Asamblea aprueba informe de evaluación de la Ley de la Circunscripción Territorial Amazónica

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El Pleno de la Asamblea Nacional, con 105 votos afirmativos y uno en blanco, aprobó el informe de Evaluación a la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, preparado por la Comisión de Biodiversidad, el cual tiene como propósito determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos esperados por el legislador al momento de dictar la norma y conocer la percepción de la ciudadanía respecto de esta ley y proponer medidas correctivas.
La evaluación de la ley tuvo como ejes temáticos los de empleo y contratación pública preferentes; Fondo de Desarrollo Sostenible; la distribución y utilización de los recursos de este fondo; el Fondo Común; y la creación de nuevas universidades en la circunscripción territorial especial Amazónica.
Washington Varela, ponente del informe, tras calificar a este como un día histórico para la Amazonía, recordó que esta ley fue promulgada en 2018. En 2021, el Consejo de Administración Legislativa aprobó el Plan para la Evaluación Integral, que posteriormente fue desarrollado por la Comisión de Biodiversidad. El proceso contó con la participación de más de 600 delegados de diversas organizaciones sociales.
Entre las conclusiones, indicó que se habría perjudicado con 150 millones de dólares a la región Amazónica, considerando la obligación de destinar dos dólares por cada barril de petróleo exportado a favor de esta zona. No existe un avance real en lo referente a la creación y funcionamiento de las nuevas universidades. La administración y gestión del Fondo Común tiene un atraso enorme, de ahí que la Secretaría Técnica no ha cumplido su rol desde 2018 a la presente fecha, razón por la cual considera necesario desarrollar acciones de control político a esta entidad.
La resolución exige al Ministerio del Trabajo que en un plazo no mayor a 180 días, en coordinación con el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, y la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, desarrolle una plataforma tecnológica automatizada con las particularidades propias de la Amazonía, y cumple con el porcentaje sobre el empleo preferente establecido en la ley evaluada.
Así mismo, exige que Servicio Nacional de Contratación Pública, en un plazo no mayor a 60 días, en coordinación con el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, ejecute el control de los procesos de contratación pública, a nivel de la circunscripción territorial amazónica, y haga cumplir el porcentaje establecido para la contratación pública preferente.
También se incluyen exigencias a la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para que, en un plazo de 30 días, remita a la Asamblea la ejecución presupuestaria destinada a las áreas de influencia de los proyectos estratégicos y a la creación de centros de educación superior; al Ministerio de Energía y Minas, a través de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables que en igual plazo, publique y entregue a los beneficiarios de forma mensual la información sobre la producción fiscalizada neta del petróleo extraído de la Amazonía; a los ministerios de Energía y de Finanzas, que en 30 días emitan una resolución para el cálculo y liquidación que determine de forma clara y precisa la producción petrolera neta fiscalizada extraída.
Conforme lo aprobado, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales iniciará la fiscalización y control político a la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica a la gestión del Fondo de Desarrollo Sostenible y Fondo Común desde el año 2018 hasta julio del 2022.
En el debate, que contó con la participación de nueve legisladores, destacaron el propósito de la Ley de la Circunscripción Amazónica, orientado a reducir las inequidades en la asignación de recursos para este sector del país, al respeto de los derechos de la naturaleza, la protección de los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, fortalecer el derecho a la educación, en todos sus niveles y garantizar el buen vivir de la población amazónica.

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