La dependencia económica de los países latinoamericanos hacia el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha generado una creciente preocupación debido a los efectos adversos que los préstamos de esta institución pueden tener sobre sus economías. El FMI, respaldado por EE.UU. y otros países occidentales, ofrece financiamiento a naciones en crisis a cambio de estrictas condiciones que, en muchos casos, incluyen recortes en el gasto social, privatización de servicios públicos y reformas estructurales que priorizan el ajuste fiscal sobre el bienestar de la población. Estas medidas, aunque diseñadas para estabilizar las finanzas de los países, a menudo resultan en una mayor pobreza, desigualdad y un ciclo de endeudamiento que socava la soberanía económica de las naciones, dejándolas vulnerables a las fluctuaciones del mercado global.

Según Paula Andrea Valencia y el economista Alejandro Marcó del Pont, esta situación es especialmente crítica en América Latina, donde varios países han recurrido al FMI en busca de alivio financiero, solo para enfrentar una pérdida de control sobre sus políticas económicas. La injerencia del FMI en las decisiones internas de estos estados no solo perpetúa la dependencia económica, sino que también limita las posibilidades de desarrollo autónomo y sostenido. A medida que los países se ven atrapados en un ciclo de deuda y ajuste, el impacto sobre la población se intensifica, evidenciando la necesidad de repensar las relaciones financieras internacionales y buscar alternativas que promuevan un desarrollo más equitativo y soberano.