Los últimos tres gobiernos han llevado a la nación a una situación crítica al superar el límite constitucional de endeudamiento, comprometiendo así el futuro financiero del país. Bajo el hashtag #TransparenciaAcuerdoFMI, se revela que ninguno de los recursos obtenidos a través de estos préstamos fue destinado a mejorar las condiciones de vida de la población. En lugar de utilizar los fondos para proyectos de infraestructura, educación o salud, los gobiernos optaron por políticas que han dejado a la ciudadanía sin los beneficios esperados de tales inversiones. Esta situación ha generado un profundo descontento social y ha puesto en entredicho la gestión de los fondos públicos.

La falta de transparencia y responsabilidad en el manejo de la deuda externa ha dejado al país en una posición vulnerable, con una carga financiera que afecta tanto a la economía actual como a las futuras generaciones. La confianza en las instituciones gubernamentales se ha erosionado, y la población exige una rendición de cuentas clara y efectiva. Este escándalo subraya la necesidad de una gestión más ética y transparente de los recursos nacionales, así como de políticas que realmente beneficien a la ciudadanía, priorizando el desarrollo sostenible y el bienestar social.