en el que detalla los grupos de riesgo, población afectada por edad y sexo, entre otros parámetros.
Entre tanto, el coronel Edwin Hidalgo Benavides, director de Sanidad del ISSFA, informó que la enfermedad afecta de 4 a 6 varones por cada 100.000 habitantes y que en mujeres la incidencia es menor, de 2 a 3 personas.
Indicó que de acuerdo con estudios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ecuador ocupa el puesto 19 entre 170 países que manejan esta patología. Explicó que el cáncer de piel es de dos tipos no melanótico que es el más prevaleciente, pero de baja letalidad; y, melanótico que es menos común.
El funcionario dio a conocer que en el período 2010-2022 han atendido 1.222 pacientes que pertenecen al ISSFA y a otros subsistemas de la Red Pública Integral de Salud: Ministerio de Salud, IESS e ISSPOL. De ellos 1.095 pertenecen al grupo etario de más de 50 años.
Al cierre de la sesión, el asambleísta Ferdinan Álvarez, presidente de la comisión, manifestó que con la información obtenida realizarán el análisis del caso para elaborar el informe, de conformidad con el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió los criterios de Omar Simon y Nubia Villacís, exdirectivos del Consejo Nacional Electoral, respecto del proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.
Los comparecientes exhortaron a la mesa legislativa a analizar si las modificaciones planteadas aportarán a mejorar la transparencia de los nuevos procesos electorales. Omar Simon subrayó que a lo largo de los años el debate se ha generado de acuerdo a la coyuntura política que depende si el partido de gobierno tiene o no mayoría parlamentaria.
Por su parte, Nubia Villacís resaltó que cualquier reforma no se aplicará en las elecciones del 2023; sin embargo, dijo que es necesario analizar modificaciones que abonen a proceso de elecciones limpias y transparentes, en donde todos tengan iguales oportunidades para elegir y ser elegidos.
Las principales observaciones de los comparecientes fueron en torno a la forma de votación, sistema de asignación de escaños, fortalecimiento de los partidos políticos, presentación de listas, participación de jóvenes y nuevos líderes; y, presentación y evaluación del plan de trabajo de los candidatos.
En otro orden, la comisión aprobó, por unanimidad, la designación del legislador José Chimbo como delegado del organismo para participar en la mesa temática sobre seguridad, en el marco del proceso de diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena.
También aprobó el cronograma de talleres que realizará el equipo técnico de la comisión en varias provincias del país, en el marco del proceso de seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
En esta sesión, actuó como asambleísta por un día, Emilio José Domínguez, estudiante y comunicador de un medio digital.

El asambleísta Ricardo Vanegas presentó una solicitud de juicio político en contra de la exministra de Salud, Ximena Garzón, por causas relacionadas a la falta de medicinas, adquisición de medicamentos que incumplen estándares de calidad; y, supuesto negociado con empresas públicas de universidades para la compra de medicamentos.
Ricardo Vanegas indicó que, desde octubre de 2021, la exministra Garzón recibió informes por parte de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), en los que se advirtió que varios hospitales públicos adquirieron medicamentos que no son aptos para el consumo humano, los proveedores no cumplen la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura; y, en algunos casos, el tiempo de caducidad es inferior a los 24 meses que establece la norma.
Según informó el legislador, el documento advierte que el Ministerio de Salud coordinó con el Servicio de Compras Públicas las reformas al Reglamento General de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública para aprovisionar al Sistema de Salud de medicinas, insumos médicos y otros, mediante contratos de régimen especial con empresas públicas de universidades, lo que permitió que los proveedores no justifiquen las buenas prácticas de manufactura exigidas por Arcsa, y que se ponga en riesgo la salud de los ecuatorianos al adquirir medicamentos e insumos que no cuentan con la calidad necesaria para el consumo humano y eficacia terapéutica.
Recordó que el 11 de julio de 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado ecuatoriano que adopte medidas inmediatas que posibiliten un tratamiento médico adecuado y oportuno, garantizando acceso regular a los medicamentos necesarios y prescritos por los profesionales de salud.
Finalmente, informó que toda la información será presentada ante la Fiscal General del Estado para que realice la investigación correspondiente. “Se ha jugado con la vida y la salud de los ecuatorianos, los responsables no solo deben ser censurados, sino ir a la cárcel” dijo.

La Asamblea Nacional ratificó, por unanimidad, el Acuerdo entre los Gobiernos de Estados Unidos y Ecuador para el intercambio de información en materia tributaria, que permitirá una eficiente cooperación de la identificación de actividades y transacciones realizadas en el exterior.
El instrumento internacional está compuesto por 15 artículos, los cuales determinan el procedimiento para el intercambio de información, que se realizará bajo cláusulas de reserva y confidencialidad, lo que permitirá a las administraciones tributarias tener mayor precisión en la determinación, liquidación y recaudación de los tributos comprendidos en el instrumento internacional.
El Acuerdo se rige por los principios de transparencia, eficiencia, eficacia y cooperación internacional, lo que podrá fortalecer el sistema tributario de ambos países y tener un mayor control, en aras de mejorar la recaudación tributaria y, con ello, cumplir las finalidades que establece el ordenamiento jurídico.
El parlamentario Luis Cervantes, ponente del instrumento internacional, señaló que el intercambio de información fiscal se ha convertido en un mecanismo eficaz, que permite a los Estados verificar el cumplimiento de las obligaciones de las operaciones económicas de sus contribuyentes.
Actualmente, el intercambio de información constituye un mecanismo de cooperación entre las administraciones tributarias, ya que facilita la aplicación efectiva de tributos y procura evitar la evasión y el fraude fiscal, por tanto, contiene aspectos relevantes como la posibilidad de denegar o no la solicitud de información, así como aspectos de confidencialidad, precisó Cervantes.
Mencionó que la evasión en Ecuador representa el 7% del PIB, es decir, 7.600 millones de dólares. Señaló que el Acuerdo tiene como objeto prestar asistencia mutua en el intercambio de información tributaria de los contribuyentes del Ecuador y Estados Unidos y se encuentra sustentado en el principio de cooperación que rige las relaciones internacionales de conformidad con lo establecido en la Constitución.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 83 votos afirmativos, destituyó a Yeseña Guamaní Vásquez, del cargo de Segunda Vicepresidenta, por incumplimiento de funciones, en cuanto a lo establecido en los artículos 14 y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, referentes al procedimiento de calificación de proyectos de ley, sobre la base del informe de la Comisión Pluripartidista Ad hoc.
Tras la lectura del informe, la asambleísta Yeseña Guamaní ejerció su derecho a la defensa. Explicó que el proceso seguido en su contra no tiene asidero técnico jurídico porque se pretende juzgar a la Vicepresidenta por haber planteado una moción, en ejercicio del derecho que tienen todos los legisladores, frente a una evidente contradicción entre dos normas constitucionales.
Aseguró que la parte denunciante no presentó ni actuó prueba alguna que justifique un proceso disciplinario en su contra. “Me voy con honor y dignidad, porque la decencia no se negocia”, dijo.
De su lado, la legisladora denunciante, Jhajaira Urresta, reiteró que la asambleísta Guamaní incumplió funciones al plantear que se suspenda la calificación de un proyecto de ley encaminado a derogar el Decreto Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Por esta decisión, la calificación del referido proyecto excedió en 27 días el plazo previsto en la ley (60 días), advirtió.
Enfatizó que la actuación de la asambleísta Guamaní ha detenido el trabajo emergente de la Asamblea Nacional al servicio del país. Por ello, se entró en un proceso de remediación de las malas actuaciones de quienes son parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL), al indicar que la Legislatura debe recuperar su carácter de contrapeso frente a los abusos de poder por parte del Ejecutivo.
Debate
En el debate participaron 12 asambleístas, de distintas bancadas y organizaciones políticas, quienes comentaron el proceso seguido por la Comisión Pluripartidista Ad hoc, las causales invocadas por la denunciante, así como los argumentos de la defensa. En el caso de quienes apoyaron el proceso disciplinario, destacaron que en todo momento se respetaron las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa.
Mientras, quienes respaldaron la gestión de Yeseña Guamaní cuestionaron que se juzgue a una legisladora por mocionar que un tema de contradicción entre dos normas de la Constitución sea analizado por la Corte Constitucional, previo pronunciamiento del Pleno de la Legislatura, lo cual constituye un mal precedente en la práctica parlamentaria.

Con el objeto de escuchar observaciones que permitan fortalecer el proyecto de Ley Reformatoria a Varios Cuerpos Normativos: Código Orgánico Integral Penal, Código de la Función Judicial para implementar el Modelo de Justicia Terapéutica, la Comisión de Justicia escuchó los aportes de Carlos Carrasco, experto en Derecho Penal.
Según Carrasco este proyecto permitirá disminuir el hacinamiento en las cárceles del país y la rehabilitación para las personas privadas de la libertad; sin embargo, dijo, para esto se debe tener varias consideraciones y ajustes, de modo que solo quienes tengan una sentencia condenatoria podrán ingresar a estos centros terapéuticos.
Comentó que la justicia terapéutica constituye un avance necesario para el desarrollo de la ciencia penal, cuya aplicación se recomienda sea con personas con sentencia ejecutoriada.
Consideró que este programa de justicia terapéutica debe ejecutarse en centros de privación de la libertad y centros de rehabilitación social y que para ello SNAI debe fortalecerse con profesionales de la salud y expertos en criminología. La supervisión, control y posterior integración a la comunidad debe estar a cargo del SNAI, con la vigilancia de un juez de garantías, mas no del Fiscal que tiene a su cargo el caso, considerando que la función de la Fiscalía es investigar e impulsar casos para su judicialización, explicó. Sin embargo, aclaró que la persona consumidora de sustancias psicotrópicas no puede ser condenada, en razón de que el consumo no es delito.
La asambleísta Lucía Placencia, proponente del proyecto, indicó que con ello se busca evitar el hacinamiento en las cárceles del país y permitir el tratamiento de personas con problemas de consumo de sustancias psicotrópicas en centros de terapia, con un modelo de justicia terapéutica.
El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo, solicitó al compareciente que remita sus observaciones por escrito, mismas que servirán de insumos para elaborar el informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.

La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley de Acción Social y Voluntariado en el Ecuador, recibió las observaciones de representantes de fundaciones.
Luz Gutiérrez, directora del Voluntariado para la Ayuda Social-Ecuador, resaltó la importancia de tener un mundo lleno de solidaridad y respecto por la diversidad. Comentó que “a través del voluntariado construimos nuevas generaciones con valores dedicadas a mejorar las condiciones sociales y globales”.
Tras advertir que el proyecto no se refiere a la promoción del voluntariado, manifestó que es necesario apoyar y desarrollar la cultura del voluntariado sobre todo en capacitación de las personas que trabajan en protocolos de seguridad y abuso sexual de menores.
De su lado, Mónica Rivadeneira, directora de la Fundación UBECI, explicó que su organización trabaja en la erradicación del trabajo infantil. Al exponer la necesidad de fortalecer la ayuda a las organizaciones sociales, resaltó que el proyecto prevé la transmisión de conocimientos, lo que -a su criterio- es algo positivo para las organizaciones sociales.
Entre tanto, David Téllez, comunicador social y máster en marketing político, sostuvo que esta iniciativa es una necesidad desde hace mucho tiempo, para respaldar la labor de organizaciones sociales que trabajan con grupos vulnerables. Este rol altruista y solidario ha generado oportunidades de inclusión por parte del voluntariado, subrayó.
Expresó que Ecuador no tiene una legislación que regule y proteja la acción del voluntariado como lo tienen otros países de la región, a la vez que recordó que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, dictada en 2010, establece que el Estado reconoce y protege al voluntariado de acción social, pero hace fata la normativa para regular esta actividad.
Consideró que también hace falta articular el trabajo entre el sector público y las organizaciones sociales de voluntariado, con el objetivo de generar incentivos que permitan involucrar a estos grupos en los programas y proyectos públicos de acción social.
Finalmente, el presidente de la comisión, Ferdinan Álvarez, agradeció a los expositores y anunció que las sugerencias y propuestas serán consideradas en el proceso de debate y construcción de la normativa.

El asambleísta Ramiro Narváez presentó el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y otros cuerpos legales, que tiene como objetivo garantizar la tutela efectiva de las víctimas.
La propuesta busca asegurar la “garantía del doble conforme”, como un elemento esencial que forma parte del debido proceso, para poder condenar a una persona por un acto delincuencial.
El legislador explicó que la reforma está dirigida a favor del sentenciado, con el fin evitar la ejecución de la pena sin que un ente superior confirme la legalidad de la condena, coincidiendo o discrepando la sentencia, lo cual otorga mayor seguridad y tutela a través de una doble verificación y valoración de la prueba.
Según el proyecto, podrá interponer este recurso toda persona procesada que haya sido condenada por primera vez en sentencia dictada por un Tribunal de Apelación de las Cortes Provinciales de Justicia, por delitos cuyo ejercicio de la acción penal sea público o privado y para contravenciones.
Recordó que la Corte Constitucional, en sentencia de 17 de noviembre de 2021, declaró la vulneración del derecho al doble conforme, y dispuso que la Corte Nacional de Justicia contará con un plazo de dos meses para regular provisionalmente, a través de una resolución, un recurso que garantice el derecho al doble conforme de las personas que son condenadas por primera vez en segunda instancia, de conformidad con los parámetros establecidos en la mencionada sentencia.
El parlamentario informó que las reformas establecen parámetros para la reparación de víctimas y clarifica los elementos de cálculo para la reparación económica, a la vez que resaltó que el proyecto garantiza el cumplimiento de instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.

Gil Eduardo Aguilar Romero, Notario 61 del cantón Quito, fue designado mediante sorteo público, para dar fe de los procesos que se desarrollen dentro del concurso para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Asimismo, María del Pilar Flores Flores, Notaría 12 del cantón Quito, será la notaria suplente.
El sorteo público en el que se seleccionaron los notarios principal y suplente para este proceso de designación, se realizó el 14 de julio, durante la continuación de la Sesión Extraordinaria No. 27 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que además contó con la presencia de veedores ciudadanos en forma presencial y telemática.
El evento fue transmitido en vivo, mediante la plataforma Youtube en el canal de Consejo CPCCSEc y en el sitio web institucional www.cpccs.gob.ec. Este procedimiento se realizó utilizando una máquina de selección por gravedad de esferas plásticas numeradas del 1 al 86, conforme el registro de notarios del cantón Quito, proporcionado por el Consejo de la Judicatura. Los veedores ciudadanos que vigilan la transparencia del proceso verificaron la secuencia numérica de las esferas, las ingresaron al ánfora y operaron el mecanismo de selección de las esferas en el sorteo.
Abg. Hernán Ulloa Ordóñez
Presidente del CPCCS

Del 12 al 21 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) receptará las solicitudes de las organizaciones políticas, para el acompañamiento de los procesos de Democracia Interna, que definirán las candidaturas que terciarán en los comicios del próximo 5 de febrero.
El Código de la Democracia establece que para el desarrollo de sus procesos electorales internos, las organizaciones políticas contarán con el apoyo, la asistencia técnica y la supervisión del CNE, en una o en todas las etapas de dicho procedimiento.
Según el cronograma electoral, los procesos de Elecciones Primarias se realizarán del 22 de julio al 5 de agosto de 2022. Para la definición de candidaturas, las organizaciones políticas deben cumplir con las reformas al Código de la Democracia, que establece la obligación de que el 30% de las listas de candidatos estén lideradas por mujeres y que se incluya al menos un 25% de jóvenes.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió, este 13 de julio, convocar a la conformación de una Veeduría Ciudadana nacional para el seguimiento a las mesas de diálogo entre la Conaie, Feine y Fenocin con el Gobierno Nacional. Además, aprobó un reconocimiento post mortem a los médicos que perdieron la vida en la lucha contra la pandemia del COVID-19; y un exhorto al presidente de la República, para garantizar la estabilidad laboral de los servidores públicos.
Previamente, por moción de la consejera Ibeth Estupiñán, los consejeros recibieron a los ciudadanos Bety Ruales y César Cárdenas, del Colectivo Nacional de Organizaciones y Ciudadanos, quienes a través del mecanismo de la silla vacía, solicitaron que el CPCCS promueva la participación de la ciudadanía en la vigilancia, no solo del proceso de diálogo, sino del cumplimiento de los acuerdos a los que se lleguen. De esta manera, se fortalece la fiscalización directa de la ciudadanía en este importante proceso, que repercute en un mayor beneficio para el Ecuador.
Además, por moción del presidente del Consejo, Hernán Ulloa, se resolvió emitir un reconocimiento post mortem a los médicos que fallecieron en la lucha contra la pandemia del Covid-19 en Ecuador. El reconocimiento atiende a un pedido de la Asociación Iberoamericana de los Derechos del Trabajo y de la Seguridad Social “Guillermo Cabanellas”. Cabe destacar que este reconocimiento no implica una declaratoria de héroes y heroínas nacionales.
En otro punto, por moción del consejero David Rosero, el Pleno del CPCCS resolvió exhortar al presidente Guillermo Lasso para que derogue el Decreto Ejecutivo 457, de 18 de junio de 2022, con la finalidad de garantizar la estabilidad laboral de los servidores públicos y por lo tanto el servicio de calidad, calidez y eficacia que los ecuatorianos debemos recibir de las instituciones estatales.
Abg. Hernán Ulloa Ordóñez
Presidente del CPCCS

La Comisión de Régimen Económico aprobó el cronograma para el tratamiento de los proyectos de iniciativa de los asambleístas Viviana Veloz, Bruno Segovia, Vanessa Álava y Paola Cabezas que fueron unificados. Para recabar observaciones a las propuestas legales, la mesa legislativa sesionará en territorio y en la sede legislativa a donde serán invitados sectores vinculados con la materia.
La legisladora Mireya Pazmiño, presidenta de la mesa legislativa, indicó que el informe para primer debate podría estar listo el 10 de octubre próximo, luego de sistematizar las observaciones y las propuestas.
Según el plan de trabajo invitarán a Valeria Llerena, de la Red de Instituciones Financieras; Patricia Chanabá, de Asomif; Édgar Peñaherrera, de Asofipse y a Marco Rodríguez, representante de Asobanca. De la sociedad civil citarán a Walter Banda Curay, del Frente Agrícola Lamanense.
También serán convocados Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria; Rosa Guerrero, de la Superintendencia de Bancos; María Paulina Vela, de la Junta Financiera y Roberto Romero, de la Conafips.
Respecto de la metodología, el asambleísta Pabel Muñoz sugirió que la mesa legislativa realice un diagnósticos de los proyectos de ley, propuesta que fue respaldada por los legisladores Blanca Sacancela y Byron Maldonado.
Por iniciativa de Byron Maldonado la mesa decidió realizar seminarios con la participación de la academia. El 27 de julio será el primero en la ciudad de Guayaquil.

La asambleísta Dina Farinango, vicepresidenta de la Comisión de Justicia, presentó el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y otros Cuerpos Normativos para la Defensa de los Pequeños y Medianos Productores.
La legisladora aseveró que esta propuesta la ha trabajado en minga con todos los actores involucrados en esta problemática para presentar hoy un proyecto reformatorio al Código Ingenios con el objetivo de parar de manera definitiva estos abusos. Se trata de una propuesta normativa para fortalecer el ejercicio de los derechos y regular de manera apropiada temas relativos a propiedad intelectual.
Explicó que el proyecto se relaciona con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y busca promover el crecimiento económico inclusivo y la reducción de desigualdad.
Es un proyecto de siete artículos donde proponemos que en los famosos Comités Consultivos de la Economía Social de los Conocimientos tengan representación de los pueblos y nacionalidades, para que nunca más hablen de conocimientos ancestrales sin una real participación de nosotros, enfatizó la legisladora.
Igualmente, resaltó que esta propuesta normativa brindará mejores herramientas a las autoridades, estableciendo prohibiciones en operadores para evitar que se generen entornos de competencia desleal para el sector productivo pequeño y mediano.

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, junto a Íñigo Salvador, procurador General del Estado; Walter Sandro, director Nacional de Análisis Normativo e Incidencia en Política Pública de la Defensoría del Pueblo; Franklin Galarza, presidente de la Asociación de Municipalidades y Juan Pablo Albán, director de las Clínicas Jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito, analizó la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza.
El asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la comisión, expresó que es necesario construir una ley que sirva a la gente y a las instituciones, evite los excesos y brinde herramientas para proteger a la ciudadanía.
El Procurador del Estado expuso su desacuerdo con el uso de los términos asumidos con relación a las armas menos letales, porque las armas de mayor o menor grado causan daño. Sostuvo que la Asamblea para resolver el veto debe ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos y al texto constitucional.
Walter Sandro, director Nacional de Análisis Normativo e Incidencia en Política Pública de la Defensoría del Pueblo, sugirió ratificar el texto propuesto por la Asamblea Nacional, considerando que la rendición de cuentas es un principio transversal para mantener la transparencia en las gestiones que realiza el Estado en todos sus niveles.
Franklin Galarza, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas puso énfasis en las limitaciones que tienen los gobiernos autónomos descentralizados por mandato constitucional, por lo que les preocupa que se los califique como órganos de control.
Juan Pablo Albán, docente y Director de las Clínicas Jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito, señaló que el uso de la fuerza debe estar definido por la excepcionalidad, planeado y limitado proporcionalmente por parte de las autoridades cuando han fracaso todos los demás medios de control.

Como parte del acompañamiento técnico que brinda el Consejo Nacional Electoral (CNE) a las organizaciones políticas para que acaten las reformas al Código de la Democracia en la inscripción de candidaturas que participen en las Elecciones Seccionales 2023, se habilitó el Simulador Virtual por la Equidad e Inclusión. Este mecanismo tecnológico les permite verificar el cumplimiento de porcentaje de mujeres y jóvenes en sus listas de candidatos.
La herramienta cuenta con parámetros estandarizados para que los partidos y movimientos políticos calculen el número de candidaturas, cumpliendo con el 30% de mujeres encabezando las listas, así como la inclusión de aspirantes jóvenes, en un 25%, tal como se estableció en las reformas electorales, que entraron en vigencia en el 2020.
El sistema contempla cuatro áreas de simulación: prefecturas, alcaldías, concejalías urbanas y rurales, además de juntas parroquiales. Se puede acceder al Simulador Virtual por la Equidad e Inclusión a través del portal web del CNE, en el siguiente enlace:
https://simuladorcandidatos.cne.gob.ec/

Del 12 al 21 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) receptará las solicitudes de las organizaciones políticas, para el acompañamiento de los procesos de Democracia Interna, que definirán las candidaturas que terciarán en los comicios del próximo 5 de febrero.
El Código de la Democracia establece que para el desarrollo de sus procesos electorales internos, las organizaciones políticas contarán con el apoyo, la asistencia técnica y la supervisión del CNE, en una o en todas las etapas de dicho procedimiento.
Según el cronograma electoral, los procesos de Elecciones Primarias se realizarán del 22 de julio al 5 de agosto de 2022. Para la definición de candidaturas, las organizaciones políticas deben cumplir con las reformas al Código de la Democracia, que establece la obligación de que el 30% de las listas de candidatos estén lideradas por mujeres y que se incluya al menos un 25% de jóvenes.

En el hemiciclo del Parlamento se analizó, en primer debate, el proyecto de reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip), orientado a que los presupuestos para los sectores salud y educación sean incrementales, para lo cual la propuesta busca normar y regular el cálculo para su incremento anual, de conformidad con lo establecido en la Constitución, dijo el legislador Pabel Muñoz, ponente del informe de la Comisión de Régimen Económico.
Muñoz dio cifras de la reducción constante de los montos para estos dos sectores. Por ejemplo, para el sector salud, en el 2016 el presupuesto fue de 3.925 millones de dólares y para el 2022 de 3.402 millones de dólares, es decir, 523 millones de dólares menos. Lo mismo ocurre en el sector educación: en 2016 fue de 4.291 millones de dólares y en 2022 de 3.419 millones de dólares, es decir, 872 millones de dólares de reducción.
Añadió que a través del proyecto se establece con claridad el cumplimiento de la meta constitucional de los mínimos de las asignaciones presupuestarias de 6 % y del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) para educación y salud, respectivamente.
Debate
En el debate, 18 asambleístas de distintas bancadas mostraron su apoyo al proyecto y destacaron las disposiciones transitorias 18 y 22 de la Constitución, respecto de la obligación del Estado para destinar recursos en forma progresiva para los sectores educación y salud.
Subrayaron que entre el 2016 y 2022, en educación hay una reducción de 872 millones de dólares, lo que significa el deterioro del sistema educativo. Caso similar sucede en el área de salud donde se reduce 523 millones de dólares entre el 2016 al 2022, pese a que la Carta Magna determina el incremento de presupuesto para los referidos sectores, que son pilares fundamentales para el progreso y desarrollo del Ecuador.
Enfatizaron en la importancia de garantizar los presupuestos incrementales anuales, así como la necesidad de realizar un análisis técnico financiero y económico. Recordaron que el Estado debe buscar medidas progresivas para el cumplimiento del mandato constitucional, más cuando el sistema de salud está colapsado.
Así mismo, consideraron que -simultáneamente- en la lucha por un mayor presupuesto para el área social se determine como eje transversal la lucha contra la corrupción.

La asambleísta Mireya Pazmiño presentó el proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero para Impulsar la Competencia Extranjera en el Sistema Financiero Nacional, que tiene la finalidad de evitar el monopolio, reducir las tasas de interés y abrir la posibilidad que participe la banca extranjera.
Las legisladora, al sustentar su propuesta, manifestó que el mayor acceso al crédito y los bajos costos financieros (tasas de interés) constituyen factores sustanciales para el desarrollo económico y social de un país ya que facilitan la disponibilidad de recursos para la inversión, principalmente de micro, pequeños y medianos productores.
Explicó que este impulso es posible a través de una competencia entre las entidades del sistema financiero y una menor concentración en cuanto a su participación en el mercado de intermediación financiera.
Además, expuso que de la composición de los activos del sistema financiero nacional privado se encuentra un elevado porcentaje de los activos en pocas entidades bancarias, lo que se refleja en un nivel promedio de los depósitos de las entidades financieras en el Banco Central.
Finalmente, la legisladora Mireya Pazmiño expresó que esta normativa pretende generar competencia en el sistema financiero nacional para promover el ingreso de flujo de dólares a la economía del país y que con la participación de la banca extranjera se abrirá una verdadera competitividad para reducir las tasas de interés.

La Asamblea del Ecuador, a través de la legisladora Rina Campain, de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Unión Interparlamentaria (UIP), participó de la conmemoración del Día Internacional del Parlamentarismo, cita cumplida en Montevideo, Uruguay. Con esta oportunidad, la UIP desarrolló varias actividades, que incluyeron la reunión de su Comité Ejecutivo, para la edición del 288 período ordinario de sesiones.
Paralelamente, el cónclave internacional, conjuntamente con el Parlamento de Uruguay, organizó el Seminario Regional sobre Cambio Climático para los Parlamentos de América Latina y el Caribe, un diálogo crítico a nivel interparlamentario para mejorar la acción climática en la región.
Los representantes de varios países de Latinoamérica y otras latitudes tuvieron la oportunidad de compartir las mejores prácticas, experiencias y lecciones aprendidas de sus esfuerzos nacionales para abordar el cambio climático, a través de la implementación del Acuerdo de París.
“La historia de la UIP representa una esperanza y el increíble poder que tienen los países cuando trabajan juntos. Nuestros fundadores en 1889 entendieron que el diálogo y la diplomacia parlamentaria eran las formas más efectivas para resolver los desacuerdos en ese momento. Hoy, esos valores fundamentales nunca han sido más relevantes con un mundo que enfrenta la guerra, el hambre y la emergencia climática. Hoy los parlamentarios juegan un papel fundamental en la búsqueda de soluciones a estos desafíos”, aseguró Enrique Duarte Pacheco, presidente de la UIP.

Ante la Comisión de Desarrollo Económico comparecieron representantes del sector de la construcción de las provincias de El Oro y Loja, quienes aducen sentirse afectados por el Servicio de Rentas Internas. Advirtieron que se calcula de forma errónea el porcentaje de utilidades, lo que ha generado una deuda impagable con el ente de control.
Eddy Espinoza y Washington Salcedo, de la provincia de El Oro, aseguraron que el proceso que les sigue el Servicio de Rentas Internas les ha quitado el derecho a trabajar, ya que les impone una utilidad de hasta el 80%, cuando en realidad el margen de utilidad es del 5% y 6%.
Afirmaron que por esta razón han sido inhabilitados en el Sistema Nacional de Contratación Pública, a la vez que aseveraron que el ente de control realizó un cálculo antitécnico de los valores generados y no les ha dado una respuesta a sus pedidos.
Al igual que ellos, Orlando Pineda, de la provincia de Loja, recalcó que el sector constructor generaba fuentes de empleo y ahora, producto de este tipo de decisiones, se encuentran bloqueados y no pueden ser un sector productivo.
Por su parte, Danilo Muela, director de Cumplimiento Tributario del Servicio de Rentas Internas, informó el trabajo que realiza la entidad para el cálculo del porcentaje de utilidad, procesos de control que corresponden a los años 2016, 2017 y 2018, en los que se identificó diferencias en sus contratos y compras.
Afirmó que la institución ha brindado alternativas para que quienes se sienten afectados presenten la documentación pertinente para hacer una revisión del proceso.
Frente a ello, la asambleísta Johanna Moreira denunció que existen recursos de revisión ganados por los constructores y al poco tiempo son anulados. También expresó que no han recibido respuesta por parte del SRI, a pesar que por más de un año han estado realizado la gestión.
Al finalizar la reunión, la comisión decidió solicitar al Servicio de Rentas Internas la información para viabilizar soluciones a este caso y conocer otros similares en el resto de provincias.

La Comisión de Fiscalización y Control Político acogió el informe presentado por la Procuraduría General del Estado respecto al impedimento para enjuiciar políticamente al Consejo de Nacional Electoral, considerando que inició un período electoral.
El juicio político en contra de los consejeros Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera, Esthela Acero y el exconsejero Luis Verdesoto, por incumplimiento de funciones al no permitir que se verifiquen las inconsistencias presentadas en 39.000 urnas en las elecciones generales de febrero de 2021 fue presentado por los asambleístas Joel Abad y Mario Ruiz Jácome, de Pachakutik.
La asambleísta Ana Belén Cordero, después de conocer el informe presentado por el Procurador del Estado, Íñigo Salvador, propuso acoger el informe de la Procuraduría y suspender la sustanciación del proceso de solicitud del juicio, moción fue aprobada por unanimidad por los ocho asambleístas presentes.
Finalmente, el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, convocó a sesión para este miércoles 13 de julio, en la que se dará a conocer el pedido de juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura presentado por los asambleístas Viviana Veloz y Fausto Jarrín.

En la Comisión de Régimen Económico los asambleístas Bruno Segovia, Paola Cabezas y Vanessa Álava expusieron el contenido de los proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero, así como el alcance del proyecto de Ley para el Refinanciamiento y Facilidades de Pago en Créditos con el Sistema Financiero y No Financiero Nacional; Entidades Emisoras de Tarjetas de Crédito y Casas Comerciales Acreditadas en el país.
En esta reunión de trabajo estuvieron presentes delegados de la Cooperativa Nuevos Horizontes, de la provincia de Loja, interesados en conocer las propuestas legales que tramitará la comisión.
María Palacios, en representación del legislador Bruno Segovia, señaló que la crisis financiera puso en evidencia la necesidad de fortalecer la supervisión a las instituciones financieras y crear un fondo para cobertura en caso de liquidación forzosa, a fin de que no sea el Estado el que asuma la carga de la crisis, ni se empleen dineros de todos los ecuatorianos. En este marco, dijo que se propone reformar los artículos 316 y 317 del Código Monetario.
Señaló que el objetivo de la propuesta es resguardar o respaldar los ahorros de las familias ecuatorianas afectadas por el denominado feriado de cooperativas. Con este fin se reforman las disposiciones relacionadas con el Fondo de Seguro de Depósitos, contenidas en el Código Monetario; y, se añade una disposición transitoria que permita, con el carácter retroactivo que recursos que han ingresado a la Cuenta Única del Tesoro Nacional pueda ser devueltos a los depositantes de las entidades financieras privadas y de la economía popular y solidaria sometidas a liquidación forzosa.
En cambio, la legisladora Paola Cabezas planteó la reforma al inciso cuarto del artículo 358 del Código Monetario para que la información de riesgo crediticio no tenga una antigüedad mayor a tres años contados a partir de la última fecha de vigencia de la operación de crédito. Precisó que los reportes de información crediticia harán referencia únicamente a las operaciones vigentes, vencidas o canceladas del último año anterior a la fecha de su expedición.
Indicó que el objetivo es establecer flexibilidad crediticia, disminuir los tiempos de registro de la central de riesgos; mejorar la calificación de riesgos y recuperar cartera vencida de la banca pública y privada, con el fin de permitir a la ciudadanía económica y financieramente activa acceda a créditos para ejecutar sus emprendimientos, mencionó.
Mientras, la parlamentaria Vanessa Álava, explicó que el proyecto de ley para el Refinanciamiento y Facilidades de Pago en Créditos con el Sistema Financiero y No Financiero Nacional, Entidades Emisoras de Tarjetas de Crédito y Casas Comerciales busca que los usuarios cuenten con información clara y suficiente al momento de suscribir los contratos y contraer obligaciones.
También se pretende que los deudores puedan solicitar el refinanciamiento y facilidades de pago en sus créditos y obligaciones contraídas; prohibir todo tipo de maniobra que busque esconder un acto o contrato ilegítimo o el cometimiento de anatocismo.
Además, crear una normativa clara para que los jueces o cualquier autoridad administrativa o judicial eviten la vulneración de derechos de los deudores, precisó la legisladora.
La presidenta de la comisión, Mireya Pazmiño, indicó que los tres proyectos se unificarán con otros tres proyectos que versan sobre la misma materia, a fin de estructurar el respectivo informe.

Este lunes 11 de julio el Grupo Interparlamentario de Amistad entre Ecuador e Italia mantuvo una nueva sesión de trabajo, en la que compartió información con los miembros de la contraparte italiana y analizó la propuesta de trabajo.
El asambleísta John Vinueza, presidente del grupo, enfatizó que entre los temas que tendrán prioridad en el trabajo consta en combate al narcotráfico, para lo que es importante compartir la información de los Ministerios del Interior de Italia y Ecuador.
Tras señalar que también revisarán los contenidos de la Ley de Minería, sugirió crear subcomisiones entre los senadores de los dos países, con el fin de optimizar los debates y el trabajo.
Jazmín Moyano, en representación del legislador Washington Varela, presidente de la Comisión de Biodiversidad, propuso conformar mesas técnicas para tratar temas de minería, recursos hídricos y biodiversidad. “Desde la Comisión de Biodiversidad se está construyendo un Código Integral Amazónico, además de las leyes de Minería y de Recursos Hídricos”, subrayó.
Además John Vinueza informó que existen tres puntos relevantes de la agenda interparlamentaria tendientes a generar eventos para promover acercamientos con los ministerios de los dos países para generar debates sobre temas ambientales y legislativos.
Finalmente, tras agradecer a los miembros del Grupo Interparlamentario Ecuador e Italia, anunció que en los próximos días habrá una reunión con directivos las cámaras de producción de Italia.

El asambleísta Mario Ruiz presentó el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal que tiene como objetivo ampliar la rehabilitación integral y reinserción de las personas privadas de la libertad, y mejorar el sistema de rehabilitación social en el país.
El parlamentario explicó que el proyecto crea las herramientas jurídicas para que las personas privadas de libertad tengan la opción de trabajar y producir y que para ello en los centros de rehabilitación social y en los de detención provisional se promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacidad laboral, producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud mental y física, y de cultura y recreación.
Así mismo, sostuvo que el sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades hasta recuperar la libertad.
Mario Ruiz expresó que este proyecto, que tiene que ver con los derechos al trabajo, a la educación y recreación de las personas privadas de la libertad, parte del análisis de los registros del universo de población carcelaria.
Resaltó que para ello se han considerado las sentencias de la Corte Constitucional relativas a varios parámetros para mejorar la situación del sistema de rehabilitación social, como es el fortalecimiento de la coordinación y cooperación interinstitucional para incorporar y reconocer las modalidades de trabajo, actividades laborales, productivas, ocupacionales y producción agrícola.
Por último, el legislador afirmó que se busca asegurar que estas personas puedan acceder a actividades ocupacionales, y de escolaridad y puedan alcanzar el bachillerato, a través de educación a distancia, entre otros aspectos.

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral avocó conocimiento de la objeción parcial del presidente de la República, Guillermo Lasso, al proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza que fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 7 de junio de 2022.
Durante la sesión, el Prosecretario de la comisión dio lectura a la objeción parcial que el Ejecutivo hizo a 16 artículos y 5 disposiciones reformatorias; seguidas de algunas consideraciones técnicas presentadas por el equipo asesor, para advertir vicios de inconstitucionalidad y contravenir algunos estándares internacionales en varias observaciones.
Entre las principales objeciones realizadas por el primer mandatario se encuentran temas relacionados con el uso de animales en manifestaciones; rendición de cuentas; uso de la fuerza por niveles; participación de militares en un estado de emergencia, además del de excepción; fiscalización de las acciones de Fuerzas Armadas, investigaciones luego de haber usado la fuerza; y, que los servidores regulados por esta ley no cometen infracción penal alguna en cumplimiento de su deber legal.
Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad, resaltó el trabajo realizado por la mesa legislativa. Señaló que las observaciones del Ejecutivo representan el 16% del total del proyecto. Sin embargo, subrayó que se debe hacer una análisis profundo de la propuesta presidencial, ya que se han encontrado observaciones que contravienen la Constitución de la República y permite la subjetividad en la aplicación de la fuerza.
Informó, también, que para tratar la objeción parcial contarán con los aportes de expertos en temas de seguridad y uso de la fuerza.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea Nacional examinará la objeción parcial dentro del plazo máximo de 30 días contados a partir de la fecha de su entrega.

Por: Lcda Rosamaria Calderón C.

El conocimiento técnico científico, estudiado por no muchos, se convierte en lumbrera cuando los estudiosos lo transmiten. Eso fue lo que el Dr. Rafael Correa Delgado, compartió con la comunidad educativa de la prestigiosa universidad La Sorbona de París, atendiendo una invitación del Rector de ese centro de altos estudios de la ciudad de la luz París. Cabe recordar q siendo presidente, fue conferenciante en el mismo centro superior, esta es la segunda vez, en ser invitado
La disertación tuvo como título: “El enigma del desarrollo: una visión Latinoamericana”
abordó temas tales como la riqueza en recursos, de la región más desigual del mundo (Latinoamérica) y las razones que impiden su crecimiento. Con la solvencia y la ilustración técnica q posee el Dr. Correa expuso su intelecto a jóvenes ávidos de ampliar conocimientos en el acontecer económico, de esta región desigual, pero también bella y familiar.
La comunidad educativa a población educativa históricamente es un centro de estudios superiores de acreditado prestigio que junto a otras academias como: Salamanca, Oxford y Bolonia son de las más reputadas del mundo. Fue fundada en 1257 por el señor Roberto Sorbon. Paulatinamente ha ido reformándose, sin perder su grandeza.
Entre sus connotados maestros se encuentran: Louis Pasteur, Víctor Hugo, Simone de Beauvoir, René descartes, Pierre y Marie Curie, San Ignacio de Loyola; entre muchos más.
Esta alma mater de ciencias y letras es muy rigurosa en escoger a su plana docente y a los invitados para desarrollar el intelecto de su comunidad educativa. Es por ello que se vuelve de orgullo ecuatoriano y continental que el Dr. Rafael Correa, haya sido invitado para discernir sus potenciales intelectuales en economía, con estudiantes, docentes y público invitado.
Gracias excelentísimo y querido eterno presidente del Ecuador, por dejar muy en alto el nombre de este país, tierra de gente buena y grata.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Hernán Ulloa, expuso el estado actual del proceso de designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, el 6 de julio. Explicó también las acciones que se han realizado en dicho proceso, con el fin de cumplir con los parámetros de transparencia y objetividad.
Las preguntas de los asambleístas giraron en torno a un posible incumplimiento de requisitos por parte de una de las integrantes de la terna remitida por el Ejecutivo. Al respecto, el presidente Ulloa señaló que al interior del CPCCS se recibieron dos alertas ciudadanas sobre la relación del título de socióloga de la postulante Rosa Guerrero con las materias previstas en el reglamento de designación y, sobre el tiempo de experiencia profesional de la postulante Doris Padilla. Por lo que el Pleno del organismo resolvió consultar a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) sobre las alertas.
La respuesta de la SENESCYT certificó que las materias de la carrera de la postulante Rosa Guerrero coinciden en un 60% con la carrera de economía, por lo que sí se considera que son carreras relacionadas; y que el título profesional de la postulante Doris Padilla fue emitido en el año 2013, por lo que no cumple con el requisito de acreditar experiencia profesional de al menos 10 años. En ese sentido, el presidente Ulloa destacó que se acudió a la SENESCYT debido a que es la institución competente para absolver estas consultas, según la Ley Orgánica de Educación Superior.
Señaló también que el proceso de designación no ha concluido, pues se encuentra en la etapa de impugnación ciudadana, por ende el CPCCS no puede pronunciarse sobre la aptitud de los postulantes, ya que sería anticipar un criterio y, por ende, atentar contra la objetividad e imparcialidad. Acotó que corresponde continuar con la audiencia de impugnación que se encuentra pendiente, para que con base en los argumentos que se presenten se tome la resolución pertinente, y que si se llegara a aceptar la impugnación se solicitaría al presidente de la República que remita una nueva terna, como corresponde de acuerdo a la normativa.
Participaron también en la comparecencia los consejeros Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos, quienes presentaron sus posturas sobre el análisis del proceso.
Abg. Hernán Ulloa Ordóñez
Presidente del CPCCS

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el propósito de contribuir a un óptimo desarrollo de las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) 2023, aprobó reformas a tres normativas:
Reglamento para la Selección, Conformación, Funcionamiento y Reconocimiento de Incentivos a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV); el Reglamento de Votación Telemática en las Circunscripciones Especiales del Exterior; y, el Reglamento para la Promoción de las y los Candidatos a Consejeras y Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). 
Además, el Pleno del órgano electoral aprobó la postulación del proyecto de inversión pública, denominado “Adquisición de equipos tecnológicos para la implementación de un centro de datos alternos para el Consejo Nacional Electoral” ante la Secretaría Nacional de Planificación, para continuar garantizando la eficiencia y transparencia en la ejecución de los comicios.

El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica trabaja en políticas de sensibilización ciudadana sobre la conservación de ecosistemas frágiles, entre ellos, los humedales, dijo el titular de esta cartera de Estado, Galo Manrique, en su comparecencia ante la Comisión de Soberanía Alimentaria.
La autoridad acudió a la mesa para tratar sobre la situación del humedal Abras de Mantequilla, cuya conservación está a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos, que es uno de los 18 humedales con registro Ramsar (Convenio Internacional) en Ecuador.
El Secretario de Estado explicó que en el ente rector del Ambiente su administración está a cargo de varios funcionarios, uno de ellos el responsable de la Subsecretaría de Patrimonio Natural, otro sería la Regional 5 del Ministerio.
Insistió en que lo fundamental es que el ente rector trabaja en la sensibilización ciudadana sobre los ecosistemas frágiles, a fin de tomar acciones para su conservación, considerando la importancia de los humedales por su diversidad biológica, el abastecimiento de agua y la capacidad de adaptación a los cambios climáticos.
Previamente, Oswaldo Burgos, representante de los recintos situados alrededor del humedal Abras de Mantequilla, expresó la preocupación de más de 60 recintos, de los cantones Puebloviejo, Ventanas y Mocache, por la presencia de empresas que están comprando tierras para cultivo de banano y palma africana, para lo cual están desviando los esteros, con una grave afectación a la vida silvestre de la zona. Frente a ello, requirió acciones inmediatas de las autoridades para evitar la depredación de este importante ecosistema.
Código de Soberanía Alimentaria
En la tarde de este miércoles, 6 de julio, la comisión recibió a Romelio Gualán, Fabián Calispa y José Negrete, dirigentes de la Coordinadora Nacional Campesina “Eloy Alfaro”, quienes formularon algunas observaciones y sugerencias al proyecto de Código de Soberanía Alimentaria.
Partieron su análisis desde la importancia de la agricultura campesina para la sostenibilidad de la alimentación. Por ello, consideraron necesario que la mesa debata sobre el uso de la tierra, toda vez que el minifundio ya no da más, por lo que se requiere poner límite a la tenencia de terrenos. Así mismo, dijeron que las tierras con mejor capacidad productiva están concentradas en grandes grupos económicos.
Igualmente, propusieron se tenga en cuenta la asignación de recursos para el Fondo Nacional de Tierras, porque actualmente solo existe el membrete. Sugirieron que se busque una solución a la problemática de los créditos que tienen los productores, como consecuencia de la pandemia de Covid 19, se respete la prelación del uso del agua, de conformidad con el mandato constitucional y que se establezcan mecanismos para que se respeten los precios al productor, entre otros temas.

Durante tres horas los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, Sofía Almeida, David Rosero y Juan Dávalos informaron ante la Comisión de Transparencia los avances en el concurso de méritos y oposición para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos.
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, informó que el proceso se encentra en la etapa de impugnación y se lo ha realiza según los parámetros establecidos para que la persona que cumpla los perfiles profesionales y de probidad dirija la Superintendencia de Bancos.
En el caso de la postulante Rosa Matilde Guerrero, a quien se le ha denunciado que no cumple los requisitos legales, indicó que solicitaron a la SENESCYT certifique si el título de tercer nivel como licenciada en Sociología y Ciencias Políticas corresponde a las áreas afines relacionadas a economía, finanzas, administración y derecho. Admitió que si encuentran alguna irregularidad se devolverá la terna al Ejecutivo.
De su lado la consejera Sofía Almeida explicó que en el proceso no se está cumpliendo el cronograma establecido y que también se han visto irregularidades en otros concursos, opinión que fue compartida por el consejero David Rosero, quien señaló que la ley es clara al disponer que se requiere título de tercer nivel en las áreas de economía, finanzas, administración y derecho, requisito que no cumple la postulante.
Para los legisladores la terna presentada por el Gobierno no cumple los requisitos mínimos para acceder a este concurso. Advirtieron que no se ha respetado el principio de interculturalidad.
Los asambleístas expresaron que si se ha incumplido la normativa el proceso para la selección de Superintendente de Bancos debe volver a cero. Solicitaron la información de quienes conforman la Comisión Técnica para la designación del Titular de la Superintendencia, sus funciones y el tiempo que trabajan en la institución, con el fin de transparentar este proceso, evitar conflictos de interés y vigilar que se cumpla la Ley y la Constitución.

La Contraloría General del Estado, entre 2019 y 2022, ha efectuado 191 operativos de control sobre el uso honesto de los recursos públicos en el ámbito de la salud, dijo el titular de este organismo, Carlos Riofrío, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político. De estos procesos se han emitido 166 informes generales, en 87 casos se elevaron informes con indicios de responsabilidad penal, añadió.
Indicó que 115 procesos corresponden al Ministerio de Salud Pública, a través de 101 unidades y dependencias a nivel nacional. Los casos en estudio comprometen 651 millones de dólares, de los cuales 281 millones están en el área del ente rector de la salud y 377 millones de dólares en los procesos de contratación desarrollados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Aseguró que los operativos se ejecutaron a partir de denuncias de la ciudadanía, a través de diferentes canales, incluidas las que se presentaron en los balcones de servicios de la Contraloría, de manera telemática, en la página web institucional.
Entre los principales hallazgos de Contraloría en los referidos procesos constan: no se justificó el proceso de compra por emergencia; no se motivó adecuadamente la necesidad de realizar una contratación emergente; falta de estudios de mercado; prórroga de plazo para la entrega sin sustento técnico ni jurídico; y adjudicación sin las respectivas garantías.
Sin que este sea un justificativo para la presencia de estos fenómenos en la contratación pública, el Contralor del Estado expresó su preocupación por la excesiva rotación del personal en el sector público. En varias instituciones, por el uso y abuso de las distintas modalidades contractuales, ningún funcionario quiere hacerse cargo de la administración de uno o más contratos, para evitar involucrase en posibles irregularidades.
Al ser consultado sobre las diferencias de precios entre la contratación de un hospital y otro, tratándose de las mismas medicinas o insumos, Carlos Riofrío enfatizó que de su experiencia en la Contraloría ningún proceso es igual a otro, por consiguiente, no se puede inferir que por la sola diferencia de precios puede haber alguna irregularidad, todo depende de varios factores que deben ser analizados por las empresas contratantes, previo cumplimiento de los procesos previstos en la ley.

La Comisión de Niñez y Adolescencia avanzó en el estudio del proyecto de Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (COPINNA). En la jornada de este miércoles los legisladores revisaron los articulados que tratan sobre el derecho a la identificación, derecho a la protección de víctimas de abuso sexual en exámenes médicos.
También analizaron el derecho a la prevención y protección de niños, niñas y adolescentes en condición de embarazo. En este aspecto, revisarán si las normas han considerado las sentencias expedidas por la Corte Constitucional en esta materia.
Además, conocieron los textos finales del Título II del COPINNA, en el que consta el derecho a la salud e higiene menstrual, derecho al acceso a la información adecuada, normas sobre acceso a espectáculos públicos y derecho a la educación emocional.
La presidenta de la comisión, Pierina Correa, informó que si bien estos temas se consideran también en otras leyes que se debaten en la Asamblea Nacional, estos textos son especializados para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Este código ha sido trabajado con los equipos técnicos de los legisladores junto a Unicef, para procesar las observaciones y recomendaciones, así como las sentencias de la Corte Constitucional.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social recibió a Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social y a Diana Apraes, directora del Registro Social, para analizar la política del Bono de Desarrollo Humano, las pensiones no contributivas, la protección y evolución de beneficiarios, y el proceso de actualización del Registro Social.
La legisladora Katiuska Miranda, quien solicitó estas comparecencias, se refirió a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y pensiones que tienen como base el Registro Social 2014 – 2018, a la vez que aseveró que el Ministerio de Inclusión Económica y Social debe adoptar acciones para garantizar el acceso a las transferencias monetarias de los usuarios que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza.
Explicó que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en diciembre de 2016 la pobreza extrema en el Ecuador fue del 9% y en diciembre de 2021 llegó al 11%, mientras que en el Registro Social a diciembre de 2016 constan 1.644.117 ciudadanos pobres extremos, pero para diciembre de 2021 se contabilizaron 1.446.795, es decir, evidencia una disminución del 13%.
Al respecto, el ministro Esteban Bernal precisó que el objetivo de bonos y pensiones es la protección social para cubrir pisos mínimos de vulnerabilidades de personas y núcleos familiares en condición de pobreza y extrema pobreza.
Informó que el MIES incorporó el Programa de Transferencias Monetarias para quienes necesitan un bono o pensión por encontrarse en condición de pobreza o vulnerabilidad y que las personas que pertenecen a estos grupos prioritarios son adultos mayores, personas con discapacidad y familias con niñas, niños y adolescentes menores de 18 años.
Señaló que las trasferencias monetarias a los beneficiarios se las realiza a través del cruce mensual de datos y que la selección de usuarios (con excepción del Bono 1000 días) se realiza en función del Registro Social vigente, a fin de verificar el cumplimiento de las demás condiciones de habilitación a cada una de las transferencias monetarias, de conformidad con la normativa legal vigente.
De su lado, Diana Apraes, directora del Registro Social, sostuvo que en la base del registro constan 2.8 millones de familias, que representan más de 9.5 millones de personas. Explicó que constantemente realizan el levantamiento del registro social y verificación de los datos administrativos y procesos internos, lo que ha permitido lograr una mejor identificación de las poblaciones más vulnerables en el país.
En este sentido el asambleísta Carlos Falquez resaltó que es fundamental la asistencia y obra social por parte del Estado para las personas que se encuentran en condición de vulnerablidad.
Al finalizar, el legislador Ferdinan Álvarez, presidente de la comisión, sostuvo que estos procesos de fiscalización que realiza la mesa legislativa sirven para que la ciudadanía se sienta atendida.

Con 99 votos afirmativos y 10 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional dispuso que las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y de los ministerios de Salud, y de Finanzas comparezcan ante la Comisión de Salud, en un plazo máximo de 20 días, para que informen el plan de acción y las medidas presupuestarias que adoptaron para solucionar la crisis del Sistema Nacional de Salud Pública.
Luego de un amplio análisis de la información presentada por dichas autoridades sobre la escasez de medicamentos, atención hospitalaria, convenios de pago y adquisición de insumos, los legisladores aprobaron una resolución de 6 artículos que pretende, según explicó el legislador proponente, Juan Cristóbal Lloret, “establecer responsabilidades políticas por la negligente gestión en salud y resolver los problemas de la ciudadanía”.
También advirtió presuntos incumplimientos, omisiones y desidia en la solución de los problemas que aquejan a nuestra población, lo cual podría derivar en un juicio político por incumplimiento de funciones por parte de las autoridades del Sistema Nacional de Salud y de Finanzas.
Además, exhortó la renuncia de los vocales del Consejo Directivo del IESS, ya que tampoco han adoptado las medidas correctivas y oportunas frente a la actual situación de la Seguridad Social.
Debate
En el debate intervinieron 22 asambleístas de diferentes bancadas legislativas, quienes afirmaron que miles de ciudadanos han sido afectados por la pésima gestión de las autoridades de salud. También advirtieron la necesidad de establecer un nuevo esquema para la Seguridad Social, a fin de alcanzar eficiencia y calidad en los servicios.
Señalaron que las autoridades no han dado una respuesta a la crisis que enfrenta el área de salud, misma que se ahonda por la reducción de presupuestos. También se habló de la posibilidad de llamar a juicio político a la exministra de Salud, Ximena Garzón y que la renuncia de algunas autoridades no les libra de responsabilidad por la falta de medicamentos y atención médica, despidos inhumanos y antitécnicos del personal de salud.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con el voto unánime de los 110 asambleístas presentes, exhortó a la Defensoría del Pueblo que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 215 de la Constitución y 20 de la Ley Orgánica de la Defensoría, constituya una Comisión Especial que realice una investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador desde el 13 de junio de 2022, en el marco del paro convocado por las organizaciones sociales e indígenas.
La finalidad de esta Comisión Especial de Investigación será establecer la verdad, justicia y reparación para todas las posibles víctimas que muestran evidencias de eventuales vulneraciones a los derechos humanos y, en consecuencia, alcanzar la reconciliación nacional.
El ente legislativo recomienda al Defensor del Pueblo que la referida comisión especial se constituya con la participación de expertas y expertos independientes en representación de las organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, académicos, iglesias y gremios profesionales.
Dicho informe deberá ser entregado en el término de 90 días ante la ciudadanía y remitir una copia certificada a la Asamblea Nacional, para lo cual, la Institución Nacional de Derechos Humanos dispondrá las medidas administrativas, presupuestarias, de coordinación y cooperación nacional e internacional necesarias para el cumplimiento del fin propuesto.
Así mismo, exhorta a los órganos de administración de justicia para que en los procesos que se han iniciado o que se inicien como resultado de los hechos ocurridos en el paro eviten la criminalización de la protesta y garanticen el ejercicio del derecho a la resistencia contemplado en la Constitución y solicita al Defensor del Pueblo disponga la vigilancia del debido proceso judicial o administrativo en dichas causas.
La resolución dispone a la Comisión de Garantías Constitucionales haga el seguimiento respectivo para el cumplimiento de esta resolución, para lo cual realizará todas las acciones pertinentes en el marco de sus facultades e igualmente, que investigue los hechos relacionados con el paro sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyan infracciones y los acuerdos establecidos entre el gobierno y las organizaciones indígenas y sociales, sobre lo cual elaborará un informe pormenorizado.
Esther Cuesta, proponente de la resolución, fundamentó su pedido en la necesidad de conocer la verdad de la represión durante la protesta social, hechos que constituyeron vulneración de derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas adultas mayores, ataques a los centros de paz.
Durante el debate, en el cual participaron 10 asambleístas, hubo pronunciamientos en el sentido que la protesta social se produjo por la desatención del Gobierno a los sectores más pobres de país, entre ellos, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, al amparo del derecho a la resistencia contemplado en el artículo 98 de la Constitución de la República.
Así mismo, fustigaron la intención de determinados sectores de calificar a las movilizaciones como una expresión de la violencia y el vandalismo, con el financiamiento del crimen organizado, comentarios que no se compadecen con la protesta social ejercida por sectores sociales, en demanda de sus derechos.

La crisis que enfrenta el sistema nacional de salud fue tema de debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, a donde acudieron autoridades y representantes de gremios, organizaciones sociales y colectivos ciudadanos, quienes expusieron sus puntos de vista sobre la escasez de medicamentos, atención hospitalaria, convenios de pago y adquisición de insumos.
El ministro de Economía, Simón Cueva, expuso los rubros del Presupuesto General del Estado para el sistema de salud pública, que incluye el pago de deudas pendientes. Informó la cancelación de más de dos mil millones de dólares al IESS y se prevé otro por más de US$ 2.500.
En cuanto al Ministerio de Salud, recordó que el presupuesto inicial fue de 3.132 millones de dólares, el codificado de US$ 3.260 millones, es decir hubo incremento para atender al sistema nacional de salud. Además, se dispuso 43 millones de dólares para proyectos de infraestructura en los hospitales de Manabí y Esmeraldas y US$ 130 millones para la compra de medicamentos e insumos y el pago a proveedores externos, luego de realizar las auditorías.
Luis Antonio Clavijo, vocal del Consejo directivo del IESS, recordó que las prestaciones deben garantizar el bienestar del asegurado y sus familias. Dijo que desde el 2015 realizaron un plan para robustecer el sistema de salud en cuanto a la reconstrucción de hospitales. Precisó que los gastos de esta institución sobrepasan los 2.500 millones de dólares y se evidencia un déficit en las prestaciones médicas.
Por su parte, César Rodríguez, otro de los vocales del Consejo Directivo, señaló que el Gobierno realizó un abono de US$ 140 millones de dólares para el área de salud, que ha requerido para este año un nuevo pago por 500 millones para solventar el déficit del Seguro de Salud y que se adopten las acciones para la compra de medicamentos para atender a personas con enfermedades catastróficas. Informó que una de las preocupaciones es la deuda con Solca que se acerca a los 100 millones de dólares.
Kenia Ramírez, directora general del IESS, recordó la misión fundamental de la institución y el manejo de los seguros especializados, así como la necesidad de la descentralización operativa. Mientras, Daniel Rodríguez, director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, enfatizó que la prestación de servicios de salud está en crisis y le preocupa el desabastecimiento de medicamentos. Insistió en la necesidad que el Ministerio de Finanzas cumpla el pago de la deuda.
Javier Toledo, director del Seguro Social Campesino, señaló que existen 659 unidades médicas distribuidas en siete zonas en todas las provincias del país que dan atención de primer nivel. Cuentan con 768 médicos. Dijo que el desabastecimiento de medicamentos es a nivel nacional en toda el área de salud.
María Jijón, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, señaló que entre el 2018 y 2021 se han realizado 17.112 procedimientos por más de 416 millones de dólares para la compra de medicamentos a través de los distintos procedimientos por los cuatro subsistemas de salud. Pidió realizar reformas a la ley que les rige que permita alcanzar un sistema de contratación pública moderna y eficiente.
Carlos Riofrío, Contralor General del Estado, informó que la entidad realizó 187 auditorías a unidades y dependencias del Ministerio de Salud Pública y del IESS. Detalló los principales hallazgos en las fases precontractual, contractual y de ejecución, como los convenios de pago por falta de procesos. Respecto de los exámenes especiales en el sistema de salud, indicó que existen 120 informes con indicios de responsabilidad penal que han sido remitidos a la Fiscalía.
La exministra de Salud, Ximena Garzón, se excusó de asistir por haber renunciado a su cargo; mientras el presidente del Consejo Directivo del IESS, José Ortega, solicitó nueva fecha y hora para comparecer, en virtud de haber sido posesionado hace poco.
Comisiones generales
El Pleno de la Asamblea Nacional escuchó a representantes de siete organizaciones y gremios de médicos, trabajadores de la salud, de Padres de Niños con Cáncer, quienes advirtieron la desvinculación de 1.600 profesionales que estuvieron al frente de la pandemia y que varios de ellos, no han sido reintegrados, pese a tener sentencias a favor. También cuestionaron el desabastecimiento de insumos y medicamentos en los centros de salud que en muchos casos ha ocasionado la muerte de pacientes con enfermedades raras, huérfanas y catastróficas.
Al finalizar, afirmaron que el sistema de salud está en crisis, por lo que pidieron soluciones urgentes.

Prevenir el consumo de drogas y asegurar la rehabilitación de las personas con adicciones es uno de los objetivos del proyecto de reformas a varios cuerpos legales que presentó la legisladora Geraldine Weber, quien resaltó que con ello busca viabilizar la norma constitucional que obliga al Estado a desarrollar programas de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos.
Este proyecto reforma las Leyes Orgánicas de Educación Intercultural, de Educación Superior, de Salud y el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
Tras advertir que las adicciones son un problema de salud pública, aseveró que en materia de prevención, el Estado a través del Ministerio de Educación no ha establecido en la malla curricular de las instituciones educativas materias o programas permanentes de información sobre el perjuicio que ocasionan las drogas, considerando los múltiples daños y perjuicios al organismo, a la psiquis humana, a las familias y a la sociedad en general.
La parlamentaria expresó su preocupación porque en materia de rehabilitación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos adictos el Estado apenas mantiene en atención permanente a un aproximado de quinientas personas a nivel nacional, en 12 centros públicos especializados en tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas, mientras que el sector privado cuenta con 39 centros, lo que resulta extremadamente insuficiente para atender a decenas de miles de ecuatorianos que necesitan para recuperar su salud e integrarse como ciudadanos activos a la sociedad y al desarrollo nacional.
Geraldine Weber aseveró que aspira enfrentar estos problemas con el proyecto que entre otros aspectos pretende implementar una materia sobre el consumo de drogas en el pénsum académico; prácticas preprofesionales en centros y clínicas de rehabilitación; carrera de tecnólogos en rehabilitación de adicciones; centros ambulatorios y de internamiento; alianzas público-privadas; profesionalización de los trabajadores de rehabilitación y asegurar el respectivo presupuesto.

Desde el 1 de julio del 2022, la Comisión Verificadora para el proceso de recepción de candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), verifica el cumplimiento de requisitos de los postulantes que buscan candidatizarse para estas dignidades.
Esta fase del calendario electoral se extenderá hasta el próximo 30 de julio e incluye la revisión de la documentación presentada, así como las denuncias ciudadanas y el derecho a la contradicción ejercido por los postulantes.
Una vez concluida esta etapa, se abrirán las fases de impugnación y apelación, antes de la publicación del listado final de candidatos calificados para integrar el CPCCS, prevista para el 23 de septiembre de 2022.
Para ampliar la información contactarse con la Dirección de Análisis Político y Difusión Electoral

En el marco de los procesos de fiscalización, la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral recibió la información del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional sobre los casos relacionados con la sustracción de armas del Cuartel Modelo de Guayaquil y la presunta captación ilegal de dinero.
Según la información remitida por el Ministerio del Interior, la denuncia relativa a la sustracción de armas se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía General del Estado y se mantiene como información reservada.
Ante la presunta participación de miembros de la Policía Nacional en la captación ilegal de dinero en los casos denominados Big Money y Tik - Tok Grupo Renacer, explicó que se han seguido los procesos disciplinarios a seis servidores policiales a quienes se les ha iniciado sumarios administrativos por incurrir en faltas administrativas graves.
El presidente de la comisión, Ramiro Narváez, indicó que es alarmante contar con este tipo de informes, que evidencian la existencia de actos que no están apegados a la ley, a la vez que aseveró que la situación amerita una investigación pormenorizada y determinar si la Policía puede sancionar bajo sus propios elementos e investigaciones, porque este tipo de hechos no pueden quedar en la impunidad.
Se debe comprender y trabajar en herramientas para que este tipo de casos no se repitan, subrayó el legislador, al recordar que existe un proyecto de reformas al régimen disciplinario de la Policía Nacional, mismo que debe ser fortalecido.

La Comisión de Régimen Económico luego del análisis del Informe a la Nación del Presidente de la República, concluyó que solo el 40% de la información oficial está debidamente respaldada; el 30% contiene imprecisiones en las cifras y el 30% restante no se sustenta en cifras y datos de las propias instituciones gubernamentales.
Los parlamentarios contrastaron la información recabada de las autoridades respectivas, las respuestas de las entidades consultadas y la información oficial publicada por las instituciones responsables en los ejes económico, social, seguridad, producción y trabajo.
En el documento que será puesto a conocimiento del Pleno, la Comisión de Régimen Económico señala que de las 130 metas del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno presentó solo 41 metas en el informe de gestión.
Se precisa que el Gobierno ha incumplido la disposición de presentar el informe de evaluación del Plan Nacional de Desarrollo al Consejo Nacional de Planificación para que este organismo emita la resolución correspondiente. De acuerdo con lo que informa el Secretario de Planificación no existe un Informe de Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo para el primer año de gobierno, incumpliéndose así los artículos 24 y 39 del Código Orgánico de Planificación.
También advierte que el 31,5% de las metas del Plan Nacional de Desarrollo tiene una programación para cada año, por lo que es imposible determinar si el Gobierno está cumpliendo o no al 100% su propia planificación, es decir, no se podrá evaluar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en un 68,5% en los años restantes.
De conformidad con lo que dispone el Código de Planificación al no existir una evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y no haber sido conocida por el Consejo Nacional de Planificación, es imposible determinar al momento si las metas que muestran trayectoria de incumplimiento serán modificadas, o en su defecto, el Gobierno realizará los ajustes en la política pública que permitirán su cumplimiento, según el informe.
El informe será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que sea puesto en consideración del Pleno del Legislativo.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), este lunes 4 de julio, resolvió negar la entrega de los formularios para la recolección de firmas de revocatoria del mandato, interpuestas en contra del Presidente de la República, debido a que los proponentes, en sus solicitudes únicamente realizaron enunciados del supuesto incumplimiento, sin adjuntar la documentación que justifique sus afirmaciones, conforme lo contempla la Ley.
Además, incumplieron con los requisitos que la Ley determina, es decir, los peticionarios comparecieron a nombre de una organización sin establecer la existencia legal de la misma, ni incluir el nombramiento que los acredite como sus representantes, por lo que no cuentan con la legitimación activa.
Por otro lado, se determinó que los aspectos del Plan de Trabajo presentado en la inscripción de candidaturas para la Presidencia de la República están programados para ejecutarse en los cuatro años de mandato.
Reiteramos que el CNE ha cumplido con los procedimientos legales y reglamentarios, así como ha garantizado el debido proceso a las partes.
Para ampliar la información contactarse con la Dirección de Análisis Político y Difusión Electoral

Tras reconocer el "fracaso colectivo" del pasado, en la declaración final de la Conferencia, los líderes mundiales pidieron este viernes más ambición para garantizar que se aborde el grave estado de los océanos, y admitieron con franqueza estar "profundamente alarmados por la emergencia global a la que se enfrenta el mar".
En la clausura, el secretario general adjunto paraj Asuntos Jurídicos, Miguel de Serpa Soares, elogió a los coanfitriones, Portugal y Kenya, por el gran éxito de la conferencia.
"[La Conferencia] nos ha dado la oportunidad de destapar cuestiones críticas y generar nuevas ideas. También ha dejado claro el trabajo que queda por hacer y la necesidad de seguir trabajando en la recuperación de nuestros océanos", dijo Serpa Soares.
Más de 6000 participantes, entre ellos 24 jefes de Estado y de Gobierno, y más de 2000 representantes de la sociedad civil asistieron a la Conferencia, abogando por acciones urgentes y concretas para hacer frente a la crisis de los océanos.
Fracaso colectivo
Reconociendo un "fracaso colectivo en la consecución de los objetivos relacionados con los océanos" hasta el momento, los líderes renovaron su compromiso (EN) de tomar medidas urgentes y cooperar a todos los niveles, para alcanzar plenamente los objetivos lo antes posible.
Entre los problemas a los que se enfrenta el Océano están la erosión de las costas, la subida del nivel del mar, el calentamiento y acidificación de las aguas, la contaminación marina, la sobreexplotación de las poblaciones de peces y la disminución de la biodiversidad marina.
La declaración reconoce también que el cambio climático es "uno de los mayores retos de nuestro tiempo", y da fe de la necesidad de "actuar con decisión y urgencia para mejorar la salud, la productividad, el uso sostenible y la resiliencia del océano y sus ecosistemas". Los altos cargos políticos reunidos en Lisboa subrayaron que las medidas innovadoras y con base científica, junto con la cooperación internacional, son esenciales para aportar las soluciones necesarias.
Tras abogar por un cambio transformador, los líderes destacaron la necesidad de abordar los efectos acumulativos del calentamiento global sobre los océanos, incluyendo la degradación de los ecosistemas y la extinción de especies.
Reafirmar los compromisos
El documento reafirma que el océano es fundamental para la vida en nuestro planeta y para nuestro futuro, los firmantes resaltaron la especial importancia de aplicar el Acuerdo de París de 2015, y el Pacto Climático de Glasgow del pasado noviembre para ayudar a garantizar la salud, la productividad, el uso sostenible y la resiliencia del océano.
"Nos comprometemos a detener y revertir el deterioro de la salud de los ecosistemas marinos y la biodiversidad del océano, y a proteger y restaurar su resiliencia e integridad ecológica", apuntaron.
Los compromisos incluyen:

• La iniciativa “Desafío de Proteger Nuestro Planeta” invertirá al menos 1000 millones de dólares para apoyar la creación, ampliación y gestión de áreas marinas protegidas para 2030

• El Banco Europeo de Inversiones extenderá 150 millones de euros adicionales a toda la región del Caribe como parte de la iniciativa de Océanos Limpios para mejorar la resiliencia climática, la gestión del agua y la gestión de los residuos sólidos

• Portugal se comprometió a garantizar que el 100% de la zona marina bajo soberanía o jurisdicción portuguesa se evalúe como en buen estado ambiental y a clasificar el 30% de las zonas marinas nacionales para 2030

• Kenya está desarrollando actualmente un plan estratégico nacional de economía azul, inclusivo y orientado a las múltiples partes interesadas. Además, se comprometió a elaborar un plan de acción nacional sobre los desechos plásticos marinos

• India se comprometió a realizar una campaña de mares limpios en las costas y trabajará para prohibir los plásticos de un solo uso

• Proteger o superar el 30% de las zonas marítimas nacionales para 2030

• Lograr la neutralidad del carbono para 2040

• Reducir la contaminación por plásticos

• Aumentar el uso de energías renovables

• Destinar miles de millones de dólares a la investigación sobre la acidificación de los océanos, a proyectos de resiliencia climática y al seguimiento, control y vigilancia

El Consejo de Administración Legislativa, en sesión realizada este domingo, bajo la dirección de su presidente, Virgilio Saquicela, calificó cinco proyectos de ley, relacionados con la seguridad social, contratación pública y personas con discapacidad, mismos que fueron remitidos a diversas comisiones para iniciar el trámite respectivo.
Se trata del proyecto de reformas a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, propuesto por los legisladores Jorge Abedrabbo y Elina Narváez, mismo que será sustanciado por la Comisión del Derecho al Trabajo.
También fueron calificados dos proyectos propuestos por la asambleísta Marcela Holguín. El primero reforma la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que será remitido a la Comisión de Régimen Económico, para el trámite correspondiente. El segundo modifica la Ley Orgánica de Discapacidades, que será analizado por la Comisión de Garantías Constitucionales.
Por último, el Consejo de Administración Legislativa calificó los proyectos de reformas a la Ley para la Institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, como espacio de encuentro y fomento de las expresiones culturales e identidad del Ecuador; y, Ley para el desarrollo sostenible del sector cafetalero, de autoría el legislador Byron Maldonado. Estas iniciativas legislativas serán tramitadas por las comisiones de Educación y de Soberanía Alimentaria, respectivamente.

La Comisión de Fiscalización y Control Político resolvió, por unanimidad, realizar un seguimiento al desarrollo del Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural que tiene, entre otros componentes, la inclusión laboral acorde con la Agenda Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades 2015-2024.
El organismo consideró que es un tema de gran trascendencia, más aún cuando el país -luego de 18 días de paro nacional-, queda conmocionado por la escalada de violencia, las personas fallecidas, los cientos de heridos, y con una sociedad fracturada; con varios sectores donde se exacerbó el racismo, la discriminación y la falta de empatía con el sector campesino, que en altos porcentajes es representado por los pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afrodescendientes.
A fin de evaluar los avances en el cumplimiento de la referida agenda, la mesa dispuso la comparecencia de los ministros de Trabajo, de Educación, de Inclusión Económica y Social, de Cultura, de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Finanzas, así como del Presidente del Consejo de la Judicatura y del Titular de la Secretaria Técnica del Consejo para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades.
La presencia de los funcionarios de Estado será incorporada en el cronograma de trabajo establecido por la Comisión de Fiscalización, de manera que no se alteren otros procesos de control político, investigación y la sustanciación de juicios políticos.
Comparecencia de José Morillo
En otro orden, la comisión recibió a Juan José Morillo, vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), quien indicó que el audio difundido en un reportaje de televisión, el pasado 29 de junio, que lo involucraría con gestiones para mantener a Iván Saquicela fuera de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, es una grabación que no tiene valor probatorio, pues habría sido filtrado de manera ilegal y con violación a derechos garantizados en la Constitución.
Aseguró que lo preocupante es que la persona que grabó y filtró ese audio prefirió enviarlo a un medio de comunicación, cuando si consideraba que entraña el cometimiento de algún delito, debió denunciarlo en la Fiscalía.
Dijo que, aparentemente, se trata de un mismo audio, segmentado, editado, con el propósito de afectar mediáticamente la imagen y el buen nombre suyo como vocal del Consejo de la Judicatura y la del órgano administrativo de la Función Judicial. Recordó que le asiste el derecho a la presunción de inocencia y que tratándose de un tema que está en investigación, será necesario determinar la veracidad de ese audio.

La Comisión Pluripartidista Ad Hoc que sustancia la denuncia presentada por la asambleísta Jhajaira Urresta en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yeseña Guamaní, conoció y aceptó las solicitudes de asambleístas que participarán en la audiencia de práctica de pruebas de cargo, descargo y alegatos que se realizará el próximo 4 de julio a las 09:00.
Según las solicitudes presentadas y previa la aceptación de las comisionadas los asambleístas Marlon Cadena, Rodrigo Fajardo, Ricardo Vanegas, Ana Belén Cordero, Wilma Andrade, Blanca Sacancela, Juan Fernando Flores, Eitel Zambrano y Vanessa Freire participarán en esta audiencia.
Además, se notificó la participación del abogado Santiago Velásquez como comisionado de la Defensoría de Pueblo para que realice las diligencias y vigilancia del cumplimiento del debido proceso y el legítimo derecho a la defensa.

La Agenda Parlamentaria Anual constituye el instrumento que, junto a los plazos y procedimientos determinados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, guían la gestión y las prioridades en el ejercicio de las funciones del Pleno, Consejo Administración Legislativa (CAL), comisiones especializadas, grupos parlamentarios y bancadas legislativas de la Asamblea Nacional.
En ese contexto, la cuarta vocal del CAL, Johanna Moreira Córdova, solicitó al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que se elabore y apruebe, a la brevedad posible, la Agenda Parlamentaria Anual 2022 - 2023.
La legisladora sugirió que en la construcción de la Agenda Parlamentaria se incluya la participación de los integrantes del CAL, comisiones especializadas, grupos parlamentarios y bancadas legislativas, para promover la unidad de todas las fuerzas de la Asamblea Nacional.
Además, manifestó que es fundamental la participación de los movimientos sociales que lideraron las protestas sociales pacíficas y de representantes nacionales de organizaciones agropecuarias, productivas, empresariales, sindicales, profesionales, juveniles, feministas, estudiantiles y demás actores sociales indispensables para mantener vigente un verdadero Estado democrático y participativo.
“El proceso de elaboración, seguimiento, evaluación y aprobación de la agenda, representa una oportunidad para promover la participación ciudadana en la gestión parlamentaria, puesto que permite incorporar las demandas y propuestas de la ciudadanía para la solución de los problemas nacionales; debemos sintonizar con la gente”, destacó la asambleísta Moreira, quien representa a la provincia de El Oro.
El pedido de la asambleísta Moreira se sustenta en el numeral 1 del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que indica que es función del Consejo de Administración Legislativa planificar las actividades parlamentarias.

El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto que reforma la Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de las Personas que padecen Diabetes, por el cual se establece un régimen legal para garantizar las medidas de prevención y diagnóstico en todas las etapas, a través de un programa nacional de atención a la diabetes.
El presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, autor y ponente del proyecto, Marcos Molina, subrayó que se trata de proteger, prevenir y tratar una de las enfermedades más catastróficas que tiene el pueblo ecuatoriano. Por ello, se pretende actualizar la ley vigente desde el 2004, tiempo en que la tecnología y la ciencia han progresado en su tratamiento; cambia el enfoque del tratamiento hacia un abordaje multidisciplinario con énfasis en la prevención, en especial a los grupos de atención prioritaria, comunidades, pueblos y nacionales, agregó.
Con la propuesta se busca garantizar los derechos de las personas que padecen la enfermedad de manera integral; que la diabetes no sea causa de discriminación; que no se niegue el seguro médico privado y que las instituciones de educación superior fomenten la especialización de profesionales para su tratamiento. Además asegurar el acceso, actualización e inclusión de medicamentos en el cuadro básico de medicamentos.
Análisis
El legislador Joel Abad explicó los graves daños que causa la diabetes y en la importancia de la prevención de la enfermedad, siendo necesario implementar políticas públicas de Estado.
Pedro Velasco y Wilman Trujillo coincidieron en trabajar en políticas integrales. Velasco reflexionó si es o no necesario tener una ley para cada enfermedad que son consideradas catastróficas. Sugirió analizar las disposiciones del Código de la Salud respecto a estas enfermedades. Trujillo analizó la viabilidad de una ley de manera particular. A su criterio se requiere recuperar el sentido común en la formulación de la normas, observando la integralidad.
Una ley muy importante
En este contexto, Ana Fernanda Sánchez, directora de la Casa de la Diabetes, enfatizó en la importancia de la ley y recalcó que la diabetes es un patología crónica, invasiva que ha ocasionado miles de millones de muertes.
En este sentido dijo que la ley busca optimizar la salud y calidad de vida de las personas con diabetes y de aquellas susceptibles de adquirir, así como garantizar la atención integral resumida en cuatro capítulos: al ente rector le da la posibilidad de generar un programa nacional de atención a la diabetes, en el que se aborde, la prevención, alimentación saludable, ejercicios físicos, control y salud mental.
Paul Gárate, presidente de la Alianza por la Salud, recalcó que en Ecuador una de cada 10 personas padece diabetes y muchas personas se complica con otras enfermedades. Recordó que han trabajado de manera mancomunada con instituciones públicas y privadas para impulsar el proyecto.
“Se trata de optimizar las instituciones del Estado; la intervención de los gobiernos autónomos con su apoyo solidario en el tratamiento y en la prevención es importante, como partícipe de una política pública de prevención y diagnóstico”, subrayó.
El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, cerró el debate y pidió a los legisladores entregar sus observaciones a la Comisión del Derecho a la Salud que deberá trabajar en la preparación del informe para segundo debate.

El proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, cuyo objetivo es agregar como criterio para la distribución de recursos a los gobiernos autónomos provinciales el número de kilómetros existentes, planificados y proyectados de vías rurales correspondientes a su territorio y jurisdicción fue analizado en primer debate del Pleno de la Asamblea Nacional.
Lenin Barreto, asambleísta ponente, indicó que el proyecto, que trabajó la Comisión de Gobiernos Autónomos, constituye una normativa que permite viabilizar legalmente la enmienda a la Constitución de la República, aprobada el 17 de enero de 2021 que agrega este nuevo elemento para la distribución de los recursos presupuestarios.
Destacó que esta reforma no incrementa el presupuesto General del Estado, sino que redistribuye los recursos entre las provincias del Ecuador.
La norma determina además, que en el plazo de 90 días, el Consejo Nacional de Competencias, en coordinación con el organismo nacional de planificación y el ente rector de las finanzas públicas, actualizará las ponderaciones de los criterios constitucionales, considerando para el caso de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales el criterio correspondiente al número de kilómetros existentes, planificados y proyectados de vías rurales correspondientes al territorio y jurisdicción del gobierno provincial.
Por su parte, el legislador proponente, Byron Maldonado resaltó el trabajo realizado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, en donde se sistematizaron las observaciones por parte de los directivos del CONGOPE, los 23 prefectos provinciales y otros expertos en la materia.