El cumplimiento de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la mujer se evaluó en Guayaquil

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El proceso de evaluación y seguimiento de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres continuó este martes en la ciudad de Guayaquil. Allí la Comisión de Justicia escuchó la información y sugerencias de varios representantes y delegados de organizaciones e instituciones vinculadas con la protección de derechos.
Alejandro Jaramillo, presidente de la mesa legislativa, destacó la participación de dirigentes sociales, representantes de los barrios y autoridades públicas y privadas en el seguimiento y evaluación de la ley.
Hay mucho que hacer y resolver, por lo que la comisión se preocupa no solo por construir leyes a favor de la gente que más necesita, como son los grupos vulnerables, sino también de verificar el cumplimiento de las normas, como es el caso de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, enfatizó.
Los parlamentarios destacaron que estas reuniones evidencian la voluntad de la Comisión de Justicia de impulsar un diálogo directo con la ciudadanía, para determinar la necesidad de iniciar procesos de control político o emprender reformas legales para alcanzar el objetivo de la ley, como es prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, defender sus derechos y construir una sociedad más justa y equitativa.
María Díaz, presidenta de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, expuso los problemas que le ha tocado vivir en el servicio de justicia, como por ejemplo la falta de agua potable, que evidencia desprotección y maltrato a las personas, entre ellas mujeres y niños. También se refirió a la demora en el despacho de los procesos por parte de los jueces.
Pierina Torres, del Frente Sociólogas del Guayas, expresó su preocupación por la falta de inversión para prevenir la violencia contra las mujeres, pues en Guayas los índices de femicidios siguen incrementando, ya que en los dos últimos años se han registrado 189 casos. Hace falta reestructurar el Estado, modificar normas legales blandas y educar a hombres y mujeres en valores, añadió, al advertir que se incumple ley que obliga al Estado a brindar ayuda psicológica a los hijos y familiares de víctimas de violencia.
Yanira Díaz, del Frente Femenino Mujeres en Acción, manifestó que el impacto de la violencia de género se refleja en el aumento de femicidios en Guayaquil. Explicó que hay tres tipos de violencia: directa, estructural y cultural, pero que solo se hace seguimiento a la violencia directa y se ha desatendido la cultural y estructural, en la que tiene responsabilidad el Estado.
Patricia Castro Coronel, experta en derechos humanos e integrante del Observatorio para la aplicación de la ley, tras felicitar a la comisión por la apertura para escuchar a la gente, advirtió que el principal problema que enfrentan las mujeres en la administración de justicia se refiere al exceso de procesos judiciales que deben enfrentar las víctimas, lo que provoca otras dificultades, por ejemplo en lo económico. Aseguró que hace falta perspectiva de género en los operadores de justicia, a la vez que sugirió priorizar el trabajo en prevención y la asignación de los recursos.
De su lado, la exgobernadora del Guayas, Juanita Vallejo, resaltó el interés de los comisionados de ayudar a solucionar uno de los hechos más graves que ocurre en el país, como es la violencia contra la mujer. Al señalar que hace falta justicia, enfatizó que es el momento de ponerse de acuerdo para solucionar este grave problema y para ello es necesario dialogar y fomentar la educación en valores.
La falta de capacitación en valores éticos y los problemas para acceder a la justicia, que ocasiona que muchas mujeres maltratadas no presenten la denuncia, el abuso de poder, la trata de personas y prostitución, fueron, entre otros, los problemas expuestos en este encuentro. También llamaron a realizar un trabajo conjunto para garantizar a las mujeres el derecho a la vida, a la protección, a vivir en condiciones de igualdad ante la ley y la familia, el derecho a la salud y a condiciones de trabajo justas y equitativas para prevenir la violencia.
Una vez concluida la reunión los legisladores visitaron la sala de primera atención a mujeres víctimas de violencia en el Hospital Abel Gilbert Pontón.

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