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Consideran que la solución a la crisis carcelaria en el país es estructural

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Asambleístas, juristas, activistas, especialistas en derechos humanos y delegados de la Defensoría coinciden que la solución de la crisis carcelaria en Ecuador debe ser estructural, que conduzca a una verdadera rehabilitación social, con recursos e infraestructura necesaria.

Así se evidenció en el panel virtual “causas y soluciones a la crisis carcelaria del Ecuador” realizado por el Grupo Parlamentario para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que dirige la asambleísta Doris Soliz.
Tratamiento técnico
Consuelo Bowen, especialista en derechos humanos, habló de las condiciones que se viven en las cárceles del país y recordó los objetivos de la construcción de los centros de rehabilitación regionales, en varias ciudades; la reforma al Código Integral Penal; y los ejes de tratamiento para la rehabilitación, con énfasis en educación, deporte, salud y vínculos.
Destacó el modelo y estrategias de transformación del sistema de rehabilitación social, cuya implementación inició hace algunos años, pero por motivos de austeridad existieron modificaciones.
Perspectiva jurídica política
Desde una visión jurídica-política, la asambleísta Marcela Aguiñaga manifestó que las muertes en los centros de rehabilitación no deben quedarse en el análisis del enfrentamiento de bandas, sino, que se trata de un tema estructural por el que debe reaccionar toda la sociedad.
Detalló el incremento de la población carcelaria. De las 40 mil personas privadas de la libertad, el 35 % todavía no tiene sentencia ejecutoriada, notándose el uso generalizado de la medida de prisión preventiva, en vez de ser una excepción. En concordancia con las normas constitucionales y tratados internacionales, reiteró que se requiere una solución estructural, con una serie de acciones institucionales, incluyendo el papel de los medios de comunicación.
Derechos Humanos
Desde la posición de los derechos humanos, Harold Burbano, de la Defensoría del Pueblo, reflexionó sobre las causas estructurales y la política criminal que debe aplicarse en Ecuador. Citó algunos aspectos de la realidad, como la existencia de apenas 1200 guías penitenciarios para una población carcelaria de más de 40 mil
La asambleísta Nancy Guamba, exfuncionaria del Ministerio de Justicia, propuso una efectiva aplicación del sistema de justicia para reducir el hacinamiento, formación de personal penitenciario, seguridad tecnológica, inteligencia penitenciaria trabajo interinstitucional, vigilancia de los reincidentes y reinserción laboral.
Luego de las diferentes exposiciones, los legisladores expusieron sus puntos de vista. Cristóbal Lloret habló de las condiciones y niveles de seguridad ciudadana en el país, tras la eliminación de ciertos ministerios y la escuela de formación de los guías penitenciarios. Considera que se necesita una verdadera auditoría del sistema penitenciario y el fortalecimiento del sistema de rehabilitación y reinserción.
Silvia Salgado planteó la conformación de una comisión de investigación de lo sucedido en los centros de rehabilitación, incluso las acciones tomadas en los estados de excepción. Cree que se deben exigir medidas inmediatas de contención.
Tito Puanchuir afirmó que la crisis carcelaria amerita la intervención de los diferentes estamentos de la sociedad ecuatoriana. Subrayó en la importancia del gran cambio estructural que conduzca a una verdadera rehabilitación social, con recursos e infraestructura necesaria.
Al cierre del panel, Doris Soliz mencionó que el análisis de este problema no está concluido y se profundizará en los próximos días con los pronunciamientos de nuevos actores, de organismos internacionales, como la CIDH.
RSA/cz

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