Las recientes declaraciones del ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, han generado una fuerte polémica al cuestionar abiertamente las denuncias presentadas contra el gobierno, insinuando que estas forman parte de una estrategia para desestabilizar al país. En un mensaje cargado de advertencias, Loffredo instó a la clase política a desistir de lo que calificó como "argucias legales y denuncias de siempre", afirmando categóricamente que el gobierno no permitirá que estas acciones hagan retroceder al país. Esta postura ha levantado alarmas sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el ámbito político, especialmente cuando el artículo 279 del Código de la Democracia establece que la violencia política de género es una infracción electoral gravísima, sancionada con multas, destitución y la suspensión de derechos de participación. Si bien el ministro tiene la libertad de expresar su opinión, la implicación de las Fuerzas Armadas en un caso que debería ser resuelto por las instancias electorales y judiciales ha generado inquietud sobre la separación de poderes y el respeto a la institucionalidad democrática.

La situación se torna aún más delicada al considerar que las denuncias mencionadas incluyen acusaciones de maltrato hacia la vicepresidenta, lo que subraya la gravedad del asunto y la necesidad de un proceso legal imparcial. Aunque será responsabilidad de las autoridades correspondientes determinar si los funcionarios han incurrido en violencia política de género, las declaraciones del ministro de Defensa podrían interpretarse como una amenaza velada para quienes buscan justicia y transparencia en este caso. En un contexto donde la política y la justicia deben operar con independencia, la intervención de altos mandos militares en asuntos electorales podría no solo debilitar la credibilidad del gobierno, sino también socavar los principios democráticos que deben regir el país.