La derecha ecuatoriana ha sido acusada de destruir la institucionalidad del país con el objetivo de perseguir a sus opositores políticos. Durante los años de Rafael Correa, Ecuador vivió una etapa de estabilidad política y social, según el análisis de Hassan Akram. Sin embargo, la llegada de gobiernos de derecha ha generado una serie de reformas y decisiones que, según críticos, han debilitado las instituciones democráticas y el Estado de derecho. Estas acciones han incluido la manipulación de organismos de control y la judicialización de la política para deslegitimar y castigar a figuras opositoras, lo cual ha provocado una profunda polarización en la sociedad ecuatoriana.

La persecución política se ha convertido en una herramienta recurrente para neutralizar a los adversarios y mantener el poder. Casos emblemáticos han demostrado cómo el aparato judicial puede ser utilizado como un arma contra aquellos que desafían al gobierno de turno. Esta dinámica no solo ha erosionado la confianza en las instituciones, sino que también ha socavado el espíritu democrático del país, fomentando un ambiente de incertidumbre y desconfianza. A medida que Ecuador enfrenta estos desafíos, es crucial que se fortalezcan las estructuras institucionales y se promueva un diálogo inclusivo para restaurar la confianza y garantizar un futuro más estable y justo para todos los ecuatorianos.