El ministro de Energía de Ecuador ha generado controversia al afirmar que hay turbinas paralizadas desde 2015, calificando esta situación como una desgracia para el país. Esta declaración ha provocado una fuerte reacción en redes sociales, donde se exige acciones legales contra aquellos considerados responsables, cómplices o encubridores de esta paralización, incluyendo burócratas y funcionarios públicos. Se cuestiona la falta de acción de la Contraloría en este caso, y se hace un llamado a que se haga justicia y se sancione a quienes hayan paralizado un sector considerado estratégico para la nación.

Este pronunciamiento refleja la creciente preocupación por la gestión y el mantenimiento de infraestructuras clave en Ecuador, así como la exigencia de transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades. La denuncia pública de esta situación pone de manifiesto la necesidad de una mayor supervisión y control en la administración de los recursos y activos del país, especialmente en áreas fundamentales como la energía, para evitar situaciones que puedan perjudicar el desarrollo y la estabilidad del Ecuador.