El tiktoker Richard123 ha encendido un intenso debate en redes sociales al cuestionar quiénes son los verdaderos responsables de la crisis de seguridad en el país. En su polémico video, lanzó una dura crítica, preguntando si el verdadero problema radica en aquellos que trabajan con las mafias, en quienes liberan a los delincuentes, o en aquellos que, a pesar de sus esfuerzos, los capturan. Su mensaje, cargado de frustración y preocupación, refleja el sentir de muchos ecuatorianos que ven cómo la inseguridad crece mientras las soluciones parecen quedarse en promesas.

Richard123 ha ganado notoriedad por su estilo directo y sin filtros, y en esta ocasión no fue diferente. Su interrogante no solo señala la falta de acciones concretas para frenar la delincuencia, sino que también pone en tela de juicio las decisiones de quienes, desde el poder, tienen la capacidad de cambiar el rumbo de la nación. Con su mensaje, invita a sus seguidores a reflexionar sobre las verdaderas intenciones detrás de las políticas de seguridad, y sobre si estas están realmente dirigidas a proteger a la ciudadanía o si, por el contrario, están siendo influenciadas por intereses oscuros que perpetúan la impunidad.

La canciller Gabriela Sommerfeld expresó su profunda preocupación por las tensiones crecientes entre los ecuatorianos, subrayando que es lamentable ver cómo la ambición por el poder puede generar conflictos internos tan intensos. Estas declaraciones se dan en medio de la controversia generada por la denuncia de Verónica Abad en su contra y contra el presidente Daniel Noboa. Sommerfeld destacó que esta situación refleja una realidad preocupante: la lucha por el control político parece no tener límites, y ello está fragmentando al país en un momento en que la unidad debería prevalecer.

Además, Sommerfeld rechazó enérgicamente las acusaciones de violencia política de género que se le han imputado, calificándolas de injustas y descontextualizadas. Según la canciller, su actuar se limita a la implementación de un decreto presidencial, lo cual ha sido interpretado por algunos como un ataque personal en lugar de una acción administrativa. Sommerfeld enfatizó que su intención no es perpetuar divisiones, sino cumplir con su deber dentro del marco legal, lamentando que su gestión se haya convertido en un motivo de discordia en un ambiente político ya de por sí tenso.

El medio independiente The Grayzone ha revelado una serie de chats que, según sus investigaciones, involucran a la fiscal Diana Salazar en una filtración de información a un individuo vinculado a una investigación en curso. En estos chats, Salazar también se muestra reacia a procesar a expresidentes alineados con los intereses de Estados Unidos, lo que plantea serias dudas sobre su imparcialidad. The Grayzone denuncia que, bajo la dirección de Salazar, la fiscalía ha emprendido una persecución política contra movimientos de izquierda, en particular la Revolución Ciudadana, mientras que casos de corrupción relacionados con la derecha han sido ignorados, permitiendo que se conduzcan hacia la impunidad. Este señalamiento se enmarca en una investigación más amplia sobre la intervención de Estados Unidos en Ecuador y cómo estas acciones han afectado la justicia en el país.

Adicionalmente, The Grayzone expone la amistad entre la fiscal Salazar y el exasambleísta Ronny Aleaga, señalando que sus conversaciones revelan cómo Salazar habría protegido al expresidente Guillermo Lasso en un caso de narcotráfico en su contra. Las filtraciones también sugieren que Salazar ha utilizado su poder para influir políticamente, evitando que la Revolución Ciudadana recupere el poder. El informe menciona también el caso León de Troya, en el que Salazar presuntamente rebajó los cargos de narcotráfico a crimen organizado, en un contexto donde el narcotráfico y las mafias habrían infiltrado el gobierno de Lasso. Las denuncias apuntan a una preocupante colusión entre altos funcionarios y el crimen organizado, con testigos clave como el oficial Rodney Rengel enfrentando amenazas de muerte y persecución por parte de la propia Policía Nacional.

Andrés Arauz, destacado economista y ex candidato presidencial, ha lanzado una fuerte crítica contra Daniel Noboa, calificándolo de "majadero" cuyo único objetivo es generar controversia para ganar notoriedad momentánea en las tendencias de las redes sociales. Según Arauz, Noboa no es más que el producto de un sistema político decadente que se sostiene en las migajas de los gobiernos anteriores, como las de Guillermo Lasso y Lenín Moreno, quienes no han dejado un legado de obras significativas. Arauz señala que las deudas que Noboa mantiene con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y su relación con cuentas offshore en el extranjero deberían haberle impedido ser candidato a la presidencia, subrayando la falta de transparencia en su campaña y cuestionando la legitimidad de su participación en la política ecuatoriana.

En su contundente declaración, Arauz critica no solo a Noboa, sino también a la estructura política que permite que figuras como él surjan y se posicionen en la arena pública. Para Arauz, el hecho de que Noboa haya logrado postularse a la presidencia a pesar de las irregularidades en su historial financiero y sus conexiones con paraísos fiscales, refleja un sistema donde las normativas y principios éticos son ignorados. Su mensaje es un llamado a la reflexión sobre la calidad de los liderazgos que están emergiendo en el país, y la necesidad de una renovación que priorice la honestidad y el compromiso real con las necesidades del pueblo ecuatoriano.

En medio de una creciente preocupación por la seguridad en Ecuador, el abogado Sergio EC ha lanzado duras críticas a las autoridades responsables, destacando cómo la situación de inseguridad se ha agudizado en el país. En su reciente análisis, Sergio ha subrayado que la incapacidad para abordar eficazmente la crisis de seguridad ha llevado a una escalada de delitos y violencia que afecta a ciudadanos y comunidades por igual. La falta de respuestas concretas y efectivas por parte del gobierno ha generado un ambiente de incertidumbre y desconfianza, exacerbando la percepción de que las medidas de seguridad son inadecuadas y que la situación se está saliendo de control.

Sergio ha señalado explícitamente al presidente y a la fiscal del estado como principales responsables de la creciente crisis de inseguridad. Según su análisis, estas figuras clave en el gobierno no solo han fallado en implementar políticas efectivas para combatir el crimen, sino que también han sido acusadas de falta de liderazgo y responsabilidad en el manejo de la situación. La crítica se centra en la percepción de que el presidente y la fiscal están más enfocados en otros asuntos políticos que en la seguridad pública, dejando a la población vulnerable a un entorno cada vez más peligroso. Este análisis pone de relieve la urgencia de una reforma integral en las políticas de seguridad y en la gestión de la justicia para restaurar la confianza de los ecuatorianos en sus instituciones.

El Senado de la República ha elegido a Gerardo Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva para el primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura, consolidando así su influencia dentro de la política mexicana. Con un respaldo casi unánime de 127 votos a favor y solo uno en contra, Fernández Noroña se posiciona como una figura clave en el liderazgo legislativo. La nueva Mesa Directiva también incluye a los vicepresidentes Imelda Castro, Mauricio Vila y Guadalupe Toledo Zamora, junto con las secretarias Verónica Camino, Lizeth Sánchez García, Jasmín Bugarín y el senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Este sólido respaldo destaca la confianza en su capacidad para guiar el Senado en un periodo crucial para el país.

En su primer mensaje como presidente, Fernández Noroña reafirmó su compromiso de actuar con respeto e institucionalidad, promoviendo la unidad y el diálogo en los debates. Subrayó la importancia de la construcción de acuerdos, que fue fundamental para la confirmación de la nueva Mesa Directiva. Además, expresó su gratitud al pueblo de México por su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación, reconociendo que sin este apoyo no habría sido posible su liderazgo en el Senado. También destacó el papel del presidente Andrés Manuel López Obrador y agradeció el respaldo a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, subrayando el vínculo entre su elección y el apoyo popular hacia la continuidad del proyecto político actual.

En la mañana del 29 de agosto, Radio Morena tuvo el privilegio de conversar con la vicepresidenta Verónica Abad sobre una cuestión crucial: la posibilidad de que la vicepresidencia asuma la presidencia del país durante el período electoral de 2025, conforme a lo estipulado por la Constitución. Abad discutió cómo, en caso de que el presidente en funciones se vea impedido de cumplir con sus responsabilidades debido a las elecciones, la Constitución prevé que la vicepresidencia pueda ocupar el cargo de manera provisional. Esta disposición tiene como objetivo garantizar la estabilidad y continuidad del gobierno mientras se lleva a cabo el proceso electoral, evitando vacíos de poder que podrían afectar la gobernabilidad del país.

Durante la entrevista, Abad abordó las implicaciones políticas y prácticas de esta medida, resaltando la importancia de mantener una administración funcional y eficaz durante el período electoral. La vicepresidenta subrayó que esta transición temporal no solo es un mecanismo constitucional, sino una medida necesaria para asegurar que el país pueda enfrentar los desafíos del proceso electoral sin interrupciones. La conversación en Radio Morena ofreció una perspectiva detallada sobre cómo se gestionaría esta situación y la preparación del gobierno para garantizar que la administración continúe funcionando sin contratiempos, asegurando así el cumplimiento de las normas constitucionales y la estabilidad del país durante las elecciones de 2025.

El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, se pronunció respecto a la situación del exministro del Interior, José Serrano, quien había solicitado seguridad para firmar la aceptación de su precandidatura presidencial, un paso que finalmente decidió no dar. Torres aclaró que, según las normativas vigentes, Serrano no tenía derecho a contar con escolta debido a que aún no estaba oficialmente calificado como candidato. Según el viceministro, solo los candidatos presidenciales que han sido formalmente calificados pueden solicitar seguridad, lo que excluía a Serrano de recibir protección estatal en esta etapa del proceso electoral, a pesar de las amenazas que dijo haber recibido.

Esta declaración subraya las limitaciones legales que enfrentan quienes aún no han alcanzado el estatus oficial de candidatos, independientemente de las circunstancias de seguridad que puedan alegar. La negativa a proporcionar escolta a Serrano, a pesar de sus preocupaciones, plantea interrogantes sobre la protección que se brinda a figuras políticas en momentos de vulnerabilidad, especialmente en un contexto donde la violencia y las amenazas han sido una constante. Torres defendió la postura del gobierno, argumentando que cumplir con la ley es esencial para garantizar un proceso electoral transparente y justo, sin privilegios indebidos para quienes aún no cumplen con los requisitos formales de candidatura.

Verónica Arias, reconocida analista política y defensora de derechos humanos, ha alzado su voz frente al reciente decreto emitido por el presidente Daniel Noboa, que autoriza a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a abatir delincuentes en el país. Arias cuestiona si esta medida extrema es realmente una solución eficaz para combatir la creciente inseguridad en Ecuador o si, por el contrario, se trata de un simple golpe de efecto destinado a ganar popularidad en medio de la crisis. La analista advierte que la autorización para el uso letal de la fuerza podría tener graves consecuencias, no solo en términos de posibles abusos de poder, sino también en el debilitamiento del estado de derecho y en la erosión de la confianza pública en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana.

En su análisis, Arias subraya la importancia de abordar los problemas de inseguridad desde un enfoque integral, que incluya no solo medidas represivas, sino también políticas públicas orientadas a prevenir el delito, fortalecer el sistema de justicia y mejorar las condiciones socioeconómicas de la población. La experta alerta que el decreto podría exacerbar la violencia y generar un círculo vicioso de confrontación, en lugar de ofrecer soluciones sostenibles a largo plazo. En un país donde la violencia ya es un problema crítico, Arias insta a que se considere con cautela cualquier medida que pueda incrementar el riesgo de más muertes y violaciones de derechos humanos, llamando a un debate nacional profundo y a la implementación de políticas basadas en la evidencia y en el respeto a los derechos fundamentales.

Martín Pallares, reconocido articulista de diario Expreso, ha expresado sus preocupaciones sobre el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) bajo la presidencia de Daniel Noboa. Pallares señala que el CNE ha demostrado ser bastante funcional a los intereses del Primer Mandatario, cuestionando su imparcialidad y su apego al marco legal. En sus declaraciones, el periodista destacó que en los últimos meses se han observado indicios de favores mutuos entre el gobierno y el CNE, lo que pone en duda la independencia del organismo electoral. Como ejemplo de esta situación, Pallares menciona el reciente nombramiento del hermano de Diana Atamaint, presidenta del CNE, como Cónsul en Queens, Nueva York, lo que para muchos es un claro indicio de la colaboración entre ambos poderes.

Este tipo de situaciones, según Pallares, comprometen la credibilidad del CNE y podrían afectar la transparencia de los procesos electorales en el país. La supuesta influencia del ejecutivo sobre el órgano electoral no solo genera preocupación entre los ciudadanos, sino que también podría tener serias implicaciones para la democracia ecuatoriana. Es crucial, en opinión del periodista, que las instituciones encargadas de garantizar la legitimidad de las elecciones se mantengan al margen de presiones políticas y actúen con total independencia. La denuncia de Pallares invita a una reflexión profunda sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las instituciones que velan por la democracia en Ecuador.

Lucho Andrade, de Radio Capital, ha lanzado una crítica contundente hacia el presidente Daniel Noboa, cuestionando su integridad y compromiso con el país. En una reciente declaración, Andrade expresó su descontento con Noboa, señalando que el presidente está más enfocado en su campaña electoral que en atender las necesidades del país. Andrade subrayó que el pueblo de Chone, la tierra natal de la esposa de Noboa, ha sido un pilar para Ecuador, insinuando que el presidente debería demostrar más lealtad y compromiso hacia su tierra natal. La crítica se ha intensificado al abordar temas sensibles sobre la vida financiera del presidente.

Además, Andrade ha instado a Noboa a aclarar su relación con la offshore DINA HOLDINGS, LLC., una empresa que, según él, podría haber sido utilizada para evadir impuestos. Este cuestionamiento ha generado una ola de especulación y descontento, especialmente en la comunidad de Chone, donde se percibe que Noboa podría estar engañando a la población con sus apariencias de compromiso nacional. La situación ha intensificado el debate sobre la transparencia del presidente y su verdadera conexión con las preocupaciones de los ciudadanos, planteando serias dudas sobre su capacidad para liderar con honestidad y responsabilidad.

Desde enero de 2023, he levantado la voz para alertar sobre las peligrosas conexiones entre la mafia albanesa y el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Esta denuncia, basada en una serie de hechos alarmantes, expone la influencia de grupos criminales en las más altas esferas del poder en Ecuador. Lo que comenzó como una sospecha se ha convertido en una compleja red de corrupción que incluye a jueces, fiscales y empresarios, quienes estarían participando activamente en uno de los encubrimientos más grandes en la historia del país. La situación actual no solo pone en riesgo la integridad de las instituciones ecuatorianas, sino que también amenaza la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Es imprescindible que se actúe con firmeza y transparencia para desmantelar este entramado de corrupción y devolver la confianza en la justicia.

Ante este panorama, hago un llamado urgente a la fiscal general, Diana Salazar, para que tome cartas en el asunto y revele la verdad que los ecuatorianos merecemos conocer. No podemos seguir tolerando que las autoridades que deberían protegernos sean cómplices o, peor aún, partícipes de actividades criminales que socavan los cimientos de nuestra sociedad. Las mentiras y el encubrimiento solo perpetúan un sistema de injusticia que favorece a los poderosos y abandona al pueblo. El Ecuador no puede seguir siendo rehén de mafias que se infiltran en el gobierno, y es momento de exigir responsabilidad y transparencia en todos los niveles del Estado. Basta ya de impunidad; los ecuatorianos merecemos conocer la verdad y ver que se haga justicia.

Luis Serrano, gerente del Instituto de Diálisis San Martín de Guayaquil, ha tomado una medida legal decisiva al presentar una demanda de incumplimiento ante la Corte Constitucional. La demanda surge debido a la falta de pagos a las dializadoras durante 13 meses, lo que ha generado una crisis financiera y operativa en la institución. Serrano subraya que esta situación ha afectado gravemente la calidad de los servicios y el bienestar de los pacientes que dependen de estos tratamientos esenciales. La ausencia de pagos ha puesto en riesgo la continuidad del funcionamiento del Instituto, creando una urgencia que requiere una pronta resolución.

En su petición, Serrano solicita a la Corte Constitucional que actúe con celeridad para resolver la demanda y garantizar que se efectúen los pagos pendientes. La demora en la resolución podría tener consecuencias aún más graves para la institución y sus pacientes. Este llamado a la justicia busca asegurar que los derechos de los trabajadores y el acceso continuo a los servicios de diálisis se mantengan intactos, destacando la importancia de una rápida intervención para mitigar las repercusiones de este incumplimiento prolongado. La situación demanda atención inmediata para preservar el funcionamiento del Instituto y proteger a los pacientes vulnerables que dependen de su cuidado.

La ministra de Inclusión Social, Zaida Rovira, rechazó la denuncia de la vicepresidenta Abad contra el presidente Daniel Noboa, alegando que no existe "violencia política de género" en este caso, ya que las funciones de Abad no han sido limitadas constitucionalmente. Según Rovira, el verdadero propósito de la denuncia es desestabilizar y socavar los derechos políticos del presidente Noboa, utilizando un argumento que, a su juicio, no tiene fundamento en la realidad. Rovira subrayó que la constitución garantiza la igualdad de funciones en base a los roles establecidos para la presidencia y la vicepresidencia, y no en función del género de quienes ocupan dichos cargos.

En su declaración, Rovira lamentó que la vicepresidenta Abad esté utilizando la paridad de género como justificación para exigir igualdad de funciones con el presidente, lo cual, según la ministra, no corresponde con el marco legal vigente. Rovira enfatizó que el debate sobre la paridad de género es legítimo, pero que en este caso particular, se está manipulando para fines políticos, en lugar de promover una discusión constructiva sobre la igualdad en el ejercicio del poder. Para Rovira, estas acciones son un intento claro de desestabilizar al gobierno de Noboa, desviando la atención de los verdaderos retos que enfrenta el país.

Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), respondió a las acusaciones de favoritismo hacia Daniel Noboa, asegurando que el organismo no ha perjudicado a ninguna organización política durante el proceso electoral. Pita destacó que no solo Noboa, sino también otras organizaciones políticas, han podido aceptar sus precandidaturas en convenciones, desestimando así las denuncias presentadas por el movimiento Centro Democrático. Este movimiento había afirmado que el CNE no proporcionó las garantías necesarias para que José Serrano pudiera aceptar su precandidatura desde el exterior, lo cual, según Pita, no está contemplado en la normativa vigente.

Pita subrayó que el CNE ha actuado de acuerdo con las leyes electorales, sin otorgar un trato preferencial a ningún candidato. Aclaró que la normativa exige que la aceptación de candidaturas se realice de manera presencial en las convenciones, lo que se aplicó de manera equitativa para todos los aspirantes, incluyendo a Daniel Noboa. Según Pita, las denuncias de Centro Democrático carecen de fundamento, ya que el reglamento no permite la aceptación de precandidaturas desde el extranjero, y reiteró que el CNE ha mantenido su imparcialidad en todo el proceso.

José Serrano criticó duramente la inscripción de la candidatura de Daniel Noboa, señalando que Diana Atamaint y sus subordinados han mostrado un servilismo alarmante hacia el poder, llegando al punto de trasladar sus operaciones a un hotel para aceptar la candidatura de Noboa. Según Serrano, esta acción evidencia cómo el machismo puede ser ejercido también por mujeres, en este caso, siendo serviles a las órdenes de quienes ostentan el poder. Serrano recordó que Atamaint justificó su negativa a una petición anterior bajo el argumento de que el reglamento exigía una presentación personal en las instalaciones del CNE, pero ahora, en una situación que favorece a Noboa, las reglas parecen haber sido flexibles.

En su crítica, Serrano resalta la falta de coherencia y ética en el proceder de Atamaint, sugiriendo que mientras Noboa tenía derecho a proteger su vida con facilidades otorgadas por el CNE, otros candidatos no gozaron del mismo trato. Serrano denuncia que este tipo de favoritismo y manipulación de las normas ensucia aún más la política ecuatoriana, dando un aplauso sarcástico al servilismo mostrado por las autoridades electorales. Para Serrano, estas acciones son un claro ejemplo de cómo la política en el país se ha vuelto más opaca y corrupta, dejando en evidencia la falta de independencia y transparencia en el proceso electoral.

En los últimos años, la gestión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha captado la atención tanto en México como en el extranjero, especialmente por su enfoque en los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la red "X", circulan numerosos cortos que destacan sus esfuerzos por mejorar la vida de los más pobres durante su sexenio. Estas imágenes y testimonios ponen en evidencia su compromiso con políticas sociales destinadas a reducir la desigualdad, impulsar programas de bienestar, y garantizar que los beneficios lleguen directamente a quienes más lo necesitan. Desde la implementación de becas educativas hasta la creación de empleos y apoyo a adultos mayores, AMLO ha dejado una marca significativa en la lucha contra la pobreza.

Sin embargo, mientras su sexenio llega a su fin, las opiniones sobre su legado son diversas. Aunque muchos reconocen los avances logrados en la atención a los sectores más desprotegidos, también hay quienes critican la efectividad de algunas de sus políticas y la sostenibilidad de los programas implementados. Los cortos que circulan en la red reflejan un panorama mixto: por un lado, muestran un gobierno enfocado en el bienestar social, y por otro, generan debate sobre los desafíos pendientes. Lo cierto es que la administración de AMLO ha sido un periodo de cambio significativo, y su enfoque en los más pobres será un aspecto crucial a considerar al evaluar el impacto de su presidencia.

Durante la inscripción del binomio presidencial del movimiento Construye ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Henry Cucalón, exministro de Gobierno de Guillermo Lasso y precandidato presidencial, lanzó duras críticas al actual gobierno. En su discurso, afirmó que Ecuador está "gobernado por niños mimados que se creen emperadores", y que el país se encuentra al borde del colapso. Con un tono de urgencia, Cucalón destacó que su candidatura, junto a la de Carla Larrea, representa la última oportunidad para frenar la avanzada del crimen organizado y recuperar la estabilidad del país.

Cucalón también subrayó que tanto él como Larrea, "dos profesionales de clase media y preparados", tienen la capacidad de atender las necesidades del Ecuador. Aseguró que Construye cuenta con un equipo técnico preparado para enfrentar los problemas que aquejan a la población y poner fin a la improvisación que, según él, ha caracterizado al actual gobierno. Con esta inscripción, el binomio busca posicionarse como una opción seria y comprometida para liderar el país en un momento crítico de su historia.

La concejal socialcristiana Ana Chóez Vergara ha presentado una denuncia formal contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por violencia política de género ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). En la denuncia, Chóez solicita la destitución de Álvarez, la pérdida de sus derechos políticos durante cuatro años, y una disculpa pública. Además, demanda una sanción económica de 60 Salarios Básicos Unificados, equivalente a 27,600 dólares. La concejal alega que Álvarez la ha agredido verbalmente en diversas ocasiones, incluyendo injurias y acusaciones durante sesiones del Concejo Municipal, y que ha sido excluida sistemáticamente en las transmisiones en vivo de las sesiones.

Este episodio marca un nuevo capítulo en las controversias que enfrenta Álvarez, quien ya había sido acusado anteriormente por la asambleísta Lucía Jaramillo por motivos similares. La denuncia de Chóez, respaldada por videos y documentación, se suma a la creciente presión sobre el alcalde, quien ha respondido con desdén, minimizando las acusaciones y sugiriendo que las denuncias no tendrán impacto. Esta situación refleja un clima tenso en la política local y resalta las profundas divisiones entre los actores políticos de Guayaquil.

La reciente encuesta de Comunicaliza, realizada entre el 16 y 18 de agosto a casi cinco mil personas en línea, revela una competencia cerrada por la presidencia de Ecuador entre Daniel Noboa y Luisa González. Según los resultados, Noboa, del partido ADN, lidera con un 32,4% de intención de voto, mientras que González, de Revolución Ciudadana, sigue con un 25,4%. Este empuje por el primer lugar refleja una contienda electoral intensa y polarizada, donde el liderazgo de Noboa y la creciente popularidad de González marcan la pauta para las próximas semanas.

En el tercer lugar, con un 6,2% de intención de voto, se encuentra Jan Topic, mientras que Leonidas Iza apenas alcanza un 2,6%. La encuesta también indica que diez candidatos restantes no superan el 1% de apoyo, destacando una fragmentación considerable entre los aspirantes menores. Estos datos evidencian no solo la polarización entre los dos principales contendientes, sino también la escasa tracción de otros candidatos, que podrían influir en la dinámica de la campaña hacia las próximas elecciones.

La ministra del Interior, Mónica Palencia, presentó una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado contra el secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz. La denuncia surge a raíz de unas declaraciones de Muñoz en las que afirmó que el Parlamento no acataría un fallo judicial que ordena la reactivación de tres juicios políticos archivados contra exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Palencia, en su denuncia, señala que este acto podría constituir un delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), aunque no menciona directamente a Muñoz como responsable, dejando que la investigación determine la identidad del sujeto en cuestión.

La ministra argumenta que el anuncio de desacato a una orden judicial representa una afrenta al Estado y a la seguridad jurídica, lo que afecta gravemente al sistema democrático ecuatoriano. En su documento, Palencia también resalta que este tipo de declaraciones socavan la tutela judicial efectiva y agrega que, en su caso particular, este acto agrava los perjuicios que ya ha sufrido debido a procedimientos judiciales que considera arbitrarios. La denuncia se enmarca en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un momento en el que Palencia enfrenta un juicio político por incumplimiento de funciones, impulsado por la bancada correísta.

Xavier Jurado, asambleísta del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), presentó el 26 de agosto de 2024 una denuncia penal contra Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea Nacional, por presunta usurpación de funciones y uso de documento falso. Jurado, quien también forma parte de la Comisión de Seguridad del Legislativo, acusa a Muñoz de haber realizado declaraciones públicas en nombre de la Asamblea, asumiendo una postura institucional que, según el asambleísta, carece de legitimidad. La denuncia surge en medio de la controversia generada por las declaraciones de Muñoz, quien afirmó que la Asamblea no acatará una acción de protección que exige reactivar los juicios políticos contra tres exministros del gobierno de Guillermo Lasso, cuyos procesos fueron archivados el 1 de julio de 2024.

Jurado subraya que, con el fallo del juez Edgar Romero, la Asamblea debería reanudar los procesos de interpelación contra los exministros Sebastián Corral, Pablo Arosemena y Andrea Montalvo antes de continuar con los juicios pendientes contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, y la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Inés Alarcón, también de ADN, respaldó la postura de Jurado, afirmando que la Asamblea debe cumplir con el orden establecido y que cualquier desacuerdo con la resolución judicial debería ser apelado formalmente. Hasta el cierre de esta nota, Alejandro Muñoz no ha respondido a las solicitudes de comentario, dejando en suspenso la respuesta oficial del secretario de la Asamblea ante estas graves acusaciones.

El candidato a la presidencia Víctor Araus ha marcado un claro compromiso con la seguridad y la justicia en Ecuador, afirmando que bajo su mandato, los delincuentes enfrentarán una dura realidad. En una declaración que ha captado la atención de la opinión pública, Araus prometió: “¡Como presidente mandaré a los delincuentes ante Dios!” Esta contundente afirmación refleja su determinación de erradicar el crimen y devolver la paz al pueblo ecuatoriano. Araus, acompañado de Cristina Carrera como su compañera de fórmula del Partido Independiente Democrático (PID), formalizó su precandidatura el lunes 26 de agosto ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), marcando el inicio de una nueva era política para el país.

Con la firma de su aceptación de precandidaturas, Araus se presenta como un “policía de honor” dispuesto a enfrentar los desafíos más graves de la seguridad nacional. Su promesa de un Ecuador diferente resuena como una propuesta de cambio radical en un contexto de creciente preocupación por la delincuencia. Araus y Carrera prometen luchar sin descanso para restablecer el orden y la tranquilidad en el país, ofreciendo una visión firme y decidida que busca restaurar la confianza en las instituciones y en el futuro de Ecuador.

El exministro José Serrano, quien ahora se perfila como precandidato presidencial, ha lanzado un contundente llamado de atención sobre el alarmante incremento de la delincuencia en Ecuador. En una reciente declaración, Serrano recordó con preocupación cómo, en 2015, el país fue considerado el más seguro de la región, y en 2016, el más seguro de América Latina. Según él, la actual crisis de seguridad está erosionando los logros de esos años y amenaza con desestabilizar aún más a la sociedad ecuatoriana.

Serrano subraya que el deterioro de la seguridad pública no solo afecta la tranquilidad de los ciudadanos, sino que también socava la confianza en las instituciones y en el futuro del país. Frente a este panorama, el exministro se compromete a proponer soluciones concretas y a fortalecer las políticas de seguridad si llega a la presidencia. Con una campaña enfocada en recuperar el orden y la seguridad, Serrano busca revertir la tendencia actual y devolverle a Ecuador el estatus de seguridad que una vez tuvo.

Desde enero de 2023, Mónica Palacios ha estado en el centro del debate nacional, al denunciar con firmeza las presuntas conexiones entre la mafia albanesa y el gobierno de Guillermo Lasso. En sus declaraciones más recientes, Palacios ha intensificado sus acusaciones, afirmando que el Ecuador está presenciando "el encubrimiento mafioso más grande de su historia", en el que, según ella, estarían implicados jueces, fiscales y empresarios. Su llamado a la fiscal Diana Salazar es claro y contundente: “Basta de mentiras, los ecuatorianos merecemos la verdad”.

La gravedad de las denuncias de Palacios pone en tela de juicio la integridad de las instituciones judiciales del país, generando una creciente preocupación entre la ciudadanía sobre la transparencia y el estado de derecho en el Ecuador. Mientras el gobierno de Lasso enfrenta una crisis de credibilidad, las palabras de Palacios resuenan con fuerza en un contexto donde la lucha contra la corrupción se ha convertido en una prioridad urgente. La nación ahora espera una respuesta contundente de las autoridades, que deberá demostrar si la verdad prevalecerá sobre los intereses oscuros que, según Palacios, han capturado al Estado.

El asambleísta independiente Lucio Gutiérrez ha sorprendido con una propuesta controversial que busca modificar la Constitución con el fin de evitar que delincuentes con glosas, grilletes o antecedentes penales puedan postularse como candidatos. Además, Gutiérrez propone reducir el número de asambleístas a dos por provincia y uno adicional por cada 500,000 habitantes. También sugiere limitar el número de partidos políticos. Esta propuesta no solo pretende limpiar el proceso electoral de candidatos con antecedentes cuestionables, sino que también busca simplificar el sistema legislativo al reducir la representación y la cantidad de partidos.

Sin embargo, la propuesta de Gutiérrez no está exenta de críticas, dado su propio pasado político marcado por controversias. Durante su presidencia, Gutiérrez enfrentó serias acusaciones de corrupción y abuso de poder, lo que plantea preguntas sobre la verdadera motivación detrás de su iniciativa. Algunos críticos consideran que estas reformas podrían ser una forma de consolidar el poder y reducir la competencia política en lugar de una verdadera reforma democrática. La comunidad política y electoral debe evaluar cuidadosamente si estas propuestas responden a una necesidad real de cambio o si simplemente ocultan un intento de manipulación del sistema a favor de intereses personales.

El experto energético Sebastián Ribadeneira advirtió en #NotiMundoEstelar que las recientes "medidas parche" adoptadas por el Gobierno para enfrentar el estiaje resultan insuficientes para abordar el déficit de electricidad que afecta al país. Ribadeneira explicó que, aunque estas medidas pueden ofrecer alivio temporal, no atacan el problema estructural subyacente ni proporcionan una solución a largo plazo. La falta de inversión en infraestructura y la incapacidad para diversificar las fuentes de energía han dejado al sistema eléctrico en una situación crítica, que podría deteriorarse aún más si no se toman acciones más contundentes.

En su análisis, Ribadeneira enfatizó que la crisis energética requiere un enfoque integral y sostenido que incluya la modernización de la red eléctrica y la implementación de políticas energéticas a largo plazo. Sin estas reformas esenciales, el país podría enfrentar apagones recurrentes y una creciente presión sobre la economía y la calidad de vida de los ciudadanos. La situación demanda una respuesta estratégica y bien planificada que vaya más allá de soluciones temporales para garantizar la estabilidad y la sustentabilidad del suministro eléctrico en el futuro.

En medio de un ambiente electoral marcado por la incertidumbre y la polarización, Verónica Arias se adentra en el papel crucial que la Fiscalía desempeñará en las próximas elecciones. Arias sugiere que, en el contexto de los recientes eventos políticos, la Fiscalía podría convertirse en un actor decisivo durante la campaña electoral, especialmente si se materializan nuevas revelaciones que podrían influir en el panorama político. La capacidad de la Fiscalía para investigar y hacer públicas acusaciones puede tener un impacto significativo en la percepción pública de los candidatos y en la integridad del proceso electoral.

Arias también alerta sobre el riesgo de que la Fiscalía actúe como un instrumento de sabotaje electoral, una preocupación que ha surgido tras la intervención de este organismo en las dos últimas elecciones. Respalda su análisis con la observación de que la Fiscalía ha operado en colaboración con grandes medios de comunicación, lo que podría sugerir una agenda más amplia detrás de sus acciones. En este sentido, la comunidad política y electoral debe estar atenta a cómo se desarrolla este escenario, ya que cualquier movimiento por parte de la Fiscalía podría redefinir las dinámicas de la campaña y la confianza pública en el proceso electoral.ç

El consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas, ha lanzado una advertencia seria sobre el proceso de selección del nuevo Fiscal General del Estado, tras la eventual salida de Diana Salazar. Durante su intervención en el programa *Visa Vis*, Guarderas afirmó que la elección podría estar marcada por actos violentos e incluso muertes, debido al riesgo de que el narcotráfico intente influir en la designación de un fiscal que favorezca sus intereses. Esta afirmación subraya la gravedad de la situación y el peligro que representa la infiltración del crimen organizado en instituciones clave del Estado.

Ante este escenario, Guarderas insistió en que el proceso de selección no debe apresurarse. Según el consejero, es crucial priorizar la calidad y la integridad de los postulantes para evitar que figuras ligadas al narcotráfico tomen control de una posición tan importante para la justicia del país. Guarderas hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad civil para que se mantengan vigilantes y presionen por un proceso transparente, en el que prevalezca el interés público sobre cualquier influencia externa maliciosa.

El ministro de Salud de Ecuador, Antonio Naranjo, informó recientemente que se han confirmado siete casos de viruela del mono en el país, y se mantienen tres casos adicionales bajo sospecha. Naranjo aclaró que los casos identificados no corresponden a la variante que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como una emergencia de alcance internacional. Este dato es crucial, ya que la variante en cuestión ha generado preocupación a nivel global por su rápida propagación y gravedad en ciertos países.

A pesar de que los casos en Ecuador no se alinean con esta variante más peligrosa, las autoridades de salud han mantenido un enfoque de vigilancia activa y control epidemiológico para evitar un posible brote. Se están llevando a cabo pruebas exhaustivas y monitoreos en las zonas afectadas para identificar y contener cualquier riesgo adicional. Naranjo subrayó la importancia de mantener la calma y seguir las recomendaciones de salud pública, mientras se continúa trabajando en la prevención y atención de los casos sospechosos y confirmados.

Gissela Garzón ha sido enfática en su postura respecto al juicio político contra la fiscal general Diana Salazar, subrayando que ningún funcionario público es intocable ni está exento de la fiscalización. Según Garzón, el propósito de este proceso no es otro que garantizar que los servidores públicos cumplan adecuadamente con sus responsabilidades. Para ella, cuando la Asamblea Nacional fiscaliza y expone las deficiencias en el desempeño de un funcionario, se está contribuyendo a que este mejore su trabajo en beneficio del país. Garzón también aclara que su labor se centra exclusivamente en la actuación profesional de Salazar, y no en aspectos personales como su rol de madre, esposa o amiga.

Garzón insiste en que la fiscalización debe ser vista como una herramienta para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, y no como un ataque personal. Lamenta que muchos funcionarios tomen estas evaluaciones como algo personal, en lugar de verlas como una oportunidad para mejorar su desempeño. Con estas declaraciones, Garzón reafirma el compromiso de la Asamblea Nacional de seguir trabajando en función de su mandato constitucional, siempre apuntando a la conducta y el desempeño de los funcionarios, sin dejarse influir por relaciones personales o afectivas.

Augusto Verduga ha expresado su profunda preocupación por el uso indebido del término "narco" como una herramienta para desacreditar a aquellos que no comparten ciertas posturas ideológicas. Verduga considera que esta práctica, lejos de ser un ataque aislado, refleja una peligrosa banalización de la política, donde etiquetas despectivas son empleadas para silenciar o deslegitimar a los oponentes. Además, denuncia que esta táctica ha sido utilizada por figuras como la fiscal general, Diana Salazar, quien se refirió a un proceso de juicio político como un "narco juicio", distorsionando el ejercicio legítimo de fiscalización que corresponde a los asambleístas.

Verduga subraya la gravedad de esta situación y llama a un amplio debate público sobre las implicaciones de tal retórica en el ámbito político y judicial. Para él, este tipo de calificativos no solo perjudican a los individuos afectados, sino que también erosionan la calidad del diálogo democrático y desvían la atención de los verdaderos problemas que enfrenta el país. Verduga insta a la sociedad a rechazar la instrumentalización de términos como "narco" en el discurso político, y a defender un debate más serio y fundamentado sobre las cuestiones que realmente importan.

En un reciente pronunciamiento, Paola Cabezas arremetió contra Iván Saquicela, actual presidente de la Corte Nacional de Justicia, a quien calificó de "sinvergüenza". La crítica de Cabezas se centra en la permanencia de Saquicela en su cargo judicial a pesar de sus aspiraciones presidenciales, cuestionando la falta de sanciones por parte de las autoridades competentes. Según Cabezas, esta situación persiste debido a la cercanía entre Saquicela y la fiscal general del Estado, Diana Salazar, lo que habría creado un entorno de impunidad.

La denuncia de Cabezas pone en tela de juicio la integridad del sistema judicial ecuatoriano y resalta la preocupación por la politización de las instituciones encargadas de impartir justicia. Al señalar la relación entre Saquicela y Salazar como un "matrimonio", Cabezas sugiere que la alianza entre estos funcionarios podría estar protegiendo intereses personales, alejando la posibilidad de una sanción justa y transparente. Esta situación, según ella, refleja un problema estructural en el país, donde la justicia se ve comprometida por lazos políticos y la falta de independencia de los poderes del Estado.

En una reciente confrontación dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el consejero Augusto Verduga arremetió con dureza contra su colega Juan E. Guarderas. La disputa surgió después de que Guarderas acusara a Verduga de permitir, a través de su reglamento para el concurso de Fiscal General, la participación de "narcopostulantes". En una respuesta contundente, Verduga descalificó las críticas de Guarderas, llamándolo "mamarracho" y cuestionando su autenticidad en la lucha contra la corrupción. Según Verduga, Guarderas se presenta como un paladín en la batalla contra la corrupción, pero en realidad, no es más que un "pigmeo del gobierno" sin credibilidad.

La intensa confrontación entre los consejeros pone de relieve las crecientes tensiones dentro del CPCCS, donde las acusaciones y descalificaciones mutuas están ensombreciendo el proceso de selección del nuevo Fiscal General. La acusación de Guarderas añade una capa de controversia al ya complicado concurso, mientras que la respuesta de Verduga revela las fricciones y rivalidades personales que afectan el funcionamiento del consejo. Este episodio no solo destaca la división interna en el CPCCS, sino que también plantea serias preguntas sobre la integridad y la transparencia del proceso de selección para uno de los cargos más importantes del sistema judicial ecuatoriano.

En una reciente declaración, el candidato del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Pedrito Granja, se dirigió al país para ofrecer disculpas por la acalorada discusión que mantuvo con el expresidente Rafael Correa en redes sociales. Granja reconoció que el intercambio de opiniones, que se tornó público y controvertido, no reflejaba la conducta que espera de un líder político. En un intento por reparar su imagen, el candidato subrayó que, a partir de ahora, los ecuatorianos podrán verlo actuar con la madurez y el profesionalismo que exige el rol de un estadista. Este paso es parte de su esfuerzo por mostrar un cambio en su comportamiento y evitar caer en provocaciones que puedan desviar el foco de su campaña y sus propuestas.

La disculpa pública de Granja se produce en un momento crítico para su campaña, ya que busca consolidar su imagen y ganar el apoyo de un electorado que puede estar cuestionando su capacidad de liderazgo. Al posicionarse como un candidato que no se dejará arrastrar por conflictos personales y que se enfocará en los asuntos de Estado, Granja pretende demostrar que está preparado para asumir responsabilidades y enfrentar los desafíos políticos con seriedad y respeto. Esta estrategia busca no solo reparar el daño causado por el altercado con Correa, sino también construir una reputación sólida basada en la madurez y la capacidad de gobernar con integridad.

En su primer día como consejera de participación, Jazmín Enríquez ha enfrentado el desafío de tomar las riendas de un organismo conocido por su polémica. A pesar de la controversia que suele rodear al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Enríquez ha querido dejar claro que el organismo es completamente independiente en su funcionamiento. Enríquez, quien asume el cargo en un momento de transición clave, se comprometió a mantener la autonomía del CPCCS y a abordar las críticas de manera constructiva. Su llegada marca un cambio significativo tras la renuncia de Mishelle Calvache, quien dimitió para postularse a la vicepresidencia en la fórmula junto a Jan Topić.

El nombramiento de Enríquez no solo es un cambio de liderazgo, sino también una oportunidad para redefinir el papel del CPCCS en la política ecuatoriana. La ex consejera Mishelle Calvache, quien dejó el cargo para seguir sus aspiraciones políticas, había estado en el centro de varios debates sobre la gestión del organismo. Enríquez tendrá la responsabilidad de gestionar este órgano bajo un intenso escrutinio público y de demostrar su capacidad para operar con transparencia y eficacia. Su desempeño será clave para determinar si el CPCCS puede superar su reputación controvertida y cumplir con su misión de fortalecer la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

El juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar ha suscitado una ola de controversia en la arena política ecuatoriana. La figura de Salazar ha sido percibida por algunos sectores como una ferviente opositora al correísmo, lo que ha generado un ambiente de cautela entre los políticos que temen ser catalogados como correístas por criticarla. Joffre Campaña, conocido analista político, ha señalado que la situación refleja una dinámica de cálculo político que parece primar sobre el cumplimiento del derecho y la búsqueda de la verdad. Según Campaña, la percepción general es que las críticas hacia Salazar están fuertemente condicionadas por el miedo a las repercusiones políticas más que por un análisis objetivo de sus acciones como fiscal.

Además, Campaña subraya una preocupación mayor: la corrupción rampante en el gobierno actual y la falta de candidatos presidenciales dispuestos a abordar este tema con seriedad. La ausencia de propuestas contundentes y críticas por parte de los aspirantes presidenciales ante la corrupción y el manejo de las instituciones refuerza la idea de que la agenda política está influenciada por intereses partidarios y no por el bienestar del país. En este contexto, el juicio político a Salazar se presenta no solo como un episodio de controversia, sino como un reflejo de las tensiones y desafíos más profundos que enfrenta el Ecuador en términos de gobernabilidad y ética en la política.

Dallyana Passailaigue, candidata a la vicepresidencia por el Partido Social Cristiano (PSC), lanzó fuertes críticas hacia el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, calificándolo de inseguro y temeroso frente a las mujeres empoderadas. Passailaigue afirmó que, de ganar las elecciones, Henry Kronfle, su compañero de fórmula, sería un presidente muy diferente, capaz de gobernar sin temor ni complejos, ofreciendo un liderazgo firme y decidido. Estas declaraciones buscan marcar una clara distinción entre el liderazgo que promete el PSC y el que, según Passailaigue, está fallando en la administración actual.

La candidata también se refirió a la situación que vive Verónica Abad, actual vicepresidenta, insinuando que su experiencia bajo el mandato de Noboa es un ejemplo de cómo no se debe gobernar. Passailaigue aseguró que en su binomio, Abad no enfrentaría el mismo tipo de trato, destacando que tanto ella como Kronfle estarían comprometidos a liderar con igualdad y respeto hacia todos los miembros del gobierno, sin dejar que las inseguridades personales afecten la dinámica del poder. Con estas afirmaciones, Passailaigue busca reforzar la imagen de un liderazgo alternativo, fuerte y respetuoso, en contraste con la actual administración.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, liderada por Pamela Aguirre, ha emitido un comunicado enérgico rechazando las recientes declaraciones de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien describió como un "narcojuicio" el proceso político que se prepara en su contra. La Comisión aclaró que el juicio político es un mecanismo legítimo, claramente establecido en la Constitución y la Ley, y que es un recurso histórico utilizado por los parlamentos del mundo para fiscalizar a quienes ocupan posiciones de máxima autoridad en el Estado. La respuesta de la Comisión subraya la importancia de este proceso de control y rechaza cualquier intento de desprestigiarlo.

El comunicado concluye enfatizando que la Comisión de Fiscalización está plenamente preparada para proceder con el juicio político, siguiendo el marco legal correspondiente. Este proceso, impulsado por la Revolución Ciudadana, acusa a Salazar de un supuesto incumplimiento de funciones y de actuar con sesgo en la investigación de al menos doce casos. La Comisión deja claro que, al igual que en juicios anteriores, actuará con firmeza y responsabilidad para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en este caso crucial para el país.

Gissela Garzón, desde su rol en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, ha expresado un rechazo categórico al reciente acuerdo de $4,000 millones alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según Garzón, este acuerdo impone condiciones severas como la flexibilidad laboral, un incremento del IVA al 15%, y la eliminación de subsidios a los combustibles, medidas que considera inaceptables para un país que ya enfrenta serios desafíos económicos. Además, resaltó que en junio Ecuador se endeudó con $1,000 millones más y que en diciembre se sumarán otros $500 millones, mientras la inversión privada se desploma dramáticamente, pasando de $420 millones en 2022 a apenas $190 millones en 2024.

La situación económica del país, según Garzón, se ha vuelto insostenible, con más de 100,000 ecuatorianos viéndose obligados a emigrar este año en busca de mejores oportunidades. Para ella, el acuerdo con el FMI solo profundiza la dependencia del país al endeudamiento externo sin ofrecer soluciones reales a la crisis económica. Con la caída de la inversión privada y el incremento de la deuda, Garzón advierte que estas políticas solo agravarán la precariedad laboral y la pobreza en Ecuador, poniendo en riesgo el bienestar de la mayoría de la población.

Santiago Pérez, director de Clima Social, ofreció un análisis detallado sobre el incierto panorama electoral de Ecuador para los comicios de febrero de 2025. En una entrevista en Teleamazonas, Pérez destacó que aún no se puede hablar de una intención de voto en firme, ya que la papeleta electoral ni siquiera está definida. Sin embargo, identificó a dos grandes actores que marcarán la contienda: el actual presidente Daniel Noboa y la Revolución Ciudadana. Según Pérez, Noboa, con su imagen, poder y recursos, representa una fuerza considerable en la elección, mientras que la Revolución Ciudadana, a pesar de no poder contar con Rafael Correa como candidato, sigue siendo un movimiento con un liderazgo fuerte que resuena entre los votantes.

Pérez también subrayó las debilidades de ambos contendientes. Por un lado, señaló que Daniel Noboa, pese a su imagen sólida, enfrenta una crisis general que podría minar su posición, además de su inexperiencia en el cargo. Por otro lado, mencionó que la Revolución Ciudadana arrastra críticas por su historial de personalismo, autoritarismo y corrupción, lo que podría afectar su desempeño en las urnas. Con estos factores en juego, el experto considera que el escenario electoral sigue siendo incierto y lleno de desafíos para ambos bloques políticos.

En una entrevista reciente para BN, Verónica Sarauz lanzó serias acusaciones contra la mayoría de los partidos políticos que compiten por la presidencia en Ecuador, sugiriendo que están involucrados en la muerte del ex candidato Fernando Villavicencio. Sarauz afirmó que fuerzas como el correísmo, los socialcristianos y otros actores políticos supieron de los planes para asesinar a Villavicencio y optaron por callar. Según sus declaraciones, todas las personas en la papeleta presidencial tenían la intención de silenciar a Villavicencio, quien se destacaba por su labor como denunciante de la corrupción y la criminalidad en el país.

Estas graves acusaciones han generado un fuerte impacto en el panorama político ecuatoriano, sembrando dudas sobre la integridad de los candidatos que aspiran a la presidencia. Sarauz sostiene con firmeza sus declaraciones, indicando que hay intereses oscuros detrás de la muerte de Villavicencio, y que quienes están en la carrera electoral tienen responsabilidad en su silenciamiento. Esta situación no solo intensifica la tensión en el proceso electoral, sino que también pone en el centro del debate la cuestión de la seguridad y la transparencia en la política ecuatoriana, dejando al país en un estado de incertidumbre y desconfianza.

La economía ecuatoriana enfrenta un panorama preocupante, ya que el crecimiento proyectado para este año es apenas del 1%, según ha declarado el ministro de Economía, Juan Carlos Vega. Esta cifra resulta insólita y desalentadora, especialmente en un contexto donde se esperaba un desempeño económico mucho más robusto. La declaración del ministro refleja las limitaciones actuales del país para impulsar el crecimiento, a pesar de las promesas de nuevas inversiones. Vega ha señalado que, aunque existe la posibilidad de que el crecimiento sea ligeramente superior si se concretan ciertas inversiones aún no consideradas, las expectativas siguen siendo bajas y alejadas de lo que debería ser un desarrollo económico sostenido y significativo.

La situación económica de Ecuador pone en evidencia la fragilidad de su recuperación, donde un crecimiento del 1% es insuficiente para satisfacer las necesidades de un país que requiere urgentemente mayor dinamismo económico. Las palabras del ministro Vega subrayan una realidad que contradice las aspiraciones de muchos sectores que demandan un mayor crecimiento para combatir la pobreza, mejorar la infraestructura y generar empleo. La esperanza de un leve incremento, condicionado a inversiones inciertas, refleja la incertidumbre que domina el panorama económico, dejando a la población y a los inversores con más preguntas que respuestas sobre el futuro financiero del país.

En la reciente Cumbre Latinoamericana de Seguridad, la ministra del Interior, Mónica Palencia, aseguró que actualmente no existe una crisis de violencia en Ecuador, subrayando una reducción significativa en la tasa de criminalidad desde el inicio del gobierno de Daniel Noboa. Palencia informó que, bajo la administración actual, se han registrado 4.733 homicidios intencionales, lo que refleja una disminución de la tasa de criminalidad del 26.51% al 21.83% en comparación con el año 2023. Esta baja en los índices de violencia, según la ministra, es resultado de las estrategias implementadas por el gobierno para fortalecer la seguridad ciudadana y el control del crimen en el país.

Sin embargo, la declaración de Palencia ha generado controversia y debate en el ámbito político y entre la ciudadanía, ya que algunos sectores consideran que la percepción de inseguridad sigue siendo alta en varias regiones del país. La ministra, por su parte, defendió las cifras presentadas y destacó que la gestión de Noboa está comprometida en seguir reduciendo la criminalidad, enfatizando la importancia de continuar con las políticas de seguridad implementadas. Palencia concluyó su intervención señalando que, aunque se ha avanzado, el gobierno no bajará la guardia y seguirá trabajando para mejorar la seguridad en todo el territorio ecuatoriano

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, realizó un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Policía Nacional para que intensifiquen sus esfuerzos en el control de la seguridad en la capital y en todo el país, tras un nuevo episodio de violencia ocurrido en el barrio Solanda, al sur de Quito. La noche del domingo, tres personas fueron asesinadas y otras dos resultaron heridas en una balacera que dejó conmocionada a la comunidad. En un emotivo mensaje, Muñoz expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y cuestionó la inacción gubernamental frente al creciente derramamiento de sangre, preguntando con indignación: "¿Cuánta sangre más debe correr en el país y en la ciudad capital?". El alcalde resaltó que la violencia se está convirtiendo en una constante en lugar de oportunidades y trabajo, y exigió una mayor presencia policial en los barrios más conflictivos.

Muñoz también subrayó la paradoja de que, aunque se ha reportado una disminución en delitos menores como el robo de autopartes, los asesinatos han aumentado, lo que pone en evidencia un alarmante deterioro de la seguridad pública. En su intervención, insistió en que cada vida perdida en Quito es una tragedia, y enfatizó que es el Gobierno Nacional, a través de la Policía, el que debe tomar acciones decisivas en esta materia. El alcalde también mencionó que, aunque el Municipio colabora diligentemente en actividades de control y emergencia, es fundamental robustecer una cultura de paz, enfocando los esfuerzos en mejorar las condiciones sociales que han contribuido a esta ola de violencia. Muñoz cerró su mensaje reiterando que la violencia no puede seguir siendo la norma en Quito, y pidió acciones concretas para proteger a la ciudadanía.

Carlos Rabascall, candidato a la Presidencia por la Izquierda Democrática, expresó en una reciente entrevista para #NotiMundoALaCarta su firme postura en defensa del sector minero y petrolero, destacando su importancia crucial para el país en el contexto actual. Rabascall subrayó que no cederá ante presiones que busquen desmantelar estos sectores estratégicos, señalando que son vitales para la economía nacional y, por lo tanto, para la priorización del gasto público. Estas declaraciones marcan una clara "línea roja" en su agenda, diferenciando su enfoque de otros candidatos que proponen medidas más restrictivas hacia la explotación de recursos naturales.

Además, Rabascall aprovechó la oportunidad para desmentir cualquier vínculo ideológico con el correísmo, aclarando que, aunque mantiene amistades dentro de ese sector político, nunca se ha considerado un correísta ni ha simpatizado completamente con esa corriente. Esta afirmación busca desmarcar su candidatura de las etiquetas tradicionales, presentándose como una opción independiente dentro del espectro político ecuatoriano. Rabascall enfatizó que su compromiso es con las necesidades del país y no con una lealtad a ideologías pasadas, posicionándose como un candidato que prioriza el pragmatismo sobre la afiliación partidista.

La asambleísta oficialista Lucía Jaramillo ha presentado una contundente denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, acusándolo de incurrir en violencia política de género. Acompañada por las legisladoras Nataly Morillo e Inés Alarcón, Jaramillo sostuvo que las expresiones denigrantes y las faltas de respeto dirigidas hacia ella por parte del burgomaestre son un claro ejemplo de este tipo de violencia, especialmente tras la creación de un frente parlamentario que investiga el tráfico ilegal de combustible, en el que Álvarez y sus hermanos estarían involucrados. Jaramillo subrayó que el Tribunal deberá decidir si esta infracción amerita la destitución de Álvarez, resaltando la gravedad del caso.

En su declaración, la asambleísta Jaramillo enfatizó que no tolerará ningún tipo de abuso hacia las mujeres en la política, calificando las acciones de Álvarez como "pensamientos cavernícolas" que no tienen cabida en una sociedad moderna. Su denuncia ante el TCE es una manifestación de su firmeza ante lo que considera una flagrante violación de los derechos de las mujeres en el ámbito político. La legisladora dejó claro que seguirá luchando para que se sancionen estas conductas, marcando un precedente en la defensa de la dignidad y el respeto hacia las mujeres en todos los niveles del ejercicio público.

En un reciente pronunciamiento, la jueza nacional Enma Tapia Rivera, de la Corte Nacional de Justicia, explicó las circunstancias que llevaron a la concesión del habeas corpus a Wilman Terán, que ordenó su traslado desde la prisión de La Roca en Guayaquil hacia la Cárcel 4 en Quito. Según Tapia Rivera, su decisión no fue más que la ejecución de una disposición previamente establecida por un juez de primer nivel, lo que subraya la naturaleza procesal del fallo. La jueza también mencionó que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) no presentó justificaciones válidas para mantener a Terán en La Roca, lo que respaldó la necesidad del traslado.

Además, la jueza Tapia Rivera denunció la falta de transparencia en el proceso legal contra Terán, revelando que hasta la fecha no tiene claridad sobre los cargos que se le imputan. Esta situación, señaló, evidencia una grave irregularidad en el manejo del caso, poniendo en duda la legitimidad del procedimiento judicial en su contra. La jueza finalizó su declaración enfatizando la necesidad de que las instituciones responsables actúen con mayor claridad y respeto a los derechos legales de las personas involucradas, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan su libertad y condiciones de detención.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió con firmeza a las recientes propuestas de los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Lula da Silva de Brasil, quienes sugirieron la posibilidad de repetir las elecciones en Venezuela como una forma de resolver la crisis política en el país. Durante un discurso, Maduro criticó la injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela, subrayando que “quienes están confundidos, alborotados y desesperados son ellos (EEUU y los medios extranjeros)”. Instó a los venezolanos a concentrarse en el trabajo y a no dejarse influenciar por presiones externas, reafirmando su posición de que la soberanía venezolana no está en discusión.

Maduro también enfatizó su política de no intervenir en los asuntos internos de otros países, señalando que, a pesar de mantener buenas relaciones con Gustavo Petro, nunca se ha pronunciado sobre lo que Colombia debería hacer en su propio territorio. Esta declaración refuerza la postura del gobierno venezolano de rechazar cualquier tipo de intervención extranjera, incluso cuando proviene de aliados cercanos. En un contexto donde las tensiones internacionales y las crisis políticas son constantes, Maduro dejó claro que la solución a los problemas de Venezuela debe provenir exclusivamente de los venezolanos.

La precandidata a la Vicepresidencia de Ecuador, Verónica Silva, ha declarado que el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) está dispuesto a reconsiderar la postulación del binomio presidencial con Pedro Granja en aras de fortalecer la unidad de la tendencia progresista en el país. Silva subrayó que la posibilidad de declinar la candidatura responde a la necesidad de construir una coalición más amplia que incluya a diversos sectores políticos, mencionando específicamente a Pachakutik y sin excluir la posibilidad de un acuerdo con la Revolución Ciudadana. "La unidad es con todos", afirmó Silva, haciendo un llamado a dejar de lado las diferencias para consolidar un frente común que pueda enfrentar los desafíos políticos y sociales del Ecuador.

Esta declaración de Silva resalta el creciente reconocimiento dentro del PSE de que la fragmentación de la izquierda podría debilitar la posibilidad de un cambio significativo en el país. Al abrir las puertas a una colaboración más amplia, incluso con movimientos que han sido adversarios en el pasado, el PSE busca reunir fuerzas que compartan una visión progresista y que estén dispuestas a trabajar juntas por un objetivo común. La decisión final sobre la declinación del binomio Granja-Silva dependerá del avance de las negociaciones con otras agrupaciones políticas y de la respuesta que estos sectores den a la propuesta de unidad lanzada por Silva. Lo que está claro es que la próxima elección podría verse profundamente influenciada por la capacidad de estos movimientos para unirse y presentar un frente sólido y unificado.

La situación del expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, ha generado gran preocupación y controversia en el ámbito judicial ecuatoriano. La correísta Pamela Aguirre cuestionó al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, sobre el estado de la renuncia de Saquicela, dado el cúmulo de expedientes disciplinarios que pesan sobre él. Godoy confirmó que la renuncia de Saquicela será revisada por el Pleno de la Judicatura el 15 de agosto. En cuanto a los cargos disciplinarios, Saquicela enfrenta una serie de denuncias: 9 inadmitidas a trámite, dos en investigación, siete archivadas, y tres sumarios resueltos sin sanción, además de un caso con suspensión cuando desempeñaba funciones como fiscal en Azuay. Este panorama plantea serias preguntas sobre la integridad del proceso judicial y la transparencia en la administración de justicia en Ecuador.

La complejidad del caso y el historial disciplinario de Saquicela destacan la necesidad de una revisión exhaustiva y objetiva por parte del Pleno de la Judicatura. Las múltiples denuncias y sumarios sin sanción generan inquietud sobre la eficacia y el rigor de los mecanismos de control interno en el sistema judicial. La decisión del Pleno será crucial para determinar no solo el futuro de Saquicela, sino también para restaurar la confianza pública en las instituciones judiciales. A medida que la situación se desarrolla, el debate sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas en el sistema judicial ecuatoriano continúa intensificándose, con una demanda creciente de transparencia y justicia en la resolución de estos casos.

Diana Jácome, asesora presidencial, ha llevado un caso de alta relevancia al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador, presentando una denuncia formal contra la vicepresidenta Verónica Abad. En su demanda, Jácome solicita que se le suspendan los derechos políticos a Abad y que se imponga una multa por presuntas irregularidades en su conducta. Esta acción legal se produce en un contexto de creciente tensión política y enfrenta a dos figuras clave del gobierno en medio de un entorno electoral cada vez más conflictivo. Jácome argumenta que las acciones de Abad han afectado la transparencia y la integridad del proceso político, alegando que la vicepresidenta ha incurrido en prácticas que comprometen la equidad y el funcionamiento adecuado del sistema electoral.

La solicitud de Jácome al TCE destaca la importancia de garantizar la imparcialidad y la legalidad en los procesos políticos, especialmente en un periodo de alta competencia electoral. La denuncia incluye alegaciones que podrían llevar a sanciones significativas para Abad, reflejando las profundas divisiones dentro del gobierno y el clima de incertidumbre que predomina en el panorama político ecuatoriano. La decisión del TCE sobre esta denuncia podría tener repercusiones importantes, no solo para la vicepresidenta, sino para la estabilidad del gobierno y la confianza pública en las instituciones electorales. A medida que el caso avanza, la atención se centra en cómo el tribunal manejará las acusaciones y qué implicaciones tendrá para el futuro de la política ecuatoriana.

Pedro Granja, reconocido abogado y activista, ha anunciado que está recorriendo el Ecuador con el firme propósito de construir un gobierno honesto que responda a las aspiraciones del pueblo ecuatoriano. En sus recorridos, Granja ha subrayado la necesidad de un liderazgo que devuelva la confianza a los ciudadanos y que se enfoque en cumplir con las demandas de justicia, equidad y transparencia que tanto se han reclamado en los últimos años. Su mensaje se centra en la creación de un gobierno que no solo escuche, sino que también actúe en beneficio de todos, alejándose de las prácticas corruptas que han afectado al país.

Granja también ha señalado que ya se están trabajando en alianzas estratégicas para fortalecer su proyecto político, aunque dejó en claro que dichas alianzas no incluirán al correísmo. Este distanciamiento explícito de la corriente política liderada por Rafael Correa marca una clara línea divisoria en su propuesta, orientada a construir un frente amplio que busque soluciones nuevas y efectivas a los problemas del país, sin recurrir a figuras políticas del pasado. Con este enfoque, Pedro Granja se posiciona como un líder que busca unir fuerzas con sectores diversos, pero con un compromiso inquebrantable hacia la integridad y la transparencia en el ejercicio del poder.

El exgobernador del Guayas, Francesco Tabacchi, ha confirmado a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter) su candidatura a la presidencia de la República, una decisión que marca un nuevo capítulo en su carrera política y en la historia del movimiento CREO. Según fuentes cercanas al partido, Tabacchi ha sido seleccionado como la carta presidencial del movimiento, lo que lo posiciona como el principal contendiente en las próximas elecciones. La confirmación oficial de su candidatura se espera para la tarde del 15 de agosto, en un evento que consolidará su liderazgo dentro de CREO y su intención de llevar al partido a la victoria en los comicios nacionales.

Las primarias del movimiento CREO, donde se formalizará la candidatura de Tabacchi, se realizarán el sábado 17 de agosto, un evento que podría definir el rumbo del partido en la contienda electoral. La elección interna será un paso crucial para CREO, ya que busca consolidar su posición en un panorama político cada vez más competitivo. La candidatura de Tabacchi, conocida por su gestión en Guayas, podría resonar entre los electores que buscan un liderazgo firme y experimentado. Con esta nominación, CREO apuesta por una figura que promete continuar con los principios del movimiento y enfrentar los desafíos que el país atraviesa en la actualidad.

Las recientes declaraciones del ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, han generado una fuerte polémica al cuestionar abiertamente las denuncias presentadas contra el gobierno, insinuando que estas forman parte de una estrategia para desestabilizar al país. En un mensaje cargado de advertencias, Loffredo instó a la clase política a desistir de lo que calificó como "argucias legales y denuncias de siempre", afirmando categóricamente que el gobierno no permitirá que estas acciones hagan retroceder al país. Esta postura ha levantado alarmas sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el ámbito político, especialmente cuando el artículo 279 del Código de la Democracia establece que la violencia política de género es una infracción electoral gravísima, sancionada con multas, destitución y la suspensión de derechos de participación. Si bien el ministro tiene la libertad de expresar su opinión, la implicación de las Fuerzas Armadas en un caso que debería ser resuelto por las instancias electorales y judiciales ha generado inquietud sobre la separación de poderes y el respeto a la institucionalidad democrática.

La situación se torna aún más delicada al considerar que las denuncias mencionadas incluyen acusaciones de maltrato hacia la vicepresidenta, lo que subraya la gravedad del asunto y la necesidad de un proceso legal imparcial. Aunque será responsabilidad de las autoridades correspondientes determinar si los funcionarios han incurrido en violencia política de género, las declaraciones del ministro de Defensa podrían interpretarse como una amenaza velada para quienes buscan justicia y transparencia en este caso. En un contexto donde la política y la justicia deben operar con independencia, la intervención de altos mandos militares en asuntos electorales podría no solo debilitar la credibilidad del gobierno, sino también socavar los principios democráticos que deben regir el país.

La ministra del Interior, Mónica Palencia, ha calificado como un intento desestabilizador la reciente denuncia presentada por Verónica Abad ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra el presidente Daniel Noboa y otros altos funcionarios del gobierno. Palencia sostiene que esta denuncia no es más que una estrategia política para socavar la estabilidad del actual gobierno, en un momento en que el país atraviesa un complejo escenario político y social. Según la ministra, este tipo de acusaciones no solo buscan desprestigiar al gobierno, sino que también amenazan con desviar la atención de las verdaderas prioridades del país, que incluyen la seguridad, el desarrollo económico y la cohesión social.

Por su parte, Verónica Abad ha defendido su acción legal argumentando que existe una clara violación de las normas electorales y una falta de transparencia en la gestión de Noboa y su equipo. Abad asegura que su denuncia está fundamentada en la necesidad de salvaguardar la integridad del proceso democrático y la correcta administración pública. Sin embargo, la postura de la ministra Palencia refleja la percepción del gobierno de que estas acusaciones forman parte de una campaña más amplia para debilitar su legitimidad y cuestionar su autoridad, lo que podría generar una polarización aún mayor en la ya tensa escena política del país.

La fiscal general enfrenta crecientes cuestionamientos por sus acciones y omisiones, que no solo comprometen su rol como garante de la justicia, sino que también afectan gravemente la institucionalidad democrática del país. A medida que se revelan más casos de persecución política, principalmente dirigidos hacia un partido específico, surge la preocupación sobre la instrumentalización de la Fiscalía como un actor político. Este sesgo no solo atenta contra los principios democráticos, sino que también constituye un claro incumplimiento de sus funciones constitucionales, socavando la confianza ciudadana en el sistema de justicia y en las instituciones encargadas de velar por el orden y la legalidad.

Paralelamente, la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador ha dejado al descubierto la ineficacia de la Fiscalía en su responsabilidad de investigar y perseguir delitos graves. Entre 2019 y 2023, el país registró 17.882 homicidios, delitos que por su naturaleza exigen una acción pública inmediata y rigurosa. Sin embargo, miles de estos casos permanecen en la impunidad, evidenciando la incapacidad o la falta de voluntad de la Fiscalía para llevar a cabo investigaciones exhaustivas. El asesinato de Fernando Villavicencio, que ha conmocionado al país, es solo uno de los numerosos ejemplos de cómo la falta de respuesta efectiva de la Fiscalía ha contribuido a la sensación de inseguridad y desprotección que prevalece en la sociedad ecuatoriana.

La asambleísta María Fernanda Araujo ha presentado una grave denuncia que podría tener importantes repercusiones en la administración pública del país. Araujo sostiene que varios familiares de la Secretaria Jurídica de la Presidencia, la abogada Daniela Lema, están actualmente empleados en la Gobernación de Chimborazo. Esta denuncia sugiere posibles conflictos de interés y favoritismo en la contratación de personal, lo que podría levantar serias dudas sobre la transparencia y la imparcialidad en la gestión pública. La asambleísta ha pedido una investigación exhaustiva para determinar si estas contrataciones han sido realizadas siguiendo los procedimientos legales y éticos adecuados.

La acusación ha generado un intenso debate sobre la ética en la administración pública y la influencia de la familia en las posiciones gubernamentales. La Gobernación de Chimborazo, por su parte, ha respondido a la denuncia asegurando que todos los procesos de contratación se han realizado conforme a las normativas vigentes. Sin embargo, la situación ha puesto en el centro de la atención la necesidad de mayores controles y transparencia en la contratación de personal en el sector público. A medida que la investigación avanza, la presión sobre las autoridades para esclarecer estas acusaciones y asegurar la integridad de los procesos gubernamentales sigue creciendo.

La Revolución Ciudadana (RC) ha presentado su lista de candidatos para la Asamblea Nacional en la provincia de Manabí de cara a las elecciones de 2025, con una serie de nombres que reflejan la diversidad y el dinamismo del movimiento en la región. En la circunscripción Centro Sur, los aspirantes incluyen a Fernando Cedeño y Gabriela Molina, seguidos por Jaime Estrada Medranda, Anahí Santiesteban, María Sol Nieto y Gabriel Giler. Cada uno de estos candidatos aporta una perspectiva única, buscando fortalecer la presencia del partido en una de las regiones clave para las próximas elecciones. La lista refleja un equilibrio entre experiencia y renovación, con candidatos provenientes de distintas localidades como Portoviejo, Jipijapa y Montechristi, entre otras.

En la circunscripción Norte, los candidatos destacados son Guido Mendoza de Chone, Bertha Vélez de El Carmen, Linin Barreto de Sucre, Marena Panezo de Pedernales y Luis Castro de Rocafuerte. Además, la dirección de RC Manabí ha propuesto a Nela Cedeño y Melissa Zambrano para dos posiciones adicionales en la lista nacional, con Cedeño ocupando el puesto 12 titular y Zambrano el 1 alterna. Estos nombramientos destacan el compromiso de RC Manabí con una representación regional sólida y diversa en el ámbito nacional, en un momento en que el partido busca consolidar su influencia y preparar el terreno para una competitiva campaña electoral.

Las recientes elecciones internas de la Revolución Ciudadana (RC5) han comenzado a revelar tensiones y desacuerdos significativos dentro del movimiento político. La principal fuente de controversia radica en la decisión de no considerar a Pierina Correa como candidata para las elecciones de 2025. Este hecho ha generado un clima de inconformidad entre varios miembros del partido, quienes sienten que sus opiniones y aspiraciones no han sido adecuadamente representadas. La exclusión de Correa, quien ha sido una figura prominente en el movimiento, ha desencadenado un debate interno sobre la dirección y las decisiones estratégicas de la RC5.

La situación se ha visto reflejada en la falta de asistencia de algunos integrantes del movimiento a las sesiones de la Asamblea, lo que evidencia el descontento y la frustración interna. La falta de cohesión y el desvío de los objetivos compartidos podrían tener repercusiones serias para la estabilidad y la efectividad del partido en la arena política. Con la incertidumbre sobre el futuro liderazgo y la dirección del movimiento, los próximos pasos de la Revolución Ciudadana serán cruciales para resolver estas disputas internas y recuperar la unidad que el partido necesita para enfrentar los retos electorales de 2025.

El asambleísta oficialista Xavier Jurado, quien previamente fue parte de la Revolución Ciudadana (RC), ha presentado una noticia criminis ante la Fiscalía en contra de su colega legislador, Leonardo Berrezueta. Jurado acusa a Berrezueta de haber divulgado información reservada que había sido compartida en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional del Ecuador. Según la denuncia, Berrezueta habría incumplido con su responsabilidad de proteger la confidencialidad de los datos tratados en dicha comisión, lo que podría acarrear serias implicaciones legales y políticas en medio del tenso clima que se vive en el órgano legislativo.

Este incidente ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de los legisladores en el manejo de información sensible y el impacto de la filtración de datos en la seguridad nacional. La Fiscalía deberá investigar si, efectivamente, se violaron los protocolos establecidos para el manejo de información clasificada, lo que podría resultar en sanciones tanto penales como políticas para Berrezueta. Este caso pone de relieve la importancia de la ética y la responsabilidad en el ejercicio legislativo, así como las posibles repercusiones para la estabilidad política en el país.

La presidenta de la Izquierda Democrática (ID), Analia Ledesma, ha salido al frente para abordar las tensiones que continúan dividiendo al partido, en medio de un plantón organizado por dirigentes provinciales y afiliados en rechazo a la candidatura de Carlos Rabascall. Ledesma reconoció que, a pesar de los esfuerzos por renovar y unificar a la organización bajo la llamada "nueva ID", persisten conflictos internos heredados de la "vieja ID" que dificultan el camino hacia una cohesión total. La manifestación en Quito es un reflejo de estas fricciones, evidenciando una resistencia considerable dentro de las bases del partido.

En su pronunciamiento, Ledesma insistió en la importancia de superar estas disputas y trabajar en conjunto para fortalecer a la Izquierda Democrática, especialmente en un momento crucial para la política ecuatoriana. Sin embargo, la protesta contra Rabascall pone de manifiesto la dificultad de este objetivo, ya que muchos militantes consideran que su candidatura no representa los principios del partido. Este episodio subraya la necesidad de resolver las diferencias internas de manera constructiva si la ID desea mantener su relevancia y unidad de cara a las próximas elecciones.

Luisa González, candidata a la presidencia del Ecuador, se ha destacado por su profundo conocimiento de los problemas nacionales y su firme convicción de que puede resolverlos desde la ciudadanía. En diversas entrevistas y apariciones mediáticas, González ha demostrado un dominio impresionante sobre los desafíos que enfrenta el país, afirmando que está preparada para liderar y traer soluciones efectivas. Su capacidad para articular propuestas claras y bien fundamentadas ha dejado a algunos periodistas opositores en una posición comprometida, evidenciando su elocuencia y preparación frente a cuestionamientos difíciles.

A medida que avanza su campaña, González continúa marcando la diferencia con su enfoque directo y su habilidad para abordar temas complejos con seguridad. La respuesta de los medios ha sido variada, con críticos que se han visto superados por la claridad y determinación de la candidata. Esta situación no solo resalta su preparación, sino también la creciente presión sobre sus adversarios para ofrecer respuestas igualmente contundentes y viables ante el electorado. La candidatura de Luisa González se consolida como una fuerza significativa en el panorama político ecuatoriano, planteando un desafío serio para quienes buscan contrarrestar su impacto.

El Dr. Fernando Muñoz, actual presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), ha reafirmado su posición al declarar que sigue ejerciendo su cargo, desmintiendo cualquier rumor sobre su remoción. Muñoz, en respuesta a la situación, ha presentado una acción de protección con el objetivo de obtener una medida cautelar que frene cualquier intento de la Dra. Ivonne Coloma de interferir en sus funciones. Esta acción legal busca asegurar la continuidad de su presidencia y evitar que Coloma tome medidas que puedan desestabilizar el órgano electoral.

La disputa entre Muñoz y Coloma refleja las tensiones internas dentro del TCE, un órgano clave para la supervisión de los procesos electorales en el país. La decisión de Muñoz de recurrir a la justicia para mantener su cargo subraya la gravedad de la situación y la importancia de preservar la estabilidad institucional en medio de estos conflictos. Mientras se espera el fallo judicial, el panorama dentro del Tribunal sigue siendo incierto, con posibles repercusiones en la gestión electoral y la confianza pública en el organismo.

Militantes del partido Izquierda Democrática (ID) se congregaron en la sede del movimiento en Quito para manifestar su rechazo a la candidatura de Carlos Rabascall. La movilización fue impulsada por la creciente inconformidad dentro del partido, que considera que la postulación de Rabascall no representa los valores y principios de la organización. En medio de las protestas, Oliver Giler, presidente provincial de la ID en Sucumbíos, dio un paso más allá al presentar una acción de impugnación formal contra la candidatura, argumentando que la decisión carece de legitimidad y amenaza la cohesión interna del partido.

La acción de impugnación presentada por Giler es vista por muchos como un intento de frenar lo que consideran una desviación del rumbo político de la ID. Los militantes que acudieron a la sede en Quito expresaron su preocupación por el futuro del partido, advirtiendo que la candidatura de Rabascall podría generar divisiones irreparables. Este episodio pone de manifiesto las tensiones dentro de la Izquierda Democrática y plantea interrogantes sobre su unidad y capacidad para enfrentar los desafíos electorales en un panorama político cada vez más fragmentado.

El exministro José Serrano ha expresado su decepción respecto a la gestión del presidente Daniel Noboa, afirmando que el mandatario desaprovechó una oportunidad histórica para servir al país contando con el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Según Serrano, Noboa no solo rechazó este apoyo, sino que lo "despreció" de manera que ha causado un daño significativo al tejido social y político del Ecuador. La crítica del exministro sugiere que la falta de unidad y cohesión en la dirección del gobierno ha exacerbado las divisiones políticas, sociales e incluso territoriales, agravando la polarización en el país.

Serrano advierte que el comportamiento del presidente Noboa no solo ha debilitado la confianza de la población en su liderazgo, sino que ha fragmentado aún más al Ecuador en un momento en que la unidad es crucial para enfrentar los desafíos nacionales. Esta percepción de burla hacia el apoyo ciudadano podría tener consecuencias duraderas, generando descontento y desconfianza hacia las instituciones gubernamentales. La evaluación del exministro resalta la necesidad de un liderazgo que priorice la inclusión y la cohesión social, evitando acciones que profundicen las divisiones ya existentes en el país.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa ha decidido que sus ministros dejen de comparecer ante la Asamblea Nacional, alegando que las convocatorias de la legislatura constituyen "persecución y hostigamiento". Esta disposición fue anunciada por el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, durante una entrevista en el noticiero *A Primera Hora* de *Primera Plana Ecuador*. Torres explicó que se trata de una decisión política firme, tomada hace algún tiempo, aunque reconoció que algunos funcionarios han continuado asistiendo al Palacio Legislativo para tratar temas técnicos.

Esta medida ha generado un clima de tensión entre el Ejecutivo y la Asamblea, evidenciando un quiebre en la cooperación institucional que tradicionalmente ha sido esencial para el funcionamiento del Estado. Al calificar las citaciones legislativas como actos de hostigamiento, el Gobierno de Noboa busca proteger a sus ministros de lo que considera un entorno hostil y politizado. Sin embargo, esta decisión también plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, factores cruciales en una democracia saludable.

El expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, ha ingresado a la sala de audiencias en el marco del controvertido #CasoMetástasis, donde enfrenta acusaciones que él ha calificado de infundadas. Con un semblante desafiante, Terán declaró a su llegada: "Va a ser un día hermoso. A aplicar el derecho en bien y, a demostrar la infamia y la mentira con la que ha actuado un poder ilegítimo del Estado". Estas palabras reflejan su determinación por combatir las acusaciones y exponer lo que él considera una manipulación de la justicia por parte de intereses oscuros dentro del poder estatal.

Terán ha sostenido que las acusaciones en su contra son parte de una campaña de desprestigio orquestada por sectores que buscan desestabilizarlo y desacreditar su labor en la Judicatura. Durante la audiencia, se espera que presente pruebas y argumentos que, según él, revelarán la falta de fundamento en las acusaciones y demostrarán la parcialidad con la que ha sido tratado. El #CasoMetástasis se ha convertido en un foco de atención mediática y política, con implicaciones que podrían afectar la percepción pública sobre la independencia y el estado de la justicia en Ecuador.

Antes de ser removido de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el juez Fernando Muñoz denunció públicamente un plan para destituirlo, señalando que había intereses oscuros detrás de su remoción con el objetivo de tomar control de la institución antes de las elecciones de 2025. Muñoz advirtió a la ciudadanía sobre este intento de manipulación, subrayando que su destitución era parte de una estrategia para influir en los procesos electorales futuros, comprometiendo la independencia del TCE y, por ende, la transparencia de las próximas elecciones.

Según Muñoz, los jueces Ivonne Coloma, Ángel Torres y Guillermo Ortega convocaron a una sesión que calificó como ilegal, argumentando que su mandato en la presidencia del TCE es de tres años y que solo la Asamblea Nacional tiene la facultad de controlar su desempeño. Esta acción, según el ex presidente del TCE, vulnera el orden institucional y pone en riesgo la autonomía del organismo electoral. La denuncia de Muñoz plantea serias preocupaciones sobre la integridad del TCE y el respeto a los procedimientos legales en un momento crítico para la democracia ecuatoriana.

La Dra. Ivonne Coloma, en sus primeras declaraciones como nueva presidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador, abordó la reciente destitución del Dr. Fernando Muñoz, quien ocupó anteriormente el cargo. Coloma explicó detalladamente las causales que llevaron a esta decisión, destacando que la destitución se basó en una serie de incidentes que afectaron el funcionamiento y la integridad del organismo. La sesión en la que se tomó esta decisión estuvo marcada por incidentes, pero finalmente, con tres votos a favor, se resolvió la destitución de Muñoz.

En su nuevo rol como presidenta, Coloma se comprometió a trabajar para restaurar la confianza y la estabilidad en el TCE, enfrentando los desafíos que el organismo enfrenta en su función crucial dentro del sistema electoral ecuatoriano. La Dra. Coloma enfatizó la importancia de la transparencia y la eficiencia en el manejo de los procesos electorales y prometió liderar con integridad para fortalecer el papel del TCE en el aseguramiento de la justicia electoral en el país. Su asunción al cargo representa un cambio significativo en la dirección del organismo y un paso hacia la resolución de los problemas internos que han afectado su desempeño.

El aspirante a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana, Diego Borja, elogió públicamente a Luisa González, calificándola como una "excelente candidata" para las elecciones presidenciales de 2025. Borja, quien busca contribuir en el ámbito económico de la campaña, destacó la capacidad de González para liderar el país y encarnar los ideales del movimiento. Además, enfatizó que su enfoque en la economía será crucial para reforzar las políticas que han definido a la Revolución Ciudadana en años anteriores, asegurando un enfoque que promueva el bienestar social y el crecimiento económico sostenible.

Durante sus declaraciones, Borja subrayó la importancia de la unidad y la convergencia dentro del movimiento, señalando la voluntad de la Revolución Ciudadana para dialogar con sectores con los que ha tenido diferencias en el pasado, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Este gesto, según Borja, refleja un compromiso con la inclusión y el respeto a la diversidad de opiniones, elementos esenciales para construir un proyecto político que responda a las necesidades de todos los ecuatorianos, sin dejar de lado la memoria histórica de los conflictos y tensiones que han marcado la relación entre estas organizaciones.

Ecuador enfrenta una profunda crisis que amenaza con extenderse por otros cuatro años si las actuales políticas y líderes permanecen en el poder. Diego Borja ha ofrecido un análisis contundente de la situación económica y social del país, advirtiendo que el estancamiento y la falta de crecimiento son evidentes bajo la administración actual. Según Borja, la realidad es que el país no ha logrado avanzar y los problemas como la pobreza, el desempleo y la migración continúan agravándose. Su análisis destaca que la continuidad del gobierno actual representa una amenaza de más de lo mismo, con una perspectiva desalentadora para los próximos cuatro años.

Borja hace un llamado urgente a la reflexión y a la acción responsable por parte de los votantes ecuatorianos. Invita a no ceder ante las promesas vacías de la oligarquía y a considerar alternativas que realmente puedan conducir a un cambio significativo. En un momento crítico para el futuro de Ecuador, Borja sostiene que la decisión electoral debe estar guiada por una evaluación realista de las capacidades de los candidatos y no por una aceptación pasiva del status quo. Su mensaje es claro: el país necesita un cambio radical para superar la crisis actual y no puede permitirse otros cuatro años de estancamiento y falta de progreso.

El presidente @DanielNoboaOk ha anunciado su intención de buscar la reelección en 2025, eligiendo como su compañera de fórmula a María José Pinto, actual titular de la Secretaría contra la Desnutrición Infantil. Esta decisión llega en un contexto de fuerte controversia, ya que su administración ha sido calificada por muchos como la peor en la historia reciente del país. Bajo su gobierno, el Ecuador ha enfrentado serios desafíos, incluyendo un aumento en la pobreza, la migración forzada de miles de ciudadanos, y una creciente inequidad social. Estos problemas han llevado a cuestionamientos sobre la viabilidad de su reelección, especialmente cuando las encuestas, como la de Omar Maluk, le otorgan solo un 25.7% en la simulación de voto.

A pesar de estos obstáculos, Noboa apuesta por un segundo mandato, confiando en que su enfoque en la lucha contra la desnutrición infantil y otras políticas sociales pueda revertir la percepción negativa de su gobierno. Su compañera de fórmula, María José Pinto, representa una apuesta por continuar con las iniciativas que han marcado su administración, aunque la realidad del país presenta un panorama complejo para su candidatura. Las encuestas actuales reflejan un apoyo limitado, lo que sugiere que la campaña hacia 2025 será cuesta arriba para el presidente y su equipo, quienes deberán enfrentar un electorado descontento y demandante de soluciones urgentes a los problemas que han marcado su gestión.

Jorge Chamba, asambleísta que recientemente desertó del movimiento Construye, ha sido invitado a la convención nacional del movimiento de gobierno, ADN. En un giro inesperado, Chamba ha confirmado su decisión de incorporarse a las filas de este partido, señalando que "tocó la retirada", aunque no ofreció detalles específicos sobre las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. La incorporación de Chamba a ADN podría tener implicaciones significativas en la dinámica política actual, dado que se suma a un movimiento que ha ido ganando fuerza bajo la administración de Daniel Noboa.

Este movimiento de Chamba, conocido como "camisetazo", es un reflejo de la inestabilidad y los cambios rápidos que caracterizan el escenario político ecuatoriano. Su paso de Construye a ADN se produce en un momento clave, cuando las alianzas y lealtades dentro de la Asamblea Nacional están en constante fluctuación. Aunque Chamba no ha revelado las razones detrás de su cambio de partido, su decisión de unirse a ADN sugiere un realineamiento estratégico que podría influir en el equilibrio de poder dentro de la legislatura. La convención nacional de ADN será el escenario donde Chamba oficializará su nuevo compromiso político.

El Gobierno Nacional ha decidido entregar el edificio de la ex UNASUR a la Senescyt, con el objetivo de transformarlo en un Centro Múltiple de Institutos de Educación Superior. Esta decisión fue anunciada por la asesora presidencial Diana Jácome, quien en una rueda de prensa afirmó que esta acción marca el fin del "último símbolo del correísmo y el chavismo, de aquel socialismo del siglo XXI". El imponente edificio, que una vez fue sede de un organismo regional impulsado por gobiernos de izquierda en América Latina, ahora será reutilizado para fortalecer la infraestructura educativa del país, enfocándose en la formación técnica y tecnológica.

La medida, decretada por el Presidente Daniel Noboa, busca ampliar y mejorar la oferta académica pública, respondiendo a la creciente demanda de educación superior técnica y tecnológica. Con este cambio, el gobierno pretende no solo optimizar el uso de los recursos del Estado, sino también enviar un mensaje simbólico de ruptura con el pasado político asociado al edificio. La reconversión de la ex UNASUR en un centro educativo representa un esfuerzo por priorizar el desarrollo académico y técnico en el Ecuador, alineado con las metas de modernización y progreso del actual gobierno.

El tiktoker Nahum Macho Oficial ha recibido amenazas luego de exponer a individuos y organizaciones que presuntamente están contratando influencers para atacar al gobierno de Venezuela y promover las figuras de María Corina Machado y Edmundo González. La revelación de Macho Oficial, quien cuenta con una amplia audiencia en redes sociales, ha generado un intenso debate sobre el uso de plataformas digitales para influir en la opinión pública y la legitimidad de estas campañas en un contexto político tan polarizado como el venezolano. Sus denuncias han puesto en el ojo del huracán a quienes estarían detrás de estos esfuerzos, y ahora enfrenta represalias que subrayan los riesgos de cuestionar a poderes en las sombras.

Las amenazas contra Macho Oficial destacan la peligrosidad de revelar información sensible en un entorno donde la política y las redes sociales están intrínsecamente entrelazadas. La situación también pone de manifiesto la creciente influencia de los creadores de contenido en la arena política, y cómo estos pueden convertirse en blancos de ataques por parte de aquellos que buscan mantener el control sobre la narrativa pública. La valentía de Macho Oficial al hacer estas denuncias podría marcar un punto de inflexión en la lucha por la transparencia en la política digital, pero también señala los peligros a los que se enfrentan quienes deciden alzar la voz contra el poder establecido.

Anabella Azín de Noboa ha sido confirmada como la primera candidata a asambleísta nacional por la organización política @Adnecuadorok. Su nombramiento no sorprende, dado su amplio historial en la vida política ecuatoriana y su estrecha relación con Álvaro Noboa, uno de los empresarios y políticos más influyentes del país. Azín de Noboa, quien ha ocupado cargos similares en el pasado, se perfila como una de las principales figuras del movimiento, buscando consolidar su presencia en la Asamblea Nacional en un momento crucial para la política ecuatoriana. Su experiencia y capacidad para manejar temas legislativos complejos serán claves en las propuestas que @Adnecuadorok busca impulsar para el desarrollo del país.

Por otro lado, María José Pinto ha sido designada como la candidata a la vicepresidencia de la República por el mismo movimiento. Pinto, conocida por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y su labor en el sector social, representa una opción renovadora para el electorado. Su candidatura refuerza el enfoque del movimiento en promover la inclusión y el progreso social, un mensaje que ha sido central en la campaña de @Adnecuadorok. La dupla Azín-Pinto es vista como una combinación de experiencia política y compromiso social, elementos que el movimiento espera que resuenen entre los votantes en las próximas elecciones.

El presidente Daniel Noboa ha emitido una fuerte declaración sobre el juicio político que enfrentará Mónica Palencia, actual ministra del Interior. En un contundente pronunciamiento, Noboa criticó la postura de Palencia, sugiriendo que su papel debería enfocarse en combatir las mafias en lugar de defenderse de las acusaciones. Según Noboa, el "viejo Ecuador" ha quedado en evidencia por su aparente preferencia por ver al país en ruinas mientras buscan mantener el poder. Su declaración subraya una crítica severa hacia las estructuras de poder que, en su opinión, han preferido la destrucción sobre el bienestar nacional.

Noboa también defendió el papel de su gobierno en la lucha contra el terrorismo y las fuerzas políticas que, según él, están aliadas con estos grupos. Afirmó que su administración ha demostrado un firme compromiso en enfrentar tanto a los terroristas como a sus colaboradores políticos. La declaración de Noboa no solo busca justificar las acciones de su gobierno, sino también posicionar a su administración como un baluarte contra las amenazas internas que, según él, han debilitado al país. Esta postura refuerza la narrativa del presidente sobre la necesidad de un cambio radical para asegurar la estabilidad y el progreso de Ecuador.

Previo a la reunión de organizaciones de izquierda, Andrés Arauz, líder de la Revolución Ciudadana, manifestó que las cinco fuerzas políticas involucradas en los diálogos están enfocadas en lograr avances significativos en los próximos días. Durante una reciente declaración, Arauz destacó que los partidos están trabajando para alcanzar un acuerdo sólido que podría concretarse antes del 30 de agosto. Este proceso es crucial para la configuración de una posible alianza que se presentará en las elecciones de 2025. Según Arauz, los detalles sobre los candidatos y la estructura final de la alianza se conocerían a más tardar a finales de septiembre.

Arauz también señaló que el objetivo principal de estas reuniones es consolidar una unión efectiva que permita una candidatura común para enfrentar las elecciones de 2025 con una plataforma coherente. La Revolución Ciudadana, junto con los otros partidos involucrados, está buscando una colaboración que refuerce su posición en el escenario político. Esta alianza potencial representa un paso importante para la izquierda ecuatoriana, que busca consolidar su influencia y ofrecer una alternativa sólida en las próximas elecciones.

En el debate sobre la política energética del país, Jorge Luis Hidalgo, consultor energético, ha lanzado una crítica contundente sobre el modelo actual de subsidios en el sector. Según Hidalgo, la práctica de comprar electricidad a precios altos para luego venderla a tarifas reducidas a las grandes empresas está empobreciendo al sector energético. Esta estrategia, que a primera vista podría parecer beneficiosa para las grandes corporaciones, en realidad está socavando la viabilidad económica del sistema energético en su conjunto. Hidalgo advierte que este modelo insostenible no ofrece una solución real y que el subsidio a empresas que no lo necesitan contribuye al deterioro financiero del sector.

La declaración de Hidalgo subraya la urgencia de reevaluar la política energética y de encontrar un equilibrio que permita una gestión eficiente y equitativa de los recursos. La necesidad de reformar el sistema para evitar mayores pérdidas y garantizar una estructura que beneficie a todos los sectores es inminente. En un contexto en el que el sector energético juega un papel crucial en la economía, abordar estos desafíos es esencial para asegurar un futuro sostenible y justo para todos los involucrados. La discusión sobre el subsidio a la electricidad y sus repercusiones destaca la importancia de una reforma integral en la política energética del país.

En un reciente desarrollo dentro de la investigación sobre irregularidades en la Administración Pública, Jaime Moreno, presidente de la Comisión Ocasional encargada del caso, ha adelantado que se emitirá una exhortación formal al Ejecutivo para que garantice la seguridad de la vicepresidenta Verónica Abad. Esta decisión surge tras las alarmantes declaraciones de Abad, quien ha denunciado una falta de protección por parte del Gobierno, generando preocupaciones sobre su seguridad personal. La exhortación busca asegurar que la vicepresidenta reciba la protección adecuada en medio de un entorno político cargado de tensiones y conflictos.

Este paso tomado por la Comisión Ocasional subraya la seriedad con la que se está abordando la situación de seguridad de la vicepresidenta, reflejando una voluntad de garantizar su protección en un contexto de creciente incertidumbre. La medida pretende también enviar un mensaje claro sobre el compromiso de las instituciones con la seguridad de sus altos funcionarios. A medida que la investigación avanza, la respuesta del Ejecutivo será crucial para determinar el futuro de la protección de Verónica Abad y para reforzar la confianza en las medidas de seguridad gubernamentales.

En medio de un clima político marcado por la polarización y la confrontación, Pierina Correa, asambleísta de la Revolución Ciudadana, se refirió al impacto persistente de su hermano, el expresidente Rafael Correa, en la política ecuatoriana. Durante su intervención, subrayó cómo el odio hacia Rafael Correa ha sido un motor que, paradójicamente, lo ha mantenido vigente en la escena pública, reforzando la narrativa de la Revolución Ciudadana. "Todo es con Rafael; y la ironía lo mantiene vivo", expresó Pierina, destacando que, a pesar de los desafíos y las adversidades que el movimiento ha enfrentado en los últimos años, la fuerza y la convicción que caracterizan a la Revolución Ciudadana permanecen intactas.

Este comentario de Pierina Correa refleja la resiliencia de un movimiento político que ha sido objeto de constantes ataques y descalificaciones, pero que, a pesar de ello, sigue teniendo una presencia significativa en el panorama político del país. La asambleísta enfatizó que la Revolución Ciudadana sigue fuerte, lo que sugiere que el legado de Rafael Correa continúa siendo un factor determinante en la política ecuatoriana, alimentando tanto el apoyo ferviente de sus seguidores como la oposición de sus detractores. La mención del odio como un elemento que, en lugar de debilitar, ha fortalecido al correísmo, invita a una reflexión profunda sobre la dinámica política y el poder de la narrativa en la construcción de liderazgos en el Ecuador.

En el marco del juicio político contra la fiscal Diana Salazar, la Bancada RC5 ha solicitado la comparecencia de dos importantes funcionarios del Estado. El Procurador General del Estado ha sido llamado a informar sobre la suspensión y posterior reactivación de los juicios políticos, un tema de gran relevancia que podría influir significativamente en el curso de este proceso. La comparecencia del Procurador es esperada con gran interés, ya que su explicación sobre estos procedimientos legales será crucial para entender el contexto y las justificaciones detrás de dichas decisiones.

Además, la Bancada RC5 ha solicitado la presencia de la Ministra del Trabajo para abordar cuestiones relacionadas con el manejo institucional en casos de embarazo de riesgo. Específicamente, se busca que la Ministra explique los procedimientos y tiempos de espera que deben considerarse en estas situaciones. Este aspecto es de particular importancia, ya que involucra derechos laborales y de salud, y su correcta gestión es vital para garantizar la protección y bienestar de las trabajadoras. La claridad y precisión en las respuestas de la Ministra serán fundamentales para esclarecer cómo las instituciones deben actuar ante estos casos, asegurando así el respeto a los derechos laborales y de salud en el país.

La delegación ecuatoriana ha celebrado con gran entusiasmo la llegada de Daniel Pintado y Glenda Morejón, quienes han logrado una hazaña histórica en los Juegos Olímpicos París 2024 al obtener la medalla de plata en la prueba de marcha mixta. Esta destacada actuación ubica a Ecuador en el segundo lugar de esta competencia, marcando un hito importante en la historia del deporte ecuatoriano. Ambos atletas, conocidos por su dedicación y esfuerzo constante, fueron recibidos con ovaciones y aplausos, demostrando el orgullo y la admiración que sienten sus compatriotas por su desempeño en este evento internacional.

El logro de Pintado y Morejón no solo representa una medalla más para el país, sino que también simboliza el fruto de años de preparación y sacrificio. Su éxito en París 2024 es un testimonio del talento y la tenacidad de los deportistas ecuatorianos en la disciplina de marcha. La medalla de plata obtenida es un motivo de celebración y una inspiración para futuras generaciones de atletas en Ecuador, quienes ven en ellos un ejemplo a seguir. La delegación ecuatoriana, junto con sus compatriotas, continúa celebrando este triunfo que coloca a Ecuador en un lugar destacado en el ámbito deportivo mundial.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó ayer que el próximo 15 de agosto se llevará a cabo la entrega de la constancia de Presidenta Electa de los Estados Unidos Mexicanos. Este evento marcará el inicio formal del mandato presidencial para el periodo 2024-2030, consolidando así el resultado de las elecciones recientes. La ceremonia oficial, que contará con la presencia de autoridades electorales, partidos políticos y medios de comunicación, será un momento histórico que reafirma la voluntad democrática expresada en las urnas por el pueblo mexicano.

La nueva Presidenta Electa, cuya identidad y propuestas han sido objeto de intenso debate y expectativa a lo largo de la campaña electoral, asumirá el cargo con el desafío de cumplir sus promesas y enfrentar los retos que México enfrenta en diversas áreas, desde la economía hasta la seguridad. La entrega de la constancia no solo representa el cierre de un proceso electoral, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en la política mexicana. Este evento será seguido de cerca tanto a nivel nacional como internacional, ya que las políticas y decisiones de la próxima administración tendrán un impacto significativo en el futuro del país.

En el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, específicamente en la Sala Electoral, se lleva a cabo una audiencia crucial para la política del país. Los primeros tres partidos políticos de la oposición que han sido citados por la Sala Electoral ya se encuentran compareciendo. A las 9 de la mañana, Manuel Rosales, representante de Un Nuevo Tiempo; José Luis Cartaya, de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD); y José Simón Calzadilla, por el Movimiento Por Venezuela, han iniciado sus presentaciones ante el máximo ente judicial. Esta audiencia es un evento significativo ya que podría tener importantes repercusiones en el panorama político y electoral de Venezuela.

La convocatoria de estos partidos por la Sala Electoral del TSJ ocurre en un contexto de alta tensión y expectativa, donde las decisiones que se tomen podrían influir de manera determinante en las futuras elecciones y en la estructura del poder en el país. Los líderes opositores han manifestado la importancia de esta comparecencia y la necesidad de que se respeten los derechos y garantías democráticas. La sesión se está desarrollando con un gran interés tanto a nivel nacional como internacional, ya que los resultados de esta audiencia podrían redefinir las estrategias políticas y la participación de los partidos de oposición en el proceso electoral venezolano.

Es crucial que nuestro gobierno tome medidas inmediatas para superar el prolongado impase diplomático con la hermana República de México, el cual ha generado innumerables dificultades tanto en el ámbito comercial como para nuestros hermanos migrantes. La falta de cooperación y entendimiento ha perjudicado significativamente las relaciones bilaterales, afectando el intercambio económico y las condiciones de vida de miles de ecuatorianos que residen en México. Es el momento de dejar atrás las excusas y avanzar hacia una solución que beneficie a ambas naciones, fortaleciendo nuestros lazos históricos y culturales.

Además, el gobierno debe actuar conforme a la Convención de Caracas y emitir el salvoconducto para #JorgeGlas, tal como se ha solicitado insistentemente y como esperamos que otros países respeten en situaciones similares. Respetar este acuerdo internacional no solo reafirmará nuestro compromiso con los derechos humanos y la diplomacia, sino que también demostrará nuestra coherencia y seriedad en el ámbito internacional. Este paso es esencial para restaurar la confianza y la cooperación con México, así como para garantizar que se cumplan las normas y acuerdos establecidos en la comunidad internacional.

Los últimos tres gobiernos han llevado a la nación a una situación crítica al superar el límite constitucional de endeudamiento, comprometiendo así el futuro financiero del país. Bajo el hashtag #TransparenciaAcuerdoFMI, se revela que ninguno de los recursos obtenidos a través de estos préstamos fue destinado a mejorar las condiciones de vida de la población. En lugar de utilizar los fondos para proyectos de infraestructura, educación o salud, los gobiernos optaron por políticas que han dejado a la ciudadanía sin los beneficios esperados de tales inversiones. Esta situación ha generado un profundo descontento social y ha puesto en entredicho la gestión de los fondos públicos.

La falta de transparencia y responsabilidad en el manejo de la deuda externa ha dejado al país en una posición vulnerable, con una carga financiera que afecta tanto a la economía actual como a las futuras generaciones. La confianza en las instituciones gubernamentales se ha erosionado, y la población exige una rendición de cuentas clara y efectiva. Este escándalo subraya la necesidad de una gestión más ética y transparente de los recursos nacionales, así como de políticas que realmente beneficien a la ciudadanía, priorizando el desarrollo sostenible y el bienestar social.

Nuevas pruebas de fraude electoral han salido a la luz, implicando a María Corina Machado y Edmundo González en un escándalo que sacude los cimientos del proceso democrático. Un testigo ha entregado un acta física que difiere significativamente de la versión publicada en la página web oficial. Esta discrepancia pone en duda la veracidad de los resultados y sugiere una manipulación deliberada de los datos electorales. La diferencia entre el acta física y la digital no solo expone una posible alteración de votos, sino también un intento de engañar al electorado y socavar la integridad del sistema electoral.

El descubrimiento de esta falsificación ha generado una ola de indignación y ha incrementado la presión sobre las autoridades para que investiguen a fondo estas acusaciones. Ciudadanos y observadores internacionales exigen transparencia y justicia en un proceso que, hasta ahora, parecía estar manchado por la corrupción y la deshonestidad. Con la reputación de ambos políticos en juego, el desenlace de esta situación podría tener implicaciones profundas para el futuro político del país, destacando la necesidad urgente de reforzar las salvaguardias electorales para evitar que fraudes similares vuelvan a ocurrir.

El exministro José Serrano reveló una alarmante información sobre la posible complicidad de la fuerza pública con el crimen organizado. Según Serrano, alrededor de 1.500 policías estarían involucrados en actividades delictivas, poniendo en jaque la integridad y confianza en la institución. En un intento por abordar esta grave situación, Serrano envió un listado con los nombres de los 15 primeros sospechosos a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Esta acción busca incentivar una pronta respuesta y medidas correctivas por parte de las autoridades competentes.

La revelación de Serrano destaca un problema de corrupción estructural que amenaza la seguridad pública y la efectividad en la lucha contra el crimen organizado. La situación se agrava con la noticia de que el primer policía en la lista ya ha huido, lo cual podría dificultar las investigaciones y las acciones judiciales correspondientes. La ministra Palencia enfrenta ahora el desafío de restaurar la confianza en la policía, implementar reformas necesarias y asegurar que los implicados sean llevados ante la justicia para garantizar un sistema de seguridad más transparente y efectivo.

En los últimos seis años, la deuda pública ha crecido más del doble, un fenómeno que ha generado preocupación entre los ciudadanos y expertos en economía. Diego Borja, en un reciente video en TikTok y en su cuenta de X, proporciona un análisis detallado sobre cómo las administraciones de Moreno, Laso y Noboa contribuyeron a este incremento alarmante. Según Borja, el excesivo endeudamiento no ha resultado en mejoras tangibles para la ciudadanía, generando dudas sobre el uso de los fondos. Su exposición destaca la falta de transparencia y los resultados cuestionables de las políticas financieras implementadas durante estos años.

En su explicación, Borja subraya que el sobreendeudamiento se ha convertido en una carga pesada para la economía del país, sin que se haya visto un retorno positivo en términos de desarrollo o infraestructura. La crítica apunta a una gestión deficiente y a la falta de claridad sobre los proyectos y objetivos financiados con la deuda acumulada. El video de Borja en redes sociales está generando un debate importante, poniendo en evidencia la necesidad de una revisión exhaustiva sobre cómo se han manejado los recursos públicos y exigiendo respuestas sobre el destino de los fondos que han contribuido al preocupante aumento de la deuda.

En una reciente encuesta realizada por Wilmer Aguilar en las calles, se evidencia una clara preferencia de los ciudadanos hacia Andrés Arauz sobre Daniel Noboa. La encuesta, llevada a cabo en diversos barrios y sectores de la ciudad, refleja un notable respaldo a Arauz, quien ha captado la atención y confianza del electorado con sus propuestas y visión de futuro. Aguilar, conocido por su enfoque directo y cercano a la gente, ha logrado recoger opiniones que muestran un apoyo significativo hacia Arauz, quien lidera las preferencias populares con una amplia ventaja.

Mientras tanto, Daniel Noboa parece no haber logrado conectar de la misma manera con los ciudadanos, quedando rezagado en las encuestas. Los encuestados señalan diversas razones para su preferencia por Arauz, destacando su experiencia previa y su compromiso con temas sociales y económicos que preocupan a la población. Este panorama refleja una tendencia que podría influir considerablemente en el escenario político actual, mostrando un camino claro para Arauz en su búsqueda de liderazgo y aceptación popular.

Ernesto Marroquín, líder del colectivo ciudadano Defiende Tu Voto, ha presentado una solicitud formal ante la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE) para iniciar el proceso de revocatoria de mandato del alcalde de Quito, Pabel Muñoz. Esta petición se enmarca en un esfuerzo por parte de un sector de la ciudadanía que cuestiona la gestión actual del alcalde. Marroquín busca obtener los formularios necesarios para recolectar firmas y llevar a cabo una posible revocatoria, reflejando un descontento significativo con el desempeño del gobierno local.

En respuesta a esta solicitud, el alcalde Pabel Muñoz se mostró desafiante y optimista, afirmando: "Los quiteños estamos para trabajar. Que tengan buena suerte, los quiteños estamos para trabajar". Con estas palabras, Muñoz refuerza su compromiso con la gestión de la ciudad y minimiza el impacto del pedido de revocatoria. Mientras tanto, el proceso de recolección de firmas y la movilización ciudadana continuarán siendo claves para determinar si esta revocatoria avanza y qué repercusiones podría tener en la administración de la alcaldía de Quito.

En las recientes semanas, han surgido fotografías que documentan las visitas recibidas por Pablo Muentes en su residencia en Isla Mocolí, ubicada en el cantón Samborondón. Estas imágenes muestran que sus invitados más frecuentes fueron jueces de la Corte de Guayas, lo que ha generado una ola de especulaciones y controversias. La relación cercana entre Muentes y estos jueces ha levantado sospechas sobre la posible influencia indebida y favoritismo en decisiones judiciales. Las visitas han sido objeto de un escrutinio público intenso, planteando preguntas sobre la integridad y la imparcialidad del sistema judicial en la provincia.

Este descubrimiento ha desencadenado demandas de mayor transparencia y rendición de cuentas en el poder judicial. Organizaciones de derechos civiles y ciudadanos preocupados están exigiendo una investigación exhaustiva para determinar si hubo algún conflicto de intereses o conductas impropias. La reputación de la justicia en Guayas está en juego, y es fundamental que se esclarezca la naturaleza y el propósito de estas reuniones. La vigilancia y el monitoreo continuo por parte de la sociedad serán cruciales para asegurar que se mantengan los principios de justicia y equidad en todas las acciones judiciales.

El legislador Patricio Chávez ha declarado que el ministro Juan Carlos Vega podría enfrentarse a un juicio político debido a su decisión de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin obtener la autorización previa de la Asamblea Nacional. Esta declaración surge en el contexto del informe presentado por la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, el cual supervisa el proceso y los procedimientos seguidos en el acuerdo entre el FMI y el Estado ecuatoriano. Según Chávez, esta acción del ministro Vega podría constituir una violación de las normativas legales y constitucionales que rigen la aprobación de acuerdos internacionales en Ecuador.

El informe de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana destaca la importancia de seguir los procedimientos establecidos para garantizar la legalidad y la transparencia en las negociaciones internacionales. La posible falta de autorización por parte de la Asamblea podría acarrear consecuencias significativas tanto para el ministro Vega como para el gobierno en su conjunto. En este escenario, el legislador Chávez insta a una revisión exhaustiva y a la consideración de un juicio político para asegurar que se respeten las leyes y se mantenga la integridad institucional del país. La controversia pone en el centro del debate la necesidad de una supervisión rigurosa y un cumplimiento estricto de los procesos democráticos en la gestión de acuerdos internacionales.

El presidente Daniel Noboa ha elogiado el reciente logro del atleta ecuatoriano Daniel Pintado, quien ganó una medalla de oro en una competencia internacional, afirmando que "Ecuador sigue rompiéndola". Noboa ha vinculado este éxito deportivo con un supuesto proceso de desarrollo integral del país. Sin embargo, la declaración ha generado debates sobre la veracidad de esta afirmación y la realidad de las políticas gubernamentales actuales en diversas áreas, incluidas la educación, la salud y el deporte. A pesar del triunfo de Pintado, muchos se cuestionan si este logro individual refleja realmente un progreso sostenido y estructural en el país.

La medalla de oro de Daniel Pintado es sin duda un motivo de orgullo para Ecuador y muestra el talento y la dedicación de sus deportistas. No obstante, es esencial analizar si estos éxitos son producto de un apoyo sistemático y planificado por parte del gobierno o si son logros aislados que no necesariamente reflejan un desarrollo generalizado. Críticos del gobierno de Noboa argumentan que se necesita un mayor enfoque en políticas sostenibles y a largo plazo que beneficien a todos los sectores de la sociedad. De este modo, el verdadero desafío para Ecuador será transformar estos éxitos individuales en un reflejo de un desarrollo integral y equitativo para todos sus ciudadanos.

En respuesta a la reciente masacre en Durán, el Gobernador del Guayas, Vicente Auad, ha expresado una postura contundente respecto a las responsabilidades de las fuerzas del orden. "No podemos cuidar a las personas antes de que vayan a dormir, o que vean qué están haciendo, o si van a tomar que no te van a disparar. No podemos estar de niñeros. Solo estamos para imponer el orden público", declaró Auad, subrayando las limitaciones y el enfoque de la labor policial. Estas declaraciones surgen en medio de una creciente preocupación por la seguridad en la región, donde la violencia ha alcanzado niveles alarmantes y la población clama por medidas más efectivas.

Además, Vicente Auad destacó que la masacre ocurrió en un "espacio privado", lo que, según él, limita aún más la capacidad de intervención de las autoridades en prevenir este tipo de tragedias. Su declaración ha generado una ola de reacciones mixtas entre la ciudadanía y expertos en seguridad, quienes debaten sobre la efectividad de las políticas actuales y la necesidad de una estrategia más integral que no solo imponga el orden público, sino que también aborde las raíces de la violencia. La situación en Durán pone de relieve la urgente necesidad de repensar y reforzar las medidas de seguridad en todo el país para proteger a sus ciudadanos de manera más efectiva.

La asambleísta Patricia Nuñez ha respondido a las declaraciones del líder de la CONAIE, Leonidas Iza, quien sugirió que el correísmo tiene poca aceptación en Ecuador. En un análisis agudo, Nuñez cuestiona si realmente el país ha dejado de tolerar al correísmo, señalando que el movimiento aún mantiene un 48% de aceptación. Con una metáfora contundente, compara al correísmo sin su líder, Rafael Correa, con un encebollado sin cebollas, subrayando la importancia de Correa para el movimiento. Sin embargo, Nuñez también reconoce la presencia de numerosos líderes y lideresas dentro del correísmo que tienen la capacidad de contribuir significativamente a la unidad del país, siempre y cuando se mantengan las cosas en su lugar adecuado.

En su análisis, Patricia Nuñez destaca que, aunque Rafael Correa sigue siendo una figura central y carismática dentro del movimiento, no es el único pilar del correísmo. Resaltando la diversidad y el potencial de otros miembros del movimiento, enfatiza la necesidad de reconocer y apoyar a estos líderes emergentes para fortalecer la unidad y avanzar hacia un futuro más cohesionado. Nuñez insta a mirar más allá de las figuras individuales y valorar el conjunto de capacidades y perspectivas que existen dentro del correísmo, argumentando que la unidad y el progreso del país dependen de una visión más inclusiva y colaborativa.

La reconocida Tiktoker venezolana, Indira Urbaneja, ha lanzado un contundente mensaje sobre la nueva estrategia de la oposición en Venezuela, la cual, según ella, se basa en la persecución y exposición de personas con el fin de sembrar miedo entre la población. Urbaneja critica duramente estas tácticas, afirmando que solo buscan desestabilizar el país y crear un ambiente de inseguridad y desconfianza. Además, señaló a Estados Unidos, instando a sus líderes a evaluar su postura hacia Venezuela y dejar de respaldar acciones que promuevan el caos y la violencia. Indira Urbaneja llama a la oposición a ser coherente en sus acciones y a cesar la incitación al conflicto, enfatizando que el pueblo venezolano anhela la paz y la estabilidad.

Con un mensaje claro y esperanzador, Urbaneja se posiciona como una voz de sensatez en medio de la turbulencia política del país. Destacó la importancia de buscar soluciones pacíficas y de trabajar en conjunto para el bienestar de todos los venezolanos, dejando atrás estrategias que solo promueven la división y el enfrentamiento. Su llamado a la coherencia y la paz resuena en un momento crucial para Venezuela, donde la ciudadanía está cansada de la violencia y la incertidumbre. Indira Urbaneja se muestra firme en su convicción de que solo a través del diálogo y el entendimiento se podrá construir un futuro próspero y seguro para todos.

Los trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito han levantado su voz enérgica en contra de la reciente Resolución Nro. ARCERNNR-008/2024, la cual propone un aumento significativo en las tarifas para los servicios públicos de Energía Eléctrica y Alumbrado Público General. Este incremento tarifario, según los empleados, afectará directamente a miles de hogares y pequeñas empresas en la ciudad, agravando la situación económica de muchos ciudadanos que ya enfrentan dificultades financieras. Los trabajadores argumentan que la resolución no solo es inoportuna, sino también insensible, dado el contexto actual de recuperación económica post-pandemia. En sus manifestaciones y comunicados, subrayan la necesidad de que las autoridades reconsideren y deroguen esta medida, priorizando el bienestar de la comunidad por encima de los ajustes financieros.

Además de la afectación económica, los trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito destacan que esta resolución podría tener consecuencias negativas a largo plazo en la confianza y relación entre la empresa y la comunidad. La propuesta de aumentar las tarifas no ha sido acompañada de una estrategia clara para mejorar la eficiencia y calidad del servicio, lo cual genera mayor incertidumbre y descontento entre los usuarios. En este sentido, los empleados hacen un llamado a las autoridades competentes para que se sienten a dialogar con las partes involucradas y busquen soluciones más equilibradas que no perjudiquen a la ciudadanía. La derogatoria de la Resolución Nro. ARCERNNR-008/2024 es vista por los trabajadores como una acción necesaria y urgente para proteger a los más vulnerables y asegurar una recuperación económica inclusiva y sostenible para todos.

Elon Musk, el magnate de la tecnología, aceptó el desafío de Nicolás Maduro en una insólita confrontación pública que ha captado la atención internacional. El martes, Maduro calificó a Musk de «nuestro nuevo archienemigo» y lo retó a una pelea, manifestando su disposición a enfrentarse al empresario en cualquier lugar. En respuesta, Musk no solo aceptó el reto, sino que lo hizo con una propuesta audaz: si gana, Maduro deberá dimitir como dictador de Venezuela; si pierde, Musk le ofrecerá un viaje gratis a Marte, en un guiño a su compañía SpaceX. La oferta de Musk y su disposición a involucrarse en este duelo inusual se volvieron virales en redes sociales, donde incluso compartió una encuesta para que sus seguidores voten por el ganador de la hipotética pelea.

La respuesta de Musk subraya su carácter provocador y su inclinación por el espectáculo en sus interacciones públicas. La propuesta ha generado una ola de reacciones y especulaciones sobre la seriedad del enfrentamiento y las implicaciones políticas y personales de esta curiosa disputa. Mientras tanto, el episodio ha capturado el interés de usuarios de redes sociales y medios de comunicación alrededor del mundo, evidenciando cómo los eventos que combinan política, tecnología y entretenimiento pueden atraer una atención global masiva.

Leonidas Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), subrayó la importancia de reconocer el pasado y la relevancia de la unidad entre los movimientos de izquierda. Durante un reciente encuentro, Iza celebró la consolidación de las fuerzas de izquierda, destacando que la unión de estos grupos debe provocar incomodidad en la derecha política. En su discurso, hizo un llamado a la autocrítica, instando a los movimientos que en el pasado apoyaron ideologías contrarias a su propia línea política a reflexionar sobre sus decisiones. Iza enfatizó que es crucial mantener un pacto de no agresión si no se logra una unidad total en el proyecto electoral, y propuso que, en caso de no alcanzar un consenso, los grupos deben alinearse en torno a un único proyecto en la segunda vuelta electoral.

Con la vista puesta en las próximas elecciones, Iza aseguró que la clave para el éxito radica en la colaboración y el respeto entre los diferentes sectores de izquierda, evitando enfrentamientos que podrían debilitar el bloque. Subrayó la necesidad de presentar una alternativa sólida y unida frente a la oposición y hacer un esfuerzo por coordinarse en caso de no llegar a un acuerdo total. Este enfoque, según Iza, permitirá fortalecer la propuesta electoral de la izquierda y maximizar sus posibilidades en las elecciones, asegurando que el proyecto de país propuesto se mantenga cohesionado y eficaz.

La Ministra del Interior, Mónica Palencia, expresó su sorpresa ante la rapidez con la que se han iniciado los trámites de juicios políticos en su contra, especialmente antes de que pudiera realizar su rendición de cuentas. Durante una rueda de prensa, Palencia destacó que este proceso se dio hoy mismo, y aunque considera llamativa la sincronización de los eventos, aseguró que está preparada para enfrentar los juicios políticos de manera transparente y democrática. En su declaración, enfatizó su compromiso con la rendición de cuentas y con responder a todas las acusaciones en el marco de la ley.

Palencia afirmó que, pese a la naturaleza apresurada de estos juicios, no permitirá que esto afecte su desempeño como Ministra del Interior. Reiteró su confianza en las instituciones democráticas del país y su disposición a colaborar con el proceso, asegurando que todas las acusaciones serán abordadas con la seriedad y responsabilidad que el cargo exige. La ministra también subrayó que la transparencia y la legalidad son pilares fundamentales de su gestión y que continuará trabajando por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, mientras responde a las demandas políticas que se le presentan.

En una reciente entrevista con NotiMundo Estelar, Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, destacó los serios problemas de comunicación jurídica que ha tenido el Gobierno, calificándolos de "mentirosos". Kronfle explicó que muchas de las fricciones entre el Gobierno y la Asamblea se deben a declaraciones incorrectas y acusatorias de los voceros del Ejecutivo, quienes, según él, no tienen un adecuado conocimiento jurídico para el trámite de leyes. Estas tensiones, señaló, se han intensificado en el contexto pre-electoral, aunque él mismo aún no ha decidido si participará en las elecciones. Kronfle insistió en que la Asamblea no busca enemigos, sino aliados, y que las discrepancias se deben a las "mentiras" propagadas por figuras como el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, quien, afirmó, basa sus acusaciones en rumores infundados.

Kronfle también criticó dos recientes vetos presidenciales, uno a la Ley de Seguridad Social y el Biess y otro a la Ley de Prevención de Lavado de Activos, señalando que ambos casos representan "barbaridades jurídicas". Explicó que la Constitución no permite vetar la misma ley más de una vez y que el intento del presidente Daniel Noboa de estirar los plazos para modificar la ley fue una clara muestra de desconocimiento legal. Kronfle enfatizó que tales acciones no solo son peligrosas sino que reflejan una estrategia del Gobierno para posicionar al Legislativo como enemigo y al Ejecutivo como salvador. Subrayó que estos errores jurídicos graves del Gobierno son un problema significativo que afecta la credibilidad y el funcionamiento adecuado del sistema legal del país.

Durante su visita a la provincia de El Oro, Daniel Noboa abordó la reciente convención de grupos de izquierda y centro en Quito, donde movimientos indígenas y otras organizaciones políticas se reunieron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta reunión, liderada por representantes del correísmo y figuras como Leonidas Iza de la CONAIE y Natasha Rojas de Unidad Popular, se enfatizó la necesidad de un frente común contra la derecha política del país. José Serrano y Jimmy Jairala fueron propuestos como binomio presidencial para 2025, reflejando la intención de consolidar una alianza fuerte entre las fuerzas de izquierda y centro.

Paralelamente, Noboa inauguró obras en la Terminal de Puerto Bolívar, destacando la importancia de generar empleo y progreso. En su discurso, criticó la convención de izquierdas, calificándola como un intento de "fregarnos la paciencia" y trabar el desarrollo del país. Instó a los ecuatorianos a no dejarse engañar por estas alianzas y a apoyar proyectos que promuevan la seguridad y el empleo a través de la colaboración entre el sector público y privado. Noboa subrayó que el verdadero progreso radica en iniciativas productivas que beneficien a todos los ciudadanos.