La asambleísta Gissella Molina presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, acusándola de presunta obstrucción de la justicia. Según Molina, Aguirre autorizó la conexión virtual de Ronny Aleaga durante la sesión de la Comisión de Fiscalización del pasado lunes 13 de mayo, en la que comparecía la fiscal general, Diana Salazar. Molina argumenta que esta acción, aparentemente sin el debido procedimiento y control, interfirió con la debida diligencia y el desarrollo transparente de la comparecencia de Salazar, poniendo en entredicho la imparcialidad y legalidad del proceso.

La denuncia de Molina ha generado un debate intenso en el ámbito político, destacando las tensiones y divisiones internas dentro de la Asamblea Nacional. Pamela Aguirre, por su parte, ha defendido su decisión alegando que la conexión de Aleaga estaba justificada y se realizó conforme a los reglamentos establecidos. Sin embargo, la controversia subraya las crecientes preocupaciones sobre la integridad y el funcionamiento de los procedimientos de fiscalización en el país, y plantea preguntas sobre la responsabilidad y la transparencia de los líderes políticos en el ejercicio de sus funciones.