La asambleísta María Fernanda Araujo ha presentado una grave denuncia que podría tener importantes repercusiones en la administración pública del país. Araujo sostiene que varios familiares de la Secretaria Jurídica de la Presidencia, la abogada Daniela Lema, están actualmente empleados en la Gobernación de Chimborazo. Esta denuncia sugiere posibles conflictos de interés y favoritismo en la contratación de personal, lo que podría levantar serias dudas sobre la transparencia y la imparcialidad en la gestión pública. La asambleísta ha pedido una investigación exhaustiva para determinar si estas contrataciones han sido realizadas siguiendo los procedimientos legales y éticos adecuados.

La acusación ha generado un intenso debate sobre la ética en la administración pública y la influencia de la familia en las posiciones gubernamentales. La Gobernación de Chimborazo, por su parte, ha respondido a la denuncia asegurando que todos los procesos de contratación se han realizado conforme a las normativas vigentes. Sin embargo, la situación ha puesto en el centro de la atención la necesidad de mayores controles y transparencia en la contratación de personal en el sector público. A medida que la investigación avanza, la presión sobre las autoridades para esclarecer estas acusaciones y asegurar la integridad de los procesos gubernamentales sigue creciendo.