El Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), una infraestructura estratégica clave para la exportación de petróleo en Ecuador, sigue bajo el control de la empresa privada, a pesar de los múltiples análisis y recomendaciones de expertos que sugieren su transferencia al Estado. Este hecho ha impulsado una campaña que exige que el OCP pase a manos ecuatorianas, con el objetivo de que los ingresos generados por el oleoducto se utilicen para enfrentar los crecientes problemas económicos del país. Los defensores de esta iniciativa argumentan que el OCP es una fuente de riqueza que podría transformar sectores clave como la salud, la educación y la infraestructura.

Sin embargo, la campaña ha enfrentado obstáculos, con sectores de la población que no terminan de comprender el impacto que podría tener la nacionalización del OCP. Los promotores de esta iniciativa han criticado esta falta de apoyo, calificando a algunos compatriotas como "Florindos Ecuatorianos", haciendo referencia a aquellos que no entienden la magnitud de los recursos que están en juego. Para los activistas, permitir que este activo siga en manos privadas es una pérdida significativa de recursos que podrían aliviar gran parte de los problemas económicos que enfrenta Ecuador.

La posibilidad de que el OCP esté en manos del Estado abre una discusión importante sobre la soberanía energética del país. Si el Ecuador tomara control de esta infraestructura, podría redirigir cientos de millones de dólares hacia necesidades internas, en lugar de que esos recursos beneficien únicamente a las empresas privadas. Mientras tanto, la campaña para que el OCP sea administrado por el Estado sigue ganando impulso, en busca de una solución que garantice un futuro más estable y próspero para todos los ecuatorianos.