La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, integrada por los jueces José Miguel Jiménez (ponente), Carlos Figueroa y la jueza Mónica Bravo, rechazó el recurso de apelación a la prisión preventiva interpuesto por la defensa de la cadete de Policía, Joselyn Brigitte S. P., procesada por su presunta participación en el delito de femicidio de la abogada María Belén B.
En la audiencia de apelación, Isabel Jiménez, fiscal de la Dirección de Derechos Humanos, se opuso al cambio de medida cautelar, justificando que, en el expediente fiscal existen suficientes elementos de convicción sobre materialidad y responsabilidad que hacen presumir la participación de Joselyn Brigitte S. P. en el delito que se investiga.
Asimismo, argumentó que las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva son insuficientes para garantizar la comparecencia de la procesada a las otras etapas de esta causa.
De esta manera, Fiscalía General del Estado justificó la necesidad de mantener dicha medida privativa de la libertad, sustentando el cumplimiento de los requisitos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), demostrando, además, ante la Sala, que la decisión emitida por la Jueza de Garantías Penales que dispuso la prisión preventiva estuvo debidamente motivada en la audiencia de formulación de cargos.
La prisión preventiva también fue ratificada en la audiencia de reformulación de cargos, llevada a cabo el 23 de septiembre, fecha en que también se vinculó al teniente de Policía, Germán C. (prófugo) como presunto autor del delito de femicidio de su cónyuge , María Belén B.
Esta no es la primera vez que la defensa de Joselyn Brigitte S. P. intenta revertir el auto de prisión preventiva. Ya lo hizo por medio de una acción constitucional de habeas corpus, tramitada el 12 de octubre de 2022, fecha en que un Tribunal desechó la pretención presentada por la cadete.
Joselyn C. fue procesada -inicialmente– por un presunto delito de desaparición involuntaria, el 17 de septiembre de 2022. Sin embargo, tras el hallazgo del cuerpo de María Belén B., en el cerro Casitagua, registrado el 21 de septiembre, el caso fue trasladado a la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado.
Con base en los nuevos elementos recabados, el 23 de septiembre, en audiencia desarrollada en Casa de Justicia Carcelén, la fiscal titular de la causa, reformuló cargos por el delito de femicidio.

La Comisión de Fiscalización y Control Político concluyó la fase de actuación de pruebas de cargo y de descargo. El último funcionario cuestionado en ejercer su derecho a la defensa fue Hernán Ulloa, actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Ulloa defendió la transparencia del proceso de designación de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Explicó que la votación fue unánime de los siete consejeros y su participación fue posterior al trabajo de la Comisión Técnica, que fue la encargada de revisar los requisitos de los postulantes y a partir del proceso de impugnación y ninguna de ellas versaba sobre algún presunto conflicto de interés.
Respecto de la reforma al Reglamento para la selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, Hernán Ulloa aseguró que se actuó con apego a la Constitución, la Ley y el Reglamento del Pleno del CPCCS, que faculta al organismo a dictar y reformar la reglamentación. Con las reformas se garantizará que el funcionario que sea seleccionado cuente con las condiciones morales y profesionales para ejercer el cargo de Contralor.
Aseveró que, previamente, los consejeros de la mayoría anterior ya efectuaron una reforma al mismo Reglamento, con una clara orientación hacia determinados postulantes. “Nosotros eliminamos toda subjetividad para la evaluación de los postulantes a la Contraloría General del Estado”, enfatizó.
Ulloa indicó que, venciendo todos los obstáculos y los intentos de boicot, hoy se posesionó a los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, con lo cual se inicia el proceso, con la debida transparencia.
Una vez concluida la sustanciación de las solicitudes de juicio político en contra de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, corre el plazo de cinco días para que la Comisión de Fiscalización elabore y apruebe el informe no vinculante, por el cual recomendará el juicio político o el archivo del expediente, según considere sobre la base de la valoración de las pruebas aportadas por las partes.

El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió llamar a la titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Andrea Montalvo, a fin de que exponga el proceso de asignación de cupos y explique la razón por la cual, cientos estudiantes pese a cumplir los requisitos y puntaje exigido, no se les ha asignado un cupo en una universidad pública y por tanto se ha afectado su derecho a la educación.
Exhortó al Presidente de la República que a que revise, a través de la Senescyt, la política de educación superior y normativa; y, se realicen los cambios correspondientes, a fin de garantizar los derechos de la educación para los jóvenes.
También exige al mandatario que asigne los recursos correspondientes a educación, ciencia y tecnología, de forma que las universidades y escuelas politécnicas fortalezcan su oferta académica y el Estado ecuatoriano garantice el acceso a la educación superior.
Además, exhortó a la Contraloría a que practique un examen especial a la aplicación del examen transformar durante los períodos fiscales 2021 y 2022, a fin de esclarecer las irregularidades y se determinen, de ser el caso, las responsabilidades, civiles, administrativas y los indicios de responsabilidad penal; y, a la Fiscalía General del Estado que inicie las investigaciones legales pertinentes.
Comisión general
Que el Gobierno garantice el derecho al acceso a la educación superior, fue la demanda de un grupo de jóvenes bachilleres que fueron recibidos en el Pleno. El abogado Oswaldo Gallo, en representación de los estudiantes, advirtió que sobre la base de un reglamento la Senescyr dejó al margen de la educación superior a cientos de estudiantes, pese a que obtuvieron más de 900 puntos en las pruebas.
Recordó que según la Constitución Ecuador es un Estado de derechos y justicia, y todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley, pese a lo cual se dicta un reglamento para la asignación de cupos en el que no se respeta la “meritocracia”.
De su lado, Andrea López Lara, representante de los jóvenes bachilleres, expresó su inconformidad con la situación que enfrentan por la asignación injusta de cupos, ya que las ilusiones y anhelos de muchos jóvenes se han apagado y que por esta situación tienen afecciones psicológicas. “La excelencia académica no se castiga, se incentiva”, enfatizó.
Andrea López fue la mejor egresada del Colegio Benalcázar, con promedio de 9.73 y abanderada del Pabellón Nacional. No deberíamos estar aquí sino preparándonos para asumir nuestra vida universitaria, aspiración que ha sido truncada por la Senescyt, subrayó.
El debate
La proponente de la resolución, la legisladora Jessica Castillo advirtió que los padres de familia tuvieron que endeudarse para la preparación de los estudiantes, incluso para el ingreso a cursos preuniversitarios, pero que por decisión de la Senescyt hoy se han quedado fuera de la educación superior y están expuestos a peligros de diversa naturaleza.
En el debate los parlamentarios recordaron que el presidente de la República, Guillermo Lasso ofreció libre ingreso a la educación superior, pero que ello no se cumple, a la vez que presentaron varias sugerencias para mejorar la educación.
Advirtieron que lamentablemente no se ha trabajado en la construcción de infraestructura educativa ni se ha incrementado el presupuesto para ampliar el ingreso a la educación superior. Propusieron que la Titular de la Senescyt en su comparecencia ante el Pleno informe el presupuesto para la educación y el estado de la universidad de pueblos y nacionalidades.

La Asamblea Nacional en la semana del 31 de octubre al 4 de noviembre avanzará en el estudio de proyectos de ley de interés social, para atender las demandas de la ciudadanía. Está prevista la aprobación del informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas cerradas; el tratamiento del proyecto de Ley de Barrios y del proyecto que apoya al sector cafetalero. En materia de control político continuará la revisión de la ejecución presupuestaria en el primer semestre de este año, la aprobación del informe sobe la desaparición y muerte de María Belén Bernal y la preparación del informe sobre el juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Comisión de Régimen Económico
El lunes 31 de octubre, a las 12h00, la Comisión de Régimen Económico conocerá y votará el informe sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre de este año.
Comisión multipartidista
La Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación, que investiga el caso del fallecimiento de María Belén Bernal, sesionará el lunes 31 de octubre, a las 10h00, para analizar y aprobar el informe no vinculante.
Gobiernos Autónomos
A las 08h30, del martes 1 de noviembre, la Comisión de Gobiernos Autónomos avocará conocimiento del proyecto de Ley de Barrios. También está prevista la socialización del proyecto de reformas a la Ley 047.
Fiscalización
El martes, a las 08h00, la Comisión de Fiscalización realizará la lectura del informe sobre la solicitud de juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presentada por los asambleísta Mireya Pazmiño, Salvador Maita, Ricardo Vanegas y José Chimbo.
Relaciones Internacionales
La Comisión de Relaciones Internacionales convocó para el miércoles 2 de noviembre, a las 10h00, al director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), para que informe sobre el censo de los ecuatorianos residentes en el exterior.
Desarrollo Económico
El miércoles 2 de noviembre, a las 10h00, sesionará la Comisión de Desarrollo Económico, con el fin de avocar conocimiento del proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero y Otras Leyes para la Protección y Defensa de las Personas Usuarias y Consumidoras Financieras. Luego conocerá el proyecto de Ley para la Regulación de Títulos Valor Electrónicos y el proyecto de Ley Scooter Seguro.
Soberanía Alimentaria
El miércoles 2 de noviembre, a las 11h30, la Comisión de Soberanía Alimentaria avanzará con el tratamiento del proyecto de Ley para el Desarrollo Sostenible del Sector Cafetalero.
Garantías Constitucionales
La Comisión de Garantías Constitucionales continuará el miércoles 2 de noviembre el tratamiento del proyecto unificado del Código para la Protección y Garantía de los Derechos Colectivos de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades.
Educación
El miércoles 2 de noviembre la Comisión de Educación tomará una resolución sobre el informe para primer debate del proyecto de reforma a la Ley de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), y mecanismos para asegurar la eficiencia en la distribución y uso de recursos públicos en el Sistema de Educación Superior.
Niñez
El miércoles 2 de noviembre, a las 09h30, la Comisión de Niñez, avanzará en el análisis del articulado del proyecto de Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Este domingo, con 92 votos favorables, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió ratificarse en el texto de los artículos 1, 24 y 44 del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, referentes al objeto de la ley, la democratización de las frecuencias y la acción afirmativa que deben tener los medios comunitarios.
El primer artículo ratificado por el Pleno agrega al objeto de la Ley la desconcentración de las frecuencias, además de la protección del derecho a la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo índole a través de medios de comunicación.
En cuanto al artículo 24, establece que uno de los objetivos del Sistema de Comunicación Social es evidenciar los casos de concentración de frecuencias y promover el desarrollo de capacidades técnicas de los medios comunitarios.
Finalmente, el artículo 44, referente a la acción afirmativa, establece que “el Estado implementará las políticas públicas que sean necesarias para la creación y el fortalecimiento del ecosistema de medios comunitarios, dirigidos y administrados por organizaciones sociales, comunas, pueblos, nacionalidades, indígenas, afroecuatorianos, montubios y migrantes, que históricamente han sido discriminados por su etnia, clase, género, edad o situación de movilidad humana y que hayan carecido de acceso a los medios de comunicación o lo tengan de manera limitada”.

José Adolfo Z., Jonnathan Fabián R. y Pedro Sebastián T. fueron sentenciados –mediante procedimiento abreviado– a tres años de privación de libertad por su participación en el robo de dinero de un cajero automático, ubicado en el sector de Challuabamba, en Cuenca. El fallo también ordena a los condenados –y a quienes resulten sentenciados en el caso– a cancelar 78.290 dólares a la entidad bancaria afectada. El monto corresponde al dinero sustraído y al costo del cajero automático que fue destruido.
En este caso, Fiscalía presentó dictamen abstentivo a favor de una ciudadana, por lo que el juez Jorge Íñiguez le dictó sobreseimiento Además, se encuentra procesado Iván Santiago U., contra quien se efectuará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio el próximo 15 de noviembre.
La investigación del caso
A las 03:00 del martes 31 de mayo de 2022, una camioneta con vidrios polarizados llegó hasta una estación de servicio de combustible en la autopista Cuenca-Azogues. El conductor solicitó al despachador que llene el tanque del vehículo y en ese momento se bajaron otros dos ciudadanos para amedrentarlo con un arma blanca.
Enseguida, la camioneta se acercó al cajero y otras dos personas sacaron de la cajuela algunos objetos y uno de ellos golpeó con un objeto la parte posterior. Se alejaron y se produjo la primera explosión del cajero.
Luego continuaron golpeando, de igual forma se retiraron y ocasionaron la segunda explosión del cajero. Debido a la vulneración, de forma automática se activó el sistema de entintado del cajero, por lo que se liberó una sustancia química de color verde que manchó el dinero (43.280 dólares).
Los implicados tomaron las gavetas que contenían el dinero y huyeron.
Como resultado de las labores investigativas, en la parroquia Ricaurte fueron detenidos Iván Santiago U. y otra ciudadana, quienes se encontraban dentro de una camioneta.
De igual forma en la vía a Ochoa León fue detenido Pedro Sebastián T. En su poder se encontraron billetes de diferentes denominaciones. Además, tenía sus prendas de vestir con manchas de color verde. Mientras que José Adolfo Z. y Jonnathan Fabián R. se encontraban dentro de un domicilio en el sector Carmen de Guzho y fueron capturados en el momento en que abordaban un vehículo. Al interior de mismo se encontró una gaveta del cajero, billetes con manchas de color verde y dos radios de comunicación.
Información jurídica
Los sentenciados fueron procesados con base en el artículo 189, inciso 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de robo con privación de libertad de cinco a siete años.
Sin embargo, la pena se redujo debido a que los sentenciados consintieron la aplicación del procedimiento abreviado y admitieron su participación en el hecho, de acuerdo a los artículos 635 y 636 del COIP.

A partir de este 27 de octubre y hasta el próximo 25 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) notificará a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) que participarán en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023. Un total de 541 notificadores se han desplegado a escala nacional para cumplir con este propósito.
Los 279.244 MJRV que fueron seleccionados el pasado 19 de octubre, recibirán sus notificaciones de forma personal y a través de medios electrónicos. Hasta el momento, se han remitido 28.125 notificaciones de manera virtual.
En ese sentido, los ciudadanos también podrán consultar si fueron designados como Miembros de Juntas Receptoras del Voto a través de www.cne.gob.ec, en el aplicativo para teléfonos inteligentes CNE App y en el chatbot de la plataforma Telegram. 
Del 8 de noviembre de 2022 al 5 de febrero de 2023, los MJRV deberán capacitarse presencialmente de forma obligatoria, para que puedan cumplir con esta responsabilidad eficientemente y así evitar multas.

En la jornada de este jueves, 27 de octubre, la Comisión de Fiscalización continuó la recepción de los argumentos de descargo. Esta vez de las consejeras de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira defendieron sus actuaciones y solicitaron a la mesa legislativa el archivo de las solicitudes de juicio político propuestas en su contra, puesto que no ha existido incumplimiento de funciones.
Los argumentos de defensa versaron sobre las causales relacionadas con la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura (CJ); la reforma al Reglamento para la designación de Contralor General del Estado; la elección de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial; y, el encargo de la Defensoría del Pueblo a César Córdova, exsecretario general del CPCCS.
Ibeth Estupiñán argumentó que la reforma al Reglamento para la elección de Contralor en ningún momento violentó derechos de persona alguna. Se trató del ejercicio de una facultad contemplada en la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. María Fernanda Rivadeneira coincidió en este argumento y agregó que antes de la reforma materia del juicio político, hubo otra liderada por el exvicepresidente del Consejo, David Rosero, en un encargo de la Presidencia. En ese caso, dijo, voté en contra porque se quería regresar a un Reglamento para elegir otro contralor 100/100 como el que hoy está prófugo.
Respecto de la remoción de Fausto Murillo como vocal del CJ, las dos consejeras explicaron que se cumplió con un requerimiento del entonces ministro de Trabajo, Andrés Isch, quien notificó que el doctor Murillo registraba impedimento para ejercer cargo público. Sobre tal pedido se solicitó un informe de la Coordinación de Asesoría Jurídica del CPCCS, unidad que confirmó la existencia del referido impedimento. Se garantizó el derecho a la defensa y teníamos que tomar una decisión, so pena de incurrir en incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, que se sanciona con destitución, añadieron.
En torno a la designación de César Córdova, como defensor del Pueblo encargado, Estupiñán señaló que es facultad del Pleno del CPCCS nombrar a un reemplazo de una de las autoridades que designa, hasta que se proceda con la selección del titular. Mientras que Rivadeneira dijo que su voto fue en abstención.
Finalmente, solicitaron a la comisión que, en virtud de las pruebas aportadas, que demuestran que no existe incumplimiento de funciones, proceda al archivo de las solicitudes de juicio político.

Las asambleístas Gissela Garzón y Jahiren Noriega presentaron el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal sobre la Instigación al Suicidio y el Feminicidio, que tiene como objetivo tipificar el feminicidio y que el Estado asuma por acción o omisión sus responsabilidades.
Las legisladoras sostuvieron que es necesario abordar la responsabilidad del Estado de reparar integralmente a las víctimas, fundamentalmente cuando existan responsabilidades directas o indirectas del Estado, ya sea por acción u omisión, tanto en la prevención, como en el cometimiento del delito, la investigación y la sanción al responsable.
Afirmaron que con ello se busca visibilizar la responsabilidad estatal con la finalidad de prevenir, sancionar y también de reparar adecuadamente a los familiares de mujeres fallecidas por razones de género.
Gissela Garzón, tras señalar que el proyecto de ley cuenta con el aporte de las organizaciones de la sociedad civil y de la Fundación Nina Warmi, dijo que es importante reformar el femicidio por feminicidio e incluir una agravante en el caso en el tema del suicidio, considerando que existe un alto índice de casos de mujeres víctimas de abuso que luego han tomado la decisión de quitarse la vida.
Jahiren Noriega enfatizó que el Estado debe asumir su responsabilidad y generar garantías para salvaguardar la integridad de las víctimas.

La Comisión de Fiscalización recibió a Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos, consejeros de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quienes ejercieron su derecho a la defensa, en el marco del juicio político propuesto por los legisladores José Chimbo y Ricardo Vanegas, en contra de los siete integrantes de este organismo, por las causales relacionadas con la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) y la designación de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial.
Sofía Almeida, expresidenta del CPCCS, justificó la actuación del cuerpo colegiado en torno a la remoción del vocal del CJ Fausto Murillo, por pedido del ministro de Trabajo de la época, Andrés Isch, ya que estaba impedido de ejercer cargo público. Ese pedido fue corroborado por el Director de Asesoría Jurídica del CPCCS, quien recomienda que se proceda con la remoción y se convoque a la suplente. Explicó que el proceso cumplió todos los requisitos legales y constitucionales y garantizó el derecho a la defensa y el debido proceso.
Respecto de la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, dijo que no existió conflicto de interés alguno al momento de su elección, porque esta se produjo cinco meses después de la censura y destitución del consejero Christian Cruz, con quien supuestamente Pablo Iglesias había tenido alguna relación laboral.
Entre tanto, David Rosero justificó la actuación del Consejo de Participación Ciudadana sobre la destitución de Fausto Murillo. Igualmente, expresó que el nombramiento de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial cumplió todas las fases previstas en el proceso y en las impugnaciones ninguna hizo referencia a algún tipo de conflicto de interés.
Apoyándose en los argumentos expuestos solicitó a la comisión que, sobre la base de las pruebas documentales y testimoniales aportadas, proceda al archivo de este juicio político.
Por último, Juan Javier Dávalos refirió que el CPCCS actuó con apego a la Constitución y la ley en la remoción de Fausto Murillo del cargo de vocal del Consejo de la Judicatura, por cuanto tenía impedimento para ejercer cargo público por haberse acogido al retiro voluntario con compensación económica como servidor de la Función Judicial. Reiteró que se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa. Posteriormente, ya en el período del nuevo ministro de Trabajo, Patricio Donoso, se procede a levantar dicho impedimento, agregó.
En torno al proceso de designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, insistió en que la responsabilidad de revisar la documentación de los postulantes corresponde al equipo técnico, el cual revisó todos los requisitos e inhabilidades establecidas en la ley y elaboró el respectivo informe con el cual el Pleno del CPCCS resolvió, por unanimidad, designar a Pablo Iglesias. Esa designación es absolutamente constitucional, legal y legítima, enfatizó.
La sesión continuará este jueves, a las 14h00, para recibir los descargos de las consejeras Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira.

Con el objetivo de garantizar la organización, transparencia y participación equitativa de los candidatos en los debates electorales de las Elecciones Seccionales 2023, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), en sesión ordinaria de este 25 de octubre, aprobó las reformas al Reglamento de Debates Electorales Obligatorios. 
Entre las reformas aprobadas, se establece que, en el caso de las Elecciones Seccionales, la responsabilidad de realizar los debates la tendrán las Juntas Provinciales Electorales dentro de su jurisdicción, en coordinación con las Delegaciones Provinciales Electorales y bajo los lineamientos del Pleno del CNE.
En cuanto a la duración de los debates, la reforma aprobada determina que se deberá dividir en dos bloques de una hora y media de duración cada uno, cuando existan más de ocho candidatos calificados para las dignidades de alcalde o prefecto.
Entre las disposiciones transitorias, se fija que el orden de los debates para cada dignidad de las Elecciones Seccionales se definirá mediante un sorteo público, previo a la realización de los debates, conforme las fechas establecidas en el calendario electoral. Además, se dispone que durante la transmisión de los debates se suspenderá la publicidad electoral referente a servicios de comunicación audiovisual y  a los asuntos públicos de los actos de gobierno.
Por primera ocasión se desarrollarán en el país 38 debates para dignidades locales (17 para prefectos y 21 para alcaldes). Según el calendario electoral,  se ejecutarán los días 7, 8, 14 y 15 de enero de 2023. Los debates electorales buscan fomentar el voto informado de la ciudadanía.

Los diez miembros de la Comisión Ciudadana de Selección que ejecutará el concurso de designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, fueron seleccionados, este 25 de octubre, a través de un sorteo público, conforme lo establece la normativa.
El sorteo realizado durante la Sesión Extraordinaria Nro. 43 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), contó con la presencia de Veedores Ciudadanos, el notario designado, Dr. Gil Eduardo Aguilar Romero, y fue transmitido en tiempo real a través de las plataformas digitales del Consejo.
Los comisionados y comisionadas representantes de la ciudadanía son:

Los comisionados y comisionadas delegados de las funciones del Estado son:

En atención al Art. 32 de la norma vigente la Comisión Ciudadana se conformó de manera paritaria entre mujeres y hombres. Primero se sorteó el género; posteriormente se sorteó a los cinco comisionados principales del listado diferenciado entre hombres y mujeres provenientes de la ciudadanía y organizaciones sociales. Los comisionados suplentes fueron designados, en forma alternada y secuencial entre hombres y mujeres.
De la nómina de delegados de la primera función del Estado establecida por sorteo, se designó como principal al género sorteado anteriormente. La delegada o delegado restante de cada función del Estado fue designado como suplente.
Una vez que se publiquen los resultados del sorteo, el Pleno del CPCCS realizará la sesión pública de posesión respectiva. Según el Art. 39 del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección, los comisionados se reunirán al día siguiente de su posesión para designar a su presidenta o presidente.
Guido Egas, Coordinador de la Veeduría reconoció al equipo veedor y al acompañamiento que se ha dado a este proceso de selección: “El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha cumplido su labor hasta esta etapa, y ahora sí le entregamos a los ciudadanos que conforman este equipo la función más importante, que es darle al país la certeza de que el futuro contralor o contralora, saque a nuestro país adelante” enfatizó el veedor ciudadano.

El asambleísta José Chimbo presentó el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para castigar las infracciones penales contra la integridad sexual y reproductiva dentro de las instituciones públicas.
El proyecto, entre otros aspectos, reforma el artículo 48 del COIP en el que detalla las infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, la libertad personal; y, contra la eficiencia de la administración pública.
Explicó que su propuesta establece que cuando la infracción se cometida en las instalaciones de las instituciones educativas públicas y privadas, centros de privación de libertad, recintos militares o policiales, centros de atención médica pública o privada, en instituciones públicas, se impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal, aumentada en un cincuenta por ciento.
Explicó que esta iniciativa nace de una demanda de la ciudadanía ante la vulneración de derechos, en centros educativos y el último caso suscitado en la Escuela de Policía con la desaparición y muerte de María Belén Bernal.
Finalmente, el legislador José Chimbo invitó a sus colegas asambleístas a presentar sus observaciones y sugerencias para enriquecer el proyecto.

En el Salón José Mejía Lequerica se llevó a cabo el evento por el “Día Mundial de las Personas de Talla Baja”. El acto contó con la participación de autoridades legislativas, representantes de las personas de talla baja y autoridades locales.
Marcela Holguín, primera vicepresidenta del Legislativo, dio la bienvenida al evento y recordó que cientos de ecuatorianos por su talla enfrentan barreras cotidianas que se han convertido en verdaderas formas de exclusión. “Cuenten con nosotros desde la Asamblea Nacional para trabajar junto a ustedes en la toma de decisiones que les permita llevar a cabo esta inclusión tan necesaria”, enfatizó.
Cada 25 de octubre se celebra este día desde el año 2013, con el objetivo de sensibilizar a la población acerca del respeto hacia las personas de talla baja y su derecho a la inclusión.
En el evento, la vicealcaldesa de Quito, Brith Vaca, entregó un reconocimiento especial a Fernanda Quiroz, Reina Nacional de la Inclusión.
Por su parte, el asambleísta Ecknner Recalde reafirmó el compromiso de la Función Legislativa para continuar trabajando por la garantía y acceso a sus derechos, para que todos tengan una vida digna en una sociedad inclusiva. Además, entregó un acuerdo de felicitación a Quiroz, por su trabajo a favor de la inclusión.
Así mismo, el legislador Daniel Onofa señaló que en esta fecha se propicia el respeto a los derechos humanos, su inclusión en la sociedad y reconocimiento. Exhortó a las autoridades a que se sumen a estas acciones de inclusión. Junto a los parlamentarios Rodrigo Fajardo y Ramiro Narváez, entregó la Condecoración al Mérito Deportivo Dra. Matilde Hidalgo de Procel a las deportistas Kerly Lascano, Sandra Columba y Camila Delgado.
Fernanda Quiroz, Reina Nacional de la Inclusión, destacó que en el Ecuador no existe un censo sobre este grupo poblacional, lo que impide que se elaboren indicadores y se planifiquen intervenciones para mejorar la vida de las personas de talla baja. “La ignorancia sobre nuestra condición es nuestra mayor barrera. Queremos vivir en un mundo libre de barreras y cumplir nuestro propósito de vida”, concluyó.

La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana resolvió remitir a la Fiscalía General del Estado toda la documentación y material audiovisual referente a las publicaciones realizadas por el medio digital “La Posta” el 20 de octubre de 2022, en las cuales el exgerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño señala que el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, le habría ofrecido dos millones de dólares por cargos públicos.
Además, demandará de la Fiscalía que remita a la comisión de manera trimestral un informe de seguimiento y control de todos los casos de corrupción que son de conocimiento público, entre ellos, el caso Danubio, renegociación de contratos entre Ecuador y China, venta de puestos y uso indebido del carnet de discapacidad por parte del Ministro de Energía y Minas.
A la sesión fueron invitados el ex gerente de Petroecuador, Italo Cedeño y el ministro de Energía, Xavier Vera, para presentar su versión sobre este caso, pero enviaron sus respectivas excusas.
El asambleísta Ronny Aleaga indicó que se vuelve impresentable la ausencia de los funcionarios que “no quieren dar la cara” a la Asamblea Nacional.
Sostuvo que llama la atención que Cedeño diga que le parece un delito que un medio de comunicación haya difundido un audio donde se habla de millones de dólares por la venta de un puesto, pero no dice nada sobre la venta de cargos públicos”.
Entre tanto, Andersson Boscán, periodista de “La Posta”, subrayó que acudió a la comisión a entregar toda la información que sustenta la investigación de este medio digital sobre la supuesta venta de cargos públicos y los beneficios que ha tenido el ministro de Energía, Xavier Vera.
Además, sostuvo que el exgerente de Petroecuador tiene que responder por qué ante una oferta de dos millones de dólares no puso la denuncia respectiva y por qué dijo que el titular de esta Cartera de Estado le mandó a ofrecer con un intermediario.
Finalmente, el asambleísta Ferdinan Álvarez, presidente de la mesa legislativa, indicó que es obligación de la Fiscalía General del Estado informar a la Legislatura, como órgano fiscalizador, cuáles son las acciones realizadas hasta el momento sobre este caso y que, como comisión, actuarán con todo el rigor para exigir que esa institución avance en las investigaciones.

A partir de las 10h00, de este miércoles, la Comisión del Derecho al Trabajo se reunirá para tratar, junto a denunciantes y denunciados, una supuesta vulneración de derechos de los servidores de las telecomunicaciones.
Mario Molina, presidente de la Asociación de Trabajadores de Telecomunicaciones ASTELP-CNT; y, Paola Chicaiza, extrabajadora de la CNT-EP, argumentarán la supuesta violación a sus derechos laborales.
A la reunión también están invitados Vianna Maino, ministra de Telecomunicaciones; y, Ralph Suastegui Berborich, gerente general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT E.P), para que expliquen sobre los hechos, materia de la denuncia.
Código de Trabajo
En otro orden, los legisladores escucharán a Rosa Pavanelli, Verónica Montúfar y a Susana Barriga,representantes de Internacional de Servicios (ISP),quienes presentarán una propuesta de Régimen Laboral Único sobre el sector público del Código del Trabajo, que se debate en la Comisión.
En una segunda sesión, convocada para las 11h30, los legisladores retomarán el análisis del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, una vez que la normativa fue socializada en mesas técnicas.
Esta propuesta busca garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la Seguridad Social para los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y a los habitantes rurales que laboran en el campo, siempre y cuando no se encuentren afiliados a otro régimen de protección.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, participó en el foro ‘Luces y sombras de la descentralización en el Ecuador’, organizado por la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), que tuvo lugar este 21 de octubre, en Cuenca. En su disertación, resaltó las acciones que ejecuta el órgano electoral para promover la participación política de mujeres y jóvenes en los procesos democráticos del país.
En este espacio de diálogo, la principal del CNE señaló que desde la institución se han liderado las cruzadas ciudadanas: ‘Sin ti no hay democracia’ y ‘En Democracia, Ecuador juega limpio’, para fomentar la participación de mujeres y jóvenes y cumplir con las reformas establecidas en el Código de la Democracia. “Porque tengo la certeza de que la verdadera democracia debe tener rostro de mujer, así como la lucidez y la vitalidad de los jóvenes”, manifestó.
Asimismo, como parte de esta ponencia, se destacó el trabajo que ejecuta el CNE para cumplir los hitos establecidos en el calendario de las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) 2023. Entre ellos, se incluye el acompañamiento a las organizaciones políticas en sus procesos de democracia interna, con el objetivo de promover la participación de todos los actores políticos de forma transparente, equitativa y justa.
“Debe ser el propósito colectivo que la democracia se consolide como ese sistema de gobierno donde la titularidad del poder la ejerce el pueblo, a través de mecanismos institucionales. Pero también que la democracia se convierta en un sinónimo de equidad, inclusión, justicia social, fraternidad y, sobre todo, de trabajar desde los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y desde el Consejo Nacional Electoral con un solo eje: un Ecuador de más oportunidades para todas y todos”, puntualizó la presidenta Atamaint.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) realizará el sorteo público entre los postulantes que superaron las etapas de admisibilidad e impugnación ciudadana, en el proceso de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección encargada de la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE). 
Esta resolución se tomó, por mayoría, una vez aprobado el informe de la Coordinación de Asesoría Jurídica, según el cual se aceptaron 4 de las 10 impugnaciones sustentadas en Audiencias Públicas. 
Impugnaciones aceptadas:

Impugnaciones archivadas:

El Pleno dispuso la descalificación de los postulantes cuyas impugnaciones fueron aceptadas, quienes no podrán continuar en el proceso, de conformidad con el artículo 31 del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección.
El sorteo público para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección se realizará  de manera paritaria, entre mujeres y hombres, en sesión del Pleno del CPCCS, que será transmitida en tiempo real a través de los medios digitales institucionales. 
El presidente del CPCCS, Hernán Ulloa destacó la participación de los asambleístas que presentaron sus impugnaciones, así como de la ciudadanía que garantiza procesos transparentes en la designación de las autoridades.

En el marco del proceso de sustanciación de la denuncia presentada por la asambleísta Johanna Ortiz en contra de la legisladora Guadalupe Llori, el Comité de Ética calificó las pruebas de cargo y descargo.
Entre las pruebas calificadas por la parte denunciante, el Comité de Ética solicitará la certificación de los vehículos y conductores asignados a Guadalupe Llori mientras ejercía el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional, copias certificadas de la bitácora de ingreso vehicular al “bunker” de la Presidencia de la Asamblea, distributivo del personal legislativo de mayo 2021 a mayo de 2022; y, videos de las cámaras de seguridad del parqueadero del Palacio Legislativo.
También se receptarán las versiones del legislador Augusto Guamán, tres exfuncionarios y una funcionaria de la Legislatura.
Las pruebas calificadas de la parte denunciada incluyen la certificación de Secretaría General de los procesos y denuncias en contra de Guadalupe Llori, certificación del nombramiento como Presidenta de la Asamblea y el período de funciones, listado de los funcionarios que conformaron su equipo de trabajo, certificado de la Coordinación de Talento Humano que informe si los funcionarios involucrados fueron parte de su equipo de trabajo; y, recepción de versiones de cinco funcionarias.
Johanna Ortiz subrayó que todos los documentos presentados fueron legalmente solicitados y sustentados. Según explicó, con estas pruebas se evidenciaría que Guadalupe Llori habría utilizado un vehículo rentado y financiado por exfuncionarios mientras Llori ostentaba la Presidencia del Legislativo.
De su lado, Julio César Sarango, abogado apoderado de Guadalupe Llori, aseguró que las acusaciones no tienen fundamento ni motivación.

La Comisión de Régimen Económico sugiere al Pleno de la Asamblea Nacional ratificar los textos del proyecto de reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas para Garantizar Presupuestos Incrementales en Educación y Salud que fue aprobado por la Asamblea Nacional.
La legisladora Jhairen Noriega mocionó ratificar los textos de los artículos 2 (80.1; 80.3 y 80.4), 4 y 5, moción que fue respaldada por los asambleístas Franklin Arce, Blasco Luna, Jhonny Terán y Mireya Pazmiño. En contra votaron los parlamentarios Byron Maldonado, Blanca Sacancela y Eitel Zambrano.
Respecto del artículo 2 (80.1), la mesa legislativa plantea que el incremento constitucional para salud y educación se dé en función del valor mayor entre el presupuesto codificado y el inicial, en virtud que cumple la Constitución y beneficia a la ciudadanía.
El artículo 80.3 hace referencia al computo de las asignaciones para salud. En el informe se sugiere la ratificación por cuanto no contraviene la Constitución ni genera antinomias con el Código de Planificación y Finanzas Públicas.
Igualmente, se sugiere ratificar el texto del artículo 80.4 sobre no regresión presupuestaria. En este marco, se determina que cuando se alcance la asignación constitucional de mínimo 6% del PIB para la educación inicial, básica y bachillerato; o, mínimo 4% del PIB para el Sistema Nacional de Salud, la proforma del Presupuesto General del Estado contendrá la asignación que permita conservar al menos dicho porcentaje en el año siguiente.
Cuando se alcance las metas establecidas en el inciso anterior, estas asignaciones solo podrán reducirse nominalmente si en la proforma del Presupuesto General del Estado se prevé una caída del PIB nominal, en cuyo caso se mantendrán asignaciones relativas al PIB no menores a la meta constitucional antes señalada.
La mesa legislativa propone ratificar el artículo 4 que hace mención a la no disminución de las asignaciones para enfermedades raras, huérfanas y catastróficas y el presupuesto de educación superior a través de modificaciones presupuestarias.
Así mismo, sugiere ratificar el artículo 5 en virtud que mejora la transparencia y aumenta el control político sobre la ejecución presupuestaria.

La Comisión de Fiscalización continuó la recepción de testimonios, como parte de las pruebas de cargo y descargo, en el proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Freddy Viejó, ex coordinador general de Asesoría Jurídica del CPCCS, aceptó haber elaborado un informe por pedido del Pleno del Consejo, en el que se recomienda remover de sus funciones al vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. Argumentó que el informe se fundamentó en un un memorando suscrito por el ministro de Trabajo de ese entonces, Andrés Isch, en el que se informaba sobre el impedimento que pesaba en contra de Fausto Murillo para ocupar un cargo público.
Viejó también aceptó haber recomendado que el Consejo de Participación Ciudadana acepte la sentencia emitida a favor de Fausto Murillo, para ser reintegrado al cargo del que fue removido, al considerar que hay que respetar las decisiones judiciales, sean estas correctas o no.
Patricio Donoso, ministro de Trabajo, en su comparecencia aclaró que la LOSEP se aplica de manera subsidiaria a los servidores de la carrera judicial y por lo tanto no es aplicable para los vocales del Consejo de la Judicatura, al considerar que estos no pertenecen a la carrera judicial.
Andrés Isch, exministro de Trabajo, se refirió a la función que tiene el ministerio en cuanto a las inhabilidades. Precisó que la institución lo único que hizo fue trasladar la información a la entidad nominante, para que tome las acciones que crea convenientes.
Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, aseguró que no se le concedió un debido derecho a la defensa, que el informe jurídico no contempló ninguno de los documentos que había remitido previamente como información de descargo. “Me canse de explicar el por qué, para ser vocal de la Judicatura, no tengo ningún impedimento. El informe jurídico presentado por Viejó es una reproducción del remitido por Isch. Luego de mi comparecencia se votó a favor del informe jurídico y fui removido de mi cargo” expresó.
Finalmente, Pablo Iglesias, superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, afirmó que no ha tenido relación alguna con Christian Cruz, ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y presentó documentos del IESS y el SRI como pruebas que respaldan esta declaración.
Los asambleístas de la comisión cuestionaron la relación laboral de Iglesias con la empresa ACME, que consta como experiencia laboral en la hoja de vida del superintendente, de la cual el funcionario precisó, no ha tenido ningún vinculo laborar comprobable, y que seguramente se trata de una empresa homónima en la que figura Christian Cuz como representante legal.
Luego de las comparecencias, la comisión suspendió la sesión para retomarla el lunes próximo, a fin de continuar el proceso de sustanciación del juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Fiscalía procesa a tres personas por presunto peculado, luego de su participación en la contratación de servicios de mantenimiento de equipos electrónicos para el Hospital Los Ceibos, lo que habría ocasionado un perjuicio de 291.595 dólares, según los informes con indicios de responsabilidad penal emitidos por la Contraloría General del Estado (CGE).
En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada anoche en la Unidad Judicial de Flagrancia Cuartel Modelo, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, presentó como elementos de convicción: los informes con indicios de responsabilidad penal emitidos por la CGE, el de reconocimiento del lugar de los hechos, los informes contables en los que se identifica el presunto perjuicio ocasionado a la casa de salud, el informe de contratación pública, la resolución del contrato y su adjudicación, y el acta de convalidación de errores, suscrita por los miembros de la Comisión Técnica del referido hospital.
Además, los informes investigativos de la Unidad de Delitos Anticorrupción y de inspección ocular técnica de Criminalística de la Policía Nacional, las acciones de personal de los procesados y sus versiones, el comprobante único de registro (CUR de pagos), las facturas presentadas por el proveedor, entre otros.
El Juez de Garantías Penales acogió en parte el pedido de Fiscalía y dictó medidas cautelares de prohibición de salida del país y el arresto domiciliario –con control periódico del fiscal investigador, los días lunes y viernes– para Andrés C. M. (actual funcionario del hospital), Bolívar J. M. y Jorge Mauricio R. C.(exfuncionarios).
El Magistrado –por pedido de la Fiscalía– también dispuso la enajenación de bienes por un monto de 50 mil dólares para cada procesado.
Contexto
El fiscal César Suárez junto a agentes de Criminalística de la Policía Nacional allanaron el 10 de septiembre de 2021, el Hospital Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ubicado al norte de Guayaquil, por supuestas irregularidades en la contratación de servicio de mantenimiento para equipos electrónicos del hospital, cuyo monto fue de 544.310,98 dólares.
Fiscalía inició una investigativo el 30 de agosto de 2021, por un informe con indicios de responsabilidad penal remitido por la CGE. La negociación la habrían realizado la exgerente general del hospital, Susana M., y el contratista Renato A., con la aprobación de la Comisión Técnica del centro hospitalario.
El informe señala que Renato A. no presentó documentación que avale su experiencia para  los trabajos de mantenimiento de equipos electrónicos del Hospital Los Ceibos.
Además, este habría recibido un anticipo de 291.595 dólares sin que hasta el 30 de abril de 2022 se haya dado ningún servicio. Finalmente, la CGE agrega que tampoco se adjuntaron certificados de capacitación ni de trabajo, contratos o facturas de entrega-recepción requeridos, “por lo que la oferta no cumplió con los parámetros establecidos” en el proceso.
La madrugada del jueves 20 de octubre de este año, Fiscalía ejecutó varios allanamientos en las ciudades de Guayaquil, Quito y Manta, donde procedió a la detención de Andrés C. M. (actual funcionario del hospital), Bolívar J. M. y Jorge Mauricio R. C. (exfuncionarios de la casa de salud), los tres fueron miembros de la Comisión Técnica que avaló la contratación. Todos fueron trasladados a Guayaquil y puestos a órdenes de las autoridades judiciales para la respectiva audiencia de formulación de cargos.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de peculado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designó, por mayoría, a Juan Carlos Larrea Valencia, como el nuevo Procurador General del Estado. El proceso se realizó a través de una terna presentada por el Presidente de la República, cuyos candidatos superaron las etapas de admisibilidad e impugnación ciudadana. El CPCCS notificará a la Asamblea Nacional para la respectiva posesión.
El presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, tomó juramento al Procurador designado, quien se comprometió a realizar un trabajo serio y técnico para llevar a la institución a mejores niveles de eficiencia al servicio de la colectividad.
Juan Carlos Larrea Valencia es abogado de los Tribunales y Juzgados de la República, ha trabajado en la banca privada, en el departamento legal del Servicio de Rentas Internas, además, fue asesor Jurídico del Ministerio de la Producción. Se ha desempeñado como catedrático universitario y representante de la Cámara de Industrias de Guayaquil en la Comisión para tratar el proyecto de racionalización y simplificación tributaria.
Esta designación se dio durante la Sesión Extraordinaria Nro. 40,  realizada este jueves 20 de octubre de 2022, en la cual el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social recibió a los integrantes de la terna entregada por el Ejecutivo: Juan Enmanuel Izquierdo Intriago, Yolanda Narciza de Jesús Salgado Guerrón y Juan Carlos Larrea Valencia, en la audiencia de exposición del plan de trabajo que implementarían en caso de ser elegidos.
Durante su intervención, los candidatos expusieron sus planes de trabajo y respondieron las preguntas de los consejeros y consejeras.
Juan Carlos Larrea Valencia, señaló que la institución debe ser un ente técnico de apoyo, consultoría y patrocinio de las instituciones públicas, con una contínua presencia en territorio, acercamiento a la ciudadanía y, debe hacerse preponderante la participación ciudadana, así como el control social. Indicó que su plan de trabajo reforzará métodos alternativos de solución de conflictos, capacitación, asesoría permanente en territorio y de manera virtual, así como buscar convenios internacionales para la recuperación de activos. 
Yolanda Salgado Guerrón, presentó un plan enfocado en tres objetivos: fortalecer la representación de la defensa del Estado a nivel nacional, incrementar la prevención del control de legalidad, y fortalecer la gestión estratégica operativa. Destacó que enfocará su trabajo en la prevención de posibles conflictos, lo que implicaría propuestas de cambios normativos para que los servidores públicos puedan ejercer su labor de defensa del Estado de manera más eficiente. 
Juan Izquierdo Intriago, señaló que su plan de trabajo tiene como principal objetivo fortalecer el ejercicio de la defensa jurídica del Estado y sus instituciones, para una efectiva tutela de los derechos de las personas, así como del interés público y patrimonio estatal. En ese sentido, propuso medidas para fortalecer la institución en temas como la recuperación de los dineros provenientes de actos de corrupción, cooperación internacional, iniciativa legislativa, renovación tecnológica, entre otros.
La designación, tal como lo establece la normativa vigente, fue motivada, mencionando el cumplimiento, por parte del candidato de los criterios de especialidad y méritos y porqué se lo ha seleccionado, respecto de los otros postulantes.

Dirigentes de gremios de estudiantes secundarios y universitarios, del Colegio de Médicos y catedráticos de la Universidad SEK, solicitaron a la Comisión de Régimen Económico ratificar los textos del proyecto que garantiza presupuestos incrementales para educación y salud aprobados por la Asamblea Nacional.
Estas comparecencias se dieron en la Comisión de Régimen Económico en el marco del análisis de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas.
Mauricio Chiluisa, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, afirmó que en los últimos cinco años el presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas públicas se ha reducido en alrededor de 483 millones de dólares. También indicó que el Estado adeuda a las universidades alrededor de 850 millones de dólares por devolución del IVA.
Aseguró que 383 docentes han sido desvinculados, se redujo el presupuesto para investigación y becas académicas, por lo que respaldan el proyecto que busca garantizar presupuestos incrementales para educación y salud.
Cecilia Paredes, representante de la Coordinadora Nacional de los Maestros Jubilados del Ecuador “Alfonso Yánez”, pidió hacer justicia con los 17 mil maestros jubilados a quienes no se les paga el incentivo jubilar creado en el 2008.
De su lado, Dayana Basantes, presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios, subrayó que educación y salud debe ser prioridad en la gestión del Gobierno, pero al vetar este proyecto se evidencia el poco interés que da a estos dos sectores. La educación necesita inversión conforme lo determina la Constitución, dijo al propone que se ratifique el texto del proyecto.
La comisión también recibió a Andrés Albuja, de la Universidad Internacional SEK, quien coincidió en la necesidad de garantizar recursos para educación y salud.
Proyecto
En otro orden, la mesa legislativa conoció el proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero para Impulsar la Competencia Extranjera en el Sistema Financiero Nacional, por el cual se ampliaría el espacio de competencia en el mercado de intermediación financiera al extenderse las posibilidades para el ingreso de sucursales bancarias extranjeras, las que, en virtud del diferencial de tasas de interés con el resto del mundo, volverían muy atractivas las operaciones de colocación en el país.
La asambleísta Mireya Pazmiño, presidenta de la comisión y proponente del proyecto, explicó que con ello se busca generar flujo de divisas hacia la economía ecuatoriana para su colocación como crédito, lo que incidiría notablemente en una reducción de las tasas de interés locales, expandiendo las posibilidades de financiamiento, principalmente productivo, con claros efectos positivos en el crecimiento productivo y el sostenimiento de la dolarización.

El lunes 24 de octubre de 2022 se reunirá el Comité de Ética para calificar las pruebas expuestas de las partes denunciante y denunciada en el proceso de sustanciación de la denuncia presentada por la asambleísta Johanna Ortiz en contra de la legisladora Guadalupe Llori.
La denuncia presentada por Johanna Ortiz corresponde a una presunta violación del numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, relacionada con las prohibiciones a los y las asambleístas, en el que habría incurrido Guadalupe Llori.
La norma precisa que las y los asambleístas no podrán percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas, que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo.

La Comisión de Fiscalización recibió los primeros testimonios, como parte de las pruebas de cargo y de descargo, en la sustanciación de las solicitudes de juicio político a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por presunto incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley.
El primero en comparecer fue el exsecretario general del CPCCS, Carlos Chiriboga, por pedido de los cuatro interpelantes, quien se refirió a la causal de juicio político relacionada con la reforma del Reglamento para la Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, cuando el proceso ya había iniciado, lo cual configuraría el cometimiento de irregularidades para la selección del alto funcionario.
Igualmente, cuestionó el procedimiento seguido por cuatro de los siete consejeros en la remoción de la entonces presidenta, Sofía Almeida y del vicepresidente, David Rosero, que motivó acciones de protección y medidas cautelares ante la justicia ordinaria, decisiones que fueron desobedecidas por los cuatro consejeros de la nueva mayoría.
Luego, la mesa recibió a Fausto Lupera, excandidato al CPCCS, quien reconoció que mantuvo un diálogo con la consejera Ibeth Estupiñán, por pedido de Alfredo Pérez Serrano, para comentar sobre una postulante a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, concretamente Ginella Jácome.
Fausto Lupera lamentó que esa conversación sea utilizada con fines oscuros, pretendiendo decir que se trataba de un diálogo a favor de una u otra persona. “Lo que preocupa es que exista alguien enquistado en el Consejo para grabar las conversaciones, sin consentimiento de los intervinientes, para luego ejercer, posiblemente, actos de chantaje”, dijo.
En el desarrollo de estos testimonios participaron los solicitantes del juicio político Ángel Maita, Ricardo Vanegas y José Chimbo, como también varios de los consejeros cuestionados, quienes formularon preguntas a los comparecientes.
La audiencia de recepción de pruebas continuará este viernes en horas de la tarde, con la presencia de Freddy Viejó, director de Asesoría Jurídica del CPCCS; del exministro de Trabajo, Andrés Isch; el presidente encargado del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo; y, Pablo Iglesias, Superintendente de Ordenamiento Territorial.

La Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación en el caso de María Belén Bernal recibió al secretario de Seguridad, Diego Ordóñez y al ministro de Interior, Juan Zapata, en el marco de las investigaciones sobre la desaparición y muerte de María Belén Bernal Otavalo.
El Secretario de Seguridad explicó que su cartera, en estricto apego a sus competencias, no tiene ninguna participación en lo que atañe a la investigación y sanción del presunto femicidio de la abogada María Belén Bernal. Indicó que apenas conoció del hecho se comunicó con la señora Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, para expresarle la solidaridad del Gobierno y la predispoción para apoyar todas las acciones de búsqueda de su hija desaparecida.
Añadió que fueron tres ocasiones en las que conversó con la señora Otavalo y coordinó el apoyo de estamentos como los bomberos para que se sumen al bloque de búsqueda de María Belén Bernal.
De su lado, el ministro de Interior, Juan Zapata, reiteró que se agotarán todas las acciones para la localización de Germán Cáceres. “No vamos a bajar la guardia en la búsqueda del sospechoso, hemos activado todos los mecanismos de cooperación con Ameripol y más de 150 países, con la difusión roja para Germán Cáceres”, agregó.
Indicó que desde que asumió el Ministerio del Interior se propuso cinco ejes de gestión: Política de seguridad ciudadana y pública con un enfoque integral; fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Policía; reforma normativa y del modelo educativo policial, con énfasis en derechos humanos y equidad de género; comunicación estratégica; y, adecuadas relaciones interinstitucionales e internacionales.
En el eje normativo, dijo, que es imprescindible el aporte de la Asamblea Nacional, para actualizar la legislación que rige a las entidades de seguridad pública y del Estado, sobre todo en el aspecto disciplinario, porque en la actualidad los procesos sancionatorios internos toman un mínimo de 45 días, en el mejor de los casos y hay un excesivo garantismo que permite la reincorporación de elementos que son separados, luego de cumplidos los trámites administrativos y el respeto del debido proceso.
Recordó que permanentemente ha apoyado a la señora Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal; ha atendido todos los requerimientos formulados y está siempre en contacto para mantenerla al tanto de los avances de la investigación.

En el marco del trabajo que realiza la Comisión Ocasional para la Verdad, Justicia y Reparación, la fiscal general del Estado, Diana Salazar expuso los avances en la investigación por la desaparición y muerte de María Belén Bernal Otavalo y por el delito de fraude procesal relacionado con el mismo caso.
Diana Salazar inició su intervención aclarando que este no es un caso de fuero de Corte Nacional y por tal motivo, no está en conocimiento directo de los procesos en marcha, como si lo están los fiscales de primer nivel asignados al caso.
Detalló que como parte del proceso investigativo se han receptado 47 versiones a personas que podrían tener conocimientos de los hechos; se han emitido 77 impulsos fiscales; y, se han dispuesto 246 diligencias investigativas.
Además, explicó que la Fiscalía abrió una investigación por fraude procesal en relación a posibles actividades conexas relacionadas con el femicidio de Maria Belén Bernal, misma que tiene carácter reservado, razón por la cual solo se puede poner en conocimiento público datos generales.
Las asambleístas pidieron que la Fiscal aclare algunas dudas sobre las inconsistencias presentadas en torno al proceso de búsqueda del cuerpo de María Belén Bernal; la línea de tiempo referente al seguimiento y vigilancia del teniente Germán Cáceres; y, por qué solo hay una persona detenida por la causa.
La fiscal explicó que el día 21 de septiembre a la 01H20 la Policía no realizaba actividades de búsqueda del cuerpo, sino que se encontraba realizando otro tipo de actividades investigativas, las cuales tienen que ver con el mapeo técnico de la ruta de los dispositivos celulares, y que fue ahí cuando identificaron una funda negra y se dio el aviso al equipo de la DINASED. Una vez que se tuvo conocimiento del indicio a las 08:00 de la mañana se organizó el equipo de búsqueda que finalmente halló el cuerpo.
En cuanto al seguimiento y vigilancia del teniente Cáceres, puntualizó que la Fiscalía no contaba con los elementos suficientes para emitir una orden de detención con fines investigativos, y que ante la ausencia de estos, un juez niega la petición porque se considera que es infundada. “Cada entidad tiene que cumplir competencias, entonces la Fiscalía dirige la investigación y la Policía tiene que hacer la búsqueda de campo y son ellos los que tienen que detallar las actividades realizadas para dar con el paradero de Cáceres”, comentó.
Diana Salazar indicó que las investigaciones relacionadas con los oficiales que se encontraban en el edificio ese día forman parte del proceso de fraude procesal que está en su fase de investigación previa y es de carácter reservado, pero que no se han encontrado elementos suficientes para detener a otras personas.

El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres mantuvo uno sesión de trabajo con las representantes de ONU Mujeres y Fundación Haciendo Ecuador, para continuar con la elaboración del proyecto de reforma a la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia.
Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la participación política de las mujeres a partir de normas que aseguren la efectividad de la paridad y las disposiciones sobre violencia política de género, para garantizar la protección de las víctimas y el acceso a la justicia.
Patricia Calero, de ONU Mujeres, expuso sobre la “violencia política de género”. Dijo que es necesario fortalecer la normativa e incluir el principio de no discriminación y la prevención de la violencia política de género, como por ejemplo, que no pueda ser candidato quien tenga sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia de género.
Por su parte, Mónica Banegas, de la Fundación Haciendo Ecuador, informó que el tema ha sido analizado en siete mesas de trabajo, con el objetivo de fomentar la participación de las mujeres en la política y en los debates de los temas de interés nacional.
Finalmente, la presidenta del Grupo Parlamentario, Zolanda Plúas anunció que el proyecto de reformas al Código de la Democracia se presentará el 25 de noviembre próximo.

El asambleísta Bruno Segovia presentó en la Unidad de Gestión Documental el proyecto de reformas a la Ley de Telecomunicaciones, que tiene el objetivo garantizar el derecho al internet y disminuir las brechas digitales que afecta principalmente a la niñez y la juventud.
El legislador sostuvo que la normativa garantiza el derecho al acceso universal y progresivo al servicio móvil avanzado (SMA) y al Servicio de Internet (SAI), a través del Ministerio rector de Telecomunicaciones.
Indicó que las redes comunitarias de telecomunicaciones tienen el propósito de satisfacer las necesidades de estos servicios en las comunidades, pueblos y nacionalidades, pueblo afroecuatoriano y montuvio en los sectores rurales y urbanos marginales del Ecuador. Sostuvo que, según su propuesta normativa, estos sectores de la población tendrán un diseño de red abierta, sin protocolos, ni especificaciones de tipo propietario y permitirá la interconexión con otras redes públicas.
Además manifestó que como parte de responsabilidad social se implementará la conectividad de acceso público y gratuito en instituciones educativas en los sectores rurales y urbano marginales, y que su operación requiere de un registro realizado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
Por último, expresó que en Ecuador, según informes oficiales, en el año 2021, el 53% de los hogares tenían acceso al internet a nivel nacional; el 61,7% en el área urbana y el 34,7% en el área rural.

Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Pleno de la Asamblea Nacional escuchó a María Rivadeneira, presidenta de la Fundación “Fuerza Rosa”; Diego Jimbo, coordinador nacional del Acuerdo Contra el Cáncer; y, Paola Valencia, vicepresidenta del Observatorio de Enfermedades Catastróficas del Ecuador, quienes solicitaron aprobar la normativa técnica que proteja a miles de hombres y mujeres que padecen cáncer donde se incluya la promoción, prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y continuo de esta enfermedad.
El presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela expresó su decisión de apoyar la lucha contra el cáncer y las enfermedades catastróficas, raras y huérfanas. “Los testimonios de las personas que tienen esta grave enfermedad no pueden quedar en la indiferencia, reitero el compromiso de legislar para construir una ley que garantice el diagnóstico temprano y una atención integral a quienes tienen esta patología”, resaltó.
María Rivadeneira reseñó la lucha que vive desde que le diagnosticaron cáncer, con 28 quimioterapias y 30 radioterapias. “No se puede perder más vidas por esta causa, se debe velar por los pacientes que padecen cáncer para que tengan calidad de vida. Urge un sistema de salud integral”, precisó.
Diego Jimbo, al dar datos de la muerte de varias personas con cáncer producto de la ineficiencia del sistema de salud, pidió a la Legislatura apoyar las acciones para incidir en la reducción de la muerte por cáncer, fomentar el tamizaje mamográfico como un mecanismo de diagnóstico temprano para detectar la enfermedad.
Así mismo, solicitó fiscalizar la estrategia integral y el Plan Nacional de Salud, ante los problemas detectados en la provisión de medicamentos y las fallas en el tratamiento. Pidió iniciar el juicio político en contra de la exministra de Salud Pública, Ximena Garzón.
Mientras, Paola Valencia recordó que a los 40 años de edad le diagnosticaron cáncer de tiroides agresivo, que luego se diseminó en todo el cuerpo. Habló de la falta de medicación, lo que ha desmejorado su salud.
La asambleísta Yeseña Guamaní informó que el próximo martes se conocerá en el Pleno de la Asamblea Nacional la Declaratoria de Lucha Contra el Cáncer de Mama, que busca sensibilizar a la población la importancia de la detención temprana y acceso a tratamientos médicos efectivos para disminuir el cáncer, así como las enfermedades catastróficas, raras y huérfanas en Ecuador, atención de calidad sin importar su condición económica y social. Todos tenemos derecho a la atención de salud, dijo.

Como parte de los hechos que ratifican la transparencia y la participación protagónica de la ciudadanía en las diferentes fases de las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023, el Consejo Nacional Electoral (CNE) seleccionó, a través de un sorteo aleatorio y de manera simultánea en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales, a un total de 279.244 Miembros de Juntas Receptoras del Voto (MJRV), quienes receptarán y escrutarán los votos el próximo domingo 5 de febrero.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, participó en este hito del calendario electoral desde la provincia de Loja,  donde destacó la labor que cumplirán quienes resultaron seleccionados como MJRV. “Cuidar y garantizar el voto requiere de los mejores hombres y mujeres, que sin duda serán los ciudadanos que hoy fueron seleccionados en este sorteo que, de forma simultánea, se realizó en todo el Ecuador. Tengan presente que en sus manos está la Democracia”, manifestó.
El vicepresidente del CNE, Enrique Pita García, acudió a la Delegación Electoral de Guayas con el objetivo de constatar el desarrollo de esta fase del proceso electoral. Mientras que el consejero José Cabrera Zurita, quien participó en la selección de los MJRV en Pichincha, reconoció el rol trascendental que cumplirán los ciudadanos que fueron seleccionados. “Como Miembros de las Juntas Receptoras del Voto tienen un compromiso con el país, pues su rol constituye el pilar que garantizará el éxito de la jornada electoral”, enfatizó.
Por su parte, las consejeras Esthela Acero y Elena Nájera, hicieron un llamado a los  MJRV para que realicen su trabajo con ética, honestidad y transparencia. Adicionalmente, para las tres circunscripciones del exterior, se seleccionaron 2.190 MJRV, para las 51 zonas electorales establecidas para la votación presencial.
Los ciudadanos podrán consultar si fueron designados como MJRV en la página web www.cne.gob.ec o a través del aplicativo CNE App. El proceso de capacitación obligatoria se realizará desde el 8 de noviembre de 2022 al 5 de febrero de 2023 a través de las 24 Delegaciones Provinciales.

El 83,85% (3.801) del total de instituciones y el 83,45% (4.855) de las autoridades de elección popular cumplieron con el mandato constitucional y legal de rendir cuentas a la ciudadanía de su gestión. Adicionalmente, se recibieron 238 informes de autoridades de elección popular suplentes. Estos datos representan un incremento del 1,33% en el nivel de cumplimiento de las instituciones, con relación al año anterior.
Así lo indica el Informe de Implementación del Proceso de Rendición de Cuentas del Periodo Fiscal 2020, que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conoció y aprobó durante la Sesión Ordinaria Nro. 39.
El Informe señala que el 100% de las entidades que conforman las Funciones Legislativa y Judicial cumplieron con su obligación de rendir cuentas. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las Funciones Electoral y Ejecutiva tuvieron un cumplimiento superior al 90%.
De conformidad con Ley Orgánica del CPCCS, se remitirán los listados de las instituciones y entidades del sector público que incumplieron con la obligación de rendir cuentas a la Contraloría General del Estado, a fin de que se proceda con las acciones correspondientes. 
El informe completo, así como sus anexos, se publicarán en la página web del CPCCS, con la finalidad de informar a la ciudadanía y fortalecer su función de evaluadora y primera fiscalizadora de la gestión de los sujetos obligados a rendir cuentas.

Juan Zapata, ministro del Interior, compareció ante la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, con el fin de conocer las medidas que han tomado frente a los hechos de violencia que se suscitaron en el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi y en el Centro de Rehabilitación Social de Varones No. 1 de Guayaquil, en el marco del proceso de fiscalización de la crisis carcelaria.
Zapata mencionó que las autoridades penitenciarias de la cárcel de Cotopaxi son las llamadas a informar qué pasó con el PPL Leandro Norero y su permisibilidad dentro del centro de rehabilitación.
Además explicó que trabajan en base a cinco enfoques de seguridad integral, entre ellos doctrina, recursos y las reformas al régimen disciplinario que, según dijo, serán presentadas a la Asamblea Nacional la próxima semana.
Adicionalmente Zapata manifestó que el presupuesto para seguridad asciende a 13 millones, recursos que están invertidos en vehículos, mantenimiento, matriculación y otros equipos que próximamente se pondrán en marcha.
También explicó que la reestructuración de la Policía es un tema que le compete al Ejecutivo. Aseguro que, todo policía que incumpla los parámetros establecidos en la normativa legal, reglamentaria y estatutaria será expulsado de la institución.

La Comisión de Educación recibió a Andrea Montalvo, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) para que explique los procesos de admisión en las universidades y escuelas politécnicas y la planificación para fortalecer el sistema de educación superior.
El presidente de la comisión, Manuel Medina advirtió que el sistema de evaluación siempre ha presentado dificultades que perjudican a la juventud que espera prepararse para alcanzar una profesión, razón por la que exigen a las autoridades competentes que rindan cuentas y buscar soluciones para que los jóvenes puedan ingresar a la universidad.
Por su parte, Andrea Montalvo dio a conocer que en la primera etapa se crearon 168 mil cupos, de los cuales 95 mil fueron aceptados y 72 mil no fueron asignados; en la segunda etapa hay 68.830 aspirantes.
Informó que se han tomado acciones para viabilizar un proceso inclusivo y permitir el ingreso de estudiantes de pueblos y nacionalidades, sistema que privilegia los méritos y la igualdad de oportunidades. Informó que las carreras más solicitadas son Medicina, Derecho y Turismo. Precisó que la asignación de los cupos a los aspirantes a las universidades públicas se ha manejado con transparencia y que en la calificación participa personal calificado.
De su lado, Dayana Basantes, presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), afirmó que la información de la Titular de la Senescyt no se ajusta a la realidad, puesto que hay más de un millón y medio de estudiantes que no han podido ingresar a la universidad. “Lo fundamental es que se cumpla con el presupuesto que prevé la Constitución, el problema no son las calificaciones de los estudiantes, no queremos más improvisación en la educación por parte del Gobierno”, añadió.
Así mismo, Oswaldo Gallo, representante de los padres de familia, precisó que no se cumple el mérito académico, ya que existen alumnos con excelentes puntajes, pero no tienen un cupo en la universidad, a la vez anunció que no desmayarán en esta lucha para evitar que los derechos de sus hijos sean vulnerados. Pidió que se valore el puntaje de los estudiantes y no se les quite la oportunidad de cumplir el sueño de formarse como profesionales.
Durante la sesión representantes de los estudiantes afectados expresaron su posición sobre el proceso y resultados del Examen Transformar. Solicitaron hacer el seguimiento de los diferentes casos que requieren solución, porque “la pobreza no es sinónimo de ignorancia y se están quedando afuera estudiantes con excelencia académica”.
Los legisladores sostuvieron que el Gobierno debe incrementar el presupuesto para la educación superior para garantizar la formación profesional de miles de jóvenes.
Finalmente, el presidente de la mesa legislativa informó que adelantan el estudio de las reformas de la Ley Educación Superior, que buscan soluciones a los diferentes problemas que enfrenta el sector.

La Comisión de Relaciones Internacionales avanzó en el seguimiento del Plan de Registro Migratorio de las personas extranjeras que se encuentran en el país y el Plan de Regularización Extraordinario a favor de los ciudadanos venezolanos y su grupo familiar, mediante el otorgamiento de la visa de residencia temporal de excepción para ciudadanos venezolanos (VIRTE).
Para el efecto escuchó la información de Andrés Naranjo, director de Servicios Migratorios del Ministerio de Interior; Silvia Espíndola, viceministra de Movilidad Humana; Álvaro Garcés, subsecretario de Servicios Migratorios y Consulares; Fernando Alvear, director del Registro Civil; Verónica Cando, viceministra de Inclusión Social; Pablo Pérez, director de Mecanismos para Promoción y Protección de Personas en Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo; y, Samia Mármol, subsecretaria de Derechos Humanos.
Andrés Naranjo informó que el registro migratorio inició el 01 de septiembre de 2022 y que hasta la fecha 59.517 personas han completado este proceso, que tiene como finalidad generar un mecanismo de visado y está compuesto por cuatro etapas: registro y certificado migratorio, emisión de visa, cédula de identidad y proceso especializado para la regularización de niñas, niños o adolescentes no acompañados o separados.
Verónica Cando precisó que el procedimiento para niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados, no tiene costo, lo único que se costeará será la cedulación, mismo que contará con apoyo de organismos internacionales.
Por otro lado, Pablo Pérez explicó que la Defensoría del Pueblo no tiene un rol específico en este proceso, pero se encarga de garantizar a todos los habitantes sus derechos. En esta misma línea, Samia Mármol ratificó el compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos para trabajar de forma coordinada con los casos que podrían derivarse de las carteras de Estado encargadas de este proceso.
A criterio de las autoridades, el programa beneficiará tanto a las personas en situación de movilidad, como a las comunidades que las acogen, dado que facilitará la inclusión y promoverá la reactivación económica del país.
En otro orden, la comisión recibió a las legisladoras Marjorie Chávez y Esther Cuesta, quienes presentaron sus observaciones al proyecto de Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
Marjorie Chávez explicó que su propuesta contribuye al desarrollo de una norma coherente, orientada a brindar protección, asistencia, atención y apoyo en la judicialización tanto a las víctimas como posibles víctimas de tráfico ilícito de migrantes.
Por su parte, Esther Cuesta sostuvo que la ley debe tener un enfoque de derechos humanos. Propuso que la rectoría en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes esté a cargo del ente rector en materia de derechos humanos. “Tenemos que enfocarnos en la prevención, protección y reparación de las víctimas”, añadió.

Ante la preocupación de la Comisión de Régimen Económico sobre el nivel de ejecución del presupuesto en este año, los directivos del Ministerio de Agricultura y de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades acudieron a la mesa legislativa a presentar la información correspondiente.
Gretty Vargas, de la Secretaría de Pueblos, expuso los montos, proyectos y porcentajes del presupuesto de este año que ha ejecutado la institución hasta el 30 de septiembre pasado. La ejecución en inversión está en un 18,51%, mientras que la de gasto corriente está en un 48,32%.
Aseguró que, en cuestiones públicas hay ocasiones en las que se heredan situaciones como estas, pero que su reto y compromiso con el cargo al que ha sido designada es mostrar que se puede ejecutar este presupuesto en su totalidad.
“Estamos trabajando en el fortalecimiento de los dos proyectos emblemáticos que maneja la Secretaría, el de desarrollo integral pueblos y nacionalidades y el de fortalecimiento de economías comunitarias, mismos que fueron articulados con los GAD parroquiales y se enfocan en apoyar los pequeños emprendimientos. Nosotros los queremos reformar y fortalecer, para que los recursos lleguen de manera directa”, concluyó.
Por su parte Eduardo Izaguirre, ministro subrogante de Agricultura, puntualizó que desde que recibieron la cartera de Estado, se inició una estrategia administrativa y de manejo, con la cual han dado un salto de calidad en el que la ejecución de proyectos en las diferentes áreas del ministerio ha sido una prioridad. “La mayor cantidad de problemas que se han encontrado son los relacionados a nudos legales y de procedimiento, que dentro tres meses esperamos seguirlos desatando”, comentó.
Las ejecuciones presupuestarias, de acuerdo con los datos presentados, muestran un cumplimiento del 70,54% en el gasto corriente y un 56,89% en el gasto de inversión.
El funcionario reconoció que hay proyectos, como el de Dinamización del Sector Forestal y el de Fomento a la Producción Agrícola que tienen bajos porcentajes de ejecución, menos del 26%, pero son optimistas que ese porcentaje aumente considerablemente antes de que finalice el año.
Los asambleístas resaltaron la importancia de contar con las comparecencias de las autoridades convocadas, no de delegados, inclusive cuando los números en cuanto al cumplimiento del presupuesto de sus carteras no son los mejores. Señalaron, además, que uno de los parámetros para medir la gestión de un ministerio es el nivel de ejecución y que es importante conocer si existen problemas que retrasan estos procesos.

Por unanimidad, la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Azuay acogió el pedido de Fiscalía e incrementó la pena de veintiséis a treinta y cuatro años y ocho meses de privación de libertad para José Jonás L., como autor del femicidio de su pareja.
El sentenciado también deberá cancelar 124.800 dólares como reparación integral a los familiares de la víctima.
Durante la audiencia de apelación, efectuada el viernes 14 de octubre, la fiscal Blanca León expuso ante los magistrados, que –en la audiencia de juicio, desarrollada en julio de 2022–Fiscalía justificó la existencia de circunstancias agravantes de la infracción; sin embargo, el Tribunal no las consideró al dictar la sentencia.
Estas se encuentran tipificadas en los numerales 1 y 6 del artículo 47 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), las cuales hacen referencia a cometer el delito con alevosía y aumentar las consecuencias dañosas de la infracción para la víctima.
La investigación
La víctima salió de su domicilio el 27 de mayo de 2020 para trasladarse a la parroquia Cañaribamba del cantón Santa Isabel, donde cumpliría labores agrícolas. Debido a que no retornó, sus familiares denunciaron su desaparición.
El 4 de junio de 2022, en la quebrada San Pedro –cerca de la vivienda de José Jonás L.– fue encontrado un saco de yute que contenía fragmentos de huesos humanos y utensilios de cocina incinerados.
Por esta razón se allanó la vivienda del ahora sentenciado, donde se levantaron muestras de máculas de sangre. Además, frente al inmueble, en un sitio en el cual se había prendido fuego, se encontraron restos incinerados que correspondían a fibras textiles y alambres de colchón.
La investigación reveló que el día de su desaparición, la víctima llegó al domicilio de José Jonás L. y mientras se encontraban acostados sobre el colchón, él le disparó en la cabeza.
Enseguida quemó el cuerpo para desaparecerlo; sin embargo, el dorso de la mujer no fue incinerado, por lo que lo enterró en el sector Cebadillas. Los demás restos humanos los colocó en un saquillo, que fue lanzado a la quebrada.
Fiscalía justificó el cometimiento del delito y la responsabilidad del sentenciado con los testimonios de familiares de la víctima, de dos médicos legistas, un antropólogo forense, agentes de la Policía y peritos que practicaron las valoraciones psicológica y de trabajo social.
Información jurídica
El delito de femicidio está tipificado en los artículos 141 y 142 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con privación de libertad de veintidós a veintiséis años. En este caso la pena se incrementó por la existencia de circunstancias agravantes de la infracción

Los expedientes de los ecuatorianos y ecuatorianas que aspiran a ser declarados como héroes o heroínas del país, entran en la fase de calificación y verificación de los posibles actos heroicos que realizaron.
La Comisión de Verificación y Calificación a los Héroes y Heroínas Nacionales (CVCHHN) dio inició oficial a dicha fase, este 18 de octubre, dentro del Sexto Trámite Sumario.
Para el proceso de calificación, los miembros de la Comisión aplicarán la Ley de Héroes y Heroínas Nacionales, que en su Art. 1, establece como actos heroicos a los: “actos únicos, verificables, de valor, solidaridad y entrega, más allá del comportamiento normal esperado y del estricto cumplimiento del deber, aún a riesgo de su propia integridad; salvando vidas, protegiendo las Instituciones establecidas por nuestra Constitución o defendiendo la dignidad, soberanía e integridad territorial del Estado”.
El análisis de los expedientes se realizará dentro del término de 30 días, que pueden extenderse a 60, de acuerdo a las necesidades del proceso. Concluido el plazo se notificará la resolución tomada a los correos personales de los postulantes, quienes no sean calificados pueden presentar su solicitud de reconsideración. La designación de los héroes y heroínas nacionales debe superar la fase de impugnación ciudadana y cuenta con el acompañamiento de la Veeduría correspondiente.
El inicio de la fase de verificación de posibles actos heroicos se realizó en la Sesión Ordinaria Nro. 98 a la que asistieron: Sr. Ramsses Torres, Presidente de la Comisión; Dr. Miguel Chimborazo, Comisionado por la Defensoría del Pueblo; Gral. Santiago Almeida, delegado por el Ministerio de Defensa Nacional; y, Gral. Fausto Olivo, delegado del Ministerio del Interior.

El Pleno de la Asamblea Nacional recibió a John Anton Sánchez, académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales; Byron Villacís, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; y, a Reina Valle, directora de Ubuntu por un nuevo futuro, para escuchar sus criterios en cuanto al proceso de fiscalización al INEC y a la ejecución del Censo Nacional, que empezó su proceso virtual este mes de octubre.
Las preocupaciones expuestas ante el Pleno se centraron en temas como el método de recolección de datos previsto para el proceso; la marginación de grupos étnicos para el trabajo de planificación, acompañamiento y obtención de información; la vulneración del derecho de privacidad; la falta de una campaña de información y socialización efectiva; y, la posible exclusión de pueblos, nacionalidades y grupos étnicos minoritarios del país.
“El problema que acarrea una mala recopilación de información es que si los resultados arrojan una disminución de un grupo poblacional en comparación del último censo, no vamos a saber la razón exacta de esto” señaló Byron Villacís.
En el debate participaron nueve asambleístas, quienes coincidieron en señalar que el método escogido por el INEC deja muchas dudas en cuanto a la efectividad del mismo, considerando que si los resultados no son precisos, se estaría dejando sin atención a muchos ecuatorianos, ya que esta es una herramienta estadística importante para determinar muchas de las asignaciones de recursos.
La asambleísta Paola Cabezas aseguró que le llama la atención que se haya cambiado la metodología para la obtención de resultados y la aparición de valores que antes no se contemplaban en el gasto para el censo. “Se conoce poco o nada en la transparencia de la ejecución de este presupuesto, es un préstamo de 80 millones de dólares en recursos que son para mejorar las capacidades estadísticas del país”, señaló.
Por su parte Marjorie Chávez sostuvo que en este proceso no se puede dejar de lado a las personas con enfermedades catastróficas. Sugirió incorporar tres preguntas al temario. Las preguntas están dirigidas a recolectar datos para saber qué hogares tienen familiares que padecen estas enfermedades, qué miembro de la familia la padece y qué afección tiene. “Esta información servirá para tener una base de datos clara sobre personas con enfermedades catastróficas y poder atenderlas de mejor manera” finalizó.
Pierina Correa cuestionó la contratación de cerca de veinte mil personas para recabar la información del censo. “Este proceso se ha hecho en tiempo de elecciones y solo el hecho de dar trabajo a tantas personas se podría considerar un acto proselitista” subrayó.
Al concluir el Pleno de la Asamblea aprobó, con 107 votos afirmativos y 19 abstenciones, la resolución propuesta por la legisladora Paola Cabezas, la cual ratifica el proceso de fiscalización al Instituto Nacional de Estadística y Censos; exhorta a que capacite a los censadores para que no se impongan frente a los censados en zonas de conflictos limítrofes, respecto de su identidad territorial.
También dispone la comparecencia del Director Ejecutivo del INEC, Secretario Nacional de Planificación y del Ministro de Economía ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Además invitarán a dirigentes de las organizaciones nacionales, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias para que expongan el riesgo de su invisibilización en el actual censo poblacional.

El tratamiento a personas con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas volvió al debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Tras escuchar los testimonios de padres cuyos hijos padecen atrofia muscular espinal (AME) y que no consiguen medicamentos, uno de los más caros del mundo, el Legislativo exhortó al presidente de la República, Guillermo Lasso, a que cumpla la Constitución y aplique las medidas respectivas para dotar a los servicios de salud de los medicamentos y tratamientos necesarios para brindar atención oportuna.
También requirió que el mandatario disponga al Ministerio de Finanzas que asigne el presupuesto o genere los convenios o instrumentos internacionales necesarios, para lograr que el medicamento Zolgensma pueda llegar de manera oportuna a las familias ecuatorianas que padecen de atrofia muscular espinal.
Esta resolución se incluirá en el Informe de actualización respecto de la vigencia de la situación de escasez de medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas con discapacidad, y con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, así́ como la atención hospitalaria y el abastecimiento del cuadro nacional de medicamentos básicos en el Sistema Nacional de Salud.
Laura Varela Torres, madre de Theo Tabango, de 7 meses de edad, con diagnóstico de atrofia muscular espinal (AME) tipo 1, expuso de manera desesperada y angustiada la enfermedad y los procesos que ha tenido que pasar, a fin de salvar la vida de su hijo. Pidió la intervención inmediata de las autoridades en la compra del medicamento, cuyo costo es de alrededor de dos millones de dólares.
La asambleísta Yeseña Guamaní, proponente de la resolución, presentó su solidaridad e indicó que la enfermedad de Theo afecta la capacidad motriz, de ahí que es necesario que el Gobierno Nacional asuma su responsabilidad con los pacientes con enfermedades crónicas, catastróficas, raras y huérfanas. “Es una enfermedad que afecta la capacidad que tienen los niños para caminar, sentarse y controlar incluso los movimientos de su cabeza.
De su lado, Gladys Tapia portavoz de niños con AME y madre de una niña con la enfermedad solicitó que se les permita el acceso a medicamentos, para que el tratamiento sea administrado a tiempo y que los tres tipos de tratamientos que existen para esta enfermedad sean ejecutados de manera oportuna. Advirtió que Ecuador es el único país en Latinoamérica que no ha firmado ningún acuerdo con laboratorios o instancias internacionales que les permita acceder a este tratamiento.
Félix Galarza, presidente de la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras, instó a las autoridades para que asignen un presupuesto permanente para proveer los medicamentos necesarios para el tratamiento. Norma Noguera, presidenta de la Fundación de Padres de Niños con AME, pidió concretar acuerdos para evitar que más niños mueran por falta de medicamentos, tras informar que en lo que va del año, siete niños han perdido la vida esperando el tratamiento que les corresponde por derecho.
La primera vicepresidenta de la Legislatura, Marcela Holguín presentó el respaldo de la Asamblea a las personas que están en riesgo su vida a consecuencia de las enfermedades catastróficas, raras y huérfanas y que requieren de manera urgente la atención del Gobierno Nacional, para asegurar su tratamiento y la provisión de los medicamentos para su recuperación.

El asambleísta Mario Ruiz presentó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría, que tiene por objeto regular el sistema de control de utilización de recursos públicos, que examina, verifica y evalúa a las instituciones del Estado y la adecuada administración, utilización y custodia de los recursos del Estado.
Explicó que según esta propuesta, los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores públicos, sin excepción, se responsabilizarán y rendirán cuentas públicas sobre el ejercicio de sus atribuciones, la utilización de recursos públicos puestos a su disposición, así como de los resultados obtenidos en el desempeño de sus funciones.
Además, sostuvo que el proyecto busca evitar cualquier forma de desviación o abuso de los recursos o bienes públicos y que cada institución estatal asuma la responsabilidad por el mantenimiento de su propio sistema de control interno.
Planteó que los informes de auditoría gubernamental sean aprobados por el Contralor General del Estado o su delegado, cuyos resultados serán comunicados a las máximas autoridades de las instituciones del Estado examinadas y publicados en la página web de la Contraloría.
Finalmente, el legislador Ruiz aseveró que las normas propuestas evitarán que se caduquen los informes con responsabilidad, civil, administrativa y presunciones de responsabilidad penal.

Con el objetivo de transparentar las acciones y la ejecución de los hitos del calendario para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó un taller de socialización dirigido a autoridades del Cuerpo Diplomático acreditado en el país.
En este espacio, se destacó el trabajo que realiza el órgano electoral para garantizar la participación de actores políticos y ciudadanía en los procesos electorales nacionales, entre los que se incluye el acompañamiento en la fase de democracia interna de las organizaciones políticas; el desarrollo de la cruzada institucional y ciudadana ‘Sin ti no hay democracia’ con la cual se fomentó la participación política de las mujeres y jóvenes; entre otros aspectos.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, destacó que el resultado de este trabajo se evidencia en el actual registro de mujeres como cabezas de lista de cara a los comicios del 5 de febrero próximo. Al respecto, indicó que, según datos preliminares, “el 50% de mujeres encabezan las listas para la prefectura, mientras que un 32% lo hace para la alcaldía”.
Además, la titular del CNE reconoció el rol que cumplen las Misiones de Observación de organismos internacionales y el Cuerpo Diplomático, como un factor coadyuvante que otorga credibilidad a los comicios. “La Observación Electoral es un pilar y una de las garantías ineludibles que revisten de legitimidad, autenticidad, certeza y de transparencia a un proceso electoral”, puntualizó.
Finalmente, se hizo un llamado a los representantes internacionales a acreditarse como Observadores Electorales de cara a las próximas elecciones, fase que arrancará el 19 de octubre hasta el 1 de noviembre, en su primera etapa, conforme a la convocatoria aprobada por el Pleno del CNE.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) recibió la terna para el proceso de designación del vocal del Consejo de la Judicatura en representación de la Corte Nacional de Justicia que, de acuerdo con lo que dispone el Art.179 de la Constitución de la República del Ecuador, presidirá el Consejo de la Judicatura.
La terna está integrada por:

• Dr. Marco Antonio Tello Sarmiento

• Dra. Blanca Alexandra Vallejo Bazante

• Dr. Andrés Esteban Mogrovejo Abad

La Comisión de Régimen Económico aprobó por unanimidad el informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero sobre el Defensor del Cliente en Entidades de la Economía Popular y Solidaria, que está orientado a que los usuarios de las instituciones financieras de la economía popular y solidaria cuenten con una persona que precautelará sus derechos sobre reclamos, quejas o haberes descontados sin la autorización respectiva.
La mesa legislativa elaboró una nueva normativa que incluye una reforma al Código Monetario y Financiero, para que la misma regulación del Defensor del Cliente sea incorporada en las instancias de la economía popular y solidaria, específicamente donde los terceros son denominados clientes, mientras que los socios de mutualistas, cooperativas y cajas de ahorro tendrán que acudir al Consejo de Vigilancia conformado internamente por sus socios.
De esta forma, se alinea esta nueva denominación de puestos, conforme el marco constitucional que establece esta figura del Defensor al Cliente y la normativa secundaria, así como los procesos que tendrá que seguir bajo su reglamento respectivo, emitido desde ente de control como es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ampliando esta garantía constitucional, frente a las entidades financieras.
Según la propuesta, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene el deber de proteger los derechos de los clientes y usuarios; resolver controversias en el ámbito administrativo que se generen con las entidades bajo su control, cooperativas, mutualistas, cajas de ahorro y bancos comunales y contará con mecanismos de control y evaluación para asegurarse que los usuarios tengan procesos transparentes y de calidad.
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria expedirá la normativa para el ejercicio de funciones de los defensores del cliente en este sector. Prevé que para procesar sus reclamos o quejas los socios de esa entidades tendrán que dirigirlas al Consejo de Vigilancia dentro de sus instituciones, mientras que las personas que mantengan el rol de “cliente” contarán con acceso al Defensor del Cliente, en cada una de sus instituciones, para garantizar sus derechos.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado retomó el estudio del proyecto de reformas al Código Civil en materia de Protección y Bienestar Animal. Esta vez recibió las opiniones de la profesional veterinaria María Cristina Cely, que servirán para preparar el informe para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Cely aseveró que la reforma debe estar orientada a garantizar la convivencia y protección de los animales, porque no podremos tener un planeta sano, si no tenemos mares, lagos y animales sanos.
Sostuvo que los animales no pueden ser considerados cosas o bienes inmuebles, ni pueden ser sujetos de apropiación, pues por el contrario son seres sintientes y sujetos de derechos, reconocidos en la Constitución.
Además sugirió que la reforma elimine la posibilidad de que los animales sean objeto de comercio, para asegurar la protección y evitar el maltrato, el abandono y la muerte.
El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo reiteró el compromiso de mantener las puertas abiertas de la mesa legislativa para escuchar las propuestas y observaciones de los diversos sectores para construir las leyes.
Los legisladores, luego de escuchar a la compareciente, destacaron la necesidad de promover una política pública para la protección de los animales y sensibilizar a la ciudadanía para defender sus derechos, así como la importancia de democratizar los derechos, como alternativa para asegurar su respeto y cumplimiento.

Representantes de la Comisión de Soberanía alimentaria, autoridades locales y de organizaciones sociales suscribieron en Loja un compromiso para generar convenios entre los diversos sectores para afrontar el hambre, la desnutrición y luchar por una alimentación adecuada para todos.
Este compromiso lo asumieron en el marco de la socialización del proyecto de Código Orgánico de Soberanía Alimentaria y la identificación de los temas sustantivos que serán sometidos a una consulta prelegislativa, a fin garantizar el cumplimiento de los derechos colectivos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
La asambleísta Lucía Placencia, vicepresidenta de la mesa legislativa, expuso el contenido, objetivos y alcances del proyecto. Resaltó la importancia de recoger aportes y propuestas de los diversos actores que ayuden a mejorar esta normativa, la cual se encuentra en la etapa final del proceso constructivo, antes de ser presentada en el Pleno de la Asamblea Nacional.
“Los sistemas agroalimentarios tienen que ser sostenibles y respetuosos de la naturaleza, tienen que incluir al pequeño productor, para que tenga beneficios que le permitan seguir produciendo. Queremos que esta ley sirva para que el sector privado cumpla los acuerdos del Estado y con sus trabajadores”, enfatizó.
De inmediato, en un pequeño acto simbólico por el Día de Internacional de la Alimentación, se suscribió un compromiso para trabajar por una alimentación adecuada y con ello enfrentar el hambre y la desnutrición.
Por su parte, los representantes de organizaciones ecológicas y de medio ambiente de la provincia de Loja expresaron su preocupación, ante lo que ellos consideran, cambios en la ley que pueden afectar los logros y cambios obtenidos en la ley vigente.
Sus dudas estaban enfocadas en los procesos de protección a los agricultores y pequeños comerciantes, frente a las grandes empresas que podrían aprovecharse de este proyecto de ley para seguir creciendo en detrimento de los campesinos, además del impacto que el crecimiento de estas grandes industrias pueda tener en el medio ambiente.
“No encontramos mecanismos claros que permitan a los jóvenes acceder a tierras en las que puedan trabajar y tampoco vemos que se considere en el articulado la importancia que tienen las instituciones campesinas en el proceso de generación de alimentos”, precisaron.
Para acoger estas dudas y aportes, finalmente se conformó un grupo de trabajo junto con los asesores técnicos de la Comisión de Soberanía Alimentaria para analizar los artículos que abordan estos temas y poder considerar los cambios que se pueden realizar como parte del proceso.

La Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación en el caso de María Belén Bernal recibió a Pablo Albán y Sybel Martínez, expertos en derechos humanos, quienes coincidieron en indicar que el sistema de protección en Ecuador no funciona, hecho que se evidenció en la falta de prevención, así como en la respuesta tardía a las acciones de investigación y búsqueda de María Belén Bernal, víctima de femicidio al interior de la Escuela Superior de Policía Gral. Alberto Enríquez Gallo.
El doctor Pablo Albán, sin establecer la existencia de un posible crimen de Estado, aseguró que existen algunos elementos que determinan la responsabilidad estatal por la falta de medidas de prevención frente a la violencia de género que, lamentablemente, se ha normalizado en el país. Igualmente, dijo, habría responsabilidad del Estado por falta de la debida diligencia en la investigación de los hechos al interior de la Escuela de Policía.
Recordó que, por recomendación de organismos internacionales, para garantizar la transparencia de la investigación, en casos como el de María Belén Bernal, en el cual está involucrado un servidor policial como principal sospechoso, la Policía no debería ser quien lleve a cabo las acciones de apoyo a la investigación de la Fiscalía.
Entre tanto, Sybel Martínez reiteró que la violencia de género es un fenómeno sistemático, estructural y cultural, pues cada 28 horas se cobra la vida de una mujer; se trata de una violencia ante la cual la víctima no está protegida, porque el sistema de protección no funciona y, en el caso de María Belén Bernal, su desaparición y muerte se produjo dentro de un recinto policial y ninguno de los cadetes ni de los oficiales presentes en la Escuela de Policía cumplió su deber.
La especialista consideró necesario establecer reformas que permitan una verdadera reestructuración y saneamiento de la Policía Nacional, que vaya de mano con políticas públicas con enfoque de género, mayor presupuesto público para el ejercicio de actividades preventivas y de reparación para las víctimas de la violencia de género y facilitar el acceso a servicios de atención a niñas, niños, adolescentes y mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
De otro lado, la comisión procederá a una segunda convocatoria al ministro de Interior, Juan Zapata, posiblemente para el jueves 20 de octubre, a fin de que informe sobre este caso.

A través de sorteo público, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conformó la Comisión Ciudadana de Selección encargada del proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública. El sorteo contó con la presencia de Veedores Ciudadanos, la notaria designada, Dra. María del Pilar Flores, y fue transmitido en tiempo real a través de las plataformas digitales del Consejo.
El presidente del CPCCS, Abg. Hernán Ulloa, calificó como “una decisión fundamental para el destino de la Defensoría Pública” a la conformación de la Comisión Ciudadana que ejecutará el concurso de designación de esta autoridad. 
Una vez que se publiquen los resultados del sorteo, el Pleno del CPCCS realizará la sesión pública de posesión respectiva.
Los comisionados y comisionadas representantes de la ciudadanía son:

Los comisionados y comisionadas delegados de las funciones del Estado son:

En atención al Art. 32 de la norma vigente la Comisión Ciudadana se conformó de manera paritaria entre mujeres y hombres. Primero se sorteó el género. Posteriormente se sorteó a los cinco comisionados principales del listado diferenciado entre hombres y mujeres provenientes de la ciudadanía y organizaciones sociales. Los comisionados suplentes fueron designados, en forma alternada y secuencial entre hombres y mujeres.
De la nómina de delegados de la primera función del Estado establecida por sorteo, se designó como principal al género sorteado anteriormente. La delegada o delegado restante de cada función del Estado fue designado como suplente.
Para garantizar la transparencia del proceso, los veedores ciudadanos vigilaron el óptimo funcionamiento del mecanismo del sorteo, verificaron la secuencia numérica de las esferas, su ingreso al ánfora y, por su pedido, se realizaron varias pruebas para descartar posibles fallas en el sistema.

Este sábado 15 de octubre la Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó por unanimidad el texto final del proyecto de Ley para la Defensa y Desarrollo de la Economía Familiar Campesina, que tiene como objetivo generar acciones por parte del Estado ecuatoriano para fortalecer la correcta aplicación de la política pública en cuanto a la consecución de la soberanía alimentaria
La propuesta crea herramientas para garantizar el desarrollo de la economía familiar campesina, a través de la implementación de mecanismos de encadenamiento productivo, acceso a mercados, asistencia técnica y financiera para toda la cadena productiva vinculada a este segmento.
Las observaciones más importantes expuestas por los legisladores durante el segundo debate en el Pleno, se refieren a la consolidación y recuperación de la agroecología en el desarrollo fronterizo y que estas zonas económicas tengan acceso a crédito preferente, es decir, con equidad territorial, tal como establece la Constitución de la República.
También se refieren al fortalecimiento y producción sostenible y protección de los ecosistemas; enfoque de género, protección a las mujeres integrantes del grupo familiar, el autoconsumo, es decir, que la producción de la economía familiar campesina en primera instancia tenga sustentabilidad para el consumo interno a nivel local y un aporte a la cadena agroproductiva.
El asambleísta Xavier Santos, que será el ponente del informe en el Pleno, manifestó que se ha hecho un trabajo objetivo y sustentado en base a sus facultades y competencias.
Finalmente, el legislador Mariano Curicama, presidente de la mesa legislativa, resaltó que la aprobación de esta normativa constituye una verdadera aspiración de reconocimiento a los pequeños y medianos campesinos, que constituyen el principal motor de la seguridad y soberanía alimentaria en el país.

La Comisión de Justicia resolvió remitir a la Fiscalía General del Estado las grabaciones de la sesión en la que comparecieron el Procurador del Estado y las autoridades del Consejo de la Judicatura, a fin de que inicie las investigaciones sobre presuntos delitos cometidos en relación con el caso de los hermanos William y Roberto Isaías.
En la sesión también se aprobó la agenda de trabajo y metodología para la construcción del informe de investigación en torno a la presencia de arsénico en los pozos de agua de la ciudad de Machala, conforme lo dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional.
La asambleísta Johanna Moreira recordó que el trabajo inició con los pedidos de información a las entidades gubernamentales enviados el pasado 7 de octubre y que de acuerdo con la planificación visitarán la ciudad de Machala entre el 24 y 28 de este mes, para posteriormente empezar con las comparecencias de autoridades.
Otros temas
El legislador Dalton Bacigalupo expuso el informe de la subcomisión encargada de unificar los proyectos de ley rezagados en materia penal. Además designó a la parlamentaria Sofía Espín como encargada de la subcomisión que trata los proyectos en materia no penal.
De su lado, José Chimbo presentó el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Entre los cambios propuestos destacan el desarrollo de la práctica de la justicia indígena, un nuevo régimen de control disciplinario, fortalecer la autonomía de la Función Judicial y enmendar la decisión de la anterior Asamblea que anuló los concursos para el ingreso a notarias.
Chimbo habló de tres ejes en los que se fundamenta la propuesta: el fortalecimiento del pluralismo jurídico, control disciplinario y una reorganización de órganos auxiliares como las notarias.

En la sexta sesión de la Comisión para la Verdad, Justicia y Reparación las asambleístas escucharon la versión de María Isabel Jiménez, agente fiscal que lleva el proceso de investigación de la desaparición y posterior muerte de la abogada María Belén Bernal.
En su intervención, la Fiscal explicó que desde el inicio de la investigación, primero como desaparición involuntaria y luego como femicidio, se han realizado 74 impulsos fiscales y 231 diligencias investigativas para esclarecer los hechos. “La Fiscalía agotará todos los recursos que sean necesarios para determinar responsabilidades; por ello se abrió otro proceso investigativo por fraude procesal para definir si hubo encubrimiento”, enfatizó.
Ante los cuestionamientos respecto a la demora en iniciar la investigación, resaltó que Germán Cáceres presentó la denuncia en la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED), el 12 de septiembre de 2022, a las 17h06, por lo que la Fiscalía conoció el caso a las 08h00 de 13 de septiembre, fecha que inició la investigación previa y se ordenó, entre otras acciones, realizar la prueba de luminol a la habitación del sospechoso. El 15 de septiembre se recibió el resultado positivo del test y se emitió la orden de detención de Cáceres, con fines investigativos.
Señaló que, luego de encontrar el cuerpo de María Belén Bernal, el 23 de septiembre se reformularon los cargos, la Fiscalía ordenó la prisión preventiva de Cáceres y solicitó la difusión roja a la Interpol.
La asambleísta Mireya Pazmiño cuestionó por qué hasta el momento solo ha sido procesada la cadete Joselyn Sánchez y que aún no se haya determinado vinculación posterior al resto de agentes que estuvieron en la Escuela de Policía cuando ocurrieron los hechos. De su lado, Amada Ortiz advirtió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda que los casos de desaparición de mujeres sean investigados por la Unidad de Género de la Fiscalía y no por la DINASED.
La mesa legislativa incluirá en el cronograma de trabajo recibir a la madre y al abogado defensor de Joselyn Sánchez, cadete procesada por este caso.
Previamente, en comisión general, escucharon a Fernando Carrión, experto en seguridad, quien explicó la dinámica de violencia estructural que existe en país, destacando que la tasa de homicidios en Ecuador es de 21 por cada 100 mil habitantes, mientras que la media de América Latina es de 18.
Con la finalidad de evitar que se encubran estos delitos, exhortó al Legislativo a desarrollar una iniciativa legal para tipificar al feminicidio que, según dijo, “es el asesinato de una mujer que se produce bajo el silencio y tolerancia de las instituciones públicas y privadas”.

Luego de que Fiscalía presentara los suficientes elementos probatorios ante el Juez de la Niñez y Adolescencia, dos adolescentes –de 16 y 17 años– fueron sentenciados a siete años de internamiento preventivo por la violación perpetrada contra una adolescente de 17 años (compañera de su colegio).
El fallo incluye el pago de cinco salarios básico como reparación integral a favor de la víctima y cumplirán la pena en el Centro de Adolescentes Infractores de la ciudad de Ambato.
En la audiencia de juicio, el fiscal de Justicia Juvenil, Rafael Arellano, presentó como pruebas ante el Juez: el informe médico-legal ginecológico, el informe psicológico y de entorno social, el testimonio anticipado de la víctima, el testimonio de los agentes policiales, el informe pericial de rastreo de proteína 30 (semen) con resultado positivo, entre otros.
Los hechos ocurrieron en julio de 2022. La víctima acudió a su entidad educativa a rendir los exámenes de grado y al salir tomó el transporte público en dirección a la parroquia Guanujo. Ahí recibió un mensaje de un amigo, en el que le indicaba que acuda al complejo deportivo de la parroquia.
En el lugar se encontró con los hoy sentenciados, con quienes ingirió bebidas alcohólicas.
Los ya sentenciados se aprovecharon del estado de embriaguez de su compañera y la trasladaron al sector conocido como “Negro Yaco”, a unos sembríos de maíz, donde la agredieron sexualmente.
Información jurídica
El delito de violación está tipificado en el artículo 171, inciso 1, numerales 1 y 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concordancia con lo que establece el Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

Desde el 19 de octubre y hasta el 01 de noviembre de 2022, las personas naturales o jurídicas y extranjeros que residan en nuestro país -de manera legal y continua por al menos cinco años-, podrán acreditarse como Observadores Electorales para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023.
El segundo periodo de acreditación se realizará del 01 al 14 de diciembre de 2022, conforme a la convocatoria aprobada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), en sesión ordinaria de este 13 de octubre.
Las personas interesadas en ser parte de esta actividad voluntaria, cívica y proactiva deberán realizar el trámite de manera virtual, anexando la documentación habilitante en el formulario de registro disponible en la web institucional: www.cne.gob.ec. De manera especial, se podrá entregar los documentos presencialmente en la Secretaría General del CNE y en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales, de lunes a viernes, en horario de 08h30 a 17h00.
El Pleno también decidió extender la invitación para ser parte de la Observación Electoral a las universidades acreditadas en el país; a los Consejos Nacionales para la Igualdad; y, a varias organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de contribuir con la transparencia del proceso electoral que se ejecutará el próximo 05 de febrero de 2023.

Para la Asamblea Nacional el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres constituye una oportunidad para reconocer los avances hacia la prevención y la reducción del riesgo de desastres y de la pérdida de vidas, medios de sustento, economías e infraestructura básica, de conformidad con acuerdos internacionales.
En este marco, el Pleno del Legislativo declaró el 13 de octubre como el Día Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres en el Ecuador, fecha en la que evaluará junto a las autoridades competentes los avances en la gestión de riesgos a nivel subnacional y la aplicación del principio de descentralización subsidiaria; así como los retos, desafíos y mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de gestión de riesgos.
Entre otros aspectos, demanda del Gobierno Nacional el compromiso, a través del ente rector de las finanzas públicas y el rector de la gestión del riesgo, para trabajar en propuestas y estrategias de financiamiento que permitan garantizar la eficacia de la referida Ley de Gestión de Riesgo de Desastres.
El asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral recalcó que la gestión de riesgo está tomando gran relevancia, por ello que la Asamblea trabaja en la aprobación de la Ley de Gestión de Riesgos.
Argumentó que el declarar el 13 de octubre como el Día de la Gestión de Riesgo de Desastres ayudará a visibilizar la importancia de un tema para salvar vidas, generar conciencia por parte del Estado de proteger los recursos para prevenir y dar respuestas a los potenciales desastres y luego iniciar procesos de recuperación de resiliencia.
Además informó que según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos en el período 2017 - 2020 se han registrado 1.461 inundaciones, 11.336 incendios forestales, 4.157 deslizamientos, 113 actividades volcánicas, cientos de ecuatorianos han perdido sus patrimonios y sus vidas por no tener una ley que ayude a prevenir estos acontecimientos.
El presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, Marcos Molina recalcó que los riesgos a los que nos enfrentamos día a día son de diferente índole y que si hubiéramos contado con una ley apropiada para este tipo de problemas se hubiesen salvado muchas vidas. En tanto, el asambleísta Simón Remache sostuvo que se debe evitar la tala de los manglares para evitar desastres en el mar.
Previamente, los legisladores escucharon a Ángel Rosero, subsecretario de Gestión de Riesgos; Fernando Barragán, director de la Maestría de Gestión de Riesgos del Instituto de Altos Estudios Nacionales; y, a Daniela Cruz, de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, quienes respaldaron la iniciativa.
Dijeron que en sintonía con lo que pasa en el mundo se debe instituir este día y priorizar el tratamiento del proyecto de Ley para la gestión de riesgos de desastres, que ubicará al país como una nación que gestiona los riesgos de desastres en camino de la resiliencia.

Con 103 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió conformar una comisión ocasional que se encargará de analizar la situación actual y proyecciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), tomando en cuenta que tanto los afiliados como los jubilados no reciben una buena atención médica, según indicó el parlamentario Joel Abad, proponente del proyecto de resolución.
La mesa ocasional durará un año, de conformidad con lo que determina el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiempo en el cual deberán analizar el manejo de la Seguridad Nacional, recursos y reservas, ingresos y egresos, determinación de sus bienes inmuebles, entre otros aspectos; y, buscará soluciones para dar respuesta a la excelencia en la prestación de servicios de salud.
El asambleísta Abad, dijo que resulta inconcebible e indignante que el IESS no tenga dinero para dar atención médica oportuna a los dueños de la seguridad social.
No existen cifras definitivas o confiables en torno al patrimonio, dijo el parlamentario Abad, al precisar que el exgerente General del Banco del BIESS, Vinicio Troncoso, informó que hasta mayo de 2020 los activos institucionales deberían estar por los 48.000 millones de dólares y que no obstante su monto de activos estaban en 20.341 millones de dólares en el que se incluían créditos al Ejecutivo por 7.845 millones.

Por: Rosamaría Calderón C.

Lasso en lo que va de estar sentado en el sillón de Carondelet le han escrito 257 discursos, 114 los presentó en el año 2021 y 143 en lo que va del 2022

Estas alocuciones se las elabora un grupo de 7 personas que le cuestan al estado la cantidad de $ 13.910 mensuales en sueldos.
En esas intervenciones dice una cantidad de palabras vacías, que más bien parecen propaganda por la cantidad de inexactitudes y mentiras. Veamos unos pocos, todos tienen mentiras.

DISCURSO DEL 4 DE MAYO DEL 2021

DIJO QUE HABIA GASTADO MIL MILLONES EN LA VACUNACION Y QUE NADIE HA DUDADO EN AQUELLO.

¿Cómo sabemos que esa cifra es verdad? acaso ha mostrado documentos, ¿a quién se las compró? ¿Qué cantidad? ¡MIL MILLONES SON MIL MILLONES! Y más adelante sostuvo “que la figura presidencial no es acumular más poder”. Y tiene a su cargo ¡todos los poderes! Y pone a sus adláteres en puestos claves. Prosiguiendo habló que Ecuador tenía la mejor salud comparada con algunos países y los médicos y los gremios de la salud pedían la renuncia de la ministra por desabastecimiento de medicinas e insumos médicos. Pero comenzó hablando de la ¡descomunal obra en salud!

DISCURSO DEL 9 DE OCTUBRE DEL 2021

Dijo que se han abierto 2OO MIL PLAZAS de trabajo. Y nadie sabe dónde están porque el desempleo está más alto que en todas las épocas de vida del país. Y en este mismo discurso, más adelante, sostuvo que “ SEMANA A SEMANA ENTREGO OBRAS DE VIALIDAD, RIEGO Y DEMAS “ Y las carreteras en las provincias amazónicas, y en la mayor parte del país, están destruidas, y con difícil acceso.

ESTAN CIEGOS LOS ECUATORIANOS O LASSO ESTA CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

El último discurso del 9 de octubre 2022 dijo entre otras mentiras que:
“han asesinado a joven policía de 24 años. Que Dios la tenga en su gloria” totalmente falso. Gracias a Dios esta joven lucha cada día por vivir.

Y dio unas cifras espeluznantes, como: que en Guayaquil ha habido más de 745 operativos, ¿dónde y cuándo? Los guayaquileños no ven esos operativos, también dijo que han detenido a más de 20.000 personas, y que han desarticulado 531 organizaciones criminales. Por lo menos nombre a 20 organizaciones delictivas para saber cuáles son y tener claro que están purgando condena, ¿Cuándo construyó cárceles para meter tanta gente? y como es que las estadísticas de presos revelan otra cosa. La penitenciaria del litoral tiene capacidad para 5.246 presos y la regional para 4.368 Pals ¿dónde los puso a los 20mil o todos están locos? O los que hacen los discurso se inventan cifras. Es pertinente en este tema, reproducir un tuit de Juan Pablo Castel que dice:

“70.000 millones de robo
13.000 millones en lo social
20.000 detenidos en los últimos meses

Estos vomitan una cifra cualquiera al azar, sin el más mínimo razonamiento, típico de ignorantes que no saben lo que hablan. Nos subestiman. Piensan que todos somos como ese 52%”

Ya antes dijo: que todos los ecuatorianos por muy pobres que sean tienen: casa, carro, barco y finca. He estudiado toda mi vida, he trabajado incansablemente y solo tengo casa y carro modestos, donde reclamo el barco y la finca, será que hay que ir donde Lasso para que entregue estos bienes.

APROXIMADAMENTE 15 MIL DOLARES/MES LE CUESTAN AL PAIS LA REDACCIÓN DE LOS DISCURSOS
Los discursos de LASSO QUE LE CUESTAN AL ´PAIS

MENSUALMENTE alrededor de 15 mil dólares, cargados de leyendas, historias de terror y de fantasías. Si Lasso hiciera obras, los errores garrafales en los discursos pasarían inadvertidos, pero estos son como los tambores hacen mucho ruido afuera y por dentro están vacíos. Lasso es un palabrero, con vanas palabras no se maneja una nación. La encuestadora de Blasco Peñaherrera, empresario derechoso, Market, en su última encuesta en Quito y Guayaquil, informa que 9 de cada 10 ecuatorianos cree que las cosas están mal en el país. 95% de encuestados dijo que en los próximos 6 meses la situación estará peor. NADA HALAGADOR Y LA SITUACIÓN VA DE MAL EN PEOR

VEINTE DÓLARES POR TREINTA DIAS NO SON DOSCIENTOS DÓLARES SON $600

En la noche del 12 de octubre le decía a un personaje televisivo aquel que insulta sin respeto a la audiencia, “hay una gran cantidad de mujeres que ganan 20 dólares diarios y al mes ya tienen $200 “ pues esto multiplicado da 600 y no 200 como lo dijo, es que el contador de billetes, tampoco sabe multiplicar, Lasso es un hombre frio, ausente, le falta preparación emocional, le falta estar bien involucrado en valores, tiene una personalidad ruda; ha demostrado indiferencia, frialdad , ser un tipo distante, mentalmente despreocupado al parecer no le interesa pensar, sin destrezas mínimas del desarrollo del pensamiento . Por eso, es que muchos se preguntan por qué y cómo ha amasado tanta fortuna. Si además, cuando le preguntaron a qué hora se levanta en las mañanas a trabajar dijo: que “madruga” a las 7:00 Millones de personas antes de la 5:00 ya están en la calle ganándose el pan diario con dignidad y con menos responsabilidades, como es el de gobernar un país.

GOBIERNO DE PROPAGANDA DEL CAMUFLAJE Y EL ENGAÑO

Este hombre que además se levanta tarde, no ha conocido las luchas diarias, de saber ganar el dinero con dignidad y esfuerzo, no conoce cómo se escala para llegar a la cima paso a paso. Camuflarse y engañar tiene muy desalentada a la población ecuatoriana, la realidad es distinta.
El presidente de la propaganda del camuflaje, le gusta ponerse la banda presidencial, le gusta inflar egos. Le gusta sentirse presidente, pero no ejercer el cargo, tampoco se responsabiliza de las múltiples agendas que se deben cumplir no para viajar sino para resolver los acuciantes problemas. Meterse en el papel de estadista estudiar cuanta población de 5 años, tiene el país, y lo mismo con las de 10, 15 y 20 ver sus carencias y llenar esas necesidades. QUE LE QUEDE CLARO A LA CIUDADANIA, LA EDUCACION Y PREPARACION DE UN PRESIDENTE ES FUNDAMENTAL, PERO QUE PREVIAMENTE SE HAYA GRADUADO DE SER HUMANO
RIO UPANO CONECTA LOS ANDES CON LA AMAZONIA, MUNDIALMENTE FAMOSO POR QUE SE PRACTICA EL RAFTING QUEDA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

Es que no solo no sabe contar, multiplicar, escribir y sentir la patria, tampoco conoce el territorio. Corrigió al interlocutor equivocado y su corrección también estaba errada, sobre el rio Upano. Y si el pronter estaba al revés, cualquiera en su lugar, con trabajo fecundo pudiera improvisar discursos, y saldría del hoyo cuando falle la “polla” del pronter Pero no hay NADA entonces tienen que llenarle la presentación de mentiras. No le entrega al país datos reales, con respeto y seriedad.

Otros países han tenido presidentes muy básicos en cuanto a conocimientos y preparación. Pero han hecho enormes logros para sus países. Lula Da Silva, llegó a la mitad del bachillerato pero con alma, con deseo de ayudar, con solidaridad, logró hacer de Brasil un mejor país. Lech Walesa un obrero de Polonia llegó a la presidencia, con actitud generosa, con conocimiento de las necesidades profundas de su país, y logró levantar esa nación.

LAS MENTIRAS SON EN CONJUNTO

Sus ministros mienten igual que él, en entrevista de hace tres días, Arosemena, ministro de Economía decía: “el presidente Lasso inaugura obras diariamente ¿Dónde Están?, ¡QUE NO SE VEN! POR FAVOR DECIR LUGARES Y ¿QUE OBRAS SON?

Ante la Comisión de Justicia, el procurador Íñigo Salvador aseguró que podría haber un conflicto de intereses. En 2019, María Josefa Coronel, actual directora de la Judicatura Guayas, emitió una opinión consultiva a favor de los Isaías antes de estar en ese cargo.
Nuevas acusaciones de falta de independencia rodean al Consejo de la Judicatura. La Procuraduría asegura que hay presiones de los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, expropietarios del Filanbanco, sobre la Justicia para favorecer a sus intereses.
El caso llegó a la Comisión de Justicia de la Asamblea, después de que el procurador general, Íñigo Salvador, denunciara estas presiones.
En días pasados, Salvador aseguró que cree que hay una “presión política” e incluso podría haber “presión económica“. Y pidió investigaciones de los vínculos de la directiva de la Judicatura en Guayas con los hermanos Isaías.
Y hay un antecedente que se relaciona con María Josefa Coronel, directora provincial de la Judicatura en Guayas.
Coronel elaboró un informe de opinión consultiva en 2019 a favor de los hermanos Isaías, que sirvió de base para una de las sentencias que favoreció a los exbanqueros y que dispuso la devolución de los bienes que el Estado les incautó en 2008.
Ese informe fue solicitado por Xavier Zavala Egas, procurador de los hermanos.
Esto coincide con las constantes negativas y rechazos que recibió el Estado ecuatoriano en las causas planteadas por los Isaías. Algo que, a criterio del Procurador, evidencia que hay presiones desde ese lado.
Las “conjeturas” del Procurador
Salvador compareció por más de dos horas ante la Comisión de Justicia, este 12 de octubre de 2022. Allí, explicó la razón de sus declaraciones alrededor de las supuestas presiones de los Isaías.
Dijo que no tiene pruebas para señalar a ningún funcionario y que por ello no hace acusaciones. Dijo que lo que expresó son “conjeturas” basadas en los hechos.
Específicamente, el Procurador se refiere a unas medidas cautelares que los Isaías interpusieron en 2018. En esa causa, los hermanos fundamentaron su pedido en un Dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Este dictamen, según la Procuraduría, nunca declaró la existencia de una vulneración al derecho a la propiedad, no analizó la legalidad de las incautaciones y no ordenó la devolución de bienes.
Aun así, en julio de 2018, el juez Jhonny Lituma otorgó las medidas cautelares.
Según Salvador, desde entonces vino una “larga historia de negativa tras negativa, rechazo tras rechazo”. Esto hace pensar al Procurador que “algo tiene que estar pasando” con los jueces del Guayas, puesto que no pueden revertir ninguna de las decisiones del juez Lituma.
¿Cómo es posible que en un proceso tan claro un juez y dos en la Corte Provincial del Guayas (que rechazaron la apelación) nieguen todas las posibilidades al Estado de defenderse en el caso más importante que se ventila en los tribunales nacionales?
Íñigo Salvador, procurador general del Estadonone
Uno de los puntos que genera estas “conjeturas” del Procurador es que el juez Lituma cita en su sentencia, como uno de sus argumentos, es el informe preparado por María Josefa Coronel a favor de los Isaías.
La opinión de Coronel
María Josefa Coronel también compareció ante la Comisión de Justicia, en donde defendió su informe y ratificó su opinión sobre el caso Isaías.
Según contó, en 2019, Zavala Egas le solicitó un informe de opinión consultiva sobre el caso Isaías. Coronel es especializada en Derechos Humanos, por lo que elaboró el documento desde esa perspectiva. En ese año, ella ejercía como abogada en el libre ejercicio.
En el informe, Coronel ratifica el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y, por lo tanto, ratifica que los Isaías fueron víctimas de un abuso estatal en el proceso de incautación de sus bienes.
Después de ese informe, también impulsaron una campaña con videos en los que aparece Coronel y habla de una incautación ilegal a los exbanqueros. Allí, dice que en el proceso “se mutiló el derecho a la legítima defensa de los hermanos”.
Ante los asambleístas, Coronel defendió su informe. Dijo que fue elaborado cuando no era funcionaria pública (fue posesionada recién en 2021), pero que aun cuando ahora es funcionaria de la Judicatura considera que los Isaías fueron víctimas.
Se defendió de las acusaciones de interferencia en la Justicia. Dijo que no conoce a los exbanqueros, tampoco al juez Lituma ni a los jueces de la Corte Provincial que rechazaron los recursos de la Procuraduría.
Y añadió que su trabajo en la Judicatura es solo administrativo.
Lo que se viene
La última sentencia en firme sobre el caso es de septiembre de 2022, cuando la Corte Provincial de Guayas ratificó la sentencia de primera instancia, que ordena la devolución de los bienes a los hermanos Isaías.
La Procuraduría presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional el 4 de octubre de 2022. En esta, los magistrados deberán decidir si las medidas cautelares y su posterior trámite en el despacho del juez Lituma y de la Corte Provincial fue el correcto.
Sobre las acusaciones de supuestas presiones, Salvador aseguró que no puede poner una denuncia porque no sabe a través de qué funcionario se harían. Aunque en la Asamblea, el correísmo fue quien encabezó los cuestionamientos a Coronel.

En cumplimiento a las atribuciones establecidas en el Código de la Democracia, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), en sesión ordinaria de este 12 de octubre, aprobó la actualización del calendario electoral para la ejecución y desarrollo de los debates electorales para la dignidad de prefectos y alcaldes a escala nacional.
Con esta decisión, que busca garantizar la logística, correcta organización, transparencia y participación equitativa de los candidatos, los debates se realizarán el sábado 7, domingo 8, sábado 14 y domingo 15 de enero de 2023.
Por primera ocasión en la historia, el CNE organizará 38 debates en las jurisdicciones con más de 100.000 electores, correspondientes a 17 prefecturas y 21 alcaldías. Espacios importantes que fomentan el voto informado de la ciudadanía respecto a los planes de trabajo de las diferentes dignidades a ser elegidas el próximo 5 de febrero de 2023.

Luis Alberto O. y Manuel Jesús V. se encuentran con prisión preventiva por su presunta participación –en calidad de autor y coautor, respectivamente–:del asesinato del abogado Mario V.
Los procesados comparecieron a la audiencia de formulación de cargos, la tarde del miércoles 12 de octubre –vía telemática– desde el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Azogues.
El asesinato ocurrió aproximadamente a las 10:00 del martes 11 de octubre. De acuerdo a la investigación, Luis Alberto O. y Manuel Jesús V. ingresaron a la oficina de la víctima, ubicada en un inmueble en el centro de Azogues, donde preguntaron por él.
En presencia de cuatro personas, Luis Alberto O. habría disparado en varias ocasiones contra Mario V. Según al informe de autopsia, la víctima tenía tres heridas en la cabeza y una en el pecho, causadas por el paso de proyectiles, lo que causó su deceso en el sitio.
Luego de cometer el ilícito, los ahora procesados huyeron en un auto color negro.
Fiscalía y Dinased realizaron varias diligencias investigativas, como la obtención de videos de las de cámaras de seguridad y versiones de moradores del sector, las cuales permitieron la captura de los procesados mientras caminaban por las calles Milchichig y Las Caras, en Cuenca. A pocas cuadras, también se allanó el inmueble donde residían.
De igual forma, en este sector se revisaron las cámaras de seguridad, en cuyas imágenes se observa a los dos procesados mientras se subían al auto color negro, antes de cometer el ilícito.
Personal policial ubicó el vehículo, el cual se encontraba abandonado en el sector Plaza del Arte, de la capital azuaya.
El fiscal de turno, Santiago Calle, presentó como elementos de convicción ante el juez Ariel León: el acta del levantamiento del cadáver, el informe de autopsia, fotografías y videos de las cámaras de seguridad, así como versiones de testigos presenciales.
Información jurídica
El delito de asesinato está tipificado y sancionado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con privación de libertad de veintidós a veintiséis años.

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes junto a la ministra de Educación, María Brown, analizaron varios temas sobre el presupuesto para el sector y la entrega de raciones alimenticias a niñas. niños y adolescentes.
La ministra Brown informó que del presupuesto codificado al 31 de agosto, el gasto corriente es de 3.641 millones de dólares y el gasto de inversión 240 millones 342 mil dólares, de un presupuesto total de 3.984 millones de dólares.
Indicó que a principios de año se contrataron 14 unidades educativas con capacidad para 1.200 estudiantes por jornada cada una, que estarán listas hasta diciembre próximo.
En otro orden, dio a conocer que están prohibidas las contribuciones voluntarias y peor obligatorias o cualquier tipo de cuotas fijadas por los comités de padres de familia, situación que está debidamente normada para evitar que el estudiante sea sancionado por no pagar esas cuotas.
El legislador Xavier Ortiz explicó que en el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, los estudiantes no pueden utilizar las instalaciones de una escuela por un problema de escrituras, lo que les obliga a trasladarse a sitios más lejanos para realizar sus estudios.
El asambleísta Lenin Mera expresó su preocupación porque hay denuncias en el sentido que no llegan a los estudiantes las raciones alimenticias del desayuno escolar, situación que amerita la investigación y una respuesta a los padres de familia por parte de las autoridades.
Finalmente, la presidenta de la comisión, Pierina Correa sostuvo que es necesario conocer el presupuesto que se asignará al Ministerio de Educación para el próximo año y su relación con el Producto Interno Bruto (PIB), a fin de determinar si se ajusta a las disposiciones de la Constitución de la República.

La Comisión de Régimen Económico, con 5 votos a favor y tres en contra, aprobó el segundo informe trimestral de seguimiento al proceso de valorización, desinversión y eventual del Banco del Pacífico.
El informe será entregado a la Presidencia de la Legislatura para que se lo incluya en una sesión del Pleno.
Cabe recordar que el Pleno del Parlamento, mediante resolución, determinó que la Comisión de Régimen Económico lleve adelante este proceso de investigación, por lo que solicitó información a la Superintendencia de Bancos, Corporación Financiera Nacional, Banco del Pacífico, entre otras instituciones.
Los parlamentarios analizaron cómo se encuentran las operaciones financieras del Banco del Pacífico; solvencia, el posible escenario de venta, avances y estado actual del mismo, estudios de valoración de la entidad financiera, entidades responsables de su elaboración, entre otros temas.

En el marco de las mesas de diálogo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) organiza, con el objetivo de delinear estrategias y acciones determinantes para atender la situación carcelaria, delegados de diferentes organizaciones sociales se dieron cita para presentar sus propuestas y experiencias relacionadas con la temática.
La segunda mesa de diálogo organizada por el CPCCS, se realizó este 11 de octubre, trató temas relacionados con la rehabilitación social, derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPL), academia, colectivos LGBTI y mecanismos de control social. Se contó con representantes de la Fundación Dignidad, Fundación Vivir Libre, Pastoral Penitenciaria Guayas, Fundación Aldea, Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, Universidad Técnica Particular de Loja y el Observatorio de Políticas Públicas para Migrantes Retornados y Sujetos de Protección Internacional.
Los interlocutores de la mesa de diálogo expusieron sus experiencias en el trabajo que realizan y, a partir de ellas, sus propuestas sobre la necesidad de reestructurar la administración de los centros de privación de libertad, el ejercicio de los derechos de participación ciudadana para los PPL, reformas legales, acceso a salud y educación, así como medidas que propendan a la rehabilitación social y el desarrollo de actividades productivas.
En la primera mesa que organizó el CPCCS participaron representantes de las instituciones del Estado a cargo de la materia; y en el tercer encuentro que se está preparando, las organizaciones sociales podrán exponer sus propuestas directamente a los encargados de las instituciones responsables de la implementación de las medidas respectivas. De esta manera, se viabilizará un escenario para el diálogo entre la ciudadanía y el Estado para atender de mejor manera el sistema de rehabilitación social y el proceso de reparación integral a las familias afectadas por la crisis carcelaria.

Con 119 votos a favor el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió disponer la comparecencia ante la Comisión de Seguridad Integral, de Juan Zapata, ministro del Interior; Diego Ordóñez, secretario de Seguridad; Fausto Salinas, comandante general de Policía; María Saltos, directora del Sistema ECU911; y, los gobernadores provinciales, para que informen sobre la delicada situación de inseguridad que atraviesa el Ecuador y cuáles son las acciones a emprender para combatir la misma.
La proponente de la resolución, la legisladora Viviana Veloz, expresó su preocupación porque el país está sumido en la violencia e inseguridad y no hay respuesta del Gobierno. Advirtió que, en el caso de su provincia, Santo Domingo de los Tsáchilas en lo que va del año se han registrado 150 muertes violentas. “Exigimos que el Presidente de la República presente el plan de seguridad y lo ejecute, porque está destruyendo la paz y con ello la economía”, expresó.
Blasco Luna reveló que esta mañana, se produjo un caso de sicariato en Cañar, hecho sin precedentes en esta provincia, por lo que demandó la aplicación urgente de un plan de seguridad para todo el país, criterio que fue compartido por Sofía Sánchez, argumentando que Azuay también sufre una ola de delincuencia, para lo que se requiere instalar mesas técnicas en todas las provincias para enfrentar la creciente inseguridad.
De su lado, Noemí Cabrera tras advertir que la inseguridad también se vive en El Oro, donde se han registrado 218 muertes violentas en lo que va del año, por lo que demandó la inmedita intervención del Gobierno. Marlon Cadena expresó que “vemos con horror lo que sucede en el país en materia de seguridad, porque los ecuatorianos no estamos a salvo en ningún sitio, ni siquiera en la propia casa”.
Rafael Lucero afirmó que todos los días el país es testigo de sicariato, asaltos, muertes violentas, por ello “me sumo al pedido de los 17 millones de ecuatorianos que claman seguridad”. Rosa Belén Mayorga, advirtió que se corre el riesgo de paralizar al país, a consecuencia de la delincuencia. Joel Abad enfatizó que el Ministro del Interior debe explicar en la Asamblea las acciones ante los crímines y violencia.
En el debate también intervinieron Simón Remache, Jhajaira Urresta, Luis Almeida, Fernando Villavicencio, Jessica Castillo, Ricardo Chávez, Gruber Zambrano, Geraldine Weber, Ramiro Narváez y Ricardo Vanegas, quienes se refirieron a la inseguridad en las actividades de pesca artesanal, la necesidad de que la Policía resguarde la vida de las personas y construir una ley de seguridad y una política criminal en materia de seguridad, tipificar nuevos delitos que crean zozobra en la ciudadania, como las llamadas “vacunas”, instalación de escaneres en puertos y aeropuertos para controlar la salida de droga, la acción coordinada de todas las autoridades para cambiar esta situación y activar mesas provinciales de seguridad.

La Comisión de Fiscalización sesionará este miércoles, 12 de octubre, en doble jornada, con el propósito de escuchar a las autoridades de Policía y de Rehabilitación Social sobre los hechos de violencia ocurridos en pasado 3 de octubre, en el Centro de Privación de Libertad de la Sierra Centro, ubicado en Latacunga, así como para recibir a personeros de la Empresa Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca (EMOV EP), dentro del proceso denominado “radares”, propuesto por el asambleísta Bruno Segovia.
La primera sesión está prevista para las 10h00. Están invitados el director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad y a Menores Infractores (SNAI), Guillermo Rodríguez; el comandante general de Policía, Fausto Salinas; y, el ministro del Interior, Juan Zapata, para explicar los hechos de violencia acaecidos el pasado 3 de octubre, que dejaron como saldo 16 fallecidos, entre ellos Leandro Norero Tigua, y 21 internos heridos.
Para las 14h00 está prevista la comparecencia de Juan Carlos Aguirre, gerente general de la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca; Ana Lucía Moncayo, directora de Planifiación; Jorge Cabrera, gerente de Control de Tránsito; John Hernández, subgerente Administrativo; Wilson Quito, subgerente Financiero; Carlos Valdivieso, subgerente de Asesoría Jurídica; y, Edwin Feijoo, también funcionario de la referida empresa, quienes explicarán acerca del informe técnico en relación con los radares.
Cronograma
También la sesión de la tarde consta como segundo punto del orden del día, el conocimiento y aprobación del cronograma de trabajo, dentro de la solicitud de juicio político en contra de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social.

La Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación en el caso de María Belén Bernal, recibió las comparecencias de Fausto Salinas, comandante general de Policía y del general Freddy Goyes, exdirector de Educación, quienes expusieron sus testimonios en torno a la muerte de María Belén Bernal. Salinas reiteró su compromiso de agotar todas las acciones legales y de cooperación internacional para capturar a Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio.
Cuando ha transcurrido un mes de la desaparición y muerte de la abogada María Belén Bernal, el Comandante de Policía detalló la línea de tiempo relacionada con la posible localización del teniente Cáceres, cuya búsqueda inició oficialmente el 14 de septiembre, pasadas las cuatro de la mañana, cuando llegó la autorización para su vigilancia.
Explicó que fue la propia Policía quien llevó a Germán Cáceres para que rinda su versión el martes 13 de septiembre, y estuvo en custodia hasta las 22h40. Luego, en vista que no hubo ninguna formulación de cargos ni orden de vigilancia por parte de la Fiscalía, Cáceres quedó en libertad, pues la Policía no tenía ninguna disposición ni orden legal para retenerlo. Tampoco era posible aplicar proceso disciplinario alguno, añadió.
Fausto Salinas indicó que no se aferra a la Comandancia de la institución. Sobre el plazo que le otorgó el presidente de la República, Guillermo Lasso, para que presente resultados en la localización de Cáceres, subrayó que después de presentar la línea de tiempo relacionada con la situación de Cáceres y la orden para su detención, se demostró que no hubo ninguna actuación negligente de la Policía ni responsabilidad en permitir su huida.
Aclaró que un ciudadano adquiere la condición de prófugo de la justicia a partir de que sobre él pesa una orden de detención o sentencia de privación de libertad. En este caso, solo desde el 14 de septiembre la Policía tuvo la responsabilidad de tomar las acciones para la localización de Germán Cáceres.
De su lado, el general Freddy Goyes, exdirector de Educación de la Policía, aseguró que a la fecha de lo ocurrido en la Escuela Superior de Policía, él se encontraba en vacaciones en el exterior y se reintegró a la institución el 14 de septiembre para retomar sus funciones como Director de la Policía Judicial.
Enfatizó que durante los 45 días de su gestión en el área de Educación se dispuso el cambio del Reglamento Disciplinario de la Policía, se estableció una política de género y se elaboró una Guía de Derechos Humanos. En suma, dijo, fue un trabajo orientado a cambiar el sistema operativo de la Escuela Superior de Policía y de las demás escuelas de formación de los servidores policiales.
Insistencia
Ante la ausencia del exministro del Interior, Patricio Carrillo y el envío de delegados de la Fiscalía General del Estado, la comisión decidió insistir en la convocatoria al exfuncionario y a la doctora Diana Salazar, titular de la Fiscalía para que -en una próxima fecha- acudan al organismo para dar respuestas al país.

La Bancada Legislativa de Unión por la Esperanza (UNES) presentó un nuevo pedido de enjuiciamiento político en contra de Patricio Carrillo, exministro de Interior, por incumplimiento de funciones relativo al caso de femicidio de María Belén Bernal, ocurrido en el interior de la Escuela de Policía.
La legisladora Gissela Garzón advirtió que el exministro Carrillo debe responder por acción u omisión. “Es importante que se marque un precedente para dejar claro que la Policía no puede quedar impune y Patricio Carrillo como su representante dé una respuesta al país mediante el control político”, dijo.
Puntualizó que en este caso se ha incumplido lo que establece la Constitución de la República respecto del derecho a una vida libre de violencia; y, la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer que especifica la responsabilidad de la Policía para acompañar estas situaciones.

En la semana del 10 al 14 de octubre la Asamblea Nacional avanzará en procesos de fiscalización y legislación en defensa de los derechos humanos. En la agenda consta la investigación de la muerte de María Belén Bernal y los hechos suscitados en las cárceles del país y en materia legislativa se intensificará el estudio de proyectos de carácter social.

Verdad, Justicia y Reparación
La Comisión Multipartidista por la Verdad, Justicia y Reparación que investiga la desaparición y muerte de María Belén Bernal sesionará los días 11, 12, 13 y 14 de octubre. Comparecerán el exministro del Interior, Patricio Carrillo; Comandante General de Policía, Fausto Salinas; la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, los generales Giovanny Ponce y Fredy Goyes.
También acudirán la Secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores; Secretario de Seguridad, Diego Ordóñez; Secretaria del Consejo Nacional de Igualdad de Género, Cristina Almeida, un experto en reforma política; exdirector de la Escuela Superior de Policía; un constitucionalista, expertos en seguridad y derechos humanos; Ministros de Defensa y del Interior. Además, está prevista una visita a las instalaciones de la Escuela Superior de la Policía Nacional.
Fiscalización
La Comisión de Fiscalización sesionará en dos jornadas el miércoles 12 de octubre. A las 09h00, en el marco de la investigación caso “radares” comparecerán el Gerente de la Empresa Municipal de Tránsito de Durán; el gerente y directora de Planificación de la Empresa Municipal de Movilidad de Cuenca; el gerente, los subgerentes Administrativo y Financiero de Control de Tránsito, miembros de la Comisión Técnico Económica de Cuenca; y, el representante legal del Consorcio Móvil Technologic Ecuador.
En cambio, a las 14h00, estará el Ministro del Interior, el Director del SNAI y el Comandante General de Policía, para que informen sobre los hechos suscitados el 3 de octubre del 2022, en el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro, de la ciudad de Latacunga.
Soberanía Alimentaria
La Comisión de Soberanía Alimentaria recibirá miércoles 12 a representantes de organizaciones sociales para que den sus observaciones al proyecto de Código de Soberanía Alimentaria, así como del proyecto de Ley para el Desarrollo Sostenible del Sector Cafetalero.
Régimen Económico
El miércoles 12, a las 15h00, la Comisión de Régimen Económico, en sesión reservada, debatirá y votará el segundo informe trimestral de seguimiento al proceso de valoración, desinversión y eventual venta del Banco del Pacífico.
Relaciones Internacionales
La Comisión de Relaciones Internacionales sesionará el miércoles 12 y viernes 14 de octubre para avanzar en la revisión de la objeción parcial por inconstitucionalidad y por inconveniencia al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación.
Participación Ciudadana
A las 08h30 del miércoles 12 de octubre, la Comisión de Participación Ciudadana recibirá al Secretario Jurídico de la Presidencia de la República; a los Ministros de Finanzas, Obras Públicas, Energía, Salud Pública y del Interior; al Gerente de Petreocuador; Secretaria Técnica de la Amazonía y a la Secretaria de Educación Superior; a fin de elaborar el informe sobre el avance y cumplimiento respecto a la vialidad, creación de la universidad estatal, fortalecimiento de la salud, educación, trabajo, seguridad ciudadana y Ley Amazónica.
Educación
Para el miércoles 12, a las 10h00, la Comisión de Educación invitó a gestores culturales para que expongan sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley para la Institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como Espacio de Encuentro y Fomento de las Expresiones Culturales e Identidad del Ecuador. Luego, recibirá a representantes de gremios de docentes, quienes expondrán sus criterios respecto de la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Trabajadores
La Comisión del Derecho al Trabajo mantendrá dos sesiones el miércoles 12. En la primera comparecerán el presidente del IESS, para que informe las acciones durante la declaratoria de la emergencia en los hospitales de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar, y los que conforman el Seguro Social Campesino, que estuvo vigente hasta el 14 de septiembre de 2022.
En la segunda sesión, avanzará en el proceso de socialización del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).
Niñez
La Comisión de Niñez sesionará el 12 de octubre, a las 09h00, con el fin de recibir al Ministro de Educación, para analizar el proyecto de Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Seguridad Integral
La Comisión de Seguridad Integral se reunirá el miércoles 12 de octubre, a las 09h00, para conocer los informes de seguimiento a la crisis carcelaria. A las 14h30, revisará las observaciones al informe para primer debate de la Ley de Seguridad Privada, expuestas en el Pleno de la Asamblea Nacional; y, a las 17h00 avanzarán con el tratamiento del proyecto de Ley de Interceptación de Aeronaves.
Desarrollo Económico
El 12 de octubre, a las 10h00, la Comisión de Desarrollo Económico para continuar el análisis del proyecto de reformas a la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid 19. Posteriormente, avocará conocimiento del proyecto de reformas a la Ley de Turismo, presentado por el asambleísta Mario Ruiz; y tomará una resolución respecto del proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta.
Justicia
A las 09h30, del miércoles 12, la Comisión de Justicia recibirá a Íñigo Salvador, procurador del Estado; María Josefa Coronel, directora del Consejo de la Judicatura del Guayas; el Presidente y los vocales del Consejo de la Judicatura. en el marco del inicio del proceso de control político respecto de los presuntos vínculos de los hermanos Roberto y Williams Isaías Dassum con la Directora del Consejo de la Judicatura del Guayas.
Garantías Constitucionales
El miércoles 12 de octubre la Comisión de Garantías Constitucionales avanzará en el tratamiento del proyecto de Código para la Protección y Garantía de los Derechos Colectivos de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, a fin de estructurar el informe para primer debate. Luego avocará conocimiento de los proyectos de ley en materia de discapacidades.
Salud
La Comisión del Derecho a la Salud se reunirá el 12 de octubre para continuar el estudio del informe de actualización respecto de la vigencia de la situación de escasez de medicamentos para el tratamiento de personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, así como la situación de la atención hospitalaria y el abastecimiento del cuadro nacional de salud, dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional.

Con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, el Juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Esmeraldas dictó prisión preventiva contra diecinueve detenidos durante el operativo «Impacto 172», ejecutado con el apoyo de la Policía Nacional, la madrugada de este jueves 6 de octubre.
Todos los procesados en este caso tienen antecedentes penales y se encuentran relacionados con seis eventos violentos registrados en Esmeraldas, entre los meses de abril y mayo del año en curso. Además, pertenecerían a la agrupación criminal «Los Tiguerones», vinculados a actividades ilícitas como asesinato, asalto, robo a personas, de vehículos y con resultado de muerte, extorsión, terrorismo, intimidación, narcotráfico, entre otros.
En los allanamientos también se incautaron un arma de fuego tipo cartuchera, un celular, se retuvo una motocicleta y se recuperó un vehículo reportado como robado.
Fiscalía junto a grupos especiales de la Policía Nacional (GIR, GOE, GEMA, Criminalística, UMO, UNIT, CRAC y la Dirección General de Investigación de la PJ) desarticularon esta organización delincuencial transnacional liderada por alias “Marcos”, cuyas operaciones se desarrollaban en la provincia de Esmeraldas.
Durante la audiencia de formulación de cargos, desarrollada la noche de este jueves, Fiscalía presentó como elementos de convicción ante el Juez: las imágenes de los eventos violentos registrados por las cámaras del Servicio Integrado de Seguridad Ecu 9-1-1, el informe de investigaciones, el parte de detención, entre otros.
La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.
Los procesados son: Luis Adolfo A. V. (23 años), Marcos Alejandro C. A. (29 años), Cristhian Elian R. V. (22 años), Dody Yosimar (22 años), Gary Daniel H. G. (20 años), Darwin Leonardo N. M. (28 años), Michael Eduardo G. C. (22 años), Jackson Enrique R. G. (26 años), Christian Eugenio A. C. (21 años), David Jonathan C. O. (27 años), Aaron Alfredo M. G. (19 años), Frixon Andrés Q. S. (27 años), Darío Luis P. A. (30 años), Jéfferson Ramiro R. Z. (34 años), Diego Hamilton G. V. (25 años), Paúl Damián C. C. (29 años), Erick Henry Q. S. (21 años), Alirio Miguel S. V. (38 años) y Jeikol Elias M. M. (18 años).
Todos son de nacionalidad ecuatoriana y tienen antecedentes penales por asesinato, homicidio, porte de armas, robo, tráfico ilícito de sustancias, receptación, incumplimiento de decisiones, incendio y destrucción, entre otros delitos.
Información jurídica
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez años de prisión.

El próximo 19 de octubre se realizará la selección pública de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) que participarán en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023. Desde el pasado 1 de mayo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en el levantamiento y elaboración de las bases de datos -a escala nacional, a través de las 24 Delegaciones Provinciales- para cumplir con este hito del calendario electoral.
Del 12 al 18 de octubre, se ejecutará la consolidación y validación de las bases de datos para la selección de los MJRV. Entre los criterios para desarrollar este procedimiento se consideran a estudiantes legalmente matriculados en las instituciones del Sistema de Educación Superior, empleados privados que cuenten con título profesional y bachilleres, servidores públicos que cuenten con título profesional y bachilleres, estudiantes de bachillerato mayores de 18 años de colegios urbanos y rurales, entre otros.
Una vez seleccionados los MJRV, del 27 de octubre al 25 de noviembre serán notificados de forma personal o por medios electrónicos o digitales. Finalmente, del 8 de noviembre de 2022 al 5 de febrero de 2023, se cumplirá la etapa de capacitación obligatoria para que puedan desarrollar sus funciones de forma efectiva y eviten multas.

Al conmemorar el Bicentésimo Segundo Aniversario de Independencia de la ciudad de Guayaquil, la Asamblea Nacional sesionó en el puerto principal. El presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, exaltó a la Perla del Pacífico, señalando que Ecuador está cansado de adjetivos, de peleas, de enfrentamientos y discusiones, necesita paz y unidad e hizo un llamado al diálogo como único mecanismo para lograr acuerdos en beneficio de lo ecuatorianos.
Expresó su decisión de impulsar una patria distinta, donde se sepulte el odio, donde no haya desnutrición, en la cual se destierre el desempleo, se salga sin temor a la delincuencia, donde haya siempre una escuela para que un niño estudie, en la que tengamos un buen sistema de salud y no mueran nuestros padres e hijos por la falta de medicinas. “Sobre este andarivel trabaja y debe trabajar la Asamblea Nacional que hoy saluda a la ciudad de Guayaquil”, subrayó.
También manifestó que tiene el reto histórico de coadyuvar a que se sostenga la democracia, de buscar la paz del Ecuador de la mano de todo este grupo de asambleístas que representan a su pueblo en la diversidad de sus votantes. “Vengo para reverenciar la aurora gloriosa que anunció la libertad como un instrumento de la democracia de este Ecuador”, concluyó Virgilio Saquicela.
De su lado, Melvin Hoyos Galarza, miembro de la Academia Nacional de Historia, destacó la gesta independentista del 9 de octubre de 1820, donde varios hombres y mujeres con patriotismo lucharon por adquirir la libertad. Habló de los personajes que se reunieron para trazar los lineamientos de la Primera República Independiente, el primer estado libre e independiente.
Acuerdos
En la sesión solemne por parte de las autoridades del Parlamento, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a ilustres ciudadanos e instituciones de la ciudad de Guayaquil. Fueron homenajeados: Thomás Hanisch, Vicente Wong Naranjo, Mauricio Salem Mendoza, Jorge Fernando Buñay, Miguel Vanoni Patiño, Nicolás Ulloa Figeroa, Alfredo Escobar San Lucas, Eduardo Mendoza Paladines.
También, José Jouvin Vernaza, Washington Hagó, Raúl Alcívar González, Antonio Tramontana, José Herrera Valarezo, Cecilia Paredes Verduga, Daniel Molina Rodríguez, Patricia González Avellán, María José Agusto, Mónica Gilbert, Pedro Valverde Rivera; Fundación Cruzada Nuevos Horizontes, la Asociación de Exportadores del Banano del Ecuador y homenaje póstumo a Tania Tinoco, Carlos Pérez Perasso, Ronald Sonne Kusijanovic y León Febres Cordero.
Mauricio Salem Mendoza, en representación de los homenajeados, agradeció al Legislativo por la distinción realizada a hombres, mujeres e instituciones que luchan por hacer grande el país. Dijo que se requiere de decisión y acción; la Asamblea debe ser canalizadora de esperanza, “señor Presidente Virgilio Saquicela le toca defender el curso de la democracia en manos de quienes tengan identidad de fines y afán de la misma historia”, resaltó.

Entre 2018 y 2019, Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo) realizó pagos por la recolección de residuos sólidos, sin documentos que sustenten el cálculo de los desembolsos a los contratistas. El organismo de control determinó una responsabilidad civil por el monto del perjuicio a la empresa metropolitana.
La Contraloría confirmó una glosa de USD 3’529.720 por la ausencia de documentos que respalden el cálculo pagos por el servicio de recolección de residuos sólidos en volquetas, en el Distrito Metropolitano de Quito. La sanción se desprende del examen especial a la declaratoria de emergencia emitida en la Emaseo de febrero de 2018.
La responsabilidad civil señala a siete funcionarios de la Emaseo ­ —que actuaron entre 2018 y 2019— y tres contratistas. Durante el examen especial, auditoría estableció que no se utilizaron criterios técnicos para determinar el tipo de vehículos, volumen de carga, tiempo de servicio y pago de jornadas, por lo que no se justificaron desembolsos por el monto de la glosa.
Para calcular los pagos, se multiplicó el peso neto de los residuos sólidos por el volumen de carga de las volquetas. En este procedimiento no se consideraron las dimensiones reales de los cajones de los vehículos y se cancelaron los mismos valores por todas las volquetas, aunque tenían capacidades distintas y transportaron cargas diferentes.
Según el contrato, el transporte mínimo debió ser de ocho toneladas netas por jornada o de cuatro toneladas netas por viaje. Auditoría evidenció el incumplimiento de esta condición a través de los tickets de pesaje de las estaciones de transferencia de residuos sólidos, que registraron pesos que van desde las 0.72 hasta las 2.05 toneladas netas, diarias.
Además, la Contraloría determinó que los funcionarios no planificaron la cantidad específica de volquetas necesarias para cumplir el objeto contractual, el tiempo de servicio para la recolección y el transporte de residuos sólidos. En los expedientes tampoco constaron respaldos de las mediciones y monitoreo del servicio.
Recursos
Los responsables tienen el derecho de interponer un recurso de revisión, en sede administrativa, ante la Contraloría General del Estado o en los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) realizará un sorteo público  entre los postulantes que superaron las etapas de admisibilidad e impugnación ciudadana,  para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.
Según el Art. 32 del Reglamento vigente para este proceso, las Comisiones Ciudadanas de Selección se conforman de manera paritaria, entre mujeres y hombres, a través de sorteo público, en sesión del Pleno del CPCCS, que será transmitido en tiempo real a través de los medios digitales institucionales. 
Con presencia de Notario Público, se sorteará en primer lugar el género y posteriormente a los cinco comisionados principales de la ciudadanía y organizaciones sociales. Asimismo, de la nómina de delegados de la primera función del Estado, se designará como principal a quien corresponda, de acuerdo al género sorteado anteriormente. 
Esta resolución se tomó, por unanimidad, una vez aprobado el informe de la Coordinación de Asesoría Jurídica, según el cual se aceptaron 11 de las 14 impugnaciones sustentadas en Audiencias Públicas. Con base en el análisis presentado, se dispuso la descalificación de los postulantes cuyas impugnaciones fueron aceptadas, quienes no podrán continuar en el proceso.
Impugnaciones aceptadas:

Impugnaciones archivadas:

El presidente del CPCCS Hernán Ulloa, resaltó la participación de la ciudadanía y de las autoridades del Estado, especialmente de los asambleístas que presentaron sus impugnaciones en los procesos de selección. De esta manera, se reitera que en la designación de autoridades existe una corresponsabilidad que contribuye a la transparencia y fortalece la institucionalidad.

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela Espinoza, dio la bienvenida a las autoridades y delegados de las diferentes funciones del Estado, para la conformación de la Mesa Técnica de Seguridad Pública, la cual iniciará formalmente su trabajo la próxima semana, para la búsqueda de acuerdos que permitan contrarrestar uno de los temas que preocupan a la ciudadanía y a los legisladores, como es la creciente inseguridad.
“Todos, por acción u omisión, tenemos algo que ver con la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos, de allí la importancia de debatir con la Corte Nacional de Justicia; Defensoría Pública; Fiscalía; Policía; Defensoría del Pueblo; y, el Sistema de Rehabilitación Social, todas las alternativas para sintonizar las leyes con lo que quiere la gente”, dijo el Presidente del Parlamento.
Además reiteró que, el ejemplo de los acuerdos alcanzados en la Mesa sobre la Ley de Inversiones demuestra que el diálogo es el único camino para resolver los problemas que aquejan al Ecuador.
De inmediato, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, expresó la predisposición de participar en este diálogo. Destacó la importancia de trabajar las posibles reformas al Código Orgánico Integral Penal. “Hemos avanzado en un trabajo interno desde la Función Judicial para establecer cuáles podrían ser los temas materia de reforma”, añadió.
Mientras, Ángel Torres, defensor Público General, indicó que han identificado 10 nudos críticos y 10 soluciones relacionadas con el Sistema de Rehabilitación Social, uno de ellos es la desconcentración de la Unidad de Beneficios Penitenciarios. A pesar de no ser materia de su competencia, anticipó que uno de los temas importantes es la dotación de recursos para que la fuerza pública pueda cumplir con su rol estratégico.
De su lado, el general Manuel Vargas, delegado de la Policía, aseguró que la institución del orden ha presentado algunas propuestas legales. Hizo hincapié en reformas que incidan en la disciplina de los uniformados. Cristian Nieto, delegado de la Defensoría del Pueblo, recordó que la entidad trabaja fuertemente en lo que tiene que ver con la crisis carcelaria, que es una problemática que podría incrementarse, si es que no se toman las medidas adecuadas. “Estamos dispuestos a trabajar junto a ustedes en leyes con visión de derechos humanos”, agregó.
Para cerrar las exposiciones de los representantes de las entidades estatales, Patricia Andrade, de la Fiscalía del Estado, expresó la voluntad de la fiscal general, Diana Salazar, de continuar trabajando en las distintas leyes que contribuyan a garantizar la seguridad pública. Recordó que han enviado algunas sugerencias en la discusión de varias normativas.
Luego, Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, quien coordinará las reuniones de esta Mesa de Seguridad, destacó la trascendencia de este diálogo para buscar soluciones a los problemas de inseguridad. “Los esfuerzos individuales no solucionan el problema, es necesario que participen todos los sectores involucrados y, particularmente, el Ejecutivo, porque la mayoría de leyes que se discutirán requieren de la dotación de recursos económicos y esto solo nace de la iniciativa del Presidente de la República”, enfatizó.
Posteriormente intervinieron los legisladores Juan Fernando Flores, jefe de la bancada de Gobierno; Esteban Torres, primer vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL); Marcela Holguín, primera Vicepresidenta; Marlon Cadena (ID); Salvador Quishpe (PK); Xavier Jurado; y Gerladine Weber, quienes esbozaron algunos temas que deberían concitar el debate, entre ellos, la inimputabilidad de menores, el porte de armas, las nuevas formas de extorsión, como las denominadas vacunas. También insistieron en la necesidad de que estén presentes los ministros de Estado de las diferentes áreas, que son quienes tienen la potestad de tomar decisiones.
Juan Fernando Flores reiteró la voluntad del Gobierno de dialogar con la Legislatura y las demás funciones del Estado para encontrar consensos, tal como ocurrió las semanas anteriores con la Ley de Inversiones, pues los delegados del Ejecutivo tienen todo el respaldo para debatir la problemática de la seguridad pública.

El asambleísta Ricardo Vanegas se reunió con autoridades de telecomunicaciones, de seguridad y entidades de control con el objetivo de analizar el tema de los inhibidores de señal en los centros de rehabilitación social.
Daniel Montúfar, técnico de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), manifestó que la institución dictó una resolución en 2018, mediante la cual se faculta a todos los entes de seguridad nacional a colocar inhibidores de señal en los sitios que consideren necesario, como en este caso el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
Explicó que la inhibición es un método eficaz pero no el único, porque existe varios sistemas que lo aplican algunos países, pero depende de la ubicación como es el caso de cárceles que están alrededor de centros urbanos, en donde no se recomienda colocar inhibidores, porque tienen incidencia en los sectores aledaños y se crea inseguridad en los ciudadanos.
Luego, compareció Cristian Rosero, director de Tecnologías del SNAI, quien citó que en el centro de Latacunga instalaron 13 inhibidores, pero que solo funcionan tres, porque los 10 fueron destruidos a consecuencia de los amotinamientos.
Así mismo, Paulina Falconí, representante de las operadoras móviles, expresó que se limitan a cumplir la ley y están listas a acoger la disposiciones que se emitan sobre el tema, para lo que trabajan conjuntamente con Arcotel.
Benjamín Cajas, delegado de Policía Nacional, destacó la importancia de propiciar este tipo de reuniones con autoridades de diversas instituciones para debatir propuestas concretas que coadyuben en la lucha contra la inseguridad.
El asambleísta Ricardo Vanegas explicó que esta reunión forma parte de las acciones de control político, pues mientras las autoridades competentes informan que han colocado inhibidores o bloqueadores de los números celulares en los centros penitenciarios, se ha advertido que desde allí salen órdenes para los sicariatos.

Tras haber admitido su responsabilidad y participación en el hecho, Yadira Estefanía M. L. y Patricia Soraya L. S. fueron sentenciadas por un Juez de Garantías Penales de Tungurahua a veinte meses de privación de libertad por su autoría directa en el delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en alta escala.
Los magistrados también dispusieron una multa de cuatro salarios básicos unificados.
En la audiencia de procedimiento abreviado, el fiscal del caso, Jorge Basantes, relató que los hechos ocurrieron en julio del año en curso, en las calles Marieta de Veintenilla y avenida 12 de Noviembre, cuando en un control de rutina, la Policía Nacional, procedió con un registro superficial a las hoy sentenciadas.
En su poder se encontraron dos fundas plásticas de una sustancia verdosa con un logotipo que decía “Los Lobos”, que –luego del análisis y pesaje respectivo– dio positivo para marihuana en un peso de bruto de 1.055,2 gramos, por lo que fueron aprehendidas.
Según la investigación, las sentenciadas serían parte de la organización delictiva dedicada al microtráfico y otras actividades ilícitas.
Además, Fiscalía presentó como elementos probatorios en su contra, entre los que se incluyen: testimonios, el informe de análisis y pesaje de la sustancia incautada, el parte policial informativo, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias, entre otros, que demostraron su responsabilidad en el hecho.
Información jurídica
El delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización está tipificado en el artículo 220, numeral 1, literal c, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La mañana de este 5 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) suscribió un convenio de cooperación con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (Fenedif) y la Federación Nacional de Operadores de Transporte en Taxis del Ecuador (Fedotaxis), para fomentar la participación de las personas con discapacidad en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023.
La suscripción del convenio se dio en el marco del lanzamiento de la campaña ‘Tienen derecho a votar’, que incluirá la ejecución del programa ‘Taxi solidario’ para la movilización, de forma gratuita, de las personas con discapacidad desde su domicilio hacia los recintos electorales en donde se encuentren empadronados en las unidades de transporte de Fedotaxis, garantizando de esta forma su derecho al sufragio.
El consejero del CNE, José Cabrera Zurita, destacó que estas acciones permiten consolidar una estrategia inclusiva para la participación de la ciudadanía en los procesos electorales. “Además, para facilitar y promover el sufragio de las personas con discapacidad, contamos mecanismos, como el voto asistido, plantillas en braille y las mesas de atención preferente habilitadas en cada uno de los recintos electorales a escala nacional”, puntualizó.
Tatiana Escobar, secretaria técnica del CONADIS, explicó que las estrategias conjuntas que se han establecido para la implementación de la campaña, año tras año, han permitido promover la participación democrática de las personas con discapacidad. Por su parte, Yolanda Viera, titular de Fenedif, indicó que la campaña ‘Tienen derecho a votar’ ha logrado la reducción del ausentismo de las personas con discapacidad en los procesos electorales.
Para acceder a este servicio, disponible para las 417.131 personas con discapacidad empadronadas para las elecciones de 2023, los beneficiarios deben registrarse, desde este 5 de octubre de 2022 al 8 de enero de 2023, en la página web de Fenedif o al call center (02-382-7501).

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) desarrolló las Audiencias de Sustentación de Impugnaciones a los postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso público para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las Audiencias se presentaron de la siguiente manera:
1.- Impugnante: Ricardo Ulcuango Farinango
     Impugnada: Dalai Carmelina Mendoza Llaguno
El impugnante, asambleísta Ricardo Ulcuango destacó la importancia de la integración de la Comisión Ciudadana que elegirá al CNE, dado que esta institución es la encargada de los derechos políticos de participación de los ecuatorianos. Indicó que existen dudas respecto de la probidad notoria de la impugnada por ser parte de una lista supuestamente patrocinada por el Ejecutivo. A través de su abogado, Dr. Mauricio Barros, explicó que es necesario que las autoridades a designarse sean completamente imparciales.
La impugnada, Dalai Carmelina Mendoza Llaguno, indicó que desconocía de este listado señalado por el impugnante. Explicó que sus documentos fueron revisados, notarizados y elevados a la plataforma de inscripción de manera independiente. Además, informó que no ha ejercido cargos públicos ni tiene relación con ninguna persona del Gobierno. Por último, explicó que tiene la preparación y experiencia suficientes para su postulación. 
2.- Impugnante: Ricardo Ulcuango Farinango
     Impugnada: Olga Elizabeth Ochoa Barzallo
El asambleísta Ulcuango presentó una impugnación en contra de la postulante Olga Elizabeth Ochoa Barzallo, por supuesta falta de idoneidad, ya que se encontraría en un listado de personas auspiciadas por el Ejecutivo para conformar la Comisión. Esto según la denuncia presentada ante la Asamblea Nacional por parte del exasesor del CPCCS. Su abogado patrocinador, Mauricio Barros, señaló que esta acción constituiría una falta de independencia de la ciudadana Ochoa. 
La impugnada no se presentó a la audiencia, debido a una calamidad doméstica, por lo que no ejerció su derecho a la defensa.
3.-  Impugnante: Ricardo Ulcuango Farinango
       Impugnado: María José Murillo Aldaz
El asambleísta Ricardo Ulcuango sustentó su argumentación en una supuesta falta de probidad, dado que el nombre de la impugnada constaría en el listado auspiciado por el Ejecutivo. Su abogado patrocinador, Dr. Mauricio Barros, enfatizó que es necesario que la Comisión Ciudadana para elegir al CNE tenga absoluta independencia y transparencia, lo cual no se cumpliría en este caso, por la supuesta injerencia del Ejecutivo.
María José Murillo Aldaz, en su calidad de impugnada, no asistió a la audiencia. 
4.- Impugnante: José Ricardo Chávez Valencia
     Impugnada: María José Murillo Aldaz
Ni el impugnante, ni la impugnada, asistieron a la Audiencia de Sustentación. 
5.- Impugnante: Marcos Humberto Alvarado Espinel
     Impugnada: Mercedes Leonor Villarreal Vera  
El exasambleísta Marcos Alvarado Espinel, no sustentó su impugnación por la ausencia de su abogado.
La impugnada Mercedes Villarreal Vera explicó que no tiene relación alguna con el Ejecutivo y que desconocía de la existencia del listado en el cual aparecería su nombre. Añadió que tampoco conoce al impugnante. Dijo que es una persona proba y competente, por lo que participó en este concurso por sus capacidades personales y profesionales. Rechazó la impugnación y presentó un certificado del CNE en el que se indica que no es parte de ningún partido político.
6.- Impugnante: Marcos Humberto Alvarado Espinel
     Impugnado: José Antonio Ayala Bermeo
El exasambleísta Alvarado enfatizó que no se cumpliría con la idoneidad del proceso de selección si el Ejecutivo interviene en la Comisión Ciudadana que designará a las autoridades del CNE. Razón por la cual, impugnó al ciudadano José Antonio Ayala Bermeo, pues sería parte de la lista de personas que el Gobierno Nacional habría solicitado favorecer en el proceso de conformación de la Comisión, según el exasesor del CPCCS.
Por su parte, el candidato Ayala indicó que el exasambleísta hizo referencia a una persona de nombre José Antonio Ayala Bermeo Calero y que ese nombre no corresponde a su identidad. Calificó de pasquín a la lista difundida por el exasesor del CPCCS, de la que no se tendría certeza de su veracidad. Acotó que no tiene relación con el Gobierno Nacional, ni con otros grupos políticos, además de que cuenta con la preparación profesional e idoneidad requerida para el cargo al que postula. 
7.-Impugnante: Marcos Humberto Alvarado Espinel 
   Impugnado: José Adán Valle Calero
El exasambleísta Marcos Alvarado se ausentó de la sala por temas de agenda y no realizó la sustentación correspondiente. 
José Adán Valle Calero, rechazó la impugnación presentada en su contra e indicó que desconoce sobre las pruebas presentadas por el impugnante porque no llegó a su correo esta información. Además, presentó un certificado del CNE en el que señala que no pertenece a ningún partido político. Dijo que él representa a organizaciones sociales y pertenece a la región Amazónica. Solicitó al CPCCS desechar la impugnación por no existir el sustento respectivo.
8.- Impugnante: Eduardo Mauricio Zambrano Valle
     Impugnado: Omar Aníbal Martínez Verdezoto
El impugnante no se presentó a la audiencia.
El postulante Omar Martínez solicitó que se desestime esta impugnación y rechazó que se le vincule con un movimiento político. Añadió que en su postulación presentó toda la documentación que certifica legalmente su capacidad para conformar la Comisión Ciudadana de Selección y que no existen fundamentos para sustentar una falta de probidad, dado que su trayectoria profesional se ha mantenido intachable.
9.- Impugnante: Eduardo Mauricio Zambrano Valle
     Impugnado: Luis Felipe Tilleria Limongi
Ni el impugnante ni el impugnado asistieron a la Audiencia de Sustentación.
10.- Impugnante: Eduardo Mauricio Zambrano Valle
        Impugnado: Miguel Ángel Vaca Andrade      
El impugnante no se presentó a la Audiencia de Sustentación. 
El postulante Miguel Vaca señaló que la impugnación en su contra, por presuntamente pertenecer a una lista de candidatos auspiciada por el Ejecutivo, carece de fundamentos legales. Indicó que cuenta con 37 años de servicio en el magisterio en los que ha demostrado su probidad, y que no pertenece a ningún grupo político. 
Según lo determinado en la normativa vigente, el Pleno del CPCCS dictará la resolución que corresponda, previo el informe de la Coordinación General de Asesoría Jurídica, dentro del término de tres días. En caso de no ser aceptada la impugnación se dispondrá en forma motivada su archivo. De ser aceptada la o el postulante será descalificado y no podrá continuar en el proceso.

La Comisión de Biodiversidad, en el marco de fiscalización del caso de naufragio de la embarcación de cabotaje denominada “Angy” en las islas Galápagos, recibió las comparecencias de los sobrevivientes al incidente marítimo y de las autoridades encargadas del control y supervisión, transporte, espacios marítimos y de respuesta a emergencias.
Cuatro sobrevivientes al naufragio narraron lo que vivieron la tarde y noche del 25 de septiembre, cuando la embarcación en la que se movilizaban, desde la Isla Isabela hacia la Isla Santa Cruz, quedó a la deriva en altamar por cerca de cuatro horas, hasta finalmente hundirse. Los dolorosos relatos acompañados de videos y fotografiás graficaron los dramáticos momentos que les tocó vivir. Entre los comparecientes estaban dos victimas que perdieron a seres queridos.
El Ministro de Defensa, el Viceministro de Transporte y Obras Públicas, la Directora Nacional del Ecu911, el Director Nacional de Espacios Acuáticos, la Ministra del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos y la representante de la Fiscalía General del Estado, comparecieron ante la comisión para presentar las acciones tomadas desde cada una de las instituciones que representan, en el momento de la tragedia y posteriores al suceso.
Luis Lara, ministro de Defensa, aclaró que al conocer del incidente dispuso al Comandante de la Fuerza Naval tomar las acciones necesarias para el esclarecimiento y proceso investigativo correspondiente. “Tengan la certeza de que actuaremos con transparencia y sancionaremos a quien tenga que ser sancionado, estamos haciendo una investigación para establecer las causas del incidente, la política del ministerio y de las Fuerzas Armadas es cero tolerancia a las conductas que van contra la moral, ética y principios de la institución”, culminó.
Andrés Pino, viceministro de Transporte y Obras Públicas, ante los cuestionamientos de la mesa legislativa en cuanto a los permisos de funcionamiento de las embarcaciones en Galápagos y sobre las medidas de seguridad que las embarcaciones deben tener, explicó que estos temas son de competencia exclusiva de las capitanías de puerto.
El contralmirante Pablo Caicedo, director nacional de Espacios Acuáticos, detalló los procedimientos que las capitanías de puerto realizan para aprobar el zarpe de embarcaciones, los cuales se basan unicamente en la revisión de documentos habilitantes para la circulación marítima. Explicó que las revisiones físicas de las embarcaciones se realizan una vez al año y que hay una investigación interna en curso para determinar responsabilidades y futuras sanciones.
Daniela Saltos, directora nacional del Ecu911, en contestación a la preguntas remitidas por la comisión en cuanto a la respuesta que se brindó al incidente por parte de la institución, mostró el registro de las llamadas y los tiempos de acción ante la emergencia. “Nuestros operadores tardaron menos de 3 minutos en generar una ficha sobre la emergencia y direccionarla a la consola de despacho de las Fuerzas Armadas como dicta el procedimiento”, informó.
La representante de la Fiscalía aseguró que inmediatamente después de tener conocimiento del hecho, se abrió una investigación previa de oficio en la Fiscalía de Santa Cruz, bajo el cargo de homicidio culposo, y agregó que existen más de 100 disposiciones y diligencias para el esclarecimiento del hecho. “Tenemos plenamente identificados al capitán de la nave y su tripulante, a más de dos sospechosos por identificar. “No vamos a dejar en la impunidad el hecho, ofrecemos transparencia y respuesta inmediata”, concluyó.
Tras escuchar las intervenciones los asambleístas representantes de la provincia insular, Pedro Zapata y Fredy Rojas mostraron su sentir hacia las víctimas del naufragio y aseguraron que hechos como este no se deben repetir. Hay que mantenerse vigilante a este proceso, para que no quede en la impunidad, necesitamos controles permanentes para prevenir estos incidentes, Galápagos no puede dañarse por unas pocas personas irresponsables, coincidieron.
Por su parte la asambleísta Vanessa Álava enfatizó que hay una evidente falta de control, “Aun después de la tragedia seguimos viendo que el uso de chalecos salva vidas en las embarcaciones que navegan en las islas sigue sin ser obligatorio, inclusive en niños, no hay control en lo absoluto” denunció.
Al finalizar la sesión Pedro Zapata, propuso una moción para expresar solidaridad y pesar por las victimas del fatal accidente, ademas de condenar la negligencia manifiesta de las instituciones estatales; exigir al Presidente de la República que dé cumplimiento urgente a la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Navegación, Gestión, Seguridad y Protección Marítima y se emita el reglamento general de la citada norma; exigir que las autoridades del Ministerio de Defensa, Ministerio de Transporte y Obras Pública, Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, Servicio Integrado de Seguridad ECU911, Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos y Fiscalía General del Estado remitan un informe mensual sobre los avances de las investigaciones llevadas a cabo; solicitar al Ministerio de Salud Pública brinde el acompañamiento médico y psicológico permanente a todas las víctimas y familiares del accidente; y, solicitar al Presidente de la comisión que convoque para el miércoles 09 de noviembre de 2022, a una sesión para conocer y analizar los informes que presentarán las diferentes instituciones.
La moción fue aprobada con los votos de todos los asambleístas de la mesa legislativa.

La Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación del caso María Belén Bernal, que preside Ana Herrera, aprobó el cronograma de trabajo que se extenderá hasta el 30 de octubre y cuyo informe será entregado oficialmente el 1 de noviembre de 2022.
A lo largo de las próximas seis sesiones, la mesa aspira recibir a funcionarios de Estado, comenzando por el primer Mandatario, Guillermo Lasso Mendoza; expertos en seguridad, derechos humanos; representantes de la Policía Nacional, del Ministerio de Defensa y de la Fiscalía General.
En efecto, el 7 de octubre, la comisión recibirá a la señora Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. Para el 11 de octubre, el organismo prevé invitar al presidente de la República, Guillermo Lasso; al exministro de Interior, Patricio Carrillo; y, a la fiscal General, Diana Salazar.
Luego, para el 12 de octubre, se prevé la comparecencia de la Secretaria de Derechos Humanos y varios expertos en seguridad y en materia policial, mientras que para el 14 de octubre se convocará a expertos en seguridad, como el arquitecto Fernando Carrión y la doctora Carolina Andrade.
El 20 de octubre, la mesa recibirá al Ministro de Defensa, al exdirector de la Escuela Superior de Policía, a generales y otros oficiales vinculados con la temática, así como a expertos en derechos humanos. El 21 de octubre efectuarán una visita in situ a las instalaciones de la Escuela Superior de Policía, Gral. Alberto Enríquez Gallo.
Igualmente, se ha previsto realizar dos mesas de trabajo del equipo técnico, una de ellas el 24 de octubre, para elaborar el borrador del informe que será sometido a conocimiento de la Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación y el 30 de octubre, para su aprobación.
El organismo no descarta realizar cambios en la agenda programada, así como incluir nuevas comparecencias que se consideren necesarias con el propósito de ampliar la información que se requerirá por escrito a varias instituciones y entidades del sector público.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Abg. Hernán Ulloa, acudió este 4 de octubre ante el Pleno de la  Corte Nacional de Justicia (CNJ) para solicitar a su titular, Iván Saquicela, que remita la terna para designar al vocal del Consejo de la Judicatura que va a ejercer la presidencia del organismo.
El presidente Ulloa señaló que, una vez que se recibió la sentencia de la Corte Constitucional sobre el proceso, el Pleno del CPCCS preparó el camino para darle pleno cumplimiento con la mayor celeridad posible. Destacó que las resoluciones del Consejo se enfocan en garantizar la transparencia en la designación de esta autoridad. En ese sentido, además del oficio de solicitud de la terna, entregó al Dr. Saquicela el reglamento que rige el proceso de selección y las resoluciones del Pleno del CPCCS sobre el tema.
En declaraciones a la prensa, también aclaró, que entre las medidas tomadas para agilitar el proceso, el Art. 20 del reglamento señala: “En caso de que todos los integrantes de la terna, algún o algunos de los integrantes de esta fueren descalificados, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social notificará en el plazo de dos (2) días contados a partir de la resolución sobre la impugnación a la autoridad respectiva, para que, dentro del plazo de cuatro (4) días proceda a remitir una nueva terna o completarla si así fuere necesario. Estos nuevos candidatos se someterán a todo el procedimiento contemplado en este Reglamento”. Anteriormente, la normativa requería que se remita una nueva terna en caso de que uno solo de los candidatos sea descalificado, lo que implicaba la dilatación innecesaria del proceso.
Por su parte, el presidente de la CNJ, agradeció la visita del Abg. Hernán Ulloa, a la vez que afirmó que dará respuesta en Derecho, tan pronto como sea posible, con el afán de que se realice el proceso de designación del titular de la Judicatura.

Cinco presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al robo a domicilios tienen un proceso penal a cuestas, luego de que Fiscalía les formulara cargos penales por el delito de robo con fuerza en las cosas.
Luis Carlos C., Crystel V. y Aníbal M. guardan prisión preventiva por orden del Juez de Garantías Penales, quien encontró legalmente justificado el pedido de Fiscalía para que disponga dicha medida cautelar. En cambio, para Diana R. y Bryan T., el juzgador ordenó la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas todos los días, debido a que ambos justificaron tener una enfermedad preexistente.
En la audiencia de calificación de flagrancia se resolvió –además– que este caso se tramitará mediante procedimiento directo. La instrucción fiscal tomará veinte días y la audiencia de juicio para los procesados se desarrollará a las 14:30 del 25 de octubre del año en curso.
Los elementos de convicción que Fiscalía presentó para formular cargos incluyen: el formulario de cadena de custodia, el documento de ingreso de vehículo a los patios de la Policía Judicial, la denuncia y el reconocimiento de denuncia formalizada por las dos presuntas víctimas, las versiones de los perjudicados, así como la rendida por el agente aprehensor. El Fiscal también expuso el informe pericial de reconocimiento y avalúo de evidencias.
Con esto sustentó la presunción de la participación de los procesados en el delito de robo con fuerza en las cosas, por lo que el Juez de Garantías Penales dio paso al inicio de la instrucción fiscal.
Hechos
La aprehensión de los sospechosos se dio la mañana de ayer, 3 de octubre. Agentes de la Policía Nacional investigaron un robo registrado la tarde del domingo 2 de octubre, en dos departamentos situados en el sector de la Quito Tenis, en el norte de Quito.
De esos inmuebles sustrajeron computadores, prendas de vestir, cámaras fotográficas, entre otros costosos enseres. Los robos se registraron mientras los propietarios de los departamentos estaban fuera de casa, pero quedaron captados en las cámaras de video.
En las imágenes se identificó el vehículo gris que usaron los procesados para fugarse. El automotor fue identificado ayer en el sector de La Floresta, con Bryan T. y Aníbal M. a bordo.
La información recabada por la Policía permitió identificar un hostal en el sector de Solanda, donde pernoctaba el resto de la presunta organización delictiva.
Durante el operativo, la Policía encontró parte de los bienes sustraídos de los departamentos en la Quito Tenis.
Información jurídica
El inciso segundo del artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que: “cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.

El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley de Gestión del Riesgo de Desastres, que crea un marco jurídico para la prevención, mitigación, reparación y generación de resiliencia en la población, frente a los desastres naturales o antrópicos que amenazan al Ecuador.
Los legisladores tomaron como base el informe preparado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, cuyo presidente, Ramiro Narváez informó al Pleno los objetivos y alcances de esta normativa que, según dijo, “es una ley para salvar vidas”. Explicó que el proyecto recoge cuatro iniciativas que buscan dejar atrás titulares de prensa que, frente a fenómenos naturales o desastres, indican que Ecuador enfrenta las emergencias sin una normativa adecuada.
Subrayó que son cuatro los ejes del proyecto de ley: la regulación de la gestión integral de riesgos; regulación del sistema nacional de gestión de riesgos; desarrollo del principio de descentralización subsidiaria, enfocada en los gobiernos autónomos descentralizados; y, la gobernanza del sistema, con la articulación de todas las instituciones relacionadas con esta temática, en los distintos niveles de gobierno.
Ramiro Narváez aseguró que la Comisión recogió las observaciones y los planteamientos de distintos sectores involucrados y, principalmente, del Servicio de Gestión de Riesgos que aportó al estudio de este proyecto de ley. También destacó la participación de expertos y de la academia.
Debate
En el debate, en el que participaron 13 legisladores, se hizo hincapié en la necesidad de la prevención, tomando en cuenta que Ecuador, por su ubicación geográfica, está expuesto a riesgos de desastres naturales, pero también a fenómenos antrópicos (provocados por la acción del ser humano), como por ejemplo la consecuencia de actividades extractivas, sin cumplir las recomendaciones de carácter ambiental.
Así mismo, se demandó un compromiso del Estado y del Gobierno, como el principal administrador de la cosa pública, para destinar recursos a los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan enfrentar las consecuencias de desastres, como lo ocurrido con las provincias de Esmeraldas y Manabí, en abril de 2016, entre otras catástrofes.
Antes del cierre del debate y la clausura de la sesión, Ramiro Narváez acogió el pedido de varios asambleístas en el sentido que, por tratarse de una normativa de gran transcendencia de país, elabore el informe para segundo debate antes de los 90 días que prevé la ley, a fin de dar al país un cuerpo jurídico que permita enfrentar eficaz y eficientemente los riesgos de desastres.

El estudio de la ciudadanía y de los valores éticos y cívicos, obligatorio en todas las unidades educativas, es la manera más acertada para el combate a la corrupción, manifestó la asambleísta Yeseña Guamaní, al presentar ante diversos actores del sector educativo el proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural.

El Salón José Mejía Lequerica, en la sede de la Asamblea Nacional, fue sitio de encuentro de estudiantes, maestros, sociedad civil y otros actores del quehacer educativo para escuchar los alcances y objetivos de esta propuesta legislativa.
La legisladora, en su proyecto, destaca que tener leyes estrictas anticorrupción no garantiza que haya una aplicación efectiva; si hay leyes estrictas sin una educación que anteponga valores, la corrupción seguirá floreciendo, por lo que es crucial dedicar prioridad y atención a la educación, enfatizó Guamaní.
Señaló también que “la sociedad presenta nuevos retos y desafíos en la tarea de formar y orientar para la vida con valores y que el sistema educativo debe reconfigurarse en torno a esta demanda; creando lineamientos”.
En este contexto, su proyecto busca que la Ley Orgánica de Educación Intercultural plantee un modelo de educación de calidad con una formación integral que cumpla condiciones de vivir con honestidad.
El proyecto determina que al ser el sistema educativo una influencia a mediano y largo plazo sobre las instituciones democráticas, los estudiantes deben recibir una educación en ciudadanía y los valores éticos y cívicos, que nos permita reconocer nuestra propia dignidad y la de los demás en su diversidad de género, colores de piel, culturas, idiomas, clase social, religiones y orígenes, y que, además, confronte sin temor a la corrupción.
Para ello, se deberá promover valores basados en la dignidad humana como vida, promoción del bien, tolerancia, verdad, libertad, justicia, amor, solidaridad, integridad, que sustentan la democracia, no solo como forma de gobierno sino como estilo de vida.
Por último, invitó a los diversos sectores que forman parte del sistema de educación a participar con sus observaciones y sugerencias para enriquecer el proyecto.