Segunda Vicepresidenta de la Asamblea escucha propuestas de gremios de transportistas para enfrentar los problemas del sector

transportistas

La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, recibió este jueves al director Ejecutivo y al subdirector de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Adrián Castro y Daniel Cárdenas, respectivamente, así como a catorce representantes del gremio de transportistas del Ecuador, para tratar temas importantes, entre ellos, la identificación de vehículos de transporte público para acceder al subsidio de combustibles, subsidio focalizado y conservación del valor del diesel al precio actual.

Adrián Castro mencionó que al iniciar sus funciones se evidenció que durante la pandemia se han entregado 302 rutas, razón por la cual se procedió a la revisión de todos estos procesos y en la reunión de Directorio del 2 de julio se suspendieron todas las rutas y frecuencias concedidas.
En otro aspecto, el funcionario advirtió que desde el año 2012 el Estado tiene una deuda con el sector transportista, ya que no cuenta con un Plan Nacional de Rutas y Frecuencias. En este sentido recalcó que se encuentran trabajando en la elaboración del mismo, a la vez que invitó a representantes del sector a sumarse a este proyecto para la elaboración de un Plan que incluya las observaciones de los transportistas, lo que facilitará el trabajo en conjunto con la ANT.
Al referirse a los subsidios, expresó que la ANT es órgano asesor y dentro de sus competencias no está la focalización de subsidios de combustible. Sin embargo, dijo, el día de ayer han conformado una mesa técnica compuesta por los Ministerios de Gobierno, de Transporte y Obras Públicas, Energía y Recursos Naturales No Renovables y de Economía y Finanzas, con el fin de realizar una consultoría y determinar el valor del subsidio para cada una de las modalidades de transporte.
Adicionalmente, afirmó que los resultados de esta consultoría permitirán considerar aspectos que han golpeado a la economía del país. Enfatizó que en la nueva Ley de Tránsito deben constar los ajustes tarifarios, que -a su criterio- deben realizarse cada dos años, así como una nueva metodología que permita a los transportistas renovar sus unidades que faciliten el acceso a personas con discapacidad y demás grupos de atención prioritaria.
“Queremos que nuestra voz se escuche y que se conozca la necesidad que atravesamos día a día los transportistas, estamos preparados para dar un buen servicio”, manifestó Marcelo Silva, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros de Chimborazo, quien llamó a las autoridades de la ANT y de la Asamblea Nacional a que sean el puente y mantener un diálogo directo con autoridades del COE Nacional.
Respecto a este tema, Daniel Cárdenas recomienda realizar una mesa de diálogo directo con el COE Nacional y así conocer las necesidades que tienen los transportistas, a la vez que recomendó realizar un plan piloto con un estudio estadístico significativo, es decir, previa autorización del COE se incremente el aforo de las unidades de transpote.
Para finalizar, Horacio San Martín, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros de El Oro agradeció la iniciativa de la Segunda Vicepresidenta de formar la mesa de trabajo con el representantes del sector transportista y escuchar sus aportes para la construcción de un Plan Nacional que vele por los derechos del transporte ecuatoriano y ratificó el respaldo al trabajo de la Asamblea Nacional.

Comisión retoma análisis del proyecto de reformas a la Ley de Empresas Públicas

Ley de Empresas Públicas

La Comisión de Desarrollo Económico retomó el análisis del proyecto de reformas a la Ley de Empresas Públicas. El asesor jurídico Paúl Pérez explicó las cinco iniciativas que se encuentran en la mesa.

La iniciativa busca una reforma integral a las empresas públicas, así como la ejecución de políticas públicas que las fortalezcan, debido a que hay una débil gobernanza y la alta participación del Estado en sectores no estratégicos.
El asambleísta César Rohon indicó que esta norma permitirá un proceso de transparencia y generar responsabilidades en los administradores de la gestión de empresas públicas. Indicó que a parte de una débil gobernanza no hay rendición de cuentas, ni estados financieros y cuando esto sucede es un foco para la corrupción. Además, informó que las EP recibieron por parte del estado 45 mil millones de dólares para su funcionamiento.
El titular de la Comisión, Daniel Noboa Azin, indicó que la corrupción no solo se esconde en las empresas públicas, sino en los proveedores de servicios. Remarcó que es importante trabajar en inteligencia comercial y consideró necesario “cerrar las puertas a la corrupción” y poner normativas a los prestadores de servicios.
De su parte, el asambleísta John Vinueza apuntó que la norma también debe dar seguridad a los proveedores, pues han tenido varios inconvenientes cuando el Estado, a través de las empresas públicas, no paga a tiempo y estos quedan en indefensión.
Mientras tanto, la asambleísta Nathalie Arias mocionó que a la mesa comparezca el anterior administrador de las empresas públicas y, además, se remita a los legisladores las actas de las reuniones que la Comisión anterior tramitó sobre el tema. La moción fue aprobada con ocho votos.
Facturas eléctricas
En otro aspecto, el secretario de la Comisión, Jaime Pozo, dio a conocer la información remitida por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) sobre el cobro excesivo de las planillas de energía eléctrica, facturación y refacturación
El legislador César Rohon señaló que estos pedidos de información surgieron a raíz de varios oficios presentados, a fin de que CNEL exponga los respaldos de los procesos de facturación que han sido cuestionados a lo largo de los años. Indicó que la documentación remitida es demasiado técnica, por lo que pidió que esta información se entregue a una mesa cívica que se ha constituido en Guayaquil para que desarrolle los datos y presente un informe a la Comisión y así avance el trabajo de fiscalización.
Informó que se reunió con el Ministro de Energía para analizar la refacturación. En ese marco, comentó que se ha revisado 1 millón 150 mil facturas por un monto de casi 16 millones de dólares. Señaló que queda pendiente llevar adelante los estudios para el nuevo pliego tarifario que deberá concluir en diciembre y esto terminará con el valor indiscriminado en las planillas.
Ley de Turismo
El asesor de la Comisión, Édgar Lama, presentó ante la mesa los siete proyectos de ley en materia de turismo. Comentó que uno solo cuenta con informe para segundo debate, por lo tanto, lo ideal es trabajar sobre un proyecto de ley íntegro, funcional que acoja las necesidades del país.
Los asesores de la Comisión ya presentaron dos matrices sobre los proyectos para que sean analizados por los legisladores. En ellas exponen los proyectos y se hace un análisis comparativo. Lama dijo que varios proyectos ya no tienen vigencia y de otros se pueden rescatar algunos conceptos y términos.

Comisión de Educación revisa norma para solucionar problemas de beneficiarios de becas y crédito educativo

Comisión de Educación 3

La Comisión de Educación, presidida por el legislador Manuel Medina, ratificó el compromiso de generar normas legales que ayuden a solucionar el grave problema económico que enfrentan los becarios y beneficiarios de crédito educativo. Esto en el marco del análisis del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código Ingenios).
Esta propuesta regula el refinanciamiento y facilidades de pago en becas, crédito educativo y ayudas económicas, en el afán de encontrar una solución adecuada, de modo que los deudores puedan cumplir sus obligaciones de acuerdo con su realidad económica y la del país.
Para ello, el proyecto crea un régimen especial de facilidades de pago para la recuperación de la cartera vencida por créditos educativos y cobro de sanciones económicas impuestas a los beneficiarios.
Esta vez los comisionados escucharon las versiones de los directivos de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y de la Asociación de Becarios del Ecuador.
Valeria Espinoza, de Senescyt, explicó que el proyecto en referencia incorpora en el Código Ingenios un régimen de transición para flexibiizar el proceso de recuperación de los créditos y valores por concepto de becas, que tiene una dinámica diferente.
La funcionaria explicó que la reforma requiere armonizar con el Código Orgánico Administrativo, que prevé la refinanciación de créditos hasta 24 meses y previo el pago del 20% de la deuda.
De su lado, el director del Proceso de Coactiva de la Senescyt, Rafael Dávalos, coincidió en señalar que la ley debe precisar que el régimen especial no va a contravenir lo dispuesto por el Código Administrativo, de lo contrario habría dos normas contradictorias del mismo orden jerárquico, lo que ocasionará problemas de índole técnico y legal en perjuicio de los beneficiarios del crédito educativo.
Recordó que la normativa legal vigente permite una sola oportunidad para presentar facilidades de pago, que implica un abono inicial de 20% y un plan de pagos de hasta 24 meses, pero que el régimen especial propuesto en la reforma habla de un abono que va del 5 al 20%, de acuerdo con el monto de la deuda y se amplía hasta 120 meses, lo que contradice al Código Administrativo.
También aseguró que es importante delimitar el ámbito de aplicación de este régimen para las cuentas que se hallan en etapa coactiva.
A su vez, María Teresa Galarza, de la Asociación de los Becarios, expresó su preocupación porque se han iniciado procesos de liquidación en los que se trata a la beca como un crédito, pese a que son circunstancias totalmente diferentes, a la vez que sostuvo que se debe considerar incumplimiento del objeto del contrato cuando el estudiante no realizó los estudios y no alcanzó el título profesional y, en consecuencia cabe la devolución de la beca.
Advirtió que los beneficiarios del crédito educativo y becas no tienen acceso a un empleo, como consecuencia de la pandemia y la crisis económica y consecuentemente no tienen capacidad económica para cancelar, razón por la que se les ha iniciado procesos coactivos.
Los parlamentarios expresaron su preocupación por la situación que enfrentan los becarios y las condiciones impuestas por la Senescyt para la recuperación de los créditos, a la vez que sugirieron que se considere la situación de cada una de las personas que por falta de un empleo no tienen capacidad económica para pagar el crédito.

La Asamblea Nacional asume la responsabilidad política de no dejar en la impunidad el juicio político al excontralor Pablo Celi

juicico pablo celi

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, mediante declaración de prensa, informó que se ha solicitado a la Comisión de Fiscalización y Control Político que, en el plazo de dos días, remita un informe de posiciones de los miembros de este organismo y las actas relacionadas con la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Pablo Celi, excontralor subrogante, toda vez que el requerimiento de ampliación del plazo para emitir el informe se entregó de manera extemporánea.

Tras agradecer la compañía de los jefes de las bancadas de la Asamblea Nacional,  Guadalupe Llori explicó que el 26 de julio de 2021 concluyó el plazo para la presentación de las pruebas de cargo y descargo del proceso de juicio político al excontralor Pablo Celi.  A partir de esa fecha, la Comisión de Fiscalización tenía cinco días de plazo para presentar el informe motivado para el avance de este proceso en el Pleno de la Asamblea.
Según lo que determina el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el mencionado plazo venció el 31 de julio de 2021. Al amparo del mismo artículo, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Fernando Villavicencio, solicitó -fuera de los plazos establecidos-, con fecha 2 de agosto, a las 00h44 am, una prórroga para la entrega del informe, recordó.
La Titular de la Legislatura aseguró que en vista del incumplimiento de la normativa, la Presidencia de la Asamblea Nacional resolvió no conceder la extensión del plazo, porque contravendría lo establecido en la Ley que rige la Función Legislativa. En tal sentido, lo que procede, dentro del marco jurídico, es que el presidente de la Comisión remita, en el plazo de dos días, a la Presidencia de la Asamblea Nacional, un informe que detalle las posiciones de los asambleístas miembros de la Comisión, para que sea el Pleno el que resuelva el juicio político, agregó.
Ante los hechos mencionados, afirmó, esta Asamblea Nacional asume la responsabilidad política con el país de no dejar en la impunidad el juicio político al excontralor Pablo Celi, pese a la negligencia cometida por el presidente la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, de ahí que será el Pleno del Legislativo el órgano que resuelva el proceso, sobre la base de las causales señaladas en la petición del asambleísta Juan Cristóbal Lloret.
No a la impunidad
De su lado, Rafael Lucero, jefe de bancada de Pachakutik, reiteró que esta nueva Asamblea no permitirá que el proceso político contra el excontralor, Pablo Celi quede en la impunidad, pues “como legisladores tenemos que garantizar el respeto al debido proceso, de conformidad con lo que establecen la Constitución y la Ley”.
Salida legal
Entre tanto, Alejandro Jaramillo, de la Izquierda Democrática, subrayó que pese a este error cometido por la Comisión de Fiscalización, existe una salida legal para evitar que se incurra en causales de nulidad del juicio político contra Pablo Celi y que, sobre la base del informe de posiciones de los miembros de la Comisión, el Pleno de la Asamblea determine si da paso al juicio y a la correspondiente censura o no.
No le tememos a la fiscalización
A criterio de Juan Fernando Flores, de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), en este caso no se cumplieron los plazos establecidos y le corresponde al Pleno conocer un informe de las posiciones de los miembros de la Comisión de Fiscalización y las actas del proceso, así como resolver lo pertinente. “Que no se confunda con una posición contraria al juicio, es más desde nuestra bancada propondremos que continúe el juicio. No le tenemos miedo a la fiscalización”, añadió.
Tomaremos correctivos
Mientras, Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, destacó el trabajo serio que desarrolló este organismo en la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra del excontralor subrogante, Pablo Celi. Tuvimos sesiones de domingo a domingo, de 08h00 a 20h00, con la recepción de comparecencias, pero lamentablemente se cometió un error administrativo por parte de la Secretaría de la Comisión y vamos a tomar los correctivos necesarios, enfatizó.

El SNGRE se suma a la Campaña “Juntos Prevenimos los Incendios Forestales”


SNGRE CAMPAÑA

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) participó, este martes 3 de agosto de 2021, en el lanzamiento de la Campaña “Juntos Prevenimos los Incendios Forestales” con autoridades del Ministerio Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud Pública y Servicio Integrado de Seguridad- ECU911. El evento fue un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para prevenir emergencias a causa de los incendios forestales. 
Solo entre el año 2019 y el pasado mes de julio, los incendios forestales ocasionaron, a escala nacional, la pérdida de más de
51.600 hectáreas de cobertura vegetal, siendo Loja, Pichincha y Guayas las provincias con mayor porcentaje de afectaciones.
La mayoría de estos
incendios provocados por acciones humanas, en especial por el uso inadecuado del fuego en las actividades agropecuarias y hechos asociados a la piromanía en áreas protegidas, sitios que cuentan con una riqueza impresionante de flora y fauna.
Las autoridades, en
Rueda de Prensa, se expresaron sobre el empoderamiento a la ciudadanía sobre estos temas, ya que es fundamental para motivar la pronta reacción ante estos eventos peligrosos o emergencias, es por eso que es importante pensar desde la inversión en la prevención de incendios, porque esto resulta más rentable que dedicar los esfuerzos al control de incendios, una actividad peligrosa y costosa.

El Subsecretario General del SNGRE, Rodrigo Rosero, expresó: «Estamos seguros que juntos lograremos los resultados esperados, como Gobierno del Encuentro; comprometido con el bienestar de sus ciudadanos, que trabaja por un Ecuador más consciente de los riesgos y más preparado”
En esta campaña participan
líderes de opinión y ciudadanía vinculada a la realidad de los incendios forestales, quienes a través de testimoniales nos brindan recomendaciones sobre cómo cuidar los bosques y evitar un incendio forestal.
El
SNGRE demuestra, de manera permanente, el compromiso de fomentar una cultura de prevención de una manera global, en donde se involucre a todos los actores, tanto del sector público como privado, y que especialmente comprometa a la ciudadanía en general.

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