En la Comisión de Garantías Constitucionales, Rocío Rosero, representante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador; Carmen Herrera, técnica de Programas de Género-AECID; Geraldine Guerra, de la Fundación Aldeas; Becky Montesdeoca, investigadora en temas de femicidio; y, Tatiana Jiménez, abogada litigante en temas de femicidio destacaron la importancia que Ecuador cuente con una normativa que garantice los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y familiares víctimas de femicidio.

Las representantes de la sociedad civil, al exponer sus observaciones al proyecto de Ley Orgánica de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y Demás Familiares de Víctimas de Femicidio y Otras Muertes Violentas de Mujeres, sugirieron establecer la política de reparación integral, crear el Registro Único de Femicidio y priorizar la integridad de las mujeres.
Rocío Rosero recordó que hay evidencia sólida que niñas, niños y adolescentes y familiares de las víctimas de femicidio sufren consecuencias con secuelas irreparables. En Ecuador no existe una verdadera reparación integral para víctimas, aspecto que debe ser corregido con el proyecto, afirmó, al señalar que menos del 20% han logrado justicia en el país, pero sin medidas de reparación y que más de mil mujeres han sido víctimas de violencia.
Destacó que el proyecto recoge aspectos importantes como legislación avanzada de otros países sobre femicidio y reparación. Urge diálogo con los distintos poderes del Estado en materia de política pública para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, subrayó.
De su lado, Carmen Herrera recomendó tomar en cuenta el enfoque de género, sentencia efectiva con medidas reparatorias, a la vez que respaldó la propuesta para viabilizar la coordinación interinstitucional para la reparación integral transformadora y efectiva para las víctimas de femicidio.
Mientras, Geraldine Guerra propuso tomar en cuenta tres niveles de reparación: cuando se da el hecho, cuando entra el proceso de justicia y que se cumpla la sentencia. Hay que crear mecanismos claros para la reparación integral, insistió.
Becky Montesdeoca mencionó que la reparación integral debe ser garantizada y ejecutada por el Estado, tomando en cuenta que existen impactos en niñas, niños, adolescentes, familiares y en la sociedad. Tras afirmar que la mayor cantidad de femicidios se dan en el sector rural, expuso la necesidad de crear el Registro Único de Femicidio para que las instituciones vinculadas con el tema puedan establecer la política de reparación integral.
A criterio de Tatiana Jiménez debe existir cobertura integral de servicios estatales, por ejemplo, el Ministerio de Salud determinar programas de geolocalización de hijas, hijos y familiares de víctimas de femicidio, incluyendo la atención psicológica; el Ministerio de Educación establecer medidas de acción afirmativa para evitar la deserción de niñas, niños y adolescentes de sus estudios.