Gissela Garzón ha sido enfática en su postura respecto al juicio político contra la fiscal general Diana Salazar, subrayando que ningún funcionario público es intocable ni está exento de la fiscalización. Según Garzón, el propósito de este proceso no es otro que garantizar que los servidores públicos cumplan adecuadamente con sus responsabilidades. Para ella, cuando la Asamblea Nacional fiscaliza y expone las deficiencias en el desempeño de un funcionario, se está contribuyendo a que este mejore su trabajo en beneficio del país. Garzón también aclara que su labor se centra exclusivamente en la actuación profesional de Salazar, y no en aspectos personales como su rol de madre, esposa o amiga.

Garzón insiste en que la fiscalización debe ser vista como una herramienta para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, y no como un ataque personal. Lamenta que muchos funcionarios tomen estas evaluaciones como algo personal, en lugar de verlas como una oportunidad para mejorar su desempeño. Con estas declaraciones, Garzón reafirma el compromiso de la Asamblea Nacional de seguir trabajando en función de su mandato constitucional, siempre apuntando a la conducta y el desempeño de los funcionarios, sin dejarse influir por relaciones personales o afectivas.