Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea, ha descartado categóricamente que el movimiento Revolución Ciudadana lo haya presionado para convocar una sesión destinada a posesionar a Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. En una declaración que ha generado gran controversia, Muñoz afirmó que “la presión ha venido del Ejecutivo”, señalando directamente al gobierno como la fuente de las presiones. Según Muñoz, las amenazas y llamadas intimidantes provinieron de un asesor de la bancada oficialista, lo cual ha encendido las alarmas sobre la posible interferencia del Ejecutivo en asuntos legislativos.

La denuncia de Muñoz ha provocado una oleada de reacciones en el ámbito político, con miembros de la Asamblea y la ciudadanía exigiendo una investigación exhaustiva sobre estas graves acusaciones. La supuesta presión del Ejecutivo y las amenazas recibidas plantean serias preocupaciones sobre la independencia de los poderes del Estado y la integridad del proceso democrático. Mientras se espera una respuesta oficial del gobierno, la situación ha profundizado la desconfianza entre los diferentes sectores políticos y ha resaltado la urgente necesidad de garantizar un ambiente libre de coerción y manipulación en la toma de decisiones legislativas.