Comisión de Justicia inició el estudio de nuevas reformas a la Ley de Función Legislativa y a los Códigos Penal y de Procesos

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La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició el tratamiento de cinco nuevos proyectos de reformas a la Ley de la Función Legislativa, al Código Orgánico Integral Penal y al Código General de Procesos, referentes a transparencia en los procedimientos, teletrabajo y justicia para la fauna urbana.
El proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa para el Dinamismo Parlamentario, propuesto por Guido Chiriboga, busca modificar las funciones del Secretario General de la Asamblea Nacional, en cuanto a la lectura de los documentos e informes que se ponen en conocimiento del Pleno, para agilizar el procedimiento.
El segundo proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa establece el teletrabajo como modalidad excepcional en horas y días no laborales y por motivos de salud, como alternativa a las actividades presenciales de legislación y fiscalización de la Asamblea Nacional. Geraldine Weber tras mencionar algunos resultados de ahorro en el trabajo telemático en épocas de pandemia aseguró que la propuesta permitirá a los legisladores contar con una mayor cantidad de tiempo en territorio para atender las demandas ciudadanas.
En tanto, Patricia Mendoza, informó que junto a Luisa González, presentó el proyecto que reforma, aproximadamente, el 60% de la Ley de la Función Legislativa. Una de las propuestas se refiere a la autoconvocatoria de las sesiones del Pleno. Plantea que se necesite mayoría absoluta de los integrantes, es decir 70 votos y no mayoría calificada como prevé la ley vigente.
Con respecto a la integración de las comisiones legislativas, señaló que se establece un nuevo mecanismo en la designación, de modo que la elección sea comisión por comisión y no en bloque como se lo ha venido haciendo.
Sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal, con referencia a los delitos contra los animales de la fauna urbana, la asambleísta Raisa Corral argumentó que su reforma busca que los delitos contra la fauna urbana (perros y gatos), que actualmente son de acción penal privada, pasen a ser considerados delitos de acción pública, para que la Fiscalía General del Estado pueda actuar de oficio frente a tantos casos de crueldad y muerte de animales, sin que sea necesario la presentación de una querella y el patrocinio de un abogado.
Las lesiones provocadas a animales de fauna urbana, abuso sexual a los animales, muerte del animal, peleas o combates entre perros u otros animales de fauna urbana serán delitos de acción pública, señaló al reiterar que se trata es de cambiar la realidad de los seres sintientes que sufren tanta maldad.
Por último, las reformas al Código Orgánico General de Procesos tienen relación con temas de procuración judicial, comparecencia a las audiencias, repetición y otros, según explicó la legisladora Katiuska Miranda. Sostuvo que es necesario solventar posibles vacíos que en la práctica judicial podrían presentarse para legitimar a través de actas de mediación, acuerdos con la administración pública sin cumplir los requerimientos especiales propios de las transacciones de orden estatal.

UNES inicia el proceso de muerte cruzada desde la Asamblea

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Los miembros de la bancada correísta difundieron en Twitter su apoyo a la destitución del presidente Guillermo Lasso, que llevaría a elecciones también del Legislativo.
La bancada correísta UNES difundió, este 24 de junio de 2022, su intención de iniciar el proceso de destitución del presidente Guillermo Lasso, por “grave crisis política y conmoción interna”.
La solicitud se da en el día 12 del paro nacional, después de una violenta jornada en la que se confirma cuatro fallecidos.
A través de sus cuentas de Twitter, los legisladores de UNES difundieron un mensaje en el que dicen que pusieron su firma para adelantar elecciones de acuerdo con el artículo 130, numeral 2, de la Constitución. “Mi cargo a disposición de mi pueblo”, escribieron.
Este artículo de la Constitución señala que la Asamblea Nacional podrá destituir al Presidente por dos causales. La segunda corresponde a la “grave crisis política y conmoción interna”, que no requiere aval de la Corte Constitucional.
El proceso
El proceso para la muerte cruzada está establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Para iniciarlo, se debe presentar un pedido al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, con el respaldo de las firmas de 1/3 del Pleno, es decir 46. UNES tiene 47 legisladores, por lo que lo cumpliría sin problemas.
Una vez entregada esta solicitud, Saquicela deberá convocar a una sesión con al menos 24 horas de anticipación y notificar a Lasso. En ella, los legisladores deberán conocer “en un solo debate y de manera exclusiva” la destitución del Presidente de la República.
El Mandatario, en la fecha y hora señaladas, ejercerá su derecho a la defensa, “alegando ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre la grave crisis política y la conmoción interna”. Después, Saquicela abrirá el debate.
Cerradas las intervenciones, en el plazo de 72 horas o tres días, resolverá motivadamente “con base en las pruebas de descargo” presentadas por el Presidente. Para la destitución de Lasso, se necesitaría mayoría calificada, es decir 91 votos.
Si llega a concretarse la destitución del Presidente, en siete días el Consejo Nacional Electoral debe llamar a elecciones presidenciales y legislativas.
Las reacciones de los bloques
La ID aboga por el diálgo A través de un comunicado oficial, la bancada de la Izquierda Democrática (ID) expresó que jamás se sumará a la impunidad, pero tampoco a las resoluciones que buscan más caos en medio de la polarización. Por esta razón, los legisladores de esta organización política decidieron abstenerse de la propuesta de resolución para convocar a las autoridades estatales por sus actuaciones en el paro. Consideran que no es el momento.

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La tasa de desempleo cayó a 3,7% en mayo, según el INEC

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La caída del desempleo en Ecuador se debe, en parte, a una leve mejora del empleo adecuado en mayo de 2022, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
La tasa de desempleo se ubicó en 3,7% en mayo de 2022, según la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu).
Eso quiere decir que cuatro de cada 100 personas en edad de trabajar en el país no tienen un empleo.
Frente a mayo de 2021, la tasa de desempleo disminuyó 2,4 puntos porcentuales, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que publica la Enemdu.
Mejora leve del empleo adecuado
La caída del desempleo se debe, en parte, a una leve mejora del empleo adecuado.
El 33,2% de la Población Económicamente Activa (PEA) tuvo un empleo adecuado o pleno en mayo de 2022.
Eso equivale a una mejora de 3 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2021.
Una persona tiene un empleo adecuado o pleno cuando trabaja 40 horas o más a la semana y gana, por lo menos, el salario básico, que es 425 dólares al mes, sostiene el INEC.

Consejo Provincial de Pichincha llama al diálogo para solucionar la crisis política

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Se reiteró la predisposición del Consejo Provincial de Pichincha y sus Consejeros para promover el diálogo.
El Consejo Provincial de Pichincha, con sus 14 consejeros presentes de forma virtual, analizaron alternativas de solución pacíficas, enmarcadas en la democracia y la Constitución, ante las múltiples crisis que atraviesa el país.
En ese sentido, y de manera unánime, el Consejo resolvió exhortar al “diálogo” al presidente Guillermo Lasso y a Leonidas Iza, presidente de la Conaie, así como a los demás representantes de las organizaciones sociales. Esto con el fin de que se establezca un “mecanismo de solución” a la grave crisis social y política que vive el país.
Además, se reconoció el derecho de la ciudadanía a la “protesta pacífica”. Y se solidarizaron con las familias de los fallecidos y heridos, y se condenó la “violencia en todas sus expresiones”, reiterando que el diálogo debe ser el mecanismo democrático para la resolución de conflictos.
“Que permita la aplicación de políticas públicas de atención urgente a los principales problemas que afectan a la ciudadanía como: el encarecimiento de la vida, el desabastecimiento y la desatención en el sistema de salud, la falta de acceso a la educación en todos los niveles, la inseguridad y la violencia, el desempleo y la desatención al sector campesino e indígena”, indicó el Consejo en un comunicado.
Y se reiteró la predisposición del Consejo Provincial de Pichincha y sus Consejeros, representantes de las ocho alcaldías y 53 juntas parroquiales de la provincia, de “promover el diálogo” con soluciones concretas necesarias para el país.
«Es urgente que, como autoridades sumemos nuestro esfuerzo para encontrar una salida pacífica y en democracia a las múltiples crisis que atraviesa el país y en especial nuestra provincia y la capital de la República», manifestó la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.

Empresas de alimentos ofrecerán una canasta más barata

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El sector productivo reconoce la pérdida de poder adquisitivo de los ecuatorianos. La tasa de pobreza en el país es del 27,7% de la población.
Las empresas del sector de alimentos trabajan en la elaboración de una canasta familiar con productos a precios más bajos.
El proyecto, según las empresas que se sumaron a la iniciativa, ya había sido planteado antes del paro nacional, liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
Entre los puntos que reivindica la Conaie están precios más bajos para los alimentos de primera necesidad.
“Quizá no sea la canasta básica, pero será una canasta con la que las personas se puedan alimentar, con productos de calidad”, afirma Christian Wahli, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (Anfab).
En la lista figuran embutidos, lácteos y aceites.
“En los próximos días anunciaremos el programa”, dice Wahli, quien agrega que los productos se comercializarán en las 150.000 tiendas del país.
Estamos comprometidos con la seguridad alimentaria.
Christian Wahli, Anfabnone

El plan del sector empresarial es una respuesta a la inflación, que elevó el precio de la canasta básica a USD 735,15.
Puesto en otras palabras, el aumento del precio de la canasta básica se traduce en una disminución del poder adquisitivo de las familias.
Menos intermediación
Otro eje del plan de Anfab es fortalecer el cooperativismo, con lo que se podría acceder a mejores precios y los agricultores obtendrían un pago más justo por sus productos.
“Las personas del campo viven de la venta diaria de sus productos. Están castigadas por los intermediarios, por la falta de un pago justo y por el aumento de precio de los insumos”, sostiene Wahli.
Agrega que esa realidad deriva en bajos ingresos en el campo, lo que eleva la tasa de pobreza del país, donde tres de cada 10 personas viven con USD 2,85 al día.
Según el INEC, en las actividades de agricultura el ingreso promedio es de 130 al mes. Eso es 69% menos en comparación con el salario básico, que es de USD 425.
En las actividades de agricultura el ingreso promedio es de USD 130 al mes.
Alimentos desperdiciados
Las empresas del sector de alimentos lamentan que una de las exigencias del paro sea el acceso a productos a menores precios, mientras hay alimentos que se dañaron debido a los bloqueos de las vías.
Uno de ellos es la leche que no ha podido ser recolectada, procesada y comercializada. La infraestructura de los centros de acopio llegó a su máxima capacidad, por lo que miles de litros han sido regados.
También hay empresas de frutas y legumbres que ven con impotencia cómo se pudren los alimentos, pues no pueden distribuirlos.
Lo que ha derivado en la suspensión de operaciones de empresas que transforman los alimentos, porque no pueden acceder a materia prima.
Desde que empezó el paro. el 13 de junio, el sector agrícola ha dejado de percibir USD 15 millones, según la Anfab.

Pleno del CPCCS dispone interpretación jurídica para dinamizar el procedimiento de conformación de Comisiones Ciudadanas de Selección

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Con el objetivo de que los procesos fluyan con agilidad y en el marco de la transparencia, así como del respeto a la Ley, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió, este 22 de junio, solicitar a la Coordinación de Asesoría Jurídica que realice un informe de opinión jurídica sobre el mecanismo para la fase final de la conformación de las Comisiones Ciudadanas de Selección.
La necesidad de una interpretación jurídica nació de las consultas realizadas por los equipos técnicos de apoyo a los procesos de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral y de designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Ya que el Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección no establece tiempos exactos y, además, permitiría que se dilate la fase final del proceso de designación, pues fija la fase de impugnación después de que se hayan sorteado los 10 comisionados ciudadanos (5 principales y 5 suplentes), en caso de aceptación de una impugnación el postulante sería descalificado; para ocupar esa vacante, se debería realizar un nuevo sorteo y consecuentemente, una nueva convocatoria a impugnación ciudadana.
En ese sentido, sería más viable que los 30 postulantes mejor puntuados pasen al proceso de impugnación ciudadana, y el sorteo de los 10 comisionados se realice después. De esta manera, se podría evitar dilataciones y ahorrar tiempo, así como recursos económicos en el proceso. La intención de esta resolución es que la Asesoría Jurídica defina el mecanismo, a través de una interpretación en derecho, para que se establezca un lineamiento a seguir en todos los procesos de designación de autoridades que se encuentran en marcha en el Consejo.
Además, en cumplimiento a la disposición del Pleno del CPCCS, los coordinadores de los equipos técnicos de apoyo a los procesos de designación, presentaron sus informes sobre el Estado de los concursos:
Defensoría Pública: La Coordinación de Asesoría Jurídica del CPCCS se encuentra elaborando el informe sobre las impugnaciones ciudadanas a los postulantes para conformar la Comisión Ciudadana de Selección (CCS) que designará a la primera autoridad de la Defensoría Pública. El lunes 26 de junio se entregaría el informe para conocimiento del Pleno del Consejo.
Renovación parcial del Consejo Nacional Electoral: Una vez aprobado el listado de los 30 postulantes mejor puntuados, para conformar la Comisión Ciudadana de Selección, con presencia de notario, se realizará el sorteo público para designar a los 10 delegados de la ciudadanía que conformarán la CCS y que pasarían a la fase de impugnación ciudadana.
Superintendencia de Bancos: Por la importancia que conlleva, la audiencia de impugnación ciudadana se convocará cuando las condiciones del país permitan que se realice de manera presencial. 
Contraloría General del Estado: Una vez aprobado el listado de los 30 postulantes mejor puntuados, para conformar la Comisión Ciudadana de Selección, con presencia de notario, se realizará el sorteo público para designar a los 10 delegados de la ciudadanía que conformarán la CCS y que pasarían a la fase de impugnación ciudadana.
Abg. Hernán Ulloa Ordóñez
Presidente del CPCCS

Fiscalía formula cargos contra aprehendido por presunta tentativa de homicidio en el contexto de las manifestaciones

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Por presunta tentativa de homicidio a un integrante de una comunidad indígena –y con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía–, un Juez de Garantías Penales dicto medidas alternativas –como presentación periódica, prohibición de salida del país y colocación de grillete electrónico– para Juan Carlos R. V.
La instrucción fiscal durará treinta días.
En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal de turno, Orlando Yahuachi, justificó el inicio del proceso penal con el parte policial de aprehensión, el informe médico-legal practicado a la víctima, que determinó una incapacidad de treinta y cinco días a causa de una lesión con arma de fuego, que comprometió órganos vitales del cuerpo humano; el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias, versiones de testigos presenciales del hecho, entre otros.
Los hechos habrían ocurrido este lunes 20 de junio en las calles Brasil y Luis Falconi del cantón Riobamba, cuando –en medio de las manifestaciones– el hoy procesado habría disparado en el tórax a la víctima.
Según la investigación, un testigo presencial reconoció penalmente a la persona que disparó, por lo que Juan Carlos R. V. fue aprehendido.
Información jurídica
El delito de homicidio está tipificado en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concordancia con el artículo 39 que tipifica la tentativa.

Fundación Aldea solicita se adopten medidas para prevenir femicidos en Ecuador

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La Asociación Latinoamericana para el Desarrollo (Aldea), a través de Geraldina Guerra Garcés, solicitó que la Asamblea Nacional adopte medidas de prevención frente al creciente índice de femicidios en Ecuador, puesto que el número de delitos de esta naturaleza al primer semestre de 2022 supera los 130, cuando de enero a diciembre de 2021 llegó a 197 casos. “Esto quiere decir que cada 31 horas una mujer es víctima de femicidio”, enfatizó.
Ante el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, explicó que las provincias en las que se registra un mayor número de femicidios son: Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos; sin embargo, al considerar las estadísticas por cada 100 mil mujeres, el porcentaje más alto corresponde a las provincias amazónicas.
Geraldina Guerra aseguró que el problema se concentra con mayor énfasis en la zona rural y lo que preocupa es que cada vez crece el uso de armas de fuego en el cometimiento de los asesinatos contra mujeres. Añadió que es necesario desagregar los diversos tipos de femicidio: íntimo, de familia, sexual, en situación de prostitución, trata y tráfico de personas, transfemicidio, lesbofóbico, entre otros, algunos de los cuales son invisibilizados.
Así mismo, solicitó que se analicen mecanismos eficientes de reparación integral a las víctimas de femicidio, principalmente, los niños, niñas y adolescentes que quedan en la orfandad. Por ejemplo, para acceder al bono que otorga el Estado, los hermanos mayores, abuelos, tíos y demás parientes que quedan a cargo de ellos deben realizar engorrosos y costosos trámites, pues solo obtener la cédula de ciudadanía tiene un costo de 15 dólares por persona y las familias no tienen ni siquiera ese valor para cumplir el requisito.
Las asambleístas Ana Herrera y Paola Cabezas, coordinadora y secretaria de este grupo, tras agradecer por la información compartida por Aldea, comprometieron el trabajo de esta instancia parlamentaria, tanto en materia legislativa, cuanto en fiscalización y control político, para conocer qué están haciendo las carteras de Estado y demás entidades públicas vinculadas con la defensa de los derechos de las mujeres y, en particular, en materia de atención en casos de violencia.

Comisión de Educación rechazó la requisición realizada a la Casa de la Cultura Ecuatoriana

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La Comisión de Educación resolvió rechazar y repudiar la actuación de la Fiscalía General del Estado, Policía Nacional y demás instituciones públicas respecto a la requisición y toma de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, por cuanto atenta contra los derechos de los actores del Sistema Nacional de Cultura.
El texto, que consta de 4 artículos, responsabiliza de los daños ocasionados a la institución a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional; y exige que se proceda con la indemnización respectiva para resarcir los daños.
Además, solicita al Gobierno Nacional que disponga a la Policía Nacional, y a cualquier otro estamento gubernamental ajeno al Sistema Nacional de Cultura, el inmediato abandono de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Durante la sesión, los comisionados escucharon las declaraciones de Fernando Cerón, presidente Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien relató lo sucedido durante el allanamiento a los predios de la entidad. Cuestionó que la Policía haya ingresado a las instalaciones de la institución de manera arbitraria, poniendo en riesgo a todos los artistas y gestores culturales que se encontraban defendiendo la Casa de la Cultura.
Cerón aseguró que durante el allanamiento y la requisición los miembros de la Policía no encontraron ningún tipo de material bélico.
Patricio Carrillo, ministro del Interior, también fue convocado a esta sesión: sin embargo no se presentó. Ante esto, los legisladores rechazaron la ausencia del funcionario y solicitaron que vuelva a ser convocado para que dé respuestas inmediatas al pueblo ecuatoriano.

La administración de los recursos del IESS y del BIESS será tema de análisis en la Comisión del Derecho al Trabajo

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A partir de la 09h30 de este miércoles, 22 de junio, la Comisión del Derecho al Trabajo se reunirá para iniciar el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de iniciativa del asambleísta Manuel Medina.
La propuesta normativa tiene como objetivo garantizar que los recursos tanto del IESS como del BIESS sean administrados de manera exclusiva para atender las prestaciones establecidas en las normas, sin que exista intervención de ninguna entidad del Estado.
Luego avanzará en el tratamiento del proyecto relativo al régimen de relaciones laborales en plataformas digitales. Los legisladores analizarán la pertinencia de la separación del régimen de trabajo autónomo dentro de la referida propuesta de ley.
A las 10h30 analizará un nuevo caso de supuesta vulneración de derechos. Napoleón Segovia, Juan Caillagua y Hernán Sisalema, representantes del Movimiento Nacional Independiente de Organizaciones Sociales del Ecuador, expondrán sobre varias problemáticas en torno a la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
Por último, procesará el pedido de la asambleísta Johanna Ortiz para que comparezcan los miembros del Consejo Directivo y el Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Ciudadanía y organizaciones sociales podrán interponer denuncias a postulaciones al CPCCS desde el 19 hasta el 22 de junio de 2022

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En cumplimiento del calendario para las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), este viernes 17 de junio el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó en su portal web www.cne.gob.ec  el listado con las 191 postulaciones receptadas para las candidaturas al CPCCS.
La ciudadanía y las organizaciones sociales podrán presentar denuncias en contra de las postulaciones, sobre el incumplimiento de los requisitos o las prohibiciones e inhabilidades en las que estos hayan incurrido.
Las denuncias se receptarán desde el
19 hasta el 22 de junio del 2022 a través de la Secretaría General del CNE, en las Secretarías de la 24 Delegaciones Provinciales Electorales o en las Oficinas Consulares del Ecuador en el exterior.

Para ampliar la información contactarse con la Dirección de Análisis Político y Difusión Electoral

Fiscalización investiga posible intromisión del Consejo de la Judicatura en decisiones de jueces

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La Comisión de Fiscalización y Control Político recibió a Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morillo, presidente y vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), con el propósito de analizar las implicaciones del audio en el cual, supuestamente, intervienen dos de los miembros de la referida entidad, con el propósito de obtener una respuesta favorable a la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, en una acción de protección para recuperar su cargo.
El titular del CJ, Fausto Murillo, subrayó que este órgano de gobierno de la Función Judicial de ninguna manera incide o pretende incidir en las decisiones en materia jurisdiccional. “Somos respetuosos de la independencia de la justicia y ejercemos las funciones de administración y control disciplinario”, enfatizó.
De su lado, Maribel Barreno dijo que acudió a la reunión agendada con anterioridad para atender requerimientos de carácter administrativo, como la celebración del bicentenario de la Función Judicial, pues jamás se ha interferido en la acción de los jueces. Fue una sesión de trabajo y nadie de los presentes consintió en la grabación de esa reunión, agregó.
Mientras, el vocal José Morillo restó validez jurídica y probatoria a la grabación que habría sido obtenida de manera inconstitucional, ilegal e ilegítima. Se trataría, además, de un audio fragmentado y decontextualizado. “Siempre he defendido la independencia interna y externa de la justicia, como manda el Código Orgánico de la Función Judicial”.
Los comparecientes indicaron que, al momento, se lleva a cabo la investigación de este tema por parte de la Fiscalía General del Estado, que deberá determinar la autenticidad, originalidad, integralidad y legalidad del audio en referencia.
Varios asambleístas miembros del organismo y otros que pidieron participar de esta sesión coincidieron en que el contenido del audio filtrado por un medio de comunicación no evidencia que se hable de temas eminentemente administrativos de la Función Judicial, ya que se alude específicamente a hechos relacionados con decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional, en el marco de sus competencias, hecho que constituiría un claro afán de intromisión.
Cumplidas las intervenciones de los comparecientes y las preguntas de los miembros de la comisión, el organismo suspendió la sesión y quedó abierta la posibilidad de solicitar nuevos testimonios dentro de este proceso de control político.

MINISTRO GOBIERNO ABIERTO A QUE ASAMBLEA NACIONAL SEA MEDIADOR EN DIÁLOGO CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

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El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en su comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales, afirmó que el régimen está dispuesto a que la Asamblea Nacional intermedie en este proceso de diálogo con los movimientos sociales para encontrar soluciones, considerando que se trata de temas que competen a todos los ecuatorianos.

Comisión de Régimen Económico y funcionarios analizan el informe de gestión del Presidente de la República

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La Comisión de Régimen Económico, en el marco del análisis del informe de labores del presidente de la República, Guillermo Lasso, recibió las comparecencias del ministro de Economía, Simón Cueva; del secretario de Planificación, Jairon Merchán; del gerente General del Banco Central, Guillermo Avellán; y, del director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Roberto Castillo.
El ministro Simón Cueva explicó que la economía creció el 4.2% en el 2021, lo que permitió mejorar el perfil de nuestra deuda, con plazos más largos y tasas más bajas. “No hay que perder de vista los desafíos de la economía ecuatoriana en los próximos años, manifestó el Secretario de Estado, al indicar que la inflación se mantiene en niveles controlados gracias a un manejo fiscal serio.
De su lado, el titular de la Secretaría Nacional de Planificación, Jairon Merchán, detalló el avance del Plan Nacional de Desarrollo. “El proyecto de seguimiento de desarrollo se basa en 5 ejes: económico, social, seguridad, transición económica e institucional”, explicó.
Guillermo Avellán, gerente del Banco Central, expresó que las previsiones de crecimiento dependen de los supuestos macroeconómicos, ya que el precio del barril del petróleo fue superior y permitió aumentar las exportaciones.
Roberto Castillo, director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, señaló que la tasa de desempleo en mayo de 2021 se situó en el 6,3% y en abril de 2022 se encontró en 4,7%.
Para finalizar, la presidenta de la comisión, Mireya Pazmiño, agradeció las comparecencias de los representantes de las diferentes carteras de Estado.

Asamblea exige al Gobierno una propuesta seria de apertura al diálogo para alcanzar consensos

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La Asamblea Nacional, con 81 votos afirmativos, exigió del Gobierno Nacional una propuesta seria, clara y honesta de apertura al diálogo, que posibilite al país alcanzar consensos políticos, así como un adecuado uso de los mecanismos constitucionales y legales para el mantenimiento de la democracia y el ejercicio y garantía de los derechos.
La Legislatura rechazó el manejo errático de la situación social y política por parte del Gobierno Nacional que con su accionar cada vez la profundiza más, así como la actitud demostrada por parte del Ejecutivo, en su intención de burlar los sistemas de control previstos en el ordenamiento jurídico, por medio de la derogatoria del Decreto Ejecutivo No. 455, emitido el pasado 17 de junio.
Igualmente, exhorta el pronunciamiento inmediato de la Corte Constitucional con la finalidad de que, en ejercicio de su facultad de control sobre los decretos de estado de excepción, evidencie, limite y prevenga el claro y malicioso abuso de mecanismos e instituciones jurídicas extraordinarias previstas en la Constitución de la República y en el ordenamiento jurídico vigente y una eventual violación a los derechos constitucionales de los ecuatorianos.
También convocó para este martes, 21 de junio de 2022, a las 16h30, en la sede de la Asamblea Nacional, a los representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, del Sistema de Naciones Unidas, Comité Internacional de Cruz Roja, un representante de las universidades públicas y privadas del Ecuador, representantes de las cámaras de comercio y producción y de otras entidades, así como a organizaciones y/o gremios de carácter nacional, a una mesa de diálogo, para proponer mecanismos de solución a los difíciles momentos que atraviesa el país.
Previamente, el Pleno debatió los efectos del estado de excepción decretado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, el pasado viernes 17 de junio. Durante las 19 intervenciones, legisladores de distintas tendencias políticas cuestionaron la decisión del Ejecutivo de contrarrestar la protesta social con un decreto que lo único que hace es criminalizar la protesta social y, a la vez, provocar la radicalización de las movilizaciones del sector indígena, así como de otras organizaciones y colectivos sociales.
Añadieron que no se puede llamar al diálogo y, como contraparte, dictar un estado de excepción para impedir la protesta social y para allanar la Casa de la Cultura Ecuatoriana, militarizar sus instalaciones y buscar la manera de amedrentar al ciudadano que sale a las calles para pedir rectificaciones al Gobierno Nacional, que cumpla sus ofertas de campaña y que se resuelvan problemas básicos como la falta de empleo, falta de atención en los hospitales, falta de insumos y medicamentos, entre otros.
Comisión general
Al inicio de la sesión, los legisladores recibieron en comisión general a representantes de varias organizaciones, colectivos y ciudadanos, quienes se pronunciaron por la revocatoria del estado de excepción decretado por el Presidente de la República el pasado viernes, 17 de junio. Así, por ejemplo, Viviana Idrovo, defensora de derechos humanos, aseguró que existen resultados nefastos de la represión a las marchas sociales, incluyendo una persona fallecida y más de 70 detenidos.
Darly Rayo Quiñónez, de los trabajadores de la salud, respaldó la protesta social en demanda de presupuesto para el sector social, al igual que Pablo Rodríguez, representante estudiantil de la Universidad Central, quien consideró legítimo el derecho a protestar en demanda de mejores condiciones de vida para las familias ecuatorianas.
Fernando Cerón y Andrés Madrid Tamayo, presidente y secretario general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, respectivamente, rechazaron el allanamiento a su sede en Quito, que es una flagrante vulneración de la autonomía de la entidad, hecho que no se había producido ni en las peores dictaduras que ha vivido Ecuador.
Mientras, Sybel Martínez, quien fuera parte de la Comisión de la Verdad de lo ocurrido en octubre de 2019, así como los dirigentes agrícolas y campesinos Bernardo Bravo y Dilmo Párraga, solicitaron dejar sin efecto el estado de excepción para que se deje de criminalizar la protesta social.
Entre tanto, los ciudadanos José Luis Holguín, Pablo Luzuriaga y Henry Yandún solicitaron que no se revoque el estado de excepción, porque se dejaría en indefensión a los ecuatorianos que aspiran una sociedad pacífica, que genere las condiciones necesarias para la reactivación económica y que no se repita lo ocurrido en octubre de 2019, cuando se destruyó la capital de la República.
Concluida la votación sobre la moción presentada por la asambleísta Mireya Pazmiño, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, suspendió la sesión 779, cuya reinstalación será convocada oportunamente.

Ecuador Se Levantó Contra El Cleptócrata, Guillermo Lasso

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PARO NACIONAL
Junio, mes que el pueblo se volcó a las calles, salió con impotencia contenida ese hervidero estuvo entorpecido por los espurios estados de excepción, medida que Lasso la toma cada vez que se siente amenazado, ha convertido a esa medida en su GUARDIA DE CHOQUE. Es inaceptable que a 5 días de reclamos, la multitud atestada en las calles reclamando vivir, ya que solo está sobreviviendo, y porque durante este lustro ha atravesado desiertos, donde se ha encontrado con criminalidad nunca vista, desempleo rampante, precios elevados, inseguridad sin límites, siendo país petrolero, la gasolina del Ecuador tiene precios de EEUU, país que mantiene un sueldo básico de $1.200 versus los $425 que tiene el Ecuador; vuelve a decretar estado de excepción. El miedo lo persigue, la inestabilidad lo acorrala, no busca ni encuentra soluciones, no se pone los zapatos del pueblo. NO SINTONIZA
Los anhelos del slogan del partido de Lasso “cambio” se iniciaron pulverizados, desde el mismo momento que dijo que en 100 minutos resolvería los problemas del país, y como todo en él solo son simples enunciados, muy parecido a lo ocurrido con el dinero de los ecuatorianos en 1999 cuando el feriado bancario dirigido por el mismo personaje los pulverizó. A esto se añade, las incontables mentiras que lanza sin arrugarse

Lasso no distingue entre democracia y totalitarismo, es un ser arrogante con los pobres, y servil con los poderosos, disfrazado de amable, sonríe con una mueca que no es natural mezclada con burla, lanza cualquier palabra que se le escapa, acostumbrado a mentir, es el típico ser que tiene experiencia en “ ganar yo, y perder tu” en él no existe el “ganar ganar “ donde todos ganan, no conoce de EQUIDAD.
Lo cometido en la Casa de Cultura Ecuatoriana, fue haberle puesto el cascabel al gato, solo en regímenes militares, se vio opacada y empobrecida la grandiosa cultura ecuatoriana.
El contenido de Lasso es vacío, parecido al tarro con aire, suena hace ruido pero no, no hay nada adentro. La cadena del poder se volvió sin escrúpulos, todos mienten, no les importa el mandante, sin pudor le niegan al pueblo abastecer sus múltiples necesidades y en complicidad con los medios “libres e independientes” tergiversan y ocultan la información para mantener a la población engañada
EL país lleva cinco años de estancamiento en todos los campos atascado en un remolino de caos, desorden, inseguridad, desempleo e inconformidad, conducido por MorenoLasso y Lasso y acólitos.

MENTIRAS MÁS AUDACES
Las mentiras que indignan, y que han desbordado la paciencia
*La venta del avión, que si no lo hubiera desmentido el presidente de Colombia, se seguiría creyendo en ella. Lo que llama la atención es que no se supo más que pasó con ese BIEN PúBLICO, y que aún no le da explicaciones al país ¿por qué lo vendía en 8 millones si su precio es de 30 millones?, en perfecto estado, con pocas horas de vuelo. La nación requiere explicación! Algo que sostuvo en una entrevista sobre la venta del avión, es que no conocía, cuanto le había costado a la nación esta aeronave, entonces ¿COMO FIJARON ESE PRECIO DE 8 MILLONES???
*Hace tres días, dijo que se reunió con indígenas de Cotopaxi, pero estos no son voceros de la comunidad indígena, es decir, pierde tiempo y nada lo toma con seriedad. No son las personas adecuadas para reunirse y llegar a acuerdos, lo sabe! pero quería shows y noticia para su medios acólitos
*En entrevista con un canal digital después de cumplir un año en el cargo que compró, perdón que el CNE le otorgó, digo que le dieron credenciales que había” ganado”. A la pregunta sobre los nuevos empleos dijo, que había creado 350 mil plazas de trabajo, el entrevistador le preguntó dónde están! Respondió: que en todo el país. Es ahí cuando el país se pregunta! ¿DONDE ESTAN? ¿CUALES SON? ¿DE QUE SE TRATAN? EL entrevistador, continúa y le pide que explique de dónde sale esa cifra de 350.mil empleos y Lasso contesta “ ESO DICEN LAS ENCUESTAS” o sea este señor, no tiene idea de nada! El no administra! No es verdad aquello de los empleos, no existe esta creación!!! incluso mencionó que el subempleo es parte de la creación de empleos de él!!! Deja claro que no está implicado en los problemas de la nación, que no sabe…
*En la publicidad engañosa que pregona en los medios, un joven dice que él es parte de uno de los 350 mil empleos, pero no señala donde trabaja, y tampoco la publicidad señala donde están!!!
*Decía que vendería el Banco del Pacífico para palear la desnutrición infantil, este problema infantil es muy serio, por tanto debió, tenerlo presupuestado cuando era candidato, solo tenía que ponerlo en práctica, cuando llegara a la presidencia. La ansiedad de “negociar” el banco igual que el avión y decir que es para la desnutrición infantil es otra mentira.

ECUADOR MANEJADO POR AUTÓCRATA, CLEPTÓCRATA
Lasso ha demostrado que es la viva imagen del autócrata, cleptócrata miente como respira, y es corrupto, la paciencia se acabó, ya no cabe la resignación. Este pueblo harto ha salido a las calles, a reclamar sus derechos. La pobreza extrema ha crecido, las carencias cada vez más profundas.
El pueblo está en el límite, llegó al estado de impotencia, este sentimiento es el último escalón en la escala de la desesperación. Según reciente sondeo, el cleptócrata, solo tiene el 14% de apoyo. Pueblo pide renuncia, pueblo pide que deje el cargo. En un año, la mayor obra de Lasso es haber descubierto que HA MENTIDO SIEMPRE.QUE ES EL TIPICO CLEPTOCRATA

CONGRESO NORTEAMERICANO
El 17 de junio/2022 fue noticia mundial, que el congreso de EEUU declara EVASOR FISCAL a Guillermo Lasso; es terriblemente vergonzoso, tener un presidente qué evade impuestos. Lo de Pandora Paper , dinero en paraísos fiscales, indica que evade impuestos en el Ecuador, sabe qué hacerlo, es aumentar la pobreza. Más cuando la constitución ecuatoriana prohíbe ostentar cargos quien, inmoralmente maneja dineros opacos. Esa evasión fiscal puede servir para desterrar la desnutrición infantil
El documento norteamericano revela que Guillermo Lasso fuga dineros, en otro acápite sostiene que es dueño de 144 propiedades en el estado de la Florida, y han descubierto que ha estado escondiendo y evadiendo impuestos en los EEUU., Todo esto es parte del escrito que publicó el Congreso norteamericano. No solo que no paga impuestos y esconde dineros en ECUADOR SINO TAMBIEN EN ESTADOS UNIDOS
Por: Lcda. Rosamaría Calderón C.

17 de junio Guayaquil
Movilización en Guayaquil viernes 17 de junio del 2022

Quito viernes 17
Movilización en Quito viernes 17 de junio del 2022


Sorteo público definirá a los delegados ciudadanos para las Comisiones que realizarán los procesos de renovación y designación en el CNE y Contraloría

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Con el fin de determinar el listado de los delegados de la ciudadanía a las Comisiones Ciudadanas de Selección que se encargarán de realizar la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) realizará un sorteo público entre los treinta postulantes mejor calificados, una vez que en la Sesión Extraordinaria Nro.25, se definió la lista de los 15 hombres y 15 mujeres que pasan a la siguiente fase.
A través del sorteo público, que se realizará con la presencia de un Notario, se seleccionará a los 10 delegados de la ciudadanía (5 principales y 5 suplentes) para cada Comisión Ciudadana, que pasarán a la fase de impugnación. El sorteo se transmitirá en tiempo real a través de la plataforma digital del CPCCS.
Una vez publicados los resultados del sorteo público y las hojas de vida de los postulantes, tanto de los representantes ciudadanos, como de los delegados de las Funciones del Estado, la ciudadanía podrá presentar impugnaciones, cuando se considere que las candidaturas no cumplen con los requisitos legales, por falta de probidad o idoneidad, por estar incursos en alguna de las prohibiciones, o si hubieren omitido información relevante para postular al cargo.
El Pleno del CPCCS calificará las impugnaciones y, en el caso de aquellas aceptadas a trámite, se notificará a los postulantes impugnados para que puedan ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas de descargo en una Audiencia Pública. Asimismo, se notificará al impugnante. En caso de no ser aceptada la impugnación se dispondrá en forma motivada su archivo. De ser aceptada la o el postulante será descalificado y no podrá continuar en el proceso.
La Comisión Ciudadana de Selección se conformará de manera paritaria entre mujeres y hombres a través de un nuevo sorteo público para definir el orden de alternancia, la principalidad y suplencia de los Comisionados.
Abg. Hernán Ulloa Ordóñez
Presidente del CPCCS

Analistas, académicos y ciudadanía dan criterios sobre informe del Presidente de la República

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La Comisión de Régimen Económico escuchó a los economistas Alberto Acosta y Roberto Rosero, al académico Juan Manuel García y al ciudadano José Hidalgo, quienes expusieron sus puntos de vista respecto del informe de gestión del presidente de la República, Guillermo Lasso.
Alberto Acosta señaló que si bien la economía del país se está reactivando, todavía no retoma los niveles de años pasados, por tanto, hay que mejorar el entorno para la inversión privada y activar mecanismos para destrabar la inversión pública.
Dijo que debe existir una reingeniería estatal que priorice el gasto público en salud, educación, seguridad-justicia, reduciendo lo demás. Debe haber calidad en el gasto y transparencia que va asociado a la rendición de cuentas, subrayó al destacar que para impulsar la inversión pública se requiere un cambio normativo para viabilizar alianzas público-privadas y despertar la inversión en infraestructura y ampliación de servicios públicos usando capitales privados.
Para impulsar la competitividad se requiere declarar la guerra al trámite; abrir mercados para nuestros productos a través de acuerdos comerciales; internacionalizar a la banca para atraer la competencia internacional y lograr crédito más barato; adaptar la legislación laboral a las mejores prácticas internacionales; y, revisar el sistema tributario para volverlo competitivo en la región, subrayó.
De su lado el ciudadano, José Hidalgo, expuso que el PIB en la segunda mitad del 2021 siguió siendo pequeño en comparación con el del 2019 y que en el caso de la inversión hubo una recuperación modesta. Señaló que el Gobierno puso énfasis en el proceso de vacunación, lo que permitió crecer a sectores como el turismo y transporte.
Precisó que la reactivación económica no ha estado acompañada de un crecimiento en el empleo, mientras que la producción de petróleo ha mostrado un leve repunte, pero se ha mostrado más baja que en años anteriores. El gasto fiscal se mantiene en niveles bajos, agregó.
De su lado, el catedrático Juan Manuel García, decano de la Facultad de Emprendimiento, Negocios y Economía de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, indicó que el primer año de gobierno se han desarrollado políticas económicas de tipo cualitativo que pretenden introducir cambios estructurales para poner en orden la economía del Estado y que en lo macro consiguió una reducción del desempleo, aumento de empleo adecuado, crecimiento del PIB, reducción del déficit fiscal e incentivo del acceso a crédito.
Comentó que fue un error disminuir en más de un 64% las deducciones tributarias y que es necesario establecer programas de cultura financiera y económica para que el ecuatoriano entienda lo que sucede cuando tiene subsidios eternos.
Por su parte, Roberto Rosero, discrepó con los criterios vertidos por Juan Manuel García en el tema de política pública, en cuanto a crecimiento económico de Ecuador. Es evidente que el sector de la construcción no tiene ninguna reactivación económica, cada vez más se aumenta la pobreza en el área rural, que no ha sido beneficiado con políticas públicas, situación que ha provocado las movilizaciones.
Es evidente la deuda social y en este momento dramático debe tener una prioridad dentro del Gobierno y establecer una política fiscal amplia, precisó.

Comisión de Desarrollo Económico unificará proyectos que buscan derogar el Decreto-Ley para la sostenibilidad fiscal tras la pandemia Covid 19

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La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Daniel Noboa Azín, decidió unificar los proyectos de Ley Orgánica Derogatoria del Decreto-Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia Covid19, presentados por los asambleístas Viviana Veloz; y, Bertha Sánchez, Ángel Maita y Salvador Quishpe.
Los miembros de la mesa legislativa coincidieron en que la unificación de ambas iniciativas legales facilitará su análisis y tratamiento, ya que versan sobre la misma materia, y la Comisión, en el marco del estudio de la propuesta de la asambleísta Viviana Veloz, ya ha recibido las observaciones y sugerencias de distintas autoridades gubernamentales, expertos y representantes de organizaciones civiles.
El legislador John Vinueza sugirió a la comisión analizar el Decreto-Ley vigente por partes, con el objeto de conservar los artículos que beneficien a la ciudadanía, y derogar o reformar los artículos que requieran mejoras.
Por su parte, Wilma Andrade, vicepresidenta de la comisión, recordó que los proyectos presentados proponen la derogatoria total de la ley, y que el Ejecutivo tiene la posibilidad de vetar parcial o totalmente la propuesta que salga de la Legislatura.
Como se recuerda, el Decreto – Ley para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal Covid 19 entró en vigencia el 29 de noviembre de 2021, y consta de 207 artículos que reforman el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley que crea el Servicio de Rentas Internas, el Código Tributario, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, la Ley de Hidrocarburos, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y el Código de Producción, Comercio e Inversiones, entre otros cuerpos legales.

Articulo de Mario Campaña Avilés

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Articulo de Mario Campaña Avilés

El Pleno del Legislativo rechazó el proyecto de Ley de Asociación Estratégica con Estados Unidos

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El Pleno de la Asamblea Nacional, con 75 votos, rechazó las pretensiones intervencionistas contenidas en la Ley DAV 222083 aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos de América.
También condenó la posición del presidente de la República, Guillermo Lasso y del canciller, Juan Carlos Holguín, que “atenta gravemente la soberanía nacional”. Además expresó la firme decisión de precautelar el mandato previsto en el artículo 3 numeral 2 de la Constitución de la República, que dispone como deber primordial del Estado garantizar y defender la soberanía nacional.
El proponente de la resolución, el asambleísta Ricardo Ulcuango, recordó que la Constitución garantiza y defiende la soberanía nacional. Enfatizó que los hechos legislativos que provienen del Senado de Estados Unidos representan una grave amenaza a la paz, a la democracia y a la soberanía nacional.
“La Ley de Asociación Estratégica Ecuador-Estados Unidos de 2022, constituiría un tutelaje sobre las tres funciones del Estado”, aseguró el legislador al señalar que no necesariamente sería de cooperación sino de injerencia en las políticas públicas.
El asambleísta Joel Abad cuestionó la existencia de la regulación recientemente aprobada con el apoyo de varios sectores, mientras que la legisladora Victoria Desintonio señaló que el proyecto que se aprobaría en el Senado norteamericano en los próximos meses busca su aplicación en el país sin el pronunciamiento previo de la Asamblea Nacional, lo cual constituye una grave violación a la soberanía de nuestro país.

Asamblea exhorta a la Función Judicial revise las detenciones arbitrarias en la protesta social

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La Asamblea Nacional, con 95 votos afirmativos, exhortó a la Función Judicial a que esté vigilante de las actuaciones de detención arbitraria de personas y en los casos que se determine que existen violaciones a los derechos y principios determinados en la Constitución y la ley proceda de acuerdo con la normativa vigente, considerando que el derecho a la resistencia está garantizado en el artículo 98 de la Constitución de la República.
Así mismo, exhortó a los miembros de la Función Judicial a que cuando se determinen violaciones de derechos en la protesta pacifica, mediante sus decisiones, dejen constancia de que ha existido ilegalidad y arbitrariedad en las detenciones de manifestantes y dirigentes, con la finalidad de que puedan hacer prevalecer sus derechos, de acuerdo con estándares internacionales.
La resolución exhorta a las personas que ejerzan su derecho a la protesta dentro de los limites establecidos en la Constitución y la ley, sin menoscabar otros derechos consagrados en la norma suprema.
Igualmente, rechaza la violencia y represión por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el contexto de la protesta social pacífica.
Finalmente, exhortó al Gobierno Central a que viabilice, de forma urgente, las propuestas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y de otros sectores sociales y productivos, con la finalidad de encontrar de forma oportuna la paz y la armonía social, con justicia para todos los ecuatorianos.
El proponente de la resolución, Salvador Quishpe, recordó que la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la resistencia de los pueblos del Ecuador, porque la protesta es la única manera de hacer escuchar su voz, habida cuenta que el pueblo ya ha esperado un año y no ha tenido respuesta del Gobierno.
La propuesta de resolución generó la participación de 17 asambleístas de distintas bancadas, quienes se mostraron partidarios de profundizar el diálogo para buscar las mejores soluciones a las demandas de las organizaciones sociales; que se inyecten recursos en la economía, porque la inversión pública es el motor del desarrollo; que se liberen a los detenidos injustamente, y que cese la persecución así como la represión a los líderes sociales.
Igualmente, hubo voces orientadas a solicitar que la gente vuelva al trabajo y no se paralicen las actividades, cuando el país recién empieza la reactivación económica, tras la pandemia por Covid 19. Es hora de mantener la unidad para defender los derechos del pueblo ecuatoriano, dijeron.

Asamblea aprueba proyecto que garantiza derechos de servidores de la salud

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El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 109 votos afirmativos y 18 abstenciones, el proyecto de reformas a Diversas Leyes para la Garantía de los Derechos Derivados del Apoyo Humanitario durante la Pandemia de Covid 19, que está orientada a garantizar los derechos de quienes trabajaron de manera presencial desde el inicio de la crisis sanitaria hasta el 19 de julio de 2021, especialmente de aquellos con funciones sanitarias o administrativas, incluidos los médicos devengantes con beca y personal rural.
A través de la normativa, se incluye una disposición general en el Código de Trabajo para que todas aquellas personas que hayan sido contratadas bajo un contrato emergente y a la fecha de entrada en vigor de esta ley, hayan superado los 90 días del período de prueba, dichos contratos tengan el carácter de indefinido.
Además, se reforma el Código Monetario y Financiero por el cual se reprograma el pago de cuotas por obligaciones con entidades del Sistema Financiero y no Financiero, que deberán efectuar acuerdos con sus clientes para reprogramar, refinanciar y suspender el cobro de cuotas impagas generadas por cualquier tipo de obligación crediticia adquirida desde el 16 de marzo de 2020 hasta diciembre de 2021.
Igualmente, se reprogramará el pago de cuotas de seguros generales, seguros de vida, asistencia médica y compañías de medicina prepagada, respecto del cobro de cuotas mensuales. Según el proyecto, los planes de medicina prepagada no podrán ser cancelados por parte de las compañías, ni podrán subir las primas cobradas ni los planes de medicina prepagada por el lapso de un año posterior a la entrada en vigor de esta ley.
Se incorpora una disposición transitoria en la Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal, a fin que aquellos contribuyentes que solicitaron facilidades de pago e incumplieron una o más cuotas establecidas puedan cubrir el total del capital adeudado hasta diciembre de 2023.
Se agregan dos disposiciones generales en el Código Monetario y Financiero sobre la reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades, respecto de los créditos a ser concedidos a través de la banca pública, que serán otorgados en los tres años subsiguientes a la promulgación de la ley como apoyo a los emprendimientos productivos de las Mipymes, microcrédito, crédito agrícola y de economía popular y solidaria; y, la condonación de intereses de mora para los actuales deudores con entidades del sistema financiero público o privado que incluye a estos segmentos.
Debate
La legisladora Victoria Desintonio, vicepresidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales y ponente del proyecto, recordó que miles de médicos y personal de salud quedaron a la espera de los concursos para obtener un nombramiento, sin poder acceder a los beneficios de la ley, por lo que se establece una disposición para que sean beneficiarios con un puntaje adicional en los concursos. Aseguró que existen más de 200 mil contratos emergentes en el país, sin derechos, por ello se establece una reforma al Código de Trabajo para que los contratos tengan el carácter de indefinido.
En el debate intervinieron 17 parlamentarios. Advirtieron el maltrato que han sufrido los “héroes de mandil blanco”, quienes arriesgaron su vida durante la crisis de la pandemia y laboraron en condiciones de inseguridad y sin los insumos médicos necesarios. Dijeron que la vigente Ley de Apoyo Humanitario no cumplió su fin y más bien afectó los derechos laborales del personal de salud del servicio público.
Mencionaron que uno de los aspectos importantes del proyecto es el alivio financiero para cuatro millones de familias que están en el abandono y que no tenían recursos para pagar sus deudas.

Definen la línea de tiempo para aprobar las reformas a la Ley de Minería

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La Comisión de Biodiversidad resolvió unificar el proyecto de reformas a la Ley de Minería para regularizar la Pequeña Minería y Minería Artesanal que fue tramitado en primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, con la propuesta normativa que sobre esta materia presentó el legislador Diego Esparza.
Además definió cada uno de los pasos, con sus respectivos plazos que se cumplirán hasta lograr la aprobación del proyecto, que
será sometido a una consulta prelegislativa a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo montubio y afrodescendiente.
El proyecto busca regularizar a los pequeños mineros artesanales por parte del Estado, fomentar derecho el trabajo digno, de manera legal y permitir el pago de tributos.
Además en su estructura se incluye el censo minero que permitirá tener datos de la pequeña minería y minería artesanal, considerando que una de las problemáticas es la falta de control y regulación.
También se plantea que el Ministerio de Energía evalúe cada cuatro años las concesiones mineras y actualizará el censo de pequeña minería y minería artesanal desde los ámbitos sociales, económicos, técnicos y operacionales; y establecerá áreas libres o sujetas a reversión, y registrará a las personas que cumplan los requisitos.
El proyecto de reforma a la Ley de Minería se encuentra en estado de consulta prelegislativa y se activará una vez que el Consejo de Administración Legislativa apruebe su reglamento.

Comisión especializada inició el estudio de reformas sobre tránsito, control de bienes y administración de justicia

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La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició el estudio de cinco proyectos de ley que reforman el Código General de Procesos, el Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Democracia y de nueva Ley de la Contraloría General del Estado.
En primer lugar avocó conocimiento del proyecto de reformas al Código General de Procesos, de iniciativa del asambleísta Ferdinan Álvarez, quien en la exposición de motivos advirtió que se requiere dinamizar la normativa y adaptarla a las necesidades de los usuarios de los servicios de justicia y que la aplicación de ciertos procedimientos se ajusten a la realidad procesal del sistema judicial.
La propuesta se orienta a garantizar un sistema procedimental moderno, transparente y ágil, considerando que es fundamental contar con un sistema de justicia que consagre el principio de tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y resolución oportuna para el desarrollo económico y social de las naciones.
La asambleísta Patricia Mendoza también propuso reformar el Código de Procesos, considerando que el impacto de la pandemia y el avance tecnológico dejó en evidencia la urgencia de acoplar instituciones a las actuales necesidades del mundo y aclarar muchos artículos en temas como la reforma de la demanda, el silencio administrativo, el procedimiento sumario y el expediente electrónico.
Luego conoció el proyecto de Ley de la Contraloría General del Estado, presentado por los legisladores Ricardo Vanegas y Gruber Zambrano. Esta propuesta tiene como objetivo regular el sistema de control administrativo de los recursos públicos, el sistema de control, fiscalización y auditoría gubernamental, las auditorías internas y externas de las entidades que componen el sector público, así como de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan o administren recursos públicos; y, el sistema de determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal.
El asambleísta Marco Troya, en cambio, propuso un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal relacionado con las sanciones a las contravenciones de tránsito en materia penal. En la exposición de motivos, advirtió que si bien la seguridad vial constituye uno de los principales objetivos del control de tránsito y el transporte en las vías, durante los últimos años ha existido preocupación por parte de la ciudadanía en lo que se refiere a los controles que se realiza en las vías por medio de dispositivos tecnológicos. También afirmó que la proporcionalidad de la pena es un principio que debe cumplirse para evitar abusos por parte del Estado en el ejercicio de su acción punitiva.
Por último, la Comisión de Justicia avocó conocimiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas para la Protección de la Representación Popular en Democracia.

Fiscalización avanza en procesos de control político sobre presuntos actos de corrupción

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La Comisión de Fiscalización y Control Político recibió la comparecencia de varias autoridades públicas, en el marco de las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, los nexos del detenido Leandro Norero con personajes procesados por compras irregulares en hospitales de Guayaquil, los contratos para el servicio de alimentación en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y los procesos de compra de medicinas, bienes e insumos para la red pública de salud.
En este contexto compareció el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien confirmó que existen muchos hilos y muchos personajes que están relacionados con el caso de la detención de Leandro Norero, los que están en la fase de investigación. Lo fundamental no sería solo el poder sancionar los actos de corrupción en el sector público, sino que el Estado pueda recuperar los recursos perdidos. Para ello, el funcionario pidió a la Asamblea dé trámite al proyecto de Ley de Bienes Incautados, con lo cual se podrá afectar el poder económico de las organizaciones criminales.
De su lado, Pablo Ramírez, director general del SNAI, explicó el estado de los procesos de contratación de los servicios de alimentación para los centros de rehabilitación. Indicó que se ha establecido una división territorial en tres zonas para evitar que haya el monopolio de una misma empresa en la provisión de la alimentación. Informó que el proceso culminará el 13 de julio próximo, con la adjudicación del contrato a la empresa ganadora. En los últimos años, se canceló un monto cercano a los 170 millones de dólares por este servicio a la empresa La Factoría, añadió.
Más tarde compareció el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, quien se refirió al estado en que se encuentran procesos relacionados con el reparto de hospitales; red de corrupción en hospitales de Guayaquil; corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y compra de medicamentos e insumos médicos. Enfatizó que esta información es pública y consta en el sistema de consulta de procesos judiciales.
Por último, la directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), Sara Jijón, dijo que toda la información relacionada con los procesos de contratación del país (incluido lo atinente a la compra de medicamentos, bienes e insumos médicos) está ingresada en la página de la entidad, que es un sistema amigable, accesible a toda la ciudadanía. Actualmente constan los procedimientos de contratación especial desde enero de 2015 y cada día se alimenta la información de este portal. Aseguró que el Sercop ejerce el control de los procesos, en virtud de lo previsto en la Ley y los reglamentos vigentes.

Piden reconocer derechos del pueblo afroecuatoriano consagrado en la Constitución e instrumentos internacionales

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La Comisión de Garantías Constitucionales, dentro del tratamiento del proyecto de Código para la Protección y Garantía de los Derechos de las Comunidades, Comunas, Pueblos y Nacionalidades, escuchó criterios de expertos en derechos del pueblo afroecuatoriano, así como de la Fundación Desarrollo Social Afroecuatoriana, quienes pidieron que reconozcan los derechos de este sector social que se encuentran consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales.
Jhon Antón se refirió a los convenios e instrumentos internacionales que reconocen los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano. Dijo que las propuestas tienen un sesgo inclinado hacia los pueblos y nacionalidades indígenas, por lo que pidió corregir este particular y considerar los 21 derechos colectivos que la Constitución reconoce tanto para pueblos y nacionalidades indígenas como para los pueblos afroecuatoriano y montubio.
Sugirió considerar la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial que establece que los afrodescendientes tienen derecho a la propiedad, uso conservación y protección de tierras que hayan ocupado tradicionalmente y de recursos naturales en caso de que sus modos de vida y su cultura estén vinculados a esas tierras y recursos; el derecho a la identidad cultural, a la protección de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural y artístico, el derecho a que se les consulte previamente cuando se tomen decisiones que puedan afectar sus derechos.
Por su parte, Sonia Vivero, de la Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriano, dijo no estar de acuerdo con los antecedentes del proyecto, porque si bien se habla con mucha precisión de la contribución del pueblo indígena, no se toma en cuenta al pueblo afroecuatoriano.
Por último, señaló que el espíritu de la propuesta deja como sensación la división de pueblos, cuando lo óptimo es integrarlos. Coincidió con Antón en el sentido que se debe respetar los derechos colectivos respecto de la libre determinación y la autodeterminación de los pueblos de conformidad con los convenios e instrumentos internacionales.

Comisión recoge criterios para fortalecer el proyecto de reformas a la Ley de Identidad

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En el marco del estudio del proyecto de reformas a la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles, la Comisión de Garantías Constitucionales recibió criterios y observaciones de instituciones públicas, constitucionalistas, Red Latinoamericana Argentina y personas trans, quienes destacaron la importancia de actualizar la ley vigente.
Cristina Almeida, secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, dijo que la institución promueve el respeto, el derecho de igualdad de género y no discriminación, pero que le resulta difícil levantar datos de las diversidades para transversalizar política pública y asegurar la identidad de la población de acuerdo con su género, de ahí la importancia de la normativa que analiza la Comisión.
De su lado, Verónica Cando, viceministra de Inclusión Social, solicitó cambiar la palabra menores por niñas, niños y adolescentes, a fin de garantizar los derechos de este grupo de personas en caso de inscripciones y registro. Solicitó incorporar el enfoque de género con el cambio de sexo, agregar artículos sobre los neonatos y que la inscripción de adopciones se haga con la notificación del juez.
Propuso que las inscripciones tardías de personas adultas mayores, de la calle o con discapacidad se realice a través de un procedimiento expedito, de manera ágil y gratuita, asumido por el área legal del Registro Civil.
Marcela Romero, de la Red Latinoamericana Argentina, dijo que su país reconoce los derechos de las personas trans, lo cual permitió disminuir la exclusión social, el acceso a la educación, al trabajo, salud y a vivir en igualdad de género. A su criterio, Ecuador da un gran paso con las reformas a la Ley de Identidad y Datos Civiles.
Por su parte, Dayana Ávila, abogada constitucionalista, se refirió a la sentencia de la Corte Constitucional del caso de Bruno Paolo Calderón, que concluyó con una disposición a la Asamblea Nacional para que adopte medidas legislativas para garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Michael de Prada, de Fraternidad Transmasculina, señaló que este grupo de personas lucha por su visibilización. Pidió que en las reformas a la Ley de Datos Civiles se tome en cuenta el derecho a la identidad y a la intimidad. Manifestó que el género debe ser un dato público a través de un proceso administrativo sin testigos, mientras que el sexo un dato privado a través de un proceso administrativo, sin cirugías ni diagnóstico.
La asambleísta Paola Cabezas señaló que la legislación comparada es de ayuda para estructurar las reformas que se requieren en materia de identidad y datos civiles, sobre la base de la realidad de nuestro país.
El presidente del organismo legislativo, Fernando Cabascango, solicitó a los comparecientes remitan sus observaciones por escrito para ser analizarlas.

Gestión integral de riesgos y desastres fue tema de análisis en la Comisión de Seguridad

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La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral recibió al asambleísta Marcos Molina, a fin que exponga el sustento, alcance y objetivos del proyecto de Ley de Gestión Integral de Riesgos, Desastres, Endemia y Pandemia.
Molina señaló que el proyecto tiene como objetivo regular el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, a través de la ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias y acciones para el conocimiento y la reducción de riesgos.
Explicó que el proyecto regula la adopción de medidas sanitarias, que serán centralizadas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, bajo los principios de manejo de crisis, mapa de riesgo y mitigación.
Ciberseguridad
Como segundo punto del orden del día la comisión avanzó en el análisis de los proyectos de ley sobre ciberseguridad. Para ello escuchó los criterios y observaciones de autoridades de los Ministerios del Interior y de Telecomunicaciones.
Andrés Dávila, coordinador General de Tecnología del Ministerio del Interior, señaló que es necesario evaluar el tema desde el nivel cibernético. Dio a conocer que en la nueva estructura del ministerio consta una unidad que se encargará de estos aspectos.
El delegado del Ministerio de Telecomunicaciones, Fabián Íñiguez, dijo que el Ecuador está alerta por los sucesos que se dieron en el año 2021 y que en este marco la estrategia de ciberseguridad trabaja en la gestión de riesgos y resiliencia, el liderazgo y la responsabilidad compartida.
El asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad, solicito a los comparecientes enviar por escrito las observaciones, a fin de considerarlas al momento de elaborar el informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.

El Pleno debatirá proyecto que crea la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales

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Este jueves 16 de junio de 2022, la Asamblea Nacional llevará a cabo una nueva sesión plenaria, convocada por el presidente de la Legislatura, Virgilio Saquicela Espinoza, para tratar en primer debate el proyecto de Ley de Creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales.
El informe para primer debate fue elaborado por la Comisión de Educación. El proyecto propone crear la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales para que cubra la necesidad de formar profesionales que desarrollen el conocimiento en el ámbito de la seguridad integral, mismos que serán parte de los organismos de seguridad ciudadana.
El texto prevé que la universidad inicie sus actividades con tres carreras: Licenciatura en Investigación Criminal y Forense; Licenciatura en Gestión de Seguridad Ciudadana; y, Licenciatura en Inteligencia Estratégica y Prospectiva. Además, para su financiamiento participará en la distribución del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO).
En otro orden, el Pleno del Parlamento tratará de manera reservada el informe sobre la actual realidad y todos los precedentes económicos y jurídicos del Banco del Pacífico y perspectivas financieras.

Fiscalía procesa a conductor que provocó atropellamiento masivo

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Por el delito de muerte culposa, Fiscalía formuló cargos contra Edwin David B., presunto responsable del siniestro de tránsito que dejó veintiocho aspirantes a Policía heridos y un fallecido. El hecho ocurrió la mañana de este domingo 12 de junio en Latacunga.
En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Maricela Yánez solicitó –de manera fundamentada– la prisión preventiva para el procesado, mismo que fue acogido por el juez Marcelo Palomo, de la Unidad Judicial Penal de Latacunga, quien también dispuso la prohibición de enajenar el vehículo causante del hecho.
Entre los elementos de convicción presentados por Fiscalía, se incluyen: versiones de las víctimas, el informe de autopsia, los informes de reconocimiento médico-legales de los heridos, el informe de reconocimiento técnico del lugar y la pericia técnico mecánica de los vehículos involucrados en el accidente de tránsito, entre otros.
La instrucción fiscal durará treinta días.
Según las primeras investigaciones, Edwin David B. conducía a exceso de velocidad una camioneta que atropelló a los aspirantes a agentes, impactó a un camión y luego se estrelló contra una pared. A decir de varios testigos, el procesado habría intentado huir del lugar tras el incidente.
Información jurídica
Este caso se judicializa por el delito de muerte culposa, tipificado en el artículo 377, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en sus numérales 1 y 5: exceso de velocidad e inobservancia de leyes, reglamentos regulaciones técnicas de las autoridades o agentes de tránsito. Por ello, el procesado podría enfrentar una pena de cinco años más agravantes.

El 16 de junio se realizará la audiencia de impugnación dentro del proceso de designación del titular de la Superintendencia de Bancos

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El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió convocar, para el jueves 16 de junio a las 10:00, a la audiencia pública de impugnación en contra de Rosa Matilde Guerrero Murgueytio, postulante para el cargo de titular de la Superintendencia de Bancos.
La decisión se tomó este 10 de junio, después de aprobar el informe técnico sobre las impugnaciones presentadas en contra de los postulantes de la terna remitida por el Ejecutivo, para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos. 
El informe señala que se recibieron tres impugnaciones en contra de la postulante Rosa Matilde Guerrero Murgueytio, las que fueron analizadas por la Comisión Técnica de apoyo. Del estudio realizado, se recomendó al Pleno del CPCCS admitir únicamente la presentada por el ciudadano Diego Fernando Trujillo, pues cumple con todos los requisitos reglamentarios. Las impugnaciones presentadas por los ciudadanos David Mogrovejo y Andrés Arauz no cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa.
Se realizará la debida notificación a las partes para que se presenten en el día y hora señalados para la audiencia, en la que el impugnante presentará sus argumentos y la postulante ejercerá su derecho a la defensa. Posteriormente, el Pleno del CPCCS resolverá en única y definitiva instancia sobre la impugnación; en caso de ser aceptada, la candidata será descalificada del proceso, en el caso contrario pasará a la siguiente etapa, que consiste en que los postulantes presenten su plan de trabajo ante el Pleno del Consejo, durante una sesión que será transmitida en vivo. 
Abg. Hernán Ulloa Ordóñez
Presidente del CPCCS

Soberanía Alimentaria demanda acciones continuas del Ministerio de Agricultura para atender al sector productivo

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La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, con siete votos afirmativos, aprobó el informe de seguimiento en torno a las acciones para atender al sector agropecuario, en cumplimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, que dispuso la comparecencia del entonces ministro de Agricultura, Pedro José Álava.
La comisión recordó que el exministro Álava informó a este órgano legislativo sobre la generación y aplicación de las políticas agropecuarias frente a la grave crisis del sector.
Luego la comisión sesionó en Machala, provincia del El Oro, el 20 de abril del presente año, para conocer las acciones de esta Secretaría de Estado frente al paro del sector bananero.
El 8 de junio la comisión recibió al nuevo ministro de Agricultura, Bernardo Manzano Díaz, para que exponga las acciones adoptadas para paliar la grave crisis que atraviesa el agro ecuatoriano.
Sobre la base de lo expuesto, la Comisión de Soberanía Alimentaria concluye que ha procedido al cumplimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea, en cuanto al seguimiento de la temática agrícola y pecuaria; que el ministro Bernardo Manzano cumplió lo detallado en la resolución y expuso ante la mesa las acciones puntuales que benefician al sector agropecuario.
En este contexto, el organismo legislativo exhorta a las funciones del Estado a cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, a fin de evitar que se produzcan acciones ilegales, que repercuten en el accionar de las instituciones; y, en particular a la Fiscalía, que concluya las acciones preprocesales iniciadas por el incumplimiento de la ley, a fin de que las instancias judiciales cuenten con los suficientes elementos de convicción para continuar los procesos y, de ser el caso, ejecuten las sanciones ejemplificadoras.
Respecto de la máxima autoridad de la Agricultura, la mesa solicitó que las acciones efectuadas sean continuas y de manera oportuna para que el sector involucrado, que enfrenta estas dificultades, pueda ser el beneficiario de sus acciones debidamente coordinadas con las instituciones integrantes de esta cartera de Estado y con las demás entidades estatales.

Pleno legislativo tratará en segundo debate el proyecto que deroga parcialmente la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario

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De conformidad con la convocatoria dispuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela Espinoza, el Pleno del Legislativo, en la sesión No. 777, tratará en segundo debate el proyecto de Ley de Ley Reformatoria de Diversas Leyes para la Garantía de Derechos Derivados del Apoyo Humanitario durante la Pandemia de la Covid-19.
La propuesta deroga parcialmente la Ley de Apoyo Humanitario e incorpora artículos al Código Monetario y Financiero, Ley de Servicio Público, Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal; y, al Código de Trabajo.
Las reformas al Código Monetario disponen efectuar acuerdos entre clientes y las entidades del sistema financiero nacional y no financiero para reprogramar, refinanciar y suspender el cobro de cuotas impagas generado por cualquier tipo de obligación crediticia adquirida desde el 16 de marzo de 2020 hasta diciembre del 2021. Además, se añaden disposiciones respecto de la reprogramación de pago de cuotas de seguros, y por obligaciones con entidades; y, la condonación de intereses de mora para los actuales deudores con entidades del sistema financiero público o privado.
En el Código de Trabajo se incluye una disposición transitoria que determina que todas aquellas personas que hayan sido contratadas bajo un contrato emergente y a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, hayan superado los 90 días del período de prueba, dichos contratos tendrán el carácter de indefinidos. Las reformas a la Ley de Servicio Público establecen beneficios para los médicos devengantes en la Red Integral Pública de Salud y sus redes complementarias.
En las reformas a la Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal, la comisión incorpora normas para aquellos contribuyentes que solicitaron la facilidad de pago con remisión e incumplieron con una o más cuotas establecidas. Se precisa que dicha falta de pago no se podrá considerar como incumplida, debiéndose activar de oficio la facilidad para pagar, permitiendo al contribuyente cubrir el total del capital adeudado hasta diciembre de 2023.
En otro orden, el Parlamento conocerá el informe de fiscalización del caso Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador que, entre otros aspectos, recomienda al Ministerio de la Producción establecer una política nacional vinculante de responsabilidad social y ambiental, con estándares internacionales de derechos humanos; demanda al Presidente de la República la supresión de la Secretaría de Derechos Humanos por no haber cumplido sus atribuciones; y, recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional la designación de un asambleísta para que presente la solicitud de juicio político en contra de Patricio Donoso, ministro de Trabajo.
También, conocerá el informe para primer debate del proyecto que unifica cuatro propuestas de reformas al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Sobre el tema la Comisión de Gobiernos Autónomos concluyó que crea herramientas normativas más eficaces y efectivas para que los GAD mejoren sus actividades competentes en temas de vialidad, seguridad, ambiente, administración, cantonización, participación ciudadana, cuidado de la fauna urbana, el fomento del ciclismo y la micromovilidad, la eficiencia en los procesos de remoción de autoridades y el control de la calidad de la organización y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados.

El 62% de la población no tiene una cultura de ahorro y el 53% cubre sus gastos con deuda.

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Durante los últimos 8 años, el bienestar y la educación financiera de los ecuatorianos se ha deteriorado

El 62% de la población no tiene una cultura de ahorro y el 53% cubre sus gastos con deuda.

Solo Argentina y Paraguay, dentro de Sudamérica, tienen actualmente un menor índice de bienestar financiero que Ecuador. En los últimos 8 años, ese índice ha caído 11 puntos en el país, desde un puntaje de 57 a 46 sobre 100.
Los ecuatorianos registran menos educación financiera, con un puntaje que pasó de 12,5 a 12,2 sobre 21, sobre todo en temas básicos como qué es y cómo funciona la tasa de interés simple. Menos del 20% de las personas puede dar una respuesta cercana a la realidad.

Además, el comportamiento también se ha deteriorado hasta el punto en que el 62% de la población no tiene una cultura de ahorro y el 53% cubre sus gastos con deuda, a través de préstamos legales o ilegales.
De acuerdo con el informe elaborado por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), todos estos elementos hacen que la población del país esté más vulnerable ante varios eventos: enfrentar choques externos, como una enfermedad; cumplir metas financieras, como adquirir una casa o expandir un negocio; acceder a otros productos financieros, como seguros.
Así, por ejemplo, los seguros privados de salud o los planes de ahorro para la jubilación tienen una cobertura de menos del 20% en la sociedad ecuatoriana.

Cuatro aspectos claves

Alicia Muñoz, economista e investigadora en temas de desarrollo social, explicó que cuando se hace referencia al bienestar financiero se apunta al estado en el cual una persona puede cumplir satisfactoriamente sus obligaciones financieras actuales, puede sentirse segura acerca de su futuro financiero y es capaz de tomar decisiones que le permiten disfrutar de la vida.
Así, el concepto involucra cuatro elementos fundamentales:

Control sobre las finanzas diarias: Se refiere a que las personas poseen habilidades para controlar sus finanzas; esto es cubrir a tiempo sus gastos y deudas, sin preocuparse por no tener dinero. En este aspecto, aunque la mayoría de los ecuatorianos reconoce la importancia de establecer metas y tener claro un presupuesto mensual, menos de un 30% lo hace efectivamente.
Capacidad para absorber choques financieros: Si la persona es capaz de sobrellevar retos financieros inesperados. En ese punto, en un escenario de bajos ingresos y poca cultura de previsión, más del 60% de los hogares no tiene reservas ni para soportar más de tres meses si pierden la fuente principal de sustento.
Cumplimiento de metas financieras: Si la persona percibe que se encuentra en el camino correcto para cumplir su meta financiera, tal como comprar un carro o una casa. Las personas poseen un plan financiero formal (o informal) y trabajan activamente para alcanzarlo.

Libertad financiera para tomar decisiones que permitan disfrutar de la vida: La libertad de un individuo o familia para gastar de más en otros aspectos (salir a cenar, tomarse unas vacaciones). Actualmente, los alimentos representan entre el 53% y un poco más del 42% del presupuesto de los hogares pobres y de clase media. Esta realidad, que se ha profundizado con la creciente inflación, deja sin espacio financiero a la mayoría de la población.

Falta información y una estrategia nacional

A pesar de que instituciones como el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y varias organizaciones de la sociedad civil han implementado medidas para aumentar la educación y el bienestar financiero, Ecuador se ha quedado a la zaga de los países vecinos.

Roberto Andrade, economista, comentó que en la sociedad ecuatoriana no se ha podido establecer una estrategia nacional para mejorar la educación financiera. Ese tipo de acciones se dan en economías como la peruana. “En Ecuador, cada entidad busca hacer algo, pero no hay coordinación ni metas claras”, dijo.

Tampoco existen mecanismos para levantar periódicamente información propia sobre la realidad financiera de las familias ecuatorianas. La mayoría de los datos vienen de estudios de organismos internacionales.
En el país ni siquiera hay voluntad para eliminar la sobrerregulación y depurar el exceso de trámites y requisitos para acceder a productos financieros como los créditos.

A todo esto, se suma que la mejor forma de darle más capacidades económicas a la población ecuatoriana es a través de reformas, tanto legales, tributarias y productivas, para que se generen más y mejores empleos.

En 8 años, el porcentaje de adultos ecuatorianos que dice prestar atención al mañana, y no solo en gastar y vivir al día, pasó del 48% al 36%.

Comisión de Seguridad se pronuncia sobre el proyecto de Ley sobre el Uso Legítimo de la Fuerza e inicia el estudio sobre tenencia y porte de armas

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La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, por unanimidad, aprobó una resolución a través de la cual aclara que el contenido del proyecto de Ley de Uso Legítimo de la Fuerza no lesiona el derecho a la protesta social, en respuesta al comunicado emitido por el Movimiento Pachakutik.
El proponente de la resolución, el legislador Rodrigo Fajardo, así como los comisionados, señalaron que es necesario leer integralmente el articulado, en el cual se respeta la protesta social pacífica y recoge los más altos estándares internacionales de derechos humanos amparados en el Sistema Universal y el Sistema Interamericano, y se basa en las recomendaciones de la Observación General 37 y el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, garantizando de manera amplia el derecho a la protesta social.
El legislador Fajardo hizo un llamado a las fuerzas políticas para actuar con responsabilidad en el debate de este proyecto de ley, ratificando su convicción democrática y plural en su tratamiento; considerando infructuoso que este proyecto regrese a la comisión para tratar algo que se ha debatido a saciedad y ha alcanzado equilibrios y consensos indispensables.
La mayoría de comisionados coincidieron en que está Ley posibilita una acción responsable en contextos de orden público, seguridad ciudadana, privación de libertad, manifestaciones o protesta social pacífica. 
Así mismo se enfatizó en que el articulado procura la seguridad y la garantía de derechos; así, el derecho a la resistencia está reconocido, y en el cuerpo normativo queda explícito el uso de armas cuando una manifestación se torna violenta, de modo que la Fuerza Pública mitigue estos actos en procura de cuidar la vida, el orden y los bienes públicos.
En otro ámbito, la comisión decidió unificar el proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal que modifica el delito de tenencia y porte de armas, con el proyecto de Ley de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública.

Autoridades y expertos acudirán a Comisión de Garantías Constitucionales

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En cumplimiento del cronograma de trabajo aprobado para el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, la Comisión de Garantías Constitucionales recibirá este miércoles 8 de junio, a las 14h00, a: Fernando Alvear, director del Registro Civil; Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos; y César Córdova, defensor del Pueblo.
También asistirá Diane Rodríguez, activista, consultora y ex asambleísta, quien presentó uno de los proyectos que se tramitan en la mesa legislativa, orientado a regular el derecho fundamental a la identidad, con énfasis en el libre desarrollo de la personalidad.
Igualmente están invitados Elizabeth Vásquez, Fundadora de Corporación Humana; Nua Fuentes Aguirre, activista y presidenta del Proyecto Transgénero; Efraín Soria, presidente de la Fundación Ecuatoriana Equidad; y Daniel Aguayo, representante de la Organización Pro-Vida.

La insoportable levedad discursiva de Lasso

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Los ciudadanos ecuatorianos viven una especie de montaña rusa, con sobresaltos y a la expectativa, debido a las permanentes mentiras, desatinos, argucias, de parte de la primera figura política del país, creando opacidad y degradando el cargo.
Santo Tomás de Aquino define la mentira como “un lenguaje contrario al propio pensamiento con la voluntad de engañar”. El mandatario ecuatoriano parece que ha vivido macerado en falsedad, lanza cualquier alocución, sin ruborizarse. O sufre del trastorno de ideas delirantes, incluso podría encajar en uno de los subtipos de ésta, como el “grandioso” los que la padecen, creen que tienen un gran talento o que han hecho un descubrimiento importante. Tratándose del inquilino de Carondelet también se lo puede encasillar con el síndrome de Pinocho conocido también con el apelativo de mentira patológica y con el nombre de mitomanía. LOS MITOMANOS MIENTEN CONSCIENTE Y COMPULSIVAMENTE para conseguir beneficios.
Refiriéndose a la primera magistratura del estado, se espera de quien ostenta el cargo; seriedad, firmeza, respeto a los ciudadanos, que lo que expresa tenga trasfondo, proceso, cifras, datos, que sus presentaciones, estimulen a ser escuchado, que despliegue carácter de estadista, de hombre formal, El inquilino Se ha vendido como mentiroso, Incluso se ha vuelto hasta previsible lo que va a decir, además, lo que formula es liviano sin sustento, no maneja los temas, demostrando falta de involucramiento en las distintas áreas estatales.
Recuento:
En Dcbre. del año 2020 en campaña sostuvo “ cuando seamos gobierno nos preocuparemos de la seguridad ciudadana, que los domingos no salga la mitad de la familia, porque la otra mitad se queda cuidando la casa…” La realidad es que la inseguridad en Ecuador, se ha vuelto el problema principal número UNO. Lo revela el titular del Diario El País de España de febrero de 2022 “La inseguridad en Ecuador encierra en casa a los ciudadanos y saca a los militares a la calle” Salieron los uniformados, pero las cifras de criminalidad no han bajado.
Hace poco con el asunto de la venta del avión presidencial, en varias entrevistas afirmó que se había vendido en $ 8 millones de dólares. El mismo día fue desmentido por el presidente de Colombia. Lo terrible alrededor de la aeronave, es que en la misma entrevista dijo que no conocía el valor con el que se adquirió ese bien público. ¿Cómo se puede negociar un patrimonio estatal sin conocer cifras, datos, estado y todo lo demás?, cualquier negociador principiante lo sabe. Si miente en un acto donde se involucra a otro gobierno ¿cómo será al interno del país?
Hay bienes patrimoniales con mucho valor como el Banco del Pacífico, negociación que la está haciendo a escondidas, no es negocio de Lasso, es del ESTADO! Por ello debe manejarse con transparencia y dirigirse a la nación, y desbrozar las razones, circunstancias y motivaciones que llevan a deshacerse de ese banco estatal, siendo hasta el año 2021 el de mayor liquidez nacional, la patria debe estar enterada de todos los detalles.
El gobierno del señor Lasso, está gastando, altas cifras de dinero en pautas publicitarias, cuya intención es maquillar su administración ya que aparte de no comulgar con la verdad, existe profunda inconformidad por la ausencia de obras, cuando se trabaja de verdad por la nación que dirige, esos servicios que se construyen gritan el nombre del constructor. Esas pautas son otro engaño. Su administración no convence debido a la estela fantasiosa que está dejando cada vez que se dirige al pueblo, o tiene un micrófono cerca.
No vi el informe del 24 de mayo. Por redes he visto retazos, uno de ellos es el que grita que vacunó a 18 millones de ecuatorianos. Miente y mucho una vez más!
El Instituto ecuatoriano de estadísticas y Censo INEC informa que el Ecuador cuenta con 17.511.000 al año actual ( 2022 ) No toda la población está vacunada, los niños no entran en la estadística de vacunación y mucha gente adulta por decisión propia no ha accedido a las vacunas. Según datos estadísticos hay un aproximado de 30% de la población que no está vacunada. Por tanto NO SON 18 MILLONES. Es fácil inflar las cifras. Difícil creerle a alguien que ha hecho de la mentira su Modus vivendi.

Por: Lcda. Rosamaría Calderón C.


LA META DE LASSO, METITA NEFASTA DIFÍCIL DE CUMPLIR

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Cuando leí el titular en algunos medios de comunicación del país, en el que Lasso decía:
“Me he planteado la meta de que no vuelvan los Correístas” Lo leí varias veces, porque no creía que Lasso tenga una meta! Y qué meta!!! Difícil de cumplir como todo lo que se plantea, por más asociación ilícita que su cofradía elabore y publique de los líderes de la RC. no lo han logrado, llevan más de CINCO (5 )años, con una persecución encarnizada, por más fotos trucadas, videos editados y publicaciones rastreras, este pueblo despertó y no es presa fácil. La población ha progresado intelectualmente, ya no cae en engaños, Ud. no ha avanzado, sigue la vieja escuela politiquera, la de las argucias, componendas y mentiras, renuévase!
El país atraviesa centenares de problemas de toda índole, muy graves, creados precisamente por su falta de conocimientos y nula competencia administrativa gubernamental. Se vive una nueva época, los problemas deben resolverse con nuevas soluciones, usted sigue encasillado en el pasado del oscurantismo.
Sobre las metas y objetivos del milenio para el 2030 no las tiene en cuenta, tampoco ha hablado de ellas y menos trabajándolas, se abre la sospecha que no se ha enterado que existen
Y sale con esta
meta! Muy parecida a las que Hitler tenía como meta principal erradicar “ideas peligrosas” como la democracia, el socialismo, y el pacifismo. Las víctimas de esta meta fueron o las consecuencias de ellas: 6 millones de personas fallecidas; 3.5 millones de prisioneros soviéticos; 3 millones de prisioneros polacos; 600 mil prisioneros serbios; quedaron 300 mil discapacitados. Actualmente en el Ecuador hay un alto número de desnutrición infantil, escuelas sin maestros, hospitales sin medicinas, y van más de 300 robos a expresos escolares, escuelas en estado ruinoso, 100 mil bachilleres sin poder acceder a la universidad, crímenes e inseguridad inmanejable, es decir, hay muertes de varias maneras. Las víctimas son por ausencia de firmeza gubernamental y FALTA DE METAS SERIAS Y FIRMES POR LA PATRIA
Y Ud. tiene
metas que hablan más bien de la figura de un dictador que odia a los opositores, la oposición siempre ha sido fundamental en una democracia bien entendida.
Bokassa, dictador africano, tenía ínfulas y también soñaba con ser emperador de centroáfrica se auto designó Presidente vitalicio, se comparaba con Napoleón, ocasionó muchas muertes,
Las comparaciones son vitales porque las situaciones tienen analogía. Lasso quiere un país a la carta. Donde la Asamblea sea dirigida por sus acólitos y a cualquier precio, no importa que las cabezas sean incapaces totales. El poder judicial lo quiere dirigir desde todos los ángulos, es como si quisiera erigirse como reyezuelo sin corona, y sin súbditos.
Las metas de uno de los presidentes de la región, Bukele de el Salvador que están dando buenos resultados a la población
*Está eliminando la brecha digital al 100%
*Está terminando con las pandillas, y entregando tranquilidad y sosiego a la nación
*Está avanzando en disminuir la pobreza y violencia, las medidas operativas están dando excelentes resultados
Alberto Fernández, presidente argentino está trabajando sostenidamente con las
metas que han sido amenaza para su población. Lleva adelante el proceso de revisión y priorización de los objetivos de desarrollo sostenibles eso significa bajar los índices de desnutrición, sacar del pozo de la pobreza a muchos argentinos, y entregar servicios básicos a la población más vulnerable.
La meta de Lasso, la única, es la de desaparecer al Correismo. Hagamos memoria.
Desde hace un lustro y más se ha gastado del erario nacional ingentes cantidades de dinero con la intención de desprestigiar a los líderes de la RC.se les calumnia día a día groseramente con los más bajos epítetos, se les asocia con narcos, con crímenes, con robos, con lo más bajo, los medios de tirada nacional, se hacen eco de aquello y lo publican como “hechos ciertos” sin ninguna prueba.
La( AEDEP) ASOCIACION ECUATORIANA DE PRENSA. Se ha unido para despotricar de los líderes de la RC 24/7 igual (AER) asociación ecuatoriana de radios. Y TV. Mas todos los carteles de trolls cuyo objetivo es calumniar en las redes 24/7 Mucho dinero se destina para que todo ese batallón de mercenarios difame, y por más lodo, mentiras, calumnias y aberrantes miserias, no han logrado desterrar de la mente de los ecuatorianos decentes la gratitud y admiración por esos hombres que entregaron su tiempo, trabajo, conocimiento y pensaron de la mejor manera por el desarrollo del país. Las 10 mil obras construidas y todas de necesidad prioritaria y transversales gritan el nombre de sus constructores:
Guillermo Lasso, pierde el tiempo con esta
meta, no han logrado arrancar del corazón y de la mente de pueblo, a Rafael Correa y a Jorge Glas, hombres que dejaron su vida, tiempo, conocimientos, valores y programas, METAS Y OBJETIVOS PARA EMRUMBAR ESTE PAIS , que lo dejaron en marcha, se trabajó sostenidamente en ejes del progreso:
EDUCACION: Construcción de 1000 centros educativos P y S y 4 grandes universidades
SALUD: Construcción de 56 hospitales y centros médicos
SEGURIDAD:Graduación de 30mil policías,construcción de 2000 UPC.y construcción del ECO 911
EJES VIALES:Construcción de miles de kilómetros de carreteras y más 300 puentes
REDUCCION DE LA POBREZA: Más de 2 millones de personas salieron de ella.Confirmado por la ONU. Todo lo expuesto es comprobable, señor Lasso.
Le repito al inquilino de Carondelet, pierde el tiempo, con su “
pobrísima meta” la aceptación de RC. cada día sube mucho más, tanto así que según encuesta seria pese a la persecución ES EL POLITICO MEJOR VALORADO, Y SI LAS ELECCIONES FUERAN HOY, Y RAFAEL CANDIDATO GANARIA LAS ELECCIONES EN PRIMERA VUELTA. Y JORGE GLAS FUE RECIBIDO COMO HEROE NACIONAL POR EL PUEBLO QUE SE AUTOCONVOCÓ. CUANDO SALIÓ DEL ABERRANTE APRESAMIENTO, EN MENOS DE 6 HORAS
A esto hay que añadir, que en las últimas elecciones presidenciales, pese, a que el candidato de la RC no tenía acceso a medios a nivel nacional, y la guerra sucia en su contra fue atroz, llegó al primer lugar, todos sabemos y corroborado por sus coidearios del PSC, que Ud. “gano” con trampa; su “
metita” por más dinero que le inyecte, la población ya no se deja impresionar con mentiras. Dedíquese a trabajar por los objetivos de desarrollo para el 2030 para que el país no baje a la cola de los países más pobres, que con RC, subió varios puestos. Trabaje para reducir la desigualdad social y la desenfrenada inseguridad, enfrente los problemas de la nación.
Por: Lcda. Rosamaría Calderón C.

Autoridades públicas informarán en Fiscalización sobre presunta red de corrupción hospitalaria

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La Comisión de Fiscalización y Control Político convocó para este jueves, 2 de junio, a las 08h30, a la sesión 95, con el propósito de recibir al comandante general de la Policía, Fausto Salinas; al ministro del Interior, Patricio Carrillo; a la fiscal, Diana Salazar; y al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quienes informarán acerca de la presunta vinculación del ciudadano Leandro Norero Tigua con la red de corrupción hospitalaria.
Según información difundida en distintos medios, y de la versión oficial de las autoridades policiales, Leandro Norero Tigua, conocido como ‘El Patrón’, habría montado una estructura criminal y apoyado a bandas locales vinculadas con un cartel mexicano, y tendría nexos con anteriores funcionarios relacionados con hechos de corrupción en hospitales públicos de Guayaquil.
El organismo fiscalizador considera que se trata de un tema de transcendencia nacional, de allí la necesidad de que las autoridades informen acerca del operativo desarrollado para la captura de este ciudadano, y cuáles son los vínculos existentes con actos de corrupción cometidos en el sector salud.
El Comandante de Policía y los Ministros del Interior y de Gobierno informarán sobre los allanamientos realizados en tres provincias, el pasado 25 de mayo de este año, en los cuales se incautó más de siete millones de dólares.
La Fiscal General, por su parte, se referirá a los procesos penales abiertos por redes de corrupción en la salud pública en Guayaquil; a los allanamientos y captura del Leandro Norero; y a las investigaciones penales respecto de varios involucrados en las referidas redes de corrupción.

Autoridades de Salud, IESS y Finanzas serán llamados para informar sobre la situación de la salud y la seguridad social

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El Pleno de la Asamblea Nacional, con 95 votos afirmativos y dos abstenciones, resolvió convocar a Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo del IESS; a los vocales Luis Clavijo y César Rodríguez; a Nelson García, director general; a Daniel Rodríguez, director nacional de Salud; al Director del Seguro Social Campesino; y, a Ximena Garzón, ministra de Salud.
Varios son los temas que los funcionarios deberán informar: la ejecución del plan de externalización de farmacias y su cronograma; la posición país respecto de la suscripción del Acuerdo Mundial Histórico sobre la prevención, preparación y respuesta frente a pandemias; los despidos masivos de personal de la salud; la situación financiera del Fondo de Salud del IESS; valores que adeuda a Solca y su cronograma de pagos; la falta de abastecimiento de medicamentos, dispositivos e insumos médicos dentro de las unidades hospitalarias; y el detalle de medicamentos caducados en los hospitales.
También será citado, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, quien informará sobre el presupuesto de la Salud y los valores que el Estado adeuda al IESS con su cronograma de pago.
Las comparecencias fueron solicitadas por el asambleísta Marcos Molina, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, quien denunció la serie de despidos masivos de médicos del sistema nacional de salud, que repercuten en sustento de las familias afectadas, así como en los servicios y atenciones a la ciudadanía.
En el debate de este tema intervinieron 15 asambleístas, quienes respaldaron el pedido de comparecencia de las autoridades de Salud y del IESS, a fin de que respondan por la falta de dispositivos e insumos médicos, inestabilidad laboral del personal médico, falta de atención oportuna y con calidad, y por la falta de ambulancias.
Señalaron también la importancia por la ejecución de la política pública en estos temas; la urgencia de una norma legal respecto al tiempo de permanencia de los miembros del Directorio del IESS; y la necesidad de buscar soluciones a la problemática de la seguridad social, más aún cuando existe una deuda acumulada de 8.300 millones de dólares.

Asamblea ratifica Convenio con Belarús para el reconocimiento de títulos de estudios superiores

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El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Convenio entre los Gobiernos de Ecuador y Belarús para el reconocimiento de documentos educativos y títulos de estudios superiores, mismo que facilita la cooperación internacional-bilateral en el campo de la educación superior.
El asambleísta Salvador Maita señaló la importancia del convenio que contendrá obligaciones recíprocas en el tema para ambas naciones, y favorecerá a los compatriotas. De su lado el legislador Gustavo Mateus destacó el esfuerzo de los gobiernos de Ecuador y Belarús para la concreción del convenio que tiene una perspectiva integral, además del reconocimiento de títulos.
El instrumento internacional fue suscrito en la ciudad de Minsk el 22 de mayo de 2017 y el 8 de noviembre del mismo año, la Corte Constitucional realizó el respectivo control de constitucionalidad del instrumento y determinó que mantiene conformidad con la Constitución de la República.
El convenio está pensado desde el interés de los ecuatorianos, el desarrollo de los pueblos y procura el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Belarús. De igual manera, facilita la cooperación internacional-bilateral en el campo de la educación superior y procura beneficios recíprocos para ambos países y, de esta manera, garantizar el derecho constitucional a la educación.

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