La jugosa oferta de un trabajo estable en el sector público fue la coartada que María Susana M. utilizaba para engañar a sus víctimas.
Ella fue sentenciada a una pena privativa de la libertad de ocho años por el delito de estafa. El fallo de primera instancia fue apelado por su defensa, pero la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó su condena, dándole la razón a Fiscalía, que motivó –por segunda vez– su acusación.
Los jueces consideraron que no se violentó el derecho a la defensa de la procesada, como alegaba la defensa. Por el contrario, en su resolución oral, indicaron que las pruebas practicadas por Fiscalía en la audiencia de juicio fueron contundentes para determinar la responsabilidad de María Susana M. en la estafa masiva.
De esta manera, la Sala –además de ratificar la pena privativa de la libertad de la acusada–confirmó el pago de la multa de treinta salarios básicos unificados y de una reparación integral de 6.000 dólares.
Los hechos
De acuerdo a los hechos probados por Fiscalía en la audiencia de juicio y ratificados en la apelación por el fiscal Erick López, entre abril y mayo de 2018, María Susana M. contactó a varias personas del cantón San Migue de Los Bancos ofreciéndoles plazas de trabajo en instituciones públicas.
A cambio de ubicarlos en el puesto, ella pedía una suma de 6.000 dólares. La mitad de ese dinero –decía– era para la conformación de una empresa que se encargaría de gestionar los contratos. Los otros 3.000 se iban a emplear para la adquisición de vehículos con los que se prestarían servicios en instituciones públicas. Todo fue un engaño.
Estos ofrecimientos los hacía en contubernio con otro hombre, a quien Fiscalía también procesó por los mismos hechos, alcanzando la misma sentencia condenatoria de ocho años en su contra. La Corte Provincial de Justicia de Pichincha rechazó –de igual manera– el recurso de apelación que él interpuso.
La pericia contable que el fiscal Erick López presentó en las audiencias de juicio y de apelación determinó que María Susana M. sí recibió en su cuenta 6.000 dólares de parte de una víctima, configurándose así su responsabilidad en el delito de estafa masiva, en el grado de coautoría, fallo que se ratificó en la audiencia de apelación.
Información jurídica
María Susana M. fue sentenciada con base en el artículo 186, inciso primero –en concordancia con el inciso tercero– del Código Orgánico Integral Penal: “la persona que, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. La persona que perjudique a más de dos personas o el monto de su perjuicio sea igual o mayor a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años”.

Por convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, el Pleno sesionará este viernes, 18 de noviembre, a las 14h30, con el propósito de proceder al juicio político en contra de Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo Macías, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por incumplimiento de funciones al reformar el Reglamento para la designación del Contralor y por la falta de transparencia en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.
Dichas causales constan en la solicitud de enjuiciamiento político presentada por los asambleístas Ángel Maita y Mireya Pazmiño, quienes sustentaron sus afirmaciones ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro de la fase de actuación de pruebas.
Esta convocatoria responde a la decisión adoptada por el Pleno de la Asamblea Nacional, este martes, 15 de noviembre, con 84 votos afirmativos, por la cual resuelve enjuiciar políticamente a los cuatro consejeros y consejeras del CPCCS, al haberse encontrado méritos suficientes conforme a la solicitud y pruebas presentadas y practicadas en el juicio político interpuesto por los legisladores Maita y Pazmiño.
Procedimiento
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la fecha y hora señaladas los asambleístas interpelantes llevarán adelante el juicio político por el lapso de dos horas, con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo.
A continuación, la funcionaria o funcionario enjuiciado políticamente, en el lapso máximo de tres horas, presentará sus alegatos de defensa ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre las acusaciones imputadas en su contra, con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo.
Luego, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora. Finalizada la intervención de la funcionaria o funcionario, se retirará del Pleno y el Presidente de la Asamblea Nacional declarará abierto el debate, en el cual podrán intervenir todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por el tiempo máximo de diez minutos, sin derecho a réplica. De no presentarse al término del debate, una moción de censura y destitución, se archivará la solicitud.

La Comisión de Desarrollo Económico debatió el proyecto de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que Regula la Inversión de los Recursos para Proyectos de Desarrollo Territorial, en el marco de la construcción del informe para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Este proyecto propone redireccionar fondos que hasta el momento son administrados por las hidroeléctricas públicas y privadas del país, para que pasen de ser dirigidos por los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y que se reinviertan en proyectos de desarrollo social.
Entre las observaciones planteadas durante el primer debate en el Pleno del Parlamento, se propone destinar un determinado monto para los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales y agregar la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes como uno de los proyectos de inversión posibles producto de la reinversión de los fondos.
El asambleísta Cristian Yucailla sugirió que se destinen recursos para la conservación de los páramos, ya que proveen de agua a las propias hidroeléctricas.
Asimismo, la vicepresidenta la de la Comisión, Wilma Andrade, resaltó la importancia de que conste en el informe que durante procesos de construcción, operación y mantenimiento de las centrales de generación se dará prioridad a los proyectos que promuevan el uso de tecnologías limpias y energías alternativas, tomando en consideración el avance que debe existir en el país.

El parlamentario al presentar formalmente la solicitud de juicio político sostuvo que el ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano Díaz ha incumplido sus funciones establecidas en la Constitución y la ley.
Ricardo Vanegas espera que la solicitud sea calificada por el Consejo de Administración Legislativa y remitida a la Comisión de Fiscalización para que inicie el proceso de sustanciación.
Afirmó que durante la sustanciación de esta petición demostrará que el Ministro de Agricultura y Ganadería ha incumplido los mandatos legales a los que por mandato constitucional y legal se encontraba obligado a respetar.
A criterio del legislador el ministro Manzano incumplió lo que determina la Constitución, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y otras normas al revertir las adjudicaciones realizadas de forma constitucional, en legal y debida forma a predios agrícolas situados dentro de la denominada “Hacienda Ayalán” y que desarrollan su plena capacidad de aprovechamiento productivo.
Recordó que la adjudicación de los predios responde a un proceso de compra venta a través de una mediación de la Procuraduría General del Estado, pero que el Ministerio de Agricultura, a través del Subsecretario de Tierras, ha realizado actos administrativos de reversión de esas tierras, sin considerar el acta de mediación como cosa juzgada.

El costo mundial de las importaciones de alimentos ascenderá a 1,94 billones de dólares en 2022, una cifra más alta de lo previsto anteriormente, según destaca un nuevo informe de Perspectivas Alimentarias publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
La nueva previsión marcaría un máximo histórico y un incremento del 10% respecto al anterior récord registrado en 2021, aunque se espera que el ritmo de crecimiento se ralentice en respuesta al aumento de los precios mundiales de los alimentos y la depreciación de las divisas frente al dólar estadounidense.
El organismo destaca que ambos factores pesan sobre el poder adquisitivo de los países importadores y, en consecuencia, sobre los volúmenes de alimentos importados.
Peligra la comida de los países de bajos ingresos
La mayor parte del aumento de la factura de las importaciones corresponde a los países de renta alta, debido sobre todo a la subida de los precios, aunque también se espera que aumente su volumen. Pero, la subida de precios afecta más a los grupos de países económicamente vulnerables.
A modo de ejemplo, se prevé que la factura total de las importaciones de alimentos para el conjunto de los países de bajos ingresos permanezca apenas sin cambios, si bien se prevé que disminuya un 10% en términos de volumen, lo que apunta a un problema de acceso a la comida cada vez mayor para estos países.
"Estas señales son alarmantes desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, ya que indican que los importadores sufren dificultades para costear el aumento de los precios internacionales, lo que podría presagiar el fin de su capacidad de resistencia a la subida de los precios internacionales", advierte el informe de la Dirección de Mercados y Comercio de la FAO.
El informe advierte sobre un posible ensanchamiento de las diferencias existentes y la desigualdad, ya que los países de altos ingresos siguen importando toda la gama de productos alimentarios, mientras que las regiones en desarrollo se centran cada vez más en los alimentos básicos.
En este contexto, la Organización celebró la aprobación por parte del Fondo Monetario Internacional de una “Ventanilla para el Choque Alimentario”, que estará disponible durante un año para proporcionar mayor acceso a la financiación de emergencia a los países que se enfrentan a necesidades urgentes de balanza de pagos relacionadas con la crisis alimentaria mundial.
El estudio también prevé que la factura mundial de las importaciones de insumos, incluyendo los fertilizantes, aumente hasta los 424.000 millones de dólares en 2022, un 48% más que el año anterior y hasta un 112% más que en 2020.
El incremento de los costes de la energía y los fertilizantes importados son los responsables de esta previsión.

Tendencias alimentarias por productos
El informe prevé que la producción mundial de trigo alcance la cifra récord de 784 millones de toneladas durante la temporada 2022/23, impulsada por la importante recuperación de las cosechas en Canadá y Rusia.
Esta circunstancia debería impulsar los inventarios mundiales de trigo hasta niveles récord, aunque el análisis detalla que las acumulaciones se producirían sobre todo en China y Rusia, mientras que en el resto del mundo se estima que los niveles de existencias descenderán un 8%.
Se pronostica que las reservas de cereales secundarios caerán a sus niveles más bajos desde 2013, debido a la reducción de las reservas en los principales países a consecuencia de una menor producción.
Así, la producción mundial de cereales secundarios se reduciría en un 2,8% en 2022, hasta los 1467 millones de toneladas. Aunque con un probable descenso durante el periodo 2022/23, se mantendría la producción mundial de arroz.
La producción mundial de semillas oleaginosas se recuperaría y alcanzaría un máximo histórico en la campaña 2022/23, ya que se espera que el aumento de la producción de soja y colza compense un probable descenso de la producción de semillas de girasol.
También se pronostica un aumento de la producción mundial de azúcar, impulsado por una importante recuperación de la producción de Brasil y las mayores cosechas en China y Tailandia, aunque que el consumo crecerá a un ritmo más lento.
La producción mundial de carne y productos lácteos aumentará ligeramente en 2022, mientras que la de la pesca y la acuicultura aumentará un 1,2%, con un aumento del 2,6% en la acuicultura que compensará con creces la ligera caída de la producción de la pesca de captura.

Estuardo Juvenal C., presunto autor del femicidio de su conviviente, Dayanara C., se encuentra con prisión preventiva.
Así lo dispuso la jueza Soraya Quintero, durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos. Además, ordenó medidas de protección a favor de la madre de la víctima y demás familiares.
La madrugada del viernes 11 de noviembre de 2022, Juvenal C. trasladó a su pareja –la víctima–, de 26 años, hasta el hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca. Allí, el personal de salud verificó que la mujer llegó sin signos vitales; sin embargo, le brindaron reanimación, pero solo confirmaron su deceso.
La autopsia reveló que la víctima falleció a causa de un trauma craneoencefálico. Además, tenía lesiones en el rostro, antebrazos, muslos y otras partes del cuerpo.
La fiscal Fernanda Aguirre expuso los elementos de convicción recopilados durante la investigación: acta del levantamiento del cadáver, informe de la autopsia médico-legal, versiones del médico que atendió a la víctima en la casa de salud y del agente aprehensor, informe médico pericial de lesiones del procesado y un informe de investigación de la Dinased.
Información jurídica
Fiscalía procesó a Estuardo Juvenal C., con base en los artículos 141 y 142 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifican y sancionan el delito de femicidio con privación de libertad de veintidós a veintiséis años.

La consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Ibeth Estupiñán, posesionó a Francisco Bonilla, representante de la Defensoría del Pueblo, como nuevo integrante de la Comisión de Verificación y Calificación a los Héroes y Heroínas Nacionales (CVCHHN), quien reemplaza a Miguel Ángel Chimborazo.
Además, los comisionados ratificaron a Ramsses Torres como presidente de la Comisión de Héroes y Heroínas, respecto de lo cual la consejera Estupiñán reafirmó su apoyo ante el “reto enorme que tiene la Comisión para que se reconozca a todas las personas que lo merezcan”, dentro del Sexto Trámite Sumario que está en desarrollo.

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela Espinoza, en rueda de prensa, indicó que debido a la falta de informe de la Comisión de Fiscalización en torno a la sustanciación del juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en aplicación de lo previsto en el último inciso del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), será el Pleno quien adopte la resolución para dar paso al juicio político o archivar el expediente.
Subrayó que este tema consta como tercer punto del orden del día para la sesión 810 del Pleno, convocada para mañana, martes 15 de noviembre, a las 10h00.
Explicó que la Comisión tenía plazo hasta el 3 de noviembre para emitir el informe de la sustanciación de la solicitud de juicio político contra los vocales del CPCCS; el organismo solicitó una prórroga de cinco días, el cual feneció el 8 de noviembre.
A esa fecha, la mesa no alcanzó los votos para recomendar el juicio político o el archivo. Entonces, correspondía al Presidente de la Comisión remitir, en el plazo de dos días, al Presidente de la Asamblea Nacional las actas de votación y un informe que detalle las posiciones de los asambleístas para que sea el Pleno el que resuelva, ya sea el archivo o el juicio político, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82, inciso tercero, de la LOFL.
Luego, el 9 de noviembre, la Comisión reconsideró la votación de la sesión y envió el informe que recomienda el juicio, cuando feneció el plazo adicional de cinco días para dicho efecto. Por tanto, no existe informe legalmente aprobado y opera lo determinado en el artículo 142 de la LOFL, reiteró.
Mesa Técnica de Seguridad
En torno a los avances de la Mesa Técnico-jurídica de Seguridad, el presidente de la Legislatura, Virgilio Saquicela, indicó que esta instancia está trabajando con la participación del Legislativo, del Ejecutivo, de la Función Judicial y de la Fiscalía, entre otras entidades.
Aspiramos tener una reforma antes del mes de diciembre respecto del Código Orgánico Integral Penal, con la inclusión de temas como la consideración de los antecedentes penales de las personas, para negar medidas sustitutivas a la privación de libertad; la imputabilidad de menores de edad en casos de delitos; y, el aporte de armas, previo análisis muy profundo de sus implicaciones.
Igualmente, anunció que el próximo 22 de noviembre habrá una nueva reunión de la Mesa Anticorrupción, que es un espacio de reformas abierto por la Presidencia de la República, todo esto dentro del marco que corresponde a la Asamblea, que es el de legislar.

Muchos no le dan la importancia que se debiera, pero lo cierto es que esta enfermedad causó 4 millones de muertes en 2017. Hablamos de la diabetes, una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.
Desde 1980 el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadruplicado. Se estima que 425 millones de adultos padecían diabetes en 2017, frente a los 108 millones de 1980.
Este preocupante crecimiento también es extrapolable a América Latina, donde los datos hablan por sí solos: la diabetes es la cuarta causa de muerte en el área.
Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes del organismo e incrementar el riesgo de muerte prematura. Además, provoca el aumento de factores de riesgo conexos, como el sobrepeso o la obesidad.
Gran parte de los casos y sus complicaciones podrían prevenirse manteniendo una dieta saludable, una actividad física regular y un peso corporal normal, y evitando el consumo de tabaco.
La importancia de la atención médica contra la diabetes
El tema del Día Mundial de la Diabetes 2021 es "Acceso a la atención de la diabetes".
Cien años después del descubrimiento de la insulina, millones de personas con diabetes en todo el mundo no pueden acceder a la atención que necesitan. Los diabéticos requieren supervisión y apoyo continuos para controlar su afección y evitar complicaciones.
El centenario del descubrimiento de la insulina presenta una oportunidad única para lograr un cambio significativo para los más de 460 millones de personas que viven con diabetes y los millones más que están en riesgo. Unida, la comunidad mundial vinculada al problema de la diabetes tiene los números, la influencia y la determinación para lograr un cambio significativo. Solo necesitamos asumir el desafío. 
Tipos de diabetes
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre).
La diabetes de tipo 1 (anteriormente denominada diabetes insulinodependiente o juvenil) se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina.
La diabetes de tipo 2 (llamada anteriormente diabetes no insulinodependiente o del adulto) tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física.
La diabetes gestacional corresponde a una hiperglicemia que se detecta por primera vez durante el embarazo.
Antecendentes
El Día Mundial de la Diabetes (DMD) fue creado en 1991 por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes en respuesta al aumento de la preocupación por la creciente amenaza para la salud que representa esta enfermedad.
El Día Mundial de la Diabetes se convirtió en un día oficial de las Naciones Unidas en 2006 con la aprobación de la Resolución 61/225 de las Naciones Unidas. Se celebra cada año el 14 de noviembre, aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1922.
Este día representa la mayor campaña de sensibilización sobre diabetes del mundo, alcanzando una audiencia global de más de mil millones de personas en 165 países. La campaña llama la atención hacia problemas de máxima importancia para el mundo de la diabetes y mantiene esta afección bajo el punto de mira público y político.
Así, este día supone un paso más en la contribución del Objetivo de Salud y Bienestar de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que reclama que se garantize una vida sana para todos en todas las edades.

La Fiscalía del Guayas vinculó a José Paúl S. Y., funcionario del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, al caso por presunto delito de peculado en la adquisición de insumos médicos y prótesis de hombros para el Área de Traumatología, que habría causado un perjuicio al Estado de 1’455.462,50 dólares.
En la audiencia de vinculación, desarrollada la mañana del viernes 11 de noviembre en la Unidad Judicial Sur Valdivia, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, presentó como elementos de convicción: el Iinforme con Indicios de Responsabilidad emitido por la Contralaría General del Estado (CGE) y el informe contable, que determina el perjuicio económico por un contrato para el área médica de la casa de salud.
Además, el informe del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), las versiones de los auditores de la CGE, las copias certificadas del contrato remitido por el IESS, el acta de entrega-recepción de las prótesis, la pericia de contratación pública (que ratifica incumplimientos de procedimientos), la certificación del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y los requerimientos solicitados para el Área de Traumatología.
La jueza de Garantías Penales, Magdalena Preciado, acogió el pedido de Fiscalía y vinculó al proceso a José Paúl S. Y., disponiéndole medidas cautelares de prohibición de salida del país y su presentación periódica ante el Fiscal que lleva la investigación.
La Magistrada le prohibió también enajenar bienes por un monto de 350.000 dólares.
La instrucción fiscal se extiende por treinta días más.
Actualmente, José Paúl S. Y. es funcionario del hospital Teodoro Maldonado y a la fecha de los hechos se desempeñaba en la Unidad de Traumatología: sería quien solicitó –sin justificar la necesidad– los requerimientos para la compra de los insumos médicos.
Contexto
Fiscalía inicio una investigación a mediados de julio de 2021, tras haber recibido un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal por parte de la CGE por un presunto perjuicio de cerca de 1’455.462 dólares en un contrato de adquisición de insumos y prótesis de hombros para la Unidad Técnica de Traumatología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, en el periodo correspondiente al año 2019.
Una vez recaudados los elementos de convicción necesarios, Fiscalía solicitó –el 17 de agosto de 2022– la audiencia de formulación de cargos contra Susana Sumpy E. D., César Emilio V. B., Angélica Andrea R. J. (funcionarios de la casa de salud) y Julia M. P. (contratista), para quienes se emitieron medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación cada quince días ante Fiscalía, además de la prohibición de enajenar bienes por 350.000 dólares a cada uno.
El 14 de octubre de 2022, Fiscalía vinculó a Carlos Arturo V. F., Hayro Adalberto D. V., Julio Alejandro R. M., Andrés Alexander L. H. y Jorge Josué H. A.
A este último –exjefe de Compras Públicas– se le dictó prisión preventiva.
Información jurídica
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de peculado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Fiscalía formuló cargos contra José Andrés R. A. por su presunta participación en el robo con resultado de muerte del servidor policial Eduardo Javier P. C., con base en los indicios obtenidos durante la investigación.
En la audiencia de formulación de cargos efectuada la mañana de este 11 de noviembre de 2022, la Fiscal del caso –de manera motivada– solicitó la prisión preventiva, misma que fue aceptada por el Juez de Garantías Penales que conoció el caso. La instrucción fiscal durará noventa días, sin perjuicio de que se vincule a los demás involucrados en el crimen.
El hecho ocurrió en la madrugada del 17 de octubre de 2022, mientras el servidor policial Eduardo Javier P. C. intentó evitar un asalto a una gasolinera en Santo Domingo de los Tsáchilas, en la que uno de los delincuentes fue abatido.
Fiscalía –mediante técnicas especializadas de investigación– obtuvo indicios que establecieron la existencia de un grupo delictivo dedicado al robo en gasolineras, que se trasladaban desde Esmeraldas a cometer los ilícitos hasta Santo Domingo de los Tsáchilas.
Entre los elementos recabados constan: el análisis de información, relación de llamadas telefónicas, ubicación de celda de los números utilizados por los investigados, videos del establecimiento, entrevistas, entre otros.
Fiscalía solicitó –días atrás– la orden de detención con fines investigativos del ahora procesado. También, Fiscalía continúa con el trabajo de campo –en coordinación con la Policía Nacional– para la aprehensión de los demás sospechosos del crimen.
Información jurídica
El delito de robo con resultado de muerte está tipificado en el artículo 189, inciso 6, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años.

La Comisión de Régimen Económico aprobó este sábado el cronograma de trabajo para el tratamiento de la Proforma del Presupuesto General del Estado para el período fiscal 2023, que asciende a 31.503 millones de dólares y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2023-2026.
Los legisladores coincidieron en la necesidad que durante el análisis y debate de estos documentos participe de manera permanente un representante del Ministerio de Finanzas, a fin de que realice un acompañamiento durante todo el proceso para absolver las consultas.
Según el Ministro de Finanzas, en la proforma se asignan 200 millones de dólares adicionales para las instituciones de educación superior por concepto del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, USD 3.357 millones para los gobiernos autónomos descentralizados; y, USD 2.354 millones para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el aporte del Estado del 40% de las pensiones jubilares y otros, entre otros aspectos.
De conformidad con la Constitución de la República, la Asamblea Nacional tiene plazo hasta el 30 de noviembre para aprobar la Proforma del Presupuesto

La sentencia fue ratificada en todas sus partes. El procesado, Cristian Eduardo A., abogado de profesión, fue condenado a una pena privativa de la libertad de tres años tras haber sido hallado culpable del delito de extorsión.
El fallo de primera instancia fue apelado por el acusado, pero la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha rechazó dicho recurso, dándole nuevamente la razón a Fiscalía, que –citando los elementos de prueba esgrimidos en primera instancia– demostró por segunda ocasión la responsabilidad penal de Cristian Eduardo A. en el delito imputado.
Los magistrados dijeron que está “absolutamente demostrado el elemento objetivo” del delito de extorsión: la intimidación. La no existencia de esta figura era el fundamento que utilizó la defensa del procesado para intentar revertir la sentencia.
La Corte, además, resolvió que, con base en las pruebas practicadas por Fiscalía, se comprobó que la extorsión afectó el patrimonio de la víctima, desechando de esta forma la pretensión del procesado.
Por su responsabilidad en el delito de extorsión, el procesado también tendrá que pagar una multa de diez salarios básicos unificados y una reparación integral de 20.500 dólares a favor de el agraviado.
Extorsionado por no ir preso
La víctima, Xavier E., comenzó a vivir su pesadilla el 13 de enero de 2019. Esa fecha, se produjo una violación grupal en el bar donde él mantenía una relación societaria. La víctima de este delito fue una mujer cuyo caso se denominó “Martha”.
De acuerdo al testimonio del afectado, que fue parte de la prueba practicada por Fiscalía en la audiencia de juicio, un día después de los hechos Cristian A. lo contactó para explicarle que patrocinará la defensa de “Martha” y que para evitar que lo vinculen al proceso que se abrió por la agresión sexual, debía entregarle 1.500 dólares.
Aunque Xavier E. sabía de su inocencia, el miedo por verse envuelto en el caso le obligó a conseguir esa suma de dinero que fue entregado al abogado extorsionador.
Su calvario no terminó ahí. El 4 de febrero de 2019, Cristian A. volvió a contactarse con él para pedirle 5.000 dólares más. Según le dijo, esa era la única forma en que podría salir libre de la causa, pues quienes sí estaban procesados por la violación grupal a “Martha” lo querían vincular.
Ocho días después, Cristian A. lo contactó otra vez. En esa ocasión le exigió 15.000 dólares, explicándole que así podía frenar su inminente vinculación al caso que generó conmoción en Quito. Para intimidarlo, el ya sentenciado le dijo que podía ir preso por treinta años y que debería pensar en su familia.
Al verse contra la pared, la víctima consiguió asesoría legal que le advirtió de la extorsión de la que estaba siendo objeto. Él se contactó con “Martha” para preguntarle si estaba al tanto de lo que ocurría, a lo que ella respondió que no y que, por estos hechos, cesaría a Cristian A. como su patrocinador legal.
El abogado fue detenido y procesado por el delito de extorsión. Su causa llegó a etapa de juicio y, tras haber sido hallado culpable con las pruebas presentadas por Fiscalía, su defensa solicitó la suspensión condicional de la pena, determinada en el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Pese a que Fiscalía se opuso a dicha pretensión, el Tribunal de Garantías Penales aceptó el requerimiento de Cristian A., advirtiendo que deberá cumplir con los requisitos establecidos en los numerales 1, 3, 7, 8, 9, y 10 de ese mismo artículo. De esta manera, el procesado cumple su sentencia, pero sin una pena privativa de la libertad.
Información jurídica
La sentencia –en audiencia de apelación– se dictó por el delito de extorsión, tipificado en el artículo 185, inciso primero del COIP: “la persona que, con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, obligue a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.

Con la presencia de varias organizaciones sociales, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió por unanimidad declarar la Lucha contra el Cáncer de Mama como tema de sensibilidad e interés nacional, que necesita políticas de salud adecuadas y claras que sean difundidas en la sociedad, para generar conciencia ciudadana en todos los estratos socio – económicos.
El objetivo es trabajar de manera conjunta para fomentar el auto cuidado y controlar los factores de riesgo con los programas de detección temprana, tratamiento, tamizajes para incidir en la reducción del cáncer.
Decidió fomentar bajo la planificación y creación de políticas públicas la implementación de mecanismos de diagnóstico de precisión, hasta el año 2025, para reducir la tasa de mortalidad de las mujeres con cáncer de mama; y, solicitar a la Comisión del Derecho a la Salud realizar el seguimiento del cumplimiento de la Estrategia de Atención Integral del Cáncer y el Plan Nacional de Cuidados Paliativos.
Exhortó al presidente de la República, Guillermo Lasso, que cumpla con lo establecido en los artículos 361 y 362 de la Constitución, relacionados con la formulación de la política de salud y los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. Además, que exija al Ministro de Salud aplicar las medidas para que los servicios de salud fomenten la realización de exámenes clínicos preventivos a la edad apropiada para detectar a tiempo el cáncer. En el caso del cáncer de seno, promover el acceso a tamizaje y mamografías de calidad.
La asambleísta Yeseña Guamaní, proponente de la resolución, recalcó la necesidad de fomentar la realización de exámenes clínicos preventivos, así como al derecho al acceso equitativo a los mejores tratamientos de precisión y de calidad, sin importar su ubicación o condición socio-económica.
Pacientes con cáncer
Nuevas voces de pacientes con cáncer se hicieron escuchar en el Pleno. Andrea Arroyo, presidenta de la Fundación CA Positivo, hizo un recuento del proceso doloroso que atraviesa una persona con cáncer. Dio su testimonio, en su familia le arrebató a su madre, padre y abuela. “El cáncer no es lo único que se hereda, también la fuerza y la determinación, aún estamos a tiempo de construir un mundo más empático y solidario”, afirmó.
Olga Valencia, de la Fundación Acuerdo contra el Cáncer, comentó que recibió la medicación luego de su última comparecencia en la Asamblea Nacional. María Gabriela Rivadeneira, directora de la Fundación Fuerza Rosa, agradeció al Legislativo por unirse a esta lucha en conjunto y no quiere que el sistema de salud siga robando más vidas de mujeres.
Diego Jimbo, de la Fundación Acuerdo contra el Cáncer, pidió dejar las redes sociales como medios de referencia eficientes para conseguir turnos en los hospitales y se respete los formularios con los tiempos adecuados.
Durante el análisis del tema, los legisladores se solidarizaron y recalcaron en lo complejo del proceso, no solo para quien sufre la enfermedad, sino para sus familia. Subrayaron en la importancia de prestar atención al tema y la urgencia de dotar los recursos necesarios para inversión en la atención y tratamiento a las enfermedades catastróficas.
En este marco, entregó Acuerdos Legislativos a Mercy Rodas, del Observatorio de Enfermedades Catastróficas; Carmen Gutiérrez, de la Asociación Ecuatoriana para Niños con Cáncer “Asonic”; Paola Valencia, Fundación María José Lemos; María Gabriela Rivadeneira, de la Fundación Fuerza Rosa; y, Amparo Escobar, de la Fundación Bekampa Leucemia ECHR – Ecuador, por su misión solidaria y comprometida en beneficio de los colectivos vulnerables, con iniciativas y propuestas orientadas a una prioritaria atención de salud, con asistencia integral a los pacientes con enfermedades catastróficas.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convoca a la ciudadanía a inscribirse en el concurso para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.
Los ciudadanos que cumplan con los requisitos y cuenten con la preparación profesional que se requiere podrán entregar sus postulaciones del lunes 14 al viernes 25 de noviembre de 2022, de 08h30 a 17h00 y en la misma hora dentro del huso horario correspondiente en el exterior.
Requisitos:

1. Ser mayor de 18 años;

2. Ser ecuatoriano o ecuatoriana; y,

3. Estar en goce de los derechos políticos.

1. Formulario de postulación;

2. Hoja de vida; de acuerdo con el formato único establecido por el CPCCS y publicado en el portal web institucional;

3. Copia notariada a color de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del último proceso electoral;

4. Copia notariada del título de tercer y/o cuarto nivel y el certificado de registro emitido por el organismo competente;

5. Certificado de no tener deudas tributarias en firme pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación;

6. Certificados de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como empleador o prestatario; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación;

7. Certificado de responsabilidades y/o cauciones, otorgado por la Contraloría General del Estado; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación;

8. Certificado de no estar impedido para ocupar cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo, con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación;

9. Certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o movimiento político en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria al presente concurso, otorgado por el Consejo Nacional Electoral (CNE);

10. 10.Certificado de no mantener contratos vigentes con el Estado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP); emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación;

11. 11.Certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral de no tener sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código de la Democracia, sancionada con la suspensión de derechos políticos y de participación mientras esta subsista; emitido con un tiempo no mayor a quince (15) días antes de la postulación;

12. 12.Certificaciones que acrediten su experiencia laboral o profesional con o sin relación de dependencia;

13. 13.Declaración juramentada ante Notario Público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o profesional que incluirá lo dispuesto en el Reglamento del concurso; y,

14. 14.Certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la UAFE; Certificado de homónimo con personas registradas en la base de datos de la UAFE.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 70 votos afirmativos y 45 en contra, negó la autorización previa, solicitada por la doctora Mercedes Caicedo Aldaz, jueza nacional (e) para enjuiciar penalmente al legislador Fernando Villavicencio, dentro del proceso contravencional que inició el legislador Ronny Aleaga en su contra.
La Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecen que los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones; y, para el enjuiciamiento penal por cualquiera de las infracciones penales tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que incluye a los delitos y contravenciones, en contra de un legislador es necesario requerir la autorización previa de la Asamblea Nacional.
Debate
En el debate intervinieron nueve legisladores, quienes defendieron lo que establece la Constitución de la República para que los parlamentarios puedan ejercer sus funciones de fiscalización. Ricardo Vanegas recordó que la Asamblea ya cuenta con un precedente, cuando en agosto 2022, se pretendió levantar la inmunidad a Yeseña Guamaní.
Fernando Villavicencio cuestionó que una denuncia por supuestamente cometer una contravención de cuarta clase sea causal para levantar la inmunidad parlamentaria.
De su lado, Ronny Aleaga advirtió que Villavicencio habría utilizado el aparataje comunicacional para injuriarlo sin haber presentado, hasta el momento, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Señaló que el respeto debe primar entre adversarios políticos.
Mario Ruiz cuestionó el uso de las redes sociales para emitir afirmaciones sin tener pruebas, para influir en la opinión pública. Ana Belén Cordero dijo que “se debe tener respeto en nuestra labor parlamentaria de fiscalizar y legislar”.

La Comisión de Relaciones Internacionales recibió las comparecencias de Katherine Herrera, del Ministerio del Interior y de Christian Matute, de la Secretaría de Derechos Humanos, con el fin de tratar algunos nudos críticos dentro del articulado para segundo debate del proyecto de ley Orgánica contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes .
Para el análisis de las observaciones al proyecto, la Comisión llevó a cabo mesas técnicas de trabajo con instituciones y equipos de los legisladores, en donde se plantearon modificaciones sobre regularización migratoria, difusión de servicios de atención de víctimas de trata, ente rector y elaboración de política pública de prevención. En este sentido, el debate se centró en definir el ente encargado de la rectoría y desarrollo de la política pública en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
Herrera afirmó que al tratarse de delitos, la rectoría debe caer en las instituciones de Estado que están a cargo de la seguridad y el orden público. Sin embargo, enfatizó que el trabajo tiene que hacerse de forma coordinada con otras entidades encargadas de derechos humanos, educación, desarrollo social y trabajo.
Por su parte, Christian Matute precisó que la Secretaría de Derechos Humanos tiene la responsabilidad, dentro de la atención a víctimas, de dar respuesta a los procesos que son delegados a través de medidas administrativas y judiciales.
Durante la sesión, los legisladores Fernando Cedeño, Raisa Corral, Mónica Palacios y Esther Cuesta señalaron que de acuerdo con el enfoque de la ley, la Secretaría de Derechos Humanos debe ser quien ejerza como ente rector. Por otro lado, los asambleístas Juan Fernando Flores, Jessica Castillo, Marjorie Chávez y Patricio Cervantes mencionaron que al tratarse de un delito, el ente rector debe ser el Ministerio del Interior.
Al finalizar la reunión, la comisión decidió tener una nueva mesa de trabajo para conocer las propuestas presentadas por el Ministerio del Interior y el asambleísta Fernando Cedeño, con el fin de llegar a un consenso y poder tener soluciones y respuestas de cara a una necesidad.

En cumplimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral recibió al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; a la directora general del Servicio Integrado ECU-911, Daniela Saltos; a los gobernadores de Orellana, Esperanza Bustamante; de Napo, Javier Grefa; Sucumbíos, Deysi Manzano; y, de Morona Santiago, Edwin Castillo, para analizar las acciones que se están ejecutando para combatir la delincuencia organizada.
El ministro Jiménez enfatizó que es necesario trabajar de manera coordinada con cada función del Estado para combatir la problemática de inseguridad. Explicó que según la normativa vigente el Ministerio del Interior es el encargado de la seguridad.
Al presentar la documentación referente a las funciones del Ministerio de Gobierno, aclaró que la evaluación de la gestión de los gobernadores está a cargo del Ministerio del Interior, a la vez informó que el presupuesto de las gobernaciones es de 37 millones de dólares, de los cuales se ha ejecutado el 76%.
Daniela Saltos, directora general del Servicio Integrado ECU-911, dio a conocer que ha suscrito 332 convenios a nivel nacional con los gobiernos autónomos descentralizados y otras instituciones del sector público y del sector privado.
Esperanza Bustamante, gobernadora de Orellana, expresó que en cumplimiento del artículo 3 de la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional se ha implementado el programa SOS Orellana, para trabajar de forma coordinada frente a la inseguridad.
El gobernador de Napo, Javier Grefa informó que han creado un chat institucional con las autoridades de instituciones encargadas de la seguridad y trabajan de forma articulada en la ejecución de operativos integrales de control.
Deysi Manzano, de la provincia de Sucumbíos, señaló que conformaron mesas de seguridad y se ha levantado el comité de seguridad interinstitucional, desde donde se trabaja de la mano con la ciudadanía para frenar la delincuencia en la provincia.
El Gobernador de Pastaza, Rodrigo Mena, indicó que desde agosto pasado emprendió acciones para combatir la delincuencia, así como la realización de reuniones de seguridad en barrios y parroquias a las que son convocadas todas las autoridades de la provincia.
Edwin Castillo, gobernador de Morona Santiago, manifiestó que los índices de delincuencia han incrementado en 100% en la provincia. Reveló que semanalmente mantienen reuniones de evaluación para definir las acciones frente a la problemática.
Alexis Yaguana, representante del Frente de Reactivación Productiva y Económica de Esmeraldas, solicitó el apoyo por parte del Gobierno para reactivarse, ya que han sido golpeados fuertemente primero por la pandemia y ahora por la inseguridad, situación que está llevando a la quiebra a varios emprendedores de la provincia.

Carlos Pareja Yanuzzelli, exgerente de Petroecuador, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, ratificó la existencia de una estructura organizada de corrupción en el sector petrolero, dirigido desde el Ejecutivo, que sometía a organismos de control como la Fiscalía, Contraloría General del Estado, el Comité de Deuda Externa, Ministerio de Finanzas, entre otras carteras, hecho que redundó en la pérdida de más de 5.000 millones de dólares para el país.
Pareja Yanuzzelli, quien cumple siete sentencias por diversos delitos en un centro de privación de libertad, aseguró que, en agosto de 2008, dirigió una carta al Mandatario de la época, alertándole de las prácticas irregulares en las contrataciones petroleras que generaban pérdidas mensuales de nueve millones de dólares, pero no se tomaron acciones.
Igualmente, remitió información al entonces fiscal general, Galo Chiriboga, para que inicie las correspondientes investigaciones, pero tampoco tuvo respuesta. Por eso, insistió, no podía existir una estructura de delincuencia organizada con la venia de las entidades de control.
Recordó que durante la administración de Carlos Pólit como contralor general del Estado hubo una estructura que desvanecía las glosas en contra de empresas que no cumplían los términos de los contratos. Así como para establecer las glosas se requieren informes técnicos y una serie de procedimientos administrativos, también se efectuaban los informes para desvanecer dichas glosas, explicó.
El exfuncionario de la estatal petrolera agregó que, en su momento, entregó documentación al expresidente Lenín Moreno para que tomara los correctivos, así como al titular de la Legislatura, César Litardo, quien tampoco remitió la información a alguna de las comisiones especializadas para que realice las correspondientes investigaciones.
Subrayó que hay responsables directos por las pérdidas económicas por las contrataciones petroleras, por la contratación de deuda con China, con una garantía soberana ilegal, pero también hay otros exfuncionarios responsables por omisión, ya que conocían de estas prácticas y no hicieron nada para contrarrestarlas, ni para sancionarlas.
Legisladores miembros de la comisión y quienes pidieron asistir con voz a esta comparecencia formularon algunas preguntas al exfuncionario Carlos Pareja Yanuzzelli, algunas de las cuales fueron respondidas y, en otros casos, dijo que no contaba con la documentación de respaldo para topar temas que no formaban parte de su comparecencia.

La Subcomisión de Garantías Constitucionales que busca salidas a los casos de femicidios en el Ecuador, recibió a Virginia Muñoz, madre de Lizbeth Baquerizo, quien expuso la muerte de su hija que ocurrió el año 2020. Fue víctima de femicidio y hasta hoy no hay justicia para este crimen, relató al advertir que en cada juzgado solo encuentra trabas, se postergan las audiencias lo que causa daño emocional y psicológico a los familiares.
Entre tanto, Sara Sabando, madre de Naomi Arcentales, relató los hechos de la muerte de su hija, que le informaron que se trataba de un suicidio, lo que -a su criterio- era falso, porque tenía huellas de maltrato, que atribuyó a la pareja, que es un fiscal de género en Portoviejo. Reveló que la segunda autopsia develó datos contundentes que no puede hacerlos públicos por el proceso de investigación. Es necesario que se haga justicia, insistió.
Por su parte, Martha Jaramillo, madre de Samia Carrasco, víctima de femicidio, indicó que la persona que quitó la vida a su hija tiene poder económico y la justicia actuó a favor del victimario. Pidió justicia para su hija y respetar la vida de todas.
A la subcomisión debía acudir la Fiscal General, Diana Salazar, quien envió su delegada. El asambleísta Mario Ruiz protestó por la inasistencia de la Titular de la Fiscalía, en razón de que se trata un tema muy sensible. Mientras, Sofía Sánchez dijo que le volverá a convocar para la próxima semana para que rinda cuentas a las madres de familia.
Patricia Andrade, directora de Control Jurídico de la Fiscalía, mencionó que en el caso de Lisbeth Baquerizo, fue suspendido el fiscal Luis Machado con un informe de control de disciplina. Virginia Muñoz, madre de Lisbeth Baquerizo, respondió que Machado no fue suspendido por este caso.
Patricia Andrade, al referirse al caso de Naomi Arcentales informó que la Fiscalía motivó la suspensión del fiscal Juan Carlos Izquierdo, pero que le corresponde al Consejo de la Judicatura tomar la resolución.
Por su parte, Freddy Sarzosa, director de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión; y, responsable de la Unidad de Criminalística de la Policía Nacional, manifestó que esta entidad investiga los delitos o tentativas contra la vida, secuestro, extorsión y la desaparición de personas, conforme lo dispone la autoridad competente y la normativa legal vigente.
Informó que la Dinased estableció un plan con 4 ejes: fortalecer el talento humano e incrementar el personal de acuerdo con la demanda de casos; aumento financiero, implementación tecnológica para mantener de forma transversal datos de víctimas y victimarios; y, renovación del parque automotor.
Subrayó que su trabajo está enmarcado en el respeto y protección de derechos y garantías, que permite entregar a los administradores de justicia suficientes elementos de convicción probatorios, con los que se pueden determinar las responsabilidades punibles de una o más personas.

La mañana de este martes 8 de noviembre, la asambleísta Dina Farinango, vicepresidenta de la Comisión de Justicia, presentó un proyecto que reforma el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), referente a la extorsión, argumentado que los niveles de inseguridad se han incrementado de forma desmesurada en los últimos años.
La reforma tiene como objeto revisar determinadas conductas tipificadas como delitos y adaptarlas a las nuevas dinámicas que vive la sociedad. Considera que el delito de extorsión tipificado en el COIP queda insuficiente para enfrentar esta práctica que ejecutan principalmente grupos organizados de la delincuencia.
La asambleísta sostuvo que el tema referente a la extorsión presentada en el último paquete de preguntas de la Consulta Popular es una cortina de humo para distraer al país de otros aspectos importantes. “Este delito ya se encuentra tipificado y por eso no es necesaria la consulta, se puede canalizar a través de la Asamblea Nacional con las facultades que tenemos para legislar y fiscalizar”, aseguró.
La reforma quiere modificar dos aspectos del artículo 185, el primero es el incremento de la pena por el cometimiento del delito, que pasaría a ser de siete a diez años de prisión, actualmente es de tres a cinco años. Y el segundo hace referencia a las causas que pueden agravar el delito, con la inclusión del siguiente texto: “Si se comete afirmando pertenecer a un grupo de delincuencia organizada”.
Dina Farinango concluyó su presentación argumentando que es importante trabajar en proyectos como este, para luchar contra la delincuencia organizada y evitar las “vacunas” que están afectando a los negocios pequeños y grandes de todo el país.

Parece que hubiera chantaje entre el General Fausto Salinas y Lasso que prácticamente le pidió la renuncia pero no se fue, lo mantiene, y su gestión NO está dando resultados, es decir, reconocer a alguien en un cargo es ENTENDER su eficiencia y aceptar sendas estrategias de solución,(que nunca las vimos) o Lasso no le asignó presupuesto. O NO ENTIENDEN LO QUE SIGNIFICA LA SEGURIDAD. Y el país adolece de muchos problemas sin solución.
LOS NIÑOS FUENTE DE VIDA PRESENTE Y FUTURA
Señor Lasso 195.188 niños ecuatorianos abandonaron sus estudios en el último año, 2.991 niños ecuatorianos cruzaron la frontera estadounidense caminando, 80 niños murieron con cáncer por falta de medicinas.

LA INOPERANCIA Y LA CRECIENTE POBREZA

Según investigación de la ONU, a través de la FAO 7 millones de ecuatorianos enfrentan el hambre a diario el 27% de niños menores de dos años, padece desnutrición infantil crónica. El 36.8% de ecuatorianos o sea 7 millones de personas tienen dificultades para conseguir alimentos nutritivos, de ese universo 4 millones 300 mil padecen inseguridad alimentaria severa. Esta investigación es del 2021-2022 o sea en manos de Lasso. Los niños son el futuro y el talento humano mas importante de toda nación. Y está totalmente abandonada. Todo problema de atención en salud y escolaridad desembocan en poco plazo en delincuencia y violencia.

PROVINCIAS ESTRATÉGICAS

Esmeraldas y Guayas, son las provincias más azotadas por la falta de institucionalidad, el 57.6% viven en condiciones de pobreza en Esmeraldas, el acceso a servicio básicos y educación es precario. La pobreza multidimensional indica que 6 de cada 10 viven en pobreza, la desatención es tremenda en una provincia fronteriza y la seguridad muy degradada, esta desventura comenzó a sentirse o profundizarse a comienzos del 2018 debido a las malas políticas públicas. Guayas por ser una las provincias más pobladas es sujeta de varios problemas no solo de seguridad, son muchos y no resueltos por políticos que han hecho de esta provincia su feudo.
Lasso tuvo un mensaje muy potente en febrero del 2021 con la masacre carcelaria que hubo, pero no le importó ni tomó ninguna medida. Y prosiguió con la deplorable idea de Moreno de la destrucción de la institucionalización.

INSEGURIDAD
La inseguridad en la república del Ecuador, la otrora isla de paz con vecinos peligrosos, se ha vuelto peligrosísima, las bandas criminales son las que dan ordenes. Lasso abandonó la seguridad del país, este señor no tiene idea de lo significativo e importante que dentro de un estado, país o nación, representa la seguridad, permite desarrollo, y abre puertas al mundo que atrae a turistas e inversionistas por eso la seguridad es uno de los EJES DEL PROGRESO.
El 2 de noviembre (ayer) Lasso decía en un tuit “liderando el puesto de mando unificado…” liderar es ser el primero en todo, es el que pone el ejemplo, y de verdad señor Lasso usted no es ejemplo de nada! Más tarde decía: “ No nos temblará la mano y sepan que quienes están de lado de los delincuentes tendrán el repudio de todos los ecuatorianos”. Otra vez le indico lo anacrónico de su palabrería. Sin ningún respeto a la palabra, a la verdad y al puesto que ostenta, dice cualquier cosa, y chanta epítetos al viento. Al Ecuador nos consta quien es usted, y sabemos que actualmente solo 7% le apoya, o sea casi nadie. Que perdió credibilidad y nadie le cree precisamente por su flojo mensaje y flojera intelectual.
POSPONIENDO SOLUCIONES Y SIN ARGUMENTOS

Las crisis jamás las ha resuelto ha pasado eludiéndolas, sin tomar el toro por los cuernos, no se resuelve trasladando el problema a otros y tampoco culpando y degradando personas. Es por ello que un joven presidente de la región que puede ser su hijo, el presidente salvadoreño Bukele, le dijo “los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones”
Un político quiteño le decía ayer en tuiter “don Lasso lárguese. Ni usted ni sus ministros sirven para nada. Aquí mandan Fito y Junior. La Policía apenas puede disimular el hecho de que acata ordenes de los choneros. El Ecuador vive una guerra…”
En entrevista en un canal de Tv., el general ecuatoriano Luis Altamirano, dijo “que el país ha pasado por procesos de desinstitucionalización muy fuerte en el área de seguridad en el gobierno anterior, el de Moreno que eliminó la rectoría de seguridad, cuando desaparecen el ministerio coordinador de seguridad y así mismo se da la eliminación del ministerio de justicia y ministerio del interior y Lasso lo sustituye con organismos de carácter “Ad Honórem” que fue el consejo sectorial de seguridad. Inclusive se puso como parte y componente del mismo al sistema nacional de atención integral a las personas privadas de libertad sin estructura ni recursos, sin rectoría sin centros coordinadores ni protocolos”
Muy claro este general, aunque ya lo sabíamos, porque precisamente los organismos que destruyó Moreno, abrieron la puerta para la destrucción de la seguridad y Lasso la desembocó al abismo, cuando puso un organismo ad honorem sin ninguna preparación, inversión ni estrategia, AQUÍ ESTRIBA TODO EL DESASTRE DE INSEGURIDAD QUE VIVIMOS ACTUALMENTE.

Y no solo eso, es que Lasso no ha resuelto NADA, y ni siquiera ha dado o ha creado un plan estratégico donde invierta dinero estatal para crear una policía investigativa, de mejor talante contra las bandas y la inseguridad
Incluso es censurable La inversión policial que ha hecho Lasso, es totalmente exigua, solo ha entregado 15 millones para inversiones y dentro de poco engrosaran las filas policiales 7.500 policías. No le ha trasladado recursos; y para las actividades prioritarias solo ha asignado 49mil dólares siendo un pilar importantísimo para detectar actividades delictivas.

NECESITAMOS CAMBIO TOTAL ESTAMOS VIVIENDO EL SENTIMIENTO DE IMPOTENCIA. 9 de cada 10 ecuatorianos le decimos la LASSO RENUNCIE YA!
Según la última encuesta de Market indica que: la Policía Nacional tiene un aproximado del 13,5 de aceptación, los órganos que imparten justicia solo el 8.5% eje fundamental de seguridad a la ciudadanía, y esta no cree en ellos, ¿POR QUÉ SERÁ? Es que los jueces y fiscales, han demostrado estar divorciados de la verdad y la JUSTICIA. La Asamblea tiene un 10% de aceptación y las otras FFAA con un 37% de aceptación, cuando en época pasada pasaban del 60% es decir vivimos una decadencia moral institucional. Y Lasso con el 14% hace tres semana, les aseguro que hoy debe tener menos del 5% Los ecuatorianos no estamos satisfechos, han menguado todo el buen vivir que aplaudíamos hace 10 años

Con base en los elementos de convicción recabados durante la fase de investigación previa, la Fiscalía General del Estado formuló cargos por presunto cohecho contra siete personas: fueron detenidas en un operativo ejecutado la mañana del 1 de noviembre en varias ciudades del país por su presunta participación en actos de corrupción en la Empresa Pública Petroecuador.
Concluida la audiencia de formulación de cargos, una jueza de Garantías Penales dispuso prisión preventiva para los exfuncionarios de la estatal petrolera Galo G., Miguel P. y Lenin A., mientras que al exsubsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, William V.; Andrés R., también extrabajador de la estatal petrolera; Wilson N. y Jorge P. se les dispuso prohibición de salida del país, presentación periódica y uso del dispositivo de vigilancia electrónica.
También tienen la prohibición de enajenar los bienes inmuebles y vehículos que los procesados tengan en el territorio nacional.
Fiscalía investiga una presunta trama de sobornos en Petroecuador, que estaría encabezada por Nilsen A. –investigado en Estados Unidos por presunto lavado de activos–, quien en su calidad de gerente de Comercio Internacional de la empresa estatal, se habría asociado con varias personas –entre ellas los ahora procesados– para ejecutar actos de corrupción a cambio de brindar información privilegiada para beneficiar a varias empresas con la adjudicación de contratos. Según expuso la Fiscal del caso durante la audiencia, el monto del cohecho habría alcanzado los 22 millones de dólares.
Los procesados fueron detenidos en un operativo en que se ejecutaron varios allanamientos de forma simultánea en las instalaciones de Petroecuador, Ministerio de Finanzas, empresas privadas y en los domicilios de varios de los investigados en Quito, San Antonio de Pichincha, Samborondón, Manta e Ibarra, donde –además de cumplir con las órdenes de detención– se levantaron indicios como dispositivos de almacenamiento, equipos electrónicos y documentación sobre los hechos investigados.
Entre los elementos de convicción presentados se encuentran los partes policiales de detención de los procesados, el informe investigativo, las versiones, los partes policiales de las diligencias de allanamientos, de donde también se levantaron elementos de convicción que fueron puestos en cadena de custodia; informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y de la Superintendencia de Compañías, movimientos migratorios, entre otros.
Además, los informes de seguimientos y vigilancias, y la pericia de traducción de la información proporcionada por la justicia de Estados Unidos, a través de Asistencia Penal Internacional.
Información jurídica
El delito de cohecho se encuentra tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

30% de Miembros de las Juntas Receptoras del Voto han sido notificados en 6 días El pasado 27 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició la notificación a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) que cumplirán este rol en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023.
Durante 6 días, con corte al 1 de noviembre, 46.126 MJRV fueron notificados de forma electrónica y 19.403 integrantes de las Juntas Receptoras del Voto recibieron la notificación de forma física. Esto representa el 30% del total de MJRV seleccionados el pasado 19 de octubre.
La ciudadanía también puede consultar si consta como Miembro de Junta Receptora del Voto a través de la página web institucional (www.cne.gob.ec), en el aplicativo para teléfonos inteligentes CNE App y en la plataforma Telegram, mediante CNE Bot.
En cumplimiento del calendario electoral, las notificaciones serán remitidas hasta el 25 de noviembre. Los MJRV deberán capacitarse presencialmente -de forma obligatoria- del 8 de noviembre al 5 de febrero de 2023, para que puedan cumplir con su labor cívica con eficiencia y, además, evitar multas.

Por iniciativa del presidente de la Asamblea, doctor Virgilio Saquicela Espinoza, desde hace varias semanas, se puso en la mesa de discusión una serie de estrategias orientadas a enfrentar de manera eficaz la inseguridad, que es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, dado el alto índice de violencia civil, delincuencia y acciones relacionadas con el crimen organizado.
Oportunamente el Titular de la Función Legislativa solicitó de manera pública al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, convoque a reunión urgente del Consejo de Seguridad Pública y del Estado para establecer las estrategias que permitan controlar la ola de inseguridad que afecta al país.
Igualmente, después de los valiosos resultados obtenidos en las mesas técnica y política sobre la Ley de Inversiones, que permitieron alcanzar acuerdos en más del 85% de la propuesta del Ejecutivo, el presidente de la Legislatura convocó a un nuevo encuentro con los representantes de las demás funciones del Estado y de los organismos relacionados con la seguridad pública y del Estado, a fin de establecer las prioridades legislativas en esta materia.
A este llamado acudieron los representantes de diversos entes públicos, entre ellos, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Fiscalía General, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y Policía Nacional. Sin embargo, no se contó con la participación de los 23 gobernadores provinciales, que son parte del Ejecutivo; tampoco estuvieron los representantes del Ministerio de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública, ni la Directora del ECU911, entidades que están directamente vinculadas con la temática de seguridad, inasistencia que fue rechazada por el presidente de la Comisión de Seguridad Integral, Ramiro Narváez.
La mesa sigue abierta y los ejes temáticos giran en torno al proyecto de Ley de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública, que ya fue tramitado en primer debate en el Pleno, cuyo trámite está a cargo de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral.
Aporte legislativo
En cuanto al trabajo legislativo, la Asamblea aprobó dos importantes normativas, la Ley que regula el Uso Legítimo de la Fuerza y la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, las cuales tienen como propósito fortalecer la seguridad pública, a través de instrumentos jurídicos que garantizan el desarrollo de las actividades de la Policía Nacional y de las tres ramas de Fuerzas Armadas, al servicio de la ciudadanía.

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana recibió la comparecencia de Roberto Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, quien detalló las razones por las que no se encuentra realizando el censo poblacional para ecuatorianos residentes en el exterior.
Resaltó que uno de los principios fundamentales de los censos poblacionales es contabilizar a todas las personas dentro de un territorio determinado con precisión. Asimismo, explicó que el marco legal ecuatoriano es muy claro al facultar al INEC para realizar censos de población en el territorio nacional.
Sin embargo, señaló que el Censo 2022 permite cuantificar migrantes y retornados con dos preguntas establecidas, por un lado información sobre las personas que salieron del territorio nacional en determinado momento y obtener una cuantificación sobre las que retornaron al país en los últimos 5 años.
Para complementar el cálculo, el INEC recomienda solicitar a las Oficinas Nacionales de Estadística de los países que proporcionen información de los ecuatorianos residentes en el exterior, según los últimos censos de población de esos países.
Por su parte, la legisladora Mónica Palacios comentó que al existir un censo telemático, los ecuatorianos residentes en el exterior exigen ser parte del censo a través de esta modalidad. “Estamos pasando por la segunda ola migratoria, tener un censo y saber cuántos ecuatorianos residen en el exterior para crear políticas públicas es indispensable”, agregó.
Al finalizar, el Director del INEC se comprometió a trabajar en mesas técnicas junto a la Comisión de Relaciones Internacionales, con el propósito de encontrar soluciones y resolver las necesidades de la comunidad migrante.
En otro orden, la Comisión decidió hacer extensiva la solidaridad y expresar el sentimiento de pesar al pueblo de Korea del Sur por el fallecimiento de 149 personas durante un accidente multitudinario producto de una caída colectiva, y al país amigo de la India donde se derrumbó un puente colgante y dejó como resultado la muerte de 135 personas.

La Subcomisión que busca salidas frente al incremento de casos de femicidios en Ecuador, escuchó nuevas versiones de la realidad que viven las familias de varias víctimas, con la finalidad de evidenciar las deficiencias y errores cometidos por las instituciones del Estado en los procesos de investigación.
El femicidio es un fenómeno global y hasta el momento no existe país en el mundo que haya logrado su erradicación, manifestó Karina Ponce, de Mega Mujeres, al advertir que Ecuador no se escapa de esta realidad, pues entre muertes violentas y femicidios superan los 1200 casos en lo que va del 2022; de estos el 40% son femicidios.
Subrayó que estos hechos evidencian que somos una sociedad profundamente violenta, que las formas de convivencia entre hombres y mujeres no son iguales, ni respetuosas; además que los femicidas son personas que poseen menos de 44 años, con instrucción primaria, por lo que hay un enorme desafío para trabajar en el ámbito de la educación para cambiar las conductas de potenciales agresores. Recomendó fortalecer el ejercicio de fiscalización y control político a las instituciones responsables de cumplir la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Yadira Lavanda, al igual que otras madres, narró el caso de su hija de 19 años, desparecida y asesinada por su novio, quien tiene una condena de 26 años, que la cumple en la cárcel de Cotopaxi. Expresó que no es fácil mencionar las injusticias que pasan las madres. Fueron dos años y medio de intensa búsqueda, agonía y de recorrer todo el país exigiendo verdad y que hasta el día de hoy no cuentan con medidas de reparación.
Mientras que la madre de Cristina Palacios, víctima de femicidio por parte del esposo, al que lo calificó de psicópata, rechazó el acoso, la agresión y muerte de su hija, a la vez aseveró que no hay familia que haya tenido reparación económica y moral, por lo exhortó a las autoridades a velar por los derechos de las familias de las víctimas y la no revictimización.
La representante de la Asociación Fundación Fuerzas Unidas por Nuestras Víctimas Ecuador, Johanna Velasteguí enfatizó que los casos de femicidio deben ser atendidos y solucionados, para lo que “hay que acudir a los entes internacionales porque lastimosamente en este país hay muchas trabas que nos molestan”.
El legislador Mario Ruiz, al señalar que no hay una política de salud mental, solicitó la comparecencia del ministro de Salud, José Ruales, para que explique cuál es la planificación para su implementación.
La asambleísta Sofía Sánchez, quien dirige la subcomisión de la Comisión de Garantías Constitucionales, tras recordar que este proceso inició días anteriores con los testimonios de más de 15 familiares de las victimas, subrayó que la reparación es el nudo más grande y crítico que atraviesan las familias de las víctimas. Enfatizó que el Ministro de Inclusión Económica y Social debe comparecer para que explique respecto al tema de los bonos para las familias.
Finalmente, informó que la subcomisión tiene 50 días para realizar el proceso de investigación y en la próxima sesión continuará las comparecencias de autoridades de los Ministerios de Inclusión Económica y Social, Educación, Fiscalía, Consejo de la Judicatura y especialistas internacionales con enfoque de género, cuyos aportes servirán para elaborar el informe y las respectivas recomendaciones.

La Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación en el caso Bernal, con el voto unánime de sus cinco integrantes, aprobó el informe de la investigación desarrollada los últimos 30 días y recomienda enjuiciar políticamente a los secretarios de Seguridad, Diego Ordóñez; y, de Derechos Humanos, Paola Flores, así como al exministro del Interior, Patricio Carrillo, por el femicidio cometido en contra de la abogada María Belén Bernal Otavalo.
El organismo estableció que existe responsabilidad estatal, no solo por lo ocurrido en la Escuela Superior de Policía, sino por los actos posteriores a este hecho, incluyendo la falta de diligencia en la vigilancia del sospechoso, Germán Cáceres y su posterior huida.
Según el informe, existiría responsabilidad política desde el propio presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza; los secretarios de Seguridad Pública y de Derechos Humanos; el exministro del Interior, hasta el Comandante General de Policía.
Entre las recomendaciones a la Asamblea Nacional, la Comisión solicita que el Pleno apruebe el informe; propiciar una reforma el Código Orgánico Integral Penal (Coip), en materia de feminicidio, que permita visibilizar algunas circunstancias que hoy no constan en la normativa, así como una reforma al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
Así mismo, que el Pleno designe a un o una asambleísta para que lleve a cabo el juicio político a los secrerarios de Seguridad, Diego Ordóñez; y, de Derechos Humanos, Paola Flores; y, al exministro del Interior, Patricio Carrillo. Este informe y sus anexos servirán como insumos para los juicios propuestos en contra de Carrillo.
La mesa recomienda remitir el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que se conceda una audiencia en la próxima reunión para tratar este caso. También a la Relatoría de Derechos de las Mujeres de dicho organismo y a la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y niñas.
Igualmente, plantea designar a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional para que realice un seguimiento trimestral de las conclusiones y recomendaciones constantes en este informe.
Entre las recomendaciones al Presidente de la República consta la supresión de la Secretaría de Derechos Humanos y la creación de un Ministerio que cuente con todo el respaldo político y económico que permita desarrollar políticas de Estado para la prevención y erradicación de la violencia de género. También, la separación del comandante general de la Policía, Fausto Salinas.
Finalmente, se demanda del Ministerio del Interior la depuración de la Policía Nacional y exigir que la misma se abstenga de continuar con las investigaciones del caso Bernal; formula un llamado a la Fiscalía para que solicite asistencia penal internacional para garantizar la transparencia de la investigación.

El proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública regresará a la Comisión de Participación Ciudadana, con la finalidad de acoger las observaciones y criterios vertidos por los legisladores en el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Ferdinan Álvarez, presidente de la comisión y ponente del informe, destacó que la propuesta unifica seis iniciativas legales y respeta la Constitución, la ley; y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano.
Agregó que a la ley promulgada en 2004 faltaba darle poder coercitivo a la Defensoría del Pueblo para imponer responsabilidades administrativas, en caso de incumplimiento al transparentar la información pública.
Durante el debate intervinieron ocho legisladores que solicitaron modificar el articulado para que la información sensible y reservada sea exclusiva de las instituciones que manejan asuntos relacionados con la defensa nacional, mientras que los contratos y facturas de los sectores de telecomunicaciones, petróleo y minería deben ser públicos. Expresaron su preocupación ante la posibilidad de acceder a información financiera con fines extorsivos.
La propuesta tiene como objetivo garantizar el derecho de acceso a la información pública de manera justificada, y que esta sea oportuna, completa y fidedigna para el ejercicio de los derechos ciudadanos contemplados en la Constitución de la República y la ley.
Determina que en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se aplicarán, además de los principios previstos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, los siguientes: máxima publicidad, supremacía del interés público, buena fe, gratuidad, igualdad y no discriminación, celeridad, in dubio pro actione, accesibilidad e integridad, rendición de cuentas, participación ciudadana y transparencia.

La Comisión de Fiscalización y Control Político, con seis votos afirmativos, resolvió solicitar una prórroga de cinco días para la aprobación y entrega del informe sobre la sustanciación de las solicitudes de juicio político presentadas por los asambleístas Ángel Maita y Mireya Pazmiño contra cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y por Ricardo Vanegas y José Chimbo, contra los siete consejeros, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley.
El equipo asesor del organismo presentó los avances de la redacción del borrador de informe que al momento tiene un 75 %, en lo que corresponde a la revisión y análisis de las pruebas de descargo y de los argumentos de los asambleístas solicitantes en el curso de la actuación de pruebas, así como de los testimonios recibidos en las comparecencias.
De esta manera, solo restaría establecer, entre otros aspectos, las conclusiones y recomendaciones, sobre la base de la valoración de las pruebas aportadas por las partes, proceso que se llevará a cabo con la participación de los equipos de trabajo de los asambleístas que conforman la Comisión de Fiscalización.
En función del tiempo que se requiere para concluir la redacción del documento que será enviado al Pleno de la Asamblea, al tenor de lo dispuesto en el artículo 82, inciso segundo, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la comisión oficiará al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, para solicitar una prórroga de hasta cinco días para la remisión del informe.

A las 11:46 de este martes, 1 de noviembre de 2022, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai) confirmó que los ocho guías penitenciarios ya fueron liberados en la cárcel de Esmeraldas. Ellos permanecían retenidos desde la medianoche del 31 de octubre.
El hecho ocurrió cuando las personas privadas de libertad de la cárcel de Esmeraldas empezaron a gritar y agitar los cuchillos en las rejas, luego rompieron los candados de las celdas y salieron al patio con explosivos y granadas artesanales.
Acto seguido, ocho guías penitenciarios fueron tomados como rehenes y los obligaron a entrar al patio central. Allí les colocaron explosivos en el pecho y abdomen.
Fueron momentos de terror para los funcionarios que trabajan en ese centro carcelario.
EL COMERCIO entrevistó a un miembro de los guías y contó todo lo que sucedió dentro de la cárcel.
Según el agente, los presos enardecidos dijeron que era una manifestación a favor de sus compañeros en la cárcel de Guayaquil, tras el anuncio de posibles traslados.
Mediación y liberación de los guías penitenciarios
El director de la cárcel de Esmeraldas llegó a mediar a las 08:00 y consiguió liberar a cuatro de los ocho guías retenidos. Los otro cuatro fueron liberados, así lo confirmó el Snai a las 11:46 de este 1 de noviembre.
Los agentes salieron sin heridas y permanecieron en los exteriores de la cárcel. Allí se reunieron con el resto de sus compañeros, quienes también estaban afuera de la cárcel por seguridad.
“No hay garantías para ingresar y la Policía no hace nada. Los compañeros llevan ya más de ocho horas secuestrados y no hacen nada. Acá estamos solos”, dijo uno de los informados.
EL COMERCIO constató que en los exteriores de la cárcel se encontraban más de 50 militares de la Fuerza de Tarea Conjunta. Ellos estaban rodeando los exteriores.
En cambio, un bus con policías se encontraba al frente de la cárcel. Pero los agentes permanecieron sentados y hasta las 09:30 no se bajaron.

La Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación en el caso Bernal, con el voto unánime de sus cinco integrantes, aprobó el informe de la investigación desarrollada los últimos 30 días y recomienda enjuiciar políticamente a los secretarios de Seguridad, Diego Ordóñez; y, de Derechos Humanos, Paola Flores, así como al exministro del Interior, Patricio Carrillo, por el femicidio cometido en contra de la abogada María Belén Bernal Otavalo.
El organismo estableció que existe responsabilidad estatal, no solo por lo ocurrido en la Escuela Superior de Policía, sino por los actos posteriores a este hecho, incluyendo la falta de diligencia en la vigilancia del sospechoso, Germán Cáceres y su posterior huida.
Según el informe, existiría responsabilidad política desde el propio presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza; los secretarios de Seguridad Pública y de Derechos Humanos; el exministro del Interior, hasta el Comandante General de Policía.
Entre las recomendaciones a la Asamblea Nacional, la Comisión solicita que el Pleno apruebe el informe; propiciar una reforma el Código Orgánico Integral Penal (Coip), en materia de feminicidio, que permita visibilizar algunas circunstancias que hoy no constan en la normativa, así como una reforma al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
Así mismo, que el Pleno designe a un o una asambleísta para que lleve a cabo el juicio político a los secrerarios de Seguridad, Diego Ordóñez; y, de Derechos Humanos, Paola Flores; y, al exministro del Interior, Patricio Carrillo. Este informe y sus anexos servirán como insumos para los juicios propuestos en contra de Carrillo.
La mesa recomienda remitir el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que se conceda una audiencia en la próxima reunión para tratar este caso. También a la Relatoría de Derechos de las Mujeres de dicho organismo y a la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y niñas.
Igualmente, plantea designar a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional para que realice un seguimiento trimestral de las conclusiones y recomendaciones constantes en este informe.
Entre las recomendaciones al Presidente de la República consta la supresión de la Secretaría de Derechos Humanos y la creación de un Ministerio que cuente con todo el respaldo político y económico que permita desarrollar políticas de Estado para la prevención y erradicación de la violencia de género. También, la separación del comandante general de la Policía, Fausto Salinas.
Finalmente, se demanda del Ministerio del Interior la depuración de la Policía Nacional y exigir que la misma se abstenga de continuar con las investigaciones del caso Bernal; formula un llamado a la Fiscalía para que solicite asistencia penal internacional para garantizar la transparencia de la investigación.

En virtud de la no comparecencia de las autoridades del Ejecutivo convocadas para informar sobre las acciones para combatir la situación de inseguridad que vive el país, la Comisión de Seguridad Integral decidió solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional que amplíe a 30 días el plazo para completar el proceso documental de fiscalización que lleva adelante esta mesa legislativa.
Este lunes, la Comisión de Seguridad Integral esperaba las comparecencias de Matías Abad, gobernador del Azuay; Mirtha Aristeguieta, gobernadora de El Oro; y, Fredy Bravo, gobernador de Loja; sin embargo, las autoridades de las tres provincias no acudieron.
Los legisladores mostraron enérgicamente su inconformidad por la ausencia de las autoridades y la falta de respuestas concretas ante la crisis de inseguridad en el Ecuador. “No hay interés, es evidente la insensibilidad ante la realidad del país, por parte del Secretario de Seguridad Pública del Estado y del Ministerio de Gobierno”, enfatizó el presidente de la Comisión, Ramiro Narváez.
Asimismo, los parlamentarios coincidieron en que la inasistencia de las autoridades convocadas constituye una evidencia más de la falta de planificación para resolver los graves problemas de seguridad y el desinterés del Ejecutivo frente a esta crisis.
En otro orden, y de conformidad con el artículo 58.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con 9 votos afirmativos, decidió solicitar al Consejo de Administración Legislativa (CAL) la unificación de los proyectos de Ley para la Gestión de la Emergencia Sanitaria por Pandemia y Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgos, Desastres, Endemia y Pandemia, con el proyecto de Ley de Gestión de Riesgo de Desastres que tramita esta comisión.

El presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, Ramiro Narváez, expresó su preocupación porque el Gobierno no ha remitido ni ha proporcionado información en torno al Plan de Seguridad Ciudadana.
Este pronunciamiento lo realizó ante la inasistencia de los gobernadores de Chimborazo, Tungurahua y Cañar, quienes fueron convocados para que expliquen los planes que han previsto para enfrentar la creciente inseguridad en sus respectivas provincias, razón por la que insistirán en esas comparecencias para lograr la información requerida.
El legislador Blasco Luna cuestionó la actitud asumida por los representantes del Ejecutivo en las provincias, que se han negado a comparecer ante la comisión. “El incremento de los homicidios es grave. En 2016 se reportaban 5.68% por cada 100 mil habitantes y en 2021 este rubro subió a 13.89%”, enfatizó
De su lado la asambleísta Patricia Núñez manifestó que es evidente que en la ciudad de Riobamba los niveles de inseguridad se han incrementado, situación que preocupa a la ciudadanía que se halla expuesta a la delicuencia.
En otro orden, la comisión decidió unificar el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionado con el delito de tenencia y porte de armas y el proyecto de reformas a varios cuerpos legales para el fortalecimiento institucional y la seguridad integral.
Además la asambleísta Nuñez afirmó que ha solicitado información en torno al “Caso Narcogenerales” a varias autoridades, pero que no han tenido respuesta, por lo que sugirió disponer la comparecencia del personal técnico y talento humano de la Comandancia de la Policía Nacional, para que entreguen de información completa, propuesta que fue acogida por unanimidad.