Presidente del Consejo de Participación Ciudadana ejerció su derecho a la defensa

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La Comisión de Fiscalización y Control Político concluyó la fase de actuación de pruebas de cargo y de descargo. El último funcionario cuestionado en ejercer su derecho a la defensa fue Hernán Ulloa, actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Ulloa defendió la transparencia del proceso de designación de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Explicó que la votación fue unánime de los siete consejeros y su participación fue posterior al trabajo de la Comisión Técnica, que fue la encargada de revisar los requisitos de los postulantes y a partir del proceso de impugnación y ninguna de ellas versaba sobre algún presunto conflicto de interés.
Respecto de la reforma al Reglamento para la selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, Hernán Ulloa aseguró que se actuó con apego a la Constitución, la Ley y el Reglamento del Pleno del CPCCS, que faculta al organismo a dictar y reformar la reglamentación. Con las reformas se garantizará que el funcionario que sea seleccionado cuente con las condiciones morales y profesionales para ejercer el cargo de Contralor.
Aseveró que, previamente, los consejeros de la mayoría anterior ya efectuaron una reforma al mismo Reglamento, con una clara orientación hacia determinados postulantes. “Nosotros eliminamos toda subjetividad para la evaluación de los postulantes a la Contraloría General del Estado”, enfatizó.
Ulloa indicó que, venciendo todos los obstáculos y los intentos de boicot, hoy se posesionó a los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, con lo cual se inicia el proceso, con la debida transparencia.
Una vez concluida la sustanciación de las solicitudes de juicio político en contra de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, corre el plazo de cinco días para que la Comisión de Fiscalización elabore y apruebe el informe no vinculante, por el cual recomendará el juicio político o el archivo del expediente, según considere sobre la base de la valoración de las pruebas aportadas por las partes.

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