El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, lanzó fuertes críticas a la legisladora oficialista Lucía Jaramillo a través de su cuenta en la red social X. Alvarez calificó a Jaramillo como una "pobre niña vaga" y una "vocera turra que no sabe de combustibles", en respuesta a las declaraciones de la legisladora sobre el Frente Parlamentario de Lucha contra el Tráfico de Combustibles, integrado por la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN). Jaramillo, quien explicó en el Parlamento el funcionamiento del Frente, hizo referencia a una denuncia presentada la semana pasada en la Fiscalía General en Quito por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR). Esta denuncia involucra a Alvarez, sus hermanos y su negocio de gasolineras Codepesa, así como a otras personas y empresas relacionadas, por presunto comercio irregular de combustibles.

En sus declaraciones, Jaramillo señaló que la investigación busca esclarecer la venta irregular de combustible, incluyendo una transacción de más de 120.000 galones de diésel, extra y súper a vehículos sin placa y a un supuesto trabajador con más de 8.000 carros registrados. La asambleísta enfatizó que el objetivo del Frente es combatir el tráfico ilegal de combustibles y que "nadie está por encima de la ley". En respuesta, Alvarez criticó a Jaramillo y su bancada, desestimando sus acusaciones como una cortina de humo y desafiándolos a llevar el caso a la Fiscalía. Mientras tanto, la concejal de Guayaquil, Emily Vera, defendió la necesidad de políticos comprometidos con la verdad y criticó a aquellos que, según ella, solo sirven al poder de turno sin una agenda de lucha social. Vera subrayó que la decencia en la política es un deber hacia la sociedad.

En un giro sorprendente de los acontecimientos, Maribel Barreno ha logrado desmontar las acusaciones del juicio político en su contra, un caso que, según ella, ha sido ignorado por los medios de comunicación. Barreno expuso que la verdadera intención detrás de este proceso es la toma del control de la justicia por parte de la Fiscalía. Señaló, además, el caso de Muñoz, cuyo testimonio fue utilizado en su contra y cuya pena fue reducida en un 90%, como un claro ejemplo de testimonio fraguado.
Barreno denunció una persecución despiadada en su contra, iniciada cuando se opuso a la intromisión de la Fiscal General en la designación de fiscales, lo cual consideró una evidente injerencia en sus funciones. Esta oposición le costó su posición en la comisión de servicios, una represalia directa por su negativa a permitir dicha intervención. Destacó que su carrera en la fiscalía ha estado libre de cuotas políticas, lo que la convirtió en una figura incómoda para quienes buscaban controlar el sistema judicial desde dentro.
Las revelaciones de Barreno han desatado una ola de indignación y han puesto en el foco la manipulación dentro del sistema judicial ecuatoriano. La situación plantea serias preguntas sobre la independencia de la justicia y la influencia indebida de la Fiscalía en procesos clave. Con estas declaraciones, Barreno no solo defiende su integridad, sino que también expone las grietas profundas en la administración de justicia, llamando a una reflexión urgente sobre la necesidad de reformas estructurales para garantizar la transparencia y la imparcialidad en el país.

El asambleísta Leo Berrezueta, representante de la @BancadaRC5, ha revelado que el grupo aún no ha adoptado una postura clara respecto al juicio político al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán. Berrezueta argumentó que la causal presentada por el proponente Jorge Peñafiel está mal formulada, lo que ha generado dudas dentro del grupo sobre la viabilidad del proceso. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de un replanteamiento de posición una vez se aclaren los detalles y condiciones del juicio.
Estas declaraciones de Berrezueta han generado incertidumbre en torno a la dirección que tomará la @BancadaRC5 en este importante asunto legislativo. La falta de una postura definida refleja la complejidad del debate sobre las bases legales y procedimentales del juicio político contra Terán, mientras el grupo evalúa cuidadosamente sus opciones futuras en respuesta a cualquier modificación en la formulación de la causal presentada.

Mónica Palacios, vocera destacada en temas de salud, ha hecho públicas sus preocupaciones sobre el estado del hospital en Quevedo, describiéndolo como sumido en las peores condiciones y criticando la inacción del gobierno para remediar la situación. Según sus declaraciones, la infraestructura del hospital ha sufrido un grave deterioro y no ha recibido la atención necesaria por parte de las autoridades actuales.
Sus comentarios han avivado el debate sobre la gestión de la salud pública en Ecuador, especialmente en regiones donde las necesidades de infraestructura son apremiantes. Al destacar la intervención pasada durante la Revolución Ciudadana como la única acción significativa, Palacios subraya la urgencia de acciones concretas para mejorar las instalaciones hospitalarias y garantizar un acceso adecuado a servicios de salud para la comunidad de Quevedo y sus alrededores.
MIRE EL VIDEO

En declaraciones recientes durante el programa "Café con JJ", la asambleísta de Pachakutik, Fabiola Sanmartín, generó controversia al afirmar que la captura de Jorge Glas implicó la violación de convenios internacionales, aunque justificó la acción argumentando que el exfuncionario estaba a punto de abandonar el país. Además, defendió el asalto a la embajada de México como una medida respaldada por la ciudadanía.
Estas declaraciones de Sanmartín han avivado el debate sobre los límites del derecho internacional y las acciones judiciales locales. La polémica continúa mientras sectores políticos y sociales evalúan las implicaciones éticas y legales de estos eventos, destacando la complejidad de equilibrar la justicia interna con el respeto a los tratados diplomáticos.

Paola Pabón, precandidata a la Presidencia por Revolución Ciudadana, ha lanzado un fuerte llamado a la unidad nacional en su reciente discurso. Pabón describió los últimos siete años como un periodo de "destrucción", destacando la necesidad urgente de reconstruir el país. En su mensaje, subrayó que la unidad debe ir más allá de lo meramente electoral, involucrando a jóvenes, empresarios decentes, trabajadores y movimientos sociales. Este enfoque inclusivo, según Pabón, es esencial para superar la fragmentación política y abordar los desafíos actuales de Ecuador.

En su declaración, Pabón enfatizó la importancia de la cohesión y la cooperación entre diversos sectores de la sociedad, abogando por una estrategia que no se limite a las elecciones. Según ella, es vital que todos los actores trabajen juntos para lograr un cambio significativo y duradero. Además, hizo un llamado específico a la solidaridad entre las fuerzas políticas, sugiriendo que si no se logra una unidad en la primera vuelta electoral, el binomio que avance a la segunda vuelta debe recibir el respaldo unificado del resto de los partidos y movimientos. Este enfoque, afirma Pabón, es fundamental para asegurar una gobernabilidad efectiva y representativa.

La propuesta de Paola Pabón ha resonado fuertemente en el ámbito político y social, generando un debate sobre la viabilidad y la importancia de una unidad más amplia y profunda. Su llamado a la acción busca movilizar a diversos sectores hacia un objetivo común, poniendo de relieve la necesidad de colaboración y solidaridad en tiempos de crisis. La respuesta a su mensaje será crucial para definir el panorama electoral y la capacidad del país para enfrentar y superar los desafíos que se avecinan.

La asambleísta Gissela Garzón ha expresado públicamente su solidaridad con el secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, tras las graves denuncias que este realizó el fin de semana. Muñoz había revelado haber recibido presiones desde el gobierno para acelerar la posesión de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. Según Muñoz, estas presiones incluyeron amenazas por parte de un asesor de la bancada oficialista, lo que ha generado una ola de reacciones y preocupación en el ámbito político y social del país.

En un contundente mensaje difundido a través de sus redes sociales, Garzón manifestó su respaldo a Muñoz y condenó cualquier intento de interferencia del Ejecutivo en los asuntos legislativos. "Es inaceptable que se utilicen métodos de intimidación para influir en decisiones que deben ser tomadas de manera autónoma y transparente", afirmó la asambleísta. Su declaración ha sido bien recibida por diversos sectores que comparten la preocupación por la integridad del proceso democrático y la independencia de los poderes del Estado.

La denuncia de Muñoz y el apoyo de Garzón subrayan la necesidad de una investigación exhaustiva sobre las supuestas presiones y amenazas. Este incidente pone en relieve las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y plantea serias preguntas sobre la salud de la democracia en Ecuador. La ciudadanía y las organizaciones de derechos humanos exigen transparencia y justicia en este caso, mientras la Asamblea se prepara para abordar el tema en sus próximas sesiones. La situación sigue evolucionando, y la atención pública se centra ahora en cómo responderán las autoridades a estas alarmantes acusaciones.

#ATENCIÓN | Mario Godoy, recientemente posesionado como presidente del Consejo de la Judicatura, ha declarado enfáticamente que no tiene ninguna vinculación con la Revolución Ciudadana ni con ningún movimiento político. En un video difundido por @LaPosta_Ecu, Godoy aseguró que su nombramiento se basa en su trayectoria y méritos profesionales, y no en afiliaciones partidistas. Estas declaraciones buscan aclarar los rumores y las especulaciones que han surgido en torno a su nombramiento, en medio de un clima político tenso y polarizado.

Godoy enfatizó su compromiso con la independencia judicial y la transparencia en su gestión, subrayando que su objetivo principal es fortalecer el sistema judicial del país. Su nombramiento ha sido objeto de controversia, con diversas facciones políticas tratando de influir en la percepción pública sobre su designación. Sin embargo, Godoy ha pedido a la ciudadanía que confíe en su capacidad para liderar el Consejo de la Judicatura con imparcialidad y dedicación, y se comprometió a trabajar arduamente para garantizar la justicia y el respeto a las leyes en Ecuador.

Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea, ha descartado categóricamente que el movimiento Revolución Ciudadana lo haya presionado para convocar una sesión destinada a posesionar a Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. En una declaración que ha generado gran controversia, Muñoz afirmó que “la presión ha venido del Ejecutivo”, señalando directamente al gobierno como la fuente de las presiones. Según Muñoz, las amenazas y llamadas intimidantes provinieron de un asesor de la bancada oficialista, lo cual ha encendido las alarmas sobre la posible interferencia del Ejecutivo en asuntos legislativos.

La denuncia de Muñoz ha provocado una oleada de reacciones en el ámbito político, con miembros de la Asamblea y la ciudadanía exigiendo una investigación exhaustiva sobre estas graves acusaciones. La supuesta presión del Ejecutivo y las amenazas recibidas plantean serias preocupaciones sobre la independencia de los poderes del Estado y la integridad del proceso democrático. Mientras se espera una respuesta oficial del gobierno, la situación ha profundizado la desconfianza entre los diferentes sectores políticos y ha resaltado la urgente necesidad de garantizar un ambiente libre de coerción y manipulación en la toma de decisiones legislativas.

La vicepresidenta Verónica Abad ha lanzado una denuncia pública que ha sacudido al país, declarando: “Me tienen secuestrada en este país (…) en este momento temo por mi vida”. Estas fuertes palabras surgieron tras la negativa del Ejecutivo de concederle un permiso de cinco días que había solicitado para cuidar su salud y visitar a su familia. La negativa ha generado un clima de tensión y preocupación, ya que Abad argumenta que su bienestar está siendo gravemente afectado. Su declaración ha captado la atención de diversos sectores sociales y políticos, quienes exigen explicaciones y medidas para garantizar la seguridad y los derechos de la vicepresidenta.

En respuesta a las declaraciones de Abad, se han levantado voces de apoyo y solidaridad, mientras que otros sectores critican la posible politización del asunto. La situación subraya las tensiones internas dentro del gobierno y plantea serias preguntas sobre el trato y la autonomía de los altos funcionarios. La ciudadanía sigue expectante, mientras se espera que el Ejecutivo emita una respuesta oficial a las acusaciones de la vicepresidenta. Este episodio se convierte en un nuevo punto crítico en la actual administración, resaltando la necesidad de transparencia y protección de los derechos humanos dentro del aparato estatal.

La reciente invasión a la embajada de Ecuador en México ha generado un intenso debate entre los ciudadanos ecuatorianos, quienes expresan sus opiniones sobre el incidente y las relaciones bilaterales entre ambos países. El suceso, que ha causado preocupación y controversia, involucra la violación de la inmunidad diplomática y ha puesto en tela de juicio la seguridad de las representaciones diplomáticas ecuatorianas en el extranjero.

Ecuatorianos de diversas regiones y sectores han manifestado sus opiniones a través de redes sociales, medios de comunicación y foros públicos. Algunos condenan enérgicamente el acto, calificándolo de inadmisible y exigiendo una respuesta firme por parte del gobierno mexicano para garantizar la seguridad de la embajada y su personal. Otros, en cambio, piden una mayor diplomacia y diálogo para resolver el conflicto y fortalecer las relaciones entre ambos países.

La invasión a la embajada ha suscitado un amplio rango de opiniones entre los ecuatorianos, reflejando la preocupación generalizada por la seguridad y la diplomacia en tiempos de creciente tensión internacional.

El Dr. Mauro Andino ha lanzado una fuerte crítica contra el gobierno de Daniel Noboa, acusándolo de utilizar la mentira de manera deliberada para engañar a la población y posicionarse favorablemente en la opinión pública. Según Andino, esta práctica se ha convertido en una herramienta política habitual del actual gobierno.

Andino sostiene que el uso doloso de la mentira por parte de Noboa no solo engaña a la gente, sino que también distorsiona la realidad con el fin de manipular la percepción pública a favor del régimen. Esta denuncia ha generado una ola de reacciones entre los ciudadanos y en el ámbito político, avivando el debate sobre la transparencia y la ética en la administración actual.

La acusación de Andino se suma a una serie de críticas que han surgido recientemente en contra del gobierno de Noboa, poniendo en el centro de la discusión la integridad y la veracidad de sus comunicaciones oficiales. Con estas declaraciones, el Dr. Mauro Andino invita a una reflexión profunda sobre el uso de la información en la política y sus consecuencias para la democracia y la confianza ciudadana.

Tres días después del asesinato de Fernando Villavicencio, una comisión del FBI llegó a Ecuador para colaborar en la investigación del caso. Verónica Sarauz, viuda del excandidato presidencial, reveló que los investigadores entrevistaron a los sicarios detenidos en las cárceles de Guayaquil y Quito, obteniendo información crucial que ahora estaría en manos de la Fiscalía. Sin embargo, Sarauz lamenta que ni esta información ni el contenido de los celulares de los sicarios hayan sido considerados en el juicio. A pesar de las grabaciones de las entrevistas, la Fiscalía no ha mencionado la colaboración del FBI en las audiencias, dejando muchas preguntas sin respuesta sobre el proceso judicial.

Sarauz criticó la falta de investigación sobre el asesinato de los sicarios, quienes murieron durante un motín en las cárceles en octubre de 2023. Ella cuestionó la ausencia de responsables identificados y la omisión de detalles cruciales, como el movimiento de los sicarios dentro de las cárceles y la responsabilidad del personal penitenciario. La viuda de Villavicencio también destacó que la Fiscalía no ha avanzado en la búsqueda de los autores intelectuales del crimen, centrándose únicamente en los ejecutores directos. Con la reanudación del juicio programada para el 12 de julio de 2024, Sarauz espera que se haga justicia y que se revele toda la verdad sobre el asesinato de su esposo.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ing. Sofía Espín, se pronunció en una entrevista con KCH FM sobre la situación del exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca. Espín criticó duramente al Gobierno Nacional, acusándolo de utilizar el encarcelamiento de Glas como un "trofeo de guerra" para hacer campaña política. Según Espín, Glas ya ha cumplido una pena injusta de cinco años y cuatro meses, y ahora lo mantienen en una prisión de alta peligrosidad como represalia. La asambleísta subrayó que el exvicepresidente está en riesgo constante debido a su reclusión en un ambiente diseñado para criminales de alta peligrosidad.

Espín también destacó la ironía de que Glas esté encarcelado por iniciativas que benefician al país, como la construcción de un parque en Portoviejo. La asambleísta cuestionó la lógica de mantener a una persona de baja peligrosidad en una cárcel tan severa, calificando la situación como una clara muestra de venganza política. "Lo tienen en La Roca por hacer un parque hermoso para Portoviejo", insistió Espín, denunciando que esta acción pone en peligro la vida de Glas y expone las verdaderas motivaciones del gobierno detrás de su encarcelamiento continuo.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió este jueves contra el gobierno ecuatoriano liderado por Daniel Noboa, criticándolo por la situación de inseguridad que atraviesa Ecuador. En un evento celebrado en el estado Aragua, Maduro afirmó que Ecuador ha pasado de ser el país más seguro del continente a convertirse en el más peligroso, señalando directamente a Noboa como responsable de esta transformación negativa. Además, utilizó términos despectivos al referirse al mandatario ecuatoriano, llamándolo "fascista" y "pelucón", y advirtió a los venezolanos sobre los peligros de seguir el mismo camino que Ecuador en cuanto a seguridad y políticas gubernamentales.

Durante su intervención, Maduro planteó una dicotomía entre "patria o colonia" y advirtió sobre la llegada de líderes que él considera fascistas, como el presidente argentino Javier Milei y Daniel Noboa en Ecuador. Esta no es la primera vez que Maduro lanza críticas hacia Noboa; en enero pasado, el líder venezolano acusó al presidente ecuatoriano de amenazar a Venezuela, especialmente después de que el gobierno ecuatoriano rechazara la inhabilitación política de la opositora venezolana María Corina Machado. Estos comentarios forman parte de la retórica de Maduro en su campaña electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio.

La Asambleísta @EGuzmanurresta ha anunciado que la @BancadaRC5 ha presentado una solicitud ante la @CIDH para establecer un Comité de Vigilancia y Observancia destinado a monitorear el estado de salud física y mental del exvicepresidente Jorge Glas. Esta iniciativa surge en medio de crecientes preocupaciones sobre las condiciones de detención y la salud del exfuncionario, quien ha estado encarcelado desde 2017 por su implicación en casos de corrupción. La propuesta busca asegurar que los derechos humanos de Glas sean respetados integralmente durante su reclusión.

En un esfuerzo por garantizar la transparencia y el cumplimiento de los derechos fundamentales, la iniciativa liderada por la Bancada de la Revolución Ciudadana plantea un Comité que supervise de cerca las condiciones carcelarias de Jorge Glas, enfocándose especialmente en su bienestar físico y mental. Esta solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos subraya la preocupación por el respeto a los derechos humanos básicos, pidiendo medidas concretas para garantizar un tratamiento justo y adecuado para el exvicepresidente mientras cumple su condena.

El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió un veto total a las reformas propuestas por la Asamblea sobre varias leyes relacionadas con la seguridad social, desatando una fuerte controversia. En el documento enviado al Legislativo el 10 de julio de 2024, Noboa argumentó que el proyecto de ley es contrario al ordenamiento jurídico ecuatoriano y no conviene a los intereses del país. Esta decisión no fue bien recibida por el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, quien criticó enérgicamente el veto a través de la red social X. Kronfle acusó al gobierno de querer usar los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como caja chica, perjudicando a los afiliados y jubilados. "Otra vez usan el dinero de los afiliados y de los jubilados como caja chica del gobierno, en vez de atender la salud de ellos. ¡Qué terrible!", afirmó Kronfle en un video.

El Ejecutivo objetó tres puntos clave del proyecto aprobado por la Asamblea. Primero, la contratación de una empresa con experiencia en asesoría en banca de inversión para gestionar las pensiones, lo cual, según Noboa, podría despojar al BIESS de su capacidad de gestionar inversiones. Segundo, la posibilidad de que la Junta de Política y Regulación Financiera y las superintendencias de Bancos y de Compañías, Valores y Seguros definan operaciones relacionadas con la banca de inversión, eliminando la capacidad del BIESS de realizar operaciones de banca tradicional. Finalmente, Noboa se opuso a la disposición que exige transparencia en las inversiones del BIESS, argumentando que obligaría a revelar en detalle los gastos e inversiones del instituto. Estas objeciones refuerzan las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, poniendo en el centro del debate la administración de los fondos de la seguridad social.

La reciente entrevista del presidente Daniel Noboa ha sido severamente criticada por la asambleísta Noemí Cabrera, quien no dudó en calificarla como una farsa destinada a manipular la percepción pública. Según Cabrera, la intención de Noboa de ganar credibilidad se ha visto frustrada, pues las respuestas del mandatario fueron claramente premeditadas y carentes de sustancia real. La asambleísta destacó que los problemas graves y palpables que enfrenta Ecuador no pueden ser disimulados con declaraciones cuidadosamente orquestadas, y señaló que la falta de transparencia y honestidad solo agrava la situación del país.

En su crítica, Cabrera enumeró lo que denominó como el "TOP de mentiras de Noboa", afirmando que la entrevista no abordó temas cruciales como la inseguridad, el desempleo y la corrupción, sino que se centró en exaltar logros inexistentes y promesas vacías. La asambleísta enfatizó que la realidad ecuatoriana es demasiado cruda como para ser maquillada con discursos artificiosos. Concluyó que, lejos de ganar credibilidad, Noboa ha expuesto aún más su desconexión con las necesidades y problemas reales de los ciudadanos, dejando en evidencia su falta de compromiso con soluciones concretas.

El presidente Daniel Noboa respondió contundentemente a las declaraciones del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, respecto a la entrega de la garantía soberana para la construcción del quinto acueducto en Monte Sinaí. Noboa enfatizó que los avales soberanos no son una obligación, sino un esfuerzo significativo del Gobierno Central para utilizar su capacidad de endeudamiento en beneficio de los gobiernos autónomos descentralizados (GADs). "Aplaudo que Portoviejo y Manabí estén agradecidos. Lamentablemente, hay otros alcaldes y prefectos que creen que el aval soberano es solo firmar un papelito y ni siquiera agradecen. Hasta quieren bravear", señaló el mandatario, dejando claro que estos apoyos financieros requieren un reconocimiento y una colaboración adecuada entre las autoridades locales y nacionales.

Estas declaraciones fueron una respuesta directa a los comentarios de Aquiles Alvarez, quien en un enlace radial afirmó que la alcaldía tuvo que “doblegar a la presidencia” para obtener la garantía soberana y solicitó que Noboa fiscalice a sus ministros en lugar de las obras municipales. Noboa subrayó la importancia de la fiscalización de las obras financiadas por el Gobierno, asegurando que se revisará el proyecto del acueducto "metro a metro". Mientras Alvarez celebró la obtención de la garantía tras una "pelea" de cuatro meses, rechazó la fiscalización presidencial, calificándola de innecesaria y política. Este intercambio tenso subraya las fricciones y desafíos en la cooperación entre el gobierno central y las autoridades locales en Ecuador.

El asambleísta por el PSP, Lucio Gutiérrez, criticó duramente al presidente Daniel Noboa en una entrevista con Noti Mundo Estelar, acusándolo de recurrir a las "viejas prácticas de la partidocracia política". Según Gutiérrez, las fricciones entre el Gobierno y la Asamblea han aumentado la incertidumbre en las principales funciones del Estado, creando un "aparente conflicto". En su opinión, Noboa está intentando polarizar a la ciudadanía en vistas a las elecciones de 2025, alejándose de sus aliados iniciales y provocando enfrentamientos innecesarios con el Legislativo, que ha aprobado importantes proyectos de ley con una amplia mayoría.

Gutiérrez recordó que la Asamblea ha trabajado de manera colaborativa, aprobando el proyecto de ley derivado de la consulta popular con 132 votos, entre otras propuestas. Sin embargo, señala que los conflictos con el Ejecutivo han surgido repentinamente y acusa a Noboa de intentar distanciarse del "peligroso triángulo político" formado con la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, partidos con los que inicialmente se alió para impulsar sus propuestas. Esta situación, según Gutiérrez, evidencia una estrategia de polarización que revive las prácticas políticas del pasado, perjudicando la estabilidad y gobernabilidad del país.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se pronunció este miércoles 10 de julio, rechazando la fiscalización anunciada por el presidente Daniel Noboa sobre el Proyecto CAF XVI, el Quinto Acueducto que dotará de agua a Monte Sinaí y sus alrededores. A través de un enlace radial, Alvarez celebró la entrega del aval soberano por parte del Gobierno Nacional, un requisito necesario para que el Municipio obtenga un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Sin embargo, el alcalde señaló que todas las obras multilaterales ya están sujetas a rigurosos controles, y que la insistencia de Noboa en fiscalizar personalmente el proyecto solo busca politizar el tema.

A pesar del logro obtenido tras cuatro meses de gestiones, Alvarez insistió en que la prioridad debería ser la supervisión de los ministros y sus actividades, no las obras municipales. "No necesitamos que el presidente nos fiscalice; más bien que se dedique a controlar a sus ministros, que están anunciando contratos de manera precipitada y sin la transparencia necesaria," afirmó el alcalde. Esta postura refleja un ambiente de tensión y desconfianza entre el Gobierno Nacional y el Municipio de Guayaquil, destacando la complejidad política que rodea la ejecución de proyectos de infraestructura en el país.

El Director Nacional del Servicio de Rentas Internas (SRI), Damián Larco, generó incertidumbre al no confirmar si alguna empresa perteneciente al Grupo Noboa se ha acogido a la remisión al pago de la deuda. Ante preguntas específicas sobre el tema, Larco afirmó que todos los contribuyentes que mantienen deudas en firme tienen la posibilidad de acogerse a este beneficio. Esta declaración se da en un contexto donde persisten dudas sobre la aplicación equitativa de las políticas fiscales y la transparencia en la gestión tributaria, especialmente en casos de grandes conglomerados empresariales como el Grupo Noboa.

El SRI enfrenta presiones para clarificar el alcance y la implementación de la remisión de deudas, particularmente en relación con contribuyentes influyentes. Esta situación subraya la importancia de la rendición de cuentas y la equidad tributaria en el contexto económico actual del Ecuador.

Pamela Aguirre, Presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador, ha hecho públicas severas acusaciones tras presentar denuncias por parte de la Bancada de la Revolución Ciudadana. En declaraciones a varios medios, Aguirre aseguró que nunca se quedarán callados frente a los graves hechos que han conmocionado al país. Criticó duramente a la Fiscalía de Ecuador por lo que considera intentos de amedrentamiento, especialmente después de una rueda de prensa en la Asamblea Nacional donde explicó las acciones de su bancada. Para Aguirre, estas acciones constituyen persecución más que democracia, destacando la importancia de los audios y chats que, según ella, evidencian delitos y actos de corrupción de gran magnitud.

Aguirre enfatizó la necesidad de transparencia y justicia en medio de las acusaciones, llamando a la ciudadanía a estar informada y vigilante ante estos acontecimientos. La presidenta de la Comisión de Fiscalización se comprometió a seguir adelante con las investigaciones, a pesar de las presiones, para asegurar que los responsables rindan cuentas por sus acciones.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, ha confirmado que se dará trámite a la reconsideración de la votación que resultó en la designación de Dunia Martínez como presidenta de la Judicatura. Fantoni explicó que esta decisión se toma en respuesta a los cuestionamientos surgidos tanto de otros consejeros del CPCCS como de la ciudadanía ecuatoriana. El procedimiento seguido durante la votación ha sido objeto de críticas, y Fantoni se mostró dispuesto a justificar cada paso del proceso, enfatizando la legalidad y transparencia con la que se actuó.

Ante las crecientes inquietudes, Fantoni subrayó que el CPCCS está comprometido con la transparencia y la legalidad, y que la reconsideración de la votación se realizará de acuerdo a los procedimientos establecidos. Invitó a los consejeros y a la ciudadanía a participar activamente en el proceso para asegurar un resultado que refleje la voluntad y confianza de todos los involucrados. Con esta medida, Fantoni busca restablecer la confianza en el CPCCS y garantizar que la elección de la presidencia de la Judicatura se realice de manera justa y transparente.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador, Pamela Aguirre, ha denunciado públicamente las trabas que enfrenta la investigación contra los directivos del Banco del Pacífico y otros implicados. En un video difundido por Aguirre, se muestran diversas interrupciones y amenazas dirigidas hacia la comisión, tras la difusión de un audio por parte de la Agencia Venezuela News. Según Aguirre, estas acciones buscan evitar que la Comisión de Fiscalización cumpla su labor de investigar a fondo las irregularidades en el Banco del Pacífico. Aguirre afirmó que las acusaciones en su contra, de entorpecer procesos, son parte de una estrategia para desviar la atención y evitar que la verdad salga a la luz.

Aguirre enfatizó la importancia de que el país conozca la verdad detrás de estas maniobras de obstrucción, reiterando su compromiso con la transparencia y la justicia. "No lo podemos permitir, el país necesita conocer la verdad," declaró enfáticamente, mientras invitaba a la ciudadanía a ver el video completo para entender el contexto y la gravedad de las interrupciones y amenazas recibidas. La presidenta de la Comisión de Fiscalización hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad civil para respaldar la labor de la comisión y garantizar que las investigaciones continúen sin interferencias indebidas.

El asambleísta Jorge Acaiturri ha lanzado fuertes acusaciones contra el Gobierno Nacional, denunciando una supuesta estrategia para encontrar un "cuco" en la Asamblea Nacional y así desviar la atención de las promesas incumplidas. En sus declaraciones, Acaiturri señaló que esta táctica busca distraer a la opinión pública de los compromisos no cumplidos por parte del ejecutivo, enfocando la atención en conflictos políticos internos en lugar de resolver las necesidades urgentes del país.

Esta afirmación del asambleísta pone de relieve las tensiones crecientes entre el poder legislativo y el ejecutivo, sugiriendo que la búsqueda de un adversario político en el parlamento podría ser una estrategia para desviar la crítica y evitar rendir cuentas sobre las acciones y políticas gubernamentales. Las declaraciones de Acaiturri subrayan la complejidad del ambiente político actual, donde las disputas internas y las acusaciones de distracción estratégica plantean interrogantes sobre la transparencia y la responsabilidad gubernamental en Ecuador.

El asambleísta oficialista Adrian Castro ha criticado abiertamente la gestión del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, cuestionando sus prioridades y acciones durante el actual período legislativo. En un comentario contundente, Castro señaló que Kronfle inició su mandato de manera prometedora pero ahora está centrado en temas como exhortos y el día nacional de la carne, en lugar de abordar asuntos de mayor relevancia como el día del bizcocho, que según Castro, debería ser reintroducido en la agenda legislativa.

Además, Castro expresó su preocupación por la falta de un enfoque unificado en la Asamblea Nacional, acusando a algunas bancadas de legislar únicamente en función de sus intereses particulares. Esta crítica pone de relieve las tensiones internas y la percepción de falta de cohesión en el legislativo, planteando interrogantes sobre la efectividad y la representación democrática en el parlamento ecuatoriano.

Juan Acurio, presidente del directorio de Hemodiálisis, ha revelado la crítica situación que enfrentan las clínicas dializadoras en el país. En una declaración impactante, Acurio señaló que actualmente las clínicas se prestan insumos médicos entre ellas para poder seguir realizando los tratamientos de diálisis. Esta cooperación desesperada subraya la gravedad de la falta de recursos, ya que los USD 100 millones que el Gobierno desembolsó para el pago a los prestadores de servicios externos no llegaron a las clínicas dializadoras, según denunció Acurio.

La situación se agrava aún más con una deuda acumulada de alrededor de USD 25 millones desde junio de 2023, lo que ha puesto a las clínicas al borde de la paralización de sus servicios. Acurio advirtió que, si no se resuelve este problema financiero, las clínicas solo podrán seguir ofreciendo tratamientos de diálisis hasta el 24 de julio. Esta crisis amenaza la continuidad del tratamiento vital para muchos pacientes, resaltando la urgente necesidad de una solución efectiva y rápida por parte del Gobierno y las autoridades de salud.

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, ha denunciado la remoción de Francisco Zumárraga como Jefe de la Escolta Legislativa, destacando la gravedad de la situación al ocurrir en pleno desarrollo del plan de seguridad de la Asamblea. Esta acción, según Kronfle, pone en riesgo la estabilidad y seguridad del órgano legislativo en un momento crítico. La remoción de Zumárraga ha suscitado preocupaciones y críticas, sumándose a las tensiones existentes dentro de la Asamblea Nacional.

La controversia se intensificó luego de que Esteban Torres acusara a Kronfle de cambiar a los secretarios y prosecretarios de las comisiones presididas por el movimiento ADN. Torres argumenta que estos cambios afectan la integridad y funcionamiento de las comisiones. En respuesta, Kronfle ha insistido en que las decisiones tomadas son necesarias para el buen funcionamiento de la Asamblea, pero la remoción de Zumárraga ha generado un ambiente de incertidumbre y desconfianza entre los legisladores.

En un enlace radial reciente, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que el gobierno procederá a firmar la garantía soberana para el Proyecto CAF XVI, destinado a proveer agua potable a Monte Sinaí, en Guayaquil. Noboa expresó: “Si se va a dar la garantía. El otro (Aquiles Alvarez) sigue haciendo relajo”. Esta decisión marca un punto crucial en el avance hacia la solución del acceso al agua potable en una de las áreas más necesitadas de la ciudad.

Aquiles Alvarez, respondiendo a las declaraciones del presidente, subrayó la importancia fundamental del proyecto para Guayaquil y sus alrededores, destacando el compromiso continuo de la ciudad hacia esta causa vital. Alvarez lamentó la percepción del gobierno respecto a este esfuerzo como un simple "relajo", enfatizando que la lucha por el acceso al agua no debería ser menospreciada. Con la garantía soberana ahora en proceso de firma, los guayaquileños celebran un paso adelante, aunque Alvarez subrayó la necesidad de que las acciones concretas y la fiscalización efectiva respalden las palabras gubernamentales.

En una reciente entrevista con *Vera A su Manera*, la ministra del Interior, Mónica Palencia, reveló que no confía en continuar en su cargo hasta el final del periodo presidencial de Daniel Noboa. Palencia, visiblemente preocupada, afirmó: "Me voy por el juicio político, según parece". Esta declaración pone de manifiesto la inestabilidad política y las tensiones dentro del gabinete de Noboa, sugiriendo que hay fuerzas políticas que buscan su destitución antes de tiempo. La ministra, que ha estado en el ojo del huracán por diversas controversias, ahora enfrenta la posibilidad de un juicio político que podría poner fin a su mandato.

La situación de Palencia es un reflejo de la turbulencia que atraviesa el gobierno de Noboa. La posibilidad de su destitución mediante un juicio político no solo afecta a la ministra, sino que también plantea interrogantes sobre la estabilidad del actual gobierno. Si bien Palencia no especificó los motivos exactos detrás del posible juicio político, su declaración deja claro que existe una preocupación real sobre su futuro en el gabinete. A medida que se desarrollan los acontecimientos, el país observa atentamente, esperando ver cómo esta situación impactará la dinámica política y la gobernabilidad en Ecuador.

El presidente Daniel Noboa ha hecho contundentes declaraciones sobre la vicepresidenta Verónica Abad, afirmando que "se irá solita" debido a su postura sobre el indulto a Rafael Correa. Noboa recordó que Abad nunca ha ocultado su intención de concederle el indulto al exmandatario. Además, el presidente mencionó que Abad tiene vínculos personales comprometidos, ya que su hijo y su pareja están siendo procesados judicialmente. “Tiene a un hijo procesado y a su novio procesado. La quiere salvar el Viejo Ecuador. La Troncha”, agregó Noboa, refiriéndose despectivamente a Abad y sus relaciones. Ante la posibilidad de no encargarle el poder si es candidato, Noboa afirmó que tomarán "las medidas que la Constitución permite".

Noboa insistió en que Verónica Abad estaría buscando el indulto para Rafael Correa y puso en duda su inocencia en el controversial Caso Nene, que involucra a su hijo Francisco Barreiro y a Daniel Redrován, acusados de ofrecer tráfico de influencias. Las declaraciones del presidente no solo cuestionan la integridad de la vicepresidenta, sino que también plantean un conflicto político significativo dentro del actual gobierno. La postura de Noboa sugiere que se tomarán acciones constitucionales para evitar que Abad influya en el poder, especialmente si decide postularse como candidato en futuras elecciones.

En una reciente declaración, Francisco Dávalos, subsecretario del Ministerio de Gobierno, criticó duramente a la Asamblea Nacional por lo que describió como un "blindaje" a la vicepresidenta Verónica Abad. Dávalos señaló que esta acción es una clara demostración de que la nueva mayoría parlamentaria está en contra del presidente Daniel Noboa, sugiriendo que las decisiones tomadas por la Asamblea no buscan el bienestar del país, sino proteger intereses particulares y obstaculizar la gestión del Ejecutivo. Según el subsecretario, este comportamiento es un ejemplo más de las tensiones políticas que afectan la gobernabilidad y estabilidad del Ecuador.

Dávalos enfatizó que la actitud de la Asamblea refleja una falta de compromiso con la democracia y el desarrollo del país, ya que, en lugar de colaborar con el gobierno para solucionar los problemas nacionales, se está priorizando una agenda de confrontación y desacuerdo. Esta situación, indicó, no solo perjudica al presidente Noboa, sino que también impide la implementación de políticas y reformas necesarias para el progreso del Ecuador. El subsecretario instó a los legisladores a dejar de lado sus diferencias y trabajar en conjunto por el bien de todos los ecuatorianos, destacando que la unidad es fundamental para enfrentar los desafíos que el país enfrenta actualmente.

En una reciente declaración, el juez Iván Saquicela negó la existencia del "influjo psíquico" en su propia sentencia del Caso Sobornos contra Rafael Correa, argumentando que este concepto fue utilizado para justificar una condena que ha sido ampliamente criticada como ridícula y absurda. El Dr. Augusto Tandazo, en respuesta a las declaraciones de Saquicela en Teleamazonas, denunció que se inventó este caso con el objetivo de perseguir y eliminar políticamente a Correa. Tandazo enfatizó que la figura del "influjo psíquico" carece de fundamento en la ciencia procesal penal moderna, donde la autoría mediata por instigación no es reconocida como válida. Además, acusó a las autoridades de cometer múltiples irregularidades durante la pandemia, atropellando procedimientos y estándares internacionales.

Tandazo explicó que, en el derecho procesal penal, el instigador es considerado un partícipe, pero no un autor mediato, directo ni coautor. La utilización del "influjo psíquico" como argumento fue calificada como anticientífica y doctrinariamente incorrecta, evidenciando una desesperación por condenar rápidamente a Correa. Según Tandazo, este proceso estuvo plagado de irregularidades, desde la manipulación de conceptos legales hasta la violación del debido proceso, todo ello en un intento por mantener a Correa fuera del panorama político. La comunidad jurídica sigue cuestionando la validez de esta sentencia, señalando que es fruto de un proceso fraudulento y violatorio de los derechos fundamentales.

Sacha Llorenti, representante del comité internacional por la libertad de Jorge Glas, ha denunciado públicamente que el exvicepresidente está siendo sometido a tortura y tratos crueles durante su encarcelamiento. Según Llorenti, las condiciones inhumanas incluyen la presencia de ratas en la celda de Glas y la prohibición del ingreso de una almohada, lo que refleja una lógica de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estas acusaciones han generado un fuerte rechazo entre los defensores de los derechos humanos, quienes ven en este caso un grave atropello a la dignidad humana y al debido proceso.

Llorenti subrayó que Jorge Glas se ha convertido en un símbolo de la lucha por el respeto a los derechos humanos en América Latina y el Caribe. La denuncia no solo pone en evidencia las condiciones deplorables en las que se encuentra el exvicepresidente, sino que también lanza un llamado de atención a la comunidad internacional sobre la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los detenidos. La situación de Glas resuena más allá de las fronteras ecuatorianas, destacando la importancia de garantizar que todos los prisioneros sean tratados con humanidad y dignidad, independientemente de su situación legal o política.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha lanzado duras críticas contra el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, y ha anunciado una movilización en respuesta a la supuesta negativa del Gobierno para garantizar un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Durante una entrevista con KCH FM el 3 de julio de 2024, Álvarez acusó al Gobierno de sabotear la gestión de Guayaquil por motivos políticos relacionados con las próximas elecciones generales de febrero de 2025. Según Álvarez, el presidente busca la reelección y no quiere que ningún funcionario de la Revolución Ciudadana, como él, tenga éxito en su gestión, lo que podría influir en los resultados electorales.

Aquiles Álvarez no se quedó solo en palabras y calificó al ministro Vega como uno de los peores funcionarios de la historia de Ecuador. Narró cómo, a pesar de sus esfuerzos por concertar una reunión, el ministro no le ha dado una respuesta concreta, lo que llevó al alcalde a tildarlo de "idiota". Álvarez advirtió que no se limitarán a las declaraciones y que están organizando una movilización para reclamar por una vida digna, exigiendo agua potable y otros recursos básicos. Subrayó que el crédito del CAF se pagará con los recursos de los guayaquileños y que solo se necesita el aval del Gobierno, al que acusa de obstruir por razones políticas.

El presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, aclaró que, aunque no participará en la gran marcha convocada para el 4 de julio, esto no significa que estén alejados de la lucha contra las medidas del gobierno de Daniel Noboa. Iza destacó que cada organización tiene su propia forma de lucha y que la CONAIE ha sido activa en los procesos de protesta contra las políticas gubernamentales. En la próxima semana, la CONAIE realizará una asamblea del movimiento indígena para definir las acciones que tomarán frente al "paquete empobrecedor" del Ejecutivo, asegurando que su resistencia continúa firme y organizada.

Leonidas Iza criticó duramente la decisión del gobierno de eliminar los subsidios, calificándola como una medida diseñada para favorecer a un sector empresarial cercano al gobierno de derecha de Noboa. En este contexto, Iza anunció que la CONAIE ya tiene fechas definidas para un encuentro extraordinario, donde se decidirán colectivamente las medidas a tomar contra el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional. Enfatizó la importancia de la unidad y la acción colectiva para enfrentar las políticas que, según él, están empobreciendo al país. La CONAIE, con su enfoque en la lucha comunitaria y la resistencia organizada, continúa siendo una voz crítica y activa en el panorama político ecuatoriano.

Paola Cabezas, asambleísta de la Revolución Ciudadana, criticó duramente al presidente Daniel Noboa, afirmando que, a pesar de haber sido inicialmente condescendientes con muchas de sus propuestas económicas urgentes, siete meses después no han tenido ningún impacto positivo. Cabezas atribuye esta situación a la obediencia del Primer Mandatario a las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en lugar de seguir un plan estratégico propio. Además, señaló que Noboa ha pasado de ser indiferente a convertirse en un "recalcitrante anticorreísta", comenzando un proceso sistemático para minar la Asamblea como parte de una estrategia de precampaña. La legisladora enfatizó que en un momento de crisis económica y social, el país necesita unidad y mecanismos efectivos para salir de la inseguridad y la recesión.

Cabezas también se refirió a la reciente controversia con el exvicepresidente Jorge Glas en la Embajada de México en Quito, argumentando que el incidente ha sido utilizado por Noboa para proyectar una imagen de fuerza innecesaria, debilitando así las relaciones comerciales con México. La asambleísta desmintió las acusaciones sobre alegar incapacidad mental del Presidente para ejercer el cargo, asegurando que se trata de una "estrategia de posicionar mentiras" y que Noboa debe completar su mandato. Criticó la dedicación del Presidente a actividades superficiales como TikTok mientras genera una guerra hostil con la Asamblea, en lugar de centrarse en soluciones reales para los problemas del país. Finalmente, Cabezas destacó que están trabajando en reformas para la consulta popular, conforme a lo aprobado por los ecuatorianos en referéndum, y subrayó el desconocimiento del Presidente sobre muchos temas importantes.

El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, anunció que el próximo jueves 4 de julio se llevará a cabo una movilización en rechazo a la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. Esta medida, que ha generado un amplio descontento social, ha motivado a diversos sectores a unirse a las protestas, las cuales están organizadas en 23 provincias del país. Quishpe destacó que la decisión de eliminar el subsidio afectará gravemente la economía de las familias ecuatorianas, incrementando los costos de transporte y bienes esenciales. La UNE, junto a otras organizaciones sociales, busca presionar al gobierno para que revierta esta política, argumentando que los más perjudicados serán los sectores más vulnerables de la población.

La movilización del jueves promete ser una manifestación masiva y pacífica, según lo indicado por Andrés Quishpe. El presidente de la UNE enfatizó la importancia de mantener el orden durante las protestas, instando a los participantes a expresarse de manera pacífica pero firme. Además, señaló que esta movilización es solo el comienzo de una serie de acciones planificadas para exigir al gobierno que mantenga los subsidios a los combustibles, que son esenciales para la estabilidad económica de muchas familias. Las organizaciones participantes esperan que el gobierno escuche sus demandas y actúe en consecuencia para evitar mayores conflictos y asegurar el bienestar de la ciudadanía.

El asambleísta Leonardo Berrezueta ha expuesto preocupaciones serias sobre presuntas irregularidades en los hospitales del IESS en Loja, Ambato y Cuenca. Según sus declaraciones, estas instituciones estarían afectadas por prácticas irregulares, agravadas por la presencia de familias vinculadas a dirigentes sindicales. Berrezueta ha alertado sobre el uso indebido de posiciones de poder para beneficio personal, acusando a los líderes sindicales de aprovechar su influencia en detrimento del servicio público.

En su análisis, Leonardo Berrezueta subraya la necesidad urgente de una investigación exhaustiva para esclarecer las acusaciones de nepotismo y malversación en los hospitales mencionados. Además, insta a que se implementen medidas correctivas para garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión hospitalaria, asegurando que los recursos públicos se utilicen exclusivamente para el bienestar de los ciudadanos y no para beneficiar a grupos privilegiados.

La legisladora Patricia Mendoza, miembro de la Comisión Multipartidista, ha manifestado que su bancada presentó un proyecto de ley que abarcaba los temas tratados en la Consulta Popular, considerándola innecesaria y cuestionando el gasto de 60 millones de dólares que implicó. Mendoza señala que se abstuvo de votar por el Proyecto de Ley para la aplicación de la Consulta Popular y Referéndum 2024, argumentando que no se incorporaron los aportes necesarios y que las penas propuestas por el Ejecutivo fueron copiadas sin un análisis profundo.

En su declaración, Patricia Mendoza criticó el enfoque del proyecto de ley, calificándolo de mero populismo. La legisladora sostiene que la propuesta carece de un estudio riguroso y solo replica las sanciones planteadas por el Ejecutivo, sin considerar las verdaderas necesidades y contextos del país. Mendoza subraya la importancia de realizar un análisis exhaustivo para evitar decisiones superficiales y enfatiza la responsabilidad legislativa de abordar los problemas con seriedad y compromiso real hacia los ciudadanos.

En un giro inesperado y preocupante, el exministro del Interior Pepe Serrano ha lanzado graves acusaciones contra Bernardo Manzano, ministro de Guillermo Lasso y amigo cercano de Daniel Noboa. Según Serrano, Manzano fue designado por la mafia albanesa para ocupar su cargo con el propósito de utilizar los contenedores de exportación de banano para traficar drogas. Esta denuncia pone en el centro de la polémica la integridad del gobierno y cuestiona los vínculos de confianza entre Lasso, Noboa y Manzano, sugiriendo una operación criminal a gran escala que busca burlar al pueblo ecuatoriano.

Estas declaraciones de Serrano han generado un fuerte revuelo en la opinión pública, incitando a diversas reacciones y exigencias de esclarecimiento por parte de los ciudadanos y organizaciones sociales. La gravedad de las acusaciones requiere una investigación exhaustiva y transparente para determinar la veracidad de estos señalamientos y, de ser cierto, tomar las medidas necesarias para desarticular cualquier red de narcotráfico infiltrada en las instituciones del Estado. La confianza en las autoridades y el futuro del comercio legal de banano, uno de los productos más importantes para la economía ecuatoriana, están en juego.