Miembros del Consejo de Participación Ciudadana explicaron el proceso de selección de Superintendente de Bancos

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Durante tres horas los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, Sofía Almeida, David Rosero y Juan Dávalos informaron ante la Comisión de Transparencia los avances en el concurso de méritos y oposición para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos.
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, informó que el proceso se encentra en la etapa de impugnación y se lo ha realiza según los parámetros establecidos para que la persona que cumpla los perfiles profesionales y de probidad dirija la Superintendencia de Bancos.
En el caso de la postulante Rosa Matilde Guerrero, a quien se le ha denunciado que no cumple los requisitos legales, indicó que solicitaron a la SENESCYT certifique si el título de tercer nivel como licenciada en Sociología y Ciencias Políticas corresponde a las áreas afines relacionadas a economía, finanzas, administración y derecho. Admitió que si encuentran alguna irregularidad se devolverá la terna al Ejecutivo.
De su lado la consejera Sofía Almeida explicó que en el proceso no se está cumpliendo el cronograma establecido y que también se han visto irregularidades en otros concursos, opinión que fue compartida por el consejero David Rosero, quien señaló que la ley es clara al disponer que se requiere título de tercer nivel en las áreas de economía, finanzas, administración y derecho, requisito que no cumple la postulante.
Para los legisladores la terna presentada por el Gobierno no cumple los requisitos mínimos para acceder a este concurso. Advirtieron que no se ha respetado el principio de interculturalidad.
Los asambleístas expresaron que si se ha incumplido la normativa el proceso para la selección de Superintendente de Bancos debe volver a cero. Solicitaron la información de quienes conforman la Comisión Técnica para la designación del Titular de la Superintendencia, sus funciones y el tiempo que trabajan en la institución, con el fin de transparentar este proceso, evitar conflictos de interés y vigilar que se cumpla la Ley y la Constitución.

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