La asambleísta Gissella Molina ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por un presunto delito de tráfico de influencias contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esta acción se debe a la elección de Mario Godoy como principal del Consejo de la Judicatura, una decisión que Molina y otros legisladores consideran sospechosa y cuestionable. Según la asambleísta, existen indicios de que esta elección no se realizó de manera transparente y que podría haber estado influenciada por intereses externos al proceso democrático.

En respuesta a estas acusaciones, los miembros del CPCCS han negado cualquier irregularidad en la elección de Godoy y han manifestado su disposición a colaborar con las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos. Este conflicto añade tensión al panorama político del país, donde la transparencia y la lucha contra la corrupción siguen siendo temas centrales de debate. La ciudadanía espera que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva para garantizar la integridad del proceso y la justicia en el sistema judicial.